El caso Rainbowex, la plataforma conocida como "la China" que resultó ser una estafa piramidal tipo esquema ponzi, fue objeto de múltiples informes periodísticos, entre ellos uno del New York Times que se centró en la investigación de La Opinión y otro, reciente, del reconocido youtuber Damián Kuc, que lo incluyó en su ciclo Historias Innecesarias, difundido a comienzos de abril.

Ahora, La Nación también prepara un informe audiovisual sobre el tema y está confirmado que tendrán la palabra de Maximiliano Braga, uno de los principales acusados de estafas reiteradas, desde la cárcel donde cumple prisión preventiva desde que fue detenido el 19 de diciembre de 2024.

El abogado de Braga, Mauricio Gugger, confirmó que su cliente "accedió a hacer una entrevista con La Nación" desde la Unidad Penal donde permanece alojado a la espera del juicio en el que se ventilará la causa.

Además, el equipo a cargo del proyecto entrevistó a la madre de Braga, acusado como el principal introductor de Rainbowex y uno de los máximos referentes del denominado Knight Consortium, la organización que regenteaba la captación de "inversores".

Mientras tanto, la causa penal entró en etapa de ofrecimiento de pruebas camino a la instancia de juicio, que podría ser oral y público o por vías alternativas, algo que comenzará a definirse a partir de la audiencia preliminar prevista para el 28 de agosto próximo.

El abogado de Braga informó que él todavía debe hacer su ofrecimiento de pruebas y los planteos que crea necesario en esta etapa, algo que ya hizo el Ministerio Público Fiscal a través de la titular de la UFI 7, María del Valle Viviani, y otros defensores particulares como Sofía Sanjurjo y Daiana Croizet, que representan a Andrés Desanzo y recusaron a la fiscala.

"Hay dinero retenido, pero hay imposibilidad de retirarlo, porque nunca fue transferido a la cuenta judicial", advirtió Gugger y agregó: "Hay muchas víctimas presentadas. Creo que es una estafa más del esquema Ponzi, no deja de ser una estafa reiterada".

En ese marco, tanto la posición de la defensa de Braga como la de Pardo y Pan, los otros detenidos, y la de Desanzo y los restantes 13 imputados sampedrinos es que todos habrían sido "víctimas" del mismo mecanismo de estafa en el que creyeron.

Este sábado, el abogado Mauricio Gugger, que representa al concejal Mauro de Rosa en la causa penal en trámite en la que aparece denunciado por delitos de índole sexual, se refirió al devenir del expediente y señaló que todavía está caratulado como "averiguación de ilícito".

"Los expedientes se deben cargar en el sistema y en base a los hechos que se describen encajan o no en un determinado tipo. Esta denuncia de febrero ingresó con la carátula precaria, temprana, de averiguación de ilícito y continúa de esa manera", detalló.

Gugger explicó que el cambio de calificación puede llegar cuando el concejal De Rosa sea convocado para el primer acto de defensa, que es la declaración indagatoria, una vez que Fiscalía haya establecido la calificación penal de los hechos por los que fue denunciado.

"Lo que ha pasado dentro del expediente es muy poco y lo que ha pasado fuera es un montón", consideró del abogado de Mauro de Rosa.

Gugger informó que en el expediente ya fue agregada la declaración de la denunciante ante la psicóloga del Centro de Atención a  la Víctima. En ese marco, se refirió a lo que ocurre en el Concejo Deliberante, donde las partes comparten espacio de trabajo, puesto que ambos son ediles.

"Lo que sucede en el ámbito político no es de mi incumbencia, pero en la declaración de la denunciante surge una situación de desamparo porque los que la instigaron a hacer la denuncia la dejaron sola, sin acompañamiento institucional", señaló Gugger.

El "acompañamiento institucional" al que se refiere se reactivó tras la decisión del concejal denunciado de retomar su banca tras dos meses y medio de licencia y provocó toma de posición de la mayoría de los concejales e incluso la decisión de avanzar en una comisión investigadora que podría derivar en la destitución.

Respecto de las medidas de exclusión perimetral que rigen respecto de uno y de otro, Gugger explicó que "ninguno de los dos perímetros impide que puedan estar en el lugar institucional de trabajo, pero los obliga a que cesen y no cometan ningún acto perturbatorio".

