Las gestiones que el intendente de Cecilio Salazar inició durante el verano ante el Ministerio de Transporte bonaerense para restablecer un servicio de colectivos entre Zárate y San Nicolás, con paradas en las ciudades intermedias, atraviesan su etapa final.

Este sábado en Sin Galera, Norberto Fenoglio explicó que la firma decidió avanzar con la propuesta luego de la interrupción de la línea 228, que unía distintas ciudades del corredor de la ruta 9.

“Cuando nos enteramos de lo que había sucedido con el servicio de Metropol, lo analizamos y lo estudiamos. Después nos convocó el intendente Cecilio Salazar para ver si teníamos interés en cubrirlo”, señaló.

El empresario destacó el rol del jefe comunal en las gestiones ante la Provincia y dijo que “tomó la lanza y salió al campo de batalla a lograr el objetivo".

Según indicó, el ministro de Transporte y funcionarios del área consideraron “muy necesario” reactivar la conexión entre Zárate y San Nicolás, pasando por localidades como Lima, Baradero, San Pedro y Ramallo.

“Es un corredor muy importante, con mucho movimiento por cuestiones laborales, industriales, educativas y de trámites”, sostuvo.

Fenoglio detalló que el servicio será prestado con unidades de media distancia, equipadas con aire acondicionado, asientos reclinables y comodidades similares a las de un micro de larga distancia, aunque adaptadas para ingresar a las ciudades intermedias.

“No es el colectivo urbano tradicional ni un doble piso. Son coches más ágiles, preparados para este tipo de recorrido”, explicó.

La propuesta contempla seis servicios diarios de ida y vuelta de lunes a viernes para ciudades como San Pedro, Baradero, Lima y Zárate, mientras que los sábados y domingos habría cuatro frecuencias.

Además, algunos recorridos serían directos entre San Pedro y San Nicolás, sin ingresar a Ramallo, para reducir los tiempos de viaje.

Los horarios previstos para el servicio de lunes a viernes desde San Nicolás serán a las 6.10, 11.10, 14.40, 18.15 y 20.55, mientras que desde Zárate partirán a las 3.45, 6.10, 11.15, 14.25, 16.15 y 19.00. En el caso de San Pedro, habrá salidas hacia Zárate a las 6.00, 7.45, 12.30, 16.00, 19.50 y 22.15; y hacia San Nicolás a las 5.35, 8.00, 13.00, 16.10, 18.05 y 20.45.

Los sábados, el esquema prevé cuatro servicios entre las distintas ciudades del corredor, mientras que los domingos funcionará con frecuencias reducidas.

El recorrido incluirá paradas en accesos a Río Tala, Villa Ramallo y Estación Sánchez, además de las terminales de Baradero, San Pedro, Zárate y San Nicolás.

El titular de Vía Rosario también confirmó que mantienen conversaciones con el Banco Provincia para acceder a una línea de crédito destinada a la compra de unidades nuevas, aunque aclaró que, de demorarse esa asistencia, la empresa comenzaría a operar con colectivos modelos 2018, 2019 y 2020.

“Si cumplíamos con todos los requisitos que exige la ley, el servicio iba a ser otorgado. Presentamos toda la documentación y hoy el expediente está en la etapa final”, concluyó Fenoglio. 

En medio de un escenario cada vez más complejo, transportistas advirtieron que la actividad se volvió insostenible debido al fuerte aumento del combustible y la falta de actualización en las tarifas.

En Lo Que Importa, el programa que conduce Sandra Dombretch, Bruno b, representante local de Fatrac, explicó que el reclamo surgió tras una suba abrupta del gasoil, que llegó a incrementarse alrededor de un 20% en pocos días.

“El impacto fue inmediato y nos dejó con un desfasaje del 15 o 16 por ciento en los costos”, señaló.

El conflicto se profundizó luego de una reunión en el Ministerio de Transporte, donde no se logró un acuerdo entre transportistas, productores y acopiadores. Mientras el sector pedía una actualización acorde al aumento del combustible, la propuesta fue inferior y no alcanzó consenso.

“Estamos trabajando y perdiendo dinero. No estamos pidiendo otra cosa que cubrir el impacto del gasoil”, remarcó Correa, quien también señaló que la actividad implica múltiples costos, como mantenimiento de los camiones, sueldos, seguros e impuestos.

