El caso de una vecina que recibió una intimación por parte de Coopser para pagar 300 mil pesos, acusada de tener el "medidor tocado" para eludir el registro real del consumo, llegó a Defensa del Consumidor.

La usuaria fue a la oficina municipal, donde tomaron intervención y remitieron una nota a la cooperativa para que brinde información detallada sobre el tema y "se abstenga de cortar el suministro" de energía en el domicilio en cuestión.

La cooperativa envió una carta documento a la vecina, en la que la intiman a pagar 300 mil pesos por "consumos no registrados, multas, gastos operativos y administrativos, intereses y contribuciones previstas".

En esa misiva le informan que el 30 de enero fue personal de la empresa Roma, contratada por Coopser para el control de los medidores, y detectó un "fraude" relacionado con la existencia de un “puente en la bornea del medidor”, que permite eludir el registro del consumo real de energía.

La oficina de Defensa del Consumidor pidió a la cooperativa que remita "la totalidad de la documentación vinculada al supuesto fraude", puesto que en la carta documento "únicamente se le indicó que debería abonar" los 300 mil pesos.

La Omic indicó que Coopser omitió brindarle "información clara, cierta, detallada y suficiente", como indica la ley que protege los derechos de los consumidores.

El incumplimiento de una empresa dedicada a la venta de planes de ahorro para automóviles le significó el pago de una multa de casi 12 millones de pesos para el Municipio y otros 6 millones de resarcimiento a la persona que lo adquirió.

En 2022 una mujer se presentó en la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor (OMIC) para describir lo que venía atravesando con Volkswagen Sociedad Anónima de Ahorro para Fines Determinados. 

Después de haber cumplido con el pago de 84 cuotas, en aquel momento no pudo hacerse del vehículo que debieron entregar hasta los 75 días posteriores al pago de la última cuota.

En la OMIC iniciaron un expediente y, tras los reclamos correspondiente, el automóvil fue entregado después de 617 días, casi 20 meses.

Sabrina Utreras Montes, titular de la OMIC, contó en Sin Galera que “no fue fácil la gestión, pese a que la empresa respondió y justificó la demora por el cese de las importaciones en momentos de la pandemia por el Covid-19”.

Su oficina, como detalló, se ocupó de la etapa conciliatoria, en procura de "llegar a un acuerdo a través de audiencias” para después dar lugar a la instancia sancionatoria, que estuvo a cargo del Juzgado de Faltas Municipal y ocurrió en los últimos días.

“Desde que pido la unidad, la sociedad administradora tiene 75 días, o 135 si hubo un cambio de modelo en el medio, para la entrega. A partir de ese plazo corre la multa. Para estos casos, cuando vence, la persona puede reclamar la mora del artículo 7, que es por la demora”, dijo Utreras Montes. En este caso se tomó en cuenta a partir del día 136 y hasta el 617 en que le entregaron el auto.

“Lo que se logró en la etapa conciliatoria fue la entrega de la unidad. Después la sociedad administradora le ofrece pagar la mora a la mujer, por 2.047.810 pesos, y ella lo acepta. Nosotros enviamos el acuerdo al Juzgado de Faltas para que lo homologue, vence el plazo para que pague, pero no pagó. Al no pagar, la ley nos permite imputar por incumplir por un acuerdo que está homologado”, indicó.

Ello llevó a la etapa sancionatoria, que estuvo a cargo del Juzgado de Faltas que conduce Jimena Gómez, cuya intervención permitió que el Estado Municipal perciba 11.814,478 pesos en concepto de multa, que ya fueron abonados sin haber apelado.

En tanto, “a la señora aún no le pagaron”, señaló Utreras Montes, la cifra que de 2 millones de pesos podría llegar, con los intereses del Banco Nación, a 6 millones de pesos, aproximadamente.

El vínculo entre las finanzas y la informática es un fenómeno que repercute significativamente en la Oficina de Defensa al Consumidor de nuestra ciudad.

Sabrina Utrera Montes, responsable de esta oficina, enfrenta a diario casos dentro de este amplio espectro, en los que los usuarios de redes sociales o teléfonos celulares están cada vez más expuestos a prácticas que requieren una atención rigurosa.

Las nuevas tecnologías han transformado la gestión de las finanzas personales, facilitando el acceso a información y servicios, pero también generando nuevos riesgos.

