El decreto que establece el régimen de bonificaciones para 2026 está en vigencia tras la aprobación de las ordenanzas fiscal e impositiva por el Concejo Deliberante con los aumentos de entre el 50 y el 100 por ciento, según la tasa.

El Gobierno dispuso un 15 por ciento de descuento para Servicios Sanitarios, ABL y Red Vial para los contribuyentes que no registren deudas y se encuentren reempadronados.

Además, hay un 5 por ciento extra para quienes constituyan domicilio fiscal electrónico, de manera tal que no sea necesario enviarle factura en papel y adhieran a la recepción de la boleta en formato digital, siempre y cuando estén al día.

Comercios y empresas que paguen tasa de seguridad e higiene tienen un régimen de bonificaciones en particular. Quienes tengan certificado Pyme de AFIP recibirán un descuento del 20 por ciento; quienes no posean ese certificado, el 15 por ciento.

Para obtener el beneficio, los contribuyentes deben estar al día, reempadronados y haber constituido domicilio fiscal.

Los vecinos que pagan patente automotor y abonen el año completo de contado obtendrán un 10 por ciento de descuento, dice el decreto firmado por el intendente. Además, si tiene al día VTV y seguro, obtendrán un 50 por ciento.

El beneficio rige también para quienes estén al día, no tengan deuda de otras tasas o derechos, se hayan reempadronado y tengan domicilio fiscal constituido ante la Municipalidad.

El decreto dispone que los comerciantes que vayan a iniciar el trámite de habilitación sin haber recibido intimación previa no pagarán la tasa correspondiente.

Los convenios de pago para regularizar deudas tendrán una tasa de interés de financiación del 2 por ciento mensual y del 2,5 por ciento resarcitorio para las que no hayan sido abonadas con anterioridad al vencimiento fijado.

La ordenanza impositiva aprobada mantiene las bonificaciones del 50 por ciento para jubilados, pensionados, empleados municipales, personas con discapacidad, veteranos de Malvinas y beneficiarios de Procrear.

En la página web del Municipio hay un espacio destinado a la renovación de los beneficios que estaban vigentes en el período anterior, para lo que se puede llenar un formulario online sin necesidad de ir a las oficinas. 

El Gobierno está facultado a suspender la aplicación parcial o total de los beneficios "cuando dichas medidas respondan a cuestiones económicas que puedan afectar los ingresos municipales de modo tal que hagan peligrar la prestación de los servicios".

El Gobierno, con aprobación del Concejo Deliberante, repuso para el ejercicio 2026 la denominada tasa por servicios de pesaje de vehículos de carga, que había retirado para crear la de "conservación de las vías de acceso", que se mantiene.

Esto implica que para este año hay dos tipos de gravámenes relacionados con los vehículos de gran porte, aunque diferenciadas. Mientras los de pasajeros pagarán la de "vías de acceso", los de carga harán lo propio con la de pesaje.

El servicio será prestado en balanzas municipales, aunque no está claro dónde ni cómo. La tasa la pagarán todos los vehículos de carga que circulen por San Pedro, con el objetivo de verificar el cumplimiento del pesaje máximo permitido.

La tasa tiene un costo de 10 módulos, es decir 10 litros de gasoil premium de YPF, lo que implica en la actualidad alrededor de 20 mil pesos.

La multa por circular con peso superior al permitido será de mil litros del mismo combustible, lo que equivale hoy a alrededor de 2 millones de pesos. Si hay reincidencia, el monto de la sanción se duplicará.

El Gobierno reglamentará zonas de circulación, excepciones o exenciones y, como en la de vías de conservación, quedó facultado a "prorrogar la exigibilidad" hasta tanto se disponga "la estructura e instrumentos necesarios para garantizar su control".

El Municipio tiene una nueva tasa para cobrar por el pesaje, pero no dispone aún de espacio ni de balanza para tal fin. El último lugar fue el predio de la ex Coplac, alquilado, y con una balanza que también era de un privado.

La tasa de pesaje tal como se conocía estaba especialmente dirigida al control de los camiones areneros que salen cargados de San Pedro.

Tras darse a conocer que los colectivos que entren o salgan de San Pedro deberán pagar al Municipio seis litros de gasoil por viaje las redes sociales estallaron y los comentarios se multiplicaron con críticas, ironías y enojo hacia la gestión municipal. 

La mayoría de las reacciones apuntaron contra lo que consideran un nuevo intento de recaudar sin planificación y a costa del transporte y el turismo.

Aunque la mayoría de los comentarios apuntan a la “novedad” de la tasa, lo cierto es que este es el tercer año que se cobrará, puesto que fue creada para el ejercicio 2024.

“No se les ocurre nada para beneficiar al pueblo y a los turistas. Solamente quieren recaudar a cualquier precio sin medir las consecuencias, ¿hasta cuándo van a seguir metiendo la mano en el bolsillo a la gente?”, preguntó Justo. 

Adriana ironizó sobre el supuesto mantenimiento y Javier resumió el clima con una frase dura: “San Pedro, mini Venezuela”.

Las críticas a la gestión de Cecilio Salazar se repitieron una y otra vez. Diego sostuvo: “Sigan votándolo”. 

“Cuanto más quieren recaudar, peor lo hacen. Otro motivo para que el turismo siga mermando”, afirmó Ricardo. 

Zulma habló de vergüenza ajena y Sandra cuestionó que no haya colectivos para viajar para atención médica. Hugo, en cambio, apeló a la ironía y dijo que ojalá lo recaudado sirva para arreglar caminos rurales y calles de tierra.

Ricardo advirtió que “otro motivo más para que el turismo siga mermando”, mientras que Javier aseguró que “los corren” y que así no va a venir nadie. 

En la misma línea, Marcela, Bruno, Claudio y varios más coincidieron en que la ciudad se vuelve cada vez menos atractiva para visitantes y empresas de transporte.

Ñato calculó cuánto debería pagar un colectivo si entra varias veces por día; Vanina y Damián preguntaron por qué no se controla a los camiones que rompen rutas; Nicolás puso en duda que la recaudación sea significativa y sostuvo que la medida “solo sirve para molestar”.

Entre cientos de mensajes críticos, Agustina dijo que la medida no le parecía mal y planteó que en otras ciudades se aplica, aunque reclamó controles claros y saber a dónde se destinaría el dinero.

