La Obra Social del Personal Rural y Estibadores (Osprera) presentó ante la Secretaría de Trabajo de la Nación un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) con el objetivo de aplicar un recorte de gastos y avanzar en una reestructuración profunda para evitar el colapso financiero.

El motivo es el endeudamiento millonario, que se aproxima a los 96.000 millones de pesos.

Los aprietos económicos de la obra social de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) datan de varios años, y arrastra un déficit mensual superior a los $ 5.800 millones, situación que la intervención calificó como “crítica e insostenible”.

Una de las medidas propuesta por el interventor Marcelo Petroni fue reducir 638 puestos de trabajo sobre un plantel total de 1.160 empleados, lo que implicaría un costo indemnizatorio estimado en $ 20.930 millones, pagaderos en 12 cuotas.

El plan también contempla un rediseño operativo: recortes administrativos, eliminación de funciones duplicadas, digitalización de trámites, implementación de receta electrónica y telemedicina, y tercerización del call center.

Para Petroni, toda iniciativa tiene como finalidad el sostenimiento de la entidad y garantizar la continuidad de las prestaciones para los más de 700.000 afiliados rurales del país.

Ahora, la aprobación final del ajuste quedará en manos de la Secretaría de Trabajo, que deberá evaluar el pedido en los próximos días.

El sindicato que representa a los trabajadores rurales, Uatre, reunió este viernes a representantes de las 24 seccionales de la delegación Pergamino, a la que pertenece San Pedro, tras dos días de inspecciones en la zona.

Junto a personal de Renatre y del Ministerio de Trabajo, labraron 44 actas con 332 trabajadores en situación irregular en establecimientos rurales de la jurisdicción de las seccionales San Pedro, Baradero, Río Tala y Gobernador Castro, informaron.

Recorrieron viveros, establecimientos avícolas, montes frutales, etc., indicaron en una conferencia de prensa que tuvo lugar en el club Náutico, donde se reunieron los referentes de toda la zona con autoridades nacionales del sindicato.

La secretaria de Organización de la Uatre nacional, Natalia Sánchez Jáuregui, informó que el plan es organizar operativos de fiscalización periódicos para regularizar las situaciones que detectan.

"Nos encontramos con más de 40 por ciento de trabajo no registrado, se labraron 44 actas, relevamos 332 trabajadores, con el 80 por ciento de incumplimiento de la ropa de trabajo, recibos de sueldo con los haberes mal liquidados, irregularidades de todo tipo", indicó.

La exdiputada sostuvo que es necesaria "mucha más presencia gremial, sobre todo ahora que vienen las actividades intensivas" y aseguró: "Vamos a reforzar la presencia del gremio y llamamos a los productores a que tengan a los trabajadores como corresponde, para que la producción y el trabajo vayan de la mano".

Ramón Espíndola, de la delegación Pergamino, informó: "Se hicieron 44 actas con 332 trabajadores en malas condiciones en dos días en San Pedro, Baradero, Río Tala y Gobernador Castro".

"El 90 por ciento de los trabajadores no recibe la ropa, hay una gran cantidad que está mal categorizado", señaló y aseguró: "No hay uno en San Pedro que esté con todas las condiciones que tiene que tener, hay una evasión por parte de los productores que es terrible".

Espíndola y Sánchez Jáuregui advirtieron que hay un grado muy importante de incumplimiento de una resolución que obliga a bancarizar a los trabajadores. "La necesidad los lleva a aceptar estas malas condiciones de trabajo", dijo el secretario de la delegación Pergamino.

La referente nacional de Uatre se refirió a la intervención de la obra social Osprera por parte del Gobierno nacional. "Eso es la salud de los trabajadores y el aporte que hacen con su esfuerzo mes a mes, y no están recibiendo la salud que necesitan, los tratamientos, los estudios, lo venimos denunciando", dijo.

"También nos quisieron intervenir el gremio, con el diputado Pablo Ansaloni, que es de Milei. Gracias a Dios todo está saliendo a la luz en la Justicia, pero pusieron en venta todo el patrimonio de Uatre y Osprera, pusieron telemedicina para lugares del campo en los que no hay señal ni capacitación", cuestionó.

A raíz de las dudas que se plantearon tras una entrevista al Director del Hospital Privado SADIV, La Opinión profundizó el estado de prestación de servicios y solicitó un listado que hoy pone a disposición de sus lectores.

Gastón Vitale, había anticipado las dificultades que enfrentaba con el corte a Osprera a causa de una importante deuda que la obra social de los trabajadores rurales y monotributistas mantiene con la institución. 

También hizo referencia a OSDE, que no accedía a alcanzar el acuerdo comercial que permita equiparar el pago de las prestaciones a las del resto de obras sociales y prepagas, por lo que tampoco tiene servicio al igual que en la ciudad de Rosario, donde el Grupo Oroño fue el primero en no acetpar las condiciones de la prepaga con más afiliados.

A ambas se suman: Omint, Galeno, Iosfa, Ospedyc, Cima Integral, OSTCARA (Obra Social de la Federación de la Carne), Ospsip, Ospepba y todos los planes de obras sociales vinculados al Monotributo.

En cuanto a las que están habilitadas y que prosiguen recibiendo atención en el nosocomio son: AMEBPBA, AMFFA, ATSA, AVALIAN, AVRIL ASSISTANCE, CASA, Colegio de Escribanos, COMEI, Federada Salud, GERDANNA, INTERASSIST, IOMA, Jerárquicos Salud, MEDICUS, MEDIFE, La Pequeña Familia, Unión de Empleados de Comercio y Anexos Baradero (UECA), Assit Travel, Luz y Fuerza, Obra Social del Personal del Papel, Cartón y Químicos (IMESA), OSPACARP, OSPATCA, OSPIA, OSPIQYP, OSPIV, OSPREM, OSSEG, PAMI, Prevención Salud, Sancor Salud, SEC, Swiss Medical, Unión Personal y Word Salud.

