El lunes 19 de mayo entrará en vigencia el Decreto 196/25 del Gobierno Nacional, que introduce modificaciones en la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

Una de las reformas alude a las licencias de conducir, cuya intención es facilitar la gestión para quienes deben llevar a cabo la renovación. El texto indica que, hasta los 65 años de edad, será suficiente enviar un certificado que confirme que el conductor se encuentra en buenas condiciones psicofísicas. En cambio, para la primera licencia o la reposición después de los 65 años, no tiene modificaciones. También la eliminación del denominado “Licencia Moyano”, el LiNTI, que es el examen psicofísico que realizaba el gremio de Camioneros.

En estas horas existen organizaciones que manifiestan su preocupación por la disparidad en las disposiciones. Si la provincia de Buenos Aires no adhiere al decreto, todo seguirá como es hasta entonces. Nada cambiará.

Uno de los problemas que se presentará será la obtención de la licencia de conducir para profesionales, particularmente para los camioneros. De acuerdo a FADESAC, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Carga, si la Provincia no adhiere los carnets de conducir para profesionales emitidos en distritos no adheridos (por ejemplo, San Pedro) solo tendrían validez dentro del ámbito bonaerense, quedando expuestos los choferes a multas y hasta el secuestro del rodado cuando transiten en otras provincias.

El LiNTI ya no existe. De todos modos, el resto del trámite no variará para la obtención de la Licencia Nacional de Conducir, inclusive la de los profesionales.

Pueden darse algunas situaciones que, oficialmente, ya fueron aclaradas.

*Qué sucede con una persona que tiene una Licencia Municipal de otra provincia y que no es la Licencia Nacional: primeramente, para obtenerla deberá coincidir el domicilio que figura en el DNI con la oficina donde gestiona la nueva licencia. Si es en San Pedro, su domicilio deberá ser de nuestro partido.

*Si cumple con este requisito fundamental, que existe en la Ley de Tránsito, deberá rendir el examen psicofísico, el teórico y el práctico de la categoría que desea obtener.

*No sirve el antecedente de otra licencia, que en muchas provincias son Municipales (no figuran en el Sistema Nacional).

*Si es un profesional camionero y se presenta con el LiNTI que debe ser renovado, deberá hacer el examen psicofísico en la sede municipal de Mitre 1995.

*La oficina de San Pedro no otorga el Certificado para el Transporte de Mercancías Peligrosas. La persona que la requiera deberá comunicarse con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV): https://certificadommpp.seguridadvial.gob.ar/licencia

Por el momento esto es lo que se ha dispuesto desde la Provincia, hasta tanto se decida, o no, adherir a las modificaciones implementadas en la Ley de Tránsito.

El Gobierno Nacional ratificó la eliminación de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI), más conocida como “Registro Moyano”.

La medida había sido anunciada el año pasado y ahora fue ratificada ante la reforma de algunos puntos de la Ley Tránsito, que incluye la simplificación de la obtención de las licencias de conducir.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) había determinado darle continuidad hasta que se implemente una nueva normativa, que en pocos días estará vigente.

El LiNTI era un paso obligatorio que los choferes de camiones, de determinadas cargas, debían efectuar para obtener la licencia que los habilite para el transporte interjurisdiccional de cargas, o de pasajeros en el territorio nacional.

A su vez, reconocido por ser un trámite ante el Sindicato de Choferes de Camiones, cuyo costo era elevado para el conductor, además de demandar varios días para su aprobación. Si un chofer no aprobaba este curso, quedaba inhabilitado para la conducción del transporte de cargas, en las categorías C, D y E (todo relacionado con transporte de cargas generales, mercancías peligrosas y pasajeros).

El valor se aproxima a los $ 500.000 cuando se la gestiona por primera vez, y renovarla es de $ 250.000, examen psicofísico que en nuestra zona se otorgaba en la Obra Social de Conductores de Camiones, en San Nicolás.

El LiNTI fue impuesto por el Sindicato de Camioneros desde hace varios años, vinculante con el otorgamiento definitivo de la licencia, un paso fastidioso para los choferes.

Los camioneros ya no deberán acudir al Sindicato de Choferes de Camiones por la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI) para obtener el registro que los habilite para la conducción del transporte de cargas.

De esta manera, concluye uno de los trámites que el Sindicato de Camioneros había logrado imponer hace varios años, vinculante con el otorgamiento definitivo de la licencia. 

Con esto, los profesionales del volante ya no perderán varios de días de trabajo, porque además del psicofísico y la capacitación, existía la demora para su aprobación.

El presidente de la Nación, Javier Milei, publicó la decisión en el Boletín Oficial. Se trata de un decreto que modifica la Ley Nº 24.653, cuya finalidad es “reducir la carga burocrática y eliminar barreras en el sector”, tema tedioso para los choferes y que abonaban de su bolsillo.

De acuerdo a lo que reza la disposición, la medida entrará en vigencia dentro de 60 días. Desde entonces, se hará efectivo el Registro Único del Transporte Automotor (RUTA), que será gratuito y sin necesidad de presencialidad. La inscripción será digital. 

Ahora, “ninguna autoridad provincial o municipal podrá imponer requisitos adicionales a los transportistas que se encuentren bajo este régimen”, informaron.

