El secretario de Economía y Finanzas de la Municipalidad, Roberto Borgo, explicó los motivos que llevaron al Gobierno local a disponer un aumento del 80 % en las tasas municipales, una cifra que supera ampliamente la inflación proyectada para 2025, estimada en torno al 30 %.

En diálogo con Rafael Flaiman en el programa Sin Galera, el funcionario sostuvo que el incremento responde a un “importante retraso” en los valores actuales de las tasas, la baja cobrabilidad y el desfasaje existente entre los ingresos municipales y el costo real de los servicios que se prestan.

“El Municipio está aumentando significativamente las tasas debido a un notable atraso y al fuerte incremento de los costos, especialmente en servicios esenciales como la electricidad y la gestión de residuos”, explicó Borgo. En ese marco, mencionó la situación de Ashira S.A., la empresa encargada de la recolección y gestión de residuos, a la que el Municipio adeuda una suma considerable tras la renovación de la concesión.

Según detalló, durante años se operó con tasas que no lograron acompañar el aumento sostenido de los costos. “Se ha estado trabajando con un significativo retraso en las tasas, lo que no permitió seguir el ritmo de los gastos”, indicó, al tiempo que mencionó las dificultades cotidianas para brindar servicios en barrios con infraestructuras insuficientes.

Borgo también planteó la necesidad de avanzar en reformas estructurales para afrontar los desafíos financieros de largo plazo. En ese sentido, remarcó que el área de salud representa el 57 % del gasto total del presupuesto municipal, debido al crecimiento de la demanda y a la incorporación de nuevos servicios, entre ellos los vinculados a la salud mental.

Otro de los puntos señalados fue el elevado costo del funcionamiento de las bombas de agua y del alumbrado público, particularmente por el incremento en el valor de la energía eléctrica. “El costo del Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) casi se ha triplicado tras la finalización de un acuerdo con Ashira, lo que impacta directamente en la capacidad del Municipio para cubrir esos gastos”, afirmó.

Finalmente, el secretario retomó un debate recurrente en torno al presupuesto municipal: la necesidad de generar nuevos recursos, mejorar los niveles de recaudación y abordar los problemas vinculados al desarrollo territorial del distrito. “También necesitamos una política económica nacional que acompañe a las economías locales y promueva la producción nacional”, sostuvo, y llamó a fortalecer la colaboración entre el Departamento Ejecutivo, los trabajadores municipales y la comunidad para encontrar soluciones a los desafíos futuros.

La Municipalidad de San Pedro informó que retiró el Punto Verde ubicado en plaza Constitución debido al uso indebido que algunos vecinos hicieron del espacio, al arrojar residuos que no corresponden al sistema de reciclado. Desde el Gobierno local calificaron estas conductas como “irresponsables”.

Según explicaron oficialmente, en los contenedores —destinados exclusivamente a reciclables limpios y secos— se encontraron residuos como animales muertos, pañales, escombros, restos de obra y basura domiciliaria, lo que imposibilita su correcta utilización y genera riesgos sanitarios.

“El retiro de este Punto Verde se suma a otros que debieron concretarse en distintos puntos de la ciudad por los mismos motivos”, indicaron desde el Municipio. 

No obstante, aclararon que, a pesar de esta situación, se continúa fortaleciendo la política de gestión integral de residuos, con resultados positivos en ámbitos como escuelas, comercios y edificios públicos.

La correcta utilización de los Puntos Verdes implica un cambio cultural, basado en la conciencia y la separación de los residuos domiciliarios. En ese sentido, reconocieron la necesidad de avanzar en campañas de difusión y concientización más intensivas para acompañar este proceso.

Asimismo, se aclaró que el retiro del Punto Verde es transitorio y que actualmente se está evaluando la estrategia para mejorar.

Finalmente, el Municipio invitó a los vecinos interesados en contar con un Punto Verde en su barrio a gestionar la solicitud escribiendo al correo electrónico medioambiente@sanpedro.gob.ar

La Municipalidad de San Pedro afronta una demanda en el fuero Civil por parte de la familia del nene sobre el que cayó una placa de mármol en la plaza Constitución, quienes reclaman una indemnización por casi 34 millones de pesos.

La familia del niño, que tenía 8 años cuando ocurrió el accidente, fue a la Justicia con una pretensión indemnizatoria por  incapacidad, daño moral, estético y psicológico, y por gastos médicos y de farmacia.

En la demanda, el abogado que los representa planteó que la placa se cayó como "consecuencia del deterioro de la estructura de hierro que la sostenía" y consideró que estaba "en evidente mal estado" por "falta de mantenimiento".

