"No culpables" fue el veredicto del jurado ciudadano que tuvo la responsabilidad de juzgar el caso del asesinato de Alfonso Vallejos, ocurrido en mayo del año pasado en el barrio Villa Igoillo.

Los vecinos que oficiaron de jurado escucharon durante dos jornadas a los testigos y a los propios imputados, que tuvieron acusaciones cruzadas entre sí y hasta se sometieron a un careo, lo que generó dudas respecto de las responsabilidades penales que podrían caberles.

Así, Ricardo Ontivero, Jesús Montaldi, Matías Tesey, Carlos Martínez y Juan Juárez fueron absueltos.

La Justicia deberá ponerlos en libertad de manera inmediata, puesto que todos llegaron detenidos con prisión preventiva al debate oral.

En la primera jornada, todos acusaron a Tesey de ser el responsable de darle muerte a Vallejos y defendieron la tesis de que ellos habían sido contratados por Ontivero para hacer una mudanza. Tesey, por su parte, apuntó a Martínez, lo que provocó contradicciones y dudas.

Tras los testimonios, el jurado ciudadano se retiró a deliberar. Tenía la opción de homicidio calificado por promesa remuneratoria o sicariato para todos; homicidio simple para Tesey o Martínez; o bien la absolución. 

Se inclinaron por la tercera opción y decidieron declarar “no culpables” a los cinco imputados.

Juárez y Martínez fueron asistidos por la Defensoría Pública, a cargo del defensor oficial Joaquín Castro y su equipo; el resto, fue con defensa particular.

Ontivero fue defendido por el estudio jurídico de Hugo Lima (h); Montaldi estuvo representado por el abogado nicoleño Marcelo Guarc; y Tesey tenía el patrocinio de Silvia Sternari.

El trabajo de los defensores, sobre todo de los oficiales y de los de Montaldi y Ontivero, estuvo centrado en demostrar que no había elementos suficientes como para considerar que los acusados fueron a matar a Vallejos.

Sembraron la duda y el jurado ciudadano fue implacable: los declaró no culpables al no poder establecer con certeza qué responsabilidades penales cabían para los imputados.

Comenzó este miércoles el juicio por jurados contra los cinco acusados del asesinato de Alfonso Vallejos, ocurrido en mayo del año pasado en Molina y Gardel, en el barrio Villa Igoillo.

En la primera jornada, tras la validación del jurado ciudadano que deberá decidir si los imputados son culpables o no, prestaron declaración en la sala de audiencias los cinco detenidos.

Ricardo Ontivero, Carlos Martínez, Matías Tesey, Jesús Montaldi y Juan Juárez llegaron a juicio acusados de "homicidio agravado por promesa remuneratoria”, lo que comúnmente de conoce como "asesinato por encargo" o "sicariato".

Antes que ellos, testificaron vecinos y la mujer que residía con Vallejos en otra dependencia de la casa. Lo más relevante, sin embargo, fue la declaración de los acusados.

Ontivero y Martínez apuntaron, una vez más, a Tesey como quien se trenzó en lucha con Vallejos, quien recibió un mazazo en la cabeza y una herida de arma blanca en el cuello, por lo que todo indica que fue más de uno quien lo atacó.

Tesey, por su parte, dijo que él lo quiso asistir a Vallejos y le endilgó las responsabilidades materiales del asesinato a Martínez. Esos desencuentros generaron la necesidad del careo, previsto para este jueves.

La audiencia terminó a las 20.00 y el juicio se retomó por la mañana de hoy. Además del careo, estaba previsto que testifique el personal policial que intervino en el hecho tras la muerte de Vallejos.

Si todo va por los carriles normales, luego serían los alegatos y podría conocerse la decisión del jurado, que debe expedirse respecto de si los cinco acusados son culpables o inocentes del asesinato.

Luego, el Tribunal deberá dictar la sentencia con la pena correspondiente. Para el delito del que están acusados Ontivero y compañía, la única condena posible es a prisión perpetua.