Otro dato saliente es a partir de qué kilaje se considera transporte automotor de cargas. Lo que antes eran 700 kilogramos, ahora serán desde los 3.500 kilogramos (por lo tanto, los utilitarios quedan exceptuados), y en cuanto a los acoplados o remolques, a partir de 750 kilogramos. Las casas rodantes, remolcadas o autopropulsadas, no tendrán límite de peso.

La LiNTI era el único documento que habilitaba realizar el transporte interjurisdiccional de cargas o de pasajeros en el territorio nacional. Contaba con tres categorías: Cargas generales, Mercancías peligrosas y Transporte de pasajeros. 

Para la licencia de conducir implicaba las categorías B, C, E (Cargas generales y/o mercancías peligrosas) y la D (Transporte de pasajeros).

Previamente, los requisitos indicaban que el chofer debía realizar el examen psicofísico (en nuestra zona acudían a la Obra Social de Conductores de Camiones, en San Nicolás), que una vez aprobado se incorporaba al sistema provincial de emisión de licencias de conducir, para luego recién proceder al resto del trámite en las oficinas del Municipio, de calle Mitre 1995.

La jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui elevó a juicio la causa contra los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola y los seis exempleados de Rey Distribución Julián Ojeda, Matías Torres, Edgardo Di Mayo, Enzo Ojeda, Mximiliano Pérez y Lucas Torres.

Los ocho deberán enfrentar al Tribunal Oral en lo Criminal que salga sorteado, en la fecha que se disponga, por los delitos de turbación de la posesión, coacción en grado de tentativa y extorsión.

La jueza rechazó lo planteos de la defensa de los imputados, que pidieron recusación de la magistrada, nulidad del proceso, cambio de calificación legal y sobreseimiento, tras considerar que hay “indicios vehementes para sostener” que los acusados “son probables autores penalmente responsable” de los delitos que se les endilga.

Para el momento del debate deberá estar lista la pericia contable que resta, para lo que se solicitó documentación a las partes. La magistrada consideró consideró “justificada la existencia” de los delitos investigados en la causa.

Fernando Espíndola y Maximiliano Cabaleyro, que además de sindicalista es concejal del Frente de Todos en San Nicolás, fueron detenidos el 8 de abril del año pasado. Ambos tienen prisión preventiva dictada.

El sampedrino, por cuestiones de salud, fue beneficiado con arresto domiciliario por la Cámara de Casación y ya está en su casa. El resto de los imputados siempre estuvo en libertad.

La defensa de Cabaleyro y Espíndola apelará la elevación a juicio, por lo que habrá que esperar esa instancia para saber qué Tribunal será el encargado de juzgarlos.

La causa que investiga la denuncia por pedido de coimas por parte de sindicalistas de Camioneros a la empresa Rey Distribución llegó a su etapa final y la fiscala María del Valle Viviani cerró la instrucción para pedirle a la jueza de Garantías que eleve el caso al Tribunal para que disponga fecha del juicio.

Los líderes sindicales Maximiliano Cabaleyro —que además es concejal del Frente de Todos en San Nicolás, donde le votaron licencia una vez preso— y Fernando Espíndola están acusados de “turbación de la posesión en concurso ideal con coacción en grado de tentativa en calidad de co autores” en dos hechos; “extorsión” también en dos hechos; y “extorsión en grado de tentativa” para uno de ellos.

Los sampedrinos Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torres y Matías Agustín Torres están imputados por el delito “urbación de la posesión en concurso ideal con coacción en grado de tentativa en calidad de coautores”.

Este sábado en Sin Galera, Ariel Rey, uno de los titulares de la empresa que denunció a los sindicalistas del gremio de Moyano, analizó la elevación a juicio y aseguró que están “muy satisfechos” con la tarea que llevó adelante la fiscala Viviani.

Consideró que la titular de la UFI logró reunir “pruebas contundendentes” para sostener la acusación. “Leí el expediente y me preció fabuloso”, dijo Rey y agregó: “Me siento conforme, prque veo, entiendo y tenemos esperanzas de que exista la justicia”.

El comerciante sostuvo que es importante que quienes se enfrentan a situaciones similares “tienen que tomar la decisión de denunciar”, aunque reconoció que “no es fácil”. En ese marco, volvió a destacar la tarea de Viviani y aseguró: “Los delitos están probados, nosotros vamos a trabajar para eso, para que se cumpla y se haga justicia”.

Ariel Rey, que forma parte del Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (Meaba), que reúne en todo el país a empresas que atraviesan conflictos gremiales que derivan en el bloque de sus plantas, señaló que en muchos lugares ocurre lo mismo: “Lo habitual es que tenés que pagar un dinero para tener paz social”, denunció.

“No puede haber buena o mala relación (con el sindicato) de acuerdo a si vos te llevás bien o mal o si es mucho o poco la coima que de manera coaccionada tengas que ceder para trabajar”, cuestionó el titular de la distribuidora que fundó su padre.

Entre los puntos que enumeró como parte de la coima que le pedían, contó que al principio le pedían mercadería “para el kiosquito de Maxi”, en alusión al negocio del hijo del dirigente de Camioneros local, Fernando Espíndola.

“Es triste que estos delincuentes tomaron un sindicato, algo tan noble y genuino como la representación de los trabajadores, lo tomaron para beneficiarse ellos”, consideró.