Respecto del devenir de la investigación penal, el abogado sostuvo que "hay una línea muy delgada en lo que se denuncia, en el hecho, que la interpretación puede ser, para el vulgar de las personas y no técnicamente una conducta abusiva; pero entiendo yo, técnicamente, que puede llegar a no tener el tenor de esa conducta, en base a los antecedentes y a las declaraciones que surgieron en la causa".

En ese sentido, señaló que "dentro de las actuaciones, de las consideraciones técnicas del Centro de Asistencia a la Víctima, no hablan de conductas abusivos ni de síntomas compatibles o traumáticos en relación al delito de abuso sexual" y "deja entrever que hay una relación previa laboral, un conocimiento entre ellos".

“En ningún momento De Rosa se bajó los pantalones ni tuvo conductas de ese tenor para con la denunciante”, dijo el abogado

A su vez hizo referencia al acta labrada por el club Paraná tras el episodio en el que el concejal fue expulsado por integrantes de la comisión directiva de las instalaciones y que habla de “conductas indecorosas”.

"El acta del club Paraná no dice que mucha gente vio (la situación). Hay algunas afirmaciones respecto de la conducta de De Rosa que no están acreditadas. Me parece que la cautela es el mejor consejo para todas las partes".

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Esta semana la Justicia deberá expedirse sobre el pedido de excarcelación que el abogado Mauricio Gugger hizo como defensor de los tres aprehendidos en una casa de Molina 695 en un allanamiento en el marco de la investigación del asesinato de Felipe Frías.

Los tres, un hombre y una mujer de 42 años que son pareja y su hijo de 24, quedaron aprehendidos imputados por comercialización, cultivo y siembra de material estupefaciente, puesto que en su casa encontraron seis plantas de cannabis y un trozo compacto de marihuana.

Además, la policía secuestró elementos de interés para la causa del asesinato, entre ellos objetos que Felipe Frías habría tenido encima cuando desapareció y que ya no estaban cuando hallaron su cuerpo entre pastizales en inmediaciones de las vías del Ferrocarril, a metros de la casa de Frías y de la de los aprehendidos.

El juez de Garantías Román Parodi tiene hasta el jueves al mediodía para resolver sobre el pedido de excarcelación planteado por Gugger. La fiscala Viviani, por su parte, pidió que permanezcan detenidos por la causa por drogas y a la espera de resultados de pericias que podrían sostener la sospecha de su vínculo con el caso Frías.

La apertura de los teléfonos celulares y la confirmación respecto de cómo llegaron ciertos elementos que Frías tenía encima a la casa de los aprehendidos serán fundamentales para evaluar si están conectados con el asesinato.

Un fallo del Tribunal de Casación anuló la elevación a juicio contra Maximiliano Cabaleyro, Fernando Espíndola y los seis exempleados de Rey Distribución Julián Ojeda, Matías Torres, Edgardo Di Mayo, Enzo Ojeda, Mximiliano Pérez y Lucas Torres, en el marco de la causa que mantiene a los dos sindicalistas detenidos con arresto domiciliario.

El abogado Mauricio Gugger, que ejerce la defensa de los acusados, logró que Casación deje sin efecto la decisión de la Cámara de Apelaciones, que había declarado inadmisible el recurso presentado para revisar la elevación a juicio que hizo la jueza Maiztegui a solicitud de la fiscala María del Valle Viviani, que consideró cerrada la instrucción del caso.

La defensa fue a Casación para poner en tela de juicio el cumplimiento del doble conforme judicial y lo logró. Los casacionistas advirtieron que "un proceso que no garantice una amplia revisión, podría traer aparejada responsabilidad internacional del Estado".

Gugger pidió la revisión de la elevación a juicio porque, como defensor de Cabaleyro, Espíndola y el resto de los imputados, planteó que hay instancias probatorias determinantes que deberían tenerse presente antes, como una pericia contable solicitada.

El caso tenía hasta sorteado el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de San Nicolás como el que se haría cargo de juzgarlo, pero ahora volvió a la instancia de origen para que "dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho", lo que implica que Casación consideró que el primer fallo de los camaristas no se ajustó al debido proceso.

El fallo de Casación, al que tuvo acceso La Opinión, parece decirles a los camaristas que es importante que lean el expediente antes de emitir resolución. 