“¿Más curros? Ya no saben de dónde más robar. Se cagan en la gente. Tanto clamamos que somos una ciudad turísticas y nos caemos a pedazos.  Por todos lados hay pozos y basura, un desastre”, sentenció Gonzalo. 

El Gobierno mantuvo en las ordenanzas fiscal e impositiva el tributo denominado "servicio de control, mantenimiento, conservación y reconstrucción de las vías de acceso".

A partir de ahora, y puesto que repusieron la tasa de pesaje para camiones, sólo pagarán este gravamen los vehículos de transporte de pasajeros que superen la capacidad de 40 asientos.

Serán sujetos contribuyentes de esta tasa los propietarios de vehículos, las agencias de turismo y las instituciones organizadoras de viajes regulares o tipo contingentes.

Pagarán todos los transportes de pasajeros que ingresen a San Pedro o egresen de la ciudad, y deberán abonar la tasa al momento de arribar o antes de emprender el viaje.

El costo de la tasa es de seis módulos, es decir seis litros de gasoil premium de YPF, es decir alrededor de 12 mil pesos, en la actualidad.

Quienes sean infraccionados por no cumplir con el pago, deberán hacer frente a una multa de 500 litros del mismo combustible. La sanción se duplicará para el reincidente.

En la ordenanza fiscal el Gobierno tomó la precaución de quedar facultado para "suspender temporalmente" el cobro de la tasa hasta concluir "las obras de señalización de las vías de ingreso" que permitan “controlar el cumplimiento del pago”.

La ordenanza fiscal aprobada por el Concejo Deliberante generó un nuevo tributo, denominado "derecho de vuelco" y que permite al Gobierno cobrar a quienes arrojen residuos en el Basural a cielo abierto de San Pedro.

El objetivo es "asegurar una adecuada gestión de los residuos que son dispuestos en el predio municipal" y obtener "recursos y mecanismos necesarios para garantizar su correcta recepción, manejo y control".

El Gobierno dispuso en la ordenanza que pagarán este tributo solo "quienes efectivamente lleven a cabo actividades de vuelco de residuos de forma continua, reiterada o con fines comerciales o lucrativos.

Están alcanzadas "las personas humanas o jurídicas, con o sin residencia" en San Pedro, que sean "titulares de dominio, poseedores, simples tenedores, inquilinos de inmuebles y/o titulares de la explotación comercial en cuyo ámbito se genere el hecho imponible".

También quienes "ejecuten obras, presten cualquier tipo de servicio y/o desarrollen actividades comerciales de cualquier naturaleza en el dominio público, cuando de dichas actividades se generen residuos cuyo volumen requiera su reacondicionamiento y disposición" en el Basural.

Para ejercer el control, el Gobierno podrá "verificar el cumplimiento de las condiciones previstas y requerir la documentación o declaraciones que resulten necesarias para acreditar la falta de habitualidad o profesionalidad en la actividad señalada".

Los tipos de vuelco que están permitidos y alcanzados por el gravamen son los de poda, desmontes, nivelación de terrenos, demolición o construcción.

Los que pueden ser reutilizados; y los que deban ser soterrados porque no puedanreutilizarse; y aquellos que están "compuestos por más de una corriente, que no permita su separación para su utilización".

El costo del tributo está fijado en módulos y cada módulo vale un litro de gasoil Infina Diesel de YPF en San Pedro

El costo varía de acuerdo a la cantidad de m3 arrojados. Las categorías se dividen en hasta 5, 8 y 25 m3.

Los residuos verdes pagarán entre 5 y 9 módulos (hoy, alrededor de entre 10 mil y 18 mil pesos); los que necesiten tratamiento para reutilización, entre 6 y 10; y los soterrados, entre 7 y 11.

Volcar tierra y excedentes de desmonte o nivelación de terreno, entre 5 y 10 para la primera categoría; entre 6 y 11 para la segunda; y entre 7 y 12 para la tercera.

El volcado de residuos de demolición o construcción, entre 5 y 11 módulos para la primera categoría; entre 6 y 12 para la segunda; entre 7 y 13 para la tercera.

Los domiciliarios o misceláneos en grandes volúmenes pagarán mil módulos, que son mil litros de gasoil Infinia Diesel de YPF, de acuerdo a lo dispuesto por la ordenanza impositiva, lo que implica alrededor de 1 millón de pesos.

Este lunes 29 de diciembre se desarrollará en el Salón Dorado de la Municipalidad la asamblea de Mayores Contribuyentes y Concejales para dar tratamiento a la ordenanza impositiva 2026, que prevé aumentos de tasas y otros tributos.

Los incrementos previstos son del 80 por ciento para ABL y Red Vial; 60 por ciento para Servicios Sanitarios; 100 por ciento para Cementerio; 35 por ciento para Seguridad e Higiene; y un promedio de 50 por ciento para el resto de los gravámenes.

El Gobierno tiene los votos para aprobar el expediente. Entre los concejales, ya tuvo 11 manos levantadas —las siete de la bancada oficialista más las cuatro de Rivas, De Rosa, Negrete y Lafalce— y entre los Mayores Contribuyentes cuenta con la mayoría.

Los inscriptos de manera voluntaria, como Sandra Mari, Fernando Bennazar, Bruno Sciarra, Martín Palazón y Juan Gutiérrez, votarán en contra. Algunos ya lo anunciaron públicamente y de otros se estima que así lo harán, pero serán minoría.

El secretario de Economía Roberto Borgo les dijo a los concejales que "no hay presupuesto posible sin ingresos" y que de no aprobarse el aumento de tasas estará en peligro, más de lo que ya está, el pago de sueldos.

Luego de la asamblea, los concejales tendrán sesión extraordinaria para tratar el cálculo de recursos y gastos para el año que viene, el Presupuesto 2026 propiamente dicho.

Son alrededor de 57 mil millones de pesos que el intendente Cecilio Salazar tendrá disponibles y de los que el 50 por ciento está destinado a los servicios de salud.

Del total, el 66 por ciento se va en salarios, porcentaje que aumenta al 80 por ciento si se cuentan sólo los recursos de libre disponibilidad, es decir sin fondos de afectación específica.

Como analizó La Opinión, muchas áreas municipales sólo tienen presupuesto para pagar sueldos, por lo que la planificación para el año que viene estará supeditada a las posibilidades financieras que surjan conforme pasan los meses.

