Desde el jueves, San Pedro no tiene servicio de recolección de residuos en ningún punto de la ciudad, una situación que generó malestar entre los vecinos.

Los trabajadores de Ashira, empresa a cargo del servicio de recolección, mantienen una medida de fuerza en reclamo por la falta de pago de salarios.

Este lunes a las 10.00 de la mañana está prevista una audiencia en el Ministerio de Trabajo, que reunirá a las partes involucradas.

La Municipalidad también fue convocada y hay expectativa por una posible resolución de un conflicto que impacta de lleno en toda la ciudad.

Este viernes, desde las 10.00, profesionales de la salud y otros incluidos en la carrera médico hospitalaria concentraron en las puertas del Hospital Emilio Ruffa.

El reclamo surge en conjunto con un paro indeterminado que no se levantará hasta que no "se efectúe el depósito correspondiente de las guardias y el aguinaldo".

En diálogo con el móvil de La Opinión & Sin Galera los profesionales alertaron que están haciendo guardias "sin cobrarlas" y que trabajan sin saber si la situación se va a resolver a futuro.

"No sabemos si vamos a cobrar el aguinaldo y no lo inventamos nosotros es lo que nos dicen cuando preguntamos al Ejecutivo", expresó uno de los presentes en la concentración.

"Estamos de guardia, eso se garantiza, paguen o no paguen", dijeron los médicos.

Los profesionales explicaron que, debido a la falta de pagos, actualmente no pueden proyectar "gastos a futuro", ya que no saben si van a cobrar en algún plazo determinado.

Indicaron que los médicos provenientes de ciudades como Rosario o San Nicolás desisten en acudir a San Pedro, ya que "no les conviene" y alertaron que el Hospital se está quedando "sin profesionales médicos".  

Finalmente, los profesionales refirieron que no hubo un diálogo con el Gobierno, que no les responde los mensajes y que, por el momento, aguardan el llamado del Ministerio de Trabajo, dependiente de provincia.

Los sindicatos municipales y el Gobierno no alcanzaron acuerdo alguno ante la Dirección de Coordinación de la Negociación Colectiva Municipal en el marco del conflicto desatado tras la decisión del Estado local de cerrar la paritaria por decreto con el 10 por ciento de aumento.

Los sindicatos pidieron ante Macarena Kunkel, la funcionaria del Ministerio de Trabajo que encabezó la audiencia, que se reabra la negociación paritaria para retomar el diálogo.

El Gobierno, por su parte, reiteró la imposibilidad financiera de mejorar la oferta salarial que decidió aplicar por decreto. Así, la negociación quedó estancada y el miércoles al mediodía habrá una nueva reunión.

El Ministerio de Trabajo instó a que continúen la conversación, pero el "no hay plata" del Gobierno indica que no habrá un porcentaje mayor de aumento para cerrar el año.

La Dirección de Coordinación de la Negociación Colectiva del Ministerio de Trabajo no tiene mucho margen de maniobra en un conflicto que tiene inicio en el cierre de la paritaria por decreto bajo el argumento de que "va a empatar a la inflación".

El instrumento de la conciliación obligatoria no aparece en el horizonte próximo, en la medida en que implicaría reabrir la paritaria retrotrayendo la situación al momento previo al conflicto, es decir que dejaría sin efecto el 10 por ciento otorgado y los municipales no lo cobrarían.

A esa situación no quieren llegar Gobierno ni sindicatos, porque generaría un malestar innecesario entre los trabajadores municipales, que aguardan para esta semana el depósito de los salarios de noviembre y están expectantes respecto de lo que sucederá con el pago de los aguinaldos.

Los sindicatos pidieron en la reunión que no haya descuento para los días de paro, luego de que el Ejecutivo instruyera a todo el gabinete con una modalidad de control de la adhesión que será elevada a la Dirección de Personal.

Además, el STM que conduce Juan Cruz Acosta pidió que le devuelvan la "comisión de servicio" luego de la decisión del intendente de que regrese a su puesto de trabajo e insistieron con denunciar "persecución" por parte del Gobierno.

