Desde hace cuatro años San Pedro tiene en el Aeroclub una avioneta secuestrada por la Justicia por ser propiedad de un empresario de Entre Ríos acusado de narcotráfico. La aparición de aviones de ese tipo es cada vez más recurrente en la región.

El sábado, Lilí Berardi entrevistó en Sin Galera al periodista rosarino Rodrigo Miró, especializado en investigaciones relacionadas con el narcotráfico y uno de los que reveló la trama que derivó en la renuncia de José Luis Espert como candidato a diputado de la lista de Milei.

"La sospecha es que una o dos veces por semana aterriza una avioneta narco en la zona"", dijo Miró.

La zona norte bonaerense, el sur de Santa Fe y la región próxima de Entre Ríos son, cada vez más, noticia por la aparición de alguna avioneta abandonada tras un vuelo narco, algunos porque llegaron a destino y descartaron el transporte, y otros porque tuvieron alguna dificultad.

Miró aseguró que las historias que investiga y que descubre a lo largo de su tarea periodística vinculada a la actividad ilegal del tráfico de drogas "son para una serie de alguna plataforma".

Uno de los casos resonantes es el de Jade Isabela Calláu Barriga, la ex Reina de Belleza de Bolivia que fue condenada y expulsada del país tras el aterrizaje de emergencia en una avioneta que trasladaba 350 kilos de cocaína.

Ese avión cayó en la zona de Ibicuy, Entre Ríos, tras quedarse sin combustible. El destino, reveló Miró, era la provincia de Buenos Aires. El avión tenía una matrícula falsificada, una modalidad habitual.

En 2017, por ejemplo, en la zona rural de Federal apareció abandonada una avioneta cuyo piloto dijo que "había cumplido con la entrega" y se fue sin dar más explicaciones, hasta que lo detuvieron en la ruta. 

Ese avión tenía inscripta la matrícula de una nave experimental propiedad de un sampedrino.

"Hay un piloto peruano que tenía, detrás de un boliche bailable en Buenos Aires, un simulador de vuelo, una especie de escuela de aviación para pilotos narco", contó Rodrigo Miró y reveló que las avionetas son compradas a precios muy por debajo del de mercado, por lo que "las descartan, son parte del costo".

"Esta zona es estratégica, la sospecha es que una o dos veces por semana una avioneta narco aterriza en nuestros campos, puede ser en la zona de San Pedro, Pergamino, San Nicolás, el Gran Rosario", señaló,

En se marco, advirtió: "Han aparecido avionetas cortadas en pedacitos, incendiadas, vacías, porque ya las ponen en su estructura logística".

"Una avioneta vendida en el mercado sale 100 mil dólares, más o menos. Este aviador peruano que te conté la había comprado en 13 mil dólares. Pero una carga de un vuelo narco traslada 350, 400 kilos de cocaína, que en origen, en Bolivia, es de 1500 dólares el kilo, pero cuando logran exportarla por nuestros puertos, vale 20, 30, 40, 50 veces más", detalló.

Hoy es viernes 25 de agosto y estos son los títulos de “Lo que importa”, el resumen diario de noticias de La Opinión

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Caminata de Lalcec Alucec San Pedro

Auspician Lo Que Importa:Vía Costa, Bachicha Ruedas, Hospital Privado SADIV, La Jabonera, Mecánica Agrícola, Rey Distribución, Aberturas San Luis, EFE Uniformes, Sindicato de la Industria del Papel, Valenziana Muebles, Hidráulica Biscia, Gran Paraná, INESPRO, Boulevard Ahorro, coach Dalmy Butti, Lubricentro Mitre, Ostoich Inmobiliaria y Construcción, Rapicuotas,Obra Social del Personal del Papel, Cartón y Químicos.

La División Drogas Ilícitas de la Policía llegó esta tarde a un domicilio céntrico que provocó sorpresa por tratarse de un sitio sumamente conocido. No era ese el objetivo principal de los efectivos sino dar con el paradero y domicilio de una persona que se había desempeñado en el lugar y de los posibles sitios donde podían encontrar estupefacientes.

