Este sábado, el responsable de la empresa Proyecto Steel, Martín Oña, accedió a una entrevista con Lilí Beradi en Sin Galera y durante alrededor de media hora estuvo sentado en el estudio para responder en vivo en el programa todas las preguntas relacionadas con la denuncia por “estafa y administración fraudulenta” en la que está involucrado.

Oña relató lo que ocurrió desde que en diciembre del año pasado su socio Diego Pereyra decidió retirarse de la compañía y comenzó una “reestructuración” que implicó demoras en la ejecución de las obras tal como estaba previsto, aunque aseguró que “el dinero está para construir las viviendas”.

“No me preocupa porque no estafé ni voy a estafar a nadie”.

“A partir de mayo empezamos a recibir a todos los clientes, y desde entonces estamos dando respuestas para retomar la construcción”, dijo Oña e informó “Cerramos más de 20 acuerdos con personas que querían saber qué iba a pasar con su casa, nos sentamos y encontramos solución. Hay activamente siete obras empezadas de esos acuerdos y las otras 13 están en proceso de arranque, con fecha”.

Martín Oña y la empresa Proyecto Steel fueron denunciados por 14 personas que consideraron haber sido estafados por el constructor, porque la vivienda por la que desembolsaron el 50 por ciento del monto total de la obra no está en pie ni los materiales fueron acopiados, tal como dijo en Radio Cuarentena el abogado que patrocina a 11 de los denunciantes, Adrián Tellas.

“Tenemos buena predisposición del 85 por ciento de los clientes a los que tenemos que hacerles la vivienda, tenemos en total alrededor de 105 contratos”, sostuvo.

“Acá no hay nada sistemático, no es que nos dormíamos para que las cosas no se hagan”, dijo Oña y rechazó el planteo del abogado, que consideró que se trataría de “una estafa piramidal” por lo que difícilmente alguien pueda recuperar su dinero.

“Esto no es un estafa piramidal, para nada, tampoco considero que me fundí, cada obra tenía su caja para que se ejecute”.

Oña señaló a Ramiro Lascano, uno de los denunciantes que expuso su caso ante La Opinión como “una persona que rompe el esquema y quiere que todo esto desaparezca, que no le hagamos la casa a nadie” y que “empuja al resto”.

“No sé cuáles son sus razones, las sabrá él, pero es un acto totalmente dañino, manda fotos de mi familia, amenaza, yo creo que no tiene ganas de hacer su obra sino que esto se destruya, no sé qué ganaría él con todo esto”, dijo Martín Oña.

El constructor contó que a fines de marzo hubo un “acto vandálico” en sus oficinas, donde, relató, entró un grupo entre los que se encuentran los denunciantes y se llevaron información de los clientes que la empresa tiene en todo el país, a quienes, dijo, comenzaron a contactar para generar paranoia respecto de las posibilidades de la empresa de cumplir con las obras pendientes.

“Con Ramiro Lascano estuvimos reunidos, tratamos de llegar a un acuerdo y no quiere porque cree que soy un mentiroso y que las cosas no van a prosperar, entonces prefiere enloquecer al resto y no dejar que la empresa funcione”, se quejó Oña.

“El dinero está disponible para terminar las obras, hay que sentarse con cada uno y acordar el inicio, las formas y todo”.

Reconoció que pudo haber habido alguna “mala práxis”, así lo llamó, en cuanto a demoras en la ejecución, pero explicó: “Acá hay tiempos de trabajo de arquitectura, de Municipalidad, de gestoría, y todo el mundo sabe cuando cierra un contrato que esos tiempos existen. Todos los contratos tienen un tiempo de ejecución de obra, que no corre desde el día en que firmaste”.

“Hay muchos denunciantes que tienen trabajos hechos que no se cobraron”, dijo y apuntó a otra de las denunciantes que mantuvo contacto con La Opinión, Elizabeth de Dio: “Tiene el 30 por ciento de la construcción que no se certificó porque no se abonó y el contrato es claro con eso”.

“Nosotros nos dedicamos a construir. Estoy sentado acá, tengo la empresa funcionando, estoy en los zapatos de cada uno”, dijo y repitió: “La plata está para construir y para trabajar, estamos diciéndoles a los clientes que nos ayuden, con muchísima gente nos sentamos a charlar y hay otros que no quieren”.

Dos allanamientos en San Pedro y alrededor de 15 en la zona de Buenos Aires y el conurbano tuvieron lugar en los últimos días en el marco de la causa penal radicada en Capital Federal que investiga el incumplimiento de la empresa sampedrina Proyecto Steel respecto de contratos para la construcción de viviendas.