Además, advirtió sobre el riesgo que enfrentan en caso de conflictos en las rutas: “Si hay cortes o daños, los seguros no cubren. Es una situación muy delicada”.

En paralelo, distintas zonas productivas comenzaron a resentir la actividad, con localidades donde el servicio ya se encuentra parcialmente paralizado. En ese contexto, los transportistas evalúan los pasos a seguir mientras esperan una nueva convocatoria para retomar las negociaciones.

“Volvimos sin respuestas y con la incertidumbre de no saber cómo seguir. Es una situación crítica”, concluyó.

Las empresas transportistas de granos y los productores agrarios no alcanzaron acuerdo en la reunión que convocó la Comisión Asesora del Transporte del Agro y pasaron a un cuarto intermedio en el marco de un conflicto que empieza a escalar.

Los dueños de camiones consideraron que las tarifas deberían incrementarse entre el 15 y el 25 por ciento respecto de febrero, sobre todo tras los últimos aumentos de combustibles registrados en el país.

Sin embargo, en la reunión Carbap consideró que la tarifa está entre un 10 y un 15 por ciento por debajo de lo acordado en febrero y la Federación de Acopiadores ofreció un incremento del 10 por ciento.

"La instancia que estamos viviendo hoy es muy particular porque debido al tema de la guerra y todo, es que los combustibles han subido un montón", dijo  La Opinión Bruno Correa, representante local de Fatrac.

"Hoy por hoy estamos en estado de alerta", señaló y agregó: "Si los dadores de carga nos convocan para cargar para puerto, es una incertidumbre, porque sabemos que hay convocatoria de transportistas en las rutas".

"La intención nuestra no es cortar el servicio pero tampoco trabajar a pérdida"., dijo Bruno Correa, de Fatrac.

Fetra (Federación de Transportadores Argentinos), Fatrac (Federación Argentina de Transporte de Cargas) y Atcade (Asociación de Transportistas de Cereales y Afines por sus Derechos) y Catac (Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas) coincidieron en señalar un aumento de la estructura de costos de entre el 15 y el 17 por ciento, a lo que sumaron ajustes pendientes para alcanzar el 25 % solicitado.

La Federación de Acopiadores dijo que no está en condiciones de convalidar nuevos aumentos y Carbap planteó que debería absorberse las diferencias en el esquema de descuentos aplicados sobre la tarifa vigente.

Mientras tanto, transportistas autoconvocados ya habían iniciado acciones directas en algunos puntos de la provincia, por lo que es posible que haya protestas en las rutas camino a la nueva convocatoria por parte del Ministerio de Transporte bonaerense.

La decisión del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires de dar de baja a la firma Cecaitra del registro de proveedores estatales sacudió el sistema de fotomultas y abrió un nuevo capítulo en una trama atravesada por sospechas, irregularidades y posibles beneficios indebidos.

La medida se adoptó luego de que el Tribunal de Cuentas detectara inconsistencias en la operatoria vinculada al municipio de Pilar, donde la empresa mantenía convenios de asistencia técnica con universidades. El punto más cuestionable de la investigación radica en que la Universidad Nacional Scalabrini Ortiz (UNSO) y Cecaitra compartían la misma cuenta bancaria para percibir los fondos provenientes de las infracciones de tránsito.

Según la normativa vigente, las universidades deben actuar como entes de control técnico independientes de las empresas prestatarias del servicio. Sin embargo, los registros contables analizados evidenciaron que, al menos en este caso, no existía tal separación, lo que representa un incumplimiento de los requisitos establecidos para la validación de infracciones.

El esquema de distribución de lo recaudado por fotomultas contempla la participación de municipios, provincia, empresas tecnológicas y universidades (no en todos los casos). La presencia de estas últimas dentro del sistema ha sido discutida en reiteradas oportunidades, ya que su inclusión permitiría a las firmas privadas evitar el pago de tributos como el IVA y el Impuesto a las Ganancias, al ampararse en estructuras sin fines de lucro.

Detrás de este entramado también aparecen actores políticos que quedan bajo sospecha por la implementación de estos mecanismos, que combinan tecnología, control estatal y convenios institucionales en un esquema que ahora vuelve a quedar bajo la lupa.

