El juicio contra el dirigente del Sindicato de Camioneros y exconcejal de San Nicolás, Maximiliano Cabaleyro, y seis exempleados de la firma Rey Distribución por los delitos de extorsión, coacción y turbación de la posesión, entró en su etapa definitiva. 

Tras seis jornadas de producción de prueba y a más de cuatro años de la detención de Cabaleyro —Fernando Espíndola eligió el juicio abreviado—, la etapa testimonial concluyó el lunes con las declaraciones de un perito de parte, una psicóloga y un oficial de policía. 

Durante estas últimas exposiciones, la defensa —exempleados— a cargo del doctor Gabriel Ruiz dejó entrever su estrategia principal: sostener que los pagos o acuerdos económicos entre el empleador y el sindicato pueden constituir una infracción laboral bajo la Ley de Asociaciones Sindicales, pero no configuran por sí mismos el delito penal de extorsión.

Con ese escenario y con la presencia en el recinto de la senadora provincial y abogada Florencia Arietto, el martes a las 10.00 el Tribunal Oral en lo Criminal n.º 2 dio inicio a la etapa de alegatos. 

El turno de la parte acusadora dejó en evidencia la gravedad de los cargos que enfrenta el líder sindical. Las fiscales María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio solicitaron para Cabaleyro una condena de 10 años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La querella fue todavía más severa. La Asociación Anti Bloqueo, que representa a la familia Rey y cuenta con el patrocinio legal de Arietto, exigió para el dirigente sindical una pena de 15 años de prisión, manteniendo la solicitud de inhabilitación por una década para ocupar cargos. Por su parte, la defensa a cargo del doctor Gugger pidió la absolución de su representado. 

En cuanto a la situación de los seis extrabajadores de la distribuidora sampedrina, las partes acusadoras pidieron una pena de tres años de ejecución condicional. Sin embargo, en línea con el planteo técnico esbozado durante los testimonios, el doctor Ruiz adelantó que solicitará la absolución total de sus defendidos.

En el marco de la causa, se viralizó una comunicación telefónica entre el intendente Cecilio Salazar, que en su declaración dijo que intentó actuar como mediador, y Cabaleyro. 

Cuando el jefe comunal fue a declarar, el audio se reprodujo en la sala y encendió las alarmas de una negociación paralela, en clave sindical, para desbaratar el accionar judicial que había emprendido la fiscal Viviani cuando ordenó el desalojo.

Luego de que las defensas finalizaran el uso de la hora estipulada para exponer sus argumentos —incluyendo a los doctores Mauricio Gugger e Ignacio Baldarenas en representación de Cabaleyro—, solo resta que el Tribunal delibere. Según los plazos procesales, el veredicto que definirá la situación judicial de todos los implicados se dará a conocer el miércoles 14. 

La nota más llamativa de la jornada del lunes en el Tribunal fue la presencia de la senadora provincial y abogada de la empresa Rey Distribución, Dra. Florencia Arietto. Llegó para ultimar los detalles de su alegato el martes cuando todas las partes hagan uso de la hora que el juez concedió para exponer los argumentos que determinarán la situación de Maximiliano Cabaleyro y de los seis ex empleados.

La causa  por el bloqueo y extorsión a la empresa de la familia Rey terminó esta mañana con la presentación de los últimos tres testigos citados en el debate: el perito de parte, la psicóloga y un oficial de policía.

Durante el análisis testimonial de la profesional de salud mental, los cuestionamientos giraron en torno a las manifestaciones expresadas oportunamente en sede prejudicial y pericial respecto de las entregas de dinero y los aportes. La defensa buscó centrar su argumentación técnica en que los pagos o acuerdos económicos entre un empleador y la representación sindical constituyen infracciones de índole laboral o desleal bajo la Ley de Asociaciones Sindicales, pero no configuran por sí mismos el tipo penal de extorsión o coacción, eje sobre el cual basarán su planteo de inocencia. Así lo consideró el Dr. Gabriel Rogelio Ruíz quien patrocina a los ex trabajadores de la empresa.

Para este martes, el Tribunal dispuso el inicio de los alegatos de clausura a partir de las 10, con un tiempo estipulado de una hora de exposición para cada parte.

Abrirá la parte acusadora con la fiscal que instruyó la causa, Dra. María del Valle Viviani; continuará el particular damnificado y la querella de la familia Rey, con la alocución de la abogada Florencia Arietto, y luego será el turno de las defensas: el Dr. Mauricio Gugger e Ignacio Baldarenas en representación del sindicalista Maximiliano Cabaleyro, y el Dr. Gabriel Ruiz por los exempleados de la distribuidora.

Tras los alegatos de mañana, el Tribunal pasará a deliberar y quedará a la espera del veredicto final, que por los plazos procesales se dará a conocer dentro de los cinco días hábiles posteriores.

El 28 de septiembre comenzará el juicio contra los dirigentes de Camioneros Maximiliano Cabaleyro, Fernando Espíndola y otras seis personas vinculadas al gremio, extrabajadores de la empresa Rey Distribución.

Los primeros están acusados de extorsionar a la empresa y "pedir coimas para dejarlos trabajar". Los otros llegan al juicio como parte del grupo que bloqueó la planta en el marco de las protestas que tuvieron lugar cuando se desató el conflicto.

A la espera del debate oral y público, al que Cabaleyro y Espíndola llegan detenidos con prisión preventiva, una pericia contable oficial que forma parte de la causa revela que hubo "diferencias salariales", lo que favorece a los empleados en su reclamo inicial ante la empresa.

Firmada por la contadora Carolina Ricardini, la pericia detectó categorizaciones laborales incorrectas, horas extras cargadas como "no remunerativas", omisión de adicionales por nocturnidad y por frío, diferencias de cálculo sobre la antigüedad, entre otros ítems.