La acusación inicial sostiene que Ricardo Ontivero contrató a Jesús Montaldi, Matías Tesey, Carlos Martínez y Juan Juárez para asesinar a Adolfo Vallejos con el objetivo de recuperar un terreno cuya propiedad reclama, ubicado a metros de su casa y por que el que la víctima supo pagar un alquiler a la abuela de Ontivero, fallecida.

La defensa de Ontivero, a cargo de Hugo Lima (h), planteó desde el primer momento que el acusado había pagado al resto para que "lo saquen" a Vallejos del predio, pero no para que lo maten. Los otros imputados hablaron de que fueron contratados "para una mudanza".

Adolfo Vallejos residía en la esquina de Molina y Gardel en un vivienda montada dentro de un terreno que había alquilado a María Sartirana de Ontivero, la abuela de Ricardo Ontivero, unos 9 años antes de aquellos días de mayo de 2022 en que fue asesinado.

Cuando la señora murió, Vallejos dejó de pagar y hasta obtuvo asesoramiento de un reconocido abogado, que suele participar de entuertos similares, para intentar tramitar la posesión.

El viernes pasado tuvo lugar la última audiencia preliminar camino al juicio por jurados por el asesinato de Adolfo Vallejos, ocurrido en mayo del año pasado en un terreno ubicado en Manuel Iglesias y Carlos Gardel, en el barrio Villa Igoillo.

El Tribunal sorteó los vecinos de la región que oficiarán como jurados ciudadanos y que tendrán la responsabilidad de establecer si los cinco imputados son culpables o inocentes del delito del que están acusados: homicidio agravado por promesa remuneratoria, es decir asesinato por encargo o sicariato.

Las jornadas del debate fueron fijadas para los días 10, 11 y 12 de diciembre próximos y tendrán lugar en la sala de audiencias del Palacio de Tribunales de San Nicolás.

Ricardo Ontivero, Carlos Martínez, Matías Tesey, Jesús Montaldi y Juan Juárez, están detenidos con prisión preventiva y llegan a juicio en esa condición. Si son hallados culpables, la única condena posible es la de prisión perpetua.

El juicio por jurados tendrá lugar puesto que el Tribunal rechazó el acuerdo entre el fiscal Vicente Gómez y la Defensoría Oficial para llevar a los acusados a juicio abreviado con una pena máxima de cuatro años bajo la carátula de "homicidio en ocasión de riña".

Los testimonios recogidos en la instrucción permiten adelantar que los abogados defensores de los imputados —tres tienen defensoría particular y dos, oficial— tendrán una ardua tarea para convencer al jurado acerca de que sus pupilos no son culpables.

La acusación inicial sostiene que Ricardo Ontivero contrató a Jesús Montaldi, Matías Tesey, Carlos Martínez y Juan Juárez para asesinar a Adolfo Vallejos con el objetivo de recuperar un terreno cuya propiedad reclama, ubicado a metros de su casa y por que el que la víctima supo pagar un alquiler a la abuela de Ontivero, fallecida.

La defensa de Ontivero, a cargo de Hugo Lima (h), planteó desde el primer momento que el acusado había pagado al resto para que "lo saquen" a Vallejos del predio, pero no para que lo maten. Los otros imputados hablaron de que fueron contratados "para una mudanza".

Adolfo Vallejos residía en la esquina de Molina y Gardel en un vivienda montada dentro de un terreno que había alquilado a María Sartirana de Ontivero, la abuela de Ricardo Ontivero, unos 9 años antes de aquellos días de mayo de 2022 en que fue asesinado.

Cuando la señora murió, Vallejos dejó de pagar y hasta obtuvo asesoramiento de un reconocido abogado, que suele participar de entuertos similares, para intentar tramitar la posesión.

El asesinato de Adolfo Vallejos, ocurrido el 12 de mayo de 2023 en un terreno ubicado en Molina y Gardel, en Villa Igoillo, no se definirá en juicio abreviado sino que habrá debate oral y público con jurado ciudadano.