Recordemos que, por las fotomultas y la Verificación Técnica Vehicular (VTV), debió renunciar el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, quien ahora está procesado por la Justicia.

Tras el informe del Tribunal de Cuentas, el Ministerio de Transporte notificó formalmente a Cecaitra su exclusión como proveedor y comunicó la decisión a todos los intendentes que mantienen acuerdos vigentes con la firma.

En este contexto, el caso adquiere relevancia municipal. En San Pedro, Cecaitra fue adjudicada para la explotación del sistema de fotomultas tras una licitación pública en la que fue la única oferente. Tal como lo establece la Ley Orgánica de las Municipalidades, la aprobación del contrato quedó en manos del Concejo Deliberante, que finalmente dio el visto bueno.

Ahora, el interrogante se traslada al plano local: si el municipio fue realmente notificado de la medida y qué impacto podría tener esta decisión provincial sobre el funcionamiento del sistema de radares en la ciudad.

Desde este viernes 16 de enero el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires dispondrá la nueva suba del valor de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), que desde 2020 aumentó un 8.660 por ciento.

El incremento para todos vehículos radicados en territorio provincial será del 22 %, de acuerdo a lo que reza en la Resolución Nº 369/2025, que fija el nuevo valor de la tarifa básica para los vehículos de hasta 2.500 kilos de peso en $ 97.057,65.

La unidad de medida para elevar la tarifa es el equivalente al 7 % del salario básico de un operario de categoría 1 según el convenio colectivo vigente entre el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) y la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores.

En tanto, el resto del cuadro tarifario se actualiza en función de ese valor base. De este modo, los vehículos con un peso superior a los 2.500 kilos deberán abonar $ 172.024,28, mientras que las motocicletas de entre 50 y 200 centímetros cúbicos tendrán un costo de $ 38.227,62.

Si se toma en cuenta el valor existente en el inicio de 2020, que era de $ 1.108, el aumento ha sido del 8.660 %. Para el mismo período, el costo de vida fue del 3.468,1 %. Y el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) creció un 1.599 %.

Lo que costaba $ 100 en 2020, hoy costaría, aproximadamente, $ 3.568. La VTV que costaba $ 1.108 en 2020, por costo de vida hoy debería valer, aproximadamente, $ 39.525.

La modificación llega en medio de una investigación judicial sobre las concesiones efectuadas a las empresas que manejan la Verificación Técnica Vehicular. Una causa por corrupción, donde está imputado el exministro de Transporte de la Provincia, Jorge D’Onofrio, se tramita en los Tribunales.

La investigación se centra en un supuesto esquema de fraude millonario y coimas - negociaciones incompatibles con la función pública- en la adjudicación del servicio. Por este caso, D'Onofrio, tuvo una citación indagatoria en diciembre último, que terminó declarando por escrito.

La causa también alcanza a siete empresarios adjudicatarios de las plantas de VTV, bajo la sospecha de que desviaban fondos a través de intermediarios para financiar actividades políticas.

Comienzó la temporada de verano y quienes opten por disfrutar de las vacaciones en la costa atlántica deberán tener la prudencia de siempre para conducir, y estar atentos a los radares, que cada año son más numerosos.

El Ministerio de Transporte de la Provincia dio a conocer la ubicación de estos equipos a través de un mapa interactivo (https://infraccionesba.gba.gob.ar/equiposDeConstatacion), que en definitiva son las mentadas fotomultas distribuidas en los principales corredores bonaerenses. Este puede visitarse desde este página.

Entre radares fijos y móviles hay más de 70, además de los operativos de tránsito que se dispondrán en el marco del operativo que cada año establece el Gobierno provincial. Aquí se efectúan controles de alcoholemia y solicitud de la documentación reglamentaria para circular.

Las fotomultas abundan en las rutas 2, 11, 63 y 74, que conducen directamente a los principales centros turísticos.

En este caso, las velocidades máximas permitidas van desde 60 a 110 km/h, según el sector que se atraviese, y hasta 120 km/h en la Autovía Ruta 2.

Al respecto, sobre esta se instalaron 48 radares fijos en ambos sentidos de circulación. Pero también están los móviles, que suman otros cinco equipos que se dispersan en diferentes puntos.

