El Concejo Deliberante aprobó este jueves, en la primera sesión del año, los expedientes relacionados con el 50° aniversario del Golpe de Estado que en 1976 instauró la última dictadura cívico militar en la Argentina.

Los expedientes incluían sumar al registro de patrimonio histórico una serie de mojones que en los últimos años dispuso la Mesa por la Memoria en diversos puntos de la ciudad para recordar a los desaparecidos y otras víctimas del terrorismo de Estado.

Además, votaron la declaración de 2026 como Año de la Memoria, la Verdad y la Justicia a 50 años del Golpe de Estado, una iniciativa que implica que esa leyenda aparezca en todos los membretes de la documentación oficial administratica del Municipio y el Concejo.

Como se esperaba, el tema generó debate y posiciones disímiles. Los ediles Martín Rivas y Diego Lafalce votaron en contra ambas propuestas; Joaquín González y Melina Panatteri se opusieron a la segunda.

Rivas expresó su "respeto hacia las familias que perdieron seres queridos" a manos del terrorismo de Estado, pero también recordó a las "víctimas de la guerrilla" y pidió "memoria, verdad y justicia en todos sus aspectos, no de una manera sesgada".

El presidente del bloque La Libertad Avanza, Joaquín González, aseguró que "nadie desconoce lo que fue el Golpe de Estado" y que "memoria, verdad y justicia forman parte de los valores fundamentales de la democracia".

Aun así, él y su compañera de bloque decidieron votar en contra de la declaración: "No creemos que todo el año deba estar bajo una consigna y que eso esté en la documentación oficial", dijo.

El presidente del Concejo Deliberante, Martín Baraybar, bajó del estrado tras solicitar hacer uso de la palabra, por lo que fue reemplazado por el vicepresidente primero, Cristian Leguizamón.

Desde la banca, Baraybar aseguró: "Todavía nos niegan saber dónde están los desaparecidos. La dictadura nos dejó mucho dolor y debemos aprender de ese dolor".

En ese marco, sostuvo que "hay que aprovechar los momentos, porque la política se trata de hechos y simbolismos", por lo que "50 años del Golpe de Estado ameritan que todos los partidos políticos, los estados municipales, provinciales y nacional se pongan al hombro estas actividades, que nos permiten tener memoria, pensar el futuro sabiendo lo que pasó".

El intendente Cecilio Salazar brindará el decimoprimer mensaje anual desde que gobierna San Pedro este miércoles a las 19.00.

Así lo convocó el presidente del Concejo Deliberante, Martín Baraybar, que dispuso ese día y horario para el acto de apertura de sesiones ordinarias del cuerpo.

El jefe comunal hará un repaso del complejo año 2025 en materia económica y financiera, año electoral en el que el Gobierno local perdió por primera vez las elecciones a manos de la lista que encabezó Ariel Rey por La Libertad Avanza.

Por su puesto, se espera que Salazar haga anuncios relacionados con obras y proyectos planificados para el ejercicio 2026, anteúltimo de su tercer mandato.

Además, será el primer mensaje anual que le toca brindar a Cecilio ante un Concejo Deliberante en el que ya no cuenta con mayoría propia y en el que necesitará buscar respaldo para aprobar iniciativas.

El bloque que le responde directamente, Fuerza Patria, tiene apenas siete miembros, aunque cuenta con los aliados del "interbloque de la gobernabilidad" que preside Martín Rivas.

Los concejales deberán anunciar días y horarios en los que sesionarán durante el período 2026, que será los segundos y cuartos jueves de cada mes, aunque ya no a las 14.00, como el año pasado, sino que el plan sería pasar las sesiones a las 11.00 de la mañana.

Será la primera sesión desde que Mauro de Rosa entró de licencia tras el escándalo que protagonizó en el club Paraná y por el que afronta una causa penal en la Justicia relacionada con cuestiones de género.

El Concejo Deliberante de San Pedro definirá este lunes, en el ámbito de la comisión de Labor Legislativa, qué postura institucional adoptará frente a la denuncia radicada contra el concejal Mauro De Rosa.

El titular del cuerpo deliberativo indicó en el programa Sin Galera que ya mantuvo contactos con los presidentes de los bloques y que la reunión formal servirá para analizar “qué herramientas tiene el Concejo de acuerdo a la Ley Orgánica y al reglamento interno, que regulan el funcionamiento y las posibles sanciones a los ediles”, señaló.