Desde hace tiempo se aconseja a los consumidores estar alerta ante posibles fraudes, que demandan intervenciones inmediatas de esta oficina.

La tarea desempeñada por Utrera Montes y su equipo es intensa, ya que deben ofrecer soluciones adecuadas dentro del marco normativo que les compete. A medida que surgen nuevas herramientas digitales y plataformas financieras, Defensa del Consumidor se mantiene informada para asesorar y proteger los derechos de los consumidores.

La situación con las entidades financieras, las billeteras virtuales, los problemas con tarjetas de crédito, los créditos, las refinanciaciones con tasas abusivas, el pago con Código QR y las denuncias por phishing constituyen algunos temas de una problemática que cada vez va en aumento.

“Existen diferentes casos, muchos relacionados con el pago de las billeteras virtuales. Una marca líder encabeza el listado de los reclamos”, contó a La Opinión la titular del organismo.

“También recibimos cuestionamientos sobre movimientos de dinero que en algunos casos no fueron realizados por el titular de la cuenta, así como deudas que las entidades crediticias transfieren a fideicomisos, lo que nos obliga a actuar como mediadores para su refinanciación”, añadió Utrera Montes.

Al respecto, destacó su sorpresa ante el grado de endeudamiento de la gente, cuyos valores superan ampliamente sus ingresos, y, al ser intimados, los intereses comienzan a tener un rol importante. “Sin embargo, se da una tendencia a alcanzar acuerdos sensatos, donde esos intereses terminan siendo razonables”, señaló.

En cuanto a los ciberataques, mencionó los casos de “phishing”, donde se utilizan correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas telefónicas o sitios web fraudulentos para engañar a las personas y obtener datos confidenciales, descargar malware o exponerlas a ciberdelitos en expansión.

Incluso ocurren situaciones inesperadas, como personas que creen realizar una compra o venta en redes sociales cuando, en realidad, están interactuando con delincuentes que operan desde cárceles solicitando datos de cuentas personales o interviniendo en llamadas a empresas con fines similares: acceder a cuentas bancarias para vaciarlas de fondos.

Estas estafas también se realizan a través de WhatsApp, con mensajes falsos de instituciones como CoopSer o el Centro de Comercio.

Las problemáticas son diversas y, en muchos casos, han causado daños significativos.

Numerosos casos documentados muestran las consecuencias graves de estas prácticas, lo que obliga a la comunidad a estar alerta, ya que la delincuencia sigue al acecho.

La oficina municipal de Defensa del Consumidor (Omic) informó que sus actuaciones de oficio ante la aparición de servicios no contratados en las facturas de Gigared dieron resultado y la empresa deberá darlos de baja.

La Omic informó que la compañía discontinuará "automáticamente los servicios adicionales de telemedicina y seguro de sepelio incluidos en la facturación de julio y agosto, aunque bonificados, sin necesidad de que ningún cliente deba realizar gestión o trámite alguno".

El organismo municipal que conduce Sabrina Utreras Montes había intimado a la empresa tras la aparición compulsiva de esos servicios, que sorprendieron a los clientes.

Los servicios eran "bonificados", es decir "sin cargo", pero durante dos meses. Luego, a partir de la facturación de septiembre, comenzarían a cobrarlos a todos aquellos que no los dieran de baja.

La actuación de Defensa del Consumidor permite que en San Pedro los usuarios que no hayan aceptado contratar ese servicio no deban pagar por no haberse dado de baja de algo que nunca solicitaron.

"En caso de que algún cliente no vea reflejada la cancelación de estos servicios en su factura del mes de septiembre, podrá dirigirse a realizar el reclamo directamente ante la empresa y/o ante sus oficinas", informaron desde la Omic.

La Oficina de Defensa del Consumidor intervino de oficio ante la aparición de servicios "bonificados" y "sin cargo" en la empresa Gigared, tras lo que aparecieron más usuarios que reclamaron y situaciones similares con otras empresas.

La titular del organismo, Sabrina Utreras Montes, confirmó a La Opinión que notificaron personalmente a la empresa en sus oficinas de San Pedro, donde se reunieron con el gerente operativo y la encargada local.

El expediente fue conformado tras la aparición de reclamos de usuarios que observaron en sus facturas que les habían "bonificado" servicios de telemedicina y de sepelio "sin cargo" por dos meses. Al tercer mes, si no se daban de baja, les empezaban a cobrar.