La ordenanza impositiva para 2026 establece que aquellos que sean infraccionados por la presencia de caballos sueltos en la vía pública deberán pagar, además de la multa, un canon por el alimento mientras el animal esté secuestrado.

El tributo está dentro de la denominada tasa por servicios varios y comprende el "racionamiento para animales secuestrados". El costo, por animal y por día, es de  16 521 pesos, según lo establece la Impositiva para el año que viene.

En San Pedro está prohibida por ordenanza la presencia de caballos en la vía pública o en terrenos municipales. Incluso si están atados y no hay presencia de sus propietarios, están en infracción.

La normativa autoriza a la Dirección de Tránsito a labrar infracciones y a secuestrar los animales. Para ello, cuentan con un grupo de arrieros que tienen la tarea de trasladar los equinos al corral municipal que está en el predio del Corralón.

El dueño del caballo puede tramitar en el Juzgado de Faltas la restitución del animal secuestrado. Para ello debe acreditar propiedad mediante el documento único equino, el boleto de marca y señal, y el certificado de adquisición o cédula equina.

Además, debe presentar certificado sanitario y de resultado negativo de examen de anemia infecciosa equina. Con todo ello al día, estará en condiciones de pagar la multa más la tasa por alimentación y recuperar su animal.

Si en un plazo de siete días hábiles no es reclamado, todo caballo secuestrado es considerado mostrenco y puede pasar a patrimonio municipal, que habilita al Estado local a subastarlo o donarlo a organizaciones sin fines de lucro. 

El Grupo de Comerciantes Unidos de San Pedro manifestó públicamente su rechazo al aumento del 100 % (en algunos casos fueron del 80 %) en las tasas municipales aprobado por el Honorable Concejo Deliberante, al considerar que se trata de una medida “excesiva, abusiva y muy por encima de la inflación real” que atraviesa el país.

A través de un comunicado, el sector advirtió que “este incremento impacta directamente en el comercio local, que ya enfrenta caída del consumo, aumento de costos y una fuerte presión impositiva. Medidas de este tipo ponen en riesgo la continuidad de muchos negocios y los puestos de trabajo que estos generan, además de afectar de manera directa a toda la ciudadanía de San Pedro, que también deberá afrontar este aumento”.

Además, remarcaron que el aumento no solo afecta a los comerciantes, sino también a toda la ciudadanía de San Pedro, que deberá afrontar el traslado de estos mayores costos.

“Solicitamos a las autoridades municipales la revisión del aumento y la apertura de un espacio de diálogo para construir soluciones razonables y acordes a la realidad económica actual”, indicaron desde el grupo.

“Defender el comercio local es también defender a los vecinos y vecinas de San Pedro, que sostienen la economía diaria de nuestra ciudad”, expresaron finalmente desde la entidad.

El Concejo Deliberante aprobó este viernes las ordenanzas fiscal e impositiva, y con ellas el aumento de tasas para 2026 que antes del 31 de diciembre deben convalidar los Mayores Contribuyentes en la asamblea.

La sesión comenzó a las 9.00 de la mañana y terminó pasadas las 13.00 porque hubo un largo cuarto intermedio tras la solicitud de Acuerdo Vecinal San Pedro, el "interbloque de la gobernabilidad", para introducir modificaciones en algunas "tasas sensibles".

Tras dos horas en las que fueron y vinieron, hubo algunas discusiones y el oficialismo acordó con el bloque de Rivas, De Rosa y Negrete más Lafalce, en la Secretaría de Economía modificaron los valores para que los ediles regresaran al recinto a votar.

Las reducciones que propusieron los ediles cuyos votos fueron fundamentales para que el Gobierno tenga aprobado el aumento de tasas fueron ABL, que pasó del 100 al 80 por ciento; Servicios Sanitarios, que pasó al 60 %; Red Vial, que quedó en 80 %; y derechos de Cementerio, que pasó del 140 al 100 por ciento.

El resto de tasas y derechos quedó tal como estaba previsto en el proyecto de ordenanza impositiva, con incrementos que van del 30 al 50 por ciento, según el tributo.

Todos podrán ser actualizados bimestralmente en un porcentaje mínimo del 20 % y en un máximo de lo que resulte de aplicar el índice de precios al consumidor (IPC) publicado por el Indec, dice el proyecto aprobado.

Los bloques Nuevos Aires (Basso, Mosquera, Santos), San Pedro Puede (Rey, Reynoso) y Alianza La Libertad Avanza (Joaquín González y Panatteri) votaron en contra tanto de la fiscal como de la impositiva para 2026 y expusieron sus motivos en sesión.

Basso fue una de las más críticas del aumento de tasas propuesto y dijo que su bloque estaba dispuesto a aprobar un incremento del orden del 31,4 por ciento, tal como la inflación informada por el Indec y cuestionó en duros términos la cláusula que habilita al Gobierno a aumentar "de manera bimestral el 20 % como mínimo" en el transcurso del año.

“El vecino de a pie tiene que afrontar un aumento de tasas del 100 por ciento, mientras que los dueños de empresas que tienen antenas van a tener un aumento del 30 por ciento", señaló.

"Me parece contradictorio que un gobierno peronista beneficie a los más poderosos y ataque a los contribuyentes que todos los días salen a pelearla porque no les alcanza el mango", dijo Basso.

"En momentos de recesión, el aumento de tributos hace que caiga la recaudación" y agregó: "Cómo se van a solventar a sí mismos los servicios si ahogás a los pocos que pagan". Fue la única vocera del bloque, que voto en contra.

Joaquín González, de La Libertad Avanza, sostuvo que "este proyecto propone aumentos desmesurados y desproporcionados en relación a la inflación anual y al crecimiento de los salarios. Aun con las rebajas que se propusieron, siguen siendo desmesurados".

"El sampedrino siente y ve que cada vez paga más y se le brinda menos, es lo que escuchamos a diario en la ciudad", dijo González antes de que él y Panatteri votaron en contra. Al igual que Basso, también él abogado, cuestionó la constitucionalidad del artículo que faculta al Ejecutivo a disponer aumentos a lo largo del año.