En medicina laboral Andina ART, ART Mutual Rural, Federación Patronal, Galeno ART, INTEGRO, La Holando ART, La Segunda ART, La Segunda Seguro de Personas, Prevención ART, SMART Exámenes Periódicos y SMART Preocupacionales.

En cuanto a las adheridas a FECLIBA: AAMM (Motociclista), Amsterdam Salud, Conferencia Episcopal, ENSALUD, OSTEL, Jardineros y Parquistas, OSDIPP, OSIAD, OSPEP, OSPESGYPE, OSPTV, Red Argentina, SADAIC y SCIS.

El punto clave con respecto a cantidad de afiliados está dado por la atención a PAMI. No todos saben que pueden acceder a los servicios incluidos como los oftalmológicos o de imágenes y que incluso pueden pedir una derivación desde el Hospital Municipal en caso de necesitar internación.

Sadiv fue certificado con el ITAES recientemente, que mide estándares internacionales de calidad y seguridad del paciente, es decir, la calidad de sus servicios. Esto implica una certificación similar a las Normas ISO o IRAM en la industria.

El Hospital privado Sadiv fue certificado por ITAES por la calidad de sus servicios, una acreditación similar a las ISO o IRAM en la industria, y el director del sanatorio, Gastón Vitale, destacó la relevancia de la novedad el sábado en Sin Galera.

Vitale señaló que el crecimiento de la atención del hospital privado Sadiv fue exponencial en el último año y que atendieron "entre 250 mil y 300 mil pacientes" de todas las obras sociales y prepagas, con excepción de dos, que están cortadas: Osde y Osprera.

La obra social de los trabajadores rurales, que además supo contener a una gran cantidad de monotributistas, mantiene deudas importantes con el sanatorio, una problemática que tienen en todo el país y que también afecta al sistema público local.

Osde, por su parte, no accede a alcanzar un acuerdo comercial que permita equiparar el pago de las prestaciones a las del resto de obras sociales y prepagas, por lo que tampoco tiene servicio.

La problemática con Osde rige desde mayo del año pasado. 

"No hay interés de la empresa de tener una propuesta que acerque los puntos y podamos cerrar y empezar nuevamente a recibir a sus afiliados", explicó Vitale.

"Atendemos todas las obras sociales y prepagas, menos Osde y Osprera, que son lamentablemente las únicas dos que hemos cortado", señaló puesto que en San Pedro y la región Osde es una de las prepagas que mayor cantidad de afiliados posee.

Destacó que el Hospital privado Sadiv "se está regionalizando muchísimo" porque los pacientes "empiezan a detectar que los servicios son de muy buen nivel, entonces prefieren venir a San Pedro que al Austral o a Capital Federal por cuestiones de logística, rapidez, de servicios".

En ese marco, la acreditación de ITAES, que mide estándares internacionales de calidad y seguridad del paciente, es un logro relevante. 

"Estuvimos casi dos años para la auditoría final, con diferentes auditores, que venían una vez por mes. La final es de una semana. Siempre es una auditoría cruzada", informó.

Detalló que los auditores "recorrieron toda la institución en busca de fallas o errores con el objetivo de evitar algún desenlace indeseable en los pacientes. Desde mantenimiento, estructura física, camas, hotelería, luz a áreas críticas como quirófanos, terapia intensiva y demás. Involucra a todo el personal".

Además, destacó que generalmente ITAES acredita por un año a los sanatorios que pasan por primera vez por el proceso de auditoría, pero al Hospital privado Sadivo lo acreditaron por tres años "por la calidad con la que prestamos los servicios".

La Municipalidad y Osprera acordaron regularizar la deuda que la obra social mantiene por la prestación de servicios en el Hospital Subzonal San Pedro.

El convenio fue suscripto con la intervención que en estos momentos administra Osprera, y asegura la continuidad de las prestaciones médicas que generaron una situación deficitaria a la salud pública.

La deuda alcanza los $ 171.455.910,31. De estos, Osprera ya efectuó el primer desembolso por $ 99 millones.

El monto corresponde a los años 2022, 2023 y parte de 2024. No obstante, desde el Municipio aclararon que en ningún momento se interrumpieron las prestaciones. En el sector privado no sucedió lo mismo y en las oficinas de la obra social, las dificultades fueron denunciadas por distintos pacientes.

El resto de la deuda será abonada en tres pagos mensuales de más de $ 14 millones durante febrero, marzo y abril, totalizando aproximadamente 144 millones de pesos. 

En cuanto al saldo de $ 30 millones, será auditado en conjunto con las prestaciones actuales brindadas desde el Hospital, que serán abonadas una vez finalizado dicho proceso.

La ocasión resultó propicia para que el Departamento Ejecutivo anuncie que “estos fondos permitirán avanzar con el inicio de la obra de los nuevos consultorios externos del Hospital, mejorando así la infraestructura del nosocomio”.

En el Día del Trabajador Rural, el intendente Cecilio Salazar, sindicalista de Uatre y extrabajador en el campo, presentó junto al Grupo Conservacionista un documento histórico que revela el primer registro de peones de San Pedro.

José Luis Aguilar, del Museo Paleontológico, recordó que la institución que dirige es depositaria de todos los documentos históricos del Juzgado de Paz, por disposición de la Corte bonaerense.

El documento es el primer listado de trabajadores rurales de San Pedro. Como el de la bolsa de Uatre, pero de 1857. Contiene nombres de peones pero también de chacareros que los contrataban.

En conferencia de prensa, el intendente hizo un repaso por la historia del trabajo rural y las luchas que se desarrollaron a lo largo del siglo XX.

En ese marco, destacó la tarea que llevaron adelante desde Uatre y Osprera junto a Gerónimo "Momo" Venegas y cuestionó a las autoridades actuales, ante los problemas que tienen los trabajadores y afiliados a la obra social.

El registro de trabajadores rurales contiene un listado consignado entre septiembre de 1857 y noviembre de 1858, con 152 nombres de peones de campo y 90 propietarios de los sitios donde cumplían tareas. 

Hay distinción entre peones y capataces, con fecha de contrato y extensión, la mayoría por seis meses.

