Este jueves 14 de mayo, San Pedro será sede del "Encuentro Regional ¿Cuánto futuro cabe en la Provincia?", jornada impulsada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, de la que participará el ministro, Gabriel Katopodis.

El funcionario del Gobierno de Axel Kicillof presentará allí el denominado Plan Estratégico de Infraestructura provincial 2024-2035, un programa para definir obras públicas para el desarrollo productivo del territorio bonaerense.

Para el encuentro, que comenzará con un desayuno a las 9.00 de la mañana y terminará con una puesta en común de los temas trabajados alrededor de las 15.00, fueron convocados representantes de sectores estratégicos de Baradero, Campana, Ramallo, San Nicolás, San Pedro y Zárate.

La idea es “debatir y construir propuestas sobre las obras e iniciativas prioritarias” para la zona, en el marco del Plan Estratégico de Infraestructura (PEI), para la denominada región Fluvial, una de las nueve en las que Provincia dividió al territorio bonaerense.

La región Fluvial, que incluye a San Pedro, abarca el "área de islas y canales del delta del Paraná, con ecosistemas frágiles y de alto valor hídrico" en la que "predominan la navegación, las actividades portuarias, la pesca y la recreación".

La zona, establece el documento del Gobierno, "demanda una gestión ambiental específica, protección de humedales, control de erosión y mejoras en la conectividad".

El documento del PEI bonaerense destaca la planificación del Gobierno provincial en un contexto de creciente tensión con Nación por el recorte y paralización de la obra pública desde que asumió Javier Milei.

El Programa de Infraestructura 2024-2035 está organizado en cinco ejes: conectividad y logística; energía accesible y sostenible: gestión de los recursos hídricos; infraestructura para los sistemas de ciudades; y un apartado de "infraestructura del cuidado".

La Estación Transformadora San Pedro Industrial aparece en el documento como uno de los puntos relevantes en materia de  modernización de la red eléctrica provincial para garantizar "el acceso a un suministro seguro y eficiente del servicio para un crecimiento sostenible".

Además, la ciudad aparece entre las que forman parte de la cuenca del río Arrecifes, que figura en el plan de fortalecimiento previsto, que toma a las 32 cuencas bonaerenses como unidades de gestión.

El intendente Cecilio Salazar participó el martes de una movilización de jefes comunales de todo el país, convocada por la Federación Argentina de Municipios, en la que reclamaron ante el Ministerio de Economía por la obra pública paralizada.

Los intendentes dejaron un documento en el que piden al Gobierno de Javier Milei que baje el precio de los combustibles y lo retrotraiga al 1 de marzo y que ejecute las obras públicas con la recaudación del impuesto que se cobra en los surtidores de todo el país.

En San Pedro la obra pública paralizada contempla varios proyectos que empezaron y no continuaron, como los de tres barrios de viviendas o la urbanización integral de La Tosquera, y también otros cuya ejecución nunca comenzó, como la escuela técnica profesional, el jardín de infantes para el Normal o el Centro de Desarrollo Infantil del CIC.

Las 84 viviendas de Villa Depietri, las 89 viviendas de Nuestro Sueño y las 25 Viviendas de Río Tala tenían certificaciones a la espera de pago y planteos de redeterminación de precios por parte de las empresas.

Cooperativa Grupo Alfa, cooperativa 8 de Diciembre y APCO se retiraron sin dar demasiadas explicaciones, lo que derivó en reclamos legales por parte del Municipio.

Todas esas obras estaban en el último tramo de ejecución cuando cambió el Gobierno nacional. En cada caso, hay reclamos por parte del Municipio para recuperar los anticipos y rescindir contratos.

Las de Nuestro Sueño fueron continuadas por los propios vecinos; las de Villa Depietri están ocupadas por los preadjudicatarios, conflicto con Arcor incluido; y las de Río Tala fueron usurpadas.

La escuela Técnica Profesional que se iba a construir en el paraje Mataderos, detrás del Corralón municipal, sólo tuvo movimiento de suelos en medio de la campaña electoral.

La empresa Indahl cobró el anticipo financiero y nunca más apareció. El Municipio rescindió el contrato y exige a la empresa que restituya los 153 millones de pesos de anticipo y pague los seguros de caución que corresponden.

Esa misma empresa, que estaba en proceso de concurso preventivo y quiebra, había sido adjudicataria de la construcción de un edificio para el jardín de infantes del Normal, obra que jamás comenzó.

El denominado Centro de Desarrollo Infantil San Pedro que se iba a construir en la zona del CIC tampoco está. La empresa Tecnicoop se retiró y la obra no se ejecutó, a pesar de que también estaba incluida en los presupuestos hasta el año pasado.

En La Tosquera, el plan de urbanización integral sólo vio la colocación de adoquines en la bajada y en una vereda que recorre la costanera, más los caños para el nuevo tanque de agua.

Una vez más, la empresa cooperativa Grupo Alfa se retiró tras reclamar "redeterminación de precios". En este caso, el Gobierno local logró recuperar el seguro de caución.

Entre las obras paralizadas en La Tosquera también están las que no pasaron por administración municipal y se gestionaron directamente desde la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), cuyos fondos fueron reducidos. La Municipalidad se sumó a un amparo colectivo contra la eliminación del fondo de financiamiento de esas obras.

También hubo algunos casos de obras complementarias, sobre todo en los barrios de viviendas, que el Municipio ejecutó con fondos propios porque Nación no enviaba los recursos, a pesar de eran obras comprometidas en el presupuesto nacional, es decir que forman parte de esa deuda.

Además, hay proyectos que tenían el visto bueno de Nación y habían sido incluidos en presupuestos locales con los montos que se esperaban llegaran del erario nacional y que quedaron truncos.