Baraybar explicó que la legislación vigente “prevé sanciones vinculadas principalmente al desempeño dentro del cuerpo —como ausencias o cuestiones de orden— y que, en materia de expulsión o suspensión preventiva, establece limitaciones cuando se trata de delitos de instancia privada”.

En ese marco, sostuvo que el Concejo no tiene facultades directas para disponer la exclusión o una licencia obligatoria del edil denunciado.

A su vez, señaló que una eventual licencia dependería de una decisión personal de De Rosa, ya que no puede ser impuesta por la presidencia ni por otros bloques. No obstante, aclaró que el cuerpo evaluará posibles interpretaciones del reglamento y alternativas dentro de los márgenes legales.

Asimismo, resaltó que la investigación corresponde a la Justicia y que el Concejo debe actuar con “prudencia institucional”.

Por lo tanto, la reunión del lunes permitirá analizar el tema y definir si adoptan alguna medida “institucional” o si promueven cambios en la normativa interna para futuros casos.

De Rosa protagonizó un hecho escandaloso en el club Paraná el miércoles 18 por la noche. Molestó a personas que estaban en la zona de mesas tomando mates y se metió en los baños de mujeres.

Sus actitudes fueron determinantes para que lo echaran, además de evidenciar que se hallaba sobrepasado en el consumo de alcohol.

Esto también le valió una denuncia penal de su par, la concejal Tamara Vlaeminck.

Este martes, el intendente Cecilio Salazar y el presidente del Concejo Deliberante, las máximas autoridades políticas de la ciudad, recibieron en el Palacio municipal a la subcomisaria Paola Vela, titular de la Comisaría de San Pedro.

El Gobierno comunicó que el encuentro fue para hacer "un balance del trabajo que viene desarrollando" la responsable de la dependencia local y para dialogar sobre las "herramientas necesarias para fortalecer las tareas cotidianas".

Salazar y Baraybar tuvieron un gesto de respaldo institucional hacia Vela, en una reunión que ofició como balance de 2025 y planificación para 2026, pero también como una muestra de acompañamiento y ratificación de la titular de la Comisaría para el año que viene.

Ello porque en las últimas semanas hubo algunos cortocircuitos en la conducción policial regional que habrían generado desavenencias entre la Comisaría local y la superioridad con asiento en San Nicolás.

En ese marco, hay quienes aseguran que Vela tiene una férrea conducción de su equipo de trabajo cuyas formas no siempre coinciden con las de los superiores nicoleños.

Pero también están los que sostienen que la subcomisaria no estaría dispuesta a cumplir con ciertos requerimientos que no siempre van por los carriles regulares de las tareas policiales.

Así, el intendente Cecilio Salazar habría pedido personalmente por la continuidad de Vela ante el ministro de Seguridad, Javier Alonso, y hasta habría consultado acerca de las condiciones que tiene la titular de la Comisaría para ascender en el corto plazo.

"El intendente ratificó el acompañamiento institucional, reafirmando la importancia de sostener el trabajo coordinado y el apoyo necesario para continuar mejorando la prevención y la respuesta ante las demandas de la comunidad", comunicó el Gobierno.

La reunión, la foto, el pedido ante Provincia y la posición que Salazar sostiene puertas adentro en defensa de la continuidad de Vela fueron leídos como un respaldo político en una ciudad que tiene Policía Comunal, por lo que el intendente debe asumir responsabilidades mayores.

“Trabaja bien y Cecilio la banca al 100 por ciento. Seguramente se va a reunir con el superintendente (comisario mayor Alejandro Ledesma) para dialogar con él, porque hay muchos rumores y quiere cortarlos.”, aseguraron desde Palacio.

"Vela es la jefa de la Comisaría de San Pedro y seguirá al frente porque así lo quiere el intendente",  sostuvieron funcionarios de la mesa chica que acompañan a diario las decisiones de Salazar.

Paola Vela, que además es abogada y está inscripta en la matrícula nicoleña, llegó a la titularidad de la Comisaría tras conducir el Comando de Prevención Rural San Pedro. 

Fue designada en marzo, tras la decisión del Gobierno de relevar a Juan Ramón Catalano y Andrés Galiano de la cúpula policial local. 