La denuncia radicada por decenas de damnificados es por estafa y administración fraudulenta, puesto que cada uno de ellos entregó entre 20 y 50 mil dólares para que la firma cuya cara visible es Martín Oña les construya la casa pero no obtuvieron nada a cambio.

El abogado de 11 de los damnificados que fueron a la Justicia, Adrián Tellas, explicó en Radio Cuarentena los alcances y el estado de la causa penal que tramita en el Juzgado Criminal y Correccional 7 de Buenos Aires, a cargo de Paula González.

Tellas contó que sus representados antes y después de radicar la denuncia intentaron comunicarse con la empresa y la respuesta que obtuvieron fue que “no estaban en condiciones de construir la casa” y que iban a “reestructurar la compañía”.

Además, “quienes optaron por la vía civil, que mandaron carta documento para iniciar mediación ni siquiera pudieron notificarlos, venían rechazadas”, señaló el abogado.

Los denunciantes son familias que firmaron contrato con Martín Oña y Diego Alberto Pereyra, en representación de la empresa Proyecto Steel, para la construcción de viviendas bajo el sistema steel framing.

Entregaron en dólares el equivalente a la mitad del costo total del proyecto. El 40 por ciento estaba destinado a acopiar materiales “para congelar precio”, señaló el abogado. Sin embargo, “hasta donde se supo no hay acopio de material de ninguna de las personas que han puesto esos dineros”, indicó.

“Mi experiencia me indica que estos casos, aunque no hay uno igual a otro, se puede hacer un paralelo con estas estafas piramidales que son noticia corriente, con gente condenada, detenida, etc., en la que quizás no se pueden recuperar los fondos”, advirtió el abogado.

“Sería auspiciosa que la persona que cometiò estos delitos recapacite y pueda enmendar el mal que ha hecho, entiendo que quizás no pueda enmendarlo del todo, pero bueno, normalmente estos casos, cada vez más, terminan en condena”, agregó.

Respecto del dinero entregado, Tellas señaló que “la lógica indica que deberían estar en los corralones, por eso entendemos que si no hubo una intención inicial de de defraudar esa confianza depositada por cada uno de los clientes hay una administración infiel porque el dinero que debía destinarse a los materiales no se destinó a esos fines”.

Inicialmente, muchos damnificados pensaron en reclamar el material y contratar a otra empresa para continuar con la construcción, pero se encontraron con que al no haber acopio en los corralones habían perdido todo.

“En este momento rige un secreto de sumario porque hay posibilidades de hacer allaamientos, detención de personas, etc., por lo que no puedo dar mayores detalles. Pero normalmente el proceso es que tras la denuncia, se presentan pruebas, el fiscal analiza el mérito, solicita al juez medidas restrictivas de derechos o para procurar pruebas, cosas como detenciones, allanamientos, embargos”, explicó el abogado sobre el devenir de la causa.

Además de la cuestión penal, que puede implicar condenas de prisión, los damnificados esperan actuar en la vía civil para recuperar el dinero que pagaron, por el que deberán responder los responsables con su patrimonio, dijo el abogado.

“Hay casos de todo tipo, algunos verdaderamente conmueven, han puesto ahorros de toda la vida en este proyecto y ven frustrado poder continuar el proyecto y otros que como consecuencia de aprobar planos y no iniciar la obra debe pagar en barrios cerrados cánones mensuales más onerosos”, detalló.

El miércoles, la Policía Federal allanó dos domicilios ubicados en Sarmiento al 700, una oficina comercial y una vivienda familiar, donde secuestraron elementos de interés para la causa penal en trámite.

La Policía Federal de San Nicolás procedió este miércoles por la mañana a cumplir en San Pedro con dos allanamientos ordenados por la Justicia en el marco de la causa conocida como “Proyecto Steel”, en la que los responsables de esa empresa sampedrina están acusados de presuntas estafas a familias que los contrataron para la construcción de sus viviendas.

El operativo, ordenado por el Juzgado nacional en lo Criminal y Correccional Nº 7 de Buenos Aires y la Fiscalía 34, se dispuso en San Pedro en dos domicilios: el local comercial de Sarmiento 766 y la vivienda familiar ubicada enfrente, en el 755 de la misma avenida.

La Unidad Operativa Federal de San Nicolás y la División Antifraudes cumplieron con el procedimiento, ordenado para secuestrar recibos, facturas y otra documentación en soporte físico o digital de interés para la causa.

Además, la tarea implicaba este miércoles el desarrollo de un operativo simultáneo en Buenos Aires, con alrededor de 15 allanamientos ordenados por la Justicia en el marco de la investigación.