En el paraje La Buena Moza estaba previsto un plan para mejorar las conexiones a la red de agua potable; la escuela primaria de Banfield se iba a ejecutar con recursos nacionales, al igual que el edificio nuevo para la escuela 17 que ahora se hará con recursos provinciales en lo que era el proyecto escuela de San Roque; y en Santa Lucía estaba prevista la construcción de 80 viviendas.

El Gobierno provincial estimó que Nación adeuda "más de 23 billones" de pesos. "Es plata que el gobierno de Milei les roba a los bonaerenses y por lo tanto a los sampedrinos", consideró el intendente tras participar de la movilización al Ministerio de Economía.

En ese marco, señaló que ese dinero es "plata que debería usarse para obras de infraestructura y mejoras para nuestra ciudad". Las obras paralizadas, estimó Provincia, son alrededor de mil en todo el territorio bonaerense.

Salazar cuestionó que Milei "en más de dos años no construyó ni un solo km de ruta, no realiza mantenimiento y mucho menos proyecta invertir para la transformación de autopistas o autovías de las vías estratégicas del país".

El intendente Cecilio Salazar participará de la movilización que diferentes intendentes de la provincia de Buenos Aires encabezan este martes hacia las puertas del Ministerio de Economía, el marco del reclamo por el desfinanciamiento de la Federación Argentina de Municipios (FAM).

Los jefes comunales reclamarán al ministro Luis Caputo por los recortes y por la paralización de obras públicas en los distintos Municipios, entre otros aspectos.

El sábado en Sin Galera, el secretario de Economía Roberto Borgo, confirmó la participación de ben la movilización y aseguró que el intendente irá a "golpearle la puerta al señor Caputo".

El planteo se da en un clima de creciente tensión, donde también se pone en discusión la distribución de los fondos provenientes de los impuestos nacionales.

A esto se suma la crítica al discurso económico del Gobierno nacional, al que acusan de desconocer la realidad cotidiana.

En ese marco, Borgo remarcó las dificultades que enfrentan las administraciones locales para sostener servicios, otorgar aumentos salariales o incluso mantener el funcionamiento básico, en un escenario de ingresos que consideran insuficientes.

La empresa NH Construcciones Argentinas S. A. fue la única oferente en la licitación para la obra que Provincia financiará en San Pedro para terminar el edificio que el Obispado cedió a la Municipalidad para terminar una escuela planificada en el barrio Ciudad Abierta.

Aunque hubo consultas de empresas de San Pedro y Baradero, las complejidades propias de un pliego de licitación pública nacional generaron que esa firma bahiense sea la única que presente formalmente la oferta, a pesar de la publicación en dos boletines oficiales provinciales y uno nacional.

NH Construcciones Argentinas elevó una propuesta con un presupuesto de alrededor de 272 millones de pesos, sensiblemente por debajo del monto oficial destinado para la obra, que era de 325 millones. Son alrededor de 53 millones menos, poco más del 15 por ciento.

La propuesta debe pasar por el análisis de calificación financiera para luego ser sometida a verificación técnica. Si logra atravesar esas instancias con éxito, el contrato deberá ir al Concejo Deliberante para ser refrendado, como corresponde a toda licitación en la que hay un solo oferente.

Los fondos para la obra provienen del Programa de Infraestructura Educativa del Gobierno provincial. El edificio comenzó a construirse cuando un grupo de familias del jardín Belén y la comunidad religiosa de la parroquia San Roque soñaron una escuela de gestión privada para la continuidad pedagógica.

La causa penal que derivó en la condena del sacerdote Tulio Mattiussi por casos de abuso sexual en el jardín Belén detuvo las actividades y finalmente el Obispado decidió donar los terrenos y la construcción al Municipio.

El edificio escolar será destinado a la secundaria 17, que en la actualidad comparte espacio con la primaria 27 en calle Laprida casi Crucero General Belgrano.

Este sábado por la mañana, un grupo de mujeres que forman parte de las familias que usurparon las 25 viviendas de Río Tala cuya construcción está abandonada hace más de dos años recibieron al móvil de La Opinión & Sin Galera.

Aunque hubo cierta hostilidad de algunos varones que también están en la toma, el grupo decidido a hablar se expresó con claridad durante casi una hora para contar por qué estaban ahí, dónde vivían antes y las necesidades que atraviesan.

La toma comenzó el jueves alrededor de las 19.00. Las personas que se expresaron coincidieron en señalar que en varias oportunidades, ante la necesidad habitacional, habían ido a hablar con el delegado municipal, Walter Díaz.

Sorprendió que repitieran que cada vez, ante la imposibilidad de resolver esos problemas, él les dijera, según aseguraron, que si querían usurpar, que lo hicieran.

El jueves, contaron, decidieron entrar y lo hicieron en grupos más o menos organizados. Más tarde, revelaron, se fueron sumando otras personas, entre ellos "jóvenes solos, que no sabemos cuáles son sus intenciones, pero también están" en la usurpación.

La Opinión confirmó lo que el relevamiento policial del viernes había dejado asentado: la mayoría de las personas en la toma son mujeres y niños. Dentro de las viviendas, que sólo tienen las paredes y el techo, hay colchones en los que duermen.

Afuera, en los patios, hay restos de fogones en los que cocinan. Además, ya hay instaladas algunas precarias construcciones de nylon y palos, y hasta hay espacios delimitados con sogas donde, revelaron quienes atendieron a este medio, demarcaron para disponer chapas y cartones para construir un rancho.

La Opinión llegó al lugar por calle San Martín. En la intersección con Fray Cayetano Rodríguez, donde algunas viviendas tienen grafitis pintados con aerosol verde, el grupo esperaba para hablar. "Algunos no quieren dar la cara", se quejaron.

"La gente no tiene dónde vivir. Están en situación de calle o andan de acá para allá, agregados", relataron. "La mayoría es gente que no tiene nada", aseguraron.

"El delegado les dijo a todos que él no tenía los materiales suficiente para darle a la gente, y que se querían tomar, que tomen", contaron en el barrio.