Ariel Rey dijo que la situación que les tocó vivir es habitual, incluso en San Pedro, donde otros empresarios “no tienen la capacida de decidir porque decide el sindicato”, y recordó que durante el bloqueo a su depósito había camiones y empleados de otras firmas. “Seguramente no están de acuerdo”, señaló.

El Juzgado de Garantías que interviene en el caso Camioneros – Rey rechazó el pedido de recusación a la fiscala Viviani que hizo el abogado de los imputados sampedrinos que estén en libertad y ratificó su condición de involucrados en la causa.

Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Matías Agustín Torres y Enzo Ivo Ojeda siguen imputados por “turbación de la posesión y coacción”, puesto que la jueza María Eugenia Maiztegui rechazó también el pedido de sobreseimiento que había elevado su defensa.

Los cuatro están involucrados en la causa que mantiene detenidos a los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, ambos alojados en la Unidad Penal 3 de San Nicolás con prisión preventiva y procesados, además del bloqueo y el pedido de coimas, por el delito de “extorsión por suscripción de documento con efectos jurídicos”.

Esta es la tercera recusación de Viviani que la Justicia rechaza. El abogado de los imputados sampedrinos, Gabriel Rogelio Ruiz, lo había solicitado por considerar que la fiscala tenía “parcialidad manifiesta” en el caso, algo que la jueza no respaldó.

Maiztegui no sólo rechazó la recusación, sino que además mantuvo la imputación que pesa sobre los cuatro defendidos de Ruiz y además no hizo lugar al pedido de “nulidad del procedimiento” que había interpuesto el abogado.

“Todas las acusaciones respecto de mi actuación no tienen argumentos legales que produzcan mi apartamiento en esta investigación”, se había defendido Viviani ante la jueza tras el planteo de Ruiz.

La primera recusación la habían planteado Cabaleyro y Espíndola, cuyo abogado, Mauricio Gugger, había pedido que se declare la incompetencia de Viviani porque consideraban que no le correspondía intervenir a la UFI 7 por la fecha en la que ocurrieron los hechos. El Juzgado la rechazó.

La segunda fue en mayo del año pasado, cuando plantearon que habría un ocultamiento malicioso del legajo y que se habían transcripto conversaciones entre cliente y abogado en el marco de las escuchas telefónicas, todo rechazado por el juez Román Parodi, que subrogó a Maiztegui en ese momento.

Viviani sostuvo que su actuación fue “conforme a la ley” y que no se excedió en sus facultades. Incluso señaló que los planteos de Ruiz eran “conjeturas” que desconocen “la normativa procesal y los elementos típicos que configuran los delitos que menciona”. La Justicia le dio la razón.

El Juzgado de Garantías se expidió este jueves tras la audiencia celebrada para tratar el pedido de prisión domiciliaria para el sindicalista de Camioneros Fernando Espíndola y resolvió a favor del planteo de la defensa, aunque para que el detenido vaya de la cárcel a su casa con seguimiento de pulsera electrónica resta que la Cámara analice la apelación interpuesta por la fiscala Viviani.

El abogado Mauricio Gugger, patrocinante de Espíndola y de Maximiliano Cabaleyro, ambos sindicalistas de Camioneros detenidos acusados de “pedir coimas” para “dejar trabajar tranquilos” a los propietarios de la empresa Rey Distribución, pidió la morigeración para ambos y la audiencia del sampedrino tuvo lugar el martes, mientras que para el caso del nicoleño todavía no hay fecha puesto que aguardaban resultados de estudios médicos.

Gugger planteó que la situación de salud de Espíndola, que padece diabetes, podría agravarse considerablemente si permanece detenido en la Unidad Penal 3 de San Nicolás, y el Juzgado de Garantías interviniente accedió a su pedido para que continué el proceso detenido bajo la modalidad de arresto domiciliario con pulsera electrónica.

Sin embargo, la fiscala María del Valle Viviani, titular de la UFI 7, apeló la decisión y ahora Espíndola deberá aguardar en su celda de la cárcel nicoleña la decisión que tome la Cámara de Apelaciones y Garantías, que es quien debe resolver el asunto.

Espíndola y Cabaleyro fueron detenidos el 8 de abril pasado y para ambos la Justicia dictó prisión preventiva porque consideró que podrían fugarse o interferir el proceso de investigación que comenzó cuando la familia Rey denunció que les pidieron dinero a cambio de no generar conflictos sindicales.

Están imputados de turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción, y también por extorsión por suscripción de documento con efecto jurídico, un delito que tiene una pena de entre cinco y 10 años de prisión.

Además, Espíndola afronta una causa penal por abuso sexual tras la denuncia interpuesta por dos sobrinas y un sobrino con quienes convivía cuando era adolescente. Cabaleyro, por su parte, es concejal del Frente de Todos en San Nicolás y sus pares votaron su licencia cuando ya estaba detenido.

Luego de que la Cámara de Casación anulara la prisión domiciliaria con la que el juez de Garantías Román Parodi había beneficiado a los sindicalistas de camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, detenidos acusados de “pedir coimas para dejar trabajar” a la empresa Rey Distribución, este mates hubo novedades en la causa.

El Juzgado debía retomar desde cero el planteo de prisión domiciliaria elevado por la Defensa de los sindicalistas y otorgar a Fiscalía la posibilidad de oponerse, lo que ocurrió durante la jornada en los Tribunales de San Nicolás, aunque sólo para uno de los dos detenidos.

