En el transcurso de la última sesión del Concejo Deliberante, la concejala Paola Basso, integrante del bloque opositor Nuevos Aires, aseguró que Martín Rivas le pegó a Ariel Rey.

La edila radical hizo alusión al episodio que ambos concejales protagonizaron antes de la sesión del 28 de mayo, cuando analizaban documentación para la Rendición de Cuentas en la Secretaría de Economía.

"Me propinó un golpe de puño en la cara", dijo ese día Rey, antes de radicar la denuncia penal en Fiscalía. Rivas, por su parte, reconoció que habían discutido, pero sostuvo que no golpeó al concejal de San Pedro Puede.

Tras el episodio, Rey calificó a Rivas de "cobarde" y de estar "pago para hacer esto". El de Consolidación Argentina, por su parte, dijo que el de San Pedro Puede "es un maleducado" y que discutieron porque no había permitido que le "falte el respeto".

El jueves pasado, en La Tosquera,  medio del debate por las irregularidades de un dictamen que fue cambiado sin cumplir con los pasos que corresponde, Basso aseguró que fue testigo del golpe.

“Hay concejales que se arrogan facultades extraordinarias de grandes legisladores y denostan constantemente al resto de los integrantes de los distintos bloques con insultos, con violencia verbal, con violencia física incluso, de la que hemos sido testigos”, señaló.

En ese marco, mientras Rivas decía cosas fuera de micrófono —no está permitido que los concejales hablen mientras otro hace uso de la palabra—, Basso lo acusó directamente.

“Sí, física, concejal Rivas: usted le pegó una cachetada al concejal Rey adelante mío, así que no me lo va a negar”, disparó la radical.

Rivas le dijo que si eso era así debería estar en la Justicia, a lo que Basso respondió que ella no había sido agredida y que entendía que el caso había sido judicializado.

Rey y Rivas tienen diferencias que datan de cuando ambos compartieron lista en 2023, elecciones en las que el primero quedó a 2600 votos del intendente y el segundo entró como primer concejal de esa boleta, aunque ya no trabajaban juntos. En esa lista también estaban Paola Basso y Diego Lafalce.

A poco de que Rey ganara las elecciones 2025 para ocupar una banca en el Concejo, hubo denuncias cruzadas entre sus asesores y Rivas por presuntas agresiones físicas.

Rivas protagonizó otro altercado a fines de julio, cuando referentes del Sindicato de Trabajadores Municipales encabezaban una protesta afuera de la Municipalidad. 

Producto de esa situación, el concejal denunció penalmente un intento de agresión del dirigente Sergio “Gallina” Leiva, que milita en el espacio de Rey.

El Concejo Deliberante atravesó en las últimas horas un nuevo escándalo generado a partir de la modificación fuera de comisión del dictamen de un expediente, una situación que para la oposición podría configurar el delito de adulteración de documentación pública, por lo que analizan denunciar el caso en la Justicia.

Todo comenzó cuando los concejales Martín Rivas (Consolidación Argentina) y Diego Lafalce (La Libertad Avanza) anunciaron que “obtuvo nuevo dictamen el proyecto que presentamos” para “incorporar el voto de los vecinos de las localidades en la selección de sus delegados municipales”.

El expediente había sido dictaminado el martes 18 de agosto, tal y como había sido presentado. En ese momento, La Opinión advirtió que así como estaba redactado tenía puntos que entraban en conflicto con la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM) y la Constitución provincial.

Adentro del Concejo también hubo quienes lo advirtieron. Incluso concejales con mandato cumplido y ediles en uso de licencia llamaron la atención respecto del proyecto, que luego fue modificado aunque sin pasar por los procedimientos previstos.

En el orden del día para la sesión de este jueves en La Tosquera apareció un dictamen nuevo, que modificó esos puntos que chocaban con la LOM. Tiene fecha el 21 de agosto, que fue el viernes. Pero las reuniones de comisión de Peticiones, donde estaba el expediente, son los martes.

La Opinión consultó a los integrantes de esa comisión y ninguno estaba al tanto de un dictamen nuevo. De hecho, en la reunión de este martes no habían tratado más expedientes que el de Ashira, con Borgo y Porta, y el de recupero de obras sociales del Hospital, con la presencia de José Herbas.

Sin embargo, el orden del día tenía un dictamen distinto al original. Este martes, en Labor Legislativa, la oposición hizo un planteo porque entendían que la modificación se habría hecho de manera irregular con anuencia del presidente del cuerpo, Martín Baraybar.

En esa reunión pasaron al menos tres cosas relevantes, de acuerdo a lo que pudo reconstruir La Opiníón: Baraybar habría dado a entender que tenía responsabilidades en lo ocurrido; Paola Basso, Ariel Rey y Joaquín González se retiraron antes, ofuscados; y los que quedaron decidieron reemplazar el dictamen modificado por el original, por lo que para el tratamiento de este jueves aprecería el primero.

Cuando en la reunión de Labor Legislativa Basso pidió explicaciones sobre lo ocurrido y Baraybar comenzaba a darlas, Rivas sacó su celular y comenzó a filmar, por lo que todo se convirtió en un caos. Desde afuera, los empleados del Concejo escuchaban los gritos sin comprender qué estaba pasando.

El concejal de La Libertad Avanza Joaquín González dijo a este medio que Baraybar "dio a entender que él lo había autorizado; lo podrá negar, pero van a tener que dar explicaciones" y adelantó que las pedirán en sesión cuando se trate el expediente.  

"Paola (Basso) hizo un planteo y Rivas sacó el celular para filmar, así que nos fuimos", indicó. Basso confirmó a La Opinión que los hechos sucedieron de esa manera, al igual que Ariel Rey.

"Noté que Baraybar estaba preocupado", dijo Rey y señaló que no alcanzó a escuchar las explicaciones del presidente del cuerpo porque la situación se desmadró en discusión. "Rivas la increpó a Paola, ella se enojó y le exigió a Baraybar que ponga orden, y nos fuimos", indicó.

Rey confirmó que durante la sesión harán un planteo por lo ocurrido con el dictamen y advirtió que en su equipo están analizando los alcances del tema por si amerita, como también sugirió González, alguna presentación judicial.

Por su parte, Paola Basso dijo que tras la reunión de Labor Legislativa le informaron que la decisión fue quitar del orden del día el dictamen modificado y reponer el original.

