Una vecina de San Pedro denunció una irregular situación luego de que el Municipio secuestrara su caballo hace algo más de un mes y, al momento de intentar recuperarlo, se encontró con que el animal ya no estaba.

Según relató Nieves a La Opinión, este jueves por la mañana se presentó junto a su hermano para retirar el equino, cumpliendo con los requisitos exigidos, entre ellos el el análisis de anemia. 

Sin embargo, al llegar al lugar donde debía estar alojado, les informaron que el caballo no se encontraba allí.

“Fuimos a retirarlo y nos encontramos con que el caballo no estaba”, explicó. Ante esta situación, acudieron al Juzgado de Faltas. “La jueza no nos quiso atender y nos derivaron a Asesoría Letrada. Desde ahí llamaron al secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez, quien finalmente nos recibió después de dos horas de espera”, detalló.

De acuerdo a su testimonio, en ese encuentro surgieron versiones contradictorias. “Al principio nos dijeron que al caballo se le había hecho la anemia correspondiente, pero cuando preguntamos con qué veterinario, se alteró y nos dijo que él lo había donado”, afirmó. 

La molestia del funcionario fue más por haber desconocido que el análisis de  anemia sólo la realiza un veterinario en San Pedro, por lo tanto su respuesta pudo haber sido incorrecta.

Nieves también cuestionó la falta de notificación previa. “Si iban a donar el caballo, tendrían que habernos avisado. Nunca nos dijeron que, si no lo retirábamos en determinado plazo, lo iban a entregar”, remarcó.

El principal reclamo es conocer el destino del animal. “No está en ninguna parte y nadie nos da respuesta”, insistió.

En San Pedro rige una ordenanza que prohíbe la presencia de caballos en la vía pública o en terrenos municipales sin supervisión de sus propietarios. 

En esos casos, los animales pueden ser secuestrados y sus dueños deben abonar una multa, además de un canon diario por su manutención.

Para 2026, la ordenanza impositiva establece un costo de 16.521 pesos por día en concepto de “racionamiento para animales secuestrados”, monto que se suma a la infracción correspondiente.

La ordenanza establece que si en un plazo de siete días el animal no es reclamado, será declarado mostenco y puede pasar al patrimonio municipal, lo que habilita a su donación a organizaciones sin fines de lucro o a la subasta.

El automóvil Nissan Sentra que estaba estacionado sobre la senda peatonal e interrumpía el paso a la rampa de discapacidad en plaza Constitución era de la secretaria de Salud, Isabel Carrasco.

El coche estuvo alrededor de dos horas en ese lugar hasta que personal de la Dirección de Tránsito llegó con la grúa para labrar el acta de infracción correspondiente.

Como establece la normativa, la grúa dio aviso con la sirena para anoticiar el propietario, y la funcionaria, que estaba en el denominado Polo de Salud, se hizo presente y regularizó la situación, lo que evitó que secuestraran el rodado.

Isabel Carrasco tuvo que trasladar el automóvil a otro lugar, de manera tal que dejara de estar en infracción, y el acta será remitida al Tribunal de Faltas, que impondrá las sanciones correspondientes.

Luego de los reclamos de vecinos del callejón Pascual, dos conductores que fueron captados mientras tiraban basura en la zona fueron multados. 

Tras reuniones con los frentistas, desde la secretaría de Servicios Públicos dispusieron, en principio, algunas medidas que pretender evitar que personas arrojen elementos en el callejón.

En principio colocarán cestos para arrojar residuos y dispondrán de cartelería, que advierta sobre la posible sanción a la que se enfrentarán quienes no cumplan con lo enunciado en el artículo 225 de la ordenanza 3884/85, es decir el Código de Faltas.

La presencia de cámaras de seguridad en la zona permitió que, hasta el momento, dos conductores fueran multados por arrojar diversos elementos sobre las zanjas del callejón.

En imágenes captadas por el sistema de monitoreo, se ve el momento en el que una camioneta, que circulaba sobre Lucio Mansilla, dobla y avanza unos metros.

