La causa del secuestro de un kilo de cocaína en ruta 1001 que ingresaba a San Pedro para ser entregada a quienes se dedican a preparar dosis para el narcomenudeo sigue generando detalles que permiten trazar el mapa delictivo que rodea el caso.

A la revelación que hizo La Opinión respecto de que uno de los detenidos es Rafael Rodrigues, exgerente de ventas de la fábrica Coplac, se suma ahora otro dato importante sobre la trama.

La casa allanada, donde secuestraron una bolsa con 5 millones de pesos preparada para pagar la entrega de la cocaína guarda relación con un resonante caso nacional.

Esa casa tiene vínculos familiares con la novia de Axel Emiliano "Pelusa" Rojas, uno de los tres condenados por el asesinato de la pequeña Uma Aguilera, hija de custodios de la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, a quien balearon en un intento de robo.

Pelusa Rojas es el joven de 20 años que fue detenido en San Pedro en una casa del barrio Los Aromos, donde había alquilado un precario cuarto. Su lugar de refugio original era la misma vivienda de Manuel Iglesias y Fray Cayetano Rodríguez allanada en el caso de la cocaína.

Así consta en la investigación que derivó en la detención de Rojas el 25 de enero de 2024, tres días después del crimen, cometido en Lomas de Zamora.

Rojas tenía una relación de noviazgo con una chica cuya familia residía en esa casa y allí iba a refugiarse, aunque luego terminó en la vivienda de Almafuerte al 3800 donde lo detuvieron.

La vivienda de Manuel Iglesias y Fray Cayetano Rodríguez fue allanada luego de que la división drogas ilícitas de la policía interceptara un Toyota Corolla en el que venía escondida la droga.

Ese kilo de cocaína tenía como destino ese domicilio, donde esperaban con la bolsa llena de dinero para pagar. 

La droga sería para distribuir en una red de narcomenudeo que, según investigan, encabezaría una reconocida familia de la zona próxima a la vivienda allanada.

La denominada causa El Clan, que tiene a ocho personas acusadas de formar parte de una banda dedicada a la venta de drogas con el dueño del restobar céntrico de ese nombre como presunto jefe, fue elevada a juicio.

El expediente recayó en el Tribunal en lo Criminal n.° 1 de San Nicolás, integrado por Laura Fernández, Belén Ocaris y Cristian Ramos, y esta semana comenzó el ofrecimiento de prueba camino al debate.

Los imputados son seis varones y dos mujeres: Miguel Angel Briceño,  Alejo La Horca, Sebastián Mando,  Daniel Ezequiel Mitacek, Jeremías Javier Garay y Jeremías Ezequiel Zacarías; Nancy Lorena Lescano y Geraldine Alejandra Pereyra.

Todo están acusados de formar parte de la banda, cuyos líderes, según la acusación, eran Briceño y La Horca, aunque de ellos dos sólo el primero llega al juicio detenido, puesto que al otro le habían dictado falta de mérito, al igual que a Sebastián Mando.

La Fiscalía n.° 1 que conduce Verónica Marcantonio lleva al juicio la acusación contra Briceño y La Horca de proveer al resto de cocaína y marihuana para su comercialización al menudeo en San Pedro.

Esa actividad fue detectada por la investigación al menos entre el 28 de diciembre de 2023 y el 27 de marzo de 2024, fecha en la que se produjeron los 16 allanamientos que permitieron desbaratar la banda.

A Briceño lo acusan de ser el cabecilla, con el restobar El Clan, ubicado en Las Heras 75, en pleno centro de la ciudad, como pantalla. En su casa, ubicada en San Martín al 1400 secuestraron dos ladrillos de marihuana que arrojaron un peso de un kilo con 162 gramos y cinco envoltorios de cocaína, que pesaron 135 gramos.

Además, incautaron celulares; una computadora; dinero en efectivo en dólares, pesos y reales brasileños. En uno de los autos que usaba Briceño pusieron un rastreador para detectar sus movimientos. En su defensa, dijo que la droga “se la pusieron”.

