Un auto, una camioneta y cinco motos secuestradas fue el resultado del operativo de control vehícular dispuesto por personal de la Dirección de Tránsito y la policía.

En el marco de los controles, uno de los vehículos fue retenido porque carecía de toda la documentación obligatoria para circular.

En uno de los casos, uno de los conductores dio positivo en el test de alcoholemia, practicado en plena niebla de la noche del domingo.

El alcoholímetro estableció que esa persona tenía 1,88 g/l de alcohol en sangre. "Estaba en muy mal estado", aseguraron testigos.

Además, incautaron cinco motos cuyos conductores carecían de seguro, licencia de conducir y otra documentación necesaria para circular en la vía pública.

Continúa la polémica en torno a los vehículos secuestrados oportunamente y que debieron ser compactados por quien ganó la licitación para compactarlos.

Uno de los casos resonantes es un camión Volvo, cuyo dueño denunció que la unidad, que formalmente debía haber sido reducida a chatarra, continúa circulando e incluso habría sido ofrecido para la venta.

El propietario del vehículo, Javier Basante, aseguró que nunca recibió una notificación oficial informándole que el camión sería compactado y afirmó que se enteró de la situación tras observar publicaciones de La Opinión y comentarios sobre la circulación de la unidad realizando viajes hacia San Nicolás.

“Me entero que el camión anda trabajando por ustedes, no porque alguien me haya avisado”, expresó durante una entrevista en el programa Sin Galera.

Según relató, años atrás el camión había sido dejado frente a un taller mecánico donde iban a realizarle modificaciones eléctricas para ponerlo nuevamente en funcionamiento, pero posteriormente fue secuestrado y trasladado al depósito municipal.

Basante sostuvo que en aquel momento discutió con autoridades municipales debido a los costos que pretendían cobrarle por acarreo y estadía, y que nunca avanzó con el retiro del vehículo por considerar “injusta” la situación.

“No estaba abandonado ni mal estacionado. Estaba frente a un taller donde lo estaban arreglando”, resaltó.

Aseguró que el Volvo es modelo 1992 y que actualmente tendría un valor de entre 50 y 60 millones de pesos. Además, denunció que mientras permaneció en el corralón municipal sufrió faltantes de piezas y neumáticos.

“A mí mismo me ofrecieron las cubiertas del camión”, afirmó, señalando que las ruedas nuevas habían desaparecido mientras el vehículo permanecía secuestrado.

Otro de los puntos que destacó fue que el camión continúa registrado a su nombre y que él conserva toda la documentación original, pese a que oficialmente el vehículo habría sido destinado a compactación.

“Hoy ese camión tendría que ser un montón de chatarra, pero está viajando a San Nicolás”, volvió a indicar. Además, reveló que días atrás una persona intentó venderle el propio vehículo mediante un acuerdo informal “sin papeles” y con un supuesto usufructo por 20 años.

El caso ahora quedó en manos de su abogado, quien analiza las acciones legales a seguir para determinar responsabilidades y esclarecer cómo un vehículo destinado, presuntamente, a compactación terminó nuevamente en circulación.

Mientras tanto, surgieron sospechas sobre otros vehículos secuestrados que habrían corrido una suerte similar. Según indicó Basante, junto con su camión habrían salido del depósito municipal camionetas, motos y cuatriciclos.

Una investigación de La Opinión reveló que los alrededor de 300 vehículos —269 motos, 11 autos, dos camionetas y un camión— que figuraban en el listado de la última compactación dispuesta por el Municipio no fueron destruidos sino que están a la venta, completos o por partes, en varios desarmaderos de la ciudad.

La mayoría de los vehículos se encuentran en el depósito de un reconocido chatarrero que ganó la compulsa de precios para retirar los vehículos que figuraban en el listado. 

Otros, sobre todo los automóviles, fueron a parar a otro lugar y puestos a la venta en redes sociales por una persona que sería familiar directo de un empleado municipal.

La ordenanza que en San Pedro rige la disposición final de los vehículos secuestrados por infracciones de tránsito no es otra cosa que la adhesión local a la ley provincial vigente.

Esa norma hace una distinción inicial muy clara respecto del destino de motos, autos y otros rodados secuestrados: pueden pasar a dominio municipal o ser subastados, por un lado; o bien deben ser compactados, es decir destruidos y convertidos en chatarra, por el otro.

No hay otra opción porque la distinción que hace la ley es entre vehículos que están "aptos para rodar" y los que no. 

Los primeros pueden volver a la calle si la Municipalidad hace el trámite para registrarlo a su nombre o al de una institución a la que pueden ir como donación o decide venderlos en subasta pública.