El paro por 72 horas que comenzó el miércoles tiene acatamiento dispar en el Municipio y el resto de las áreas descentralizadas. En algunas, los trabajadores fueron a sus puestos para cumplir retención de tareas. En otras, la jornada laboral se desarrollaba de manera normal.

La Dirección de Coordinación de la Negociación Colectiva Municipal  del Ministerio de Trabajo bonaerense, que conduce Macarena Kunkel, convocó al Gobierno local y a los sindicatos para este jueves a una audiencia virtual para intermediar en el conflicto por el cierre de la paritaria por decreto.

Provincia había pedido al Ejecutivo los expedientes administrativos generados durante la negociación paritaria y decidió tomar intervención, también a partir de un pedido que habría elevado uno de los sindicatos, el STM que conduce Juan Cruz Acosta.

La audiencia se desarrolla en medio del segundo día del paro por 72 horas que convocaron el STM y ATE, una medida de fuerza que tuvo acatamiento dispar y que en algunos casos en lugar de "paro" tuvo "retención de tareas" en ciertas áreas, aunque en muchas otras las jornadas laborales se cumplían de manera normal.

En la audiencia, el intento de acercar las partes que pueda hacer Provincia se encontrará con el escollo de que para el Gobierno local la paritaria 2025 está cerrada y para los sindicatos el 10 por ciento otorgado es insuficiente.

Juan Cruz Acosta llamó a los afiliados a continuar con el paro o la retención de tareas, retención que él mismo hizo desde que el miércoles se presentó en el Corralón. 

Se lo había exigido el Ejecutivo, que informó que se había presentado a trabajar, aunque Acosta aseguró que fue “a acompañar a los trabajadores” en el marco de la medida de fuerza y que sigue “en comisión de servicio” para el Sindicato.

Los funcionarios del gabinete recibieron un instructivo con el procedimiento a implementar para controlar el acatamiento al paro "para resguardo administrativo y legal del Municipio". 

En medio de la segunda jornada de medidas de fuerza convocada por los sindicatos municipales, la audiencia en el Ministerio de Trabajo terminó sin acuerdo respecto de aumento de sueldo para la última parte del año.

El Gobierno se mantuvo en su propuesta del 10 por ciento para los salarios básicos de diciembre, que impacta en el aguinaldo y se cobra en enero, y los gremios volvieron a rechazarla.

"Seguimos, a pesar del esfuerzo de la delegada y los gremios, sin llegar a un acuerdo salarial", comunicaron los sindicatos a sus afiliados.

Ahora, la instancia de negociación paritaria quedó abierta ante la delegación local del Ministerio por dos semanas.

"Nos toca a nosotros decidir entre todos bcontinuamos con la lucha la semana que viene", señalaron desde ATE a sus representados. 

En el marco del conflicto con los médicos, el Gobierno municipal y los representantes de Cicop se reunieron en audiencia en la delegación local del Ministerio de Trabajo, sin alcanzar acuerdo.

Los funcionarios del gabinete del intendente Cecilio Salazar mantuvieron la propuesta inicial de pagar los retroactivos adeudados en siete cuotas y señalaron que el Municipio no tiene posibilidades económicas de mejorar esa oferta.

Los médicos reiteraron la necesidad de que el Gobierno pague esos retroactivos adeudados y aplique las escalas salariales actualizadas. A su vez dejaron asentado, una vez más, el resto de los reclamos.

Entre ellos el pago de bonificación por residencia, la bonificación por centros de salud y la correspondiente a destino desfavorable

 Además, volvieron a pedir por seguridad en el Hospital y otras áreas, como la Subsecretaría de Género, donde se desempeña personal no médico pero sí de otras profesiones que en su momento fueron incluidos en carrera médico hospitalaria.

Cicop exigió al Gobierno que haga efectivo el pago de las guardias de noviembre. El Municipio todavía no las abonó, como tampoco abonó las horas extras, situación que mantiene en alerta a los sindicatos municipales.

Los médicos pidieron que las guardias se paguen como máximo hasta el 15 de cada mes y advirtió que, si el Gobierno no cumple con este pedido, en diciembre podría haber medidas de fuerza en señal de protesta.

La delegada del Ministerio de Trabajo, Sofía Rotundo, instó a las partes a que mantengan abierto el diálogo en procura de acercar posiciones y les pidió que garanticen la prestación del servicio de salud, tras el paro de 24 horas del martes y la retención de tareas de este miércoles. 