"Se utilizaron, a lo largo del pronunciamiento, categorías conceptuales claramente diferenciables y con requisitos distintos y consecuencias diversas, como si se trataran de lo mismo", dice, por ejemplo.

Los camaristas habían señalado que para admitir un recurso de apelación como el que solicitó Gugger era necesaria "la específica mención de los motivos y fundamentos que le dan sustento". Ello sorprendió a Casación: "No encuentro que esa reflexión haya tenido correlato en el contenido del recurso", sostuvo la jueza María Florencia Budiño.

Por el contrario, subrayó, el escrito de más de 30 páginas que presentó la defensa expuso los motivos por los que apelaba la elevación a juicio y detalló en cada ítem con fundamentos que, acertados o no en su postura, debían ser atendidos para al menos considerar la revisión del fallo de Maiztegui, lo que no ocurrió.

"Tal postura, sin una explicación adicional, ausente en el caso, conduce a una restricción sustancial de la vía de la apelación, que no encuentra anclaje legal y que, además, afecta irremediablemente la garantía de la defensa en juicio", cuestionó Budiño a los camaristas.

Por ello, los jueces María Florencia Budiño y Carlos Ángel Natiello, de la Sala V del Tribunal de Casación Penal de La Plata, dejaron sin efecto la elevación a juicio y enviaron el expediente a la instancia de origen "a fin de que, debidamente integrada, dicte una nueva resolución conforme a derecho, donde se dé adecuando tratamiento al fondo del recurso de apelación articulado por la defensa de los acusados Cabaleyro y Espíndola".

Fernando Espíndola y Maximiliano Cabaleyro, que además de sindicalista era concejal del Frente de Todos en San Nicolás y lo suspendieron en uso licencia, fueron detenidos el 8 de abril de 2022 y lograron, tras varios planteos de la defensa, arresto domiciliario a mediados de 2023. El resto de los imputados está en libertad.

La causa implica delitos como turbación de la propiedad, por el bloqueo, y coacción y extorsión. Se los acusa de "cobrar coimas” para “dejar trabajar” a la empresa Rey Distribución, que radicó la denuncia respaldada por el Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (Meab).

Elías “Pipi” Gonda fue absuelto de culpa y cargo por el asesinato de Oscar Lezcano, de 17 años, en el juicio abreviado acordado entre las partes tras descartar la posibilidad de que un jurado ciudadano fuera el que decidiera sobre la culpabilidad del acusado.

El juez Alejandro López, del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2, consideró válido el planteo que el abogado defensor Mauricio Gugger hizo durante toda la instrucción y dictó sentencia absolutoria para Gonda al entender que los disparos que efectuó para matar a Lezcano fueron “en legítima defensa”.

La fiscala Viviana Ramos llevó a juicio a Gonda, que estaba en calidad de detenido pero con arresto domiciliario en su casa, acusado de homicidio agravado y de portación ilegal de arma de fuego. El juez lo absolvió de ambos delitos, puesto que del segundo nunca hubo informe de autoridad competente respecto del revólver calibre 32 utilizado, por lo que no consta en el expediente si tenía o no permiso para su uso.

Para el juez, los elementos probatorios son suficientes para acreditar que efectivamente Gonda mató a Lezcano, pero consideró que la situación se dio en el marco del “ejercicio del permiso legal que la defensa ha invocado”.

El 30 de octubre de 2019, Oscar Lezcano cayó herido de arma de fuego en Fray Cayetano Rodríguez al 1500 de una moto en la que iba de acompañante. Mientras temblaba en el piso, dos personas que estaban con él momentos antes se acercaron para correr su cuerpo y sacar de debajo una carabina recortada calibre 22.

Lezcano murió en el Hospital. Tenía un balazo de revólver calibre 32 en la cabeza. Gonda fue detenido de inmediato en su casa y reconoció haber disparado al menos seis tiros tras sentirse amenazado, puesto que, aseguró, el fallecido y el que conducía la moto le apuntaron con armas y le dispararon.

Lezcano y Gonda tenían una disputa de larga data. El segundo ya había denunciado al primero por disparar contra su casa. Esa tarde se habían visto a pocas cuadras, frente a la casa de la novia del fallecido.