En el caso de los segundos, los que son considerados "no aptos para rodar" o impliquen un peligro para la salud y el ambiente, la autoridad deben "compactarlos o someterlos a proceso de destrucción similar".

La única excepción para conservar un vehículo no apto para rodar, sus "autopartes, repuestos o motores" es cuando se trate de un "auto de colección por su valor social o patrimonial".

En ese caso, se debe identificar el vehículo o las partes para el adecuado resguardo del rodado o de las piezas calificadas como "de colección".

En San Pedro, el último lote que fue publicado para su eventual rescate por los propietarios pasó a manos de un chatarrero, que en lugar de compactarlo, como establece la norma, puso en venta los vehículos completos o por partes.

Entre los casi 300 vehículos que una empresa local ganadora de la licitación para compactar rodados secuestrados en operativos de tránsito no sólo había 269 motos que no se compactaron sino que están a la venta por partes en un desarmadero.

Además, había automóviles, camionetas y hasta un camión que tampoco tuvieron como destino ser un montón de chatarra sino que en alguno casos están en el depósito, en otros fueron comercializados por terceros que los habrían comprado y hasta alguno se vio en la calle, todo prohibido.

En el listado que el Municipio publicó por si alguno de los propietarios deseaba abonar multa, acarreo y estadía para recuperar su vehículo, además de las motos había 13 automóviles y un camión.

Eran un dos GMC Chevette, dos Volkswagen Gol, un Fiat Siena, un Renault 12, un Ford Escort, un Renault 18, un Jeep, un Citroën C3, un Volkswagen Pointer, un utilitario Volkswagen Saveiro y una furgoneta. Además, había un camión Volvo.

En algunos casos, esos vehículos permanecen en el desarmadero del chatarrero que ganó la compulsa de precios.

En otros, como en el caso de un BMW 130i azul patente IZQ595 secuestrado el 12 de mayo de 2023, se lo vio publicado en redes sociales por parte de una persona que tendría vínculos con empleados municipales y que lo tenía a la venta primero completo, a 7 millones de pesos, y luego por partes.

En las imágenes publicadas para la venta del BMW desde al menos diciembre del año pasado se ve a su lado un Volkswagen Gol que también tiene signos de haber tenido faja de secuestro.

El camión, un Volvo patente RWD 222 secuestrado el 31 de agosto de 2023, que también está en el depósito fue visto en la calle, en proximidades del lugar.

En ese caso, no falta quien diga que hasta habría estado circulando por la vía pública, algo que está expresamente prohibido en la medida en que ese vehículo que, como tal, ya no tiene entidad jurídica.

Una investigación de La Opinión & Sin Galera reveló el sábado que las motos secuestradas que el Gobierno envió a compactación tras difundir el decreto en febrero del año pasado no fueron destruidas sino que terminaron en el depósito de una chatarrería donde están a la venta.

La empresa local que se adjudicó la licitación para compactar los vehículos secuestrados cuyos propietarios no cumplieron con los trámites para retirarlos no sólo no las destruyó sino que las trasladó a ese desarmadero.

Allí, comprobó La Opinión, se pueden comprar por partes, en algunos casos enteras y en otros hasta habría ofrecimiento de motores y cuadros a los que se suprimirían los números para que dejen de ser visibles.

El decreto con las motos a compactar tiene fecha del 25 de febrero de 2025 y fue publicado en el Boletín Oficial y también en La Opinión.

Allí figuran, en total, 283 vehículos en condición de ser compactados, entre ellos 269 motos. Todos los rodados, como establece la normativa vigente, llevaban más de 180 días desde que fueron secuestrados.

La Opinión detectó en ese depósito varias motos con la chapa patente colocada cuya numeración coincide con las que aparecen en el decreto, puesto que la Municipalidad está obligada a publicarlas por si alguien quiere regularizar su situación y evitar la compactación.

En esa documentación figuran número de acta, número de causa en el Tribunal de Faltas, acta de incautación, fecha, tipo de vehículo, dominio, marca y modelo.

Todos los vehículos que aparecen en ese decreto deberían haber sido compactados, es decir destruidos para que la empresa que ganó la licitación pueda comercializar el resultado, la chatarra. Sin embargo, eso no ocurrió.

Las motos que la Municipalidad envió a compactación no fueron destruidas y hoy están almacenadas en un depósito, puestas a la venta.

La investigación comenzó a fines del 2025, cuando el Municipio publicó el listado de motos y autos secuestrados que serían compactados.