Los profesionales nucleados en Cicop —médicos, profesionales de la salud y otros incluidos en carrea médico hospitalaria— resolvieron en asamblea hacer un paro el lunes por 24 horas en el marco del reclamo por sumas adeudadas, luego de no alcanzar acuerdo con el Gobierno en el Ministerio de Trabajo.

Cicop se había declarado en estado de alerta luego de rechazar la propuesta del Ejecutivo de pagar en siete cuotas, de noviembre a mayo, los más de 350 millones de pesos de deuda que mantiene con los médicos por retroactivos de febrero, marzo, mayo y julio, y de los aumentos sin aplicar de agosto y octubre.

El miércoles volvieron a encontrarse y el Gobierno no aceptó la contrapropuesta del gremio, que planteó que el plan de pago no supere enero, lo que implicaría tres cuotas de 91 millones, 163,2 millones y 132 millones de pesos, respectivamente.

Los representantes del Ejecutivo señalaron en la audiencia que el Estado local no está en condiciones financieras de afrontar el pago de 386 millones de pesos de aquí a fin de año. Simplemente porque "no hay plata" ni manera de "fabricarla".

El impacto sobre la masa salarial de los sueldos de los 268 empleados incluidos en carrera médica hospitalaria es mayúsculo. En septiembre, entre salarios y guardias (casi en partes iguales) se pagaron en total 732 millones de pesos.

A ese número, que es el que obra en el expediente en el Ministerio de Trabajo, hay que sumarle la aplicación de un 4 por ciento que se liquidó para el pago de sueldos que, prometió el Gobierno, se haría efectivo este viernes.

Sin contarlo, con los 386 millones que propuso Cicop cobrar para fin de año, el Municipio de San Pedro superaría los 1100 millones de pesos a pagar al personal de carrera médico hospitalaria, a razón de, promedio, alrededor de 4,2 millones de pesos por cada uno de los 268 empleados.

Como bien dijo el secretario de Economía, Roberto Borgo, cuando La Opinión le consultó en otras oportunidades sobre la deuda con los médicos, los acuerdos salariales firmados con Provincia "no se discuten", pero para aplicarlos hay que tener los recursos.

"El Municipio ha buscado no prometer cosas que no podemos pagar", como sostuvo Borgo en julio ante este medio. La tesitura que llevaron esta semana al Ministerio de Trabajo fue la misma.

Al cierre del primer semestre, el sistema de salud pública en San Pedro tiene un déficit de más de 2500 millones de pesos en su funcionamiento. El dinero que ingresa por coparticipación y recupero de obras sociales no alcanza.

Contando Plan Sumar, ingresaron 5100 millones. La inversión en salud superó los 7600 millones. La cuenta no cierra y al servicio hay que prestarlo sí o sí.

La negociación entre el Gobierno y Cicop está trabada porque desde Palacio aseguran que no podrían cumplir con otro plan que el que propusieron y los médicos no están dispuestos a esperar siete meses para que les salden esa deuda.

Todo empeora si se tiene en cuenta que Provincia y el gremio volverán a debatir aumento para el último tramo del año, que también el Municipio estará obligado a aplicar. 

Además, el Estado local debe pagar aguinaldos a médicos y al resto del personal de planta, que también quiere aumento. El cierre de 2025 será turbulento para la gestión Salazar.

Los médicos y otros profesionales incluidos en la carrera médica hospitalaria, nucleados en el gremio Cicop, rechazaron una propuesta de pago de la deuda que el Gobierno mantiene con ellos y se declararon en estado de alerta y asamblea permanente.

Los afiliados se reunieron este jueves para poner en consideración la propuesta del Ejecutivo para hacer frente a retroactivos adeudados que corresponden a los meses de febrero, marzo, mayo y julio, así como los aumentos otorgados por Provincia para agosto y octubre, que el Municipio aún no abonó.

La asamblea rechazó la propuesta del Gobierno y Cicop elevó una contrapropuesta que será analizada. Las partes volverán a encontrarse este miércoles en el Ministerio de Trabajo, tras lo que habrá una nueva asamblea.