Melo, Garay, Rodríguez, Acosta, Peralta, Falcón, Cardozo, Beltrán, Coronel, Olivero, Jaime, Sequeira, Sayago, Gorosito, Quiroga, Cabral, Castro, Díaz, Sosa, Parra, Barboza, Figueroa, Saavedra, Chacón, Aguirre, Aquino, Galbán, Giménez, Bustos, Núñez, Cuenca, Cayetano, Zárate, Chávez y Bélis son algunos de los apellidos, informaron.

Cada 8 de octubre se conmemora el Día del Trabajador Rural por la fecha en la que se promulgó el Estatuto del Peón Rural en 1944, cuando Juan Domingo Perón era secretario de Trabajo.

Carolina, la mamá de una niña de 7 años, se comunicó esta semana con La Opinión para reportar sobre la situación que atraviesan con la obra social Osprera desde mayo de este año.

La pequeña se llama Giuliana y padece malformación craneal, epilepsia y pubertad precoz, por lo que a diario debe ser atendida por diversos especialistas en Buenos Aires y en la ciudad de Campana.  

Además, para estar estable, la niña requiere de diversas medicaciones a las que desde hace casi cuatro meses no puede acceder por los problemas y falta de prestaciones de la obra social.

“Necesitamos con urgencia esta medicación para mi hija, ya que tiene epilepsia y desde el sábado no la tenemos. Está tomando una sola. Es una vergüenza que tengamos que estar todos los días pidiendo por su medicación y Osprera no responda como debe”, expresó la madre de la niña.

El remedio se llama Levetiracetam y es un medicamento anticonvulsivo. Su acción consiste en reducir la exaltación anormal en el cerebro y de esa manera reduce los episodios de epilepsia. Sin obra social que lo cubra, su costo es de $ 160.000.

“Toma eso y ácido valproico. Veníamos comprando la medicación, pero ya no podemos porque al mes pagamos $ 500.000”, señaló Carolina.

Debido a esto, cansados de exigir respuestas a Osprera, la familia ahora pide la solidaridad de la gente para poder adquirir el remedio, que es vital para la salud de la pequeña Giuliana.

“Si alguien tiene para darme, hasta que algún día se dignen de Osprera a darme. La devolveré”, expresó la mujer.

Por otro lado, hace meses que los afiliados de la obra social de los trabajadores rurales, presentan quejas, ya que no sólo suele estar cortada en farmacias y transportes, sino que tampoco quedan médicos que atiendan en sus consultorios.

“Quiero dejar un reclamo por el tema de la mutual, la irresponsabilidad que venimos sufriendo los beneficiarios de Osprera. Hace prácticamente tres meses y medio que estamos sin médicos. Hay un solo médico que es el que te hace la receta, de todo”, había expresado una afiliada a este medio hace tan sólo un mes.  

Y no fue la única. Vanesa, una exbeneficiaria, escribió: "Me cansé de esperar que te autoricen los trámites y cuando los tenías autorizados, la mutual no funcionaba. Desde antes de la pandemia viene re mal la mutual. Harta de tanta burocracia, me cambié de mutual".

Además, a principios de agosto, la superintendencia de Servicios de Salud de la Nación Virginia Montero decidió intervenir la obra social tras acreditar "irregularidades y graves deficiencias en su funcionamiento".

El procedimiento se llevó a cabo a partir de una auditoría que realizó la SSSalud, donde se detectaron gravísimos incumplimientos en los servicios y dificultades financieras. 

La Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación decidió intervenir la obra social de los trabajadores rurales, Osprera, tras acreditar "irregularidades y graves deficiencias en su funcionamiento".

Virginia Montero fue designada como administradora provisoria para la normalización de la obra social de la Uatre, de acuerdo a la resolución del Gobierno de Javier Milei publicada en el Boletín Oficial, en la que se enumeran múltiples situaciones que derivaron en esta intervención.

La decisión llegó dos meses después de que la Justicia diera por finalizada la "administración provisoria" que había dispuesto en marzo de 2023 y que le había devuelto a la conducción de la Uatre, con José Voytenco a la cabeza pero con un veedor judicial, que ahora volvió a ser intervenida.

En ese momento, la Justicia entendió que había un "saneamiento" de la obra social, con "recomposición de activos, gestiones prestacionales, operativas y administrativas" respecto del estado crítico que había motivado la intervención.

Sin embargo, ahora la Superintendencia de Salud consideró acreditadas irregularidades que obligan a reponer la administración provisoria.

A partir de una auditoría que realizó la SSSalud se detectaron gravísimos incumplimientos en los servicios a los beneficiarios y serias dificultades financieras en OSPRERA, por lo que se designó una administración provisoria para su normalización 👇🏽https://t.co/1lCpimTPNN

Señalaron "una serie de infracciones, incumplimientos e inobservancias" que evidencian "dificultades en la liquidez y solvencia de la institución, así como un endeudamiento significativo que pone en riego su estabilidad financiera a corto y mediano plazo".

Indican como uno de los "gravísimos incumplimientos detectados" la falta de satisfacción de los afiliados y las deficiencias en la calidad y cantidad de prestaciones brindadas. 

Ese reclamo es cotidiano en San Pedro: desde hace tiempo los afiliados plantean las complicaciones que tienen con diversas prestaciones, entrega de medicamentos, el corte de servicio en farmacias y consultorios.

Un relevamiento aleatorio, señala la resolución, arrojó como resultado "que no se ha podido verificar fehacientemente que las prestaciones sean brindadas por los prestadores denunciados por la Osprera en su cartilla médica".

La resolución gubernamental apunta deudas por casi 400 mil millones de pesos, entre las que se encuentran más de 1500 millones que debe a hospitales públicos como el de San Pedro, donde se factura a Osprera por prestaciones que no paga en su totalidad en tiempo y forma.

Osprera tiene en el país alrededor de 250 juicios por medicamentos, cirugías, prótesis y otras problemáticas de índole prestacional, así como más de 170 amparos judiciales vigentes, casi 30 juicios por mala praxis en trámite, más de 60 por cobro, casi 50 ejecuciones fiscales y 44 demandas laborales.