El abogado de defensor de Fernando Espíndola expuso respecto de la situación de salud de su patrocinado, puesto que padece diabetes y las condiciones de detención agravaría su estado. Por su parte, Viviani se opuso a la morigeración y pidió que el acusado permanezca en la Unidad Penal 3, donde cumple prisión preventiva.

Durante la audiencia celebrada este martes sólo se trató el caso de Espíndola, puesto que para hacer lo propio con Cabaleyro deben esperarse unos estudios médicos que serán ponderados por el juez a la hora de tomar la decisión.

Respecto del sampedrino, la Justicia tiene ahora cinco días para expedirse tras escuchar los argumentos de ambas partes respecto de por qué otorgarle el beneficio de arresto domiciliario o no.

Fernando Espínbdola y Maximiliano Cabaleyro están detenidos desde el 8 de abril pasado, en el marco de una causa que comenzó cuando los propietarios de la empresa Rey Distribución los denunciaron por “pedir coimas” para “dejarlos trabajar tranquilos”.

Están imputados de turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción, y también por extorsión por suscripción de documento con efecto jurídico, un delito que tiene una pena de entre cinco y 10 años de prisión.

Además, Espíndola afronta una causa penal por abuso sexual tras la denuncia interpuesta por dos sobrinas y un sobrino con quienes convivía cuando era adolescente. Cabaleyro, por su parte, es concejal del Frente de Todos en San Nicolás y sus pares votaron su licencia cuando ya estaba detenido.

Los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola fueron trasladados a la Unidad Penal 3 de San Nicolás este martes al mediodía, en el marco de la causa por extorsión y coacción que los mantiene detenidos desde el 8 de abril pasado.

“Estábamos a la espera”, confirmó el abogado Mauricio Gugger, que representa a ambos dirigentes. El traslado estaba pedido por parte de la Justicia para que cumplan en un calabozo del Servicio Penitenciario Bonaerense. la prisión preventiva ratificada en la Cámara de Apelaciones y Garantías.

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Desde que fueron detenidos, Cabaleyro y Espíndola estaban alojados en la sede de la DDI de San Nicolás. Tras la resolución de Cámara, deberán pasar los meses que tienen por delante en una unidad carcelaria, aunque todavía resta una audiencia para que el Juzgado interviniente resuelva sobre el pedido de arresto domiciliario que interpuso la defensa y que la Cámara dispuso debe ser revisado desde cero.

El líder regional de Camioneros y concejal del Frente de Todos de San Nicolás, Maximiliano Cabaleyro, y el referente del sindicato en San Pedro, Fernando Espíndola, fueron detenidos en el marco de la causa que comenzó tras la denuncia de la empresa Rey Distribución, que los acusó de “pedir coimas” para dejarlos “trabajar tranquilos”.

Más de dos semanas pasaron desde que el juez de Garantías Román Parodi, subrogante de María Eugenia Maiztegui, dispuso que los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola permanezcan detenidos con prisión preventiva pero con el beneficio de arresto domiciliario en el marco de la causa que investiga el presunto “pedido de coimas” que denunció la empresa Rey Distribución.

Ambos contiúan alojados en la DDI de San Nicolás a la espera de una resolución de la Cámara de Apelaciones y Garantías, puesto que tanto la defensa, cargo del abogado sampedrino Mauricio Gugger, como la Fiscalía de María del Valle Viviani apelaron el fallo del juez de Garantías.

Consultado por La Opinión, Gugger informó que todavía están a la espera de la resolución de Cámara. La decisión podría aparecer este viernes o bien la semana que viene. Los magistrados deben definir si dejan firme lo que Parodi dispuso para ambos acusados.

En el caso de la Defensa, el planteo es de excarcelación. Gugger apeló la decisión que dispone que permanezcan detenidos con prisión preventiva porque considera que no hay riesgo de que Espíndola y Cabaleyro se fuguen o entorpezcan la investigación.

Por su parte, la fiscala Viviani apeló el beneficio de arresto domiciliario porque entiende que deberían permanecer detenidos en una cárcel del Servicio Penitenciario Bonaerense y no en sus viviendas, ya que de esa manera podrían interferir en el devenir de la causa.

El secretario General del Sindicato de Camioneros de la regional San Nicolás y concejal del Frente de Todos ahora de licencia Maximiliano Cabaleyro y su delegado en San Pedro, Fernando Espíndola, están acusados de bloquear la planta de la empresa Rey Distribución y de “pedir coimas” para dejarlos “trabajar tranquilos”.

Antes de que se desarrolle la audiencia por la prisión preventiva para los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, el diputado nacional Leopoldo Moreau, presidente de la la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso, le pidió a la fiscala Viviani las actuaciones de la causa. La titular de la UFI 7 rechazó la solicitud.

Moreau pidió “una copia del “legajo fiscal que tendrá carácter de reservado” y Viviani le respondió que su Fiscalía “no puede dar cumplimiento a lo requerido” y le explicó las razones, relacionadas con que la ley impide “la injerencia de otros poderes del Estado” en la tarea de la Justicia.

En el texto, y de manera didáctica, la titular de la UFI 7 explica al diputado Moreau, un dirigente político con más de cuatro décadas de trayectoria, algo tan simple como que la investigación penal corre por canales que implican la parte acusatoria, a su cargo, y la defensa que representa al imputado, todo bajo el control de un tercero imparcia que es el Juzgado.