En ese sentido, señalaron que habría "negligencia de la Municipalidad de San Pedro en el cumplimiento de su deber de garantizar la seguridad de los espacios públicos", lo que implica una "omisión" de la responsabilidad de proteger"la indemnidad de los vecinos".

La Subsecretaría Legal y Técnica que conduce Daniel Porta respondió la demanda y sostuvo que es llamativo que se hayan presentado a la Justicia un año después del episodio, al tiempo que consideró que el planteo "no tiene ningún tipo de asidero legal o sostén".

Por un lado, Porta pidió al juez interviniente la nulidad de la demanda porque considera que es "prematura e inadmisible" porque no se agotó la vía administrativa previa.

Pero además niega todos los hechos y, fundamentalmente, que la caída de la placa haya estado relacionada con el deterioro de la estructura. 

Sostuvo que el Municipio no es "reponsable directa o directamente" de lo ocurrido y hasta consideró que al no haber actuaciones administrativas o judiciales previas, el hecho sólo se sostiene por el relato de la familia.

El accidente ocurrió el 4 de julio de 2024 antes del ingreso de los estudiantes de la escuela primaria 1, alrededor de las 13.00. 

El niño fue asistido en el Polo de Salud ubicado frente a la plaza y luego una ambulancia del Same 107 lo trasladó a la Guardia de Pediatría.

La Municipalidad de San Pedro lanzó una convocatoria dirigida a abogados con la finalidad de establecer un Registro para Gestión de Recupero de Deudas.

El plan es conformar un equipo externo que trabaje para cobrar a contribuyentes con deudas por tasas a través de la vía judicial, para lo que los profesionales cobrarán honorarios una vez finalizado el proceso, con costas a cargo del demandado.

Los requisitos consisten en estar matriculado en el Colegio del Departamento Judicial San Nicolás, tener una antigüedad mínima de tres años en el ejercicio ininterrumpido de la profesión, experiencia en Derecho Administrativo, Civil y/o Comercial y domicilio en San Pedro o residir en un radio de 50 km.

Se valorará la experiencia que tengan en representación de organismos públicos, ejecuciones fiscales y cobro ejecutivo, derecho administrativo y contencioso administrativo, y contrataciones públicas, informó la Municipalidad.

Las solicitudes deberán presentarse hasta las 14.00 del 31 de octubre próximo en la Subsecretaría Legal y Técnica de la Municipalidad que conduce Daniel Porta.

El horario de atención será de lunes a viernes, de 8.00 a 14.00, o vía email a: dporta@sanpedro.gob.ar.

También podrán efectuarse consultas a través de la página www.sanpedro.gob.ar o en la Subsecretaría Legal y Técnica, teléfono 3329 53 9593.

Un nuevo Encuentro Interprovincial de Defensa Civil reunió, en el Salón Dorado del Palacio Municipal, a autoridades provinciales de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, con la finalidad de fortalecer la gestión de emergencias en la región del Delta.

Representantes de estas reparticiones, también relacionadas con el medio ambiente y la seguridad de las tres provincias, propusieron consolidar acuerdos en el marco de un convenio de reciprocidad “que permita planificar acciones preventivas y operativas ante situaciones de riesgo”, indicaron oficialmente.

La problemática ha quedado en evidencia en más de una ocasión cuando los incendios en la región isleña generaron preocupación, que fueron abordados cuando la situación ya era apremiante.

En esta oportunidad se trabajó sobre tres ejes: un protocolo regional de respuesta rápida, para unificar criterios de actuación ante eventos extremos; la logística y respuesta operativa, con foco en la evacuación, el transporte, los refugios temporales y el uso compartido de recursos; y la capacitación y formación conjunta, incluyendo propuestas de entrenamiento y diplomaturas especializadas para equipos técnicos y brigadistas.

El director provincial de Defensa Civil del Ministerio de Seguridad bonaerense, Fabián García, encabezó la reunión, acompañado de autoridades municipales, quienes destacaron la importancia de “consolidar políticas compartidas frente a los desafíos que imponen los eventos climáticos extremos y los incendios en zonas de humedales”.

El estado de algunas veredas también contribuye a la imagen decaída que tiene la ciudad en estos tiempos.

Algunas se presentan abandonadas y otras deterioradas. En ciertos casos sin solución desde hace un largo período, como ocurre con un sector de la que recorre la calle Mitre, junto a la tribuna del estadio municipal.

