Santiago Murray, concejal suplente de Unión por la Patria y exsecretario Legislativo en representación del oficialismo de Cecilio Salazar, fue anunciado formalmente como parte del armado político de La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei, en San Pedro.

La coordinadora seccional Analía Corvino, jefa de Anses en San Pedro y responsable político del armado libertario en la segunda sección electoral, anunció oficialmente su designación como coordinador distrital de la agrupación que nuclea a profesionales alrededor del oficialismo nacional.

"Quiero felicitar a Santiago Augusto Murray por su designación como Coordinador Distrital en San Pedro de La Púrpura, agrupación que reúne a profesionales de todo en país dentro de La Libertad Avanza", anunció Corvino.

La responsable del armado de Sebastián Pareja para Javier Milei en la segunda sección destacó que Murray "tiene amplia capacitación en gestión, tanto de lo público como en lo privado, e integra desde 2024 "el equipo de La Libertad Avanza San Pedro".

En 2019, Murray fue votado como subsecretario Legislativo del Concejo Deliberante, en la segunda presidencia de Mónica Otero al frente del cuerpo deliberativo local, como militante del partido Fe que responde al intendente Cecilio Salazar.

En 2021 fue candidato a concejal por la lista del Frente de Todos, siempre desde el partido Fe, y juró como segundo edil suplente hasta diciembre de este año, por lo que ante dos licencias podría asumir en la banca. 

Ese mismo año fue designado secretario Legislativo de la tercera presidencia de Mónica Otero en el Concejo, cargo que ocupó hasta diciembre de 2023.

En el año en que Salazar obtuvo su tercer mandato al frente del Gobierno, Murray se quedó afuera del armado del oficialismo. No sólo no lo tuvieron en cuenta para las listas sino que ni siquiera le informaron que habría nuevas autoridades en la Secretaría Legislativa como para una transición ordenada.

A fines de 2024, Murray apareció en fotografías del brindis de fin de año de La Libertad Avanza, junto a Analía Corvino, su esposo y armador local Luis Silva y el concejal de Milei en San Pedro, Mauro de Rosa.

Esa fotografía provocó enojos en las filas del oficialismo y en el propio intendente Cecilio Salazar, que compartió la imagen en varios de los grupos de WhatsApp que reúne a sus funcionarios y otros militantes.

Tras al anuncio de Corvino, Murray agradeció en redes sociales "la confianza depositada para asumir este nuevo rol, que encararé con compromiso y responsabilidad".

Destacó "la necesidad de desregular la burocracia estatal, las herramientas legislativas que nuestra ciudad requiere para transformarse, en sintonía con el cambio que necesitamos para nuestra provincia y nuestro país".

Además, agradeció que lo hayan convocado para "ser parte de una nueva construcción política, basada en el debate de ideas y el trabajo en equipo".

Santiago Murray es empleado municipal. Antes de ocupar cargos en el Concejo Deliberante trabajaba en Palacio y ahora se desempeña en la órbita de la Secretaría de Producción que conduce Ariel Álvarez, que tiene sus oficinas en el edificio de Salta y Arnaldo.

Se cumplen 10 años de las audiencias del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la región durante la última dictadura cívico militar que se desarrollaron en la ciudad en el marco del juzgamiento de la megacausa Saint Amant II.

Para conmemorar el evento, la Mesa por la Memoria, la Verdad y la Justicia de San Pedro convocó a una charla que brindará el fiscal Juan Patricio Murray en el el Salón Dorado de la Municipalidad, mismo lugar en el que entonces se escucharon durísimos testimonios de victimas del terrorismo de estado oriundas de nuestra ciudad. 

El bloque de concejales de Unión por la Patria presentó un proyecto para declarar de Interés Municipal esta charla y en la última sesión ordinaria del año, realizada ayer, el HCD aprobó el expediente. 

La propuesta obtuvo el respaldo mayoritario del cuerpo, con 14 votos a favor (los 9 concejales de Unión por la Patria, los cuatro de la UCR y la concejala Cappelletti, electa por Juntos por el Cambio) y cuatro cuatro negativos de los concejales que están más cercanos al Gobierno nacional: Rivas, Lafalce, De Rosa y Riquelme. 

Si bien llama la atención la negativa a acompañar una declaración de interés para una charla sobre los juicios por delitos de lesa humanidad ocurridos en San Pedro, quizás sea aún más llamativo el debate generado en el recinto en presencia de dos vecinos que fueron víctimas de torturas por parte del terrorismo de estado. 