La concejala radical consideró "increíble" lo sucedido y cuestionó al presidente, Martín Baraybar, porque sería quien permitió que Rivas modificara el dictamen sin haber pasado por el procedimiento formal de la comisión.

Sobre lo ocurrido en Labor Legislativa, Martín Rivas dijo a La Opinión que había propuesto "generar registro para que queden sus argumentos sobre el reglamento y la LOM", en alusión a Paola Basso, y que ella "se enojó y se fue gritando con Rey".

Además, consideró que "quieren sacar el foco de la discusión de la elección de delegados". Sobre el conflicto con el dictamen, dijo que "quieren hacerlo, no tienen con qué".

Consultado respecto de qué expediente finalmente será tratado en sesión, señaló: “En el orden del dia que firma el presidente y nos entregan está el que tiene que ir, el actualizado”.

"Es una discusión secundaria y mínima, lo podemos modificar en el recinto", dijo y consideró: "No hay nada que diga en qué horario podés hacer modificaciones de tus propios dictámenes, es simplemente querer embarrar la cancha para sacar el foco del proyecto, que tiene buen ejercicio en otros distritos".

Rivas minimizó el problema y aseguró: "No tienen argumentos, entonces se hacen los enojados. Como mucho, se demorará un rato más la sesión". 

Tras los allanamientos que ordenó la Justicia Federal en el marco de una denuncia por delitos ambientales relacionados con el Basural, obtuvo dictamen de minoría por parte de la oposición la propuesta del bloque Consolidación Argentina para conformar una mesa de trabajo relacionada a la gestión de los residuos sólidos urbanos.

La comisión de Servicios Públicos logró quorum a pesar de la ausencia del oficialismo, lo que incluyó al presidente, Juan Cruz González, y con la firma de los concejales Mauro de Rosa (Consolidación Argentina) y Mariana Reynoso (San Pedro Puede), el proyecto obtuvo dictamen para ser tratado en la próxima sesión, que tendrá lugar en La Tosquera, a metros del basural.

El expediente había sido presentado en junio por el bloque que preside Martín Rivas. Aunque era un proyecto de resolución, que habitualmente se tratan sobre tablas, el oficialismo obturó ese tratamiento y logró acordar enviarlo a comisión.

Allí, "con algunas modificaciones que actualizan el expediente", según informaron desde el bloque autor de la propuesta, la iniciativa avanzó, con el objetivo de "generar un ámbito en el que puedan participar el Ejecutivo, el Concejo, prestadores, trabajadores, organismos especializados, instituciones académicas y organizaciones de la comunidad".

Tras la obtención del dictamen de minoría para tratar el proyecto de comunicación—que oficia formalmente, en caso de aprobarse, como una expresión del Concejo que recomienda al Ejecutivo abordar un tema de determinada manera—, el bloque Consolidación Argentina busca ahora conformar esa mesa por ordenanza.

Así, presentaron un proyecto este martes por la mañana, cuya firma acompañó el edil del bloque denominado La Libertad Avanza, Diego Lafalce, para avanzar en la creación de ese espacio e trabajo.

La denominada Mesa para la Planificación y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos del Partido de San Pedro se propone como un ámbito de "análisis, consulta, planificación, participación y elaboración de propuestas".

El plan es que lo integren el Ejecutivo, el Concejo, Ashira, los sindicatos vinculados y otras organizaciones relacionadas tanto del Estado como de la sociedad civil, así como especialistas, de acuerdo a los temas en consideración.

El proyecto de ordenanza prevé un plan inicial de trabajo para que en los primeros cuatro  meses la mesa elabore un diagnóstico con lineamientos de la gestión de residuos y propuestas que incluyan acciones, las que no serán vinculantes.

El proyecto que propone elecciones no vinculantes de delegados municipales en las localidades fue dictaminado en minoría y será tratado en la próxima sesión, que tendrá lugar en La Tosquera.

La iniciativa fue presentada por el concejal Martín Rivas el año pasado y antes de que pierda estado legislativo fue dictaminado en minoría por el autor y el edil Diego Lafalce en comisión.

La propuesta establece un mecanismo para que los habitantes de las localidades elijan a una persona con al menos cinco años de residencia, si es nativo, o diez si no lo es, para que sea el representante del intendente en el pueblo.

La iniciativa es no vinculante, puesto que la elección del delegado municipal es una potestad del intendente, ya que se trata, como su nombre lo indica, de una facultad que el jefe comunal electo delega en alguien, como lo hace con cualquier otro funcionario del gabinete.

El tratamiento en la próxima sesión, que será en la localidad de Los Cazadores en el marco de la decisión de llevar a las delegaciones las sesiones del Concejo, encontrará un escollo en el artículo 4 del proyecto, cuya redacción quedó imperativa.

Ese artículo dice que el intendente "deberá designar como delegado a uno de los tres candidatos más votados en la consulta popular de cada localidad", lo que implica que la ordenanza le impondría un límite a una facultad que el jefe comunal tiene por Ley Orgánica.

Para sortear ese problema, los concejales podrían devolver el proyecto a comisión o bien constituirse como tal en la propia sesión y hacer la modificación, algo que también puede hacerse vía moción durante el tratamiento.

El proyecto propone la conformación de una "Junta Electoral Municipal" y una serie de mecanismos, entre ellos una boleta única de papel con nombre y foto del candidato, que implicarán necesariamente una erogación presupuestaria que, de aprobarse el expediente, el Gobierno deberá prever.

“Me parece importante porque durante años se habló de darle mayor participación y protagonismo a las localidades, pero pocas veces eso se tradujo en una herramienta concreta”, dijo Rivas.

En 2024, los concejales Mauro de Rosa y Viviana Riquelme, por entonces representantes de La Libertad Avanza en San Pedro, habían presentado una propuesta similar, con formato de resolución, lo que oficia como "recomendación".

Iniciativas que impulsaron la Coalición Cívica en 2008 y radicales sin representación en el Concejo en 2025 no prosperaron en ese momento, sobre todo por las dificultades que comporta establecer un mecanismo que, de alguna manera, impone ciertos límites a las facultades que el intendente que gana las elecciones tiene por haber sido elegido para gobernar.

La elección no vinculante de delegados municipales rige en diversos municipios de la provincia, en algunos con mayor éxito que en otros. En la propuesta de Rivas, el plan es que los vecinos elijan su representante del Ejecutivo cada cuatro años.