Le explicó que de la ley invocada por él para elevar su requerimiento “no surge ninguna facultad expresa ni implícita” que lo autorice como legislador a “intervenir de modo que permita vulnerar el mecanismo procesal” ni “controlar el desempeño de los fiscales”.

Este jueves se desarrolló en San Nicolás la audiencia para resolver si los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, detenidos en el marco de la causa que investiga el presunto “pedido de coimas” para dejarlos “trabajar tranquilos” que denunciaron desde la empresa sampedrina Rey Distribución.

La audiencia la encabezó el juez de Garantías Román Parodi, que subroga a María Eugenia Maiztegui, quien pidió licencia tras un “pico de estrés” y en medio de “presiones” relacionadas con esta causa. El magistrado tendrá cinco días para resolver si los mantiene detenidos por los próximos ocho meses o los excarcela para que sigan el proceso en su contra, camino al juicio, en libertad.

Desde San Nicolás, el periodista Guillermo Puliti, del diario El Norte, brindó en Radio Cuarentena detalles acerca de cómo se desarrollaba en la vecina ciudad la jornada clave para el destino de los sindicalistas detenidos.

Pasadas las 9.30 de la mañana, ambos sindicalistas fueron trasladados desde la sede de la DDI, donde permanecen detenidos ante la falta de cupo en las unidades penales, hacia el Juzgado para participar de la audiencia.

En el recinto, la fiscala María del Valle Viviani expuso sus argumentos para considerar necesario que ambos permanezcan detenidos mientras se sustancia la investigación y el abogado defensor Mauricio Gugger hizo lo propio para sostener la necesidad de que sean liberados.

Viviani imputó a ambos detenidos por un delito más grave que el inicial, por lo que ahora la causa tiene una expectativa de pena que va entre los 5 y los 10 años de prisión. Gugger, por su parte, recusó tanto a la fiscala como a la jueza de Garantías.

Afuera había presencia de integrantes del Sindicato de Camioneros, entre ellos el secretario General y coconductor de la CGT, Pablo Moyano, quien en el parque San Martín, lindero al Juzgado, dijo que estaban para acompañar a “los compañeros Cabaleyro y Espíndola para que de una vez por todas se haga justicia verdadera”, reportó el diario El Norte de San Nicolás.

El domingo vence el plazo de ley previsto para que la fiscala María del Valle Viviani presente la solicitud de prisión preventiva, expediente que ingresará formalmente el lunes. A partir de allí, la magistrada a cargo de la causa, María Eugenia Maiztegui, deberá convocar a una audiencia en la que la parte acusadora y la defensa particular de los imputados expondrán sus argumentos.

Vivani pedirá que permanezcan detenidos hasta el juicio. El Código Procesal Penal bonaerense prevé una duración máxima de la prisión preventiva de ocho meses, plazo que Fiscalía tiene para completar su investigacion y solicitar la elevación a juicio, y que puede ser prorrogable pero debe haber una nueva audiencia.

Lo más relevante de esta semana, camino a la audiencia de la próxima, fue que tras el allanamiento en la sede central de Camioneros ante el mismísimo Hugo Moyano, Viviani resolvió imputarles un nuevo delito a los detenidos Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, puesto que la documentación que halló durante el procedimiento la habilitó.

Además de turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción, ambos sindicalistas están ahora imputados por un delito que tiene una pena de entre cinco y 10 años de prisión, es decir que el mínimo implica que no es excarcelable: extorsión por suscripción de documento con efecto jurídico.

Es que durante el allanamiento en la sede central de Camioneros, Viviani encontró los mismos recibos que en el sindicato en San Nicolás, en los que el gremio deja asentado el ingreso de dinero pagado por la empresa Rey Distribución pero sin ningún documento que certifique la presunta deuda que los gremialistas dicen haber cobrado con esos cheques, que la familia denunciante señala como el pago de la “coima” que les exigían para dejarlos “trabajar tranquilos”.

Para Viviani, esto podría configurar el delito de extorsión que prevé el artículo 168 del Código Penal, que señala que será reprimido con entre cinco y diez años de prisión que con intimidación o violencia obligue a otro a suscribir documentos que produzcan efectos jurídicos.

Durante el allanamiento en Buenos Aires, Viviani llegó con la orden de secuestrar todo los libros contables y planillas “donde surja deuda de aportes gremiales, sindicales y diferencias salariales de la empresa Rey Distribución SRL, equipos informáticos en los que pudieran estar almacenadas las constancias donde surge la supuesta deuda”.

Cabaleyro y Espíndola fueron convocados por Viviani este miércoles a Fiscalía General para ampliar su declaración indagatoria, puesto que tenía que ponerlos en conocimiento de este nuevo delito que se les imputa en el marco de la misma caua y a partir de los nuevos elemento probatorios reunidos.

Aunque con menos presencia que el día que declararon en San Pedro, integrantes del Sindicato de Camioneros de San Nicolás acompañaron en esa ciudad la comparecencia de los detenidos ante Fiscalía. En este caso también impidieron el trabajo de la prensa, según reportaron desde el diario El Norte, a cuyos reporteros gráficos no les permitieron cumplir con la tarea que tenían prevista.