La deuda con los profesionales de la salud asciende a alrededor de 344 millones de pesos. 

En medio de complicaciones económicas, el Gobierno busca alcanzar un acuerdo con Cicop que permita hacer frente a los compromisos adeudados en la situación de escasez que atraviesa.

La propuesta del Ejecutivo fue abonar la deduda en cuotas a partir de noviembre y hasta mayo del año que viene, pagando pagando entre 30 y 35 millones los primeros meses y entre 60 y 65 los siguientes para saldar la totalidad.

Cicop y los sindicatos municipales ya fueron informados por el Municipio respecto de la fecha de pago de los sueldos de octubre, que operarán el viernes próximo, quinto día hábil del mes, es decir 24 horas después del plazo previsto por ley.

Una empleada de la Secretaría de Seguridad con importantes responsabilidades y muchos años en la Municipalidad denunció al titular del área, Eduardo Álvarez por violencia de género y maltrato laboral.

La denuncia penal fue radicada en la Comisaría de la Mujer y la cuestión propiamente laboral era presentada en la delegación local del Ministerio de Trabajo bonaerense.

El episodio denunciado ocurrió este lunes por la mañana en el despacho del secretario de Seguridad, con otros empleados como testigos y en medio de un griterío que se escuchó en todo el edificio.

La situación se habría desatado por unos expedientes y derivó en discusión, que terminó, según denunció la empleada, con Álvarez rompiéndole en la cara unos documentos.

La trabajadora le advirtió que lo iba a denunciar porque no estaba dispuesta a que la "maltrate como hace con todo el mundo" y se retiró hacia la Comisaría de la Mujer.

En el Ministerio de Trabajo ya hay otras denuncias contra Álvarez por situaciones similares, aunque esta sería la primera que recibe relacionada con cuestiones de género.

El Sindicato de Trabajadores Municipales que conduce Juan Cruz “Mono” Acosta se presentó en el Ministerio de Trabajo para que ese organismo intervenga ante la falta de convocatoria por parte del Gobierno local para discutir paritaria.

Los gremios y el Municipio habían acordado reunirse el 17 de octubre para “analizar el avance de los indicadores correspondientes”, luego del último incremento acordado.

El sindicato de Acosta consideró que la demora en la convocatoria "afecta gravemente" a los trabajadores municipales y pidió a la delegada Sofía Rotundo que cite a las partes a audiencia.

En el acta firmada el 27 de agosto quedó asentado que como resultado de los acuerdos en el marco de la Mesa de Relaciones Laborales los empleados municipales obtuvieron un aumento acumulado del 19,54 por ciento en lo que va del año.

El índice de precios al consumidor (IPC) difundido por el Indec hasta septiembre marca una inflación acumulada del 22 por ciento, por lo que los aumentos de sueldo estarían 1,46 por ciento por debajo.

El Gobierno municipal y los sindicatos que representan a los trabajadores del Estado local mantuvieron una reunión el lunes en Palacio y otra este miércoles en la Delegación del Ministerio de Trabajo para avanzar en las demandas planteadas por las organizaciones gremiales.

Juan Cruz Acosta, del Sindicato de Trabajadores Municipales, difundió un video entre sus afiliados en el que informó que "el Municipio se comprometió a pasar a todos los trabajadores que están en planta temporaria o jornalizada, que hayan cumplido el período de prueba de un año, a la estabilidad laboral, como corresponde".

Agregó que "el Ejecutivo viene atrasado con este derecho" y que "hoy se comprometió con nuestra entidad sindical a que todos los trabajadores que estén en esta situación pasen a planta permanente", además de continuar el análisis de cuestiones relacionadas con el reclamo por recategorizaciones, bonificaciones y el encuadre de los trabajadores.

Desde el Gobierno informaron a La Opinión que el pase a planta permanente de personal temporario que haya cumplido el año forma parte de los temas sobre los que están "avanzando" y que habrá "un esquema gradual" para el cumplimiento del compromiso.

El subsecretario de Legal y Técnica, Daniel Porta, que participó en representación del Gobierno tanto en la reunión del lunes como en la audiencia de este miércoles, explicó los alcances del acuerdo.