En cuanto a la Ruta 11, allí se desplegaron 11 radares; en la Ruta 36, 2; en la Ruta 63, 5; y la Ruta 74, 6.

Para los sampedrinos, existen otros radares: los que se encuentran en los accesos a nuestra ciudad, los de la Ruta 9 y los situados en la Ruta 41, conexión ineludible entre el norte bonaerense y la Ruta 2 o Ruta 11.

Si el propósito es llegar a Mar del Plata, en el trayecto desde San Pedro hacia la ciudad balnearia, los radares se encuentran en:

Ruta 1001 (próximo al cruce con Rómulo Naón); Baradero, en Ruta 9; San Antonio de Areco, uno en Ruta 41; San Andrés de Giles, en Ruta 41, uno antes y otro posterior al cruce con la Ruta 7; Mercedes, en Ruta 41 antes de la Ruta 5; Navarro, en Ruta 41, uno antes y otro posterior al acceso a la ciudad; Lobos, en Ruta 41, uno antes del cruce con la Ruta 205 y otro en el cruce de ambas carreteras; Castelli, en Ruta 2, hay cuatro en derredor al cruce con la Ruta 41.

Sobre Ruta 2, existe los puntos de acceso a las localidades de Sevigne, Dolores, General Pirán, y cuatro en cercanías a Coronel Vidal.

Si el destino son otras ciudades de la costa:

En Ruta 63, que va desde Dolores hasta el paraje La Esquina de Crotto (empalme con Ruta 11), existen cinco.

En Ruta 11, uno en Villa Roch, dos en General Conesa, uno en Las Toninas, uno en Costa del Este, uno en San Bernardo y uno en Villa Gesell.

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires oficializó una nueva suba en el costo de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), obligatoria para todos los vehículos radicados en territorio provincial. El incremento será del 22 % y comenzará a regir a partir del próximo 16 de enero.

La medida fue establecida mediante la Resolución Nº 369/2025, que fija el nuevo valor de la tarifa básica para los vehículos de hasta 2.500 kilos de peso en $ 97.057,65. 

Ese monto equivale al 7 % del salario básico de un operario de categoría 1, según el convenio colectivo vigente entre el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) y la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores.

En tanto, el resto del cuadro tarifario se actualiza en función de ese valor base. De este modo, los vehículos con un peso superior a los 2.500 kilos deberán abonar $ 172.024,28, mientras que las motocicletas de entre 50 y 200 centímetros cúbicos tendrán un costo de $ 38.227,62.

La normativa vigente prevé actualizaciones semestrales en las tarifas de la VTV, por lo que la próxima suba será definida hacia fines de junio y entrará en vigencia, según lo establecido, durante los primeros días de julio.

El exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D'Onofrio, fue procesado y embargado por 350 millones de pesos en el marco de una causa que investiga un presunto entramado de lavado de dinero derivado de maniobras fraudulentas vinculadas al sistema de multas de tránsito y la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

La decisión fue adoptada por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien también procesó al exdirector de Fiscalización y Control de la Dirección Provincial de VTV, Facundo Asensio, sobre quien dictó un embargo de 300 millones de pesos. Los acusados continuarán en libertad, aunque se mantienen medidas cautelares sobre sus bienes.

La causa inició en septiembre de 2024, cuando una denuncia señaló que D'Onofrio y la expresidenta del Concejo Deliberante de Pilar, Claudia Pombo, una mujer muy allegada al funcionario, lideraban una estructura destinada a desviar fondos del sistema de cobro de fotomultas en la provincia y distintos municipios.

Dentro de la causa quedaron involucradas autoridades de Cecaitra, pues las cámaras cuestionadas en su momento eran las instaladas por esta empresa, la misma que desde el 14 de noviembre último comenzó a prestar funciones en San Pedro.

Según la investigación judicial, no solo se obtuvieron pruebas contundentes con el manejo de las multas y el cobro del 50 % del valor, mediante un grupo de gestores falsos, sino que lo que este grupo recaudaba era blanqueado a través de una red de prestanombres que adquiría bienes muebles e inmuebles.

Pero, hubo un punto determinante en la investigación: la compra de una camioneta Audi Q8, registrada a nombre de Asensio y de la empresa familiar Los Altos de Don Carlos Emprendimiento Inmobiliario S.A. Se supo que esta sociedad no tenía actividad económica, por lo tanto, no había manera de justificar la tenencia de un rodado de un valor elevado.