Así lo definió el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 tras la oposición de la familia de Vallejos al acuerdo al que habían arribado el fiscal subrogante Vicente Gómez y los defensores de los imputados.

Ese acuerdo era para cerrar la causa en trámite abreviado, con una pena máxima de 4 años de prisión para los acusados, bajo la carátula de "homicidio en ocasión de riña". 

Sin embargo, para el Tribunal hay una “discrepancia insalvable entre la descripción táctica y la calificación legal” de los hechos ocurridos aquél sábado en la casa que habitaba Vallejos y todo volvió al plan original.

Es decir que Ricardo Ontivero, Carlos Martínez, Matías Tesey, Jesús Montaldi y Juan Juárez, todos detenidos con prisión preventiva, serán juzgados por el delito de “homicidio agravado por promesa remuneratoria”, lo que comunmente de conoce como "asesinato por encargo" o "sicariato".

La semana que viene será la audiencia preliminar camino al juicio por jurados que, de acuerdo a los plazos habituales de la Justicia, podría tener lugar a principios del año que viene.

El jurado deberá analizar si Ontivero y sus cómplices son culpables o inocentes del asesinato de Vallejos. Si los responsabilizan, la pena será la máxima posible: prisión perpetua.

La acusación inicial sostiene que Ricardo Ontivero contrató a Jesús Montaldi, Matías Tesey, Carlos Martínez y Juan Juárez para asesinar a Adolfo Vallejos con el objetivo de recuperar un terreno cuya propiedad reclama, ubicado a metros de su casa y por que el que la víctima supo pagar un alquiler a la abuela de Ontivero, fallecida.

La defensa de Ontivero, a cargo de Hugo Lima (h), planteó desde el primer momento que el acusado había pagado al resto para que "lo saquen" a Vallejos del predio, pero no para que lo maten. Los otros imputados hablaron de que fueron contratados "para una mudanza".

Adolfo Vallejos residía en la esquina de Molina y Gardel en un vivienda montada dentro de un terreno que había alquilado a María Sartirana de Ontivero, la abuela de Ricardo Ontivero, unos 9 años antes de aquellos días de mayo de 2022 en que fue asesinado.

Cuando la señora murió, Vallejos dejó de pagar y hasta obtuvo asesoramiento de un reconocido abogado, que suele participar de entuertos similares, para intentar tramitar la posesión.

Ontivero se enteró y comenzó a amenazar a Vallejos para que se vaya, según aseguró Marilín Molina, una joven que dijo que le había "comprado" una fracción del terreno a Vallejos y que residía en el lugar.

En la causa hay una testigo que refirió que mientras conversaba con Vallejos pasó Ontivero y lo amenazó de muerte. Que discutieron y le dijo al viejo “esta noche te vamos a hacer cagar”.

“Esta noche la casa es mía porque contraté a cuatro para matar al viejo”, atestiguó esa mujer que le dijo Ontivero. Ese sábado,  Carlos Martínez, Matías Tesey, Jesús Montaldi y Juan Juárez lo acompañaron para sacarlo de la casa, lo golpearon con una maza y lo mataron de una puñalada.

Tras la audiencia celebrada este miércoles en los Tribunales de San Nicolás, esta semana será clave para los acusados del crimen de Adolfo Vallejos cometido en mayo del año pasado en Villa Igoillo.

Es que el Tribunal debe decidir sobre la admisibilidad del juicio por trámite abreviado acordado entre el fiscal subrogante Vicente Gómez y los defensores, a propuesta del oficial Joaquín Castro, con un cambio de carátula que reduce significativamente la pena en expectativa.

Si los jueces admiten el abreviado, serán juzgados con los elementos que obran hasta ahora en el expediente por "homicidio en ocasión de riña", con acuerdo de pena máxima de cuatro años de cárcel.

De lo contrario, de mantenerse la carátula original de "homicidio agravado por promesa remuneratoria", es decir asesinato por encargo o sicariato, la única posibilidad de condena es con prisión perpetua.