En este espacio surgieron negocios que apostaron a un cambio de la estética. También están quienes tienen sus lugares como refugios y otros totalmente desatendidos desde la década del 80, cuando se originó un sistema de consorcio: construir unas gradas para 4.200 personas cómodamente sentadas y debajo de éstas los locales comerciales.

Todos los sitios diseñados tuvieron dueño y, por cuestiones legales, al no progresar algunos trámites, los consorcistas decidieron paralizar el emprendimiento hasta tanto surja la claridad que estaban reclamando.

Pasaron los años y hoy nos encontramos con una gran parte de las aceras en buen estado, y el resto con baldosas inexistentes, desniveles, tramos de tierra, y en algunos días el adicional de los restos de residuos de bolsas.

Todo esto se refleja mayormente en las esquinas con las calles Casella y Bozzano, sobre la calle principal, entrada a la ciudad.

La Ordenanza Nº 5797/08, en su artículo 3º, refiere al mantenimiento obligatorio. “Todo propietario, poseedor y/o tenedor de inmueble ubicado en el Partido de San Pedro, está obligado a construir, reparar o modificar, en caso de ser necesario, las veredas frente a su inmueble manteniendo en perfecto estado de transitabilidad y libre de obstáculos las mismas”, señala la norma.

Y agrega: “Las veredas deberán respetar el nivel existente en cada cuadra. De existir desniveles propios del terreno, los mismos deberán ser salvados con construcciones acordes para una normal transitabilidad y que no representen un obstáculo y/o riesgo a las personas”.

Asimismo, también tiene obligaciones el Municipio, que debe efectuar un relevamiento y luego notificar a los frentistas por el pésimo estado de sus veredas. “La notificación contendrá claramente las tareas requeridas y el plazo otorgado para su inicio y efectiva finalización”, agrega.

Posteriormente, el Municipio debe controlar si la vereda fue reparada o construida. Si no se cumplió, se infracciona al propietario del predio, siendo el Juzgado de Faltas quien debe sancionar. “Las multas a aplicar podrán oscilar en su valor definitivo, al equivalente de un (1) litro y hasta veinte (20) de combustible gasoil por metro cuadrado de superficie”, especifica.

Si no cumple existe otra instancia: que el Municipio se encargue de los trabajos. Esa construcción se le factura al frentista, que incluirá los materiales más un 20 % por gastos administrativos.

El de María Mamani es un caso testigo de un sistema que en desde hace mucho tiempo abunda en los municipios bonaerenses y que somete a una gran cantidad de personas a la precarización laboral.

Son hombres y mujeres que cumplen tareas en el ámbito estatal con magros haberes, obligados a cubrir horas diarias sin una remuneración que contemple las normas de trabajo, sin aportes previsionales y sin la cobertura de una obra social.

En el Municipio de San Pedro existen cientos —entre los sindicatos hablan de entre 300 y 400— que perciben entre 80 y 150 mil pesos por mes, aproximadamente, y que están diseminados en diferentes áreas. 

Algunos de ellos llevan muchos años en esta condición. Todos ingresaron con la esperanza de ser incorporados formalmente en la planta de personal. Muchos lo lograron, otros esperan desde hace años que les cumplan la promesa que les hacen ante cada campaña.

Son contratados vía programas que se alimentan de fondos provinciales como el de "Asistencia Económica a Familias en Situación de Exclusión Social con Contraprestación de Tareas”. 

Se trata de los famosos “decretos”, una ayuda social que en muchas ciudades, como en San Pedro, se convirtió en el primer escalón del empleo municipal.

María Mamani lleva más de 17 años vinculada a la Municipalidad. En la actualidad está asignada por el Gobierno como aporte para el Museo Paleontológico.

En Sin Galera narró que su vinculación comenzó cuando su amiga Marisa Corvalán (exdirectora de Turismo) la convocó para el Museo Histórico Fray José María Bottaro. 

Contó que trabajó “dos años, siendo la Comisión que presidía el exintendente Eduardo Donatti" quien le pagab”, para después quedar bajo la órbita municipal vía la figura del “decreto”.

Llegó a hablar con el entonces jefe de Personal, Juan José Kasta —en la época de Pablo Guacone—, quien le indicó que no había cupo para entrar al Municipio. Luego se desempeñó en el Paseo de los Túneles durante siete años, tarea que compartía en simultáneo en el Jardín de Infantes Santos Quirós. 

"Comencé a mandar notas al Municipio, reclamando a María José Mora, de quien nunca obtuve una respuesta. Luego a Marcela Cuñer, cuando era secretaria de Turismo, y nada”, contó.