El vehículo fue declarado por 30 millones de pesos, mientras que el seguro alcanzaba los $ 173.800.000. Si bien D’Onofrio dijo que no era propietario del vehículo y pese a que estaba a nombre de Asensio, el juez consideró que los dichos de ambos imputados no resultan verosímiles y concluyó que Asensio actuó como testaferro en una operación típica de lavado de activos.

En los últimos meses la causa sumó allanamientos en CECAITRA, una Universidad Tecnológica y domicilios particulares, también derivaciones asombrosas como inversiones gastronómicas en España por parte de los involucrados. Y entre los avatares, la contratación de CECAITRA por el Municipio de San Pedro.

Todo fue un escándalo que aún no tiene final. Sin embargo, fue suficiente para que D'Onofrio quede involucrado en serios delitos económicos y de corrupción, que llevaron a su renuncia al cargo de ministro el 30 de diciembre de 2024.

La investigación que surgió tras el allanamiento a las oficinas de Cecaitra, empresa adjudicataria del sistema de las fotomultas y que tiene como como principal sospechoso al exministro de Transporte, Jorge D’Onofrio, y a las empresas proveedoras del sistema, continúa como una “megacausa”, describió el diario Clarín.

El escándalo surgió cuando se descubrió que una red de gestores ofrecía descuentos “ilegales” en multas de tráfico en la provincia de Buenos Aires, con la posible complicidad de funcionarios.

Las infracciones surgían del sistema de fotomultas (existen más de 200 cámaras en el territorio), cuyo equipamiento fue cuestionado por no tener la homologación correspondiente.

También surgió el vínculo de las adjudicatarias del sistema de fotomultas en diferentes distritos, que son Secutrans y Cecaitra, operadora en San Pedro. También se apunta a las irregularidades en la adjudicación de la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

Por el momento, la Justicia investiga a D'Onofrio, quien renunció al cargo el 30 de diciembre de 2024, y a su entorno por un presunto lavado de activos, con conexiones en España. Y aquí la justicia federal y provincial se disputan la competencia de la causa.

Corrupción con las fotomultas en la Provincia: la justicia federal seguirá investigando posible lavado de dinero de parte del ex ministro de Transporte bonaerense Jorge D'Onofrio y su entorno. https://t.co/VVCt4geCfl

Recordemos que D'Onofrio fue relevado de su cargo ante este caso y reemplazado por otro dirigente del Frente Renovador: Martín Marinucci.

En el Juzgado de La Plata, que conduce Juan Pablo Massi y cuyo fiscal es Álvaro Garganta, se analiza la red de gestores que se encargaban de “facilitar” el pago de las multas. 

Intermediaban ofreciendo saldar la deuda con el 50 % de descuento. Alguien hacía desaparecer la infracción, pero el dinero no llegaba al Juzgado de Faltas. 

“Se menciona que Claudia Pombo, quien sería pareja de D’Onofrio, había creado una sociedad en España junto al exjuez de Faltas, Mario Quattrochi (uno de los apuntados como ‘saca multas’), para explotar restaurantes y otras sociedades que se disolvieron después de que se conocieron las denuncias”, indicó Clarín. Pombo era, por entonces, la presidente del Concejo Deliberante de Pilar y está sospechada de manejar a los gestores. 

En cuanto a la VTV, la investigación pasa por la contratación de las concesionarias. Estas recurrieron a la firma Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A., responsable de conceder los turnos. 

La causa restante se encuentra en el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, donde se tratará de establecer si se cometió el delito de lavado de activos, con intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF).

La puja de estos días se da entre los jueces. Massi le solicitó a González Charvay que se inhibiera de seguir investigando la causa de lavado de dinero porque lo que se indaga en La Plata es más grave (incluye asociación ilícita, entre otros) y que por ese motivo debía unificarse en los tribunales provinciales. 

El juez de Campana lo quiso hacer al principio, pero la Cámara Federal de San Martín se negó porque consideró que debía continuar con la investigación para obtener más elementos.