A Walter Díaz no sólo lo acusaron de haberles dicho "si quieren tomar, que tomen" sino que además lo cuestionaron por haber radicado la denuncia. "No tiene gollete, que venga a dar la cara y diga la verdad", pidieron.

Las familias en situación de toma solicitaron "un censo" para que "vean la necesidad" de cada una porque, sostuvieron, pretenden que la Municipalidad les asigne la vivienda que usurparon y establezca un plan de pago.

"Que las den a pagar y que la gente vaya, de a poquito,  arreglando las casas", señalaron. Mientras tanto, pasan los días y las noches sin luz, sin agua, sin sanitarios.

La causa penal comenzó a tramitar en la Fiscalía 11 por cuestiones de turno, pero tras el relevamiento de la policía y la notificación a los ocupantes, la fiscala Ramos remitió las actuaciones a la UFI 7, que conduce María del Valle Viviani, tematizada en usurpación de inmuebles.

Hasta el momento no hubo otra medida judicial más que ese relevamiento. No hay custodia preventiva ni impedimento alguno para que sean tomadas algunas de las viviendas que fueron abandonadas por los ocupantes originales o para que sigan delimitando terrenos dentro del predio para "lotear".

El barrio 25 viviendas de Río Tala comenzó a construirse en 2023 con recursos del Estado nacional. Cuando Javier Milei ganó las elecciones, la empresa Apco, adjudicataria de la obra, paralizó las tareas y pidió redeterminación de precios.

Desde entonces, la obra está parada y abandonada. El Gobierno nacional, en el marco de su política de no reanudar obras públicas, no volvió a enviar recursos para la continuidad de las tareas y la empresa hizo caso omiso a las intimaciones municipales.

“Hace 10 años que estoy gestionando esta obra”, dijo el Intendente Salazar tras el acto que encabezó Axel Kicillof junto a su Ministro de Infraestructura y otros miembros de su gabinete.

“Al gobierno nacional no le importa” señaló el gobernador frente a lo que considera una falla de la gestión de Javier Milei y agregó “no importa si es el estado o un privado, lo hacemos porque tenemos empresarios interesados” en invertir en este proyecto.

La medida anunciada se publicará en el Boletín Oficial y fue  tramitada bajo la Resolución RESO-2026-43 que establece un Presupuesto Oficial de $ 28.489.771.070,67 con la obligatoriedad de utilizar el sistema de contratación de ajuste alzado y en etapa única.

La iniciativa que lleva muchos años de espera ante la falta de energía suficiente para cualquier emprendimiento local, es el principal anuncio de ejecución de obra pública para esta región y se espera que en los próximos días llegue el Secretario de Energía para ofrecer más detalles. “En el gobierno de Macri, me entrevisté con Aranguren pero nunca se dió”, agregó el intendente y confirmó que tras este proyecto “tenemos 60 megas disponibles para la industria”.

En el texto del llamado a licitación que fue remitido a La Opinión se detalla la construcción de una estación transformadora con capacidad de 2 x 30/20/30 MVA. Los trabajos incluyen la ingeniería, provisión, construcción, montaje, ensayos y puesta en servicio de las instalaciones.

Kicillof llegó acompañado de una nutrida comitiva a la que se sumaron todos los funcionarios, militantes, referentes sociales y los concejales oficialistas al Hotal Azhar SPA.

En cuanto a las características incida que se realizará la vinculación al Sistema de Alta Tensión mediante la construcción de una Línea de Alta Tensión (LAT) aérea de doble terna de 132 kV.Esta línea se interconectará entre la actual LAT "San Pedro - Papel Prensa" y los pórticos de la nueva Estación Transformadora San Pedro Industrial. Las nuevas instalaciones se integrarán al Sistema Eléctrico de Transporte por Distribución Troncal de la Provincia, a cargo de la empresa TRANSBA S.A..

El plazo de ejecución de la totalidad de los trabajos es de 549 días corridos, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio de Obra y la fecha clave para la apertura de sobres es el 26 de Febrero, según indicaron desde el municipio. La disposición también prevé el otorgamiento de un anticipo financiero de hasta el 10% del monto contractual.

La circulación de camiones por el único paso a nivel habilitado desde el lunes, ubicado en calle Basavilbaso, volvió a poner en evidencia el incumplimiento del desvío previsto hacia la ruta 1001 con destino a Río Tala.

Lejos de respetar la disposición anunciada, numerosos transportistas continúan utilizando la ruta 191 para ingresar o salir de la ciudad, lo que deriva en un tránsito pesado que atraviesa el barrio Villa Igoillo por calle Zanúccoli.

Las quejas de vecinos y automovilistas no tardaron en multiplicarse. Los insuficientes controles y la circulación de camiones de carga, incluso bateas areneras, generan preocupación por los riesgos que implica compartir calles angostas con un flujo constante de autos, motos y bicicletas. 

A ello se suma el desconcierto de conductores foráneos que, sin referencia clara, terminan ingresando al entramado barrial sin saber exactamente cómo retomar para dirigirse al centro de al ciudad.

Uno de los puntos más críticos se registra frente a la escuela Nº 10, como se aprecia en el video que emnviaron vecinos, que todavía tiene actividad

Con tres niveles educativos y una matrícula numerosa, los horarios de entrada y salida se vuelven caóticos y peligrosos ante el paso de vehículos de gran porte.

El director de Tránsito, Armando Caballero, informó a La Opinión que el personal de su área está abocado al control, pero que con algunos trabajadores de retención de tareas por las medidas de fuerza de los sindicatos municipales surgieron complicaciones.

"Estamos yendo en los horarios pico, sobre todo cuando entran y salen los chicos de la escuela. Pero está todo señalizado, el camionero que pasa por ese paso a nivel es porque se hace el canchero y no quiere dar la vuelta", señaló el funcionario.