Ariel Rey fue el vocero del bloque San Pedro Puede, que votó en contra, y dijo que "se espera una inflación de entre un 10 y un 20 %" para el año que viene. Al igual que sus predecesores en el uso de la palabra, cuestionó el aumento bimestral propuesto por el Ejecutivo.

"No hay ningún salario de un ciudadano de San Pedro que tenga un incremento del 20 por ciento bimestral ni ninguna actividad que lo permita", dijo Rey y aseguró que el proyecto no contiene "incentivos a producir e invertir, que es lo que necesitamos en San Pedro".

A su turno, Rivas chicaneó a los concejales nuevos y les pidió que vayan "con el reglamento leído", tal como le planteaban a él en sus primeros meses como concejal. 

También aprovechó para cuestionar a Damián Mosquera, con quien tuvo un encontronazo durante el cuarto intermedio, que no pasó a mayores porque intervino Diego Lafalce.

“Entiendo y comparto la mirada de los vecinos sobre el deterioro, la falta de mantenimiento, pero también quiero que nos separemos del rol de vecinos y nos pongamos en el rol de legisladores”, dijo.

"Hoy es una coyuntura totalmente diferente con respecto al flujo de recursos de Nación a Provincia y por ende a los municipios. Los vecinos la semana que viene tienen que sacar los residuos y van a abrir la canilla, y necesitamos que salga el agua", agregó.

"Si no hay propuestas superadoras y no hay más que quejas, no estamos siendo serios para con los vecinos que representamos" y aseguró: "Esto no es un panel de televisión, acá legislamos y de esto sale si tenemos o no tenemos servicios, si le damos al intendente un mínimo de gobernabilidad o ponemos una bandera de remate".

"Si tienen otros empleos en el Estado y no le dan los tiempos, pidan licencia", chicaneó Rivas en el recinto.

Diego Lafalce también votó a favor. "San Pedro ha vivido crisis profundas provocadas por algunos opositores, en algunas oportunidades, de romper la institucionalidad, favoreciendo cuestiones ideológicas y políticas, y no se fijaron en el bien común de la sociedad", señaló.

"Debemos garantizar no sólo la gobernabilidad sino la prestación de servicios básicos, independientemente de si son tope de gama o no, por eso vamos a acompañar", sostuvo.

Mauro de Rosa hizo una vehemente defensa de la posición de su bloque de acompañar al Gobierno. "No toman dimensión de la situación que estamos viviendo", dijo en alusión a los que votaron en contra.

 "¿No se dan cuenta que no van a cobrar los empleados municipales, que no va a haber prestaciones en el Hospital? Se va a cortar la soga, ¿no se están dando cuenta?", dijo.

"Vamos a terminar en una crisis muy grave si no acompañamos al Ejecutivo", sostuvo y agregó: "Te quieren correr con que hay acuerdos personales e intereses creados. Déjense de joder con esos discursos berretas y pongan las pelotas que hay que poner y pónganse a laburar con propuestas, porque esto se va a cortar".

Candelaria Cuscuela, presidenta de la bancada oficialista, destacó "el trabajo conjunto" con Rivas, De Rosa, Negrete y Lafalce, así como "la responsabilidad institucional" para "garantizar los servicios básicos" que presta la Municipalidad. 

El Gobierno municipal decidió dejar de cobrar el derecho de Estacionamiento Medido en radio céntrico, algo que por cierto no hace desde 2020, pero esta vez lo dejó asentado en las ordenanzas fiscal e impositiva.

Desde pandemia, el Estado local dejó sin efecto el cobro de ese tributo, que fue creado con el objetivo de ordenar el tránsito en la zona comercial y bancaria en los horarios de mayor movimiento.

Ya en 2023 el cálculo de recursos y gastos no preveía ingreso alguno por ese gravamen, algo que también ocurrió en 2024. Sin embrago, en cada uno de esos ejercicios, el Gobierno establecía aumentos.

Esos incrementos, que para los últimos dos períodos fueron del 120 y el 100 por ciento, respectivamente, ya no aparecen en la ordenanza impositiva. En la fiscal, en tanto, no figura el tributo como uno de los que se vayan a cobrar.

En la reformulación de la ordenanza de Estacionamiento Medido de 2019 el Concejo Deliberante facultó al Gobierno a "desafectar en forma total o parcial" las calles en las que regía el servicio.

El estacionamiento medido estaba dispuesto de lunes a viernes, de 8.30 a 11.30 y de 17.00 a 20.00, y los sábados por la mañana, horarios que también podía modificar.

En la Impositiva 2025, que el lunes 30 aprobaron los Mayores Contribuyentes, sólo aparece gravado el estacionamiento exclusivo frente a garage, que tiene un costo de 58010 pesos por año.

La ordenanza impositiva que Mayores Contribuyentes aprobó el 30 de diciembre tiene modificaciones en el capítulo dedicado a los derechos de construcción.

Con el objetivo de fomentar la presentación voluntaria de quienes tengan construcciones sin declarar, el Gobierno redujo el recargo para esa declaración del 200 al 50 por ciento.

Es decir que a partir del año que viene, quien se presente por sus propios medios ante Obras Públicas para asentar construcciones que no hayan sido declaradas desde 1998 a la fecha, pagarán el monto establecido más la mitad como penalización.

El bloque de la UCR destacó la medida en la última sesión, puesto que consideraron que de esta manera se tiende a favorecer la voluntad de regularización, que hasta ahora tenía un recargo del 200 por ciento, lo que, indicaron, atentaban contra la posibilidad.

En el caso de que haya intimación por parte de la Municipalidad, el contribuyente deberá abonar un 100 por ciento de recargo sobre el monto de derecho de construcción. Si tras ser intimado no se presenta en el  plazo establecido, la penalización será del 200 por ciento.

La inspección de obra obligatoria será trimestral, según la ordenanza impositiva. Cada visita implicará el pago de un 4 por ciento del valor correspondiente a los derechos de construcción.

Desde el año que viene "no se aprobará ningún plano o se emitirá final de obra hasta tanto no exista constancia emitida por al Dirección de Servicios Sanitarios que certifique que la propiedad cuenta con medidor de consumo de agua", advierte el expediente.

El intendente Cecilio Salazar logró obtener la ordenanza impositiva 2025 que establece aumentos de tasas de entre el 20 y el 150 por ciento, según el tributo, para todos los gravámenes municipales.