Al llegar a un zanjón, el conductor se baja, abre la caja del vehículo, comienza a tirar bolsas y posteriormente se retira.

En una situación similar, se le labró la multa correspondiente a otra persona que fue captada en el momento que descargaba residuos en la zona.

El incumplimiento de una empresa dedicada a la venta de planes de ahorro para automóviles le significó el pago de una multa de casi 12 millones de pesos para el Municipio y otros 6 millones de resarcimiento a la persona que lo adquirió.

En 2022 una mujer se presentó en la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor (OMIC) para describir lo que venía atravesando con Volkswagen Sociedad Anónima de Ahorro para Fines Determinados. 

Después de haber cumplido con el pago de 84 cuotas, en aquel momento no pudo hacerse del vehículo que debieron entregar hasta los 75 días posteriores al pago de la última cuota.

En la OMIC iniciaron un expediente y, tras los reclamos correspondiente, el automóvil fue entregado después de 617 días, casi 20 meses.

Sabrina Utreras Montes, titular de la OMIC, contó en Sin Galera que “no fue fácil la gestión, pese a que la empresa respondió y justificó la demora por el cese de las importaciones en momentos de la pandemia por el Covid-19”.

Su oficina, como detalló, se ocupó de la etapa conciliatoria, en procura de "llegar a un acuerdo a través de audiencias” para después dar lugar a la instancia sancionatoria, que estuvo a cargo del Juzgado de Faltas Municipal y ocurrió en los últimos días.

“Desde que pido la unidad, la sociedad administradora tiene 75 días, o 135 si hubo un cambio de modelo en el medio, para la entrega. A partir de ese plazo corre la multa. Para estos casos, cuando vence, la persona puede reclamar la mora del artículo 7, que es por la demora”, dijo Utreras Montes. En este caso se tomó en cuenta a partir del día 136 y hasta el 617 en que le entregaron el auto.

“Lo que se logró en la etapa conciliatoria fue la entrega de la unidad. Después la sociedad administradora le ofrece pagar la mora a la mujer, por 2.047.810 pesos, y ella lo acepta. Nosotros enviamos el acuerdo al Juzgado de Faltas para que lo homologue, vence el plazo para que pague, pero no pagó. Al no pagar, la ley nos permite imputar por incumplir por un acuerdo que está homologado”, indicó.

Ello llevó a la etapa sancionatoria, que estuvo a cargo del Juzgado de Faltas que conduce Jimena Gómez, cuya intervención permitió que el Estado Municipal perciba 11.814,478 pesos en concepto de multa, que ya fueron abonados sin haber apelado.

En tanto, “a la señora aún no le pagaron”, señaló Utreras Montes, la cifra que de 2 millones de pesos podría llegar, con los intereses del Banco Nación, a 6 millones de pesos, aproximadamente.

La familia Cáceres, dueña de la embarcación La Samanta, sobre la que pesa una prohibición de circulación que reveló La Opinión la semana pasada, radicó una denuncia penal por abuso de autoridad contra el personal de Prefectura que intervino en el procedimiento.

La embarcación fue penalizada cuando la tripulaba Fernando, el hijo de Lorenzo Cáceres. Lo habían interceptado porque sospechaban que podía ser robada. Eso ocurrió en marzo en la zona de La Tosquera.

La única infracción que le labraron fue por la falta de carnet de timonel. Aun así, la lancha está inhabilitada y no puede navegar, lo que dificulta la tarea cotidiana de la familia. Además, una autorización "de palabra" que les hicieron no impide que deba 300 mil pesos en multa.

Cáceres radicó en Comisaría la denuncia penal contra el procedimiento de Prefectura porque además de labrarle la infracción correspondiente a su hijo por no tener el carnet de timonel "lo trataron de chorro" y "se subieron a la lancha sin autorización", señaló.

"En la Comisaría me dijeron que subirse a la embarcación sin orden es ilegal, que hicieron mal y que eso es abuso de autoridad", sostuvo Cáceres.

 "Lo trataron de delincuente a mi hijo, eso no corresponde, uno no se puede quedar de brazos cruzados ante estas cosas", agregó.