"Estamos definiendo el listado en conjunto con la representación sindical, considerando la fecha de ingreso de cada uno, para conformar un cronograma de acá a fin de año, con fecha de ejecución a partir de octubre", detalló.

En el acta del Ministerio de Trabajo quedó plasmado que en la reunión de la mesa técnica del lunes, que habían acordado cuando firmaron el último acuerdo paritario, la Municipalidad se comprometió a "efectivizar, antes de fin de año, todos los pases pendientes a planta permanente".

Según el Presupuesto 2025 aprobado por el Concejo Deliberante, en la Municipalidad hay 142 trabajadores de planta temporaria. El análisis para el pase a planta permanente será gradual y contemplará caso por caso.

En la Municipalidad, desde hace tiempo, incluso desde antes de la asunción de Salazar en 2015, hay empleados de planta temporaria que nunca fueron, como dice la ley, contemplados para la continuidad laboral estable.

El trabajador temporario tiene un sueldo de bolsillo por encima del permanente, por cuestiones de estabilidad. Una de las dificultades que plantean los propios trabajadores es la imposibilidad de percibir bonificaciones al no formar parte de la planta permanente, aun cuando corresponderían por el tipo de labor que desempeñan.

El sindicato que representa a los trabajadores rurales, Uatre, reunió este viernes a representantes de las 24 seccionales de la delegación Pergamino, a la que pertenece San Pedro, tras dos días de inspecciones en la zona.

Junto a personal de Renatre y del Ministerio de Trabajo, labraron 44 actas con 332 trabajadores en situación irregular en establecimientos rurales de la jurisdicción de las seccionales San Pedro, Baradero, Río Tala y Gobernador Castro, informaron.

Recorrieron viveros, establecimientos avícolas, montes frutales, etc., indicaron en una conferencia de prensa que tuvo lugar en el club Náutico, donde se reunieron los referentes de toda la zona con autoridades nacionales del sindicato.

La secretaria de Organización de la Uatre nacional, Natalia Sánchez Jáuregui, informó que el plan es organizar operativos de fiscalización periódicos para regularizar las situaciones que detectan.

"Nos encontramos con más de 40 por ciento de trabajo no registrado, se labraron 44 actas, relevamos 332 trabajadores, con el 80 por ciento de incumplimiento de la ropa de trabajo, recibos de sueldo con los haberes mal liquidados, irregularidades de todo tipo", indicó.

La exdiputada sostuvo que es necesaria "mucha más presencia gremial, sobre todo ahora que vienen las actividades intensivas" y aseguró: "Vamos a reforzar la presencia del gremio y llamamos a los productores a que tengan a los trabajadores como corresponde, para que la producción y el trabajo vayan de la mano".

Ramón Espíndola, de la delegación Pergamino, informó: "Se hicieron 44 actas con 332 trabajadores en malas condiciones en dos días en San Pedro, Baradero, Río Tala y Gobernador Castro".

"El 90 por ciento de los trabajadores no recibe la ropa, hay una gran cantidad que está mal categorizado", señaló y aseguró: "No hay uno en San Pedro que esté con todas las condiciones que tiene que tener, hay una evasión por parte de los productores que es terrible".

Espíndola y Sánchez Jáuregui advirtieron que hay un grado muy importante de incumplimiento de una resolución que obliga a bancarizar a los trabajadores. "La necesidad los lleva a aceptar estas malas condiciones de trabajo", dijo el secretario de la delegación Pergamino.

La referente nacional de Uatre se refirió a la intervención de la obra social Osprera por parte del Gobierno nacional. "Eso es la salud de los trabajadores y el aporte que hacen con su esfuerzo mes a mes, y no están recibiendo la salud que necesitan, los tratamientos, los estudios, lo venimos denunciando", dijo.

"También nos quisieron intervenir el gremio, con el diputado Pablo Ansaloni, que es de Milei. Gracias a Dios todo está saliendo a la luz en la Justicia, pero pusieron en venta todo el patrimonio de Uatre y Osprera, pusieron telemedicina para lugares del campo en los que no hay señal ni capacitación", cuestionó.

La decisión del intendente de solicitar la renuncia a todo el gabinete para definir el futuro de su Gobierno tras la derrota en las elecciones tiene paralizadas muchas áreas donde las decisiones quedaron a la espera de las  novedades.

