Dentro de la gama de vehículos eléctricos, cada vez más atractivos en el mercado, los biciclos también comienzan a ganar espacio.

Dentro de la variedad, que incluye desde bicicletas, triciclos, monopatines y motos, existen condiciones para circular: deben estar registrados, tributar la patente y el conductor debe cumplir con las normas de tránsito (licencia de conducir, seguro, tarjeta verde y casco).

Desde 2014 en San Pedro existe una ordenanza que regula la circulación de las denominadas “motos eléctricas, velocípedos ecológicos a pedal y eléctricos, rodados a explosión de baja cilindrada” en todo el partido.

Esta recién entró en funcionamiento en 2017, cuando un decreto del Municipio habilitó la inscripción, como así también para aquellas motos que fueron entregadas por las concesionarias sin la documentación reglamentaria en las décadas de los 80 y 90.

Luego, en 2020, el Gobierno nacional dispuso que las motos eléctricas se inscriban a través del Registro Nacional de Propiedad del Automotor (DNRPA). Por lo tanto, quienes adquieran una de estas características, sin importar el nivel de potencia, deben ajustarse a la disposición.

Para ello se necesita contar con el Formulario 01: este es la inscripción inicial (patentamiento) de todo vehículo 0 km, nacional o importado. Este trámite lo gestiona la concesionaria que vendió la moto y se la debe entregar al adquirente para que después gestione en el DNRPA.

También se debe contar con la factura de compra y el Formulario 12: es la constancia de la Verificación Policial del Automotor (VPA) obligatoria en Argentina para transferir vehículos usados (inscriptos a partir del 2001) o realizar la inscripción inicial. 

Para ello se solicita un turno a la web https://pagoverificacion.sivef.com.ar/turnero.php?tag=PROVINCIA, se abona el impuesto que lo habilita en el sistema para la verificación y luego se completa el trámite en la oficina de Mitre 1995, en el Polo de Seguridad.

En cuanto a los restantes rodados, velocípedos ecológicos a pedal y eléctricos, y rodados a explosión de baja cilindrada,  deben inscribirse en la oficina municipal que funciona en el mismo edificio. También aquellas motos eléctricas adquiridas antes del año 2020.

Vecinos del barrio Villa Ester y Espacios Verdes se comunicaron esta semana con La Opinión para reportar que desde 2024 se encuentran esperando una solución al estado de las calles de la zona que va desde Gomendio hasta Padre Santana y sus alrededores. 

En marzo de ese mismo año, los vecinos habían presentado un reclamo formal por mesa de entrada en la Municipalidad para pedir por el arreglo de las calles, por el que continúan esperando respuestas desde aquel entonces. 

El problema principal de los vecinos es que al ser las calles de tierra, dificultan el tránsito y el día a día de las familias que allí residen, sobre todo durante los temporales de lluvia y los días posteriores con el barro. 

“Me cansé de intentar de que me den una respuesta, que me atiendan siquiera. Me toman los datos, me dicen que se van a comunicar y llevo todos estos años y jamás me han atendido", contó una vecina y agregó: 

"Uno de los vecinos le hizo llegar la nota a Mariano Brañas, que dijo que nos iba a dar una respuesta o algo, pero jamás nos contactaron ni nada. Yo dejé copias también en Obras Públicas un montón de veces". 

Tras no obtener respuestas durante dos años, los vecinos escribieron una nueva carta dirigida al intendente Cecilio Salazar. 

08/04/26

Sr. Intendente, Cecilio Salazar:

Me dirijo a usted con el fin de informarle sobre el estado en el que se encuentran las calles de nuestros barrios (Espacios Verdes y Villa Ester) y solicitar el mejorado de las mismas. Su ubicación comprende desde la calle María Aroza de Gomendio hasta Padre Santana (y sus calles intermedias), y desde Av. Juan Bautista Justo hasta Av. América (y sus calles intermedias).

Esta zona se encuentra en pésimo estado, dificultando el paso de todos los que circulamos a diario. Además, cuando llueve resulta un peligro para los usuarios (peatones y conductores). Los niños pierden muchos días de clases al no poder transitar (sobre todo en invierno, cuando las calles no se terminan de secar) o deben arriesgarse a un accidente por el mal estado del camino.