El Concejo Deliberante sesionó este jueves, después de mucho tiempo, con custodia policial en la puerta, dispuesta por orden del presidente del cuerpo, Martín Baraybar.

La medida de seguridad fue tomada a solicitud del concejal de Consolidación Argentina, Martín Rivas, quien había pedido acciones para prevenir hechos como los que le tocó protagonizar en la sesión pasada.

Rivas fue víctima de un intento de agresión por parte del sindicalista municipal Sergio "Gallina" Leiva, tras un intercambio verbal con el secretario general del STM, Juan Cruz "Mono" Acosta.

El edil había pedido "reflexionar sobre la necesidad de fortalecer las condiciones institucionales que permitan el libre ejercicio de la función pública, resguardando la integridad de concejales, trabajadores, vecinos y de toda persona que participe de la actividad legislativa".

Por el caso, Rivas radicó una denuncia penal y la Justicia ordenó una prohibición de acercamiento para Leiva y Acosta en relación al concejal, que tiene vigencia por 30 días.

Este jueves, un efectivo de la Policía Bonaerense fue trasladado en un patrullero a la hora de la sesión para ubicarse en la entrada principal del Salón Dorado, dentro del Palacio municipal, y permaneció allí hasta que terminaron de tratarse los temas del orden del día.

Contratado bajo la modalidad PolAD (el sistema que la Policía Bonaerense tiene para la custodia de empresas u organismos públicos, con agentes de franco), el afectivo se retiró cuando lo pasó a buscar el mismo patrullero.

El presidente del Concejo, Martín Baraybar, informó a La Opinión que además evalúan la disposición de cámaras de videovigilancia en la zona del edificio municipal donde funciona el Concejo.

Las cámaras que hay en el ala del HCD, instaladas durante la gestión de Daniel Monfasani al frente del cuerpo, no funcionan desde hace tiempo, por lo que buscarán reemplazarlas por un sistema más moderno.

“Las calles de San Pedro son una preocupación de todos. Y todos queremos mejores calles y sabemos también que la situación económica, la falta de obra pública nacional y las limitaciones presupuestarias hacen cada vez más difícil dar las respuestas que los vecinos necesitan. Por eso vamos a insistir con el tratamiento de una propuesta concreta: crear un Fondo Especial de Bacheo, y que concejales y funcionarios de la planta política podamos aportar voluntariamente parte de nuestras dietas y sueldos para financiarlo”, dijo el concejal Martin Rivas.

Su propuesta no es nueva, sino que retoma el debate cuando el año pasado lanzó la idea de generar este fondo. “No va a solucionar por sí solo el problema de las calles. Pero puede ayudar. Y, sobre todo, puede ser un gesto concreto de una política que también tiene que estar dispuesta a hacer un esfuerzo”.

Recalcó que “no es una idea de ahora. Venimos sosteniendo este criterio desde 2024. Lo propusimos para recuperar y poner en valor el histórico Salón de Actos del Palacio Municipal, aportando desde las dietas de los concejales y los sueldos de la planta política para afrontar sus problemas edilicios y su restauración”. Asimismo, manifestó “y lo propusimos para las calles".

También recordó "lo volvimos a proponer para que el propio Concejo Deliberante pueda ser un lugar de encuentro y estudio para los jóvenes de nuestras localidades”.

“Vamos a insistir -agregó-, porque antes de pedirles siempre un esfuerzo a los vecinos, antes de brindar discursos demagógicos, los concejales y la política también tienen que estar dispuestos a dar una señal. El esfuerzo empieza por casa”.

La Justicia ordenó una prohibición de acercamiento para los sindicalistas Juan Cruz "Mono" Acosta y Sergio "Gallina" Leiva, denunciados por el concejal Martín Rivas tras el altercado que protagonizaron afuera de la Municipalidad cuando los trabajadores protestaban por el pago del aguinaldo y el edil ingresaba a sesión.

Rivas denunció haber sido "víctima de insultos, amenazas de muerte como de intentos de agresión física" y solicitó la perimetral como medida cautelar, que implica además la prohibición de contacto no personal, es decir telefónico, por redes sociales, etc.

Acosta y Leiva pueden concurrir a sus lugares de trabajo en la Municipalidad, pero deben cumplir la prohibición de acercarse a Rivas por 30 días, hasta el 8 de septiembre, según señala la resolución.

No pueden acercarse al domicilio, los lugares de trabajo donde cumpla sus funciones de concejal y los sitios de esparcimiento o concurrencia habitual de Rivas.

En un comunicado difundido para informar la novedad, Rivas repasó los hechos "de un conflicto" que "no surgió de un episodio aislado" y lo vinculó con sus diferencias con Ariel Rey, que empezaron cuando ambos fueron compañeros de lista en la elección de 2023, en la que el edil accedió a su banca como primero en la boleta del candidato a intendente y ahora también concejal.

En su comunicado, Rivas compartió fotos de Leiva como parte del espacio político de Ariel Rey y el saludo del edil con Acosta antes del altercado.

Para el concejal de Consolidación Argentina, esas fotos "no constituyen una prueba sobre responsabilidades", pero "forman parte del contexto político en el que ocurrieron los acontecimientos".

Por Martín Rivas*

La Argentina tiene una historia recurrente. Cada cierto tiempo reaparece la idea de que desregular equivale, casi automáticamente, a modernizar; que reducir controles necesariamente genera eficiencia; y que disminuir la intervención del Estado conduce, por sí solo, al desarrollo.

En algunas actividades esa discusión puede ser razonable. En otras, conviene preguntarse primero qué función cumple aquello que se pretende modificar.

El Decreto Presidencial 690/2026, que introduce una profunda reforma en el régimen de practicaje y pilotaje, vuelve a colocar esa discusión sobre la mesa. No porque el practicaje deba permanecer inalterable.

No porque toda regulación sea buena por definición. Sino porque antes de modificar un sistema cuya función principal consiste en administrar riesgos, resulta indispensable responder una pregunta básica: ¿qué problema se intenta resolver y qué evidencia demuestra que el nuevo modelo será mejor que el anterior?

El Gobierno sostiene que la reforma permitirá reducir costos logísticos, ampliar la competencia y mejorar la competitividad del comercio exterior. Son objetivos legítimos. Cualquier sistema regulatorio puede y debe revisarse periódicamente. La discusión nunca debería ser entre cambio o inmovilismo.