La acusación inicial sostenía que Ricardo Ontivero había contratado a Jesús Montaldi, Matías Tesey, Carlos Martínez y Juan Juárez para asesinar a Adolfo Vallejos con el objetivo de recuperar un terreno cuya propiedad reclama, ubicado a metros de su casa y por que el que la víctima supo pagar un alquiler a la abuela de Ontivero, fallecida.

La defensa de Ontivero, a cargo de Hugo Lima (h), planteó desde el primer momento que el acusado había pagado al resto para que "lo saquen" a Vallejos del predio, pero no para que lo maten. Los otros imputados hablaron de que fueron contratados "para una mudanza".

Adolfo Vallejos residía en la esquina de Molina y Gardel en un vivienda montada dentro de un terreno que había alquilado a María Sartirana de Ontivero, la abuela de Ricardo Ontivero, unos 9 años antes de aquellos días de mayo de 2022 en que fue asesinado.

Cuando la señora murió, Vallejos dejó de pagar y hasta obtuvo asesoramiento de un reconocido abogado, que suele participar de entuertos similares, para intentar tramitar la posesión.

Ontivero se enteró y comenzó a amenazar a Vallejos para que se vaya, según aseguró Marilín Molina, una joven que dijo que le había "comprado" una fracción del terreno a Vallejos y que residía en el lugar.

En la causa hay una testigo que refirió que mientras conversaba con Vallejos pasó Ontivero y lo amenazó de muerte. Que discutieron y le dijo al viejo “esta noche te vamos a hacer cagar”.

“Esta noche la casa es mía porque contraté a cuatro para matar al viejo”, atestiguó esa mujer que le dijo Ontivero. Ese sábado,  Carlos Martínez, Matías Tesey, Jesús Montaldi y Juan Juárez lo acompañaron para sacarlo de la casa, lo golpearon con una maza y lo mataron de una puñalada.

El 13 de junio se cumplió un mes del asesinato de Adolfo Vallejos en la esquina de Molina y Gardel, en el barrio Villa Igoillo. Ese día, uno de los cinco detenidos y sindicado como el que contrató a los otros para atacar a la víctima, fue filmado en un video en el que hace chistes alusivos al crimen.

“Acá estamos, festejando el primer mes de este viaje, que no sabemos cuándo volvemos porque compramos boleto de ida y no de vuelta, pero en alguna estación ya va a haber algún boleto de vuelta”, dice Ricardo Ontivero en el video, que se viralizó desde la Unidad Penal 3 de San Nicolás, donde está detenido.

El registro fue tomado por otros internos de esa cárcel bonaerense el 13 de junio, una semana antes de que el Juzgado de Garantías resolviera que él, Carlos Martínez, Matías Tesey, Jesús Montaldi y Juan Juárez sigan presos con prisión preventiva por el caso.

“Acá estamos festejando el primer mes, amasando unas tortas fritas, tranquilo, muy tranquilo”, dice entre bromas por el “palo de amasar”, un termo de telgopor de Taragüí que se comercializa con el denominado “matefácil”.

“Así que acá estamos, compartiendo con los muchachos, los amigos compañeros de celda, hoy 13 de mayo (en realidad es 13 de junio) hace un mes, martes 13, lo vamos a retrucar con unas tortas fritas”, dice Ontivero, de remera y pantlón negros, mientras amasa obre una mesa en la celda.

“Me agarraron con las manos en la masa”, ríe y hace un gesto para repetir “con las manos en la masa”, en alusión al asesinato de Adolfo Vallejos, a quien atacaron con una maza y cuchillos cuando lo mataron.

Ontivero, además de la causa por homicidio agravado por precio o promesa remuneratoria que lo mantiene detenido con prisión preventiva, fue condenado en las últimas semanas por abuso sexual simple cometido contra un menor con quien guarda un vínculo familiar cercano.

