La policía aprehendió a dos hombres que incumplieron medidas cautelares dispuestas por la Justicia en causas vinculadas a violencia familiar.

El primero de los hechos ocurrió en un domicilio de calle Humanes al 1500, adonde los efectivos acudieron tras un llamado de alerta a la comisaría.

Aprehendieron un hombre de 49 años que, momentos antes, había ingresado sin autorización a la vivienda de su madre, de 82 años, desobedeciendo una medida cautelar vigente y una orden de exclusión del hogar.

La mujer fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde recibió asistencia y prestó declaración testimonial.

En un segundo procedimiento, en calle Segundo Sombra al 1300, los efectivos identificaron a un hombre de 36 años que intentó darse a la fuga al advertir la presencia policial.

Tras ser interceptado, constataron que estaba incumpliendo una medida cautelar vigente, dictada por el Juzgado de Paz en el marco de una causa por violencia familiar, que le prohibía mantener contacto con su expareja, una mujer de 35 años.

La víctima también fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia para brindar su testimonio.

El hombre de 49 años fue imputado por los delitos de violación de domicilio y desobediencia, mientras que el de 36 años quedó imputado por desobediencia. Ambos fueron puestos a disposición de la Justicia. 

Un adolescente de 17 años fue aprehendido este viernes luego de incumplir una medida cautelar de restricción perimetral que le impedía acercarse a su expareja.

El procedimiento tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre calle Benefactoras Sampedrinas, donde personal policial encontró al joven en el ingreso al domicilio de la adolescente, de 16 años, pese a que sobre él pesaba una orden judicial de prohibición de acercamiento.

Ante la constatación del incumplimiento, los efectivos procedieron a su aprehensión y traslado a la dependencia policial, donde se iniciaron actuaciones por el delito de desobediencia.

Por disposición de la Fiscalía del Joven en turno, el menor fue notificado de la formación de la causa conforme a lo previsto en la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil.

Tras más de 20 días sin suministro eléctrico, la Justicia ordenó a la Coopser reconectar de manera inmediata el servicio al maxi kiosco y librería ubicado en Colón 978.

El pasado sábado, el comercio continuaba sin suministro luego de que la cooperativa acusara a su propietaria de un presunto fraude. 

Según explicó su abogado defensor, el doctor Javier Silva, en Sin Galera, la titular del local cumplió con las modificaciones exigidas e instaló un nuevo caño de bajada independiente.

Sin embargo, posteriormente recibió una carta documento en la que se la intimaba a pagar más de 1.140.000 pesos y, al no abonar esa suma, el servicio fue interrumpido.

“No hay prueba de que haya existido fraude. La intiman a pagar una suma millonaria y, como no lo hace, le cortan el servicio en diez días, sin posibilidad real de defensa”, había advertido el letrado.

Ante esta situación, el abogado presentó un recurso de amparo y solicitó una medida cautelar para que se ordenara la inmediata reconexión del suministro hasta tanto se determine con prueba plena si existió o no la irregularidad señalada.

La Justicia hizo lugar al pedido y resolvió que la Coopser debe reconectar “en forma inmediata el fluido eléctrico correspondiente al inmueble” de Colón 978.

Asimismo, el juez dispuso que, en la medida en que se continúen abonando las facturas correspondientes, el servicio deberá mantenerse hasta que se dicte una sentencia definitiva.

Un hombre de 67 años fue aprehendido este viernes luego de transgredir una medida cautelar vigente en favor de su expareja.

La policía fue alertada sobre la presencia de un hombre que se hallaba en cercanías de una mujer, existiendo una medida judicial que le impide acercarse a ella. 

El procedimiento se originó a partir de un llamado al servicio de emergencias 911, que alertó sobre la presencia del sujeto en inmediaciones de la víctima.

El hecho se registró en calle Mitre al 800, donde personal policial acudió tras la comunicación y constató la presencia del masculino, quien se encontraba incumpliendo la restricción de acercamiento dispuesta por la justicia.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a su inmediata aprehensión. Posteriormente, el hombre fue trasladado a la dependencia policial a los fines de cumplimentar los recaudos legales correspondientes.