Cecaitra continúa en la mira de la Justicia. Fue allanada, y también la casa de su presidente. Para el fiscal no hay dudas del vínculo. Existen elementos que demuestran que la pareja de D’Onofrio, la exconcejal Pombo, se conocía con el presidente de la empresa Bernardino García.

Mientras tanto, en la ciudad y los accesos a San Pedro las cámaras están, pero aún no fueron habilitadas.

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires extendió hasta el 30 de noviembre la validez del “Certificado de Trámite Aprobado”, que es otorgado a los conductores que completaron el proceso de renovación u obtención de la Licencia de Conducir, pero no recibieron el carnet físico.

La decisión —publicada en el Boletín Oficial— es consecuencia de la falta de provisión de tarjetas plásticas por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), lo que está afectando la emisión de licencias en los Centros de Emisión, como el de San Pedro.

Con esta prórroga, los conductores deberán portar el Certificado de Trámite Aprobado que se entrega en la oficina de Mitre 1995, y que acredita la finalización de su trámite administrativo. 

Además, se deberá mostrar la licencia disponible en la aplicación Mi Argentina. Ambos documentos poseen validez legal equivalente mientras se regulariza la entrega de los plásticos.

La medida busca evitar inconvenientes a los ciudadanos que han cumplido con sus trámites en tiempo, pero que se encuentran imposibilitados de recibir su licencia física debido a problemas de abastecimiento a nivel nacional.

Por lo tanto, ante los controles viales en rutas y calles del distrito, se considerará válida la presentación del certificado, que incluye la información personal del conductor y la categoría habilitada.

Ahora para abonar las infracciones de tránsito cometidas en las rutas provinciales y nacionales dentro de la provincia de Buenos Aires, se podrá gestionar a través de un nuevo sistema de turnos online que derivará en los Juzgados de Faltas de la Provincia.

El Ministerio de Transporte bonaerense optimizó el proceso de consulta y pago digital de las infracciones, lo cual permite agilizar los trámites y evitar que los deudores se presenten en estos Juzgados, que en muchos casos se encuentran a cientos de kilómetros.

Además de las faltas a la Ley Nacional de Tránsito 24.449 que puedan cometerse en las distintas carreteras, si alguna de estas es detectada sobre la Ruta Nacional 9 (algo habitual para los sampedrinos), el Juzgado con competencia es el de San Isidro, con asiento en General Pacheco, sito en Av. Boulogne Sur Mer Nº 1275.

Una plataforma virtual en https://infraccionesba.gba.gob.ar/ permite tramitar los turnos para diferentes tipos de trámites en cualquiera de las dependencias provinciales.

Para poder gestionarlo, se debe completar el registro en la página web, establecer el Domicilio Vial Electrónico (DVE) y acceder a las distintas opciones. “Esta herramienta incrementa la modernización del sistema de trámites y consultas de cada bonaerense y apuesta a la eliminación de barreras e intermediarios a la hora de resolver gestiones personales”, se señaló oficialmente tras el escándalo de corrupción generado durante la gestión de exministro Jorge D'Onofrio.

También permite verificar el estado de infracciones viales y pagarlas de forma online. En la Web del Infractor se puede visualizar el detalle de la cantidad de multas, fechas de vencimiento, números de causas y montos. Cada usuario debe seleccionar la infracción a abonar y elegir qué medio de pago le resulta más conveniente. 

Una reunión con el Fiscal Federal terminó con la concentración de transportistas que protestaban desde el lunes en el Km. 153 de la autopista. Con cortes intermitentes que duraban dos horas, durante dos días mantuvieron el reclamo por una tarifa base para los fletes de camiones principalmente cerealeros.

Pasadas las 20, quedó confirmada la desconcentración a la espera de una respuesta para las demandas que el sector formuló sobre el Ministerio de Transporte a quien solicitaban un monto de 5600 pesos mínimos para cada tonelada y kilómetro recorrido por viaje.

“Se llegó a un arreglo, llamaron desde el Ministerio y hablaron con nuestros representantes y entre todos decidimos levantar la medida porque no solo nos van a recibir sino que van a reconocer a nuestra cámara”, dijo uno de los referentes de la regional norte de esa organización.

“Conseguimos lo que estábamos esperando y el lunes nos darán la fecha de la reunión. Confiamos en que todo se cumpla”, dijo Juan Manuel Acevedo a La Opinión.