Este miércoles el Juzgado de Garantías se expidió respecto de la situación procesal de los cinco imputados por el homicidio de Adolfo Vallejos, ocurrido el pasado 12 de mayo en el barrio Villa Igoillo, y decidió mantenerlos detenidos con prisión preventiva.

Así, Ricardo Ontivero, Carlos Martínez, Matías Tesey, Jesús Montaldi y Juan Juárez permanecer alojados en las celdas de unidades penales de Junín y San Nicolás donde fueron trasladados tras unas semanas en la Comisaría, luego de la detención.

La fiscala Ramos solicitó mantener la califiación de homicidio agravado por el precio o promesa remuneratoria, es decir un “crimen por encargo”, puesto que, consideró, hay testimonios que dan cuenta de que Ontivero amenazó de muerte a Vallejos y, sostuvo, el monto a pagar por la presunta mudanza, 150 mil pesos, es “llamativo”.

La defensa de Ontivero, a cargo de Hugo Lima (h), planteó que no consideraba acreditado que hubiera un “pacto por homicidio a cambio de dinero” sino que lo que habían pactado era “un desalojo de muebles y viviendas”. En ese sentido, sostuvo que “No se dio un sicariato, sino un changa” para “mudanza o limpieza”.

El defensor particular de Montaldi, Marcelo Guarc, señaló que él había sido contactado por Juárez para hacer una mudanza y que nada sabía del acuerdo entre Ontivero y Martínez para la tarea, así como tampoco tenía conocimiento del conflicto previo entre Ontivero y Vallejos.

La defensa oficial de Tesey, que no declaró en la indagatoria, planteó que la acusación en su contra sólo se desprende de los dichos del resto, que buscan “mejorar su situación procesal”. Sobre el desenlace fatal del episodio, aseguró que “se encontraron con un resultado de muerte no querido”.

Algo similar indicó la defensa oficial de Martínez y Juárez, que planteó la “participación secundaria” de ambos y pidió que, como carecen de antecedentes y no habría posibilidad de que entorpezca la prueba que resta producir, deberían estar en libertad o al menos con arresto domiciliario.

La jueza María Eugenia Maiztegui consideró que los elementos probatorios existente son suficientes para rechazar los pedidos de falta de mérito, cambio de calificación penal y libertad para los cinco detenidos, puesto que alcanzan para “tener por acreditada la materialidad delictiva y la probable autoría” de los acusados.

Para la magistrada hay “contradicciones entre lo manifestado” por los cinco imputados al momento de declarar tanto con lo consignado en el actad de procedimiento como con lo que refirieron los testigos.

Aunque todos dijeron que no habían llevado elemento alguno, la policía constató que había una maza, machetes y un cuchillo. Mientras uno saltó la reja, otro el tapial y otro rompió el portón, los otros dos, entre ellos Ontivero, estaban en el lugar cuando “sacaron arrastrando a Vallejos”.

El testimonio de Ontivero tampoco colaboró mucho en su defensa. Dijo que le había “pedido bien” a Vallejos que se fuera y que cuando le comentó a Martínez la situación “él se ofreció a desalojarlo” y que le iba a cobrar 150 mil pesos, con limpieza de terreno incluida.

La jueza advirtió que Ontivero y Martínez se contradicen respecto de la presencia de una persona. Mientras el primero refiere que el pacto era para desalojarlo, el otro dijo que no sabía que Vallejos estaba adentro y que desconocía el conflicto.

“No resulta creíble que Ontivero pudiera pensar que, con la sola petición de Martínez, Vallejos se fuera sin más de la casa”, analizó Maiztegui. Es que, bien dijo el propio Ontivero, ya se lo había “pedido bien”, sin resultados.

La participación de todos aparece, según la resolución judicial, sostenida también por la presencia de manchas de sangre en la ropa de todos. La jueza descree de la versión de la “mudanza”, en la medida en que “no contrataron flete alguno”.