El Juzgado de Garantías Nº 3 de San Nicolás, a cargo de María Eugenia Maiztegui, rechazó este miércoles la solicitud de excarcelación de los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, detenidos el viernes en el marco de la causa por “extorsión y coacción” que investiga la Justicia luego de la denuncia de la empresa Rey Distribución que los acuso de “pedir coimas” para dejarlos “trabajar tranquilos”.

El abogado que patrocina a ambos dirigentes sindicales pidió la excarcelación luego de que el domingo prestaran declaración indagatoria ante la fiscala María del Valle Viviani, instancia de defensa que se cumplió en la sede de la Fiscalía Nº 7 con presencia de Camioneros, en cuyo marco el dirigente Julio Cabaleyro agredió, insultó y amenazó a periodistas de La Opinión & Sin Galera.

Maiztegui rechazó la excarcelación por considerar inadmisible que estén libres en esta etapa puesto que podrían entorpecer el devenir de la causa y ordenó que Cabaleyro y Espíndola sean trasladados a la Unidad Penal 3 de San Nicolás o bien a Campana o Junín, en caso de que no haya cupo en la penitenciaría nicoleña.

La jueza estimó que existen “sobrados motivos” para mantenerlos presos con el objetivo de “asegurar el desarollo” del proceso. La fiscala Viviani tiene ahora entre 15 y 30 días para reunir elementos probatorios que le permitan pedir la prisión preventiva de los sindicalistas, que implicaría, según el Código Procesal Penal bonaerense, al menos unos ocho meses de cárcel mientras se llega al juicio.

Para Maiztegui hay “peligrosidad procesal” acreditada, puesto que la “magnitud de la pena en expectativa” por los delitos de los que están acusados así lo establecen. Además, la jueza ponderó el tipo de delito, las circunstancias en las que fueron cometidos los hechos por los que están imputados y el poco tiempo que llevan detenidos.

La magistrada sostuvo que hay “un peligro cierto de entorpecimiento de la investigación”, puesto que entiende que Cabaleyro y Espíndola podrían “influenciar loas testigos que deben declarar” y así frustrar la finalidad del proceso.

La detención de los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola y el episodio ocurrido el domingo en Fiscalía en ocasión de su declaración indagatoria fueron parte de la reunión que la Comisión Directiva del Centro de Comercio mantuvo este lunes por la noche.

Desde la entidad, el presidente Raúl Cheyllada expresó la solidaridad de todos los integrantes de la Comisión con la periodista Lilí Berardi ante la situación de agresión y amenazas que le tocó vivir con Julio Cabaleyro y sus acólitos durante la jornada de cobertura de la indagatoria.

Además, el representante de comerciantes y empresarios locales consideró que el Gobierno municipal y el Concejo Deliberante deberían pronunciarse en conjunto con el Centro de Comercio para expresar desacuerdo con la metodología de protesta y reclamo del sindicato de Moyano por las consecuencias que ello implica para el orden social local.

“Lo vivido te lleva a muchas reflexiones, va pasando el tiempo sin lograr aprender algo, esta confianza en que la Justicia se pueda preservar de manera independiente, que no sea entorpecida a través de mecanismos que no contribuyen ni ayudan tanto para el desarrollo empresarial como para la sociedad”, reflexionó Cheyllada en Radio Cuarentena.

El presidente del Centro de Comercio informó que esperan una intervención por parte de las entidades provinciales y nacionales a la que pertenece la institución que doncude “para poner estos temas en tratamiento, no sólo el tema de los bloqueos sino cómo se puede convivir con algún rol gremial para que los empresarios puedan seguir desarrollándose”.

En ese sentido, cosideró que “si hay alguna cuestión que dirimir entre empleados y empleadores que se puedan dirigir a las autoridades competentes para que esto resulte conveniente para las partes y no con los mecanismos que hemos sufrido habitualmente a través de la extorsión, de pedidos improcedente que nos llevan a esta situación que realmente no es lo que nos merecemos”.

Cheyllada aseguró que es importante que la entidad que preside pueda tener un canal de diálogo para seguir tratando el tema “con las autoridades municipales, legislativas, para garantizar la seguridad de la sociedad para convivir en paz, que no se altere el orden público, garantizar el desarrollo a partir de un desenvolvimiento de los sectores empresariales y gremiales que sea el adecuado”.

Al respecto, consideró: “Necesitamos juntarnos, ser parte de un proceso de comunicación en el que le manifestemos a la sociedad que no estamos de acuerdo con las metodologías, más allá de las circunstancias particulares”.

“Estamos hablando de cosas que hacen mal a la sociedad y traen consecuencias, quizás potenciales, futuras, como la atracción de inversiones, la generación de puestos de trabajo, la radicación de nuevas empresas en San Pedro, que el turismo venga con la tranquilidad y la seguridad de pasar una estadía tranquila, hay muchas aristas en torno a una alteración del orden social. El Estado cumple un rol fundamental y las instituciones también”, señaló.

Además de enfrentar la causa por “pedido de coimas”, el sindicalista de Camioneros Fernando Espíndola, detenido junto a Maximiliano Cabaleyro, está imputado por abuso sexual intrafamiliar contra al menos dos sobrinas y un sobrino que lo denunciaron por someterlos cuando eran menores de edad.

Una semana antes de ser detenido por el caso Camioneros, Espíndola prestó declaración indagatoria por la causa relacionada con abuso sexual. El abogado del sindicalista, Mauricio Gugger, sostuvo que “no coinciden las fechas” y que “él no convivía” con las personas denunciantes en el año 1988, cuando presuntamente ocurrieron los hechos.