Todo indica que esta situación se dio en todos los distritos donde opera Gigared, por lo que en cada Municipio las oficinas de Defensa del Consumidor podrán intervenir para evitar el cobro compulsivo a usuarios que nunca solicitaron esos servicios.

Además, la Omic San Pedro tiene reclamos similares contra las empresas Personal Flow y Claro, puesto que hay usuarios a los que les "enchufaron" el servicio de streaming de Disney+ sin haberlo pedido, también con bonificación que luego se pierde y hay que empezar a pagar.

Hay casos en los que desde las compañías aseguran que los usuarios contrataron los servicios vía web y que los clientes desmienten. En algunos de ellos, las presuntas contrataciones aparecen como suscriptas en horarios insólitos.

La aparición de servicios no contratados en las facturas que los usuarios de la empresa Gigared recibieron en el último mes provocó alerta porque si bien son "sin cargo", obligan a ser cancelados porque si no comenzarán a cobrarlos dentro de dos meses.

La Oficina de Defensa del Consumidor confirmó a La Opinión que prepara una intimación a la empresa y solicitará la cancelación inmediata de esos servicios compulsivos y que se informe debidamente sobre la situación.

Los usuarios se sorprendieron al ver en sus facturas que la empresa Gigared, además de facturarles por los servicios de TV, Internet y Telefonía que presta, sumó seguros de sepelio y servicios de telemedicina —dos consultas virtuales con un médico al mes— sin que los hayan contratado.

La empresa informa que esos nuevos servicios son "bonificados" y "sin cargo". De hecho, en las facturas aparecen con un monto que se descuenta del total a pagar. Pero hay trampa.

“El servicio de telemedicina y seguro de sepelio será sin cargo durante julio/2024 y agosto/2024. A partir del 1 de septiembre tendrá un costo de $ 2.499”, dicen las factuas.

Pero además agregan: “En caso de no querer continuar con estos servicios, el cliente deberá comunicarlo a Gigared antes del 20 de agosto de 2024”.

Así, la empresa impone compulsivamente un servicio que nadie le contrató ni le pidió, sea bonificado o no, y, lo que es peor, obliga al usuario a tener que darse de baja de algo que no solicitó porque, si no, comenzarán a cobrárselo.

Los clientes recibieron e-mails en los que se informaba sobre la existencia de estos servicios, pero no indicaban un ofrecimiento con posibilidad de contratar sino apenas a título informativo.

Si el cliente no aceptó tras el detalle del servicio, no corresponde que se los cargue en la factura de manera inconsulta y mucho menos que esté obligado a darse de baja, explicaron desde Defensa del Consumidor.

“Antes teníamos muchas de alarmas de seguridad de una empresa que no tenían oficina en San Pedro, con las de Direct TV también pasaba”, dijo la titular de la Oficina de Defensa del Consumidor cuando fue consultada sobre los trámites más frecuentes.

Más allá de los clásicos, darse de baja de un servicio los lleva muchas veces a disponer el recurso humano en “centro de atención al cliente”, algo que se ahorran las empresas que tienen la obligación de facilitar la voluntad del consumidor de dejar de pagar porque ya no quiere ese servicio.

Sucede que en Argentina, desde 2020 el botón para proceder a dar de baja un contrato con cualquier prestador debe estar a la vista y arrojar un resultado seguro, por ejemolo “un libre deuda” que deje tranquilo a usuario con que en el futuro no le quedará un saldo pendiente que lo perjudique o se incremente. 

Uno de los clásicos es el saldo en la cuenta bancaria que si no se presta atención al momento en que se deja de ser cliente deL banco puede generar alguna deuda que tarde o temprano terminará en las compañías que se dedican a informes y calificaciones financieras. Lo mismo sucede con las tarjetas de crédito.

Desde 2020, la Resolución 271/2020 de la Secretaría de Comercio de la Nación exige que las empresas que prestan servicios contratados online, como seguros, telecomunicaciones, membresías y otras incluyan un "botón de baja" visible y de fácil acceso en su página web principal.

Hay que tener en cuenta que no es lo mismo el “botón de baja” que el “botón de arrepentimiento”. Este último deben ofrecerlo quienes hacen ventas on line a sus clientes.