La empresa Proyecto Steel, cuya cara visible era el sampedrino Martín Oña, fue denunciada por alrededor de 15 damnificados que consideran que fueron estafados porque contrataron sus servicios para construir viviendas bajo el sistema steel frame y la firma no cumplió.

Los contratos estaban firmados por Martín Oña y Diego Alberto Pereyra, en representación de la empresa Proyecto Steel. Cada familia —los denunciantes son alrededor de 15 pero se habla de más de 100 damnificados— entregó entre 20 y 50 mil dólares para la vivienda que nunca les construyeron.

Ramiro Lascano entregó más de ocho millones de pesos a la empresa para construir su casa en La Plata. “No voy a parar hasta verlo preso”, dijo tras detallar y documentar su situación y aludió a la publicidad en la que personas famosas recomendaban los servicios de la empresa que firmaba contratos en los que figuran como responsables Martín Oña y Diego Pereyra.

El titular del recibo N° 058 que el pasado 11 de marzo de 2022, entregó una suma extra de 1.931.501 pesos en concepto de “Adicionales llave en mano”, habló en Radio Cuarentena.

Su contrato con los responsables de Proyecto Steel estaba garantizado con los 6 millones, trescientos cinco mil que había aportado como entrega el 30 de septiembre de 2021.

Su casa en el lote 113 del Barrio Haras del Sur debería estar terminada o a punto de ser entregada.

“Ya no sé si me importa recuperar la plata”, señaló quien decidió denunciar a los titulares de la firma tras haber tomado contacto con decenas de damnificados. Algunos ya tienen patrocinio letrado y negocian contrarreloj bajo una promesa que llevó vía WhatsApp el pasado lunes donde se indica que están “reestructurando” la empresa con “nuevos inversores” y que reabrirán el próximo 3 de mayo.

Allí reside la esperanza de Luciana que pagó por una casa en Córdoba o la de otra mujer que envió el video de Guido Süller, que se publicó en medios santafesinos y la llevó a pensar que se trataba de una propuesta confiable.

Ella entregó dólares, cotizados al blue como también le sucedió a otra mujer que el domingo dijo: “Yo no puedo mostrar que le di los dólares porque el recibo dice pesos pero era la plata que cuando murió mi papá tenía para empezar a hacerme mi casa, me los cotizó al paralelo porque me rendía más”.

Todos aguardan que con la repercusión de la noticia en San Pedro, los responsables indiquen de qué manera cumplirán con los compromisos o les devolverán el dinero.La Opinión intentó comunicarse por varias vías pero hasta el momento solo logró una versión de allegados a Diego Pereyra. Dicen que están muy preocupados y que se enteraron de esta noticia tras las publicación de este medio porque “Diego se fue de la empresa hace más de un año y no tiene nada que ver”.

La misma fuente señaló que llegaron a Proyecto Steel con la intención de construir una casa y que como eran conocidos de Oña fueron invitados a participar como socios. Indicaron además que al tiempo decidió retirarse porque los compromisos comenzaron a complicarse.

De hecho uno de los compradores asegura que le pagó a Pereyra en mano: “Me recibió el dinero por primera vez, no en la oficina de la calle Corrientes, sino en la calle Virasoro”, refirió respecto al encuentro que mantuvo el 6 de junio de 2021 y luego detalló como él y otros clientes creen haber sido engañados.

“A uno le decían que habían hecho mi casa en La Plata y al otro de Villa La Angostura le mostraban otras”, dijo. Sin embargo la que siempre tomaban como referencia es una que se erige en la calle Poeta Aníbal de Antón 1845 y que hasta hace tres semanas era exhibida como ejemplo de la marcha de las obras.

La investigación y los remitentes de documentación a este medio no cesan. Entre el martes y el miércoles, más de 100 personas han consultado y un abogado que iba a ofrecer declaraciones el pasado lunes hoy respondió: “Estoy recién en proceso de contactarme con las víctimas y aún son pocas las que han tomado la decisión de contratar mis servicios, por lo que quizás la semana que viene tenga un panorama más claro y quizás con una denuncia ya interpuesta”.

El lunes será un día clave, pero no tanto como para no tomar como una mala “broma” lo que le sucedió a uno de los perjudicados cuando le entregó más de 37.0000 de los 49.900 dólares billete en mano a Pereyra: “Es el que me recibió los dólares, me los contó y me rechazaba alguno de los dólares de cabeza chica”.

Meses más tarde volvió a confiar y a solicitar la construcción de una pileta por la que entregó otra suma cuando una persona que oficiaba de “Gerente General, de nombre José Parma” recibía los pagos.