“Lo que resta en esa causa es que empiecen a a aportar los testimonios que se ofrecieron oportunamente”, dijo Gugger y sostuvo: “Él se declaró inocente, ya no vivía en ese lugar, ya estaba casado y con hijos”.

Este lunes, en Radio Cuarentena, una de las denunciantes, Cintia Espíndola, ratificó en todos los términos su el relato que dejó asentado en la Justicia. El domingo estuvo en Fiscalía. “Vaya donde vaya, esté donde esté, voy a estar”, aseguró.

Tras escuchar las declaraciones del abogado de Espíndola, la mujer señaló que los abusos que denunció se extendieron más allá de la mayoría de edad del sindicalista e incluso cuando ya no eran convivientes en la casa de lo abuelos, donde prácticamente se criaron juntos. “Él estaba de novio y lo seguía haciendo, tenía hijos y lo seguía haciendo”, aseguró.

“Dígale al abogado que no trate de ensuciar la cancha, lo que uno cuenta es nuestra realidad, es lo que nos pasó. Aunque no haya estado viviendo, los abusos los seguía cometiendo igual”, aseveró.

Cintia Espíndola reveló que tenía 14 años cuando le contó a la ahora esposa de su tío la situación. “Ella me abofeteó como quiso y me trato de mentirosa”, dijo.

“Nosotros somos cuatro hermanos, yo fui la que convivió y que más torturas vivió”, dijo y consideró: “El abuso es algo que te enferma la cabeza todos los días, para nosotros no hay cura, esto se lleva de por vida”.

En ese sentido, volvió a plantear que la decisión de su hermano de quitarse la vida está relacionada con los abusos de los que fue víctima.

“Mi hermano no lo soportó. Él era un muchacho joven, trabajador, con dos hijos, no soportó más vivir con eso”, aseguró.

Relató que Fernando Espíndola la amenazaba con que tenía “arañas escondidas bajo la tierra” y dijo que cuando le preguntan por qué no denuncié cuando era chica responde que “la víctima habla cuando puede no cuando quiere, porque no es fácil procesar todo esto”.

“Hay que seguir luchando y no voy a parar hasta conseguir lo que quiero conseguir: este tipo tiene que pagar de alguna manera. El abuso de poder que tiene con toda la gente lo aprendió de muy chico con nosotros, alimentaron una bestia, no le importa los derechos de nadie, se cree impune a todo”, dijo.

Además, reveló que “a los 16 años, teniendo ya una bebé” recibió “el último abuso de ese degenerado”. Cintia Espíndola sostuvo que buscará justicia “hasta el último día de mi vida, porque ese desgraciado me quitó mi hermano, porque mi hermano se mató por culpa de él”.

Tras la difusión de las agresiones y amenazas que sufrió la periodista Lilí Berardi, directora de La Opinión & Sin Galera, durante la cobertura de la declaración indagatoria de los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, hubo un repudio generalizado a la situación, al que se sumó un comunicado del Foro de Periodismo Argentino (Fopea).

La organización que representa a periodistas de todo el país expresó su solidaridad y repudió “las agresiones verbales y las intimidaciones” que recibió Lilí Berardi por parte del sindicalista regional de Camioneros Julio Cabaleyro, padre de uno de los gremialistas detenidos, y sus acólitos durante la cobertura de la noticia.

#FOPEALibertadDeExpresión ?El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresa su solidaridad con la periodista Lili Berardi, y repudia las agresiones verbales y las intimidaciones que recibió durante una cobertura en San Pedro, provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/F826x7QB1U

“Debió trabajar bajo una hostilidad permanente por parte de los manifestantes, recibió botellazos y amenazas de que le quitarían el teléfono celular. Incluso, el dirigente Julio Cabaleyro la insultó en reiteradas ocasiones”, advirtieron desde Fopea.

El Foro de Periodismo Argentino reclamó “más respeto y tolerancia hacia el trabajo periodístico” y exigió “a las autoridades garantías para el ejercicio profesional ante situaciones como esta”.

Además, instaron a Camioneros a que “que sancione a los violentos y que también se comprometa a que en el futuro no se vuelvan a repetir episodios similares” como los que se vivieron este domingo en San Pedro.

El sindicato de Camioneros levantó la medida de fuerza que Julio Cabaleyro convocó en San Nicolás tras la detención de su hijo Maximiliano —que además de heredar el cargo sindical es concejal del Frente de Todos— y de Fernando Espíndola y el líder sindical Hugo Moyano dijo que “si llegan a tocar a un trabajador más nuestro va a haber inconvenientes”.

“Perdió la extorsión”, consideró el intendente nicoleño Manuel Passaglia para comunicar que se levantaba el paro. Este lunes por la mañana, el máximo referente sindical de Camioneros, Hugo Moyano, encabezó una conferencia de prensa en la que aseguró que la Federación que conduce está “en alerta y movilización”.

“Desmentimos categóricamente que haya habido un bloqueo y todos los inventos que han llevado adelante muchos medios de comunicación”, dijo el sindicalista sobre el paro en San Nicolás, ciudad en la que estuvo el sábado, al otro día de que Julio Cabaleyro anunciara la medida de fuerza que ratificó el domingo cuando dijo que en San Nicolás “se van a morir de hambre si esto sigue” y que, dijo, sólo levantaría “por orden de Moyano”.