Andrés Ferrari, uno de los asesores de Ariel Rey en el Concejo Deliberante, denunció penalmente al edil Martín Rivas por el altercado ocurrido en el Concejo Deliberante este martes.

Rivas envió una nota a la presidencia en la que dijo haber sido "agredido verbalmente" y "empujado" por Ferrari y Enzo Gravino, asesores de Rey en el Concejo, a quienes calificó ante La Opinión como "unos maleducados".

Cuando este medio consultó a Gravino, el exjefe de campaña de Rey se sorprendió, porque a la hora en la que ocurrieron los hechos, luego de la sesión extraordinaria de las 11.00, ya no estaba en el edificio.

Ferrari, por su parte, confirmó que denunció penalmente a Rivas por haber sido agredido físicamente con un golpe y hasta pasó por la Guardia del Hospital para la correspondiente revisión, conocida en la jerga policial como el "informe precario médico".

"Lo único que tengo par decir es que no toqué a nadie ni miré a nadie. Lo único que le dije fue 'qué te pasa' y eso fue después de que me pegara", dijo Andrés Ferrari en diálogo con La Opinión.

Según consta en la denuncia, además de Ariel Rey estaban como testigos dos mujeres, entre ellas Liliana Augusto, presidenta de la Red Mundial de Salud Mental.

"Me da lástima que el Concejo, ahora con nosotros siendo parte, tenga esta situación. Desde que llegaron Ariel y Mariana como concejales, a pesar de las insistentes búsquedas de ellos, evitamos cruzar palabras y hasta miradas" con Rivas, señaló Ferrari.

El presidente del Concejo, Martín Baraybar, intervino al observar una situación en el pasillo y convocó a su despacho a Rivas y a Rey para advertirles que es necesario que mantengan la convivencia pacífica dentro del cuerpo.

Una discusión que tuvo lugar en los pasillos del Concejo Deliberante este martes derivó en una acusación del edil Martín Rivas contra dos asesores de Ariel Rey, a quienes señaló por "agresiones verbales y empujones".

La situación ocurrió cuando terminó la sesión extraordinaria prevista para las 11.00, que tenía efectos formales, puesto que sólo había que darle ingreso a los expedientes del listado de Mayores Contribuyentes y los del paquete de ordenanzas del Presupuesto 2026.

Luego, y antes de que comience la reunión de la Comisión de Presupuesto, se produjo el altercado en los pasillos, con el concejal de Acuerdo Vecinal Martín Rivas y el asesor del bloque San Pedro Puede Andrés Ferrari como protagonistas.

Se cruzaron, pasaron demasiado cerca uno del otro y la tensión creció. Ariel Rey, que estaba cerca, intervino para evitar que la situación pasara a mayores. 

El presidente del Concejo, Martín Baraybar, hizo lo propio y trasladó a los dos ediles a su despacho para calmar las aguas y advertirles que es necesario que cuiden las formas y controlen a la gente que los acompaña.

“Los junté en la presidencia y estuvimos hablando de algunas cosas que no tienen que pasar en el marco de convivencia en la que tenemos que trabajar”, dijo Baraybar  a La Opinión sobre su intervención.

Mientras tanto, en la sala de reuniones esperaban a Rey para la reunión de la comisión. Desde la sala Patricia Rocca, lindera al despacho de presidencia, se escuchaba una conversación de tonos elevados. "Tenés que conducir a tu gente", se escuchó decir.

Más tarde, Rivas elevó una nota formal al presidente del Concejo en la que expresó su "preocupación y repudio absoluto  a los  hechos de agresiones verbales empujones hacia mi persona en los pasillos".

En ese marco, acusó a "los militantes conocidos como Enzo Gravino y Andrés Ferrari, del espacio San Pedro Puede, cuyo bloque es presidido por el concejal Ariel Rey".

Consultado por La Opinión, Gravino dijo que había ido temprano al Concejo y que desconocía la situación porque no estaba al momento en que se produjo. Ferrari, por su parte, no respondió la consulta de este medio, pero tras la publicación de esta  nota informó que él fue el agredido y que radicó una denuncia. Rivas dijo que "son unos maleducados".

Cerca de Rey señalaron que hubo "provocaciones" de Rivas desde que llegaron al Concejo y que en ese marco la situación escaló, pero que no había mayores inconvenientes.