A cargo del titular de esa fuerza, Oscar Panizza y en el marco de una investigación que incluyó una requisa de urgencia en Río Tala en un domicilio de calle Camellino y Belgrano, la vieja sede de la UATRE, lograron dar con distintos elementos que permiten acreditar la tenencia de estupefacientes para su comercialización y elementos para fraccionarla. Primero habían ido a calle Güemes 160 de esa misma localidad para cumplir con la orden impartida desde la fiscalía.

En Chivilcoy al 300 también se desplegaron los efectivos y secuestraron varios elementos que abonan a la causa que se investiga.

Carlos García por su parte, fue interceptado en la vía pública, en la intersección de las calles General Pueyrredón e Miguel Porta. Mañana será trasladado para prestar declaración en fiscalía.

Pasadas las 22.00 la Fiscal María del Valle Viviani se aprestaba a tomar declaración a un aprehendido en el marco de una causa en la que se investiga el fraccionamiento, distribución y venta de drogas. Desde fines de abril, personal especializado fue destinado a tareas de inteligencia en la zona de Bajo Puerto / Bajo Cementerio.

Una denuncia anónima daba cuentas de la actividad que desplegaban en una vivienda ubicada en el poste 9 de calle Vapor Correo Argentino.

Con datos precisos y pruebas que recogieron durante las últimas semanas solicitaron la orden de allanamiento que permitió la llegada de efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones de tráfico de drogas ilícitas de San Nicolás. En presencia de un instructor y con la participación de la titular de la UFI 7, lograron secuestrar más de 200 dosis de cocaína.

Entre los elementos que ya están en poder de la Justicia también había sustancias aptas para el fraccionamiento, varios teléfonos celulares, una balanza y dinero en efectivo.

Según reporta la documentación que se labró tras el operativo, en ese domicilio había 184 envoltorios de cocaína fraccionada para la venta que totalizaba 76 gramos, otras 17 dosis de un gramo cada una y dos más de medio gramo.

Además de una planta se llevaron 61 gramos en cogollos de marihuana lista para su distribución y consumo. Había dinero en efectivo y una balanza para el pesaje y corte. Cerca de las 23.00 en sede fiscal se impartían las instrucciones para derivar al apresado a una dependencia nicoleña.

Desde fines de septiembre del año pasado, un avión Cessna aircraft COP210 permanece bajo depósito judicial en el aeródromo de San Pedro tras haber sido incautado en el marco de una magacausa que investiga una organización narcocriminal que llevada drogas desde Paraguay a Uruguay con escalas en Argentina.

A disposición del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, la aeronave sigue en el Aeroclub pero ahora tiene destino: la Corte Suprema resolvió entregársela en custodia y para su uso a la Policía de Seguridad Aeroporturia (PSA).

La Escuela Técnica Aeronáutica Capitán Marcelo Pedro Lotufo, de Salta capital, había hecho un pedido formal a la Justicia Federal de Entre Ríos para que les cedan la nave para sus clases, sin embargo, a pesar de que el juez interviniente había accedido, la oposición de Fiscalía demoró todo y finalmente la posibilidad se obturó.

El juez federal Pablo Seró puso la aeronave a disposición del Máximo Tribunal, que resolvió asignarla a la PA, que deberá hacerse cargo de los gastos de traslado desde el Aeroclub, mantenimiento y aseguramiento por todo riesgo del avión secuestrado al narcotráfico.

Así lo hizo saber la Corte Suprema a través de una resolución que lleva el número 839 de 2022 y que fue firmada el pasado 11 de mayo, a la que tuvo acceso La Opinión.

La investigación penal está caratulada como “Marcogiuseppe, Silvio Román y otros s/ley 23.737” y desató un verdadero escándalo en la ciudad entrerriana de Concordia, donde la familia Marcogiuseppe, propietaria del “narcoavión” tiene armerías y es muy conocida.

“Está ahí tirado, abandonado detrás de un hangar”, dijo el presidente del Aeroclub, Eduardo Génova, sobre el narcoavión. “Estaría bueno que se lo asignara a un Aeroclub o a algún organismo que le pueda dar uso, como el Incucai”, dijo, sin conocer todavía la resolución de la Corte Suprema. Estimó que es una aeronave que podría costar unos 150 mil dólares.