Tomó intervención la fiscalía local de turno, que dispuso las actuaciones de rigor en el marco de la causa por desobediencia judicial.

En la mañana del lunes, personal policial intervino en calle Dávila al 400 y aprehendió a un hombre de 32 años que estaba incumpliendo una medida cautelar.

El aprehendido tenía vigente una orden de restricción perimetral que le impedía acercarse al domicilio de su expareja.

La policía arribó tras ser alertada al 911 y encontró al muchacho  frente a la vivienda de la denunciante, una mujer de 33 años. 

La víctima fue asistida en la Comisaría de la Mujer y la Familia. Interviene la fiscalía local.

El Gobierno de la Municipalidad de San Pedro fue a la Justicia para pedir que se tenga en cuenta al Estado local como parte del amparo colectivo que tramita por la suspensión de obras vinculadas al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que financiaba a nivel local las de la localidad de Los Cazadores, también conocida como barrio La Tosquera.

El subsecretario de Legal y Técnica Daniel Porta, en representación del intendente Cecilio Salazar, elevó la solicitud de adhesión del Municipio a la causa que inició por intervención del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels).

La Municipalidad de San Pedro pidió ser tenida como parte actora "por existir en nuestra localidad una cantidad importante de habitantes de barrios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares en proceso de integración urbana (Renabap).

El barrio más afectado por las medidas del presidente Javier Milei en relación a la disminución de recursos para el FISU es La Tosquera, que tenía obras en marcha cuyo avance apenas alcanzó el 9,3 por ciento.

Las obras fueron paralizadas, tanto las que administraba directamente Nación como las que pasaban por la Municipalidad, que logró recuperar el seguro de caución por parte de la empresa cooperativa Grupo Alfa, que tenía a su cargo las tareas.

Apenas asumió, en febrero de 2024, Milei estableció vía decreto la reducción de la afectación específica de impuestos que iba al FISU. Ello provocó la suspensión de miles de obras a lo largo y ancho del país. Además, Nación propuso en sus presupuestos la eliminación definitiva de ese fondo.

El Municipio pidió la declaración de inconstitucionalidad del decreto que modificó la asignación de recursos y eliminó el financiamiento del fideicomiso, al considerar que "resulta violatorio de derechos con raigambre constitucional".

Además, pidió adherir a la medida cautelar que ordenó al Gobierno de Milei a instar los medios necesarios para la continuidad de la política pública de integración de los barrios populares registrados en Renabap.

El juez federal de Pehuajó, Andrés Heim, hizo lugar a una cautelar que suspende la liquidación total del patrimonio del FISU y exigió un informe del saldo existente en relación a ese fondo.

"Por disposición del Ministerio de Economía, un grupo de empresas de medicina prepaga, que representan alrededor del 75% de los afiliados, van a retrotraer el valor de sus cuotas a diciembre de 2023, ajustada a partir de allí por el Índice de Precios al Consumidor (IPC)", dijo esta mañana el vocero presidencial, Manuel Adorni. 

De allí en más, las versiones sobre medidas contra la asociación que nuclea a las prepagas y en particular a su presidente y dueño de Swiss Medical Group, Claudio Belocopitt se plasmaron en una resolución que impone a las empresas Osde, Medifé, Swiss Medical, Omint y a las Asociaciones que operan en el Hospital Italiano y el Hospital Alemán a ajustarse a las disposiciones aún en aquellos casos en los que se hayan tramitado recursos de amparo.

En el caso de los juzgados de San Nicolás a diferencia de lo dispuesto en el partido de San Martín o en Concepción del Uruguay, la justicia había respondido a quienes solicitaron la medida cautelar con dilaciones tales como considerar que las víctimas de los aumentos abusivos que tenían aportes de monotributo o podían acceder a Pami, en el caso de los afiliados adultos mayores, “no estaban desprotegidos”. 