"Algunos buscan caminos alternativos, pero está todo señalizado: hay carteles a 400 metros del puente de 191 y ruta 9, por la autopista; a 100 metros viniendo de 191; y a 400 metros de la balanza de Río Tala para los que vienen del lado de Buenos Aires. El que usa otro camino, es de pícaro nomás", aseguró.

La situación podría extenderse durante meses. La obra de mejora del paso a nivel frente a la planta de Arcor mantendrá el tránsito alterado hasta su finalización, que según el perosonal de Trenes Argentinos sería a mediados de enero, aunque podría demorar hasta tres meses.

Mientras tanto, los transeúntes coinciden en que es urgente reforzar controles y ordenar la circulación para que el desvío de camiones se concrete y la ruta 1001 sea, efectivamente, la única vía habilitada para el tránsito pesado.

Comienzan este lunes las obras prevista para reparar el paso a nivel de ruta 191 y las vías del Ferrocarril Mitre, en el acceso a San Pedro que desemboca en calle Mitre.

El Gobierno municipal informó que las obras estarán enfocadas en la refacción de la carpeta asfáltica y la resolución de la problemática que generan baches y sectores irregulares en la zona.

El tránsito permanecerá cerrado mientras se desarrollen las tareas, por lo que habrá desvíos tanto para vehículos livianos como para pesados.

Para ingresar a la ciudad, los livianos podrán transitar por calle Estrada y entrar a la ciudad a través del paso a nivel de calle Basavilbaso.

Por su parte, los vehículos pesados deberán ingresar por ruta 1001, lo que implica que los que ingresen por 191 se desvíen por el callejón Arcor.

El Gobierno solicitó a los conductores que circulen con precaución y respeten la señalización dispuesta en la zona de los desvíos.

San Pedro es uno de los 16 distritos de la segunda sección electoral y uno de los 11 de la región que no tienen obra pública en el Presupuesto 2026 que envió a la Legislatura el Gobierno de Axel Kicillof.

En el anexo de obras, la administración bonaerense dispuso proyectos a financiar en cinco de las 16 ciudades de la segunda sección: San Nicolás, Baradero, Exaltación de la Cruz, Carmen de Areco y Pergamino.

Así, San Pedro, Ramallo, Zárate, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, Capitán Sarmiento, Arrecifes, Salto, Rojas y Colón no tienen asignados fondos para obras.

El presupuesto para 2025 preveía alrededor de 19 mil millones de pesos, de los cuales 15 mil millones eran para la nueva estación transformadora de energía, un proyecto que desde hace tiempo genera mucha expectativa en la ciudad, porque de él dependen las posibilidades de crecimiento industrial, y que tiene asignación presupuestaria para el año que viene.

Además, aparecían dos proyectos que se pusieron en marcha este año, a pesar de que el presupuesto no fue aprobado en la Legislatura: el estudio para el desarrollo del proyecto de tratamiento de efluentes, con una nueva depuradora que cuesta alrededor de 20 millones de dólares, y la construcción de 55 viviendas en el denominado barrio Güemes, de la cooperativa Fecoovima.

Estas son obras para las cinco ciudades vecinas que tendrán financiación son las siguientes, según el presupuesto 2026 que ya tiene dictamen de comisión en Diputados y será tratado ese miércoles, en una sesión sobre la que LaNoticia1.com reveló detalles:

San Nicolás: puesta en valor del terraplén de cierre y mantenimiento de la estación de bombeo La Emili, por $ 360 millones; Pergamino: presa de regulación de arroyo Pergamino, $ 3150 millones; Exaltación de la Cruz: estación de bombeo, ampliación de planta de tratamiento de aguas residuales Los Cardales, por $ 5912 millones; 

Carmen de Areco: construcción de 7 viviendas en Gouin y otras 4 en Tres Sargentos; y Baradero: construcción de 62 viviendas, barrio Gioja.

En el proyecto de Presupuesto, el Gobierno provincial destacó las consecuencias suspensión de alrededor de mil obras en territorio bonaerense por parte del Gobierno nacional.

Esas obras, como las 84 viviendas de Villa Depietri, las 89 viviendas de Nuestro Sueño, las 25 viviendas de Río Tala, las de urbanización integral de La Tosquera, entre otras, quedaron inconclusas por la interrupción del envío de recursos por parte de Nación.

Kicillof advirtió en su proyecto de ley que durante 2024 intentó compensar parcialmente esta situación invirtiendo recursos propios, lo que implicó un crecimiento del 13 por ciento en obras con financiamiento provincial.

Luego de que el delegado de La Tosquera, Carlos García, dijera que el dinero que Provincia enviará para la obra de un nuevo SUM en la localidad podría ser utilizado para un fin distinto, el intendente Cecilio Salazar aseguró a La Opinión que “uno no puede agarrar esa plata y hacer otra cosa” que no sea la prevista en el expediente.

Las declaraciones del delegado de Los Cazadores fue ante el móvil de Sin Galera el sábado pasado, en el marco de una recorrida con habitantes del barrio que querían exponer las necesidades urgentes de la zona.

Todo surgió cuando el Gobierno municipal anunció una licitación por 534 millones de pesos para construir un SUM. La pregunta inicial fue: ¿otro SUM? Porque en el barrio ya existe uno, el centro municipal Marcelina Suárez, construido con fondos nacionales durante la gestión Alberto Fernández.

Fue en ese marco en el que García dijo que "no se puede dejar pasar de largo para tener esta oportunidad", como una manera de justificar la recepción del dinero que viene para un proyecto y luego utilizarlo para otro.

"Las gestiones para construir un centro de salud nuevo las iniciamos el año pasado. Acordamos el financiamiento de un SUM con el compromiso de acondicionarlo para darle, entre otras utilidades, la de espacio para salud", dijo Salazar.