El expediente se trató este jueves en asamblea de concejales y Mayores Contribuyentes, vecinos que son convocados para expedirse sobre el aumento de tasas y derechos.

Tres de los 13 ciudadanos presentes para conformar la Asamblea votaron en contra, mientras que los otros diez acompañaron la propuesta del Ejecutivo.

Del lado de los ediles, el resultado de la votación fue igual que en la preparatoria: el oficialismo contó con el respaldo de Cappelletti, Lafalce y Riquelme para obtener una victoria por 12 a 6.

Juan Cruz González y Candelaria Cuscuela fueron los voceros del proyecto de ordenanza impositiva y destacaron, sobre todo González, la importancia que tiene contar con los recursos necesarios para hacer frente a los costos de los servicios.

Desde la oposición, Martín Rivas dijo que el expediente era el resultado de un "Ejecutivo sordo" que tiene "confusión ideológica" e "irresponsabilidad política".

Al tiempo que pidió por la presencia del jefe de Gabinete, Alfredo Carrasco, y del secretario de Economía, Roberto Borgo, a quienes llamó "padres de la criatura".

La concejala de la UCR Paola Basso volvió a plantear que los aumentos en Red Vial "no son del 150 por ciento" sino del orden del 180 al 200 y puso de relieve que en las tasas que se calculan con la valuación fiscal la situación será similar respecto de cómo impactará en los contribuyentes, más allá de los porcentajes establecidos.

Además, la abogada exasesora letrada de la Municipalidad sostuvo que el ajuste bimestral por IPC que fue aprobado "es manifiestamente inconstitucional" porque la Constitución provincial y la Ley Orgánica establece que cada aumento con su porcentaje debería ser aprobado por concejales y mayores contribuyentes.

Al respecto, el secretario de Gobierno, Martín Baraybar, dijo a La Opinión que hicieron "las consultas pertinentes" y que si no supieran que no tendrán dificultades legales no hubiesen enviado el expediente de esa manera.

Además, señaló que hay otros municipios de distinto color político —San Nicolás, sin ir más lejos— que también incluyeron en sus ordenanzas impositivas ajustes con ese cálculo oficial de inflación.

El único mayor contribuyente que tomó la palabra fue Miguel Ángel Raviola, quien finalmente votó en contra, aunque había pedido pasar la votación para otro momento, algo que, le explicó el presidente del cuerpo, era imposible.

"Veo que hay mucha discordia entre concejales de un lado y del otro. Yo diría a lo mejor que se traten de seguir reuniéndose, porque con discordia no ganamos nada. Propongo que se acomoden entre ellos y hacer estar reunión más adelante, cuando estén todos de acuerdo", había pedido.

La ordenanza impositiva 2025 establece un incremento del 100 por ciento en los tributos relacionados con los operativos de tránsito y el pago de acarreo y estadía, montos que el infractor debe abonar junto con la multa para la restitución de un vehículo secuestrado.

El uso de la grúa municipal para trasladar vehículos desde los lugares donde se cometieron las infracciones tendrá un costo de 15469 pesos a partir del año que viene, el doble que el actual.

De la misma manera, aumentaron un 100 por ciento los costos de estadía en depósito, que se cobra por cada día que los vehículos incautados permanecen bajo la guarda municipal.

Los propietarios de motos retenidas deberán pagar 1286 pesos por cada jornada que su rodado pase en el depósito hasta tanto presente la documentación y haga los trámites correspondientes para recuperarla.

Autos y camionetas, por su parte, abonarán 1933 pesos por día. Los dueños de aquellos vehículos que pesen más de 3,5 toneladas, por su parte, tendrán que desembolsar $ 2547 diarios.

Quienes también tendrán un incremento importante son los dueños de caballos secuestrados en la vía pública, que son trasladados al Corralón, donde se los alimenta hasta tanto sean cumplidos los trámites para su restitución.

El denominado "racionamiento de animales secuestrados" tendrá un costo en 2025 de 11014 pesos por caballo por día, de acuerdo a lo establecido por la ordenanza impositiva.

El duro comunicado de la Sociedad Rural contra el aumento de la tasa de Red Vial provocó una respuesta aún más dura por parte del intendente Cecilio Salazar y el Gobierno municipal, que no escatimó calificativos para los integrantes de la organización ruralista.

Los productores consideraron un "saqueo" el aumento de tasas, se quejaron de la falta de servicio y cuestionaron el revalúo provincial por "confiscatorio", al tiempo que destacaron el aporte impositivo que la producción local implica al país.

En un pasaje también aludieron al jefe de Gabinete Alfredo Carrasco, sin nombrarlo, al señalar que la ciudad está "manejada por personas ajenas a nuestro pueblo" y hasta consideraron que el Gobierno de Salazar llevó a San Pedro "al abandono y al deterioro en cada rincón".

Desde la Intendencia, la respuesta no se hizo esperar. En un extenso comunicado difundido este viernes por la mañana, el intendente y sus funcionarios se despacharon contra los ruralistas en severos términos.

A la idea de "silencio cómplice" que esgrimieron desde la Sociedad Rural, el Gobierno respondió para acusarlos de focalizar las críticas en el intendente y en el gobernador, pero sin hablar del presidente Javier Milei.

Expusieron datos de un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) que señala que "a diciembre del presente año, el 94,7 % de la carga impositiva del sector agrícola son impuestos nacionales", con escaso porcentaje coparticipable. "El Estado (nacional) se queda con $ 64,30 de cada $ 100 de renta agrícola", citaron del informe.

El Municipio consideró a la cúpula de la Sociedad Rural "rápidos de lengua" y los acusó de tener una "visión localista, por no decir sectaria y xenófoba" al cuestionar el "lugar de nacimiento" del jefe de Gabinete, Alfredo Carrasco, oriundo de Hurlingham, donde fue concejal.

Además, el intendente puso de relieve su condición de "electo por el pueblo" —él o los candidatos que promovió ganaron las últimas cinco elecciones— y les preguntó: "¿Ustedes están seguros de representar a todos los sampedrinos que encuentran en la labor de la tierra hacernos grandes? ¿Podrían mostrar el escrutinio de cuántos los han votado para emitir anatemas de decadencia, de reclamar a los elegidos en comicios de participación popular".