La verdadera discusión es otra. No todos los costos representan una ineficiencia. Existen costos cuya razón de ser consiste precisamente en evitar daños mucho mayores.

Sucede con el mantenimiento de un avión. Con los sistemas de seguridad industrial. Con los controles sanitarios. Y también con la navegación.

El practicaje no nació para encarecer el comercio exterior. Nació para disminuir la probabilidad de accidentes en una actividad donde un único error puede comprometer vidas humanas, infraestructura estratégica, el ambiente y la continuidad de una parte sustancial de las exportaciones argentinas.

Por eso resulta llamativo que buena parte del debate se haya concentrado casi exclusivamente en cuánto cuesta el practicaje y mucho menos, o nada sobre cuánto costaría prescindir de un sistema diseñado para administrar ese riesgo.

La seguridad tiene una característica particular: cuando funciona, pasa inadvertida.

Cada vez que un buque ingresa a un puerto o atraviesa el río Paraná sin inconvenientes, nadie habla del práctico. Sin embargo, esa aparente normalidad es el resultado de un conocimiento construido durante años, de experiencia acumulada y de un sistema pensado para que los accidentes ocurran lo menos posible.

Las mejores políticas de prevención suelen compartir esa paradoja. Su éxito consiste, precisamente, en evitar que la noticia exista.

El debate que abrió el Decreto 690 ofrece, además, una oportunidad que la Argentina viene postergando desde hace décadas: discutir una verdadera política marítima y fluvial.

Porque el practicaje no constituye una actividad aislada. Forma parte de un sistema integrado por la Marina Mercante, la formación de profesionales, la industria naval, los puertos, la hidrovía y la infraestructura logística que sostiene buena parte de la economía nacional.

Las decisiones que afectan una de esas piezas inevitablemente repercuten sobre las demás. Por eso cuesta encontrar, detrás de una reforma de esta magnitud, estudios técnicos públicos que permitan responder preguntas elementales: 

¿Cuál es la incidencia real del practicaje dentro del costo logístico total? ¿Qué experiencias internacionales respaldan este modelo? ¿Qué indicadores permitirán evaluar si la reforma efectivamente mejoró la seguridad y la competitividad?

Estas preguntas no apuntan a impedir los cambios. Buscan que los cambios estén respaldados por evidencia. La Argentina necesita modernizar su logística. Necesita ser más competitiva. Necesita reducir costos donde existan ineficiencias reales.

Pero también necesita dejar atrás otra costumbre profundamente argentina: creer que toda desregulación constituye, por sí misma, una política de desarrollo. Nuestra historia demuestra que ambas cosas no siempre fueron  sinónimos.

Desregular puede ser una herramienta. Construir capacidades, en cambio, requiere una estrategia de desarrollo. Y cuando esas capacidades son determinantes para el desarrollo de un país —como ocurre con la navegación, la formación profesional o la infraestructura logística— resulta mucho más fácil perderlas que reconstruirlas.

Quizás el verdadero debate que plantea el Decreto 690 no sea cuánto cuesta el practicaje. Quizás la pregunta de fondo sea otra. ¿Qué capacidades estratégicas está dispuesta a preservar la Argentina para construir su futuro, y cuáles está dispuesta a poner en riesgo en nombre de un ahorro cuyo verdadero impacto todavía no ha sido demostrado?

*El autor es Oficial Fluvial egresado de la Escuela Nacional Fluvial (Promoción 1995) y concejal municipal de San Pedro. Este artículo fue publicado por el medio especializado TradeNews.

El intento de agresión del que fue víctima el concejal Martín Rivas antes de la sesión del jueves pasado, cuando afuera de la Municipalidad había una protesta de los sindicatos municipales, quedó registrado por las cámaras de seguridad del Palacio.

Rivas difundió este miércoles por la tarde un video en el que informa que radicó la denuncia penal por el caso y en el que mostró imágenes del momento en el que ingresa al edificio y se produce el altercado.

El video completo de las cámaras de seguridad contiene además grabación de audio en la que se escucha el momento previo al intento de agresión que ejecutó un dirigente sindical conocido como “Gallina” Leiva, que le arrojó un golpe  a mano abierta que no  llegó a impactar en el edil.

Allí se ve cuando Rivas llega y saluda a alguien, muy cerca de Juan Cruz “Mono” Acosta y otros sindicalistas. Luego se lo ve ingresar mirando hacia atrás, en dirección al secretario general del STM.

El video muestra cómo Acosta le grita “la concha de tu madre” a Rivas e intenta abalanzarse sobre él, mientras otras personas lo retienen. Es allí cuando “Gallina” Leiva se acerca e intenta golpearlo.

Además, se ve el momento en que Leiva le arroja un golpe, mientras detrás Acosta le grita a su compañero sindicalista "pará, pará, pará".

"Vos qué te pensás que sos, puto", le grita luego Leiva a Rivas, que ya está fuera de cuadro en el video porque ingresaba al Salón Dorado para la sesión. Alguien que no se ve, porque los protagonistas ya no están frente a cámara, dice "te voy a cagar a trompadas".

Rivas radicó la denuncia y en sus redes sociales asoció el episodio con la militancia que "Gallina" Leiva tiene en San Pedro Puede, el espacio que conduce el concejal Ariel Rey.

El día del altercado, Acosta había dicho a La Opinión que Rivas lo había insultado a él y que esa "provocación" derivó en el conflicto.

Tras el episodio que protagonizaron el concejal Martín Rivas y el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Juan Cruz "Mono" Acosta, acompañado de otros dirigentes gremiales, el edil de Consolidación Argentina anunció que fue a la Justicia y difundió un video del momento.

Rivas solicitó, y obtuvo, las imágenes de cámaras de seguridad del Palacio municipal que registraron la situación en la que hubo un intento de agresión física por parte de un trabajador municipal que luego fue identificado como "Gallina" Leiva, integrante de la comisión directiva del gremio que conduce Acosta.

"Las imágenes hablan por sí solas y la verdad no necesita exageraciones", dijo Rivas, que difundió el video en un editado que subió a sus redes sociales en el que se refiere al tema.

En el video se ve cuando el concejal ya está dentro de Palacio, camino al Salón Dorado, y Leiva se dirige hacia él y le arroja un golpe con la mano abierta que él esquiva.

Acosta había dicho a La Opinión que Rivas lo había insultado y que esa "provocación" fue la que derivó en el altercado.  Las imágenes difundidas por Rivas no tienen audio.