La licitación fue adjudicada a una empresa local, que debía realizar el procedimiento de destrucción de los vehículos, tal como ocurrió en otras oportunidades.

Sin embargo, en lugar de compactarlas, las motos fueron trasladadas a un depósito y comenzaron a aparecer versiones de vecinos y personas vinculadas al ambiente de las autopartes que aseguraban que las unidades seguían enteras y que incluso algunas piezas se comercializaban.

Con el correr de los meses, La Opinión recibió fotografías y datos concretos sobre el lugar donde estaban almacenadas.

A partir de esas imágenes, comprobó que varias de las motos coincidían con las incluidas en el decreto municipal de compactación.

En las fotos tomadas dentro del depósito se observan patentes visibles que, al ser cotejadas con el listado oficial publicado por la Municipalidad, corresponden a motos que debían haber sido destruidas.

Según los testimonios recogidos durante la investigación, en el lugar se venden repuestos, motores y otras partes de las motos secuestradas. Además, algunas fuentes aseguraron que determinados motores podrían ser entregados con la numeración limada.

Después de que la policía y la Dirección de Tránsito dieran otro golpe a los motociclistas que se agrupan en las calles 9 de Julio y Rómulo Naón, se ratificó la tendencia oficial de que los controles recaerán sobre aquellos que alteren el orden en la ciudad.

La mayoría de los jóvenes que allí se reúnen cuentan con caños de escapes antirreglamentarios, pero principalmente sin la documentación correspondiente que señala la Ley Nacional de Tránsito.

Tras la tarea emprendida, el Municipio recordó que es obligatorio, además, contar con la Verificación Técnica Vehicular (VTV), contemplado en la Ley 13.927, que es la Ley de Tránsito de la provincia de Buenos Aires y que adhiere a la nacional.

¿Qué motos deben contar con la VTV? Todas. Porque es un requisito obligatorio que no distingue cilindradas, motor u otras características técnicas.

Todas deben verificarse una vez por año, excepto las unidades 0 km que deben hacerlo una vez cumplido el primer año de haberse comprado en territorio provincial.

¿Cuál es el valor de la VTV? Para las motos:

*Más de 50 cc. y hasta 200 cc., $ 38.864,74.

*Más de 200 cc. y hasta 600 cc., $ 58.297,11.

*Más de 600 cc., $ 77.729,49.

¿Cuántas motos de hasta 110 cc. circulan en San Pedro? Miles. ¿Cuántas de éstas tienen VTV? En San Pedro, donde proliferan estos rodados es difícil establecerlo, pero las probabilidades de que no cuenten con la verificación son altísimas. 

Si de aquí en adelante se exigirá contar con la VTV, es probable que esto derive en una mayor incautación de rodados.

La letra fría de la ley es incuestionable. ¿La exigirán? En cambio, en el informe oficial se omitió un requerimiento reglamentario, que trae consecuencias severas de no utilizarse: la obligatoriedad del casco, un elemento fundamental que salva vidas, evita males mayores y también costos que podrían impedirse, porque quien los asume es el Hospital local, que se alimenta del erario de todos los sampedrinos.

 En el marco de los operativos de control vehicular dispuestos duranta la nocturnidad, los inspectores de tránsito secuestraron un auto y tres motocicletas.

El coche, un Chevrolet Corsa azul, fue incautado porque su propietario carecía de la chapa patente que obligatoriamente debe tener colocada en el vehículo.

Las motos, por su parte, fueron secuestradas porque sus conductores no tenían la documentación necesaria para circular en la vía pública.

Los vehículos fueron retenidos en el marco de operativos encabezados por personal de la Dirección de Tránsito junto a efectivos policiales. 

Los infractores deberán tramitar ante el Juzgado de Faltas la restitución de sus rodados, previa presentación de la documentación y pago de multa, acarreo y estadía.

Personal de Tránsito, junto a efectivos de la UTOI y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD), llevaron a cabo un operativo de tránsito este lunes por la noche en distintas zonas de la ciudad. 

Durante el procedimiento secuestraron 16 motocicletas cuyos conductores carecían de casco protector y la documentación correspondiente para circular por la vía pública. 

Los propietarios de cuatro de esos rodados pudieron regularizar la situación y evitar el secuestro de sus vehículos. 

El resto de las motocicletas fueron incautadas y trasladadas a depósito municipal a disposición del Juzgado de Faltas. Los infractores deberán  realizar el trámite para regularizar la situación previo al pago de multa, acarreo y estadia. 

Personal de la Dirección de Tránsito secuestró diez motos y un auto abandonado en la vía pública.