Si tenemos alguna emergencia médica o de seguridad, se complica ser asistidos porque los vehículos se quedan encajados.

El 07/03/24 ingresé una nota en la Municipalidad para solicitar el mejorado de las calles, cumpliendo con todos los requisitos que me indicaron. Desde entonces y hasta la fecha, he llamado y asistido personalmente muchísimas veces a la Municipalidad y a Obras Públicas en busca de una respuesta, pero siempre me dicen lo mismo: “Dejá tu nombre y tu teléfono que se van a comunicar”, pero jamás lo hacen.

Por ese motivo decidí intentar comunicarme con usted por este medio, con la esperanza de lograr una solución. Nuestras familias necesitan poder circular con seguridad para cubrir las necesidades esenciales: provisión de alimentos, educación, salud, trabajo y seguridad.

Sin más que agregar, quedo a la espera de su respuesta.

Saludos,Karen Maricel Romero. 

Este sábado, en Sin Galera, el secretario de Economía, Roberto Borgo, trazó un panorama detallado de la situación financiera del Municipio y desglosó los principales problemas que enfrenta el Gobierno.

El funcionario advirtió sobre las dificultades para sostener el pago de sueldos y reconoció que “la Municipalidad tiene que pedir asistencia financiera todos los meses” para poder cumplir con los salarios.

En ese marco, alertó que el margen es cada vez más reducido y que nuevos gastos impactan de forma directa sobre la masa salarial.

Borgo explicó que el Municipio destina casi el doble de lo que recibe por coparticipación para sostener el área y que la salida del programa Remediar agrava aún más la situación.

“Estamos atendiendo al 60% de la población” y “necesitamos entre 300 y 800 millones de pesos por mes para cubrir medicamentos”, sostuvo. Además, remarcó: “Ese costo es casi la mitad de la masa salarial”.

“El único plan que podemos tener hoy es contener la situación”, afirmó. En ese sentido, planteó que las prioridades estarán centradas en salud, servicios esenciales y obra pública básica, mientras que el resto de las áreas deberá ajustarse.

En relación a la rendición de cuentas, sostuvo que el déficit responde principalmente al peso del gasto sanitario.

“No considero que gastar en salud sea un déficit”, señaló, y lo vinculó a una decisión política de sostener la atención en un contexto adverso.

Borgo también cuestionó los recortes impulsados por el Gobierno nacional y su impacto en los municipios.

“Es muy fácil decir que no hay plata y dejar de mandar medicamentos”, apuntó, y agregó que esa decisión “termina trasladando el problema al municipio, que es el que tiene que dar la cara”.

Ante los planteos sobre la cantidad de personal, rechazó la idea de un sobredimensionamiento y fue tajante: “Si hay que ajustar, hay que decir qué servicio dejamos de prestar”.

En esa línea, defendió la estructura actual al considerar que responde a la demanda, especialmente en el sistema de salud.

“Cobramos el 50% de las tasas que emitimos”, indicó, y advirtió que eso condiciona toda la gestión.

A esto se suman dificultades para cumplir con proveedores, que “terminan recargando los precios porque saben que cobran tarde”, y tensiones en servicios como la recolección de residuos, que también podrían ser revisados en función de los costos.  

Municipalidad de San Pedro: Situación Económico - Financiera Ejercicio 2025 by La Opinión Semanario

La Municipalidad tiene prevista una nueva compactación de vehículos secuestrados, aunque la medida no alcanzará a la totalidad de los rodados que permanecen bajo incautación por disposición del Juzgado de Faltas.

En los últimos meses, la acumulación de vehículos colmó la capacidad del galpón alquilado para tal fin, una situación que dificulta la tarea diaria de la Dirección de Tránsito, cuyo trabajo no se limita únicamente a la sanción de infractores, sino también a la gestión y resguardo de los rodados retenidos.

En muchos casos, especialmente en lo que respecta a motocicletas, los vehículos deben ser trasladados y resguardados en otras dependencias del área hasta que se logre descomprimir el depósito ubicado sobre la calle Saavedra.

Ante este escenario, se determinó avanzar con la compactación de 230 vehículos. Sin embargo, aun después de concretarse el procedimiento, permanecerán en el depósito alrededor de 200 motocicletas, todas correspondientes al año 2025.