"Nosotros no somos delincuentes, somos pescadores, gente que se la rebusca en la isla, no tenemos antecedentes. Este es nuestro medio de vida. Hace más de 20 días que estamos pidiendo permiso para ir a pescar, es injusto", dijo Cáceres.

“Vengo de familia de isleros, es injusto”, dijo el dueño de la lancha que hoy tiene prohibida la navegación pese a que está incripta y con los impuestos del año en curso pagos.

Su embarcación fue penalizada cuando la tripulaba su hijo, porque sospechaban que podía ser robada. Fue interceptada por un guardacostas y de ahí en más comenzaron los problemas en base a varias irregularidades del procedimiento que efectuó Prefectura.

“No había orden de ningún juez”, relató el hombre, que desde marzo se vio envuelto en una situación en la que se le hicieron promesas que luego no se cumplieron. 

“Me rompieron los remos y se llevaron todo lo que había pescado mi hijo”, realtó respecto al operativo que empezó en la zona de La Tosquera y concluyó en el puerto. 

Indicó que no se le pidió documentación alguna y que le preguntaban si tenía armas, pero en ningún momento hicieron referencia a la única infracción que luego pudieron labrar: no tenía el carnet de timonel.

"Nosotros necesitamos salir a pescar, mi hijo vive de la pesca. No podemos estar sin trabajar", dijo Lorenzo Cáceres.

“Algún marinero a veces se sale de la ley”, le habría dicho la titular de la Prefectura local a poco de asumir y le pidió por favor que no contrate a un abogado porque podía verse perjudicada. 

“Vaya a pescar tranquilo, que no va a pasar nada”, le aseguraron. Sin embargo, no fue así. Esta semana le llegó una sanción que le prohibe navegar en su propia embarcación aunque la multa figura a nombre de su hijo, Fernando Martín Cáceres.

Durante estos meses, Lorenzo Cáceres cuenta que intervinieron distintas autoridades. Desde el director de Defensa Civil, Fabio Giovanettoni, al intendente, Cecilio Salazar, quienes escucharon su recalamo y plantearon la necesidad de revertir la sanción que se le había pretendido imponer y que en todo caso sólo podía afectar al titular de la infracción. 

También otros pescadores se hicieron eco de las necesidades del titular de La Samanta, que en definitiva es el sancionado.

Pide que alguien tome medidas porque el pago de sus tributos está al día, la lancha está habilitada y se le impide usarla. La familia tiene una vivienda en la isla a la que frecuentemente debe llegar y ahora depende de las autoridades para trasladarse.

El tema es claro: esa multa de 300 mil pesos es producto de un operativo que no se ajusta a un procedimiento legal y por ende podría haber sido cuestionada de no haber mediado la participación “de palabra” de varios intermediarios.

Aun así resulta llamativo el proceder ya que el operativo tuvo lugar en marzo, la multa llegó días después y cuando el titular de la embarcación dijo que no tenía todo ese dinero le dijeron que “la multa iba a caducar y que no la pague”. 

En mayo le llegó una intimación y el 15 de julio, la prohibición de uso de la embarcación.

El gobierno de la provinica de Buenos Aires sólo había tomado medidas de índole administativa por las actividades que Worldcoin desarrolla en su territorio. En principio hubo clausura de locales por no contar con habilitación para el desarrollo de una actividad no descripta en la legislación actual y en otros casos porque se registró presencia de menores en las ciudades en las que los coordinarores convocaban a los voluntarios. 

Como se sabe, la organización trabaja con personas que voluntariamente se someten a un escaneo de iris a cambio de un pago en criptomonedas que se acreditan en una aplicación de sus priopios celulares. La asistencia creció a punto tal que desde San Pedro, por ejemplo, durante varias semanas salían micros completos con destino al gran Buenos Aires. 

Las cláusulas se encuentran en infracción del artículo 4° y 37 de la Ley N° 24.240, Resolución N° 53/2003 de la ex Secretaría de la Competencia, Desregulación y la Defensa del Consumidor, Resolución N° 994/2021 de la ex SCI de la Nación y el Código Civil y Comercial de la Nación.