En ese sentido, recordaron que hay elecciones cada dos años y que en ese momento los votantes "son soberanos de premiar y castigar", mientras que ellos, en la Sociedad Rural, "están presos de las logias, las mesas de café y las tertulias tempraneras, mientras que los que agachan el lomo y transpiran son otros".

El Gobierno municipal no perdió oportunidad de hacer lo que tanto le critican a Javier Milei desde las filas opositoras y personalizó el entuerto. En el comunicado hizo referencia a "algún encumbrado representante" de la Sociedad Rural que "se puede poner 'colorado' de pedir exenciones de tributos municipales como 'populista' pero reclama el incremento como 'oligarca'".

Respecto del "aporte de 70 millones de dólares" que esgrimió la organización ruralista, el Municipio informó que "de esa brutal suma han pagado en concepto de tasa de Red Vial USD 173.355, casi una bicoca" y pidió que "hagan un esfuercito en volver al histórico 85 % de cobrabilidad, ya que en lo que va del año escasamente superamos el 60 por ciento".

Con los "70 millones de dólares" como dato, señalaron que los productores "a lo mejor deberían afinar las declaraciones juradas" porque "el Ministerio de Economía de la provincia no verifica ese volumen" y pidieron: "Declaren o mientan menos".

"No desconocemos que aportan a la economía local, pero señalamos que si tuvieran un campo y produjeran en Baradero, por ejemplo, pagarían el doble por hectárea anualmente y deberían aportar para mantener la mitad de kilómetros de red vial que tiene nuestro partido", indicaron en el comunicado desde el Gobierno.

Además, advirtieron que "el Municipio no puede mantener las conexiones secundarias rurales con dos litros de gasoil al año por hectárea" y que el aumento no es "desmedido" puesto que, por ejemplo, "estamos un 40 % por debajo de los partidos vecinos".

"El odio no construye, no siembra. Tienen la misma obligación que cualquier vecino del barrio más humilde de nuestro partido", dijo el intendente su respuesta a la Sociedad Rural y agregó: "No es un ataque al esfuerzo que realizan; es progresividad de esfuerzo para contribuir al bien común".

El Gobierno consiguió este viernes dar el primer paso para el Presupuesto 2025: el oficialismo y sus aliados en el Concejo aprobaron las ordenanzas preparatorias fiscal e impositiva, con el aumento de tasas para el año que viene.

Los expedientes quedaron listos para su tratamiento por parte de la Asamblea de concejales y Mayores Contribuyentes, prevista para el lunes 30 de diciembre próximo, previo a la sesión en la que deberán votar el cálculo de recursos y gastos.

Además del aumento de tributos establecido, prevén incrementos bimestrales cuyos porcentajes se aplicarán de acuerdo a lo que informe el Indec para el Índice de Precios al Consumidor (IPC), algo que Rivas y Baso advirtieron no corresponde por "inconstitucional".

La bancada oficialista contó con los votos de Vanina Cappelletti (Juntos Pro), una aliada histórica de Salazar, y del bloque que integran Diego Lafalce y Viviana Riquelme (Pro Libertad), que desde hace un tiempo tiene un postura de respaldo a los expedientes del Gobierno.

Durante el debate, el presidente de la comisión de Presupuesto, el oficialista Juan Cruz González, señaló que los incrementos son del orden de entre 100 y 150 por ciento, en promedio y con el aumento previo, y lo comparó con el 166 % de inflación interanual registrada.

Desde el radicalismo, Lucas Pisani planteó la necesidad de analizar las ordenanzas fiscal e impositiva más allá de los porcentajes de aumento, por lo que significan para la planificación de la ciudad de cara al año siguiente.

Paola Basso advirtió que con el revalúo fiscal los incrementos serán superiores a los plasmados en términos nominales y destacó la decisión del Gobierno de modificar la modalidad de cobro del derecho de Publicidad y Propaganda, así como el de Construcción, que permitirá declarar de manera voluntaria con una penalidad reducida.

Por eso la UCR pidió que esos capítulos de las ordenanzas se votaran por separado, para rechazar en general pero acompañar en particular. La votación de ambos expedientes y en cada caso fue nominal a solicitud del concejal de Juntos por el Cambio, Martín Rivas.

El opositor cuestionó, una vez más, en duros términos al Gobierno por los aumentos de tasas, especialmente por la de Red Vial, y calificó de "mala administración" a la gestión Salazar. "El dinero no les alcanza porque lo administran mal", aseguró.

Por último, el concejal de La Libertad Avanza Mauro de Rosa dijo que le hubiera gustado que los términos de las ordenanzas fiscal e impositiva se discutieran a lo largo del año para llegar a este momento "con un consenso".

Con la mala costumbre de enviar los expedientes extemporáneos, el Gobierno pidió al Concejo Deliberante que apruebe una nueva prórroga con la empresa Tipsa, que tiene a su cargo el cobro el derecho de publicidad y propaganda y el canon de antenas.

El expediente ingresó formalmente el lunes y ese mismo día, en reunión de comisión, el secretario de Economía, Roberto Borgo, les dijo a los concejales que esta extensión es la última.

El intendente y el representantes de Tercerización de Ingresos Públicos S. A. firmaron en noviembre una prórroga del contrato vencido en diciembre del año pasado con plazo hasta el 31 de este mes. Las fechas fueron objeto de quejas, una vez más, de la oposición.

En comisión, Borgo les dijo que el retraso obedecía a gestiones relacionadas con el canon por soporte de antenas ante las empresas telefónicas, que tienen un retraso  de ejercicios anteriores.

El funcionario confirmó a La Opinión que esta prórroga será la última con Tipsa: "A partir del año que viene nosotros no vamos a hacer ningún convenio, así que seguramente vamos a determinar nosotros y la empresa habrá agotado su instancia".

Conocida como "tasa de cartelería", la tarea de Tipsa consiste en medir los carteles de publicidad que se exponen en la ciudad para cobrarles a las marcas por metro. Del total percibido, su comisión es del 22 por ciento.

Para 2025, el Gobierno decidió dejar de cobrarles ese derecho a los comerciantes locales, que podrán instalar los carteles con sus negocios y marcas sin necesidad de tener que abonar este gravamen.

Además, la ordenanza impositiva para el año que viene establece que se eliminarán diversos tipos de carteles de la nómina de alcanzados por el tributo, de manera tal que sólo paguen cuando excedan la línea municipal y ocupen espacio público.