“El botón de arrepentimiento no igual al botón de baja, porque te permite utilizarlo cuando vos te arrepentís de una compra o de la contratación de un servicio”, explicó Utreras Montes.

“Entonces tiene que existir ese botón de arrepentimiento para que permita revocar esa compra o esa contratación de ese servicio, siempre y cuando obviamente lo estés contratando a distancia. Si vos vas y comprás algo presencialmente, ahí ya no te puedés arrepentir", agregó.

En cuanto a los seguros, la Superintendencia de Seguros de la Nación reglamentó en 2021 la obligatoriedad del "botón de baja" para seguros contratados online o telefónicamente.

Los trámites que encabezan el ranking de la oficina local de Defensa del Consumidor son los planes de ahorro para la compra de un automotor, pero no faltan las personas que se acercan con estafas virtuales, compras por las que nadie responde y análisis de intereses que aplican a los deudores.

“En miuchos casos armamos el expediente, eso genera costos y alguna vez incluso con una resolución favorable o un ofrecimiento de devolución de dinero, la gente no vuelve”, apuntó la titular de la OMIC respecto de personas que a veces se presentan muy enojadas y una vez que se sienten aliviadas no vuelven aunque se las llame con una buena noticia.

“¿Se denuncia o no el aumento excesivo?”, esa fue la pregunta que disparó los principales consejos de la titular de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor.

Si bien hay libertad de precios y no todo se puede denunciar, la abogada Sabrina Utreras Montes dijo que el mejor resguardo en esos casos es el “derecho a la información” que tiene todo consumidor. Es decir que existe la obligación de exhibir o publicar claramente los precios. “Lo ideal seria que ese consumidor le pueda sacar una foto a la cenefa que está en la góndola y tenga ticket”, con esos dos elementos se puede demostrar si hay diferencia entre lo que uno elige y lo que luego se cobra. En los últimos meses, los carteles de precios han desaparecido. 

Desde hace semanas hay grupos de whapp que se defienden compartiendo ofertas, alertas y combos de alimentos a los que ahora sumaron los útiles escolares.

En ese sentido recordó los programas de precios que ya no están vigentes y señaló que durante la pandemia había una aplicación para celulares que permitía la denuncia directa. Esa función ya no está disponible. La Opinión releva la canasta local durante todo el año y conviene recordar la gran disparada de precios de Agosto de 2023.

Cuando fue consultada por los productos que se venden al borde de su fecha de vencimiento, la abogada indicó que en esos casos el consumidor debe estar atento porque “Hasta el último día tienen derecho”. En caso que el producto esté ya vencido “deben denunciar a Bromatología" y tomar número de lote, data fiscal del comercio y ticket de compra.

También fue tema de consulta lo que sucede con los alimentos que ahora exhiben una leyenda que dicen “a base” de café, leche o queso, entre otros. En ese caso también recomienda una acción más atenta por parte de quienes a la hora de buscar un producto no leen bien sobre su composición.

La Oficina Municipal de Defensa del Consumidor atiende de lunes a viernes de 8 a 14 en Mitre 2609. Su teléfono es el 03329 424039.

La titular de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, Sabrina Utreras Montes compartió una lista con concejos y precauciones que es recomendable saber y tener en cuenta a la hora de brindar datos personales, identificaciones o efectuar trámites en redes sociales y plataformas digitales. 

Los tips que difundió la OMIC son los siguientes: 

Finalmente, recordaron tomarse un minuto para pensar antes de actuar debido a que los delincuentes que se encargan de hacer estafas cibernéticas siempre apelan a las emociones y descuidos de las víctimas.

En caso de precisar mayor información sobre el tema, acercarse a las oficinas de la OMIC en Mitre 2069 de lunes a viernes de 8.00 a 14.00 o comunicarse por WhatsApp al 3329 477998, por teléfono al 424-039 o por correo: defensaconsumidor@sanpedro.gob.ar

Ante las constantes consultas que la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor (OMIC) recibe a diario por los incrementos que se aplicaron a los consumos de energía eléctrica, sus reponsables decidieron recordar a la población cómo se hacen los reclamos y qué obligaciones debe cumplir la empresa cooperativa.

No sólo indican que cada consulta debe ser aceptada en la sede de Coopser y registrada con un número, sino que si transcurren quince días sin respuesta, el asociado puede dirigirse directamente al OCEBA, que es el organismo encargado de tomar medidas con las distribuidoras.