La situación es un secreto a voces en el Municipio: muchos no firman expedientes y hasta se encogen de hombros a la hora de definir algunos aspectos, incluso los relacionados con cuestiones operativas y urgentes.

La audiencia que convocó la delegación local del Ministerio de Trabajo con los sindicatos municipales reveló formalmente la situación: hubo que pasar a un cuarto intermedio porque nadie se siente autorizado para establecer acuerdos en nombre del jefe comunal.

Así de insólita fue la reunión que tuvo  lugar este miércoles en la sede del organismo bonaerense, ubicada en 25 de Mayo y Dávila, convocada tras la denuncia del Sindicato de Trabajadores Municipales que conduce Juan Cruz "Mono" Acosta.

El dirigente informó a sus afiliados tras el encuentro que la reunión "pasó a un cuarto intermedio hasta el viernes 03" de octubre, porque "debido a la reestructuración del gabinete nadie puede tomar decisiones", según le expresaron los funcionarios presentes.

La audiencia fue citada porque Acosta denunció que el Gobierno incumplió el compromiso asumido antes de las elecciones, cuando acordaron el último aumento, de reunirse el 10 de septiembre.

En el acta habían establecido convocar a la Mesa de Relaciones Laborales para debatir recategorizaciones, pases a planta permanente, encuadres y bonificaciones adeudadas que reclaman los gremios.

El Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) pidió al Ministerio de Trabajo bonaerense que intervenga ante la falta de cumplimiento por parte del Gobierno municipal de la convocatoria acordada a una reunión para debatir puntos de interés para los empleados del Estado local.

El gremio que conduce Juan Cruz Acosta se presentó en la delegación local de la cartera laboral para pedir a la delegada, Sofía Rotundo, que convoque a una audiencia ante el silencio del Ejecutivo municipal respecto del encuentro pautado de la Mesa de Relaciones Laborales.

Cuando firmaron el último aumento, antes de las elecciones, los sindicatos y el Municipio habían acordado volver a reunirse el 10 de septiembre para, según les había informado Acosta a sus afiliados, "ir definiendo y cumpliendo con recategorizaciones, pases a planta permanente, encuadres y bonificaciones adeudadas".

Todos esos puntos son parte de lo que los sindicatos habían llevado a la discusión paritaria, además del porcentaje de aumento para los sueldos de los trabajadores municipales.

"Hemos tomado la decisión de hacer la denuncia en la delegación del Ministerio de Trabajo para que nos convoque para regularizar nuestros derechos", informó Acosta a los afiliados al STM.

Este jueves, último día hábil para la administración pública local, el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) que conduce Juan Cruz Acosta informó a sus afiliados que la semana que viene habrá reunión con el Gobierno por la paritaria.

"Nos comunicaron que la semana que viene nos van a convocar por todos los reclamos presentados, paritarias, categorías, pases a planta y demás", informó Acosta a los trabajadores de su gremio.

La semana pasada, luego de que se diera a conocer la lista del oficialismo para las elecciones, el STM había solicitado al Ministerio de Trabajo que intervenga porque había un compromiso del Gobierno de reunirse con las organizaciones sindicales a mediados de mayo.

El sindicato de Acosta había presentado una nota por mesa de entrada el 13 de junio para solicitar que se reúna la Mesa de Relaciones Laborales. Sin respuesta, el 18 de julio fueron a la delegación local del Ministerio de Trabajo.

El último aumento acordado por el Gobierno y los tres sindicatos municipales (STM, ATE y UPCN) fue por un 8,6 por ciento. En el acta, dejaron asentado que volverían a reunirse en la segunda quincena de mayo, lo que no ocurrió.

El paro por 72 horas que anunciaron los médicos y profesionales de la salud desde este martes quedó sin efecto tras el dictado de una conciliación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo bonaerense.

El Gobierno municipal, tras el fracaso de las negociaciones con Cicop, había pedido a la cartera laboral provincial la intervención para que se abra un canal de diálogo bajo su mediación y se garantice la atención a la población.

