En el resumen del mediodía del jueves 8 de octubre de 2026 de Lo Que Importa, Lilí Berardi repasó la agenda de noticias de La Opinión.

Todo sobre la cobertura de La Opinión durante la protesta de los empleados municipales en las puertas del Palacio Municipal por los más de 48 millones de pesos de descuento por los días de paro. El testimonio de las víctimas del robo en el vivero Las Violetas. Delincuentes robaron en una barbería, ubicada en calle Bonorino. La corte suprema le dio la orden al Gobierno de la Provincia de tener un Juzgado de Garantías. Continúa el tour por las localidades del Concejo Deliberante, este jueves por Santa Lucía. Abrió la inscripción para ser parte de la fuerza de seguridad.   ¿No hay trabajo o no hay trabajadores? Si querés participar del programa para hablar sobre el tema, escribinos al WhatsApp 3329 47 9958. 

Tras la temporal de tormenta del miércoles, el pronóstico del clima para la jornada de este jueves. 

El móvil cubrió la protesta completa de los empleados frente a la Municipalidad por el descuento de los días de paro. 

La posibilidad de que la Municipalidad aplique el descuento de los días no trabajados a los empleados que adhirieron a las jornadas de protesta del 17 y 18 de septiembre, encendió la mecha del debate público. 

Las redes sociales, habitualmente termómetro del malestar de la calle, canalizó diversas intervenciones donde se cruzaron posturas sobre el conflicto salarial, la gestión del Gobierno local y la legitimidad de las medidas de fuerza.

La postura predominante apuntó contra la decisión de tocar los recibos de sueldo de los trabajadores.

Quienes salieron a respaldar la protesta hicieron hincapié en la pérdida del poder adquisitivo del personal municipal, el cobro de haberes fuera de término y el atraso en el pago de puntos claves como los retroactivos y la indumentaria de trabajo obligatoria. Además, la realidad indica que desde mayo que no existe un incremento de los haberes.

Para este sector, la aplicación de descuentos en un contexto complejo representa una "medida inadmisible" que atenta contra el derecho constitucional a huelga y desvía la atención de los problemas de fondo.

Asimismo, no faltaron las voces que vincularon la situación económica del Municipio con el tamaño de la planta de personal, señalando la existencia de "favores políticos" en nombramientos y cuestionando la prioridad del gasto público ante la falta de insumos o el deterioro de los servicios.

“Que se dejen de joder y que investiguen a todos los que no van a laburar en los días que no son paro, y que se dejen de pagar horas extras a quienes no las hacen y bonificaciones”, sostuvo Carlos.

Para Walter, “no hubieran puesto tanta gente al pedo. Hay un montón empleados sin hacer nada, que son favores políticos. Termine con esos favores intendente y pague buenos sueldos a la gente que trabaja y se lo merece”.

“Mirá. Ahora el máximo supremo considera que el paro no es legítimo y va descontar los días... ¡Viva Perón!”, comentó Rubén.

En la vereda opuesta, un sector mínimo fundamentó su postura con la lógica laboral: "Si no se trabaja no se cobra", dijo Abel.

Desde esta perspectiva, las críticas no solo se dirigieron a los empleados por la interrupción de la atención en dependencias sensibles, sino también hacia la conducción de los gremios. 

“Por qué no echan a los representantes sindicales si ellos le hicieron campaña y obligaron a varios a hacerla por Salazar”, recordó Darío. Y María sostuvo “saquen los sindicalistas zánganos, parásitos del pueblo”.

Para algunos vecinos, las medidas de fuerza terminan perjudicando al contribuyente que sostiene el sistema con sus tasas, por lo que exigen mayor rigurosidad en los controles de asistencia y el cumplimiento de tareas.

En el cruce de opiniones también se montó un escenario para la discusión política partidaria. “El peor gobierno de la historia”, manifestó Damián. 

En varios fragmentos los usuarios desplazaron el foco del reclamo estrictamente salarial para poner bajo la lupa la trayectoria del intendente, sus alineamientos políticos con Provincia y Nación, y el contraste entre sus posiciones actuales y pasadas.

Más allá de los matices, muchos trabajadores reclaman por ingresos dignos y herramientas de trabajo: “Amenazan como si estuvieran cumpliendo con los empleados, no tienen cara. Esta gente, como si fueran un ejemplo, le deben a todo San Pedro y no cumplen con los empleados, además de acomodar a sus familias”.

El próximo jueves y viernes se prevé otra medida de fuerza. ¿Asomará la advertencia del descuento a quienes hacen paro?

El desembarco de la feria “El Mercader” en el Paseo Público durante el último fin de semana generó un fuerte malestar entre comerciantes de San Pedro, quienes aseguran haber sido perjudicados en las ventas y cuestionan la falta de inclusión del sector local en la propuesta.

Una de las voces más visibles fue la de Sara Chediak, quien, además de manifestarse en redes sociales, brindó su testimonio en el programa “Sin Galera”, conducido por Lili Berardi. Allí, explicó que recorrió la feria en profundidad, relatando lo que pudo observar y lo que le transmitieron otros colegas.

Según describió, en el predio se ofrecía una amplia variedad de productos que compiten directamente con los comercios del centro: desde ropa de cama, indumentaria y ropa interior hasta calzado, bijouterie y accesorios. “Había de todo, absolutamente todo lo que nosotros vendemos”, remarcó.