Según trascendió habrá un lugar en la misma mesa en la que se sientan otros representantes para establecer costos que se asemejen a los porcentajes de una paritaria sindical. Durante los últimos días, muchos de los choferes de sus propios camiones revelaron la situación que viven afrontando aumento y desgaste de sus vehículos.

El intendente Cecilio Salazar pedirá licencia en su cargo para asumir como director nacional del Belgrano Cargas en el Ministerio de Transporte, por lo que el Gobierno municipal quedará en manos de su hijo Ramón, secretario de Coordinación y primer concejal en la línea sucesoria.

A principios de diciembre, los funcionarios del gabinete presentaron su renuncia a pedido de Salazar, con el objetivo de tener el camino libre para definir cómo continuar los próximos años de mandato que le quedan.

Ahora, esa decisión la tendrá Ramón, que deberá establecer con qué secretarios, directores y coordinadores se queda y cuáles resolverá reemplazar camino al comienzo de una gestión que tendrá mucho de continuidad pero también tendrá su propia impronta.

Se sabe que dentro del gabinete hay funcionarios que son más cercanos a Cecilio y otros que tienen mayor afinidad con Ramón. En los próximos días las fichas comenzarán a moverse rumbo al cambio de jefe comunal.

El Ministerio de Transporte de la Nación no solo ofreció al intendente Cecilio Salazar el cargo de director en la empresa pública Trenes Argentinos Transporte. El presidente del Consorcio de Gestión del Puerto local, Eliseo Almada, también tiene un ofrecimiento en la cartera que conduce Alexis Guerrera.

Almada fue elegido para asumir en la Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables, área gubernamental que tenía como funcionaria a cargo a la exdiputada entrerriana María Elena Tassistro.

“No es una decisión personal mía, la tiene que tomar el intendente, yo soy un funcionario designado por él. La mejor decisión la tiene que tomar Cecilio, que está reunido en el Ministerio de Transporte”, señaló Eliseo Almada en El Reporte de la Tarde.

Almada estuvo la semana pasada en el Ministerio de Transporte. Allí le hicieron el ofrecimiento. “Independientemente del nombre, es una oportunidad muy importante para San Pedro, dentro de esta estructura de la hidrovía y todo lo que está ocurriendo en el puerto”, dijo Almada.

El intendente Cecilio Salazar viajó a Buenos Aires para mantener una reunión en el Ministerio de Transporte de la Nación con su titular, Alexis Guerrera, quien le ofreció formar parte del directorio de la empresa pública Trenes Argentinos Cargas, que depende de esa cartera del Gobierno de Alberto Fernández.

Si el Jefe Comunal accede a ocupar ese cargo nacional, deberá dejar la intendencia en manos del primer concejal electo en 2019, su hijo y actual secretario de Coordinación del gabinete, Ramón Salazar.

“Sé que tiene una reunión importante con el ministro Guerrera, obviamente hay cosas que definir, nosotros siempre pensamos en lo mejor para San Pedro”, dijo Ramón Salazar en diálogo con La Opinión sobre el tema.

“Hace rato que venimos trabajando con el intendente, estamos tranquilos porque el equipo está en marcha”, señaló respecto de la posibilidad de que le toque hacerse cargo del Gobierno local.

Cecilio y Ramón Salazar ya habían comenzado a preparar el terreno para un eventual traspaso de mando, teniendo en cuenta que el intendente fue candidato a diputado y había posibilidades de que accediera a la banca, aunque finalmente no alcanzaron los votos en la segunda sección electoral para que así fuera.

Ahora, se abre la posibilidad nuevamente ante la convocatoria que hizo el ministro de Transporte para que Cecilio Salazar se sume a la estructura gubernamental nacional, como lo están haciendo otros intendentes antes del 10 de diciembre, de manera tal que estén en condiciones de volver a competir en las elecciones 2023, ya que la ley impide un tercer mandato consecutivo, situación que podría sortearse con una licencia o una renuncia antes de esa fecha.

Luego de que se conociera el ofrecimiento al intendente Cecilio Salazar para formar parte del directorio de la empresa pública Trenes Argentinos Cargas en la órbita del Ministerio de Transporte que conduce Alexis Guerrera, el mandatario municipal se refirió al tema durante el acto de presentación de implementación de la tarjeta SUBE para el distrito.