En octubre del año pasado, la Justicia Federal de Entre Ríos desbarató una banda que se dedicaba al narcotráfico trasnacional y en ese marco secuestraron un avión Beechcraft B58 Baron que estaba en al aeródromo local propiedad de los imputados por los narcovuelos.

La aeronave quedó a disposición del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay y desde entonces está en el mismo lugar, sin novedades respecto de su futuro, a pesar de que personal de aviación de Gendarmería certificó que estaba apto para volar y todo hacía prever, en ese momento, que sería trasladado a Campo de Mayo.

Desde la Escuela Técnica Aeronáutica Capitán Marcelo Pedro Lotufo, de Salta capital, hicieron un pedido formal a la Justicia Federal de Entre Ríos para que les cedan la nave para sus clases y el juez accedió, pero la Fiscalía interviniente se opuso y eso demoró todo.

Luego llegó la feria judicial y ahora están a la espera de que la Procuración General de la Nación se expida sobre la situación, puesto que la escuela de Salta necesita la navae para que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) les otorgue la certificación.

Este miércoles, el móvil de Radio Cuarentena recorrió el Aeroclub y confirmó que el “narcoavión” todavía está en San Pedro y sin que haya novedades respecto de su futuro. Todos los que conocen el universo aeronáutico coinciden en lamentar la posibilidad de que quede abandonado, como sucedió con otras naves en similares circunstancias.

Cosultado sobre el avión, el propietario del taller mecánico ubicado dentro del Aeroclub y uno de los dos jefes de aeródromo en San Pedro, Sergio Baquero dijo que la nave está ahí y graficó: “Pudriéndose, a disposición de la Justicia”.

Baquero recordó casos en los que, en otros aeródromos, han quedado aviones abandonados por más de 10 años a la espera de resoluciones respecto de qué destino darles a las naves que, como la que está en San Pedro, fueron incautadas en procedimientos judiciales relacionados con causas por narcotráfico.

La semana pasada volvió a comunicarse con él el profesor Ulises Falabella, de Escuela Técnica Aeronáutica Capitán Marcelo Pedro Lotufo, una de las cinco de su tipo en todo el país, que otorga el título de técnico aeronáutico y mecánico de mantenimiento de aeronaves con el que los egresados pueden gestionar la licencia aeronáutica de validez nacional e internacional.

Falabella se enteró por La Opinión sobre el secuestro del avión y desde el primer día mantuvo contacto con este medio para llegar a las autoridades responsables de la nave con el objetivo de gestionar la cesión para la escuela de Salta.

Falabella sabe que la Fiscalía que se opuso al visto bueno del juez de entregarles el avión lo hizo con la intención de que quede en la provincia de Entre Ríos con la posibilidad de que se convierta en “avión sanitario”, aunque entiende que el tipo de aeronave incautada no reuniría las condiciones necesarias para ello.

El profesor se lamentó porque el avión permanezca abandonado y sin los cuidados que requiere, porque podría generar un deterioro difícil de revertir con el tiempo. Él también sabe que hay experiencias de aeronaves al intemperie durante más de una década a la espera de una resolución y espera que no ocurra lo mismo con esta tras el pedido formal que elevaron a la Justicia.

Personal de Gendarmería nacional secuestró en el aeroclub de San Pedro una aeronave vinculada a una magacausa federal que desbarató una banda de narcotraficantes que trasladaba cocaína por aire desde Paraguay hacia Uruguay con escalas en Argentina.

Pasadas las 17.00 de este jueves, entre 20 y 30 gendarmes se hicieron presentes en el aeródromo local y convocaron a las autoridades para llevar adelante el procedimiento, con una orden de incautación para ese avión Cessna aircraft COP210 con monomotor y matrícula argentina que había aterrizado allí entre el 10 y el 15 de septiembre.

Sergio Baquero, propietario del taller mecánico ubicado dentro del aeroclub y uno de los dos jefes de aeródromo en San Pedro, fue el responsable de acompañar el procedimiento y quedó como depositario judicial del avión, que sigue en la pista, en el mismo lugar donde aterrizó hace alrededor de 15 días sin que nadie sepa con precisión quién lo pilotaba o de quién era.