El Ministerio de Trabajo consideró que los paros de 24 y 48 horas de las últimas dos semanas generaron "graves perjuicios", por lo que "resulta imprescindible atender las causas del conflicto con el propósito de mitigar sus efectos", en busca de "una solución viable que lo resuelva".

En ese marco, la cartera laboral señaló que la medida de fuerza para martes, miércoles y jueves —el viernes no hay atención porque es feriado local— comporta "perjuicios notorios y evidentes" para la comunidad en general, que se agravan tratándose de la salud pública.

El Ministerio advirtió que la conciliación obligatoria es una medida "pertinente a fin de mantener la paz social" y en busca de "una solución pacífica y legal al conflicto", que pone en riesgo "el derecho de acceso a la salud" de la población.

Así, el coordinador de delegaciones regionales del Ministerio de Trabajo bonaerense declaró "conflicto colectivo de trabajo" al que mantienen Cicop y el Municipio de San Pedro, para someterlo a instancia de conciliación obligatoria.

De esa manera, Cicop fue intimada a levantar el paro y abstenerse de medidas de fuerza mientras dure la instancia abierta, y el Municipio, por su parte, no puede implementar medidas de tipo económico o disciplinario con el personal.

El Ministerio de Trabajo notificará a las partes la fecha de audiencia de conciliación y exhortó a las partes a "adoptar las medidas necesarias para alcanzar puntos de entendimiento".

La conciliación obligatoria impide el paro de los médicos y permite al Gobierno un lapso de dos semanas para llegar a agosto, fecha que había planteado en su momento como en la que podría abordar las prioridades fijadas respecto de las demandas de Cicop.

Tras el anuncio del paro de profesionales de la salud que hizo Cicop, el Gobierno municipal pidió al Ministerio de Trabajo provincial que dicte conciliación obligatoria para evitar la medida de fuerza.

El paro anunciado es por 72 horas desde el martes, por lo que el Hospital de San Pedro, el de Santa Lucía, el de Gobernador Castro y los centros de salud no atenderán hasta el lunes, puesto que el viernes es feriado local por el aniversario de San Pedro Ciudad.

El Gobierno hizo efectivo este lunes el depósito de los 201 millones de pesos que corresponden a las guardias médicas y consideró que eso podría destrabar la situación, al menos en relación a la medida de fuerza y su extensión.

Sin embargo, no hubo acercamiento entre las partes en la audiencia celebrada ante el responsable regional del Ministerio de Trabajo —la delegada local, Sofía Rotundo, está de vacaciones— y Cicop mantuvo la postura de ir al paro.

En la audiencia, la Municipalidad mantuvo la posición que sostuvo en los encuentros anteriores, cuando planteó a los médicos que las dificultades económicas del Estado local impedían avanzar sobre sus demandas antes de agosto, porque había que cumplir con el aguinaldo.

El compromiso municipal, señalaron desde el Gobierno, es "tener un panorama antes del 29 de julio y de ahí en más ver cómo aplicarlo". Sin embargo, Cicop no consideró viable la propuesta y mantuvo la decisión de ir al paro.

Si el Ministerio de Trabajo dicta la conciliación obligatoria, las partes deben retrotraer la situación al momento previo al paro y sostener el diálogo con su intermediación durante 15 días.

Para el Gobierno municipal, ese plazo implicaría llegar a agosto, mes en el que esperaban comenzar a reordenar las finanzas tras pagar el medio aguinaldo de julio, de manera tal de empezar por lo que habían fijado como prioridad, que es la aplicación de la escala salarial vigente.

En el Ejecutivo reconocen como máxima prioridad esa aplicación, que implica pagar los acuerdos salariales que Cicop y Provincia firmaron desde febrero, con los respectivos retroactivos.

La escala de aumento implica 7 por ciento para febrero, 2 por ciento para marzo, 6 % para mayo y 4 % para junio. Todo ello con su correspondiente retroactivo.

Además, los médicos reclaman recategorizaciones; bonificación por centro de salud; pago por residencia completa; pago por jefatura; y seguridad para el personal, entre otros puntos.

El Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) que conduce Juan Cruz Acosta pide a la delegación  local del Ministerio de Trabajo que convoque a una audiencia para debatir paritaria del sector tras dos meses de espera sin convocatoria del Gobierno.