El intendente señaló a La Opinión que "la gente reclama por obras que ya estaban en marcha, hay un convenio firmado para las cloacas, el agua, la luz, las veredas, una reforma integral para el barrio, el galpón reciclador, todas obras que quedaron paralizadas por el Gobierno nacional."

"Nosotros no tenemos los fondos para retomarlas, desde el Municipio. Incluso el gobernador le está reclamando a Nación que se las traspase para terminarlas, pero Milei tampoco quiere hacer eso", aseguró.

El martes pasado, concejales recibieron en comisión a vecinos que pidieron la Banca Abierta para exponer las demandas de la localidad. En se marco, los secretarios de Obras Públicas, Mariano Brañas, y de Servicios Públicos, Adrián Devito, explicaron la situación respecto de esas obras.

El delegado municipal de la localidad de Los Cazadores, también conocida como barrio La Tosquera, aseguró a La Opinión que el Salón de Usos Múltiples cuya obra por 534 millones financiará el Gobierno provincial tendrá un destino distinto al que dice el proyecto en su expediente original.

"El otro SUM no va a ser un SUM", dijo Carlos García en la puerta del Centro Municipal Marcelina Suárez, inaugurado en 2023 y construido por el Gobierno nacional con recursos del FISU.

García dialogó con Sin Galera en el marco de la recorrida que el programa de Lilí Berardi hizo con el móvil este sábado para, junto a vecinos de la zona, ver el barrio y contar las problemáticas que consideran prioritarias.

La recorrida surgió tras el anuncio del Gobierno municipal de la construcción de un SUM con recursos de Provincia, lo que motivó reclamos entre los habitantes de La Tosquera, que consideran que esos 534 millones de pesos podrían ser utilizados para resolver otros inconvenientes más urgentes que tiene la localidad.

"El otro SUM no va a ser un SUM, va a ser un Centro de Salud", dijo García y reconoció: "Vos tenés que recibir y después le das la utilidad que el barrio amerita", en alusión al dinero que Provincia envía con un objetivo en particular.

El delegado informó que el plan detrás del proyecto original es que en el edificio del nuevo SUM funcione el Centro de Salud Federico Rosito, ubicado al lado del Centro Marcelina Suárez, y donde a su vez van a trasladar el jardín de infantes, ubicado en el edifico de la escuela 44, en riesgo de derrumbe por estar sobre cresta de barranca.

"No se puede dejar pasar de largo para tener esta oportunidad", justificó García la decisión de recibir financiación para un proyecto y luego utilizar lo construido para otra cosa.

El delegado destacó que por el Centro Municipal Marcelina Suárez pasan a diario "más de 100 personas" y que funciona "de lunes a viernes de 7.00 de la mañana hasta las 20.00", con "muchas actividades", sobre todo relacionadas a estudiantes del jardín, la primaria y la secundaria de la localidad. 

"Hay taekwondo, boxeo, folklore, está el taller de costura próximo a inaugurarse, cuando Coopser venga a colocar los medidores", agregó Carlos García en diálogo con La Opinión.

Respecto de las prioridades que reclaman los vecinos, García puso de relieve que hay muchas obras "paradas por el corte que hizo Nación", que dejó de financiar todo lo relacionado con el Fondo de Integración Socio Urbana.

"Falta el agua, el galpón de reciclaje, las calles", señaló. "El tema del agua, en el verano pasa como pasa en San Pedro, siempre hay escasez, mucho derroche. Acá son 12 mil litros para casi 3 mil personas. Está proyectado lo del agua. La red está toda instalada, pero al no haber llegado el famoso tanque y la colocación de las bombas, bueno", dijo.

El Concejo Deliberante aprobó en la última sesión la adjudicación a la empresa OR Hijos Construcciones, de Baradero, de la obra para refacciones en el denominado Polo Universitario que funciona en el ex Correo de Salta y Arnaldo.

La licitación tuvo a esa firma, que ya hizo otras obras en San Pedro como la del jardín de Villa Sarita o la escuela de Mataderos, como única oferente, por eso el expediente debía pasar por el visto bueno de los ediles, que lo aprobaron por unanimidad.

La obra de puesta en valor del edificio tiene asignado un presupuesto de poco más de 86 millones de pesos. El Gobierno provincial remitió 90 millones a través del programa Puentes (plan de integración territorial universitaria).

El plan es refaccionar y readecuar el edificio para que el Polo Universitario pueda comenzar el ciclo lectivo 2026 con las instalaciones renovadas, informaron.

Además, en la misma sesión los ediles aprobaron un convenio marco con la empresa Aldea Global, que maneja la oferta universitaria virtual de diversas casas de estudios.

La publicación de La Opinión que informó que el Gobierno irá a la Justicia contra Apco S. A, la empresa que cobró y abandonó la obra del tanque copa, desató la polémica en las redes sociales.

Alejandro pidió que se investigue a fondo: “No vaya a ser cosa que la plata esté en otro lado y los únicos que no sepan sean ustedes. Todos sabemos que el municipio nunca paga en tiempo y forma. Si salió plata antes para la empresa, es rarísimo, ¿no?”.

Cari también se preguntó: “¿Y por qué pagan antes de finalizar la obra?” y Bernardo indicó: “Otra más de estos inoperantes que nos gobiernan”.

Horacio supuso: “Si abandonó la obra, seguramente no le pagaron”, aunque la empresa contratada cobró alrededor del 70 por ciento del contrato, pero apenas cumplió con la mitad de las tareas acordadas. 

Sergio aprovechó para sumar otro reclamo: “Ya que están, podrían reclamar por la calle San Lorenzo (se refiere a Juan Ismael Giménez). No se terminó y se está rompiendo. Obra mal hecha y seguro se pagó o fue al bolsillo de alguien. Ahora empiezan porque quieren sumar votos. Se les viene la noche” y Elsa recordó: “La calle la terminaron los municipales, creo. Cómo se tragaron la plata”.

Luciano fue directo: “Dejá de estirar las cosas y ponete a terminar las obras, que se viene el verano”.