María siempre estuvo en los museos, entre ellos en el histórico de Vuelta de Obligado. "Iba con mi autito”, expresó y aseguró: “Siempre trabajé”.

En julio cumplirá ocho años en el Museo Paleontológico. “Pese a las notas nunca me dijeron que no me querían. Entiendo que cada sector tiene su personal, pero no molesto a nadie y nunca fui una persona conflictiva”, describió.

“Ahora cobro 94 mil pesos yendo los días martes, viernes, sábado, domingo y feriados al Museo. Pero no tengo mutual, no me voy a jubilar, vivo con mi hijo que hace changas. Y uno se va poniendo viejo y necesita de medicamentos”, manifestó.

“La última nota que le envié al señor Cecilio (Salazar) le pedí que me diga que nunca voy a entrar al Municipio. Quiero que me digan que nunca voy a entrar, para saber qué hago, porque hoy mi situación económica se complicó”, agregó.

Mientras tanto, María Mamani, que es guía de turismo, vende tortas y otras exquisiteces para sostenerse en medio de un contexto complejo.

Su caso ilustra el de muchos que, a regañadientes, por su precariedad laboral son sometidos a la subsistencia diaria. “Para el Municipio no existo. Y lo que me duele es que no me reconozcan”, concluyó.

El Gobierno municipal depositó los sueldos de los empleados, pero el dinero no estará disponible para la conmemoración del Día Internacional del Trabajador.

En un comunicado emitido desde el Ejecutivo a los sindicatos informaron que "con motivo del feriado y no laborable, parte del sistema de acreditaciones se ve afectado", por lo que "no es posible acreditar en el día de la fecha ya que todas las líneas crediticias de los empleados se verían afectadas al no verificar acreditaciones".

Así, según explicaron los sindicalistas a sus afiliados, los haberes se verían reflejados en las cuentas recién el jueves por la noche o el viernes por la mañana.

"El sistema de transferencia que tiene el Municipio no habilita la programación posdatada", señalaron desde el Gobierno en el comunicado que recibieron los gremios y agregaron que el banco Provincia "está procediendo a procesar manualmente las acreditaciones por lotes".

"De no mediar inconvenientes técnicos propios, que ya escapan a las posibilidades del Municipio, las acreditaciones estarían jueves a última hora o viernes a la mañana", explicaron.

Desde UPCN, Walter Belesi dijo a sus afiliados que el Municipio "mandó un comunicado"  y que "el día viernes ya estarán en el cajero, para cobrar, los sueldos".

Desde el STM, Juan Cruz Acosta envió un audio similar a sus representados. "Ahí ya transfirió la Municipalidad y ahora ya depende el banco. Supuestamente, entre el jueves de la noche o viernes a la mañana van a aparecer las acreditaciones", informó.

Entre los trabajadores había cierto malestar porque esperaban tener el salario en sus cuentas para la celebración del Día Internacional del Trabajador, feriado nacional.

En avenida Sarmiento se trabaja en el recambio de las luminarias, que forma parte del plan de remplazo del sistema por el luces leds de última generación.

De esta manera quedarán atrás las tradicionales luminarias de vapor de sodio, que datan de los primeros años de este milenio.

Son las mismas que ya funcionan sobre la avenida 11 de Septiembre, otorgando un mayor poder lumínico.

Sobre Sarmiento están recambiando 122 unidades con tecnología Led SX-200, tarea que lleva a cabo personal de Coopser.

También está previsto hacer lo mismo en Boulevard Paraná (entre Gomendio y Naón), en 39 columnas con lámparas Led SX-100; en 3 de Febrero (desde Sarmiento hasta Crucero General Belgrano), en 66 columnas, por Led SX-200; y Boulevard Moreno (desde 11 de Septiembre hasta Mateo Sbert).

En su momento, cuando se anunció el trabajo, se destacó que en estas vías se contará con una iluminación más clara y uniforme, además de tener una vida útil considerablemente más larga que las existentes. “Su bajo consumo energético también contribuye a disminuir la huella de carbono”, indicaron.

El proyecto tiene un costo aproximado de 206 millones de pesos, que incluye materiales, mano de obra y los equipos necesarios para realizar el recambio.

Uno de los presentadores del recurso ante la Justicia, donde se solicitó la inconstitucionalidad del Fondo de Obras Públicas Comunitarias (FOPC), fue contundente al señalar que se trata de “un verdadero impuesto hecho por el Municipio”.