"La gravedad de los desvíos y su impacto negativo en la continuidad y eficiencia de los servicios de salud ofrecidos por Osprera evidencian la imposibilidad de un normal desenvolvimiento de la entidad", dice la resolución.

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Osprera: "Vení que te arreglamos los papeles y te mandamos a Baradero o a San Nicolás"

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Desde hace meses se multiplican las consultas por la cobertura de la obra social de los trabajadores rurales, que es la que hasta hace un tiempo lideraba las preferidas por los afiliados sampedrinos. 

Llegó a tener más de 14 mil empadronados que en su mayoría acuden al Hospital porque el resto de los servicios está suspendido y en los consultorios ya casi no quedan médicos.

“Quiero dejar un reclamo por el tema de la mutual, la irresponsabilidad que venimos sufriendo los beneficiarios de Osprera. Hace prácticamente tres meses y medio que estamos sin médicos. Hay un solo médico que es el que te hace la receta, de todo. Vos vas a decir dame tal cosa y el tipo te la hace”, dijo la mujer que efectuó un extenso reclamo en La Opinión. 

Esta paciente había observado otra publicación sobre el mismo tema y no dudó en hacer llegar su comentario: “No sé cómo pueden llegar tantos papeles a nombre de un solo médico. Ahora vengo de la farmacia, yo hacía rato que no iba a la farmacia; hacía prácticamente como un mes, y me entero que la farmacia está cortada", dijo.

Allí mismo entre los clientes se preguntaban cuándo iban a volver a tener sus descuentos, porque quien estaba detrás del mostrador ya había advertido que habrá medicamentos “cuando se les ocurra pagar”.

“Tras que me tuve que comer la mala onda de la farmacéutica, todavía me tengo que comer el garrón de que me vuelvo con las manos vacías, sin la medicación. Y la señora de atrás me dijo, ‘Ay, no me digas que también en la farmacia. Tenemos cortado el transporte, tenemos cortado los médicos' y ahora la farmacia”, completó. 

“Yo no sé para qué ca#$&# estamos pagando una mutual. Porque el monotributo, si vos no lo pagás el día 20, el 21 te corta la mutual”, explicó la mujer, que se indignó cuando supo que hay prestadores que hace nueve meses que no cobran y agregó: “O sea, que un remedio que compro yo hoy, por la mutual, a la farmacia se la pagan dentro de nueve meses”. 

También se refirió a los profesionales. “Por eso empezaron a cobrar el coseguro, porque también les pagan cada 90 días, 180 días. Cuando van a cobrar la visita de una persona que vino hace 180 días ya no le sirve ni para comprar cuatro papel higiénico. Y yo supongo que con el transporte debe ser lo mismo. Entonces, ¿estamos pagando una mutual que se está llenando los bolsillos?”, preguntó.

“¿Sabés qué es lo más raro? Me contestaron ‘y bueno, vení que te arreglamos los papeles y te mandamos a Baradero o a San Nicolás’. ¿Y por qué en Baradero anda la mutual y en San Nicolás y en Ramallo también? ¿Y en San Pedro no? ¿Qué somos? ¿Un embudo nosotros acá, que acá se absorbe todo? Somos un papel secante más o menos. ¿Por qué la plata para los médicos, para la farmacia, para todos llega a Baradero o a Ramallo. ¿Por qué acá no llega nunca la plata?”.

Planteado el tema, la monotributista que todos los meses abona sus aportes sin obtener respuesta por parte de su obra social. Indicó la cantidad de requisitos que le solicitan cada vez que debe someterse a estudios que por lo general se practica en el Hospital y por último mostró su sopresa porque -según su relato- siempre hay un solo médico para todo.

“Tenés que llevar una carpeta más o menos, un bibliorato de papeles, porque te piden hasta el acta de difunción de tu bisabuela. ¿Y cómo? ¿Y tanto protocolo y después? Voy al mismo médico que me haga la receta del cardiólogo, del ginecólogo, del traumatólogo, del gastroenterólogo. ¿Ahí no somos protocolares? ¿Qué, la firma del mismo médico va para todo?”, se quejó.

Por último pidió que se preserve su número de afiliada y su nombre. Teme represalias y aún le restan pasos para poder inscribirse en otra obra social de las que propone la modalidad de monotributo. 

“Si llegan a saber quién es la persona que llamó, lo primero que hacen es ponerte entre ceja y ceja y después te hacen la vida imposible hasta que vos te terminas cansando y yéndote por la puerta de atrás”, aseguró.

Karina Belpolitti tiene artritis reumatoidea desde hace 16 años. En medio de una recaída, tuvo que requerir un cambio de medicación hace tres meses, lucha para que le entreguen la medicación en tiempo y forma.

La obra social Osprera, de la que es afiliada, le demora la entrega todos los meses. Cada vez, envía carta documento para que cumplan. 

La última tenía que haber llegado el 22 de diciembre y sin embargo todavía no tuvo novedades.

“La pido con antelación par que llegue y se arme la cadena de continuidad del tratamiento, pero no llega", reclamó.

Una carta dirigida al intendente Municipal y firmada por María Eugenia Díaz y con el apoyo de quienes se desempeñan como acompañantes terapéuticos para la obra social de los empleados rurales y monotributistas Osprera ingresó este miércoles por mesa de entrada para pedirle que interceda ante pagos pendientes desde el mes de mayo del año en curso por los que podrían suspender el acompañamiento a alumnos de escuelas que necesitan de este servicio.

“Me dirijo a usted con el fin de solicitar su intervención en un tema que me compete como prestador de la mutual OSPRERA. Si bien considero que usted ya no pertenece más a tal organismo, le solicito su benéfica ayuda en carácter de ser una importante figura representativa y reconocida en el ambiente”, dice el texto que ingresó oficialmente este miércoles por la mañana.

“En mí función de Acompañante Terapéutico, al igual que el resto de mis compañeros que prestan servicio a dicha obra social venimos padeciendo la falta de pago a nuestros servicios brindados. Hemos elevado una serie de reclamos por está problemática ya que tenemos compañeros con pagos no percibidos desde el mes de mayo de 2023”, indica.