Daniel compartió: “Me acuerdo que personal de Obras Sanitarias me dijo que ellos podían arreglar eso, pero que Cecilio estaba esperando la plata que Coopser nos cobra todos los meses. Habían pasado un presupuesto millonario cuando se arreglaba con poco. Ya todos sabemos los chorros que son, pero bueh”.

Galli ironizó sobre los tiempos de reacción: “Qué casualidad, después de cuatro años van a la Justicia. ¿No se habían dado cuenta que no se hizo el trabajo? Se pasan”.

Patricia escribió: “Tic tac tic tac, el reloj no se detiene. Se vienen las elecciones y hay que hacer en meses lo que no se hizo en años”.

Enzo comentó: “Tendría que haber elecciones todos los años. Lo linda que estaría la ciudad” y Adan lanzó: “Bueno, preparemos como antes ¡bombas a mano!”.

El 3 de diciembre se cumplirán cuatro años desde que el tanque copa quedó fuera de servicio afectando el abastecimiento de agua en toda la ciudad. 

Desde la subsecretaría de Legal y Técnica de la Municipalidad anticiparon que preparan una demanda por daños y perjuicios contra la firma, que sólo cumplió con la mitad del contrato acordado. 

El 3 de diciembre se cumplirán cuatro años desde que el tanque copa quedó fuera de servicio, cuya reparación comenzó un año y medio más tarde, pero quedo trunca porque la empresa abandonó la obra. Ahora, el Municipio va a la Justicia.

El subsecretario de Legal y Técnica, Daniel Porta, confirmó a La Opinión que prepara la demanda por daños y perjuicios para accionar en la Justicia civil y comercial contra la firma Apco S. A., que cobró alrededor del 70 por ciento del contrato pero apenas cumplió con la mitad de lo acordado.

Apco, empresa con sede en Ciudadela, partido de Tres de Febrero, asumió la obra a mediados de 2023, en plena campaña electoral, con un presupuesto de casi 70 millones de pesos provenientes de las reservas del Fondo de Obras Públicas Comunitarias, y en el medio subcontrató a personal de la cooperatia Grupo Alfa.

El contrato era para el reemplazo de las tuberías metálicas por otras de poliéster reforzado con fibra vidrio (PRFV) y reparaciones edilicias menores. El plazo de ejecución era de tres meses, pero la obra quedó paralizada tras el retiro de los caños deteriorados.

En noviembre del año pasado, el Municipio intimó a la empresa a retomar la obra ante la constatación de que faltaba reemplazar la cañería principal, colocar los ventanales en la escalera, arreglar y pintar la puerta, y conectar la red de agua para que el tanque copa vuelva a operar.

La certificación de obra existente indicaba que sólo se había cumplido con el 54 por ciento del total, a pesar de que Apco cobró casi 48 millones de pesos del presupuesto, es decir alrededor del 70 por ciento.

Apco presentó una propuesta de readecuación que llevaba el monto de obra a 138 millones, lo que fue rechazado por el Gobierno municipal, puesto que el contrato establecía que no se podía modificar el monto de la obra.

En pleno proceso inflacionario del tramo final de la gestión de Alberto Fernández en Nación, la empresa nunca compró los caños y la devaluación posterior implicó mayores dificultades para hacer frente al compromiso.

En enero hubo una coinspección n escribano público, tras lo que el Municipio rescindió el contrato. Apco interpuso un recurso de reconsideración, que el Gobierno rechazó por extemporáneo y ratificó la decisión de dar por terminado el convenio.

Así, ahora el Estado local está en condiciones de ir a la Justicia para reclamar daños y perjuicios devenidos del incumplimiento de la obra por parte de la empresa adjudicataria.

Mientras tanto, el 3 de diciembre se cumplirán cuatro años desde que San Pedro tiene fuera de servicio el tanque copa, lo que implicará que, una vez más, el abastecimiento se vea complicado en el verano por falta de presión.

Las suspendidas obras de La Tosquera, financiadas por el Fondo de Integración Socio Urbana (Fisu) generaron controversia entre el Municipio y el Gobierno nacional.

Por un lado, el Estado local fue a la Justicia para solicitar adherir a un amparo para que Nación retome las obras que quedaron paralizadas tras los decretos que modificaron el fondo, que tiene destino de eliminación.

Por el otro, funcionarios del gabinete del presidente Javier Milei intimaron al intendente Cecilio Salazar a que devuelva el anticipo financiero que entregó a la empresa cooperativa Grupo Alfa, que devolvió el seguro de caución por la garantía.

Son 137 millones de pesos los que Nación pide que se les devuelva.

El Municipio recuperó casi 110 millones, puesto que a eso ascendía el seguro de caución cuyo pago hizo efectivo la compañía aseguradora Integrity S. A. para responder por el abandono de la obra por parte de la cooperativa Grupo Alfa.

El Gobierno local había rescindido el contrato. Cumplidos los plazos para que reintegre el adelanto financiero o retome la obra, la Subsecretaría Legal y Técnica firmó el convenio con la aseguradora.

Pero el Gobierno nacional quiere la restitución de los fondos. Primero notificaron por vía administrativa con la intimación, tras informar la declaración de caducidad de la obra.

Es decir que Nación dispuso la cancelación de todo lo previsto en La Tosquera, por lo que la financiación queda sin efecto y, ante ello, procedieron a reclamar la devolución del anticipo financiero que el Estado nacional envió durante la gestión Alberto Fernández.

La Municipalidad remitió una carta documento para solicitar que se declare nulo el procedimiento iniciado y en la que negó haber recibido esas notificaciones previas a la declaración de caducidad.

Desde la Dirección Nacional de Desarrollo Sociocomunitario respondieron que el comprobante del Correo Argentino indicaba que habían recibido las comunicaciones y reiteraron la intimación para que el Municipio devuelva los fondos.