Ahora en consonancia con las herramientas que impone la normativa para la defensa de los consumodores, el gobierno encontró el modo de considerar como engañosos los contratos que celebra con sus clientes y además intenta evitar la llegada a menores a conductas que puedan estar ligadas con la especulación o la ludopatía. 

La sanción de una penalidad de 194 millones de pesos fue establecida sobre la base de que también se trata de una actividad que no cuenta con reglamentación ni antecedentes en el marco de las “tecnologías emergentes” y allí hay un verdadero vacío legal que llegará a los tribunales. 

“La empresa no solicitaba acreditación de identidad ni exhibía señalizaciones que indiquen que el requisito mínimo de edad para acceder al servicio es de 18 años”, dijeron desde el MInisterio de Producción tras las investigación iniciada por el uso de la aplicación World App.

El gobierno quiere ahora sancionar normas que prevengan y contemplen de qué modo las cuentas de aplicaciones con criptomonedas operan en base a la identificación personal porque es allí donde residen las causas por las que tras revisar la situación contractual con los voluntarios, se observan términos engañosos.

Las autoridades provinciales argumentan que la práctica de escanear los ojos de las personas sin un marco regulatorio claro pone en riesgo la privacidad de los ciudadanos. En otras provincias existen algunos antecedentes pero la práctica se extiende porque cada voluntario que accede puede ganar en un día más de 40 mil pesos a los que le sumará los depósitos mensuales que Worldcoin les ofrece.

“Buenos días, recién me sacaron la moto los inpectores del centro sin tener ninguna orden y no tienen denuncia, y un vehículo sin circular no pueden llevárselo”, dijo Nicolás en su mensaje a Sin Galera. Su rodado fue trasladado desde Salta y Las Heras hacia el depósito municipal. 

“Por qué tienen que molestar a la gente de bien, que mal está todo”, reflexionó y con ello prococo el llamado desde el programa para que explique lo sucedido. 

“La moto tiene documentación y no tiene ningun pedido de secuestro, y no estaba circulando. El casco lo tengo y la licencia está en mi casa, pero te repito la moto estaba estacionada en la vereda, yo estoy trabajando atiendo un negocio. Entres los chorros y los inpectores no se cuáles son peores. Hace dos meses me robaron la otra”, conluyó el joven indignado. 

Sin embargo, al cabo de la charla la cantidad de infracciones que acumulaba difería de la versión que dio. El titular del área Armando Caballero indicó más tarde que, en realidad, la moto es muy conocida porque en varias oportunidades fue observada como una de las que participan de las contraeplosiones que suelen aturdir a los vecinos y agregó: “venía circulando por calle Salta haciendo contraexplosiones y es una de las que anda todos los fines de semana”.

El accidente que dejó dañados dos vehículos ocurrió el 30 de enero en horas de la noche. Un camión procedente de Venado Tuerto había llegado a descargar motos a un local ubicado sobre calle Pellegrini y Honorio Pueyrredón.

Cuando salió, enganchó los cables del alumbrado público y tumbó dos columnas de alumbrado que fueron a dar con un auto particular que estaba estacionado y pertenece a un comerciante y sobre la camioneta de patrulla de la DDI.

A casi un mes del siniestro y con los escasos vehículos con los que cuenta esa dependencia, La Opinión consultó sobre las reparaciones de las que debería hacerse cargo el seguro, pero la respuesta fue otra. 

Claramente, mientras se tramita el resarcimiento y el dinero para la reparación llega a las cuentas del Ministerio de Seguridad bonaerense, el personal local se queda sin rodado. 

Por ello es que decidieron encararan un arreglo precario pero que permita prestar servicios a la Sub DDI San Pedro - Baradero.

“Imagínese estar tres, cuatro o cinco meses con el móvil sin usar. Lo hicimos arreglar; le cambiamos el parabrisas y le arreglamos el parante y el lateral”, dijeron desde la dependencia para llevar tranquilidad a los vecinos.