Rivas y Gravino ya habían tenido intercambios. Incluso en redes sociales, donde el jefe de campaña de Rey lo acusó de “traidor” y lo llamó “Merky” en varios posteos, incluido uno de la Municipalidad, en una foto del abrazo entre Rivas y Salazar.

El espacio de Rey y el de Rivas se llevan mal desde que discutieron en plena campaña 2023, cuando el segundo encabezaba la lista de concejales que llevaba al primero como candidato a intendente.

Martín Rivas expuso en su nota dirigida a Baraybar su intención de "poner en conocimiento de la presidencia este lamentable acontecimiento, a modo de prevenir futuros actos de violencia que atacan directamente la convivencia política dentro del mencionado cuerpo legislativo".

El jefe de Gabinete, Alfredo Carrasco, quedó al frente de la Secretaría de Gobierno de manera interina y con firma autorizada tras la asunción de Martín Baraybar como concejal y presidente del Concejo Deliberante.

El intendente Cecilio Salazar debe decidir y anunciar quién será el reemplazo de Baraybar, que estuvo a cargo de Gobierno desde octubre de 2022. Quien asuma, debe prestar juramento de ley.

En la rosca interna hay mucho ruido para el reemplazo de Baraybar. Puede ser un hombre o una mujer, dicen puertas adentro para poner en carrera a varias personas que forman parte del entorno gubernamental o que tienen funciones y aspiran o suenan para el cargo.

El Concejo Deliberante aprobó en la última sesión ordinaria del año el nuevo organigrama municipal, que mantiene la Jefatura de Gabinete que conduce Alfredo Carrasco, cuyo nombre también había sonado para Gobierno.

El organigrama tiene nueve secretarías: Gabinete (Carrasco), Gobierno (vacante), Economía (Roberto Borgo), Salud )Isabel Carrasco), Obras Públicas (Mariano Brañas), Servicios Públicos (Adrián Devito), Desarrollo de la Comunidad (Walter Sánchez), Desarrollo Económico (Luciano Arias) y Seguridad (Eduardo Álvarez).

Los concejales electos el 7 de septiembre prestaron juramento de ley y asumieron sus bancas este viernes en el Salón Dorado del Palacio municipal.

Los ediles que cumplieron mandato se retiraron para dar lugar al comienzo de la ceremonia, luego de que la Comisión de Poderes confirmara que no había objeciones para que asuman los nuevos ediles.

El intendente Cecilio Salazar fue escoltado por los presidentes de bloque de la composición saliente, a quienes recibió junto a la concejala en uso de licencia Mónica Otero, y se ubicó en el estrado.

Una vez que cesaron mandato los nueve ediles, entre ellos el presidente Pablo Vlaeminck, y el subsecretario legislativo Pablo Donatti, Ariel Rey encabezó la sesión preparatoria.

Rey fue el primero en jurar y le tocó tomar juramente al resto como presidente provisional por su condición de concejal de mayor edad de la lista que resultó ganadora en las últimas elecciones. Llamó la atención que jurara sentado.

Una vez que juraron titulares y suplentes, la nueva composición del cuerpo votó a sus autoridades y eligió a Martín Baraybar, hasta ahora secretario de Gobierno del gabinete de Salazar como nuevo presidente del Concejo Deliberante.

El vicepresidente primero es Cristian Leguizamón; el segundo, Diego Lafalce; y Mauro de Rosa es el concejal secretario. La votación fue, como adelantó La Opinión, 11 a 7 a favor de Baraybar. 

Los que votaron en contra lo hicieron para respaldar la propuesta de Joaquín González para que Ariel Rey sea el presidente del HCD. Así Rey, que no estaba de acuerdo ni había pedido ser propuesto para presidir el cuerpo, fue sometido a una votación que tenía la derrota asegurada. 

Incluso en el momento de pasar a votar, se confundió y votó en contra de sí mismo,  lo que entiende que será salvado en el acta, puesto que había querido votar en contra de la iniciativa que proponía a Baraybar.

“Me pone muy contento y es una responsabilidad muy grande”, dijo Baraybar.