“En algunos casos la decisión es y será la suspensión de los distintos servicios en el ámbito educativo”, advierte la nota de los profesionales.

La situación “acarrea consigo un desgaste laboral y económico en los que impuestos como alquileres, pagos de servicios y una canasta básica estarían siendo afectado y generando intereses por mora”, explican respecto a la situación que atraviesan y a la posibilidad de verse obligados a abandonar a los niños y adolescentes a los que prestan servicios.

Agustín Alfredo “Calamar” Almirón, último detenido por el asesinato del sampedrino chofer de Pablo Ansaloni, Mauricio Cordara, se negó a declarar en la audiencia virtual para su indagatoria celebrada este martes ante la fiscala de Colón Magdalena Brandt, responsable de la investigación del caso.

Calamar, de 22 años e hijo de un policía condenado por su colaboración con el grupo narco conocido como Los Monos, hizo uso de su derecho a permanecer en silencio en la declaración indagatoria, primera instancia de defensa que tiene como acusado del crimen.

El joven decidió no hablar, por lo que por lo pronto no aportó nada respecto de lo que ocurrió antes, durante y después del asesinato del sampedrino en Colón. Calamar fue quien le disparó a quemarropa en la puerta de la casa de Pablo Ansaloni, cuando el chofer dejaba a los hijos del dirigente gremial de Uatre/Osprera y exdiputado nacional, hoy candidato al Congreso en la lista de Javier Milei.

Almirón es considerado un sicario a sueldo y no sólo en este caso. Su detención se produjo en el marco de la investigación por el asesinato de un policiía identidicado como César Carmona, ultimado a balazos cuando llegaba a una de las sedes de la Agencia de Investigación Criminal de Rosario.

Además de Calamar Almirón, por el caso están detenidos el que se ocupó de contatar a los sicarios, los que trabajaron en la preparación del automóvil robado con el que fueron desde Rosario a Colón a cometer el crimen y uno de los dos ocupantes del Palio, Iván Alonso, de 19 años.

La hipótesis sobre la que trabaja la fiscala Brandt señala que el blanco de los sicarios era Pablo Ansaloni y no su chofer, el sampedrino Mauricio Cordara, a quien asesinaron. Con Calamar se cierra el círculo sobre los autores materiales y los que aportaron la logística. Pero todos ellos fueron contratados por autores intelectuales todavía desconocidos para la Justicia.

“Estoy compartiendo este espacio porque vengo a combatir a la mafia sindical, los que fueron a buscar mi vida”, dijo Pablo Ansaloni apenas arribó a San Pedro para participar de la visita de Javier Milei, a quien acompaña como precandidato a diputado nacional. Sus palabras resonaron en el despacho del intendente Cecilio Salazar, que quiso responder.

“En cuestiones políticas yo no le contesto a nadie, pero estas cosas no las puedo dejar pasar”, dijo el jefe comunal e histórico dirigente de Uatre/Osprera en diálogo con La Opinión. “Le quiero contestar porque la obra social nos llevó 30 años con Venegas, Ayala y tantos dirigentes construir, y este muchacho en un año y dos o tres meses hizo una gestión desastrosa”, señaló.

En ese sentido, recordó que tras “muchas denuncias de beneficiarios y prestadores”, la Justicia decidió intervenir Osprera para auditar las cuentas. Sólo en San Pedro, reveló Sadiv aguarda el pago de una deuda de más de 60 millones de pesos. En la ciudad, indicó, perdieron más de 2 mil afiliados.

“Este muchacho dejó 13 mil millones de pesos de deuda en la obra social, casi cuatro recaudaciones. Y no daba prestaciones. Dónde fue esa plata, no sé, por eso la Justicia lo está investigando. Hasta el fondo de contingencia desapareció”, dijo Salazar.

“Ojalá que la Justicia determine rápidamente”, dijo Salazar sobre el crimen de Mauricio Cordara y señaló: “Hay mucha gente que tiene claro y no puede decirlo, pero se saben las vinculaciones con el delito que tiene este personaje nefasto y neonazi”.

Sobre la disputa por el partido Fe, indicó que aguardan una resolución judicial que permita resolver democráticamente en elecciones internas la conducción del espacio político. “En todos los distritos estamos con Unión por la Patria”, dijo Salazar. El partido nacional, que conduce Ansaloni, selló acuerdo con Milei y La Libertad Avanza. “Para hacerlo, intervino todos los distritos del país, nadie estaba de acuerdo”, aseguró Salazar.

“Casi quiebra la obra social en un año y pico y él es un potentado”, disparó Cecilio Salazar y agregó: “Le contesto porque quiero mucho a mi gremio, tengo sentimientos encontrados, soy del trabajo rural y me duele mucho lo que pasó por culpa de este personaje nefasto, por eso me siento impulsado a responderle, no lo puedo dejar pasar. Él va a ser procesado y se quiere salvar siendo diputado nacional teniendo fueros”.

La semana pasada se cumplieron siete meses del asesinato del sampedrino Mauricio Cordara, chofer del exreferente de Uatre/Osprera Pablo Ansaloni, quien en estas elecciones buscará volver a ocupar una banca en la Cámara de Diputados de la Nación, esta vez en la boleta de La Libertad Avanza, junto a Javier Milei.

La causa por el crimen está a cargo de la fiscala de Colón Magdalena Brandt, quien logró detener a uno de los coautores, al que contrató a lo sicarios para cometer el asesinato y a varias personas sindicadas como partícipes secundarias. Pero aún resta uno de los responsables, el autor del disparo.

Se llama Alfredo Nicolás “El Calamar” Almirón y la investigación lo tiene como el que utilizó el arma de fuego con la que se efectuaron nueve disparos en la puerta de la casa de Ansaloni, luego de que Cordara llegar con los hijos del dirigente sindical y político.

Declarado prófugo, la Justicia lo busca sin éxito desde que pudieron confirmaron su participación. A la orden de detención librada en su contra y distribuida en todo el país, la familia de la víctima quiere proponer que se sume una recompensa que permita obtener datos sobre su paradero.