Así lo manifestó Roberto Zorzoli, quien junto a las abogadas María Andrea Ortiz y Karina Rivet, recurrieron a la Justicia mediante un amparo para frenar la manera en que se aplica el cobro del Fondo que conforman la Municipalidad y la CoopSer desde hace casi 40 años.

“La discusión pasa por si es tasa con contraprestación o un impuesto con fondos indeterminados, que por su naturaleza deben sancionarse a nivel provincial, no municipal”, dijo Zorzoli, especialista en temas de defensa del consumidor.

“Las obras que se realizan no están presupuestadas y esos fondos pasan a ser recaudación de un impuesto. Además, en el semanario La Opinión en 2022, el entonces secretario de Economía (Fabián Rodríguez) del Municipio declaró que había fondos ociosos; con más razón, no era una tasa”, agregó.

Para Zorzoli no se juzga la intención de las obras, sino que “deben hacerse cumpliendo las normas”.

Respecto al fallo del juez del Tribunal de Familia, Miguel Ángel Cornelli, donde cayó el expediente tras un sorteo de la Suprema Corte de la Provincia, donde rechazó el recurso de amparo, “consideró que no es insanable la cuestión, por lo tanto, se resolverá en la cuestión de fondo”, explicó.

Hizo hincapié que, mientras tanto, Cornelli obligó a la Cooperativa a colocar en la factura que “existe una causa y debió publicarse en la factura de la luz, lo cual no ocurrió en abril. Ahora se hizo una nueva presentación ante el juez para que se concrete”.

Otro aspecto saliente de los conceptos de Zorzoli, Ortiz y Rivet es que no debería existir una imposición sobre el pago del FOPC: “A la gente tendría que permitirle el pago por separado, troquelado o desdoblado. En el caso de los servicios sociales también deberían abonarse por separado”.

Finalmente, Zorzoli indicó que si se declara la inconstitucionalidad que ellos solicitaron, la Municipalidad “debería idear otra manera de cobrar el fondo y que no afecte las obras en marcha”. Mientras tanto, el juez analiza la inconstitucionalidad, “que para nosotros es clara por la naturaleza de lo que se cobra, que no es una contraprestación de servicio. Hay pruebas que demuestran el concepto del FOPC y la falta de facultades que tiene el Municipio”.

Municipalidad de San Pedro - Situación Económico - Cierre 2024 by La Opinión Semanario

El Ejecutivo firmó un convenio de comodato y cobranzas con la empresa Pronto Pago Sociedad Anónima que permitirá simplificar trámites y mejorar los servicios de cobranzas.

El anuncio oficial adelantó que este acuerdo agilizará los trámites relacionados con licencias de conducir y pago de multas.

La empresa de cobranzas ocupará un espacio dentro de la oficina municipal de gestión de Licencias de Conducir.

Aunque la noticia resultó positiva, las tareas de reformas para la instalación de  la nueva boca de cobranza demandarán la apertura de nuevas puertas y otras obras cuyo costo quedará a cargo de la empresa, lo que implicará algunas demoras.

Con la apertura de este servicio el proceso se centralizará y agilizará, garantizando que los pagos impacten en tiempo real, permitiendo que los trámites que resultaban tan complicados para los usuarios, se puedan realizar en un día.

Según el informe oficial este nuevo sistema facilitará el pago de multas, suprimiendo la tediosa recorrida por distintas oficinas públicas para abonar o retirar documentación.

Este cajero estará habilitado para cobranzas de servicios inicialmente en el horario administrativo municipal y es intención extenderlo en un futuro cercano hasta las 20.00, considerando, con buen criterio que muchos de los sampedrinos que deben realizar trámites, trabajan.

En esta nueva boca de cobranza podrán abonarse los derechos de licencia de conducir, incluyendo pagos relacionados con impuestos y tasas municipales, provinciales y nacionales.

Aunque al Municipio de San Pedro le resultó bastante complicado, este año logró la incorporación de pagos por transferencias bancarias, billeteras electrónicas y códigos QR. 

Según lo indica el informe oficial de este convenio firmado recientemente, en el primer semestre del año 2025 también se habilitará la plataforma Provincianet,.

Ello permitirá a los vecinos de Castro, Santa Lucía y Río Tala realizar los pagos sin necesidad de trasladarse a la ciudad. 

El municipio está en la etapa de prueba para la emisión de las boletas de tasas con códigos QR integrados para facilitar el pago virtual, algo que esperan tener listo para el ejercicio 2025.