“No siempre se registran todos los datos. Entre los aeródromos dentro de la provincia de Buenos Aires, hay los que son públicos no controlados, lo que significa que pueden aterrizar y pedir su registro para un control de horas para la certificación del piloto pero hay mucha gente que aterrizó porque tenía ganas de ir al baño, aterrizó y se fue”, explicó Baquero.

La causa la lleva adelante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, y permitió desbaratar una banda dedicada al narcotráfico trasnacional. El domingo, la policía uruguaya secuestró en la ciudad de Artigas 400 kilos de cocaína. Luego, en una estancia de Concordia, hallaron el avión Beechcraft B58 Baron matrícula CX-BRI que tenían detectado como parte de esos vuelos.

La otra aeronave que formaba parte de la investigación es la que secuestraron en San Pedro.

La Justicia Federal certificó que la banda narco cargaba droga en Paraguay y la descargaba en Uruguay. La logística se hacía en Argentina, por lo que el secuestro de los 400 kilos de cocaína en la banda oriental permitió profundizar la investigación y llegar a los dos aviones secuestrados, el del Concordia y el de San Pedro.

El escuadrón antidrogas de Gendarmería llegó para incautar esa aeronave y además secuestró imágenes de las cámaras de seguridad del aeroclub en procura de determinar la o las personas que aterrizaron en el aeródromo local, cómo se fueron de allí, en qué se movilizaban y qué rumbo tomaron.

“Nunca había pasado una cosa así, uno escucha porque si bien la aviación tiene un montón de virtudes, también están los que la usan para el mal”, contó Sergio Baquero en Radio Cuarentena.

“Es una actividad que se desconoce, pero es como si vas en el auto de acá a Rosario y paraste en una estación de servicio, aterrizaste a estirar las piernas, ir al baño, es común y habitual, podés declararlo o no, porque (el vuelo) es no controlado”, explicó el jefe de aeródromo local.

“En la causa está que el piloto está prófugo de la Justicia. Nosotros no tenemos registro. A veces sucede que hay gente de mucho poder adquisitivo en San Pedro que tienen familiares fuera de San Pedro que vienen a visitarlos, dejan el avión ahí parado unas horas porque vinieron a almorzar”, explicó.

Pueden venir funcionarios públicos, gerentes de empresas, socios de grandes empresas por negocios, vienen, aterrizan, hacen lo suyo, dejan el avión y se van, no necesariamente quedan registrados”, agregó.

Baquero señaló que sí hay registro cuando las aeronaves despegan de aeropuertos controlados, porque “deben reportar su destino en el plan de vuelo, así que tienen que certificar cuando aterrizan, porque están monitoreados”.

“La ruta tampoco debe declararse, si vas a hacer un vuelo controlado sí declarás la ruta, cuando vas por la aerovía, con plan de vuelo, ruta, nivel de vuelo, estima, autonomía, cantidad de pasajeros, color de aeronave, todas las especificaciones. Pero si vas a hacer un vuelo no controlado, vas por debajo de los niveles no controlados, no es necesario”, precisó.

El avión secuestrado no estaba dentro del hangar sino en la pista. Baquero reveló que es algo habitual, al igual que solicitar permiso para guardar la aeronave. “A veces viene una persona porque hay mal tiempo y pide un lugar para hangaraje y se guarda el avión, se ha hecho en muchas oportunidades, en la aviación hay mucha camaradería, uno lo hace de buena fe”, explicó.

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de San Nicolás hizo lugar a un habeas corpus presentado por la Defensora General Celina Berterame por las condiciones de detención de 14 presos que estaban alojados en una oficina con rejas de la Jefatura de la Dirección Departamental de Investigaciones de Tráfico de Drogas y Crimen Organizado que conduce el comisario Gabriel Saldaña, que no contaba con autorización para tener detenidos.

Los jueces Alejandro López y María Elena Baquedano consideraron acreditado el agravamiento de las condiciones de detención de 11 varones y 3 mujeres, entre ellos varios sampedrinos, que compartían la misma “celda”, que en realidad era una oficina a la que el jefe de la DDA le colocó, por su cuenta y sin autorización alguna, una reja para convertirla en calabozo.