El ahora absuelto se había acercado a hablar con él porque había recibido amenazas de un amigo del otro, un conocido delincuente del Hermano Indio. Lezcano no lo quiso oir y se trenzaron a golpes. Gonda se fue. Lezcano entró a lo de su novia. Minutos después salió diciendo “ahora voy a buscar la 9 y van a ver”.

El juez consideró que Lezcano estaba frente a la casa de Gonda para concretar desagravio por lo ocurrido previamente. “Podría deducirse que la conducción” de la moto, dice el magistrado en el fallo, “fue delegada para poder operar el arma de fuego” como acompañante. Es que de la casa de la novia Lezcano se fue en la moto de la prima de ella, pero a lo de Gonda llegó sentado detrás del conductor.

Así, el juez ponderó que la respuesta armada de Gonda fue para repeler un peligro inminente. “Claramente iban a atacarlo”, señaló López, y consideró que no podría “ser exigida” a Gonda “otra conducta diversa a la disparar” contra los otros.

“En modo alguno puede afirmarse que no pudiera razonablemente temer por su vida”, sostuvo el magistrado, que recordó que Policía Científica halló en el lugar no sólo una vaina servida de calibre 32, la que mató a Lezcano, si no también al menos una de calibre 22 y dos municiones correspondientes a un arma similar.

Elías “Pipi” Gonda tenía 20 años cuando ocurrió el violento episodio armado. Desde 2020 estaba detenido con arresto domiciliario. Ahora, con 24, fue absuelto de culpa y cargo, y la Justicia ordenó su inmediata libertad.

Reveló en exclusiva este martes La Opinión que el empresario y concejal suplente sampedrino Federico “Pescadito” Domínguez se entregó a la Justicia, que había librado orden de detención en su contra acusado de integrar una banda de piratas del asfalto que tiene a varias personas detenidas y en calidad de prófugos a su padre, Gustavo Domínguez, y al chofer Juan Carlos Mendizábal, empleado de la empresa de ambos, Expreso Hada.

Este miércoles, el abogado Mauricio Gugger, que lo representa en la causa, explicó en Radio Cuarentena la situación procesal del detenido, que permanece alojado en la Sub DDI de Chacabuco, que depende de la DDI Junín, departamento judicial donde tramita la causa, a cargo de la fiscala Vanina Lisazo, quien dio detalles de la causa en Sin Galera semanas atrás.

Gugger informó que asumió la defensa de Federico Domínguez hace alrededor de diez días y que tras tomar contacto con el expediente su consejo fue que se entregara para ponerse a disposición de la Justicia aunque, aclaró, “siempre estuvo a derecho”.

“Pescadito” Domínguez tenía orden de detención librada por la Justicia desde que el 19 de septiembre pasado allanaron, entre otros, su domicilio. En estos dos meses, el abogado que lo representaba antes de Gugger había presentado un pedido de eximición de prisión, que el Juzgado de Garantías interviniente había rechazado y cuya apelación estaba en Cámara.

“Tenía una orden de detención vigente, firme, pero se había pedido la eximición de prisión. Federico estaba a la espera de una resolución favorable, pero el tiempo pasaba y no llegaba”, señaló Gugger. Por eso decidieron que se entrgara.

El abogado informó que en su declaración, el joven detalló “dónde, cómo y con quién estuvo antes, durante y después” del asalto al camión en ruta 7, delito en el que está involucrado y de cuya existencia se enteró cuando regresó de Europa, un viaje que tenía previsto con amigos desde marzo.

Respecto de la participación de la empresa Expreso Hada y el camión de Federico Domínguez en el hecho para trasladar la mercadería robada, Gugger señaló que su defendido sostiene que desconocían la procedencia de lo que transportaban.

“A ellos los fletes se lo contrataron, como cualquier flete: para transportar mercadería de tal lado a tal lado”, dijo Gugger y aseguró que “la asignación de ese flete está acreditado, lo contratan a través del padre”, Gustavo Domínguez.

Informó que fue él quien lo llamó a Federico para consultarle si tenía el camión disponible y que le dijo que sí, puesto que tenía recién un viaje al otro día desde Ensenada. Para aprovechar que el camión iba vacío, resolvieron acceder a la propuesta de transportar esa mercadería desde el parque industrial Zárate hasta el barrio porteño de Pompeya.

“Toma el viaje, le pasa el contacto a su chofer y es él quien se pone en contacto con la persona que contrató”, indicó el abogado y sostuvo: “Le preguntaron si tenía el camión libre y le pasaron un viaje al chofer”.