Desde el Juzgado de Faltas recuerdan que existe un procedimiento vigente que permite a los infractores recuperar sus vehículos secuestrados, siempre y cuando se abonen las multas correspondientes y se presente la documentación obligatoria para circular. No obstante, el ingreso de motos al depósito continúa de manera sostenida, con una estimación de dos nuevas motocicletas cada tres días.

Según se explicó, esta situación se produce, en la mayoría de los casos, por la imposibilidad de reunir la documentación exigida, especialmente la acreditación de la titularidad del rodado. Las motocicletas solo pueden ser restituidas a quien figure como titular registral o, en su defecto, a quien presente el formulario de transferencia “08” firmado por el dueño. Sin esa documentación, no existe la posibilidad legal de recuperar el vehículo.

En términos generales, las infracciones de tránsito más frecuentes están vinculadas a la falta de licencia de conducir, la ausencia de seguro obligatorio y el casco. 

Al respecto, se recordó que este debe colocarse y ajustarse correctamente, ya que llevarlo en otro lugar carece de utilidad. Así quedó demostrado recientemente en un accidente protagonizado por un joven que circulaba con el casco en el manubrio.

El Departamento Ejecutivo Municipal, encabezado por el intendente Cecilio Salazar, realizó un reconocimiento al exfuncionario Ángel Álvarez, quien recientemente accedió al beneficio jubilatorio tras una extensa trayectoria en la función pública.

Durante el acto, Álvarez fue destacado como un hombre de “una extensa trayectoria de servicio a la comunidad de San Pedro y a la Delegación de Gobernador Castro”, en referencia a los distintos cargos que ocupó a lo largo de su carrera política y administrativa.

El encuentro contó con la participación de familiares, excompañeros de trabajo e integrantes del gabinete municipal, quienes acompañaron el homenaje y compartieron el reconocimiento a su labor desarrollada a lo largo de los años.

Ángel Álvarez inició su carrera política durante la gestión del exintendente Mario Barbieri y, a lo largo del tiempo, se desempeñó de manera ininterrumpida en distintos gobiernos locales. Además de ocupar el cargo de delegado de su pueblo natal, Gobernador Castro, ejerció diversas funciones como secretario y director en distintas áreas del Municipio.

El reconocimiento se enmarcó en el agradecimiento institucional por los años de servicio prestados y el compromiso asumido en cada una de las responsabilidades que le fueron asignadas.

La Municipalidad de San Pedro lanzó la propuesta del dictado de un Taller de Orientación Vocacional destinado a jóvenes que cursan el último año del secundario.

La intención de crear este espacio tiene como finalidad acompañar a los adolescentes “en la reflexión sobre sus intereses, habilidades y valores”. El objetivo es brindarles herramientas que les permitan tomar decisiones en lo profesional y lo educativo.

Oficialmente se indicó que el curso estará a cargo de María Florencia Cominetti y se llevará a cabo en la sede del Polo Universitario de San Pedro (PUSAP), ubicada en Salta y Arnaldo.

También se informó que la inscripción está abierta, y que puede realizarse de lunes a viernes, de 9.00 a 13.00, en las oficinas del PUSAP.

Además, los interesados pueden recabar más información comunicándose al 3329-320211 o ingresando al formulario disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/Upp56LH5EcGUkw3a6

¿Cuándo se realizará el taller? Hasta el momento no se consignó una fecha por parte del área organizadora, la Dirección de Educación.

La consulta de una vecina respecto de por qué no se pueden dejar comentarios en las publicaciones del perfil de la Municipalidad desató la polémica en las redes sociales.

Tanto en Facebook como en Instagram, la página denominada San Pedro Municipio no tiene habilitada la sección de comentarios, aunque en la primer opción pueden dejar mensajes sólo los usuarios seleccionados por el administrador.

Nahiara coincidió con la duda y dijo: "Tiene toda la razón esa chica. Al menos sabrían lo que opinamos y necesitamos los ciudadanos, pero les importa un pedo, sólo quieren llegar a fin de mes con sus bolsillos llenos".

Mercedes comentó: "Porque estamos en la época donde no existe la libertad de expresión, me pasó lo mismo con una publicación de un partido político donde opine con conocimiento de mis palabras y me bloquearon, le tienen miedo al éxito".