El fallo judicial obligó a remitir a los detenidos a la Unidad Penal 3 de manera urgente al tiempo que dispuso prohibir el alojamiento de personas en la Jefatura que conduce Saldaña y retirar dentro de los 15 días las rejas ilegales que dispuso, “bajo apercibimiento de formar causa por desobediencia”.

Todo comenzó cuando la Defensora General habló por teléfono con Romina Balenzuela, detenida por venta de drogas, oriunda de Río Tala, donde la conocen como “La Chinguda”, aunque su familia sostiene que ninguno de sus allegados la llama por ese apodo. En esa comunicación, la presa le informó a Berterame las condiciones de detención en las que estaba.

Tres funcionarios de Defensoría se presentaron en la dependencia que conduce Saldaña para constatar lo que parecía un insólito relato por parte de Romina Balenzuela. Para su sopresa, todo era cierto: en una oficina de aproximadamente tres metros por dos, sin ventilación, sin agua corriente y sin baño había 14 personas.

Los detenidos informaron que a partir de las 23.00 tenían que “hacer sus necesidades en un balde o una botella hasta las 8.00 del día siguiente”.

En su descargo, según obra en el fallo al que tuvo acceso La Opinión, Saldaña dijo que “cuando comenzaron a recibir personas detenidas las mantenían esposadas en un banco, hasta que en el año 2019 comenzaron a recibir muchas personas detenidas por lo que decidieron colocar rejas en dos oficinas diferentes, situación que se mantiene hasta el día de la fecha”.

En una audiencia del 18 de marzo, el comisario Abiel Saldaña reconoció que su dependencia no está habilitadoa para alojar detenidos y que “improvisó” de “forma provisoria” un calabozo, para lo que colocó rejas en una oficina “para no tener a una persona esposada en un banco por 45 días”. En ese mismo acto, el jefe de la ex DDA dijo que había informado de la situación al Juzgado de Garantías.

Cuando le preguntaron de dónde salieron los recursos para colocar esos barrotes, informó que los había pagado de su bolsillo.

La jefatura que conduce Saldaña es una Unidad Investigativa creada para el traslado de detenidos pero en tránsito hacia su lugar de alojamiento. Ya en 2018 habían informado a Garantías que no había personal ni calabozos ni sanitarios disponibles para tener presos.

Ni siquiera hay partida asignada para alimentos o elementos de limpieza e higiene personal. Saldaña dijo que hasta dispuso una heladera de su propiedad para que los reos guardaran comida.

En su descargo, el comisario de la policía de investigación de drogas dijo que las dependencias de la Jefatura Departamental de Seguridad no admitían a los detenidos provenientes de las causas en las que su área intervenía, por eso, también, se vio en esta situación ahora denunciada.

Al otro día de la audiencia hubo una pelea en al improvisado y clandestino calabozo. Romina Balenzuela se peleó con las otras dos mujeres que estaban allí, rompió un vidrio y amenazó con cortarse. Tuvo que presentarse un defensor oficial para dialogar con ella.

Saldaña y el titular de la Defensoría 3, Joaquín Castro, lograron calmarla. La detenida por venta de drogas dijo que se sentía mal por estar encerrado en ese pequeño espacio, reconoció que el trato con el personal policial era bueno pero expresó su deseo de ser trasladada al anexo femenino de la UP 3.

La Defensora General consideró que en la dependencia en cuestión había 14 personas “sometidas ante un agravamiento arbitrario de sus condiciones de detención”.

El Tribunal entendió lo mismo y destacó que no hay autorización para alojar presos en ese lugar, puesto que nunca tuvo calabozos. Para los jueces, la situación implica una “emergencia de la seguridad en el Departamento Judicial de San Nicolás” y “no puede sostenerse un día más”.

López y Baquedano ordenaron notificar al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, acerca del fallo. “Sin desconocer la estructura jerárquica de la fuerza policial, la orden de mando no debe ser cumplida cuando la misma es a todas luces ilegítima”, recordaron en la resolución, que también tiene como destinatario al jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, Xavier Areses.