Salazar tiene una reunión este lunes a las 15.00 en la sede del Ministerio de Transporte en Buenos Aires, donde evaluará la propuesta en concreto, hará las consultas pertinentes y decidirá si deja la intendencia en manos de su hijo Ramón, secretario de Coordinación del gabinete y primer concejal en la línea sucesoria.

“Si hoy se da que me tengo que ir, voy a seguir estando presente”, dijo Salazar en su discurso.

El intendente aseguró que “los acontecimientos de la últimas horas no tiene nada que ver con esto que venimos haciendo hace mucho tiempo”, en alusión a la presencia de dos funcionarios de relevancia del Ministerio al que podría sumarse en las próximas horas.

“San Pedro para mi es muy importante y está por encima de todo”, aseguró Salazar y recordó su tarea social en el distrito cuando estaba en Buenos Aires al frente de la obra social Osprera. “Voy a llevar a la gente siempre en mi corazón”, señaló.

El intendente Cecilio Salazar define si deja su cargo al frente del Gobierno local para sumarse al Ministerio de Transporte de la Nación, luego de que el ministro Alexis Guerrera le ofreciera ser “director nacional del Belgrano Cargas”.

La línea que debe su nombre a Manuel Belgrano es una de las principales del país y constituye una de las pocas conexiones ferroviarias de carga con Bolivia y Chile.

Cuenta con 4800 kilómetros operativos, 57 locomotoras y 2551 vagones, según indica la web oficial de Trenes Argentinos Cargas, la empresa estatal que la gestiona, creada en 2013 ante el incumplimiento de la concesionaria tras la privatización.

La línea Belgrano fue inaugurada en 1876 y es una de las más importantes de la Argentina. En territorio sampedrino, pasa por las localidades de Santa Lucía y Pueblo Doyle.

En los últimos años, la línea Belgrano tuvo un crecimiento sostenido respecto de lo que se denomina el “corredor cerealero” gracias a un acuerdo con China que implicó el arribo de locomotoras y un préstamo de 700 millones de dólares, entre otras cosas.

En 2016, el Gobierno de Mauricio Macri puso en marcha la Unidad Plan Belgrano, un organismo argentino con rango de Secretaría de Estado que en los primero dos años cumplió con alrededor del 45 por ciento de la inversión prevista y la crisis de 2018 generó dificultades para su continuidad.

La empresa Trenes Argentinos Cargas es una sociedad anónima con participación estatal que preside el dirigente ferroviario Daniel Vispo, hombre del massismo que ingresó al cargo en agosto de 2020, una vez asumido el presidente Alberto Fernández.

El intendente Cecilio Salazar define por estas horas si continuará al frente del Gobierno municipal o pasará a cumplir funciones en la estructura gubernamental que coordina el gabinete del presidente Alberto Fernández.

Su incorporación al Ministerio de Transporte que conduce el massista Alexis Guerrera, exintendente de General Pinto, fue publicado como versión en danza en medios de La Plata. Ante la consulta, desde la mesa chica confirmaron que el ofrecimiento existió.

Incluso el propio intendente Salazar difundió entre dirigentes del Frente de Todos la novedad este lunes por la mañana con un mensaje en el que informa que Guerrera le ofreció la Dirección nacional del Belgrano Cargas y que lo está evaluando.

“Estimados compañeros/as. En la noche de ayer recibí un llamado del Ministro Alexis Guerrera. El motivo fue ofrecerme la Direccion Nacional del Belgrano Cargas”, dice el mensaje que mandó Salazar.

“En el transcurso del día de hoy decidiremos lo que vamos a hacer. Un abrazo para todos/as. Que tengan una gran semana. Que Dios nos bendiga”, finaliza el texto.

Este lunes a las 11.00 de la mañana está previsto un acto con autoridades del Ministerio de Transporte de la Nación, que llegan para poner en marcha la implementación en San Pedro de la tarjeta SUBE.

En la provincia de Buenos Aires hay un debate respecto de la posibilidad de modificar la ley que impide a los intendentes postularse a un tercer mandato. En ese marco, muchos jefes comunales vieron como camino para sortear ese escollo la salida de los municipios antes de que se cumplan dos años, es decir antes del 10 de diciembre.