El incremento de este derecho será del 100 por ciento para el ejercicio que viene, pero el Gobierno reconoce en los proyectos del Presupuesto 2025 las dificultades que comportó este sistema, que llegó a la ciudad en el año 2010.

Desde su implementación, tuvo dificultades. Sobre todo porque las grandes marcas tienden a interponer recursos administrativos y judiciales que dilatan el cobro del canon, lo que reduce significativamente el porcentaje de cumplimiento cada año.

El contrato original con Tipsa venció en 2014 y desde entonces se firmaron sucesivas prórrogas que luego fueron convalidadas por el Concejo Deliberante, generalmente por las mayorías oficialistas y con cuestionamientos de la oposición, que plasmó en proyectos propios lo que ahora el Gobierno lleva a votación en las Fiscal e Impositiva 2025.

En el caso de los comercios locales, muchos sacaron los carteles para evitar que les cobren este gravamen. Ponerle fin al tributo puede contribuir, entonces, a mejorar el aspecto de la ciudad, que en muchos casos quedó desprolijo al tener las estructuras vacías.

El Gobierno municipal presentó este viernes el paquete de proyectos para el Presupuesto 2025, que incluye el cálculo de recursos y gastos, y las ordenanzas fiscal e impositiva, que establecen qué gravámenes se cobrarán el año que viene y cuánto costarán.

Los incrementos, según la tasa o derecho, van del 20 al 150 por ciento respecto del año anterior. Además, el Gobierno plantea en el proyecto de Impositiva que concejales y Mayores Contribuyentes autoricen al intendente a ajustar bimestralmente según la inflación que mida el Indec a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Tras aumentar un 80 por ciento ABL y un 50 por ciento Servicios Sanitarios, el Ejecutivo propuso para esas tasas una suba de entre el 20 y el 50 por ciento, porcentajes que se verán afectados por el revalúo fiscal bonaerense.

El aumento para ABL es del 20 por ciento y, según informó el Gobierno, las propiedades de menor valuación fiscal no tendrán incrementos en recolección de residuos, que es el ítem que se calcula de esa manera.

En cuanto a Servicios Sanitarios, el incremento propuesto es del 30 % para las de menor valuación y del 50 % para el resto. Tanto en esta como en la tasa anterior habrá que ver cómo impacta la valuación fiscal de Arba, sobre la que se calcula.

En ambos casos hubo un "trabajo de recategorización" que forma parte del convenio con la Universidad Nacional de La Plata.

Servicios Sanitarios para actividades comerciales tendrá una suba de entre el 50 y el 100 por ciento, dependiendo del rubro, indica el proyecto enviado al Concejo Deliberante y que los ediles ya tienen en sus manos para analizar.

La tasa por conservación, reparación y mejorado de la Red Vial, que pagan los propietarios de inmuebles en la zona rural, aumentará un 150 por ciento y es la que, nominalmente, tiene mayor incremento para el año que viene.

"San Pedro aporta el 41,6 % del valor agropecuario de la región y ese el que menos carga tributaria aplica", aseguraron desde el Gobierno. 

En el proyecto de ordenanza impositiva advierten que deberán "profundizar el análisis de las propiedades rurales para desandar la desigual carga" tributaria.

Seguridad e Higiene, por su parte, tendrá para todas las categorías y modalidades de cálculo un aumento del 100 por ciento respecto del año pasado, con excepción de los mínimos especiales, en cuyo caso la suba va del 50 al 100 por ciento.

El derecho de Publicidad y Propaganda, conocido también como "tasa de cartelería", tendrá un aumento del 100 por ciento con la particularidad de que los comercios locales no pagarán y cobrarán por el resto "cuando excedan la línea municipal y ocupen espacio público", un paso adelante que supieron reclamar y proponer desde la oposición.

Los comercios también se verán beneficiados con la eliminación de los derechos de ocupación de espacio público "mientras no afecten la circulación de veredas". 

Es decir que siempre y cuando los peatones puedan circular, se podrá disponer bultos sin pagar en comercios como verdulerías, jugueterías o ferreterías, por ejemplo, y mesas y sillas en bares y restaurantes.

El derecho de Cementerio sufrirá incrementos del 100 por ciento, al igual que la tasa por servicios varios. Las patentes de motos aumentarán un 50 por ciento el año que viene.

El Gobierno incluyó nuevos fondos afectados y eliminó la denominada "sobretasa de Seguridad", que sumaba un 5 por ciento a los tributos. 

En cambio, crea un Fondo Especial de Seguridad, con el mismo destino, y que se alimentará del 5 % de todos los ingresos ordinarios, con excepción de patentes.

Con la misma modalidad crearán un Fondo de Medidores (3 por ciento) y un "Fondo de Reparación Histórica del Palacio municipal" (2 %) que permitirá, por ejemplo, destinar recursos especiales para el Salón Dorado, como pidió el concejal opositor Martín Rivas; un "Fondo de Promoción del Fortalecimiento Productivo" (5 %); y un "Fondo especial para Obras y Servicios Públicos" (16 %, aunque 1 % es para Turismo).

Respecto del ajuste bimestral por IPC, el Gobierno planteó que es “una variable que permite no estimar en demasía incrementos anuales” y "recuperar recursos y no generar déficits, atendiendo la evolución de la economía con un índice acorde".

Los expedientes ingresarán formalmente el lunes en sesión extraordinaria convocada para las 9.30 de la a mañana y comenzará el análisis. Como todos los años La Opinión hará el propio, que difundirá en sucesivas publicaciones de las que este pantallazo sobre el proyecto de ordenanza impositiva es la primera.

“Consideramos que este aumento resulta desmedido, injustificado y carente de razonabilidad. Esto se agrava por el hecho de que las Tasas son una contraprestación de servicios, y en muchos casos, estos servicios no se están prestando adecuadamente”, manifestó un grupo numeroso de vecinos que expresó su disconformidad respecto al aumento del 80 % en la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza, y del 50 % en Servicios Sanitarios.

Respecto a Servicios Sanitarios, “es evidente que en numerosos barrios de la ciudad no se cumplen con los estándares mínimos de prestación, y las cloacas rebalsadas que se observan en distintos puntos de San Pedro son prueba de ello. Un aumento de Tasas en estas condiciones resulta inadmisible, especialmente en un contexto de inflación y crisis económica que afecta gravemente a nuestra comunidad”, dicen en el texto.