En el video se ve, más cerca de la puerta, al propio secretario general del STM y a otro sindicalista, ambos retenidos por un tercero para que no avancen sobre el concejal.

"Fui amenazado, agredido e insultado por un grupo de personas que decían defender los derechos de los trabajadores y que están muy bien identificados políticamente", dijo.

La alusión es a la  militancia activa de "Gallina" Leiva en San Pedro Puede, espacio que lidera el edil y aspirante a la intendencia Ariel Rey. En ese marco, relacionó el intento de agresión del que fue víctima con otros hechos.

"Entre amenazas, falsas denuncias y demás", dijo Rivas en clara alusión a los altercados que protagonizó primero con asesores de Rey, que lo denunciaron por agresiones físicas, y por el propio concejal de San Pedro Puede, que también denunció en la Justicia haber sido golpeado en el rostro por Rivas delante de varios testigos, concejales y funcionarios del gabinete.

"No nos amedrentan, no vamos a responder violencia con más violencia", dijo Rivas y anunció: "Dejaremos que la Justicia actúe".

Además, se refirió a las palabras de Acosta, que lo calificó de "falopero" y dijo que va "muy drogado" al Concejo.

En ese sentido, señaló: "Utiliza como insultos referencias a problemas de salud mental y de consumo problemático, me parece grave porque hay miles de familias que transitan por esa problemática y dan la pelea".

"Seguiré haciendo exactamente lo mismo que me comprometí a hacer desde el primer día: controlar cuando corresponda, proponer soluciones, construir consensos y trabajar para que San Pedro sea una ciudad con más diálogo, más respeto y menos violencia", posteró y aseguró: "La verdad puede tardar, pero siempre encuentra la manera de salir a la luz".

El Concejo Deliberante aprobó en la última sesión un nuevo pedido de informe relacionado con la obra clausurada del edificio en construcción en Salta al 400.

El proyecto había ingresado antes de que los ediles del bloque Nuevos Aires radicaran una denuncia penal contra el secretario de Obras Públicas, Mariano Brañas, por “posibles hechos de corrupción” ante el caso.

En el expediente, la bancada que preside Paola Basso solicita al Gobierno que informe con detalle y documentación las actuaciones administrativas que se llevaron adelante desde el día uno.

Esto implica todo lo relacionado con las actas de clausura, que de acuerdo a lo que informó Brañas en la comisión y los hechos subsiguientes deberían ser tres, la primera del cuarto piso y las otras dos, generales.

El proyecto motivó debate en sesión, con chicanas del concejal Martín Rivas hacia Paola Basso que incluyeron alusiones a la condición de arquitecto de su marido, el exdirector de Planeamiento municipal y expresidente de la UCR Diego Chediak.

El bloque de Rivas, que completan Mauro de Rosa y Fernando Negrete, y Diego Lafalce solicitaron abstenerse de votar, lo que Basso calificó de "acto de cobardía" y desató los cruces.

Finalmente, con el acompañamiento del oficialismo, La Libertad Avanza y el bloque de Rey, Nuevos Aires logró aprobar por unanimidad el expediente, votado por 14 ediles y con cuatro abstenciones.

El momento de la abstención generó un entuerto que tuvo que dirimirse en cuarto intermedio, porque el presidente Martín Baraybar dispuso la votación en conjunto de la moción.

Los ediles que solicitan abstenerse no pueden votar su propia abstención, pero además la solicitud debe ser mocionada por separado por cada uno de ellos y votada de esa manera, lo que finalmente hicieron tras el cuarto intermedio para resolver la situación y pasar a la votación del expediente.

Antes de que comience la sesión de este jueves en el Concejo Deliberante hubo un altercado afuera de la Municipalidad entre el concejal Martín Rivas e integrantes del Sindicato de Trabajadores Municipales, incluido su secretario general, Juan Cruz "Mono" Acosta.

Todo comenzó cuando los ediles se dirigían al recinto para sesionar y tuvieron que pasar por la zona donde estaba montada la protesta de los sindicatos que están de paro ante las demoras en el pago del medio aguinaldo por parte del Gobierno.

Sobre lo que provocó la situación hay versiones encontradas, pero lo cierto es que cuando Rivas pasó hubo un altercado que lo involucró a él, a Acosta y a otros sindicalistas municipales, entre ellos uno que le arrojó un golpe de puño que no llegó a dar en la cara del concejal.

Consultado por lo ocurrido, Acosta señaló que estaba "hablando con Cristian Leguizamón y Diego Lafalce, lo más bien, y pasó insultándome, me dijo puto, de todo, vos no servís para nada, no sé qué", y reconoció que hubo "una situación con otro compañero".

"No le queremos dar entidad a este falopero", disparó y agregó:  "Se ve que el tema de la droga lo tiene mal, pobrecito, y viene siempre exaltado. Uno lo entiende, hay que internarlo, ayudarlo a que se le pase es adicción que tiene".

Rivas dijo a La Opinión que había saludado a una trabajadora para expresarle su solidaridad y escuchó insultos y vio que se acercaban a él. "No hubo ninguna provocación", aseguró y agregó: "No sé si esperaban que yo reaccione o qué".

En el recinto, antes del tratamiento de los temas, el concejal de Consolidación Argentina pidió la palabra para solidarizarse con los trabajadores y cuestionar a los dirigentes sindicales.

Tras expresar su apoyo al reclamo y señalar que esperaba que, como se había publicado en la prensa, la resolución del pago del aguinaldo estuviera cerca, habló de los sindicalistas.

Se refirió a los "verdaderos trabajadores municipales" ya los "verdaderos y buenos representantes sindicales" y a dejar de lado las diferencias políticas. La alusión, dijo después a La Opinión, estaba relacionada con la militancia explícita de algunos dirigentes sindicales en las filas de Ariel Rey.

La Opinión le había consultado si quería hacer declaraciones tras comentarle lo que había dicho Acosta, pero prefirió responder con lo que había expuesto en sesión.

 Tras ver el video publicado por este medio, decidió remitir esta respuesta a las declaraciones del sindicalista. 

Idenitificó a quien quiso pegarle como “un tal Gallina, que trabaja para Ariel Rey” y aseguró: “Lo seguiremos en la Justicia”.

Los concejales que conforman el bloque Acuerdo Vecinal en el Concejo Deliberante de San Pedro informaron oficialmente al presidente del cuerpo que desde ahora cambian de denominación a "Consolidación Argentina".