Ocurrió durante la jornada del martes, en el marco de los operativos de control vehicular de rutina que lleva adelante el área que conduce Armando Caballero junto con efectivos del GAD.

Los motociclistas cuyos rodados fueron incautados carecían de la documentación obligatoria para la circulación y en algunos casos no llevaban puesto el casco protector.

Además, secuestraron un Fiat Duna que estaba estacionado en la vía pública en estado de abandono, en el marco de la advertencia que hizo el Municipio respecto de ese tipo de rodados.

Todos los infractores podrán tramitar en el Juzgado de Faltas la restitución de sus vehículos, previo pago de multa, acarreo y estadía. 

Durante la jornada del sábado, la dirección de Tránsito, en conjunto con la policía, dispuso operativos de prevención en distintos puntos de la ciudad.

Personal interceptó a por lo menos tres motociclistas, que circulaban incumpliendo las normas impuestas por la Ley Nacional de Tránsito.

Como resultado del operativo, se secuestraron los rodados, que fueron puestos a disposición del Juzgado de Faltas local. 

Unas 14 motocicletas y un automóvil secuestró la Dirección de Tránsito en las últimas horas en diversos operativos dispuestos en la ciudad y las localidades.

Falta de documentación, falta de casco y caños de escape deficientes antirreglamentarios fueron parte de las infracciones detectadas por los inspectores.

"Estamos haciendo operativos en las localidades, en Río Tala en particular, y en diversos puntos de la ciudad, intensificando la tarea", dijo el jefe del área, Armando Caballero, a La Opinión.

Los vehículos secuestrados fueron trasladados a depósito municipal, donde quedaron a disposición del Juzgado de Faltas, organismo ante el que los infractores deberán tramitar la restitución.

La Municipalidad se prepara para llevar adelante una nueva compactación de vehículos incautados por infracciones de tránsito, que llevan más de seis meses en depósito.

Ante la decisión tomada de ir por una nueva compactación desde 2016, año en que se sancionó la Ordenanza Nº 6.175, el Departamento Ejecutivo solicitó que los propietarios de motos, cuatriciclos y automóviles los retiren.

Para ello, deben pagar la multa establecida por el Juzgado de Faltas y antes de ser alcanzados por la reglamentación vigente. Entre multa y estadía, en algunos casos-,el valor es inferior a la cotización que tienen en el mercado. Por lo tanto, resulta conveniente recuperarlos.

Sin embargo, existe un lote mayor que irá a compactación. Es el que está ubicado en el Corralón Municipal, cuya antigüedad supera los seis meses de estadía, que también puede retornar a sus dueños siempre que abonen las multas.

¿Cómo se llega a la decisión de compactar? En su momento se tomó el ejemplo de otras comunas. Algunas remataban. Otras compactaban. Rematar implicaba retornar al tránsito a cientos de motos, por ejemplo, y a su vez habilitar el “mercado negro” de los repuestos. Por eso se adoptó el criterio de la compactación.

Para que un vehículo llegue a su destrucción total el Departamento Ejecutivo realiza el trámite administrativo, como elaborar el listado a través del Juzgado de Faltas.

Una vez confeccionado el inventario, se notifica al propietario de lo que sucederá publicando un edicto judicial, teniendo cinco días para regularizar la situación. Allí se lo intima al pago de la multa y la estadía, bajo apercibimiento de que el Municipio queda facultado para proceder a la compactación.

Una empresa, ganadora de una licitación privada, se encarga de que los tanques de combustibles estén vacíos (para evitar incendios y/o explosiones) y que todo lo que sea metal se lo someta a la destrucción (chatarra), por separado de lo que serían otros elementos como asientos y cubiertas.

Puede ocurrir que el titular no se presente y esto significará que ha desistido de recuperar el rodado.

También existe la instancia de que el Municipio pueda acceder a algún vehículo que esté en buenas condiciones y sea incorporado al patrimonio. Esto ya ocurrió en dos ocasiones. En la primera compactación se recuperaron tres motos y en la segunda un automóvil.

A su vez, existe la alternativa de que puedan llegar a manos de entidades de bien público.

Personal de la Dirección de Tránsito municipal, en conjunto con oficiales de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), realizaron operativos en distintos puntos de la ciudad.

Como resultado, tres automóviles fueron incautados, dos por estar mal estacionados y uno por permanecer abandonado en la vía pública.

Además, secuestraron tres motocicletas, cuyos conductores circulaban con escapes deficientes provocando contraexplosiones y realizando piruetas.

Todos los vehículos fueron trasladados al depósito municipal y quedaron a disposición del Juzgado de Faltas.  