En distintos estudios jurídicos se encontraron con respuestas diferentes por parte del mismo juzgado federal y en ningún caso había resoluciones favorables definitivas pese a las denuncias de cartelización que quedaron plasmadas en los escritos.

Esta tarde, el Dr. Daniel Spirópulos* confirmó a La Opinión que son varias las acciones a emprender para quienes quedaron atrapados en estas maniobras. Por un lado las que se sucedieron en la jurisdicción de San Nicolás y por otro en los derechos que hoy le asisten a cualquier afiliado para que le sea restituido el dinero que le cobraron demás.

“Ahora, los que tramitaron en amparo y no se los concedieron por algún motivo tienen que mandar una carta documento a la prepaga y pedir que le liquiden la cuota que corresponde si es que se vieron obligados a dejar de pagar o intimarlos para que devuelvan el dinero que percibieron demás”, señaló Spirópulos tras evaluar que las acciones a emprender podrán encaminarse tanto en el fuero Civil y Comercial como en alguna instancia penal -sobre todo en casos de pacientes cuya salud se haya puesto en riesgo- que apunte a la posición dominante de quienes “se pusieron de acuerdo para aumentar todos juntos”, detallló. Todo esto sin desestimar las acciones iniciadas y mediaciones que se hayan intentado desde las oficinas de Defensa de los Derechos del Consumidor.

ARTÍCULO 1°.- Ordénase, en los términos del Artículo 44 de la Ley N° 27.442, a GALENO ARGENTINA S.A., HOSPITAL BRITÁNICO DE BUENOS AIRES ASOCIACIÓN CIVIL, HOSPITAL ALEMÁN ASOCIACIÓN CIVIL, MEDIFÉ ASOCIACIÓN CIVIL, SWISS MEDICAL S.A., OMINT S.A. DE SERVICIOS, OSDE ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DIRECTOS EMPRESARIOS, CONFEDERACIÓN UNIÓN ARGENTINA DE SALUD -UAS- y al señor Claudio Fernando BELOCOPITT, en su doble carácter de presidente de la empresa SWISS MEDICAL S.A. y de la CONFEDERACIÓN UNIÓN ARGENTINA DE SALUD -UAS-, en lo que a cada uno le compete, que a partir del dictado de la presente medida: (i) los valores de las cuotas de los planes de salud médico-asistenciales a ser cobradas no podrán superar al siguiente cálculo: Cuota del plan de salud médico asistencial de diciembre de 2023 multiplicado por (1 + la variación porcentual entre el Índice de Precios al Consumidor nivel general con cobertura nacional elaborado por el INDEC vigente al momento de la facturación correspondiente, y el mismo Índice correspondiente a diciembre de 2023), (ii) en el caso de clientes dados de alta luego de diciembre de 2023, el ajuste se deberá realizar teniendo como base un plan similar al contratado, (iii) cesar con cualquier tipo de intercambio de información, ya sea en el marco de las reuniones de la CONFEDERACIÓN UNIÓN ARGENTINA DE SALUD -UAS- o cualquier otro, que implique precios, servicios a proveer, costos y cualquier otra información comercial".

Este es el texto con la resolución adoptada por la Secretaría Industria y Comercio que además fija un plazo de seis meses en los que las cuotas no podrán sufrir otras modificaciones. 

La Resolucion Del Gobierno para que las prepagas bajen sus cuotas by LaNoticia1.com on Scribd

También la decisión incluye la obligación por parte de las empresas de publicar esta resolución en sus páginas web y remitir documentación y datos que el gobierno les solicita para seguir adelante con su operatoria. Entre otros, la facturación, la cantidad de afiliados, los planes y coberturas y otros detalles que puedan afectar a los ciudadanos que en su mayoría optan por alguna de estas coberturas y sufren aumentos aún mayores cuando superan los 65 años.

*Dr. Daniel Juan Spirópulos, Tomo IX, Folio  140 CPASM