Los ediles Martín Rivas, Mauro de Rosa y Fernando Negrete se habían unido desde sus respectivos espacios políticos para conformar en la nueva composición del cuerpo un bloque unificado bajo el nombre Acuerdo Vecinal.

Tras comenzar a participar de reuniones como parte del armado que impulsa la candidatura presidencial del influencer evangélico radicado en Estados Unidos Dante Gebel, decidieron cambiar la denominación.

La semana pasada hubo una reunión en San Pedro con referentes del armado nacional y provincial de Consolidación Argentina, que tiene al concejal Rivas como parte de la estructura de organización en la segunda sección.

Desde que Consolidación Argentina salió al ruedo para impulsar la candidatura presidencial de Dante Gebel para 2027 han destacado la heterogeneidad de perfiles que forman parte de su armado.

En todo el país, ello incluye referentes sindicales, académicos, deportivos, sociales y empresariales, en busca de una alternativa que sintetice los espacios que deja vacía la grieta entre el oficialismo de Milei y la oposición del kirchnerismo.

Martín Rivas fue candidato en 2021 por Avanza Libertad, de José Luis Espert, y respaldó en ese momento la aparición de Javier Milei como referente libertario, aunque luego comenzó a ser muy crítico, una vez que el presidente comenzó su gestión.

En 2023 fue primer candidato a concejal de la lista de Ariel Rey, aunque se distanciaron en plena campaña. Fue electo en la conjunción de las tres listas de las Paso de  Juntos por el Cambio, junto a Paola Basso y Diego Lafalce.

Cuando asumió, y aunque el reglamento dice lo contrario, le permitieron conformar un monobloque que denominó Juntos por el Cambio, ya que Basso siguió en el de la UCR y Lafalce presidió otro unibloque denominado Juntos por el Cambio-Pro.

Mauro de Rosa había conformado el bloque Avanza con Fe, junto a Viviana Riquelme, quien después se fue con Lafalce para armar un espacio denominado Pro-Libertad.

Riquelme pidió licencia y en su lugar asumió Fernando Negrete, que se sumó al bloque de Mauro de Rosa.  Ambos eran hombres de Ramón Salazar, quien desde La Libertad Avanza enfrentó a su padre cuando Cecilio Salazar decidió regresar al Gobierno y desplazar a su hijo como intendente interino.

Tras las elecciones 2025, en cuya campaña se distanciaron del armado local de Javier Milei, que conducen Luis Silva y la diputada Analía Corvino, cambiaron el nombre a Vecinos de San Pedro.

En diciembre de 2025, finalmente, De Rosa y Negrete se sumaron a Rivas para conformar una bancada que denominaron Acuerdo Vecinal —Rivas había sido candidato vecinalista por Acuerdo Ciudadano en busca de revalidar la banca y obtuvo el 3,75 % con 1286 votos— y que ahora, tras sumarse al armado de Gebel, se denomina Consolidación Argentina.

Referentes de agrupaciones vecinalistas de diversos distritos de la segunda sección electoral se reunieron en San Pedro para afianzar la construcción política de Consolidación Argentina, el espacio que impulsa la candidatura presidencial del reconocido influencer evangélico Dante Gebel.

Los concejales del bloque Acuerdo Vecinal oficiaron de anfitriones de un encuentro del que participaron Juan Pablo Brey, Eugenio Casielles, Pedro Villarreal, Gladys Albarracín y Vasco Minaberrigaray, dirigentes de la mesa nacional de Consolidación Argentina.

Informaron que la reunión tuvo como objetivo poner en marcha una "convocatoria a profesionales, técnicos, docentes, empresarios, trabajadores, referentes sociales y vecinos con experiencia en distintas áreas para integrar la Red Federal de Equipos Técnicos".

En la segunda sección, el concejal Martín Rivas forma parte de la coordinación política del espacio, que a nivel provincial tiene a Villarreal a la cabeza. Anunciaron que habrá "mesas temáticas de trabajo, que funcionarán de manera virtual en todo el país" para "elaborar propuestas concretas de gobierno".

Participaron dirigentes de San Nicolás, Salto, Baradero, Ramallo, Pergamino, Zárate, Capitán Sarmiento y otros distritos, informaron. "La política tiene que recuperar la capacidad de escuchar, de unir y de generar oportunidades desde cada ciudad del país", señalaron.

Antes de la reunión, que tuvo lugar en el teatro café Wojtyla, hubo un encuentro de dirigentes deportivos en Huincaló, encabezado por Pedro Villarreal, que además de conducir el armado provincial de Gebel preside la Unión Nacional de Clubes de Barrio.

En la última sesión del Concejo Deliberante no participaron cuatro ediles, quienes faltaron sin aviso previo ni justificación alguna, por lo que el cuerpo deberá proceder a descontarle la mitad de la dieta.

Martín Rivas, Mauro de Rosa, Fernando Negrete (Acuerdo Vecinal) y Diego Lafalce (La Libertad Avanza) decidieron no presentarse, por lo que el HCD trató los temas del orden del día con 14 de los 18 ediles que conforman el cuerpo.

El presidente, Martín Baraybar, aguardó los 15 minutos que establece el reglamento, tras lo que dio inicio a la sesión. Antes, le habían consultado al prosecretario legislativo Santiago Murray, que responde políticamente al bloque ausente, pero dijo que no se podía comunicar.

Tras la sesión, hubo conversaciones informales respecto de lo que prevé el reglamento interno del HCD en San Pedro ante las ausencias injustificadas de sus integrantes.

La normativa establece que los ediles están "están obligados a asistir a todas las sesiones" y que en caso de no poder concurrir deben comunicarlo para que convoquen al suplente que corresponda.

Pueden suceder imprevistos y ha pasado que el presidente anuncia que sesionarán sin tal o cual porque avisó momentos antes, lo que de alguna manera se puede entender como "ausencia justificada", aunque el reglamento prevé que eso sea "en forma fehaciente".

Las ausencias quedan asentadas en el acta y está previsto que "todo concejal que faltare a las sesiones" será pasible de una "multa del 50 % de su dieta por falta injustificada por cada sesión".

Para ello, el presidente debe disponer un procedimiento que requiere "votación de la mayoría calificada" del cuerpo. Ello implica que, para imponer la sanción disciplinaria prevista para ausencias como las de Rivas, De Rosa, Negrete y Lafalce, es Baraybar quien tiene la responsabilidad de impulsarlo.