“Ante disconformidades con el monto de la factura y/o ante la posibilidad de que haya una lectura de consumo que se presuma errónea, el usuario del servicio eléctrico deberá concurrir a la sede más cercana de la Cooperativa y efectuar el reclamo correspondiente”, recomendaron.

“Allí deberá asentar su queja y la Cooperativa obligatoriamente tiene que extender el correspondiente formulario con el número de reclamo asentado. Una vez efectuado ello, la Cooperativa posee un plazo de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES para responder a la queja elevada. Si vencido el plazo, no se obtiene respuesta y/o la respuesta no es satisfactoria, el consumidor puede iniciar el reclamo ante la autoridad de aplicación (OCEBA)“, aclararon desde el organismo a cargo de la Dra. Sabrina Utreras Montes.

También recordaron que quien quiera conocer el comportamiento de los aumentos y calcular en base a su consumo, pueden acceder al simulador: https://oceba.gba.gov.ar/simulador/. Claramente allí se contempla el consumo puro que registra el medidor y a ello hay que agregarle impuestos y contribuciones incluidos rubros que corresponden a leyes nacionales y provinciales más el 4.5% del Fondo de Obras Públicas Comunitarias y desagregados los Servicios Sociales.

Respecto de las dudas que los ciudadanos necesiten evacuar desde las oficinas de Mitre al 2600, la OMIC indicó que pueden acercarse para recibir asesoramiento sobre “la facturación, la tarifa del servicio, consultas por subsidios, inscripción en el RASE o en Tarifa Social”.

El horario de atención de 8.00 a 14.00 de lunes a viernes y el teléfono es el 03329 424039. Se puede enviar un correo electrónico a: defensaconsumidor@sanpedro.gob.ar y dejar mensajes en las redes sociales.

La semana pasada, la Oficina de Defensa del Consumidor (OMIC) presentó inconvenientes técnicos en la línea telefónica que les impidió recibir llamadas. Este lunes informaron que los problemas fueron resueltos y ya se encuentran operando con normalidad.

Para cualquier consulta o reclamo comunicarse al 3329 424039, acercarse a las oficinas ubicadas en Mitre 2609 de lunes a viernes de 8.00 a 14.00 o enviar un correo electrónico al defensaconsumidor@sanpedro.ar 

La Oficina local de Defensa del Consumidor, la Dirección de Rentas y la Defensoría del Pueblo recorrieron supermercados sampedrinos para verificar el abastecimiento y cumplimiento de la resolución de Precios máximos. Sabrina Utreras Montes, titular de la OMIC, detalló en Radio Cuarentena cómo se llevó a cabo la tarea.

Para verificar el cumplimiento de los precios fijados por el Gobierno nacional en 1432 productos, seleccionan “entre 75 y 80 productos” para controlar “si está comercializado en ese establecimiento, si hay stock, y además, si tiene la señalética o no”, indicó la abogada.

Sobre la señalización en las góndolas, la titular de la OMIC consideró que todavía es deficiente. “Al no estar señalizado, es muy complejo para el consumidor ingresar en el momento a internet y verificar la lista de precios, porque todavía no está del todo implementado para poder controlar”, puntualizó.

También, reconoció que hay algunos productos que, con esta nueva implementación, “no dejan ganancia al comerciante”. “La idea sería poder presentar esta documentación, para que tal vez se pueda ayudar en estos casos”, indicó la abogada que tiene a su cargo la oficina local que se encarga de canalizar los reclamos por incumplimiento de los derechos de los consumidores.

“Lo planeado es atacar al grande y no al chico”, indicó Utreras Montes y agregó: “Nosotros no vamos a controlar al almacén de barrio, sino inspeccionar a los supermercados con una mayor superficie que le compran a los grandes mayoristas”.

En los últimos días, los controles tuvieron lugar en el supermercado Mio, ubicado en Av. Sarmiento 2335, y en la sucursal local de Vea, que se encuentra en calle Miguel Porta 2930. En el caso de este último, Utreras Montes advirtió que hasta la semana pasada el incumplimiento era de un 85%.

En el comercio de capitales chinos, por su parte, de los 75 productos que verificaron sólo encontraron 34. De ellos, 22 estaban por encima del precio fijado, por lo que labraron un acta de constatación que inicia un trámite en la Oficina de Defensa del Consumidor.