El último detenido por el caso fue Julián Nicolás Marcelo Gómez, un exconvicto que cumplía condena por robo calificado cuando mataron a Mauricio Cordara. La instrucción de la causa logró establecer que desde la propia cárcel se habría ocupado de contratar a los sicarios, aunque todavía no está a claro quién fue el que lo contrató a él para organizar el asesinato.

Los sicarios que llegaron desde Rosario en un Fiat Palio rojo eran Iván Alonso, de 19 años y detenido a fines de enero, y “El Calamar” Almirón, que es a quien las cámaras de seguridad registraron de remera azul, jen y gorra negra, empuñando la 9 milímetros con la que mataron al sampedrino. Alonso está imputado como “coautor”.

El resto de los detenidos en la causa están acusados de ser partícipes secundarios por estar relacionados con la preparación del automóvil utilizado para trasladar a los sicarios. Están alojados en Rosario, donde tramitan otras causas en su contra.

Todos los involucrados tienen prisión preventiva confirmada por la Cámara de Apelaciones y Garantías, donde recurrieron la decisión de primera instancia de que sigan presos mientras se sustancia el proceso que los llevará a juicio.

Ángel Ochoa estaba preso cuando lo acusaron de vender el automóvil para “hacer un laburo” que no era otro que matar a Cordara. Jonatan Blas Sosa es quin tenía el Palio en una cochera. ernando Burgos está señalado como el comprador que les facilitó el Fiat a los asesinos.

Ramón “Monchi” Vallejos, padre del conocido líder de una organización vinculada al narcotráfico Hernan “Lichi” Romero, manejaba el auto tres días después del asesinato y es el único acusado de “encubrimiento.

Ese automóvil había sido robado en agosto pasado en La Tablada, partido de La Matanza, y le colocaron la patente de otro coche robado en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, para trasladarlo a Rosario y luego usarlo para el crimen.

El domingo por la noche y en horario central del programa de noticias que se emite por A24 y América, Rolando Graña sentó por primera vez a Pablo Ansaloni, el dirigente de Uatre/Osprera al que, según la investigación, estaban destinadas las nueve balas que terminaron con la vida del sampedrino Mauricio Cordara, chofer del exdiputado, en la ciudad de Colón, un viernes en las puertas de su domicilio particular.

Ansaloni consideró que sufre “persecución” y que esa situación, vigente al momento del crimen, persiste. “La sigo teniendo hoy. Al finalizar las elecciones en Bahía Blanca, se publicaron tickets y fotos mías que tenés que estar persiguiendo como para tener esos elementos en la mano”, señaló en la nota.

“Así dice la Justicia”, respondió ante la consulta acerca de si los disparos eran para él. “Quiero agradecerle a Magdadalena Brandt, a los secretarios de Colón, que con una humilde fiscalía llegaron a esto. Estoy muy agradecido con ellos. Cuando yo lo dije, como estábamos en una interna sindical, muchos descreyeron. Hoy lo dice la Justicia”, agregó.“Lo dice la Justicia y el tiempo va a ser testigo”, sostuvo al señalar que el hecho podría estar relacionado con su candidatura en la Uatre. “Perdimos la elección en diciembre por tres votos, está impugnado ese hecho ante el Ministerio de Trabajo, acabamos de presentar un ejecutivo para la ministra Kelly Olmos”, informó y advirtió: “Pero nada se detiene con nuestra persecución, si no que intervienen nuestra obra social el 28 de febrero, por el Juez Baric”.

Consultado sobre si hubo amenazas previas, reveló que lo han seguido y que incluso lo llamaban para decirle que su hijos habían entrado a algún lugar, como para dar cuenta de que lo vigilaban, tanto él como a su familia. Nunca denunció, dijo. “No creí que fueran tan capaz de llegar a este tipo de situación”, señaló.

“Somos un gremio del interior del país, con trabajadores rurales, no estamos acostumbrados a esto. Estos que están conduciendo los destinos de nuestras instituciones tienen que ver con las mafias, no con los trabajadores rurales”, cuestionó y aseveró que seguirá participando en la Uatre. “. Por eso le agradezco a Cecilia que siga luchando, quiero luchar a la par de ella para seguir protegiendo a los que vienen. “Con Pablo Ansaloni afuera de esta lucha sindical, les queda todo servido en la mano. Ellos ganaron, pero nosotros tenemos el 50 por ciento del país”, advirtió.

Desde el 25 de noviembre, Pablo Ansaloni tiene custodia. “Quiero agradecer el gesto que han tenido las autoridades nacionales para mí y con mi familia. Ha cambiado mi vida, pero se lo decía a Cecilia, sin miedo, porque se lo prometí a Gerónimo Venegas, porque somos los que tenemos que liberar a las instituciones de todas estas mafias que rodean al sindicalismo y a la política”, sostuvo.

¿Qué dice el gobierno? Somos escuchados, vamos y estamos terminando el trámite administrativo qeu corresponde. Somos el 50% del país que no queremos las mafias del sindicato.

¿Tenés contacto con la familia de Cordara? Sí, son los que me piden que no afloje, que luche, el 21 de diciembre a la noche después del resultado me llamaron y me dijeron que tenían miedo de vivir en la ciudad donde viven, en San Pedro y que por favor hiciera algo por ellos, que no dejara de luchar no sólo por Mauricio Cordara que era mi amigo, mi compañero, sino por todos aquelllos humildes que hoy necesitan de gente como Cecila para que vayan al frente y que alguien lucha por ellos.