En ese sentido, cuestionó que no se haya convocado a emprendedores y comerciantes locales para formar parte del evento. “Hay muchísima gente en San Pedro que vende lo mismo y no fue llamada. Ni siquiera hubo una reunión con el Centro de Comercio para ver cómo encarar el fin de semana largo”, sostuvo.

Chediak también apuntó a la procedencia de los feriantes, indicando que muchos llegaron de otros puntos del país, como la Avenida Avellaneda en la Ciudad de Buenos Aires, y que incluso había varios vendedores ambulantes que fueron desplazados de zonas como Flores. “Se llevaron la plata, porque quienes vendían no eran de acá”, afirmó.

Otro de los aspectos señalados fue la presencia de carros gastronómicos foráneos en el marco del Festival Solidario organizado por el Municipio junto al Rotary Club, lo que —según indicó— impactó negativamente en el sector gastronómico local. “Muchos no trabajaron, no hubo recambio en los restaurantes porque la gente se quedó directamente en el paseo”, explicó.

Para la comerciante, la situación representa una “competencia desleal”, ya que los precios ofrecidos en la feria eran considerablemente más bajos que los del comercio formal. “Nosotros pagamos impuestos, alquileres y empleados. No podemos competir con esos valores”, expresó.

Finalmente, advirtió sobre la necesidad de planificar de manera conjunta este tipo de eventos, especialmente de cara al próximo fin de semana largo por Pascuas. “Si van a traer propuestas de afuera, al menos avisen. Porque así, el comercio local queda completamente relegado”, concluyó.

La Municipalidad repudió los hechos de vandalismo que ocurrieron en distintos puntos de la ciudad, esta semana.

Piedrazos en la cabina del paso a nivel de ruta 191, mesas rotas, bancos destrozados y juegos rotos son algunos de los lugares que reportaron.

Indicaron que "observan con preocupación" los daños en espacios públicos que son de uso para todos los sampedrinos".

Expresaron que el área de Servicios Públicos reparará los distintos puntos, a su vez que pidieron por un mayor "compromiso" por parte de los ciudadanos.

Enumeraron los hechos de vandalismo que tuvieron lugar en los espacios de Puntos Verdes y recordaron que los contenedores debieron ser retirados.

"Son hechos que no solo afectaron infraestructura y equipamiento municipal, sino también herramientas construidas con esfuerzo para el uso y beneficio de toda la comunidad", dijeron.

Solicitaron que en caso de presenciar un hecho de vandalismo sea reportado tanto a la policía como al Municipio. 

Este sábado, la fiscal María del Valle Viviani que tiene a su cargo la investigación sobre la situación que investiga la ocupación de las casas de los preadjudicatarios de las 84 Viviendas, habló con Lilí Berardi para informar cómo continúa la causa.

Caratulada como “Averiguación de ilícito”, la funcionaria admitió que la acción no puede ser catalogada como usurpación porque no hubo un medio comisivo violento, por lo que en un principio sólo ordenó que se identificara a todas las personas y además cursó un oficio a la Municipalidad para que le informe quienes eran los preadjudicatarios de las viviendas. 

“Esto es lo que hay por el momento”, afirmó y agregó: “Después si hay otras consecuencias derivadas de los pasos que se siguieron por parte de la Municipalidad que ha entregado o han adjudicado a estos preadjudicatarios. Eso se dilucidará en la cuestión civil si tiene o no consecuencias penales”. 

“Si hay algún delito que determine que tenga que intervenir la Justicia Penal, se tomarán las medidas correspondientes”. 

Esto último está relacionado con la información que solicitará al fuero Civil en el que se tramita la demanda de Arcor contra el Municipio por haber dispuesto de terrenos cuyo destino era la reubicación de familias que residen en el Bajo Puerto y cuyos datos están registrados en otro listado. Se trata de personas que quedaron al margen de la primer tanda del Barrio Arcor que se construyó durante el mandato de Mario Barbieri. 

En esa misma línea, Viviani tomará nota de la manda judicial que declaró la nulidad del sorteo que organizó la gestión de Ramón Salazar pese a las advertencias que se le habían notificado con anticipación.

Al momento de responder sobre si las familias están o no acusadas de algún delito, Viviani dijo que no se puede hablar de una usurpación ya que las personas que se encuentran en las casas no ingresaron utilizando la fuerza ni ningún medio violento.  

“Por eso a mi la Ley no me habilita a pedir un desalojo, no en este momento porque no se dan los elementos intrusivos del delito”, indicó. 

Por otro lado, debido a que las casas se encuentran en condiciones deplorables, ya que la obra a cargo de cooperativa Alfa quedó parada, muchos fueron los que con cortinas, aberturas y diversos muebles protegieron sus viviendas. Respecto a si eso agrava la situación, la fiscala aconsejó a las familias consultar con la Municipalidad. 

Si los preadjudicatarios deberán o no declarar, la fiscala expresó que debe aguardar a que se le informe la resolución de la justicia civil sobre el estado del conflicto entre Arcor y la Municipalidad por los terrenos. A partir de allí determinará qué hacer y qué medidas tomar.