Personal de la Dirección de Tránsito llevó a cabo un control vehicular durante la tarde de este miércoles en distintos puntos de la ciudad. 

En el procedimiento secuestraron seis vehículos, tres motocicletas cuyos conductores, en su mayoría, menores de edad, estaban haciendo contraexplociones y maniobras peligrosas con los rodados. 

También incautaron tres autos, dos por estar mal estacionados y el otro por permanecer en estado de abandono en la vía pública. 

Todos los infractores deberán tramitar en el Juzgado de Faltas la restitución de sus vehículos, previo pago de multa, acarreo y estadía. 

Personal de la Dirección de Tránsito, junto a efectivos de la Comisaría, dispusieron operativos de control vehicular en distintos puntos de la ciudad.

En el marco de las tareas habituales de control del cumplimiento de la normativa vigente, secuestraron varios vehículos cuyos conductores no se ajustaban a las obligaciones.

El director de Tránsito, Armando Caballero, informó a La Opinión la retención de cuatro motocicletas que están identificadas como parte de los grupos que los fines de semana molestan con contraexplosiones.

Además, secuestraron un automóvil Renault 12 cuyo conductor carecía de "seguro, sistema iluminatorio y chapa patente", agregó.

Los vehículos fueron trasladados a depósito municipal, donde quedaron alojados a disposición del Tribunal de Faltas, donde los infractores podrán tramitar la restitución.

En el marco de un operativo de control vehicular llevado a cabo este martes, personal de la Dirección de Tránsito retuvo un total de seis motocicletas y dos automóviles debido a irregularidades en la documentación exigida para circular.

Según informaron las autoridades, las motocicletas carecían por completo de papeles: no contaban con licencia, cédula del rodado, ni seguro obligatorio.

En cuanto a los automóviles, uno de ellos circulaba con la licencia vencida y sin presentar ningún tipo de documentación, mientras que el otro tampoco contaba con los documentos necesarios. 

En este último caso, el conductor solo presentó un formulario 08,  que no habilita para la circulación del vehículo.

Personal de la Dirección de Tránsito y efectivos policiales de UTOI dispusieron un operativo de control en la zona de Belgrano y Riobamba este martes por la tarde, que derivó en el secuestro de una gran cantidad de motos.

Entre los rodados secuestrados, informó el director de Tránsito Armando Caballero a La Opinión, había al menos cuatro que estaban preparadas para hacer contraexplosiones.

Entre los infractores había menores de edad sin ningún tipo de documentación, motos con tres y cuatro pasajeros, y jóvenes que están identificados como parte de los grupos que los fines de semana provocan ruidos molestos en la zona costanera y el Boulevard.

Caballero informó que además labraron actas de infracción a conductores que pudieron luego acreditar la documentación al día o fueron a buscar el casco, de manera tal que no hubo necesidad de secuestrarles la moto.

Todos los vehículos incautados fueron trasladados a depósito municipal y quedaron a disposición del Juzgado de Faltas, donde los infractores podrán tramitar su restitución.

Durante la tarde de este domingo, personal de la Dirección de Tránsito dispuso operativos de control vehicular en diversos puntos de la ciudad, con especial atención en las motos con caños de escape deficiente.

“Dos menos en la calle”, celebró el director del área, Armando Caballero, tras informar el secuestro de dos motocicletas que estaban equipadas con caño de escape antirreglamentario.

La Municipalidad dispuso profundizar tareas de prevención y control con el objetivo de reducir la presencia de esos ruidos molestos en la ciudad.

Los caños de escape libre deben ser retirados y destruidos, de acuerdo a la normativa vigente. Los infractores deberán llevar uno reglamentario para recuperar la moto, además de pagar la multa por  la sanción corresponidente.

Personal de la Dirección de Tránsito municipal montó un operativo de control vehicular junto a policía en el centro de la ciudad durante la tarde del martes.

El retén para controlar el cumplimiento de la normativa vigente fue dispuesto en la esquina de Mitre y Alvear, donde solicitaban documentación a quienes circulaban por la zona, especialmente a motociclistas.

El director de Tránsito, Armando Caballero, informó a La Opinión que secuestraron ocho motocicletas a conductores que carecían de los papeles necesarios para circular.

Además, dos de esas motos tenían colocado caño de escape antirreglamentario, que serán destruidos, tal como establece la normativa vigente.

Los vehículos retenidos fueron trasladados a depósito municipal y quedaron a disposición del Juzgado de Faltas, autoridad ante quien los infractores deberán tramitar su restitución.