La Municipalidad distinguió como Ciudadano Ilustre al vicerrector de la Universidad de La Plata, el sampedrino Fernando Tauber, en una ceremonia que tuvo lugar en el Salón de Dorado, este martes.

Arquitecto egresado de la UNLP en 1979, obtuvo el título de Doctor en Comunicación en 2008 y de Especialista en Gestión de la Educación Superior en 2020.

Tauber agradeció profundamente el reconocimiento. Habló de su pasado en nuestra ciudad y cómo esa formación fue fundamental para su carrera. 

Destacó la importancia de la educación pública como “herramienta de inclusión social y progreso”, y recordó algunos de los logros más significativos de su gestión como la creación de la Ley del Boleto Estudiantil, impulsada por los estudiantes de La Plata en memoria de los jóvenes caídos durante la "Noche de los Lápices". 

También aludió a la reconstrucción del comedor universitario, actualmente el más grande de Argentina, que brinda atención a miles de estudiantes cada día, y la creación de un albergue para estudiantes de bajos recursos.

En el cierre, Tauber, que también es Ciudadano Ilustre de La Plata y Ciudadano Honorífico de Berisso, firmó el libro de honor de la Municipalidad. 

Salazar anunció que firmará un convenio marco con la Universidad Nacional de La Plata que permitirá a los sampedrinos acceder a nuevas oportunidades educativas.

La distinción a Fernando Tauber fue vía decreto del intendente, una de las posibilidades —otra es a través de una ordenanza sancionada por el Concejo— que establece la normativa local respecto de este tipo de reconocimientos.

En 2013 fue declarado Personalidad Destacada de la Educación Pública de la provincia de Buenos Aires por parte de la Legislatura y en 2017 recibió la Mención de Honor Senador Domingo Faustino Sarmiento, máximo reconocimiento que otorga el Senado de la Nación.

Ahora fue distinguido en la ciudad donde vivió hasta que terminó la secundaria y emigró para cursar sus estudios y convertirse en un destacado académico de reconocimiento nacional.

Docente e investigador, es reconocida su trayectoria como urbanista en la elaboración de planes estratégicos de desarrollo, planificación y gestión territorial. Es autor de libros premiados y declarados de interés provincial, así como de numeros artículos académicos de relevancia.

En la Municipalidad de La Plata, Tauber ocupó cargos gubernamentales en áreas como Planeamiento, Obras y Servicios Públicos o Planificación de Transporte. También fue importante su rol como asesor en ámbitos legislativos. 

El decreto local destaca su importante “trayectoria académica y su compromiso con la educación pública”. Tauber es una de las principales figuras de la Universidad Nacional de La Plata, casa de Altos Estudios que presidió durante dos períodos.

La ceremonia estuvo encabezada por el intendente Cecilio Salazar, a quien acompañaron integrantes de su gabinete y miembros del Concejo Deliberante.

Salazar destacó la dedicación de Tauber y su influencia en el desarrollo de la educación superior en Argentina. “Este reconocimiento es un fiel reflejo de su labor incansable y su firme compromiso con la educación pública, gratuita y de calidad”, dijo el jefe comunal.

"so hacen los que no tienen ganas de mejorar el palacio. Rompen todo, es en la parte que da al frente de la Asesoría Letrada, no tienen cuidado, lo hacen de mala gana y se rompe todo", comentó quien envió la foto desde el interior del edificio municipal.

El Gobierno designó oficialmente a Osvaldo Álvarez como nuevo jefe de Compras de la Municipalidad, cargo en el que se desempeñaba como interino tras la jubilación de Gloria González el año pasado.

Lejos de la elección de un “cuadro político”, la designación es un premio otorgado a una persona con casi 30 años de trayectoria dentro del Municipio.

Osvaldo Álvarez lleva desempeñándose en esta repartición casi dos terceras partes de su vida como empleado de carrera, aquella que inició durante la década del 90.

La disposición ha sido bienvenida entre aquellos que lo conocen, puesto que se trata de un empleado reconocido por sus compañeros de labor y por el funcionariado.

Álvarez cubrió de manera provisoria el cargo después que Gloria González pasara a retiro para gozar de la jubilación, en junio del año pasado, tras ser su segundo durante muchos años.

El secretario de Economía, Roberto Borgo, quien solicitó formalmente la designación, destacó que “el intendente apueste a los empleados de carrera” y señaló que Compras “es un área que necesita formar y dar oportunidad, lo cual con los años se asimila y se demuestra”.