Moyano sostuvo que la detención de Maximiliano Cabaleyro y Fenando Espíndola “es una situación absolutamente polítca”. Ambos dirigentes sindicales están imputados por “extorsión y coacción” tras la denuncia de la empresa Rey Distribución en la que dejaron asentado que les “pedían coimas” para dejarlos “trabajar tranquilo”.

Para el líder de Camioneros, la situación fue “creada por sectores de los que tienen la responsabilidad de hacer justicia, jueces y fiscales” que, dijo, “armaron esto para hacerle creer a la sociedad que los trabajadores fueron a extorsionar o a llevarse dinero, todo una mentira total que es parte de la campaña que han empezado a hacer estos señores que estuvieron en el gobierno anterior, que hicieron un desastre”.

“Han armado todo esto para llevar presos a dos trabajadores”, afirmó Hugo Moyano en alusión a Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola.

“En definitiva no se sabe bien por qué los acusan”, señaló Moyano y consideró: “Pretenden doblegarnos pero no lo van a conseguir. Toda esta falacia que han hecho, de detener a dos trabajadores porque van a defender el derecho de compañeros que no cobrababan el sueldo, que no tenían la asistencia médica que coresponde, que fueron despedidos injustamente”.

“El daño que pueden haber hecho es defender los derechos de los trabajadores, y lo vamos a hacer todas las veces que sea necesario, no nos van a asustar ni Macri ni los que pertenecen al Departamento de Estado, que les manda a hacer esto a los serviles de los poderes dominantes”, dijo.

Moyano aseguró que seguirán “defendiendo los derechos de los trabajadores” y que “esto que pasó en San Nicolás es un absurdo total y es la demostración de que muchos sectores de la Justicia están al servicio del poder dominante”.

“Estamos en alerta y movilización para que la Justicia sepa que no nos va a seguir cometiendo injusticias y para que estemos todos conscientes los trabajadores de todo el país que si llegan a tocar a un trabajador más nuestro va a haber inconvenientes, para que lo sepan bien”, advirtió ante Télam.

La situación que le tocó vivir a la periodista y directora de La Opinión & Sin Galera, Lilí Berardi, con el dirigente regional de Camioneros Julio Cabaleyro y los integrantes del sindicato que lo acompañaron en la manifestación en Fiscalía este domingo recibió el repudio generalizado.

Referentes de la ciudad, la zona y el país expresaron su solidaridad con la periodista y la Justicia mientras se analiza el inicio de una causa penal ante las amenazas y agresiones que quedaron expuestas públicamente puesto que se desarrollaron en plena transmisión en vivo cuando Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, ambos detenidos imputados de “extorsión y cohecho”, fueron trasladados desde San Nicolás a Fiscalía para prestar declaración indagatoria.

La fiscala Viviana Ramos se comunicó para ponerse a disposición para radicar la denuncia penal correspondiente.

Oyentes, lectores, comerciantes, empresarios, trabajadores de otros gremios y representantes de organizaciones como los vecinos autoconvocados por la inseguridad se pusieron a disposición, y desde distintos partidos políticos se emitieron comunicados de repudio al sindicalista y sus acólitos y de respaldo a la tarea de este medio, que estaba presente en el lugar al igual que en todas las manifestaciones anteriores que desde 2011 se caracterizan por el impedimento a desarrollar tareas en pequeñas y medianas empresas locales por la disputa de afiliados.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) emitió un comunicado de solidaridad y respaldo en el que señalaron que “todas estas conductas, propias de épocas de oscura violencia que en la Argentina debieran estar ya superadas tras casi 40 años de democracia, merecen la absoluta condena de una sociedad que mayoritariamente ansía vivir en paz”.

Nos solidarizamos con la periodista @Lilibertaria, directora del semanario @laopinionsp y conductora del ciclo Sin Galera, ante las amenazas y agresiones verbales que sufrió por parte de militantes del sindicato de Camioneros en San Nicolás.

Referentes políticos nacionales y periodistas de renombre nacional también expresaron su solidaridad ante lo ocurrido, que mereció cobertura en casi todos los medios del país por la gravedad inusitada de la situación. En el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), al que pertenece la periodista, también hubo expresiones de respaldo y acompañamiento ante lo que fue considerado un grave ataque a la libertad de expresión.

Durante la cobertura, Julio Cabaleyro insultó y amenazó a Lilí Berardi. Además, junto a otros integrantes del sindicato intentó impedir el trabajo periodístico y hasta quiso arrebatar el celular con el que la periodista transmitía. También le arrojaron botellas vacías y la mojaron con agua saborizada. Incluso profirieron amenazas respecto de dañar el “LilíMóvil” o manifestantes que se acercaban a toser en le oído de la trabajadora de prensa para “contagiarle COVID” que se coronaban al ritmo de los aplausos.

En redes sociales hubo, además del repudio por las agresiones y amenazas, quejas por el uso de las palabras “tarada” y “mogólica” como insulto por parte de Julio Cabaleyro, que incluyeron reclamos al INADI.

El video que publicó La Opinión & Sin Galera con un resumen de lo ocurrido fue replicado por medios de todo el país, tanto nacionales como regionales y locales, por lo que el repudio contra la actitud de Cabaleyro fue generalizado en toda la Argentina.