Por lo general, no ocurre. Ni siquiera sucedió cuando el bloque completo del oficialismo decidió no concurrir a sesión ante un paro nacional contra Milei, "en respaldo a los trabajadores", una decisión política que dejó sin quorum al Concejo e impidió sesionar.

Dar o no quorum, concurrir o no a sesión puede ser una decisión política y es válida. En San Pedro, al menos, también implica un descuento de la mitad de la dieta. 

Siempre y cuando los concejales cumplan con las normas que ellos mismos son encargados de crear y que rigen la vida de todos.

Tras aprobar la Rendición de Cuentas del ejercicio 2025 del Gobierno del intendente Cecilio Salazar, el Concejo Deliberante trató este jueves, durante la sesión ordinaria, los excesos presupuestarios correspondientes a ese período.

La sesión tuvo la particularidad de que cuatro concejales pegaron el faltazo: los "garantes de la gobernabilidad", que le habían dado su voto al intendente para aprobar las cuentas, esta vez no fueron al recinto.

Martín Rivas, Mauro de Rosa, Fernando Negrete y Diego Lafalce no estuvieron presentes en el Salón Dorado. 

Consultado por La Opinión, Rivas dijo que estuvieron en el "Ceamse, por tema basural" y que luego se reunieron en Baradero con el concejal Juan Ramos y su agrupación 400 años.

Informó que el encuentro se dio en el marco de un armado vecinal en el que el bloque sampedrino trabaja desde el respaldo a la eventual  eventual candidatura presidencial de Dante Gebel.

El presidente, Martín Baraybar, aguardó los 15 minutos que establece el reglamento y comenzó la sesión con 14 ediles. Como también dice el reglamento, deberá iniciar el procedimiento para descontarles la dieta, puesto que no hubo, como en otras oportunidades, información relacionada con dificultades para llegar a la sesión.

El expediente contenía excesos presupuestarios, convenios, contratos, modificaciones presupuestarias y de planta de personal. En la comisión habían estado el secretario de Economía, Roberto Borgo, y la contadora municipal, Mariana Giosa.

A Soledad Llull le tocó defender el proyecto en sesión, aunque no informó ningún argumento respecto de por qué el Gobierno se excedió en las partidas asignadas el año pasado, algo que tampoco explicó demasiado el Ejecutivo cuando elevó el expediente.

Tras el debate, la votación resultó 7 a 7, por lo que tuvo que desempatar el presidente para aprobar los excesos presupuestarios de Salazar durante el año pasado.

Desde la oposición, Ariel Rey preguntó si acaso, teniendo en cuenta la normativa utilizada para justificar esos gastos de más, había ocurrido una "epidemia o inundación", porque es en esos casos en los que la ley autoriza los excesos.

Por su parte, Paola Basso señaló que además la normativa indica que el Ejecutivo debería haber presentado un plan de saneamiento financiero, cosa que no hizo.

"¿Cuáles fueron los hechos tan imprevistos que han ocurrido para que tengamos que estar hablando de un exceso presupuestario?", se preguntó Basso.

"Se nos agrava la situación, lo vemos en los números: estamos peor que antes", disparó y recordó los planteos que hizo durante el tratamiento de la Rendición de Cuentas respecto del “festival de bonificaciones y recategorizaciones” en un Municipio que insume el 91,7 % de los recursos de libre disponibilidad en sueldos.

El concejal Martín Rivas, presidente del bloque Acuerdo Vecinal que completan Fernando Negrete y Mauro de Rosa, explicó ante La Opinión por qué votaron a favor de la Rendición de Cuentas 2025 tras haber sido críticos opositores al Gobierno de Cecilio Salazar, posición que modificaron desde las últimas elecciones a esta parte.

Rivas y sus compañeros de bloque no pidieron la palabra en sesión —a excepción de De Rosa, aunque sólo para apurar la votación—, lo que llamó la atención, sobre todo del presidente del bloque, que suele intervenir en todos y cada uno de los expedientes que se tratan en el recinto.

Rivas dijo que no tenía mucho sentido hablar "después de la campaña política de La Libertad Avanza, del bloque de Rey y del análisis inexacto de la doctora Basso".

Respecto de la exposición de la concejala radical, señaló: "Vamos a chequear y vamos a ver que los números que tiró estaban errados en su mayoría, como en otras oportunidades".

"Decidimos, como habíamos hecho en el Presupuesto y en las acciones que creemos tenemos que tener hoy, poner por delante los intereses de San Pedro, acompañar para dar herramientas, un marco de gobernabilidad, y exigir cuando vemos algo que está mal, con una propuesta superadora, no solamente con la crítica y el voto negativo", argumentó el concejal el acompañamiento.

En ese marco, analizó: "Cambió, muy claramente, el esquema de la política nacional y provincial. Estamos realmente en un momento de crisis, no en el Municipio de San Pedro, que no ha generado las herramientas necesarias para levantar la base imponible y recaudar más, pero vemos a los municipios vecinos y encontramos la misma problemática".

"Hay recesión en los comercios, la gastronomía, el turismo y si a eso le sumamos la desfinanciación del Gobierno nacional en áreas claves, el aumento de los impuestos nacionales que no vuelven, creo que el esquema es realmente diferente a lo que planteábamos en años anteriores", sostuvo.

También, al igual que el oficialismo, tuvo cuestionamientos para el Gobierno del presidente Javier Milei: "El cambio es ese, el esquema de la política nacional, que en lugar de traer cuestiones justas para los vecinos y quitar la casta del poder, se generó una nueva casta, una presión fuerte sobre las provincias y por ende sobre los municipios, que es el primer mostrador y está todo el tiempo a punto de estallar y en ajuste y crisis, porque no llegan las partidas que deberían llegar".

Un violento episodio registrado en la Municipalidad con concejales como protagonistas ocurrió este jueves en en la zona de la Secretaría de Economía, antes de la sesión ordinaria del Concejo.

Mientras revisaban documentación relacionada con la Rendición de Cuentas, una situación entre los ediles Ariel Rey (San Pedro Puede) y Martín Rivas (Acuerdo Vecinal) terminó con una acusación de agresiones físicas.

El concejal Rey elevó una nota a la presidencia y radicaba una denuncia penal por "un hecho de extrema gravedad", según dijo en la nota y a La Opinión: "Me propinó un golpe de puño en la cara".