"El necio no escucha y hace lo que quiere", expresó Andrés y Adriana acotó: "Seguro no se quieren enterar de las verdades".

Mónica arremetió: "A mi todo me chupa un hu+#$ todo. Si tengo que opinar lo hago y listo, y al que no le guste que siga de largo nomás nadie les dice que lean lo que público".

"Ya con que opinen por acá, qué más quieren", consideró Patricia y Diego apuntó: "El que maneja la página no sabe leer no le pidan más pobre pibe".

Andrea preguntó: ¿Cuál es la necesidad de no dejar que comentemos? ¡A veces publican cosas que están buenas!"

Hugo sentenció: "Ahí se equivocó Cecilio, si hubiera dejado que el ciudadano comente u opine, tendría la verdad sobre la situación de abandono de la ciudad, tendría un panorama de las necesidades de los vecinos, cada barrio haría conocer su problemática, sería una herramienta de conocimiento para llevar bien su gestión, es decir que la gente le haría ver lo que su gabinete no vio o no quiso ver sobre lo que está pasando en San Pedro". 

La Sociedad Rural de San Pedro expresó su preocupación por la presencia de caballos sueltos en los accesos a la ciudad, y lo hizo a través de un comunicado.

La entidad tituló con dureza la nota donde cuestiona la aparición de los equinos: “¿Incapaces o socios?”, refiriéndose a las autoridades municipales, quienes, según su criterio, “eligen mirar para otro lado”.

En el documento manifiestan su preocupación “por la situación que desde hace tiempo se repite en los accesos a nuestra ciudad: la presencia de caballos sueltos que destruyen cultivos, viveros, alambrados y todo lo que encuentran a su paso, generando además un grave riesgo para la seguridad vial”.

La entidad considera que estos animales, “convertidos en verdaderas armas para quienes circulan por los ingresos a San Pedro, también son utilizados en hechos delictivos". 

"A ello se suma la problemática sanitaria, ya que muchos de estos caballos en condiciones dudosas son faenados y su carne distribuida en la población, lo cual constituye un serio peligro para la salud pública”, indicaron.

En otro párrafo destacaron el esfuerzo de la Policía local y el Comando de la Policía Rural, “que hacen lo posible con recursos limitados”, y consideraron que si los problemas persisten es “debido a la falta de respuestas concretas de las autoridades municipales”.

Es por ello que interpretan que las autoridades gubernamentales “conocen esta situación desde hace años, pero eligen mirar para otro lado”, y deducen que en el medio “surge una pregunta inevitable: ¿son incapaces o socios de esta práctica casi criminal? Porque es cuestión de tiempo que tengamos que lamentar un accidente fatal”.

La Sociedad Rural, finalmente, reclamó respeto por el trabajo de los productores, quienes “no pueden seguir siendo desatendidos”. Por lo tanto, exigieron “soluciones urgentes y efectivas” ante la problemática que plantea.

Una demanda contra la instrumentación del Fondo de Obras Públicas Comunitarias (FOPC) que administran la Municipalidad y la Coopser tramita en la Justicia, presentado por abogados que consideran inconstitucional el cobro de ese gravamen en la boleta de la luz.

El planteo fue elevado por María Andrea Ortiz, abogada que posee un medidor en nuestra ciudad, junto a sus colegas Roberto Zorzoli y Karina Rivet, en noviembre del año pasado.

Además del planteo de inconstitucionalidad —la “cuestión de fondo”—, los abogados presentaron un recurso de amparo para que se dicte una medida cautelar que deje sin efecto el cobro del FOPC de manera inmediata.

La Suprema Corte de la Provincia dispuso, sorteo mediante, que lo trate la sala a cargo del juez Miguel Ángel Cornelli, del Juzgado de Familia, quien denegó el recurso, es decir rechazó dictar la cautelar.

Ahora, se espera el tratamiento de la cuestión de fondo, relacioanda con el planteo de inconstitucionalidad de la ordenanza que creó el Fondo de Obras Públicas Comunitarias y sus modificatorias.

La normativa, en su momento, contó con la aprobación no sólo del obvio proceder del Concejo Deliberante sino también del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA).

