Un grupo de vecinos, contribuyentes y ciudadanos de San Pedro elaboraron una nota dirigida al intendente Cecilio Salazar y al Honorable Concejo Deliberante para manifestar su rechazo a una eventual cesión de inmuebles municipales como parte de un acuerdo para cancelar la deuda que el Municipio mantiene con Ashira S.A.

La presentación surge en el marco del convenio firmado entre el Departamento Ejecutivo y la empresa recolectora de residuos, mediante el cual se busca refinanciar una deuda superior a los 3.600 millones de pesos en un plan de pago de 90 cuotas.

Para entrar en vigencia, el acuerdo requiere la aprobación del Concejo Deliberante por mayoría especial de dos tercios, es decir, el voto favorable de 12 concejales.

En la nota, los firmantes sostienen que los bienes del patrimonio municipal "constituyen un patrimonio colectivo que debe ser preservado para el beneficio, el desarrollo y el futuro de toda la comunidad sampedrina", y advierten que utilizar tierras o inmuebles públicos para cancelar deudas corrientes "representa un pésimo precedente administrativo y una pérdida irreparable para el municipio".

Además, consideran que la situación financiera de la comuna "no debe resolverse descapitalizando a San Pedro" y proponen que el Ejecutivo y el cuerpo legislativo busquen alternativas de financiamiento, planes de pago o mecanismos de reestructuración que eviten desprenderse de recursos inmobiliarios públicos.

Por ese motivo, solicitaron formalmente al intendente Cecilio Salazar que desista de cualquier iniciativa que implique la transferencia de bienes municipales y reclamaron al Concejo Deliberante que rechace un eventual proyecto de ordenanza destinado a convalidar esa posibilidad.

El planteo vecinal se conoce mientras el oficialismo busca reunir los votos necesarios para aprobar el convenio con Ashira, firmado tras el conflicto que semanas atrás afectó la recolección de residuos debido a la demora en los pagos del Municipio a la empresa. Según informó el propio Gobierno, el acuerdo apunta a otorgar previsibilidad financiera para garantizar la continuidad del servicio, aunque comprometerá recursos municipales durante siete años y medio, alcanzando a tres gestiones de gobierno.

La propuesta del convenio incorpora un nuevo elemento al debate político que deberá darse en el Concejo Deliberante, donde no solo se analizarán las condiciones de refinanciación de la deuda, sino también las distintas alternativas para garantizar su cumplimiento sin afectar el patrimonio público municipal.

El Gobierno fue notificado este lunes sobre la confirmación del embargo de cuentas bancarias del Estado local para cubrir los 28,7 millones de pesos que no se le pagaron al abogado Adrián Bengolea por los juicios que Raúl Calonge le ganó a la Municipalidad.

"En autos se trabó embargo sobre las sumas que la demandada tenía depositada en el Banco de la Nación Argentina por la sumas de pesos $ 28.700.000", dice la cédula de notificación electrónica, firmada este lunes al mediodía.

El 5 de junio pasado, el juez en lo Civil y Comercial N° 1 Hernán Prat informó el número de cuenta judicial en el que debía hacerse efectivo el depósito de las sumas embargadas, cuenta abierta en la sucursal Tribunales de San Nicolás del Banco Provincia, que confirmó su apertura una semana antes.

La Municipalidad le debe al abogado nicoleño Adrián Bengolea los honorarios regulados en el fallo mediante el que el Estado de San Pedro perdió el juicio por desalojo contra Raúl Calonge, quien además ganó su planteo de usucapión por los terrenos costeros que ocupa al pie de barranca frente al club de Pescadores.

Los 28,7 millones surgen de sumar los 18,7 millones de honorarios más 10 millones de intereses, aportes, IVA y otras costas del proceso que consideró el juez Prat cuando Bengolea pidió el embargo ante la falta de pago.

La semana pasada, los votos del oficialismo obturaron la posibilidad de aprobar un pedido de informe presentado por el opositor Martín Rivas para que el intendente explicara a los ediles la situación de esa derrota judicial.