A fines de abril, los tres sindicatos municipales (ATE, STM y UPCN) firmaron con el Ejecutivo un aumento de 8,6 por ciento y acordaron volver a reunirse en la segunda quincena de mayo.

Sin convocatoria, el STM presentó una nota por mesa de entrada el 13 de junio para solicitar reunión de la Mesa de Relaciones Laborales.

En ese marco, además de analizar la situación salarial en relación a los índices de inflación debatirían otros puntos, como los pases a planta permanente y las recategorizaciones.

Tras no obtener respuesta, el sindicato de Acosta informó a sus afiliados que tomaron "la decisión con comisión directiva de hacer una presentación ante la delegación del Ministerio de Trabajo para ser convocados a tal fin".

Este lunes, tras una asamblea en el lugar de trabajo, las profesionales de la Subsecretaría de Género y Diversidad municipal que conduce Laura Monfasani se retiraron ante las malas condiciones de las nuevas oficinas donde funciona el  área, en el ex Correo de Salta y Arnaldo.

Con vidrios rotos y sin calefacción porque el aire acondicionado frío/calor instalado dejó de funcionar, decidieron abandonar el lugar hasta tanto el Gobierno cumpla con garantizar las condiciones de trabajo y de accesibilidad para la atención.

Cicop, sindicato que las representa ——desde hace tiempo los profesionales psicólogos, trabajadores sociales y otros de Desarrollo Humano están bajo carrera médico hospitalaria—, había planteado la necesidad de mejorar las condiciones edilicias.

Lo hicieron antes de que la Subsecretaría de Género se mudara del edificio donde nació como Secretaría, en Salta y San Martín, incluso en audiencias en la delegación  local del Ministerio de Trabajo, que intimó al Municipio, sin que se cumpla.

Antes de la mudanza habían solicitado un proyecto con las mejoras que permitieran garantizar el traslado del personal para la atención de las demandas que involucran a la Subsecretaría.

Cuando se mudaron, el 24 de junio, se encontraron con que las oficinas tenían los vidrios rotos, entre otros puntos que consideraron era necesario resolver. Unos días después, la delegación del Ministerio de Trabajo, que conduce Sofía Rotundo, les dio un plazo de 72 horas que no se cumplió.

El viernes pasado, en el marco de una nueva audiencia en la cartera laboral, como los vidrios rotos no habían sido cambiados, Cicop volvió a plantear la urgencia del tema. 

Sin embargo, este lunes, al arribar a las oficinas, no sólo no habían reemplazado los vidrios sino que la calefacción ya no funcionaba.

El personal le planteó la situación a Laura Monfasani, quien les informó que “estaba tratando de comunicarse” con el secretario de Gobierno, Martín Baraybar, de quien depende el área. En ese marco, se reunieron en asamblea y decidieron retirarse.

Representantes de Cicop, sindicato que representa a médicos y otros profesionales de la salud de San Pedro, y del Gobierno municipal se reunieron en la delegación local del Ministerio de Trabajo para una audiencia en el marco del conflicto por reclamos relacionados con el pago del aumento otorgado por provincia en noviembre pasado, que todavía no se hizo efectivo en la ciudad.

Los médicos llegaron a la reunión cumpliendo la segunda de las tres jornadas de paro anunciadas y el Gobierno lo hizo con la exigencia de que se retomen los servicios para evitar que la problemática afecte a la población que requiere asistencia.

Tras una tensa audiencia en la que ambas partes expusieron su situación —los médicos, la necesidad de cobrar su incremento; la Municipalidad, las dificultades para hacer frente al pago—, pasaron a un cuarto intermedio tras el que el Gobierno elevará una propuesta para el pago. 

La última había sido comenzar a abonar los salarios con el aumento en febrero y el retroactivo en un plan de pago ante la imposibilidad de asumir la erogación total, que representa unos 25 millones extra para cada uno de los tres meses adeudados.

Tras el cuarto intermedio en el que se definirán propuestas y contrapropuestas, ambas partes esperan alcanzar un acuerdo que Cicop lleve a asamblea para definir la firma de un convenio que ponga fin a las medidas de fuerza mientras se resuelven otros reclamos del sindicato.