Respecto de las infracciones, el Juzgado de Faltas dispuso esa misma noche liberar el rodado y permitir el regreso a su ciudad de origen. La altura del rodado era la reglamentaria. No obstante fue notificado el propietario por infringir una ley provincial que impide la circulación en las ciudades de rodados de ese porte. Aún no se recibió la respuesta y de desconoce si ahora será el seguro el que promueva alguna acción contra Coopser por la altura de su tendido eléctrico frente a su propia sede.

Los concejales sancionaron por unanimidad la ordenanza que establece un importante aumento para las multas que deberán pagar aquellos que poden o extraigan un árbol de la vía pública sin la autorización correspondiente.

La ordenanza sancionada establece que quien pode un árbol sin autorización deberá abonar entre 35 y 50 por ciento del salario mínimo; y quien lo arranque, entre uno y seis sueldos de un trabajador municipal.

En el recinto, luego de que la concejala oficialista Candelaria Cuscuela detallara el expediente, el edil opositor Alejandro Donatti señaló que será importante, además de este aumento de la pena, concientizar a la comunidad de la importancia del arbolado público, que es patrimonio de la ciudad.

La concejala Carla Zelaschi, que ocupó la banca por licencia de Florencia Sánchez, recordó que la edila titular presentó a principio de año una propuesta integral para la forestación de la ciudad que no fue tratada en comisión y duerme en los cajones del Concejo Deliberante.

En noviembre, de acuerdo al último acuerdo paritario, el monto para calcular la multa estará en alrededor de 106 mil pesos, por lo que quien pode una planta sin permiso tendrá que pagar entre 10.600 y 15.900 pesos; y quien extraiga un árbol de la vía pública sin autorización afrontará una multa de entre 106 mil y 636 mil pesos, aproximadamente.

El cargo recaerá tanto sobre quien ordenó sacar el árbol como sobre quien tuvo a su cargo la tarea, en caso de que sean personas distintas. Además, si lo hicieran en el marco de una obra, hasta tanto no se pague la multa y se repongan las plantas será paralizada.

Esta semana, el Juzgado de Faltas, debe determinar a quén notificará por la infracción labrada por inspectores en la propiedad en la que se construye un supermercado sobre Avenida 3 de Febrero y José Hernández.

La última vez que una multa fue noticia en este medio por el mismo motivo, fue de $ 45 mil pesos. Una cifra menor si se tiene en cuenta el monto de la inversión versus el cuidado del medio ambiente y la preservación de ejemplares del arbolado público que -en ese caso- transitó más de seis décadas según refieron los vecinos para esa variedad de araucaria.

El Código de Faltas establece que la pena por una acción de estas características es el pago de una multa que se mide según el salario mínimo de un empleado municipal de la categoría más baja, y el valor se establece de acuerdo a la sanción y los gastos administrativos incluidos.

El video que registra la tala de nueve árboles y la imagen de ramas, troncos y hojas sobre las veredas de la zona provocó el enojo de los vecinos, al confirmarse que incumplían la Ordenanza 3884/85 Art. 196.

Para tales propósitos los ciudadanos deben dirigirse al Municipio, en Pellegrini al 150, para solicitar el permiso a través de una nota por mesa de entrada y luego retirar la autorización que les otorga la Secretaría de Servicios Públicos, ubicada en ubicada en Arnaldo 150.

Además, el frentista es el responsable “tanto de la poda como de la recolección y del desecho de las ramas correspondientes”.

La obra de construcción de un supermercado que se construye sobre Avenida 3 de Febrero sobre los terrenos que un empresario adquirió tras la desaparición de los silos de la firma Martínez Sobrado y luego vendió a un comerciante que está representado por un conocido estudio jurídico de la ciudad, fue noticia este miércoles cuando los vecinos grabaron el modo “salvaje en el que con la motosierra cortaban de raíz los árboles de la vereda”.

Dos videos generaron comentarios de todo tipo, pero la llegada de un móvil de este medio al lugar logró esclarecer la situación en la habilitación para la construcción, el permiso de obra y las infracciones que podían labrarse por no tener autorización para la quita de las especies arbóreas.

