La semana pasada, el oficialismo logró aprobaro, con votos propios y la oposición en contra, la ordenanza que modifica el reglamento del Fondo de Obras Públicas Comunitarias y permite transferir a las arcas municipales el dinero ahorrado, de manera tal que el Gobierno pueda decidir, junto a las comisiones de fomento, qué obras ejecutar en los barrios.

Según las estimaciones que los concejales informaron en sesión, el FOPC tiena más de 170 millones de pesos ahorrados en plazo fijo y dólares, que serán los que el Ejecutivo podrá disponer para las obras que los propios vecinos elijan y propongan a través de las comisiones de fomento.

Desde el viernes, La Opinión & Sin Galera mantienen en Facebook e Instagram espacios para la recepción de iniciativas, como una manera de poner en debate la necesidades de la población que podrían asistirse con esos recursos, de acuerdo a lo que los propios interesados comentan.

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Entre los cientos de comentarios, algunos fueron expuestos en el aire de Sin Galera el sábado. En general, hay muchas solicitudes de gas, pavimento, cordón cuneta, luminarias, cloacas, etc.

Ante la consulta “Fopc: ¿qué obras harías en tu barrio?”, Mari, de Gobernador Castro, contó que en la zona donde reside hace falta “más iluminación, cloacas” y que los servicios “no están muy lejos”.

Germán, desde la zona de Dávila y Benefactoras Sampedrinas dijo que “hace muchos años” están “esperando por el gas” en el barrio donde reside.

“Lo tenemos a una seis, siete cuadras, está cerca”, agregó el sábado cuando habló con Lilí Berardi durante la emisión de Sin Galera.

Jésica, desde Ayacucho y General Pueyrredón, dijo que en la zona donde vive hace falta que limpien, mantengan la higiene y dispongan carteles para que no tiren basura en los zanjones.

Aseguró que se ve a diario que “pasan camionetas y van a arrojando a la zanja profunda y otras más superficiales, así como quien viene”.

El Gobierno envió al Concejo Deliberante un proyecto para utilizar los recursos de años anteriores al ejercicio en curso del Fondo de Obras Públicas Comunitarias (FOPC) que recauda Coopser en la factura del servicio de electricidad.

El plan es ejecutar obras que decidan los vecinos a través de las comisiones de fomento, sin que la autorización pase por el Comité de Obras Públicas Comunitarias y sin necesidad de devolución.

El secretario de Economía municipal, Fabián Rodríguez, uno de los impulsores del proyecto, se refirió al tema en Radio Cuarentena este viernes, luego de mantener durante la semana una reunión con autoridades de Coopser.

Rodríguez dijo que en el FOPC hay “alrededor de 150 millones de pesos” y graficó: “En obras, se puede hacer una cuadra de pavimento con dos millones de pesos, del tipo que venimos haciendo”.

El funcionario informó que durante la reunión con el presidente del Consejo de Administración de la cooperativa, Emilio Longueira, el Gobierno planteó “la necesidad que estamos viendo de que podamos ayudar a que este fondo, que se fue incementando y se encuentra ocioso, tenga el destino para el cual fue creado, que es para hacer obras”.

Longueira expresó en la reunión su preocupación respecto de dejar sin efecto la modalidad de recuperación prevista en el reglamento. Además, “consideraron que estaría bien que se utilice un porcentaje del fondo remanente pero no la totalidad”, señaló Rodríguez.

La mayoría del dinero que recuadó Coopser y que todavía no se utilizó se encuentra depositado en plazos fijos en pesos y en dólares, y también hay alrededor de 8 millones de pesos en una cuenta corriente, cuya inmovilidad se ve afectada por el proceso inflacionario que afecta al país.

“Lo que vemos es que no tenía salida la ejecución de estos fondos y queremos facilitar esa salida, que el Fondo vaya al fin para el que fue creado y la manera que se nos ocurrió es a través de las comisiones de fomento, que es el sector que que mejor expresa la voluntad popular”, dijo Rodríguez.

El secretario de Economía explicó que uno de los mayores problemas que enfrenta la ejecución del Fondo de Obras Públicas Comunitarias en la actualidad es “la capacidad económica del contribuyente”, en la medida en que el mecanismo prevé la obligatoriedad del pago por parte de los vecinos de la obra que pasa por su frente.

“Por eso, en el esquema actual que se está manejando se va del sentido de justicia, porque al alcanzar la voluntad de un conjunto de vecinos se quedaba ante un decreto de utilidad pública gente que a lo mejor no tenía esa capacidad como para responder a la parte, entonces queremos evitar estos desequilibrios y la manera de hacerlo es flexibilizando el modo de utilización”, detalló.