Desde la semana pasada, La Opinión recibe a diario mensajes coincidentes respecto de una presunta estafa en la que estaría involucrada una empresa constructora sampedrina a la que decenas de familias señalan por haber recibido miles de dólares por contratos para construir viviendas y no cumplir.

Los relatos son coincidentes y los documentos a los que tuvo acceso este medio dan cuenta de que se firmaron contratos por parte de los contratantes con dos referentes locales de la empresa Proyecto Steel, identificados como Martín Oña y Diego Pereyra.

Al menos más de 30 forman parte de uno de los grupos de WhatsApp conformados por los damnificados y que ya tiene representación legal con un abogado que prepara la denuncia penal para que la Justicia intervenga en lo que consideran tipifica el delito de “estafa”, según explicaron.

Los relatos coinciden en señalar que firmaron esos contratos y que hicieron entrega de entre 20 y 50 mil dólares, según las dimensiones de la vivienda a construir, y que a alrededor de seis meses del contrato y el desembolso del dinero no sólo no tuvieron novedades de la obra sino que la empresa “despareció” y sus responsables no atienden el teléfono.

Desde que el sábado en Sin Galera salió al aire el primer testimonio de damnificados, La Opinión intentó infructuosamente comunicarse con los titulares de la empresa. Hasta el momento, no hay versión de su parte de lo ocurrido y sólo hablaron representante de las familias que señalan a la constructora por no cumplir con los contratos.

Este martes salió al aire en Radio Cuarentena una mujer identificada como Luciana Alagia relató su situación. Oriunda de La Plata, contrató a la empresa Proyecto Stell para construir una vivienda en el pueblo turístico Potrero de Garay, en Córdoba. “Ellos te exigían el 50 por ciento asegurando que con eso congelaban el precio de los materiales”, explicó.

La obra nunca comenzó. A seis meses, la única respuesta que obutuvo fue “a fines de marzo, que estaban reestructurándose y buscando inversores”. Algo similar les informaron a los damnificados, que serían más de 100, en un audio de WhatsApp que uno de los responsables de la empresa envió el lunes a las 6.30 de la mañana. Luego el teléfono dejó de estar operativo.

“Recibí un whatsapp 6.30 por parte de Martín Oña, se ve que fue en cadena, en general, que la empresa iba a permanecer cerrada hasta el 3 de mayo, que todas las áreas técnicas iban a trabajar a puertas cerradas hasta el momento de reestructurar”, dijo Alagia. Muchos otros daminificados coincidieron, puesto que también recibieron ese mensaje.

En una reunión que registraron en video se escuchan los reclamos respecto de lo que pagaron y la falta de respuestas. “No sabemos dónde están los materiales, si los compraron o no”, preguntó una mujer. “Los compramos, en ningún lugar el contrato dice que tengo que mostrarte los materiales”, responde el interlocutor.

En el video se escuchan más de diez personas que increpan a quien sería el constructor sampedrino. “Explicanos por qué estamos acá”, le dicen. “Por un desastre nuestro de obra”, responde y reconoce el incumplimiento de los plazos. “Vengo demoradísimo con los contratos”, agrega. “Falta personal, no hay inspección en las obras, falsas publicidades de que vas a terminar las obras en seis meses”, le reclaman.

Uno de los contratos a los que tuvo acceso La Opinión, por una vivienda de alrededor de 150 metros cuadrados, fue firmado por un monto de 17,5 millones de pesos. Según el convenio, al momento de firmarlo se abonaba la mitad. El 10 por ciento de ese dinero iba como adelanto de mano de obra y el resto para “acopio de materiales”.

El resto de los pagos estaba previsto que se desembolsaran según certificación semanal o quincenal, de acuerdo al avance de la obra. En general, los plazos máximos de ejecución eran de entre 160 y 180 días de trabajo de lunes a viernes de 8.00 16.00, con un primer mes contemplado para la confección de la documentación técnica e ingeniería. Es decir que los contratos firmados en octubre deberían estar listos. La mayoría de las obras no comenzó y algunas quedaron inconclusas.

“No respondieron más, no están en las oficinas, los empleados renunciaron porque no cobraron”, señaló otra de las damnificadas cuando el sábado salió al aire en Sin Galera. “Este señor no nos va a devolver un peso, hace tiempo que están dando cheque sin fondo, no van a poder cumplir con 120 personas a las que les deben sus casas”, agregó.

La damnificada envió una carta documento luego de que el martes de la semana pasada los damnificados dejaran de recibir respuestas por parte de la empresa. El resto hizo lo propio. “Yo entregué más de 20 mil dólares, hay gente que entregó más de 50 mil dólares”, dijo y agregó: “Somos todas familias de trabajo que viene juntando el dinero hace mucho tiempo, son ahorros de toda la vida”.