Cuesta creer que no haya habido consentimiento por el horario elegido para cortarlos y el cálculo de las multas que es de montos muy escasos como para contrastarla con la inversión.

Un hecho similar se produjo hace unos meses con un ejemplar de araucaria octogenaria que “molestaba” a un inversor que había logrado escriturar un terreno sobre el que se desconocía que hubiese nuevos dueños ya que se trataba de un sobrante fiscal.

La multa que se pagó por aquella tala fue la máxima que podía aplicar el Juzgado de Faltas: 45.000 pesos.

La Opinión consultó al Secretario de Gobierno, Martín Baraybar. Fue el funcionario el que confirmó que esta mañana los inspectores llegaron al predio de calle 3 de Febrero para notificar la infracción por la tala de diez árboles.

Un conflicto se desató este viernes por la tarde, alrededor de las 19.00, en la zona de Mitre y Dávila, en el marco de un operativo de tránsito cuando el personal de Inspección labró una infracción a una persona que estaba mal estacionada con su automóvil.

Los agentes de la Dirección de Tránsito detectaron un Peugeot 207 mal estacionado en esa esquina y procedieron a labrar el acta para la multa correspondiente. En ese marco, una inspectora resultó lesionada.

Según consta en las actuaciones policiales del caso, cuando los inspectores se dirigieron hacia el coche para labrar el acta de infracción, el conductor hizo una mala maniobra, todo indica para salir del lugar, y chocó a una trabajadora de Inspección.

La empleada de la Dirección de Tránsito, de 47 años, resultó con lesiones en la pierna derecha y requirió asistencia médica. El informe oficial dictaminó que sufrió “lesiones leves” y las actuaciones recayeron en la Fiscalía Nº 7.

La situación generó discusión y la presencia de mucha gente que en ese momento circulaba por esa zona céntrica y se acercó ante el tumulto generado por el conflicto. El vehículo, informaron desde la Dirección de Tránsito, fue secuestrado porque carecía de la documentación obligatoria para circular.

“Se le hizo la alcoholemia y no tenía los gramos que debe tener para hacer la infracción por eso. Pero no tenía VTV ni la licencia de conducir física, por eso se le secuestró el automóvil”. “, informó en Sin Galera el secretario de Seguridad, Juan Carlos Agüero.

“La inspectora fue asistida y radicó la denuncia”, señaló el funcionario y advirtió: “No nos olvidemos que los inspectores y la policía, más allá de pasar el mal trago, el mal momento, hace la denuncia penal y luego va a la vía civil, lo que repercute en los infractores”.

El fin de semana hubo operativo en la zona céntrica. A pesar de que el control suele ubicarse en los mismos puntos de siempre, labraron infracciones y secuestraron vehículos. El sábado por la noche hubo siete alcoholemias positiva, entre ellas una joven que estacionó en contramano en pleno centro.

El sábado por la noche y domingo por la madrugada, la tarea del personal de Inspección terminó con 11 vehículos incautados, siete de ellos por exceso de alcohol en sangre confirmados por test de alcoholemia.

En uno de los casos, regularizaron la situación con chofer alternativo y no hubo necesidad de secuestrar el coche. En otro, le incautaron el auto a una joven que circulaba sin licencia de conducir, tras haber consumido alcohol y que estacionó en contramano en calle Ayacuho entre Mitre y Pellegrini.

De los 11 secuestros del sábado, seis eran automóviles: cinco incautados por alcoholemia positiva y uno por falta de documentación obligatoria para circular en la vía pública.

El resto de las infracciones labradas con secuestro de rodado correspondieron a motocicletas: una por alcoholemia y el resto por falta de documentación. Además, labararon otras cinco infracciones de tránsito.

La noche del domingo fue más tranquila. Retuvieron dos vehículos por falta de documentación, labraron un acta de infracción cuyo conductor regularizó en el momento y multaron a un vehículo por estar mal estacionado.

Los automóviles y motocicletas secuestrados durante los operativos fueron trasladados al depósito municipal ubicado en Independencia y Crucero General Belgrano para quedar a disposición del Juzgado de Faltas municipal, donde sus propietarios deben tramitar su restitución.