A Alejo La Horca lo allanaron en Maestro Reyna al 1100. En su casa secuestraron una balanza, un envoltorio con 10,5 gramos de cocaína, recortes de nylon, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

En su defensa, La Horca dijo que la droga no le pertenecía, sino que era de un vecino que tiene problemas de adicciones y que con Briceño lo unía un vínculo relacionado con la venta de celulares.

También dijo que las veces que usó el BMW X6 del dueño de El Clan, un automóvil valuado en más de 40 mil dólares, se lo había pedido prestado "para hacerse el lindo" y "hacerse ver con las amigas".

En la casa de Nancy Lescano y su hija Alejandra Pereya, ubicada en Dávila al 500, secuestraron 48 envoltorios de cocaína fraccionada listos para la venta, que arrojaron un peso total de 17,8 gramos, una balanza y celulares.

La causa comenzó con una denuncia anónima contra Jeremías Garay, en cuyo marco la investigación permitió establecer que era Briceño quien le proveía las drogas y derivó en el seguimiento del resto de los integrantes de la banda.

Garay recibió el beneficio de arresto domiciliario y su pareja dijo que no tenían "nada como para decir que vendía drogas", al tiempo que aseguró que "no encontraron nada de nada" y que llegado el momento iba a hablar de “la corrupción de los políticos, la policía, de todos”.

Según obra en el expediente, en su casa de Libertad al 800 secuestraron 45 envoltorios de cocaína fraccionada y lista para la venta que pesaba 11 gramos, además de "material de estiramiento".

Jeremías Zacarías, reconocido delincuente del Bajo Puerto que quedó parapléjico en un enfrentamiento a los tiros en ese barrio y que cumple condena con arresto domiciliario, también forma parte de la banda y su caso se resolverá en juicio de trámite abreviado.

Zacarias, que tiene domicilio en el poste 27 de la calle Vapor Correo Nacional, fue allanado por la División Drogas Ilícitas de la policía. En su casa secuestraron 51 envoltorios de cocaína listos para la venta, que arrojaron un peso de 20 gramos, y una escopeta calibre 16 doble caño.

A Daniel Mitacek lo allanaron en el poste 22 del Bajo Puerto. Le secuestraron 11 envoltorios de cocaína fraccionada y lista para la venta, que pesaba 136 gramos, además de teléfonos celulares, dinero en efectivo y una pistola Taurus calibre 40 cargada.

Sebastián Mando fue considerado prófugo de la Justicia porque no estaba en su casa la madrugada de los allanamientos. Lo detuvieron algunos días después. 

En su declaración dijo que las plantas de marihuana secuestradas en su casa eran para consumo personal y que aparecía en los movimientos de cuentas bancarias de Briceño por cuestiones relacionadas con su trabajo como mecánico.

El Tribunal en lo Criminal n.° 1 debe disponer fecha para el debate oral y público en el que se ventilarán los hechos relacionados con la denominada banda de El Clan, acusada de vender drogas en San Pedro.

Desde hace cuatro años San Pedro tiene en el Aeroclub una avioneta secuestrada por la Justicia por ser propiedad de un empresario de Entre Ríos acusado de narcotráfico. La aparición de aviones de ese tipo es cada vez más recurrente en la región.

El sábado, Lilí Berardi entrevistó en Sin Galera al periodista rosarino Rodrigo Miró, especializado en investigaciones relacionadas con el narcotráfico y uno de los que reveló la trama que derivó en la renuncia de José Luis Espert como candidato a diputado de la lista de Milei.

"La sospecha es que una o dos veces por semana aterriza una avioneta narco en la zona"", dijo Miró.

La zona norte bonaerense, el sur de Santa Fe y la región próxima de Entre Ríos son, cada vez más, noticia por la aparición de alguna avioneta abandonada tras un vuelo narco, algunos porque llegaron a destino y descartaron el transporte, y otros porque tuvieron alguna dificultad.