El concejal Martín Rivas dijo que le resultaba “imposible acompañar este expediente”puesto que si bien le parecía “lógico que conmemoren los familiares esta fecha” no lo era ”que el Municipio de San Pedro tenga que declarar sobre cuestiones del pasado que ya han sido juzgadas”

Además, cuestionó que se ceda el uso del Salón Dorado “a cuestiones que tienen que ver con una minoría o con temas ideológicos de la Mesa de la Memoria”.

La posición del concejal Rivas se suma a otras expresiones que se vienen escuchando por parte del oficialismo nacional que minimizan la relevancia de estas acciones, calificándolas como temas "del pasado" o "ideológicos". 

El oficialismo, por su parte, estuvo representado por su presidente del bloque, Candelaria Cuscuela, que se ocupó de recordar que dentro de las causas Saint Amant y Saint Amant II, se enjuició y condenó a genocidas por delitos como vejaciones, torturas, violaciones y desapariciones forzadas. 

Estos juicios, dijo Cuscuela, “forman parte de nuestra historia reciente, se llevaron a cabo en lugares emblemáticos, donde los hechos denunciados ocurrieron y donde, tras el debido proceso, fueron probados”. 

La concejala destacó además que en el exterior del Salón Dorado una placa conmemora aquella jornadas históricas de la que en su momento participaron vecinos y testigos “cuyas declaraciones fueron fundamentales para alcanzar las condenas y preservar la memoria de lo ocurrido”. 

La negativa de algunos concejales a apoyar la declaración de interés municipal a un acto conmemorativo de un juicio por delitos de lesa humanidad se inscribe en una creciente tendencia negacionista o relativizadora del terrorismo de Estado, que busca reducir estos crímenes a "disputas ideológicas" o cuestiones de grupos minoritarios. 

La Mesa por la Memoria, la Verdad y la Justicia de San Pedro convocó a una charla que brindará el fiscal Juan Patricio Murray, a 10 años de las audiencias del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la región que se desarrollaron en la ciudad.

La cita es el viernes a las 19.30 en el Salón Dorado de la Municipalidad, recinto que ofició de sede para las audiencias que comenzaron en noviembre de 2014 en el marco de la magacausa Saint Amant II.

La causa, que llevaba el nombre del excoronel Manuel Fernando Saint Amant, máximo responsable militar de la región, ventiló los hechos de torturas, vejaciones, asesinatos y desapariciones que tuvieron lugar en la región. 

Fue el segundo juicio de la zona por delitos de la dictadura cívico militar. El tercero, el Saint Amant III, tuvo varios casos sampedrinos que surgieron de las audiencias locales. En la actualidad está en marcha el cuarto.

Juan Patricio Murray, actual secretario letrado de la Procuración General de la Nación,  auxiliar Fiscal de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal y excoordinador de la Unidad Amia en reemplazo del fallecido Alberto Nisman, era fiscal de San Nicolás y se ocupó de la investigación que permitió condenar a genocidas en la zona.

Las audiencias en San Pedro permitieron tener de primera mano los testimonios de las víctimas locales sobrevivientes de la última dictadura cívico militar, de amigos, compañeros de militancia y familiares de ellos y de quienes sufrieron desapariciones forzadas.

Incluso de esas audiencias se desprendieron otras causas vinculadas a delitos de lesa humanidad puesto que durante las declaraciones surgieron nuevos elementos de prueba.

Tras esas audiencias, el excoronel Manuel Fernando Saint Amant, máximo responsable militar de la región, fue condenado a prisión perpetua al igual que Antonio Bossie, Norberto Ferrero y el expolicía sampedrino Daniel Fernando Quintana.

Edgardo Antonio Mastandrea recibió 20 años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo de la condena; Carlos Enrique Rocca, 12 años; el excomisario baraderense Roberto Horacio Guerrina, 6 años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo de la condena.

Por su parte, Clementino Rojas fue condenado a 4 años de prisión, Juan Alberto González a 3 años y seis meses; y Julio Alberto Almada, Miguel Ángel Lucero y Luis Antonio Sinigaglia a 3 años de prisión.

Las condenas dieron cuenta de que en la región, bajo el accionar del Área Militar 132 a cargo de Saint Amant y los suyos, hubo un actuar represivo que fue parte de la maquinaria del terrorismo de Estado dispuesto sistemáticamente por los usurpadores del poder público en marzo de 1976.

Las declaraciones que se escucharon en las audiencias dejaron establecidos múltiples delitos cometidos, todos probados, que son parte del plan sistemático de violencia instalada: secuestros ilegales, robo de bienes de los detenidos, torturas de toda índole y vejaciones, asesinatos y desapariciones forzosas.

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