En la presentación judicial, los abogados indicaron que “los usuarios del servicio de electricidad se encontraron obligados a pagar la mal denominada ‘Tasa’ ya que, sin contraprestación concreta, efectiva e individualizada, y en su condición de usuarios cautivos de un servicio público esencial y monopólico, se les impuso la obligación de pagar mensualmente una suma que implicó un encarecimiento del servicio eléctrico, y que es recaudado por la Coopser con destino a una cuenta especial”.

Asimismo, se cuestionó que en la factura solo se indica la sigla FOPC “sin mención alguna de la identificación del porcentaje, alícuota o parámetros de fijación para determinar de los valores monetarios del Fondo, dejando así al arbitrio de las autoridades municipales o de la Coopser, o de ambos, los montos a abonar por los usuarios”.

Parte del planteo también radica en que la Municipalidad omitió el detalle de solicitarle a cada socio de Coopser la aprobación de la contribución como “concepto ajeno” a la factura de la luz. 

Además, tampoco habilitó el pago por separado del Fondo y que la leyenda que se incluye en la factura solo reza la sigla FOPC, sin mencionar que corresponde a la Ordenanza Nº 4043/86.

Dentro de la presentación, los letrados requirieron que se ordene a la Coopser, hasta tanto se declare la inconstitucionalidad de las ordenanzas, “permitir a los usuarios pagar de manera separada los cargos ajenos al consumo eléctrico en todas las modalidades de pago".

También pidieron "incluir una leyenda que indique que la falta de pago del FOPC no constituye causal de incumplimiento habilitante para la interrupción o desconexión del suministro de energía eléctrica”.

En el fallo que rechazó la cautelar, el juez Cornelli reconoció la autorización de OCEBA para incluir el Fondo en las facturas, que le “otorga legitimación para efectuar la retención del FOPC”.

Además, el magistrado dispuso que, en las facturas de Cooser que se emitieron para los vencimientos de abril, y en lo sucesivo, se informe que existe en trámite esta causa.

La cooperativa debe citar la carátula e incluir los datos del Juzgado, para que aquellos socios que cuestionen el pago del Fondo de Obras Públicas Comunitarias puedan objetarlo.

A la espera de la liquidación de la ayuda escolar, cuya diferencia con la que se liquidaba había quedado en una base muy distante de la dispuesta para todos los hijos de trabajadores del país a los que se les liquida esta suma a través del ANSES, los municipales recibieron la comunicación que dieron a conocer las autoridades locales. Así, en lugar de los 9.609 pesos establecidos como base para el mes de mazo, percibirán 70.000 según se dispuso en la Resolución 40/2024.

“Es importante destacar que el municipio, de acuerdo con la Legislación Provincial, no forma parte del SIPA – Sistema Integrado Previsional Argentino, ya que canaliza los aportes y contribuciones bajo la normativa vigente que regula el sistema previsional de la Provincia de Buenos Aires, en consonancia con la Ley 8587 y el Decreto Ley 9650/80 I.P.S”, aclara el comunicado oficial.

La inquietud de los trabajadores pasaba por la gran diferencia en su liquidación y esta angustia quedó saldada este miércoles por la noche cuando conocieron la resolución. 

“A pesar de las dificultades económicas que atraviesa el país, los ingresos de los trabajadores y la situación financiera del Municipio, que ha visto una práctica licuación de los recursos propios en los tres primeros meses del año, desde el gobierno del Intendente Cecilio Salazar se ha decidido acompañar a los empleados municipales de menores ingresos que acceden a la ayuda escolar por topes vigentes”, dijeron para destacar que el dinero para afrontar la erogación saldrá de las arcas sampedrinas.

En total son 253, según informan desde la comuna y que podrían sumar muchos más cuando el personal complete la documentación que se le ha requerido para percibir el beneficio. 

“La gestión municipal entiende que la situación económica no debe ser un impedimento para garantizar la educación de calidad a los hijos de los empleados municipales. Es por ello que, para promover la equidad educativa y eliminar los obstáculos sociales, se invertirán más de 30 millones de pesos en los próximos tres meses para asegurar la igualdad de recursos en el acceso al conocimiento para los hijos de los empleados con menores ingresos de la planta municipal”, concluyen.