"Sabemos que todas estas cosas van a pasar, lo tenemos claro, se va a poner peor", señaló el presidente del bloque San Pedro Puede y aseguró que no estaban "discutiendo" sino que fue parte de "las actitudes violentas" y las "típicas conductas de un concejal que saca menos del 3 por ciento cuando se presenta solo a elecciones".

Rey dijo que la situación ocurrió delante de varias personas, como su compañera de bloque Mariana Reynoso, Paola Basso, Joaquín González, Roberto Borgo, Candelaria Cusucuela.

"Es vergonzoso y bochornoso, pero denunciamos muchas veces y hay una práctica normalizada y cotidiana de tapar todo: la corrupción, el robo, estas conductas vergonzosas de parte de la corporación política, porque todos se deben algo", cuestionó.

Calificó a Rivas de "cobarde" y de estar "pago para hacer esto". En ese marco, chicaneó: "Son los últimos manotazos de ahogado, dar sermones sí le sale pero cuando tienen que hablar con la gente no supera el voto en blanco".

Martín Rivas salió de la sesión y se dirigió a una reunión con el intendente Cecilio Salazar y la directora de Turismo, Marcela Cuñer, que fue presentada oficialmente este jueves.

En ese marco, dijo a La Opinión que Rey "es un maleducado" y agregó: "No le voy a permitir los insultos". Aseguró que la intención del concejal de San Pedro Puede es "hacer prensa" con "una falta de respeto total".

Consultado sobre la situación ocurrida, aseguró que no golpeó a Rey y que si llegara a haber sucedido algo así "se le notaría" al otro edil. "Sí discutimos, porque no lo dejo que falte el respeto, está mal acostumbrado", agregó.

Rey y Rivas ya protagonizaron otros conflictos. Cuando el primero era candidato a intendente en 2023, el segundo fue su primer postulante al Concejo y de hecho ocupa la banca gracias a ello. En medio de la campaña, se pelearon y tomaron caminos distintos.

Esa disputa siguió y cuando Rey asumió como concejal hubo denuncias cruzadas ente Rivas y los asesores del presidente del bloque San Pedro Puede por agresiones en los pasillos.

El espacio político Consolidación Argentina, que impulsa la candidatura presidencial del influencer evangélico Dante Gebel desembarca en la provincia de Buenos Aires y dirigentes sampedrinos se suman a ese armado.

El fin de semana hubo un encuentro en la sede del Sindicato de Textiles (Setia) del que participaron los concejales del bloque Acuerdo Vecinal Martín Rivas y Fernando Negrete, convocados junto a otros ediles vecinalistas de la segunda sección.

Pedro Villarreal, responsable del armado provincial, encabezó el encuentro junto a referentes nacionales como Juan Pablo Brey, el legislador porteño Eugenio Casielles y el anfitrión José "Vasco" Minabereigaray, entre otros dirigentes.

Llamó la atención la aparición pública en ese encuentro político de Mauro de Rosa, quien está de licencia como concejal tras protagonizar un escándalo en el club Paraná, donde bajo los efectos del alcohol se metió en los baños de mujeres y fue denunciado por delitos relacionados con acoso sexual, ratificados en Fiscalía y con proceso penal que avanza en la Justicia.

Los referentes locales de Acuerdo Vecinal, que incluyeron también al subsecretario legislativo Santiago Murray, fueron parte de una mesa de trabajo que tendrá continuidad.

Allí  abordaron cuestiones relacionadas con "problemáticas locales, regionales y provinciales, con eje en el desarrollo productivo, el potencial portuario, la generación de empleo, la infraestructura y el aprovechamiento estratégico de los recursos", informaron.

Los presentes acordaron avanzar en una agenda de trabajo regional y esperan visitas de referentes nacionales de Consolidación Argentina, espacio que en la última semana ganó visibilidad tras el arribo al país de Gebel, quien reside en Estados Unidos, que todavía no confirma su decisión de ser candidato a presidente.

El Concejo Deliberante aprobó un proyecto para solicitar datos a la agencia local de Anses, relacionados con el desempleo local y con el objetivo de tener herramientas que permitan abordar la problemática.

La iniciativa fue propuesta por el bloque Acuerdo Vecinal, que ya había solicitado datos a la Oficina de Empleo del Gobierno municipal y que ahora quiere obtener detalles de la dependencia nacional.

Para aprobar el expediente hubo que hacerle modificaciones sustanciales, puesto que los concejales Joaquín González, de La Libertad Avanza, y Damián Mosquera, de Nuevos Aires y empleado de Anses, organismo que condujo, advirtieron inconsistencias en el planteo original.

La fundamental fue el hecho de que la solicitud fuera relacionada con "la cantidad de personas que han sido dadas de baja de sus trabajos en relación de dependencia", información que se canaliza por Arca (ex Afip) y no por Anses.

Rivas aceptó el planteo de Mosquera y hubo una moción para que el pedido sea sobre "personas que han solicitado la prestación por desempleo" desde el 10 de diciembre de 2023 hasta el 31 de marzo de 2026, con detalle de género, franja etaria y sector económico de procedencia laboral.

El proyecto fue presentado como un pedido de informe, pero no puede tener la característica de exigencia que tiene ese instrumento de control, puesto que Anses es un organismo de Nación y el Concejo se limita constitucionalmente al régimen municipal.

Aunque en los considerandos decía que solicitaban el pedido de informe con arreglo al rol de contralor del Concejo Deliberante —algo que sólo rige para el Ejecutivo municipal—, en el recinto Rivas respaldó su iniciativa con la ley de acceso a la información pública, que bien podría ser herramienta para que solicite personalmente los datos requeridos, sin que ello implique que se apruebe un pedido de informe.

En ese sentido, pasó en la sesión algo un tanto insólito: el presidente Martín Baraybar autorizó a que por Secretaría Legislativa se lea esa ley de acceso a la información pública, algo que luego tuvo que reconocer que no corresponde, puesto que se trataba de un argumento del autor del proyecto para defender su postura.

Con las modificaciones introducidas, el proyecto fue aprobado en la sesión y la comunicación deberá remitirse oficialmente a Anses, cuyo titular local, César Bologna, no tiene obligación de responder en la medida que el "pedido de informe" aprobado no tiene característica vinculante para con ese organismo nacional.