Miró aseguró que las historias que investiga y que descubre a lo largo de su tarea periodística vinculada a la actividad ilegal del tráfico de drogas "son para una serie de alguna plataforma".

Uno de los casos resonantes es el de Jade Isabela Calláu Barriga, la ex Reina de Belleza de Bolivia que fue condenada y expulsada del país tras el aterrizaje de emergencia en una avioneta que trasladaba 350 kilos de cocaína.

Ese avión cayó en la zona de Ibicuy, Entre Ríos, tras quedarse sin combustible. El destino, reveló Miró, era la provincia de Buenos Aires. El avión tenía una matrícula falsificada, una modalidad habitual.

En 2017, por ejemplo, en la zona rural de Federal apareció abandonada una avioneta cuyo piloto dijo que "había cumplido con la entrega" y se fue sin dar más explicaciones, hasta que lo detuvieron en la ruta. 

Ese avión tenía inscripta la matrícula de una nave experimental propiedad de un sampedrino.

"Hay un piloto peruano que tenía, detrás de un boliche bailable en Buenos Aires, un simulador de vuelo, una especie de escuela de aviación para pilotos narco", contó Rodrigo Miró y reveló que las avionetas son compradas a precios muy por debajo del de mercado, por lo que "las descartan, son parte del costo".

"Esta zona es estratégica, la sospecha es que una o dos veces por semana una avioneta narco aterriza en nuestros campos, puede ser en la zona de San Pedro, Pergamino, San Nicolás, el Gran Rosario", señaló,

En se marco, advirtió: "Han aparecido avionetas cortadas en pedacitos, incendiadas, vacías, porque ya las ponen en su estructura logística".

"Una avioneta vendida en el mercado sale 100 mil dólares, más o menos. Este aviador peruano que te conté la había comprado en 13 mil dólares. Pero una carga de un vuelo narco traslada 350, 400 kilos de cocaína, que en origen, en Bolivia, es de 1500 dólares el kilo, pero cuando logran exportarla por nuestros puertos, vale 20, 30, 40, 50 veces más", detalló.

Mientras, otra vez, "Rosario sangra" en medio de crímenes vinculados al narcotráfico y al sicariato, en San Pedro se espera con atención el devenir procesal de la causa que vincula a la ciudad con la contratación de jóvenes entrenados para asesinar en el marco de las disputas de dealers de drogas: el homicidio del sampedrino Mauricio Cordara, chofer del sindicalista Pablo Ansaloni, cometido en Colón a fines de noviembre de 2022.

La fiscala Magdalena Brandt cerró la instrucción de la causa al considerar que los elementos probatorios para acusar a los organizadores y a los autores materiales del asesinato son suficientes. Resta, eso sí, esclarecer las responsabilidades intelectuales: quién mandó a matar a Ansaloni cuando balearon a su chofer y por qué.

La sospecha de la investigación siempre sostuvo que el blanco no era Cordara sino Ansaloni, que habitulamente llegaba los viernes en su coche a su casa de Colón junto a sus hijos. El día de la balacera, el que bajó del automóvil era el chofer. Recibió nueve balazos a quemarropa.

En septiembre del año pasado la policía de Rosario detuvo en esa ciudad al último profugo del caso. Agustín Alfredo “Calamar” Almirón, de 22 años, sicario a sueldo e hijo  de un policía condenado por su colaboración con Los Monos, uno de los clanes narcos de Rosario.

Antes habían detenido a Julián Nicolás Marcelo Gómez, un exconvicto que cumplía condena por robo calificado cuando mataron a Mauricio Cordara. La instrucción de la causa logró establecer que desde la propia cárcel se habría ocupado de contratar a los sicarios.

Calamar Almirón llegó a Colón desde Rosario en un Fiat Palio rojo junto a Iván Alonso, de 19 años, detenido a fines de enero del año pasado. Alonso está imputado como "coautor", ya que el que se ve en las cámaras, arma en mano, es Calamar.

El resto de los detenidos en la causa están acusados de ser partícipes secundarios por estar relacionados con la preparación del automóvil utilizado para trasladar a los sicarios. 