Esa última comunicación del Gobierno nacional fue entregada el 13 de agosto pasado. El paso que sigue desde Desarrollo Sociocomunitario de la Nación es remitir todo para el reclamo por la vía judicial.

Las obras de la localidad de Los Cazadores, también conocida como La Tosquera, estaban enmarcadas en las previstas en todo el país en las zonas incluidas en el Registro Nacional de Barrios Populales (Renabap).

La obra comenzó y Grupo Alfa colocó adoquines en la bajada, una vereda que recorre el bajo y dispuso la instalación de la red de agua, aunque nunca conectaron el tanque. El registro indica que eso representaba apenas el 0,93 por ciento del total de lo planificado.

El Gobierno de la Municipalidad de San Pedro fue a la Justicia para pedir que se tenga en cuenta al Estado local como parte del amparo colectivo que tramita por la suspensión de obras vinculadas al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que financiaba a nivel local las de la localidad de Los Cazadores, también conocida como barrio La Tosquera.

El subsecretario de Legal y Técnica Daniel Porta, en representación del intendente Cecilio Salazar, elevó la solicitud de adhesión del Municipio a la causa que inició por intervención del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels).

La Municipalidad de San Pedro pidió ser tenida como parte actora "por existir en nuestra localidad una cantidad importante de habitantes de barrios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares en proceso de integración urbana (Renabap).

El barrio más afectado por las medidas del presidente Javier Milei en relación a la disminución de recursos para el FISU es La Tosquera, que tenía obras en marcha cuyo avance apenas alcanzó el 9,3 por ciento.

Las obras fueron paralizadas, tanto las que administraba directamente Nación como las que pasaban por la Municipalidad, que logró recuperar el seguro de caución por parte de la empresa cooperativa Grupo Alfa, que tenía a su cargo las tareas.

Apenas asumió, en febrero de 2024, Milei estableció vía decreto la reducción de la afectación específica de impuestos que iba al FISU. Ello provocó la suspensión de miles de obras a lo largo y ancho del país. Además, Nación propuso en sus presupuestos la eliminación definitiva de ese fondo.

El Municipio pidió la declaración de inconstitucionalidad del decreto que modificó la asignación de recursos y eliminó el financiamiento del fideicomiso, al considerar que "resulta violatorio de derechos con raigambre constitucional".

Además, pidió adherir a la medida cautelar que ordenó al Gobierno de Milei a instar los medios necesarios para la continuidad de la política pública de integración de los barrios populares registrados en Renabap.

El juez federal de Pehuajó, Andrés Heim, hizo lugar a una cautelar que suspende la liquidación total del patrimonio del FISU y exigió un informe del saldo existente en relación a ese fondo.

A más de un año y medio desde la asunción de Javier Milei como presidente de la Nación, la obra pública nacional sigue paralizada, lo que repercute en las municipalidades que, como San Pedro, tenían trabajos en ejecución.

Algunos estaban muy avanzados, otros por la mitad e incluso había los que apenas habían comenzado. En cada caso, las empresas habían cobrado anticipos financieros que el Municipio, desde el año pasado, busca recuperar.

El secretario de Economía, Roberto Borgo, instruyó al subsecretario de Legal y Técnica Daniel Porta para la rescisión de los contratos vigentes en aquellas obras paralizadas que dependen de aportes financieros del Gobierno nacional.

Así, se firmaron decretos para rescindir contratos con las empresas, sobre todo con la cooperativa Grupo Alfa, la 8 de Diciembre y otras similares, con el objetivo de recuperar el anticipo financiero o cobrar el seguro de caución.

El sábado, Porta dio detalles en Sin Galera acerca de ese proceso, que ya recuperó 110 millones de pesos de la obra de La Tosquera y que, en algunos casos como el de la escalera del Vía Crucis, tiene un proceso en la Justicia Civil.

"Cambió la dinámica política y lo que era el financiamiento de Nación, que tenía que venir para la ejecución de obras, dejó de estar. Entonces ahora se miran las (obras) que habían quedado a mitad de camino y las que no habían comenzado", explicó Porta.

La obra que la empresa cooperativa Tecnicoop iba a hacer en la escalera del Vía Crucis fue abandonada poco después de ser contratada, tras las elecciones de 2019. En enero, más de cinco años después, la Municipalidad rescindió el contrato. Ahora, los radicales quieren saber qué pasó en el medio.

El bloque de concejales de la UCR elevó un pedido de informe para que el Gobierno explique por qué tardaron cinco años en decidir la rescisión unilateral del contrato, ante el evidente incumplimiento, para intentar cobrar el seguro de caución correspondiente.

Tecnicoop es una cooperativa de trabajo que durante el primer gobierno de Salazar, cuando el intendente respondía a la estructura que lideraban Mauricio Macri en Nación y María Eugenia Vidal en Provincia como presidente y gobernadora, respectivamente, fue contratada para muchísimas obras en San Pedro.

Las últimas antes de que el PRO y sus aliados perdieran las elecciones en 2019, pero Cecilio fuera reelecto con esa boleta, fueron las de la escalera del Vía Crucis, la disposición de veredas hasta la escalera del Paseo Público y el relleno del camino que atraviesa el exbalneario, que en las elecciones pasadas el Municipio pavimentó bajo contrato con la empresa Iarsa.

El plazo de la obra era de cuatro meses. Los recursos eran afectados y provenían del Gobierno nacional. Tecnicoop cobró el anticipo de obra, pero desapareció. 

En ese momento, el entonces secretario de Obras y Servicios Públicos, Ariel Álvarez, había informado que la obra estaba parada "porque les dieron vacaciones a algunos empleados". Nunca retomaron.

En el decreto de rescisión del contrato, que tiene fecha del 16 de enero pasado, dice que el Municipio y la empresa "acordaron neutralizar los plazos de ejecución de la obra" el 2 de diciembre de 2019, es decir una semana antes del cambio de Gobierno en Nación, que es quien transfería los recursos.