Los vecinos prosiguieron en la senda del rechazo. Otro párrafo fue dedicado al contenido de la ordenanza. “Manifestamos nuestro profundo desagrado por la falta de respeto a los derechos adquiridos por aquellos contribuyentes que realizaron el pago anual de las Tasas, accediendo a los descuentos y beneficios establecidos en el Decreto Nº 15/2024”, señalaron.

Consideraron que el artículo 4 de la ordenanza “es inconstitucional, al violar principios fundamentales como la equidad tributaria, la seguridad jurídica y la garantía de propiedad, consagrados en la Constitución Nacional y Provincial”.

De todos modos, respecto a este último punto, el Gobierno ya dijo que para este sector no habrá aumento, puesto que decretó una “bonficación” para quienes cumplieron de antemano.

Asimismo, los firmantes del petitorio interpretaron que “son los contribuyentes que realizaron el pago anual quienes están siendo directamente afectados” y que es deber de estos vecinos “respaldarlos en la defensa de los derechos que les fueron vulnerados”, ante una eventualidad presentación judicial de un “accionar que consideramos ilegal por parte de la Municipalidad de San Pedro”.

El documento tiene como finalidad la petición a Cecilio Salazar de “vetar los aumentos desmedidos y, sobre todo, vetar el artículo 4 de la Ordenanza Nº 6.675, por considerarlo inconstitucional e ilegal”.

A su vez dejaron un mensaje para los Mayores Contribuyentes que aprobaron el incremento de las Tasas: “Pedimos que no sean cómplices de esta estafa. Somos sus vecinos quienes les solicitamos que se pongan en el lugar de cada contribuyente que, día a día, como ustedes, ven cómo las Tasas aumentan sin que haya una reacción ni un gesto del Estado Municipal para recomponer la situación económica y financiera de nuestro Municipio".

"No son los contribuyentes quienes deben pagar las consecuencias de malas políticas y gestiones de los últimos nueve años, sino quienes asumieron el compromiso de liderar con responsabilidad y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos”, finalizaron en el escrito presentado ante las autoridades con cientos de firmas.

El concejal de Juntos por el Cambio Martín Rivas elevó un proyecto de ordenanza que propone derogar la denominada "tasa por conservación de las vías de acceso" creada por el Gobieerno en la última ordenanza fiscal, cuyo monto exigible fue aprobado por el oficialismo y los mayores contribuyentes en la Impositiva, en diciembre pasado.

Rivas, en consonancia con planteos que se han hecho a lo largo del país contra gravámenes similares, consideró que la tasa es "inconstitucional" y que "configura la pretensión del establecimiento de una verdadera aduana, además de restringir la libertad de circulación y el libre ejercicio del comercio o industrias lícitas".

Cuestionó que el Gobierno "se empecine desconociendo los principios básicos tributarios" al sancionar "tasas que en realidad son impuestos", al tiempo que advirtió que ese tipo de tributos debe tener correspondencia con "una concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio".

Rivas señaló que las vías de acceso pavimentadas, las rutas 1001 y 191, son caminos provinciales, por lo que es a esa administración a la que le corresponde "su control, mantenimiento, conservación y reconstrucción".

Consideró que este tipo de "disposiciones equivocadas, onerosas e inexplicables, son atentatorias de la posibilidad del desarrollo de San Pedro, la creación de nuevas fuentes de trabajo genuino y aportan a la consolidación del atraso material y espiritual en que se halla sumida esta comunidad".

La tasa por conservación de las vías de acceso fue creada para reemplazar la de pesaje, vigente hasta el ejercicio pasado, y grava con 1250 pesos el ingreso y egreso de vehículos de transporte de carga que superen los 25 mil kilos y con $ 10.500 por cada micro de mediana y larga distancia que supere la capacidad de 40 pasajeros.

La contraprestación que figura en la ordenanza fiscal vigente indica: "Servicios de control, mantenimiento, conservación y reconstrucción de las vías de ingreso y egreso de la ciudad afectadas por la circulación de vehículos pesados".

La tasa, para el período 2024, está eximida para quienes tengan domicilio en San Pedro, por lo que la pagan transportes de cargas y pasajeros cuya razón social o propiedad estén registrados en otra jurisdicción.

Esta semana, tras demoras en la implementación, el Gobierno instaló una "posta de fiscalización" en la intersección de ruta 1001 y exruta 9, en Río Tala, para controlar el cumplimiento por parte de los transportistas.

Rivas deberá reunir 10 votos para derogar la tasa, por lo que tendrá, además de convencer a los otros ocho opositores, que contar con al menos uno de la bancada oficialista. El planteo de “inconstitucionalidad” de la ordenanza es materia que corresponde a la Justicia.

Cuando un vehículo es secuestrado en el marco de operativos de tránsito por algún tipo de infracción, además de pagar la multa correspondiente que fija el Juzgado de Faltas, el propietario que tramite su restitución debe pagar otros costos.

Es que el traslado de una moto, un auto, una camioneta o el vehículo que sea desde la zona de la infracción hasta el depósito municipal debe pagarse si implica el uso de grúa. Además, por cada día que pase desde la incautación hasta la restitución hay que abonar la estadía.

Este jueves, la asamblea de concejales y Mayores Contribuyentes tratará la ordenanza impositiva 2023 con el aumento de tasas, derechos y otros tributos municipales, fijado en torno al 60 por ciento para casi todos los tributos.

El traslado de un automotor desde el lugar de la infracción hasta el depósito municipal costará alrededor de 4.000 pesos desde enero, cuando entre en vigencia la nueva ordenanza impositiva, si se aprueba este jueves.

La estadía en el depósito municipal de los distintos rodados también sufrirá incremento desde el año que viene. Los propietarios de motos deberán abonar casi 340 pesos por cada día que su vehículo pase bajo la custodia del Estado.

Los automotores cuyo peso no superen las 3,5 toneladas pagarán poco más de 500 pesos por día y los que superen ese tonelaje, alrededor de $ 670, según establece la ordenanza impositiva cuya preparatoria ya aprobaron los ediles y sobre la que resta la aprobación de Mayores Contribuyentes para que entre en vigencia.