"Desde la capacidad y conocimiento, el agente ha desarrollado toda su carrera en el sector y durante este tiempo ha desempeñado correctamente sus funciones, siendo su evaluación altamente satisfactoria", dice el decreto de designación.

El nombramiento se hizo efectivo el 1 de noviembre, con retroactividad al 1 de octubre, de acuerdo al documento oficial.

La llegada de Daniel Porta al gabinete de Cecilio Salazar tuvo, como primera reacción, la sorpresa que certifica que el Gobierno no se detiene en el incremento del número de designaciones políticas. 

En el caso del abogado y exintegrante del gabinete en la gestión de Pablo Guacone, el área pedía gritos por la presencia de un funcionario capaz de estar a la altura de responder las miles de cuestiones administrativas y los juicios pendientes que tiene el Estado local. 

Desde hace más de un año “vienen haciendo agua” por falta de asesoramiento adecuado y eso se traduce en más complicaciones. 

“¿Otro más para mantener?”, fue una de las primeras expresiones en las redes al conocerse la noticia.

Para darle trascendencia a su inserción en el equipo de Salazar, para Porta hay una Subsecretaría Legal y Técnica, un punto intermedio entre la Secretaría de Gobierno de Martín Baraybar —dependerá de él— y la Dirección de Asesoría Letrada, a cargo de Viviana Costa a quien no desplazaron para no generar otro conflicto.

Esto también significa que Baraybar tendrá que abarcar un poco más. Desde comienzo de año, la Secretaría de Gobierno absorbió el área de Seguridad y todo lo que depende de esta cartera: Coordinación Policial, Tránsito, Defensa Civil y Licencias de Conducir. 

También la Subsecretaría de Género, Mujeres y Diversidad, y todas las delegaciones y subdelegaciones de las localidades. 

Martín Baraybar en Gobierno, Roberto Borgo en Hacienda, Daniel Porta en la Subsecretaría Legal y Técnica, son nombres que se repiten de la era Pablo Guacone y de los que por entonces prefieriron apoyar a Fabio Giovanettoni, quien hoy también ocupa cargo en la gestión Salazar como director de Defensa Civil.

En cuanto al gabinete, nada más lejos de la realidad que se percibe en el país. Aquí el Estado se infla sin importar la flaqueza del erario. El staff salazarista supera los 50 funcionarios jerárquicos.

Para Daniel "Canito" Porta es un retorno a la función pública, aunque no solamente en San Pedro. También hizo una incursión en la Municipalidad de Neuquén hace pocos años, siempre en temas judiciales.

Aquí se lo recuerda por el acompañamiento a Pablo Guacone, aunque autocrítico de aquella gestión. En su momento lo expresó en la red X: “Culmina el peor gobierno municipal de la historia de San Pedro, y los funcionarios hacen ‘un balance positivo’. ¿Raro no? Hagámonos cargo”.

Luego, revistó como asesor letrado del sindicato de los médicos hospitalarios, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia (CICOP). Desde allí es de donde surgieron los mayores señalamientos. Sienten que su repersentante los abandona a su suerte.

No fue la única designación, desde el 1 de octubre Adrián De Vito también tiene un ascenso como subsecretario pero en el área de Servicios Públicos.

A casi siete meses de la llegada de decenas de familias al barrio de las 84 Viviendas, el panorama de las propiedades ocupadas se hace complejo. Hubo ventas ocultas, préstamos a cambio de materiales de obra, modestos alquileres y algunas permutas.

Hay un sólo caso de un discapacitado que fue invitado a renunciar a sus derechos, otra casa que nunca fue ocupada porque su preadjudicataria está en un hogar de cuidados y luego más de una decena cuya situación se hace compleja a la luz de la resolución que algún día debería terminar en la entrega de escrituras.

La empresa constructora cobró un 96% de certificación de avance de obras de acuerdo al presupuesto y el gobierno le abrió las puertas a las familias que en febrero de 2024 vieron la realidad en la que les entregaban las unidades habitacionales. No hay reclamos ni investigación y las amenazas de litigios se fueron diluyendo.

Los que lograron afincarse de manera definitiva esperan acceder a su legítimo derecho de ser titulares de un medidor de luz, contar con calles internas transitables, desagües cloacales y otros servicios esenciales como el gas.

Los que vendieron o permutaron por otros bienes, se dividen entre los que esperan armar un hogar y los que esperan pacientemente que con el paso del tiempo suceda lo mismo que ocurrió en otros barrios, incluídos los que fueron usurpados y lograron escrituras sociales a nombre de los actuales ocupantes.