“Los cinco imputados asistieron al lugar del hecho llevados por el propio Ontivero en su camioneta, ingresaron mediando violencia y agredieron al causante hasta provocar su fallecimiento, constituyendo un fuerte indicio en su contra lo manifestado cuando estima el monto a cobrar por el trabajo de 150.000 pesos, a mi criterio una suma alto elevada para una simple mudanza”, señala la resolución.

Ontivero, Juárez y Montaldi permanecerán detenidos en la Unidad Penal 3 de San Nicolás; Martínez y Tesey, por su parte, en la Unidad Penal 49 de Junín. Ahora, la Justicia deberá resolver en cada caso respecto de los pedidos de arresto domiciliario para que puedan cumplir la prisión preventiva en su casa.

El sábado, antes de las 20.00, el barrio Villa Igoillo fue escenario de un asesinato. Ricardo Ontivero contrató a cuatro hombres para desalojar de un terreno a Adolfo Vallejos y la acción terminó en crimen, con los autores detenidos y a disposición de la Justicia.

Adolfo Vallejos residía en la esquina de Molina y Gardel en un vivienda montada dentro de un terreno que había alquilado a María Sartirana de Ontivero, la abuela de Ricardo Ontivero, hace alrededor de 9 años. Cuando ella se murió, dejó de pagar.

Vallejos y un conocido abogado de vasta experiencia y contactos para detectar personas mayores con propiedades que no cuentan con toda su documentación lo asistió para el intento de tramitar la posesión del lugar.

Ontivero se enteró. Marilín Molina, la joven que dice que le “compró” una fracció del terreno a Vallejos, aseguró que el asesinado había sido víctima de amenazas por parte de quien luego contrató a cuatro hombres para desalojarlo.

Semanas atrás, cuando la policía fue a ese predio a buscar a la pareja de Marilín, vinculado a un hecho delictivo, Ontivero habló con policías sobre la situación y le recomendaron que vaya a la Justicia. “Si tenés los papeles, no vas a tener problemas”, dicen que le refirieron. Sin embargo, no lo hizo.

La documentación existe. Un fallo firmado el 8 de octubre de 2007 por la entonces jueza de Paz Stella Maris Ruiz hizo luga a la “demanda por adquisición de dominio por posesión veinteañal” promovida en su momento por María Sartirana de Ontivero con el abogado Facundo Vellón como apoderado y que, como cesionario del litigio, continuó su nieto, Ricardo Ontivero.

Además, ese fallo ordena la inscripción del dominio a nombre de Ontivero. Pero el inmueble objeto de esa resolución judicial no es el que ocupaba Vallejos sino el de al lado, por calle Molina, donde Ontivero construyó dos departamentos, uno que habitaba él y otro que alquilaba.

Así se desprende de los planos disponibles en Carto Arba. El bien inmueble sobre el que reza el fallo de la jueza Ruiz de 2007 es el identificado catastralmente como Cirunscripción I, Sección K, Parcela 19 A. Mide 8,66 por 17,32 metros. El de la esquina, el del conflicto con Vallejos, es el 20, según el plano.

“Ese lugar estaba destinado para una placita hace años”, sostuvo una vecina que vive desde hace más de tres décadas en la zona. Como los vecinos dijeron que había otros inmuebles que cursaban támites de posesión y escrituración por parte de la familia Ontivero, ofrecieron documentación a La Opinión.

Una escritura firmada en 1969 por el escribano Hugo Olivieri inscripta en el Registro de la Propiedad de La Plata y visada ante la División de Control de de Dominio de la Dirección General de Rentas un año más tarde señala que María Sartirana de Ontivero, José Casimiro Ontivero y Sartirana y Rosa María Ontivero Sartirana se distribuyeron la subdivisión de diez lotes en la manzana 479, propiedad de la familia, para inscribir dos, cuatro y cuatro, respectivamente.

Son los inmuebles designados catastralmente como Circunscripción I, Sección K, Manzan 479 (la de enfrente del terreno en conflicto que derivó en el crimen de Vallejos), parcelas 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31.