¿Qué pasa con tus hijos? Hoy los tenemos con psiquiatra y psicólogo, vivimos en un conglomerado donde estamos t odos juntos, no nos queremos separar, nos cambió, nos transformó la vida, pero no dejamos de ir a Colón, que mi pueblo, y yo tengo un dicho: que el se olvida de donde viene, no sabe para dónde va, pero cerca de ellos. Gino está por cumplir 18 años y sabe ir a tomar algo con los amigos y bueno, estamos continuamente acompañándolo y desesperados por ellos. Gino dice hace pocos días que una de esas balas le marcó en el cuerpo, eso fue muy triste y muy doloroso, lo rozó.Podrían haber matado a tu hijo No alcanzaron a hacer eso, tengo la costumbre de levantar el portón y tal vez se hubiese metido esta lacra que estamos viendo esta imagen, no la había visto nunca, y hubiese sido… me pone mal porque lo llamé a la mañana a Mauri para que fuera a llevar a mi hijo, yo había perdido el avión a Misiones.Se me hacía tarde, inaugurábamos la sede partidaria con mi amigo Ricardo W?, que nos acompañó allá y pierdo el vuelo y decidimos volver el viernes y no el sábado, lo llamo a Mauri si me hacía el favor, nunca volvía el viernes, hacía el mismo recorrido.Tenían el dato preciso, habían hecho inteligencia…Así es, así nos dice la Justicia. Es un amigo el que me falta, era amigo de la familia, lo extrañamos, si estaba él con mi familia hacé de cuenta que estaba yo, sabía que iban a estar… es un pibe muy humilde que dejó 4 pibes solos en San Pedro. Un día Dios nos tiene que ayudar a saber quién contrató a todos estos mafiosos para ejecutar a Mauricio como lo ejecutaron

¿En tu fuero íntimo sabés quién fue quien mandó a matarte? El 20 de octubre fue despedido de la obra social y me querían borrar de la institución… En plena pandemia. Después la justicia me puso en ese lugar nuevamente, fuimos formando nuestra agrupación, es la primera vez en la historia que hay una elección con dos listas.

¿Hubo muestras de solidaridad de tus adversarios? No, nadie. Está conformado el cuerpo nuestro por 5 miembros, 4 de ellos sí, estuvieron siempre y siguen estando a la par de Pablo y todos los compañeros. Después no, nuestros adversarios ninguno de ellos.

El viernes pasado la Agencia de Investigaciones Criminales de la policía de Rosario detuvo a un joven de 19 años, identificado como Iván Alonso, sobre quien pesaba orden de captura por estar acusado de tener participación directa en el asesinato de Mauricio Cordara, el sampedrino chofer del dirigente de Uatre/Osprera Pablo Ansaloni, baleado por sicarios en Colón el 18 de noviembre pasado.

La fiscala Magdlanea Brand, que instruye la causa, explicó en Radio Cuarentena este lunes la relevancia que tiene para el caso la detención de Alonso y precisó que el joven está imputado como coautor del homicidio.

Confirmó que Iván Alonso “venía en el Palio rojo”, es decir que es una de las personas que participó de manera directa en el asesinato. La Justica procurará establecer cuál fue su rol, luego de que trascendidos periodísticos que citan fuentes policiales señalaran que sería el conductor del coche y no el que disparó contra Cordara.

“No me han llegado las actuaciones de Rosario, está en proceso de extradición”, dijo al respecto Brandt. El detenido permance alojado en esa ciudad santafesina pero será extraditado a Colón para que la fiscala le tome declaración indagatoria.

“Este detenido está acusado de coautor del homicidio, qué papel cumplió no lo sabemos todavía. Pero vino acá, es coautor del homicidio”, dijo la fiscala Magdalena Brandt en Radio Cuarentena.

“Lo van a poner a disposición de nosotros porque está detenido por un pedido mío, por orden del Juzgado de Garantías, tenía pedido de captura”, explicó. La vivienda de Alonso había sido allanada cuando se produjeron las otras detenciones, pero él no estaba, por lo que pesaba sobre él la orden de detención.

“Hay otros datos que tenemos que no puedo dar a conocer, otras pericias, otrsa cosas para hacer”, dijo Brandt y confirmó que todavía no le llegaron los resultados de las pericias sobre el teléfono de Cordara, que fue abierto hace alrededor de 10 días.

El resto de los detenidos en la causa, acusados de ser partícipes secundarios por estar relacionados con la preparación del automóvil utilizado para trasaladar a los sicarios, permanecen alojados en Rosario porque tienen otras causas en su contra que tramitan en la Justicia santafesina.

Iván Alonso, en cambio, no está acusado de otros delitos, por lo que será trasladado a Colón para la indagatoria y quedará detenido en territorio bonaerense a disposición de la Justicia.

La policía de Rosario detuvo en esa ciudad a un hombre identificado como Ibán Luis Alonso, quien tenía orden de captura por estar acusado de ser partícipe directo del asesinato del sampedrino Mauricio Cordara, chofer del dirigente de Uatre/Osprera Pablo Ansaloni, quien fue baleado en la puerta de la cas del exdiputado en Colón el 18 de noviembre pasado.

La detención se produjo en una estación de servicio de la zona oeste, donde la policía dio con uno de los acusados de estar en el Fiat Palio que fue de Rosario a Colón y viceveresa el día que mataron a Cordara, con los sicarios a bordo, entre ellos el que disparó el arma con el que ultimaron al sampedrino.

La investigación de la fiscala Magdalena Brandt había permitido identificar a Alonso como uno de los tres que estaban en el automóvil, por lo que el Juzgado de Garantías interviniente dictó la orden de detención, acusado de coautor del crimen.

La Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el fiscal rosarino Matías Edery colaboran en la ciudad santafesina con la investigación y tuvieron a su cargo las tareas de campo.

Persoal del Departamento de Inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) seguía los pasos de Alonso y logró detenerlo en una estación de servicio ubicada en la intersección de la calles Mendoza y Cullen, en el barrio Belgrano de Rosario.

Iván Luis Alonso es el quinto detenido en la causa que investiga el asesinato de Cordara y el primero en ser acusado como coautor del crimen, puesto que es el único, hasta el momento, identificado como ocupantes del vehículo en el que se movilizaban los sicarios.

Se espera que este lunes Alonso sea puesto a disposición de la Justicia bonaerense para que la fiscala Brandt le tome declaración indagatoria y avance en el expediente de la causa.

Por el caso están detenidos los rosarinos Fernando Burgos, Blas Sosa y Ángel Ochoa (ya estaba en la cárcel), los tres acusados de partícipes secundarios por estar relacionado con la preparación del coche para el asesinato.