Ello surgió tras comparar los recibos de sueldo aportados por el abogado de los empleados que tuvieron conflicto laboral con la empresa y lo que establece el convenio colectivo del sindicato de Camioneros.

Además, la pericia observó irregularidades e inconsistencias en los libros laborales, de acuerdo a lo que establece la normativa vigente respecto de la ley de contrato de trabajo.

El informe concluye que la empresa Rey Distribución SRL pagó salarios por debajo de lo que corresponde según el convenio de Camioneros, lo que además implicó diferencias en aportes de obra social y en contribuciones de los afiliados al sindicato.

Entre quienes están representados por el abogado Gabriel Rogelio Ruiz destacaron que esa pericia respalda el reclamo laboral que inició el conflicto y que luego derivó en el presunto pedido de coimas por parte de los sindicalistas que la empresa denunció en la Justicia.

En ese marco, consideran que lo que ocurrirá en el juicio debería favorecerlos, en la medida en que al hallar inconsistencias en las liquidaciones, el conflicto laboral tendría razón de ser.

"Lo que pasó después entre el sindicato y la empresa es un problema de ellos", aseguran fuentes cercanas a los trabajadores que también van a juicio, en su caso no por la presunta extorsión sino por delitos de "turbación de la posesión", es decir por el bloqueo de la planta durante la protesta.

Los restos del reconocido empresario Ricardo Rey, fallecido el lunes, fueron inhumados este martes a las 11.00 de la mañana, tras ser velados en las salas de Coopser con importante acompañamiento de allegados a su familia.

En los últimos años, parte de la vida de Ricardo Rey estuvo marcada por el esfuerzo de llevar adelante un emprendimiento con el sustento de su familia y los diferentes avatares que enfrentó día a día ante las oscilaciones de la economía de un país mayormente inestable.

No obstante, supo sostenerse y “con el empuje de mi señora y mis hijos”, como solía decir, el negocio mayorista tuvo una expansión que atravesó los límites de San Pedro, obteniendo la representación de marcas afamadas en toda la zona norte de la provincia.

Pero, más allá de la satisfacción por lo que su familia le imprimió diariamente a la empresa, también atravesó momentos complejos, cruciales, donde había que enfrentar episodios que han definido a un sector del sindicalismo, que ahogó a varios empresarios en el país.

El apriete, la extorsión, el cohecho y el bloqueo formaron parte de un todo. Y a esto lo enfrentaron con coraje, derivando en la Justicia la resolución de un conflicto agobiante y el consiguiente coto a una modalidad en San Pedro, que sirvió de modelo para otras empresas en el país.

A su vez, fue un motivo más de lo que hoy es el posicionamiento del Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB), una red de ayuda y asistencia destinada para empresarios que padecen asedios extorsivos, que su hijo Ariel integra.

Una muestra contundente de aquel momento fue ver a Rey llorar por la indignación y la impotencia, a través de un video. Fue en 2021, en pandemia. Un reflejo de una realidad penosa de la mayor corporación de la Argentina.

Al menos tres denuncias quedaron radicadas en sede judicial firmadas por empresarios areneros. Los piquetes que habían montado los representantes del gremio a nivel local con participación de afiliados de otras regiones, se levantaron por la tarde.

Antes habían pedido, al menos al responsable de una de la firmas, que “levanten la denuncia”. No solo no sucedió sino que seguirán adelante para que la acción de bloqueo no se repita. 

Hay fotos, videos y cobertura periodística que muestran las filas de camiones que sufrieron demoras en sus cargas para solidarizarse con el sindicato que a nivel local lidera el Concejal Matías Franco.

Esta mañana había dicho que la medida de fuerza del gremio de Marina Mercante era por tiempo indeterminado y que exigían un incremento salarial. Por la tarde y tras ser puesto en conocimiento que había intervención judicial, abandonaron los piquetes que habían montado en las puertas de las areneras.

La Opinión llegó a Frers y la Bajada al Puerto, allí constató la situación y registró imágenes en las que se veía a los afiliados y al menos dos vehículos que impedían el acceso a la planta de Arenera del Litoral. 

Una de las denuncias a las que tuvo acceso este medio indica que  cuando el dueño del establecimiento llegó al lugar “personal que realiza su jornada laboral en la arenera, le mencionan que el gremio de Marina Mercante a cargo del secretario general San Pedro San Nicolas Matías Franco, se hallaban en una medida de fuerza en proximidad del predio de la arenera realizando un bloqueo, impidiendo el paso de los camiones para ingreso y egreso a la empresa”, una situación que tiene antecedentes en la zona y en la que tras la intervención de la Fiscal María del Valle Viviani, terminaron presos dos sindicalistas del gremio Camioneros. 

En el mismo texto el denunciante refirió que presumía que los motivos por los que esas personas estaban en el lugar obedecían al pedido de “la reapertura de paritarias que se hacen en el mes de Abril” y que esa situación debe dirimirse  "en el ámbito del ministerio de trabajo". 

En la denuncia el empresario relató que Matías Franco le dijo que “no iban a dejar salir ni entrar a cargar ningún camión pero que si transeúntes / empleado podían ingresar a su jornada laboral a la arenera y que la medida es por tiempo indeterminado”…

La cuestión más importante que deberá evaluar la fiscalía radica en lo que el titular de esta arenera indicó respecto a lo que le dijo el representante del gremio. Menciona que cuando intentó entablar un diálogo con Franco para pedirle que libere el lugar para poder trabajar, este le respondió que no lo iban a hacer y que sólo admitirían el desplazamiento de personas ya que la medida sería por tiempo indeterminado.