Con el relato de Federico Domínguez, Mauricio Gugger buscará que cambien la carátula de robo agravado por el uso de arma de fuego en despoblado y en banda en concurso real con privación ilegítima de la libertad, un delito que no prevé excarclación por la expectativa de la pena, por el de “encubrimiento”, puesto que sostiene que no tenía idea de que la mercadería era robada.

“Federico se enteró de lo ocurrido cuando volvió de Europa, porque hubo un allanamiento. Le preguntó a su papá qué pasaba y él le dijo que estaba todo controlado”, señaló Gugger y aseguró que los sampedrinos “no tienen nada que ver” con los detenidos implicados en el caso de piratería del asfalto.

Para Gugger, la detención de Federico Domínguez no podría sostenerse mucho tiempo más. El abogado confía en que, una vez que el teléfono celular del detenido sea peritado y puedan corroborarse de esa manera los dichos que vertió en su declaración, podría recuperar la libertad.

Federico Domínguez, su padre Gustavo y el chofer Juan Carlos Mendizábal aparecen vinculados a la causa y para la fiscala Lisazo son parte de la banda. Incluso, la representante del Ministerio Público Fiscal considera a padre e hijo como “cabecillas” y responsables de “la logística” para este y otros hechos de este tipo.

Este viernes, desde las 14.00, se desarrolla en la zona de Fray Cayetano Rodríguez y Benefactoras Sampedrinas la reconstrucción del homicidio de Oscar Lezcano, ocurrido el 30 de octubre de 2019.

La reconstrucción ordenada por la Justicia fue solicitada por la defensa del imputado por el homicidio, Elías “Pipi” Gonda, quien permanece detenido con prisión domiciliaria en la vivienda donde se desarrollaba la tarea, puesto que desde allí salieron los disparos que ultimaron al joven de 17 años.

El abogado Mauricio Gugger, que patrocina a Gonda, informó que la reconstrucción busca “demostrar la hipótesis que sostiene desde el primer momento, “que es una legítima defensa por parte de Gonda”.

“Entiendo que Fiscalía busca demostrar su hipótesis”, dijo Gugger y recordó que esta prueba la solicitó cuando apeló la elevación a juicio que hizo la fiscala Viviana Ramos, quien instruye la causa y se encontraba presente en el lugar para encabezar las taras.

“Estamos en mira de un debate por juados, así que será reproducido en ese momento. Esto es para echar un poco de luz sobre el hecho. Luego quedan audiencias técnicas de selección de jurados y pruebas pero ya está toda la prueba producida, esta es la última”, detalló Gugger.

Este domingo, minutos antes de las 17.00, se retiró de Fiscalía, tras más de 7 horas de declaración, el abogado Mauricio Gugger, defensor de Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, en el marco de la causa por “extorsión y cohecho” que pesa sobre ellos tras la denuncia de la empresa Rey Distribución, que los acusó de “pedido de coimas” para dejarlos “trabajar tranquilos”.

“Fue extensa, larga, declararon con lujo de detalles y se refirieron a cada uno de los hechos que se les imputaron.La fiscal ahora tiene que analizar los dichos y también lo va a hacer la jueza de Garantías”, explicó Gugger.

En tanto, también confirmó que solicitó la excarcelación de los detenidos. El Juzgado de Garantías tiene 5 días para dar lugar o no al pedido. “Depende de la jueza de garantías, quien decide si se excarcela o no. Es el primer acto de defensa. Nosotros habíamos pedido la eximición de prisión considerando que la detención no tiene el doble conforme que se necesita”, dijo.

Sobre los hechos por los que son acusados, aseguró que “se le vendió pescado podrido a la Justicia” y se refirió a imágenes de cámaras de seguridad que muestran, primero, a la familia Rey preparando una caja con dinero “de una coima” y luego a integrantes de Camioneros yendo a buscar ese dinero a un estudio contable.

Sin embargo, Gugger refirió que ese intercambio había sido acordado como el pago una “deuda existente” con el “gremio y la obra social”, y que “no fue una coima”.

“La Justicia sostiene que ese acuerdo fue arribado de forma coactiva, cuando en realidad fue consensuado con el contador de la empresa y por intermedio de él con los empresarios”, puntualizó el abogado.