Además, detuvieron a Ramón “Monchi” Vallejos, padre del conocido líder de una organización vinculada al narcotráfico Hernan “Lichi” Romero, quien quedó acusado de encubrimiento y fue el único que declaró, para decir que no tiene nada que ver con el asesinato.

Vallejos fue apresado cuando conducía el Fiat Palio rojo utilizado para cometer el crimen. Ese automóvil había sido robado en agosto pasado en La Tablada, partido de La Matanza, y le colocaron la patente de otro coche robado en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, para trasladarlo a Rosario y luego usarlo para el asesinato.

A más de dos meses del asesinato de Mauricio Cordara, el chofer sampedrino del dirigente de Uatre/Osprera oriundo de Colón, Pablo Ansaloni, la Fiscalía interviniente avanza en la investigación en procura de establecer la autoría material e intelectual de un crimen de características mafiosas.

Magdalena Brandt, fiscala a cargo del caso, explicó el sábado en Sin Galera los detalles de la causa. Con cuatro detenidos y varias hipótesis sobre el móvil del asesinato, la titular de la UFI descentralizada de Colón aguarda los resultados de las pericias sobre el teléfono de la víctima que fue entregado el jueves 19 de enero para su peritaje.

Brandt confirmó la detención en Rosario de cuatro personas vinculadas al Fiat Palio rojo robado que fue utilizado para trasladar al sicario desde esa ciudad santafesina hasta Colón para cometer el crimen y llevarlo de regreso.

Ese coche fue preparado para el homicidio. El diario La Capital de Rosario reveló que fue vendido por un detenido que, todo indica, hace ese “trabajo” desde su celda. Le habían pedido un auto para “hacer un laburo”.

Ángel Ochoa es el preso sindicado como vendedor del auto; Jonatan Blas Sosa es quien guardaba el Palio en una cochera; Fernando Burgos está señalado como el comprador que les facilitó el Fiat a los asesinos; Ramón Vallejos manejaba el auto tres días después y es el único acusado de “encubrimiento. Los otros son considerados “partícipes”. Además, hay un prófugo.

El único que accedió a declarar dijo que es inocente y la fiscal lo mantiene dentro de la causa acusado de “encubrimiento. El resto hizo uso de su derecho a no prestar testimonio en la indagatoria.

“No hemos parado nunca, en ningún momento”, dijo la fiscala sobre la investigación que encabeza. Para Brandt, la pesquisa en Colón estaría agotada. “No creo que nadie haya visto más”, dijo en relación a los testimonios que ya recogió y que señalaron dónde y en qué momento vieron al Fiat Palio rojo utilizado por los sicarios. “Es una investigación que lleva tiempo, que es muy complicada porque se produjo acá en Colón pero la preparación fue en otro lado”, una afirmación que apunta a “un crimen por encargo”.

“No están descartadas ninguna de las hipótesis. Yo puedo estar alrededor de los ejecutores y la autoría material, pero me falta subir otro escalón en la autoría intelectual”, reveló la fiscala.

En ese sentido, consultada sobre versiones periodísticas que indicaban que una de las hipótesis relacionaba el asesinato con mensajes de Cordara con una mujer con quien mantendría una relación sentimental cuyo esposo sería miembro de Fuerzas de Seguridad y podría estar involucrado en el asesinato, Brandt dijo que es una línea de investigación “que tiene menos fuerza” que otras, como la que relaciona el crimen con la interna de la Uatre, por ejemplo.

Esas versiones periodísticas estaban sostenidas, desde mediados de diciembre del año pasado, en presuntos mensajes descubiertos en el celular de Cordara. “Todavía no llegó el resultado”, dijo sobre ese teléfono, que recién fue abierto para su análisis el jueves pasado.

Durante los allanamientos que permitieron en Rosario detener a los cuatro acusados de participar en la preparación del auto secuestraron varios teléfonos celulares que también serán analizados en busca de elementos probatorios.

Policía de la ciudad de Rosario secuestró el automóvil Fiat Palio que fue utilizado para trasladar al sicario que mató en Colón al sampedrino Mauricio Cordara, chofer del dirigente de Uatre y Osprera Pablo Ansaloni.

El detenido fue identificado como Ramón Vallejos, un hombre que el reconocido periodista Germán de los Santos, dedicado a investigar la trama narcocriminal en Rosario, señaló como “integrante del clan narcocriminal Romero” en una nota publicada en La Nación relacionada a su detención.

Vallejos fue interceptaron en la ruta 34, en la zona norte de Rosario, a bordo del Fiat Palio rojo que fue identificado como el que llevó hacia Colón y luego sacó de esa ciudad al sicario que le disparó a quemmarropa a Cordara en la puerta de la casa de Ansaloni.

El detenido es padre de Hernán “Lichi” Romero, condenado por asociación ilícita, y quedó a disposición de la Justicia de Rosario, que interviene a través del fiscal Matías Edery. La fiscala Magdalena Brandt, a cargo de la investigación del crimen de Cordara, ordenó una serie de medidas tras esa detención.

En la Fiscalía de Colón hay cautela y esperan esas pericias, aunque todo indica que efectivamente se trata del automóvil que tienen detectado en las cámaras de seguridad y que tenía alerta de captura en todo el país, un Fiat Palio rojo que llevaba patente de otro coche, robado hace tiempo en Esteban Echeverría, al sur del conurbano.

La de la existencia de un sicario es una hipótesis fuerte: la contratación de un asesino para cometer el crimen. Por eso, para la fiscala Brandt es tan importante saber quién mató a Cordara como quién ordenó hacerlo.

Por supuesto, la interna de la Uatre no es ajena a la investigación. El 21 de diciembre próximo, por primera vez desde que existe como tal, esa organización sindical tendrá elecciones entre dos listas que están enfrentadas por la conducción: la del oficialismo que lidera José Voytenco y apoya Cecilio Salazr, y la de Pablo Ansaloni, un viejo aliado que se convirtió en adversario.