Ángel Ochoa estaba preso cuando lo acusaron de vender el automóvil para “hacer un laburo” que no era otro que matar a Cordara. Jonatan Blas Sosa es quin tenía el Palio en una cochera. Fernando Burgos está señalado como el comprador que les facilitó el Fiat a los asesinos.

Ramón “Monchi” Vallejos, padre del conocido líder de una organización vinculada al narcotráfico Hernan “Lichi” Romero, manejaba el auto tres días después del asesinato y es el único acusado de “encubrimiento.

Ese automóvil había sido robado en agosto de 2022 en La Tablada, partido de La Matanza, y le colocaron la patente de otro coche robado en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, para trasladarlo a Rosario y luego usarlo para el crimen.

En octubre del año pasado, la Justicia Federal de Entre Ríos desbarató una banda que se dedicaba al narcotráfico trasnacional y en ese marco secuestraron un avión Beechcraft B58 Baron que estaba en al aeródromo local propiedad de los imputados por los narcovuelos.

La aeronave quedó a disposición del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay y desde entonces está en el mismo lugar, sin novedades respecto de su futuro, a pesar de que personal de aviación de Gendarmería certificó que estaba apto para volar y todo hacía prever, en ese momento, que sería trasladado a Campo de Mayo.

Desde la Escuela Técnica Aeronáutica Capitán Marcelo Pedro Lotufo, de Salta capital, hicieron un pedido formal a la Justicia Federal de Entre Ríos para que les cedan la nave para sus clases y el juez accedió, pero la Fiscalía interviniente se opuso y eso demoró todo.

Luego llegó la feria judicial y ahora están a la espera de que la Procuración General de la Nación se expida sobre la situación, puesto que la escuela de Salta necesita la navae para que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) les otorgue la certificación.

Este miércoles, el móvil de Radio Cuarentena recorrió el Aeroclub y confirmó que el “narcoavión” todavía está en San Pedro y sin que haya novedades respecto de su futuro. Todos los que conocen el universo aeronáutico coinciden en lamentar la posibilidad de que quede abandonado, como sucedió con otras naves en similares circunstancias.

Cosultado sobre el avión, el propietario del taller mecánico ubicado dentro del Aeroclub y uno de los dos jefes de aeródromo en San Pedro, Sergio Baquero dijo que la nave está ahí y graficó: “Pudriéndose, a disposición de la Justicia”.

Baquero recordó casos en los que, en otros aeródromos, han quedado aviones abandonados por más de 10 años a la espera de resoluciones respecto de qué destino darles a las naves que, como la que está en San Pedro, fueron incautadas en procedimientos judiciales relacionados con causas por narcotráfico.

La semana pasada volvió a comunicarse con él el profesor Ulises Falabella, de Escuela Técnica Aeronáutica Capitán Marcelo Pedro Lotufo, una de las cinco de su tipo en todo el país, que otorga el título de técnico aeronáutico y mecánico de mantenimiento de aeronaves con el que los egresados pueden gestionar la licencia aeronáutica de validez nacional e internacional.

Falabella se enteró por La Opinión sobre el secuestro del avión y desde el primer día mantuvo contacto con este medio para llegar a las autoridades responsables de la nave con el objetivo de gestionar la cesión para la escuela de Salta.

Falabella sabe que la Fiscalía que se opuso al visto bueno del juez de entregarles el avión lo hizo con la intención de que quede en la provincia de Entre Ríos con la posibilidad de que se convierta en “avión sanitario”, aunque entiende que el tipo de aeronave incautada no reuniría las condiciones necesarias para ello.

El profesor se lamentó porque el avión permanezca abandonado y sin los cuidados que requiere, porque podría generar un deterioro difícil de revertir con el tiempo. Él también sabe que hay experiencias de aeronaves al intemperie durante más de una década a la espera de una resolución y espera que no ocurra lo mismo con esta tras el pedido formal que elevaron a la Justicia.