Tecnicoop alegaba en ese momento "inconvenientes en la entrega de insumos y materiales". Pasó todo el mandato de Alberto Fernández y el segundo de Salazar, que luego fue reelecto para un tercero, y la obra nunca fue retomada.

A fines del año pasado, el secretario de Economía Roberto Borgo, que asumió en ese cargo para el tercer ciclo de Salazar, le pidió al subsecretario de Legal y Técnica, Daniel Porta, también funcionario nuevo, que analice la viabilidad de la rescisión unilateral.

Porta dictaminó y en enero rescindieron el contrato ante el evidente incumplimiento por parte de Tecnicoop, de manera tal de habilitar el reclamo administrativo, y eventualmente  judicial, del anticipo financiero o el seguro de caución correspondiente.

Sorprendidos de esta demora de más de cinco años para tomar la decisión de comenzar a reclamarle a la empresa, los concejales radicales elevaron el pedido de informe, que será tratado este jueves en sesión.

Allí piden conocer qué funcionarios eran los encargados de controlar la ejecución de la obra, por qué motivos no se consideró antes la constitución de mora, en qué estado se encuentra el proceso para recuperar el anticipo financiero y a cuánto asume el capital reclamado más los intereses.

El Municipio cobró el seguro de caución tras la rescisión del contrato con la empresa cooperativa Grupo Alfa por la primera etapa de las obras de urbanización de la localidad de Los Cazadores, también conocida como barrio La Tosquera.

La compañía aseguradora Integrity S. A. firmó un convenio con la Municipalidad para el pago de 109.851.546,40 pesos correspondientes a la póliza de seguro de caución por la garantía del anticipo financiero para la obra denominada "desagües pluvial, red vial y peatonal", que Grupo Alfa abandonó sin terminar.

El Gobierno rescindió el contrato e intimó a la empresa para que retome la obra o reintegre el adelanto financiero. Cumplidos los plazos, el reclamo administrativo, a cargo de la Subsecretaría de Legal y Técnica que conduce Daniel Porta, llegó al convenio para el pago de esos 110 millones, que la aseguradora ya hizo efectivo.

Como con todas las obras que tenía en marcha en 2023 —las 84 viviendas de Depietri y las 89 de Nuestro Sueño, las más relevantes—, Grupo Alfa desapareció y abandonó las tareas tras las elecciones presidenciales. En medio de planteos por redeterminación de costos y con la decisión del nuevo Gobierno nacional de discontinuar la obra pública, el Municipio reclamó.

El presupuesto original era de casi 750 millones de pesos y formaba parte de un proyecto del programa de integración sociourbana de barrios populares del Renabap, que se financiaba con el denominado Fisu, que generó polémica al comienzo de la gestión Milei, quien apuntó al dirigente Juan Grabois por el destino de los recursos de ese fondo.

Grupo Alfa comenzó la obra y colocó adoquines en la bajada de la escuela 44, en una vereda que recorre la calle del bajo e instaló la red de agua, aunque no la conectaron porque nunca llegó el tanque.

El Municipio consideró "incompleta y abandonada la obra" por lo que requirió el reintegro del anticipo financiero, teniendo en cuenta que Grupo Alfa no justificó el parate ni retomó el plan de trabajos previsto. Al contrario: desarmó el obrador que tenía y se llevó todo.

Además de los desagües pluviales, el adoquinado de la bajada y la construcción de la vereda, el proyecto preveía pavimentar el camino que lleva a ruta 1001, la apertura de una calle de varias cuadras y la consolidación de 12 mil metros cuadrados de calzad acon ripio.

También estaba previsto construir un muro de contención en el límite de la escuela 44, que tiene serios riesgos de derrumbe porque está ubicada en la cresta de barranca, entre otras obras complementarias para las que el presupuesto original quedó corto a poco de ser aprobado.

La segunda etapa de las obras de remodelación integral del Instituto Sarmiento tiene cuatro empresas oferentes que presentaron propuestas para la licitación cuyos sobre fueron abiertos este miércoles.

Son dos empresas de San Pedro y dos de Baradero. La cantidad de ofertas igualó el récord en la Municipalidad, que tenía en la obra del playón deportivo de Santa Lucía, con cuatro, el máximo hasta ahora.

Además, hubo un quinto pliego adquirido por otra empresa local que finalmente no presentó oferta. Las propuestas van ahora a calificación financiera y luego deben pasar por el análisis técncio de Obras Públicas.

La obra licitada es la segunda etapa de la remodelación integral del espacio que alberga a niños que, por diversas razones, viven allí. La primera fue para reorganizar el área de cocina y lavadero, por 25 millones de pesos.

Esta nueva etapa tiene un presupuesto de 84,5 millones, que al igual que la primera se financia con ahorros del Fondo de Inclusión Social que remite Provincia a la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad que conduce Walter Sánchez.

"Son cuatro habitaciones con cuatro baños en suite completos, con duchas, se cambian desde las aberturas, los pisos, hay un SUM abierto tipo quincho que va en el patio de adelante, tres baños toilette más para el uso diario sin necesidad de ir a las habitaciones, una sala de visitas y una sala para preceptores", detalló el director del Instituto Sarmiento, Pablo Peralta, a La Opinión.

"Todo eso incluye la electricidad, plomería y la reparación de techos de ese sector", agregó y señaló que colocarán otro tanque de agua con cisterna y harán los desagües cloacales nuevos hacia calle Salta. Estimó que, cuando empiece, la obra tendrá un plazo de entre 90 y 120 días.

"Hay que demoler lo actual, que es todo Durlock, pero hay que removerlo. Hay que cambiar una parte de la galería y la cocina, del techo de chapas, unos 60 metros cuadrados, quizás más. Esta es la etapa más grande y más cara de todo el proyecto", indicó.