Durante la primer semana de septiembre llegaron caras nuevas. Dos viviendas, tienen nuevos ocupantes y una tercera que corresponde a una persona discapacitada fue “alquilada”. 

También hubo devoluciones al municipio y re adjudicaciones. Al menos hay un caso en que la casa de una docente fue a parar a manos de otra que estaba en la lista de suplentes.

Respecto al reclamo interpuesto por la asesora legal de Coopser y concejal en ejercicio Paola Basso ante la justicia no hay más novedades que una rotunda negativa de la Jueza Fulghieri a tomar intervención en una obligación que le compete a la distribuidora de energía que considera robo de energía a la peligrosa red de conexiones que abastecen a 84 casas desde un medidor de obra.

La propiedad de los terrenos sigue en disputa entre Arcor y la Municipalidad de San Pedro que en todo caso deberá resarcirlos si se les otorga la razón respecto al cumplimiento del destino por el que esas manzanas fueron cedidas. 

Una síntesis de una estafa a la ciudadanía con 84 grupos familiares que fueron condenados a vivir como rehenes de un problema que jamás buscaron. El día en que por sorteo les anunciaron que serían propietarios de viviendas sociales que podían pagar en cuotas, creyeron que el sueño de la casa propia era posible.

“Esta senda sobre las barrancas, a un costado del Hotel Azahar, está totalmente abandonada. El Hotel no se hace cargo y la Municipalidad menos. Es hermosa y por allí circula gente todo el día, pero cuando llueve es imposible pasar. Hace cuatro años que está así y cada vez que hay elecciones aparecen los políticos diciendo que van a construir una escalera y después no pasa nada. Tenemos gente que quiere hacerla, pero no tenemos los materiales ni camiones que nos lleven la tierra”, comentó un vecino.

El caso que se conoció cuando una mujer del barrio Las Canitas advirtió que su factura de luz ascendía a más de 150 mil pesos quedó resuelto esta semana. La situación que relató Marisa Cáceres a La Opinión derivó en una serie de consultas que desembocaron en la Secretaría de Obras Públicas.

Desde el mes de diciembre, la propietaria de la precaria vivienda que cuenta con pocos artefactos eléctricos abonaba sus consumos en un medidor de obra que estaba a nombre de la Municipalidad de San Pedro. Ni Coopser ni la comuna, ofrecieron respuestas cuando fueron consultados, sin embargo con la intervención de un funcionario arribaron a una solución.

Cáceres hacía pagos a cuenta para que no le cortaran el servicio y en la cooperativa le pedían un millón y medio de pesos para venderle un pilar premoldeado para colocar su medidor particular a la vez que le exigían la cancelacón previa de la deuda que mantenía con la entidad. Durante esa semana hubo “pase de facturas” entre los responsables pero ni una sola explicación que pemita determinar por qué o cómo es que se llegó a la situación mencionada con una deuda que estaba a nombre del estado local y que incluía en su dirección el lugar de entrega a una usuaria que en todo caso necesitaba de un subsidio o ayuda social para acceder a un servicio básico. Finalmente intervino el propio Secretario de Obras Públicas, Mariano Brañas.

“Este muchacho, Mariano Brañas, que está en obras públicas, me ayudó. Bueno, quiero dar nombre de él porque fue todo rápido, y bueno, quiero agradecer, poruque yo ya puedo tener la luz en mi nombre”, dijo Marisa a La Opinión.

En ese sector de la ciudad donde las propiedades pueden recibir el beneficio de las escrituras porque los lotes fueron censados por el RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares) hay varias construcciones. Poco tiempo antes de las elecciones de 2023, los vecinos reclamaron porque habían pagado por todos los servicios y Coopser se negaba a suministrarles energía. Fue necesaria la aprobación de una ordenanza que permita la apertura y denominación de una calle para que los frentistas colocaran sus medidores.

“Pudieron pagar la deuda porque la verdad que era a nombre de la municipalidad, y era cargo de ellos”, explicó la dueña de la casa ubuicada en calle..

Hay muchos barrios en espera de ser conectados pero sin las calles demarcadas y autorizadas por legislación local es imposible ejecutar esas obras. Los presupuestos de instalación suelen ser muy caros para los frentistas. 

En síntesis, la deuda por consumo se solucionó con fondos públicos y el medidor “es el mismo”, confirmó Marisa Cáceres a este medio ya que por ahora no puede hacer frente ni le han indicado cómo acceder al pilar y la bajada reglamentaria.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO: SITUACIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA PRIMER SEMESTRE 2024 by La Opinión Semanario on Scribd