La situación fue aun más confusa cuando quedó plasmada formalmente la ruptura entre Ariel Rey y La Libertad Avanza San Pedro: conformaron dos bloques separados en el Concejo y trabajarán en espacios distintos, aunque todo indica que podrían confluir en las votaciones.

Rey y Mariana Reynoso integran un bloque denominado San Pedro Puede, mientras que Joaquín González y Melina Panatteri hicieron lo propio con una bancada que tuvieron que denominar "Alianza La Libertad Avanza" porque les ganó de mano Diego Lalfalce y anunció un monobloque al que denominó "La Libertad Avanza".

Fuerza Patria, Acuerdo Vecinal San Pedro, Nuevos Aires, Alianza La Libertad Avanza, San Pedro Puede y La Libertad Avanza son los seis bloques que tiene la nueva composición del Concejo Deliberante.

Martín Rivas confluyó con Mauro de Rosa y Fernando Negrete en un bloque que lleva el nombre Acuerdo Vecinal San Pedro, que votó junto a Lafalce —el "interbloque de la gobernabilidad"— junto con el bloque Fuerza Patria, las autoridades del cuerpo.

Paola Basso anunció que preside el bloque denominado Nuevos Aires, junto a Damián Mosquera y Belén Santos, ambos electos en septiembre.

La bancada oficialista, de siete integrantes y con Candelaria Cuscuela al frente, está integrada por ella, Baraybar, y Valentín Bravo, los tres electos en septiembre, más Cristian Leguizamón, Tamara Vlaeminck, Soledad Llull y Juan Cruz González, a quienes les quedan dos años de mandato.

El abogado Walter Martín, que proviene de las filas del peronismo, asumió como secretario legislativo, mientras que Santiago Murray, exhombre del oficialismo que luego pasó por La Libertad Avanza pero se fue para el cierre de lista es el subsecretario, propuesto por el bloque de Mauro de Rosa.

Esta composición del Concejo Deliberante es la que deberá tratar las ordenanzas fiscal, impositiva y de cálculo de recursos y gastos, el paquete del Presupuesto 2026.

Los nueve ediles que resultaron electos en los comicios del 7 de septiembre prestarán juramento de ley este viernes a partir de las 19.00 en una ceremonia que se desarrollará en el Salón Dorado del Palacio municipal.

Ariel Rey, Melina Panatteri, Joaquín González y Mariana Reynoso por La Libertad Avanza; Valentín Bravo, Candelaria Cuscuela y Martín Baraybar por Fuerza Patria; y Damián Mosquera y Belén Santos por Nuevos Aires asumirán las bancas para el período 2025-2029.

El oficialismo tiene los votos para que Martín Baraybar pase de secretario de Gobierno a presidente del Concejo Deliberante. Además de los siete propios cuenta con los cuatro aliados del denominado  "interbloque de la gobernabilidad" de Rivas, De Rosa, Negrete y Lafalce.

Baraybar fue el nombre de consenso para que el oficialismo que representa a Cecilio Salazar mantenga la presidencia del HCD, luego de que sonara el de Candelaria Cuscuela para suceder a Pablo Vlaeminck, lo que no prosperó porque además de resistencia externa había quienes no estaban dispuesta a votarla en sus propias filas.

El resto de la oposición propondrá un nombre para presidir, que podría ser el de Paola Basso, como se planteó desde que empezó la rosca, aunque hay quienes aseguran que también podrían proponer a Ariel Rey.

Rey presidirá la asamblea porque es el concejal de mayor edad de la lista ganadora. Si lo propusieran como presidente del Concejo, lo llevarían a una derrota segura: el oficialismo ya tiene 11 votos y los acuerdos cerrados.

Esos acuerdo implican la designación del resto de las autoridades, tanto las vicepresidencias como el secretario y subsecretario legislativo que acompañarán la conducción del cuerpo por los próximos dos años.

Aunque nadie lo quiere confirmar, se sabe que hay un abogado que proviene de las filas del peronismo que sería el elegido como ladero de Baraybar en la Secretaría Legislativa.

Para el cargo de subsecretario suena un nombre conocido de alguien que de las filas del salazarismo ya estuvo en el Concejo y luego se transformó en consulta permanente de la oposición.

Con Baraybar como presidente del Concejo, Candelaria Cuscuela seguiría como titular del bloque oficialista. En la oposición, la distribución de las bancadas viene más complicada.

Los dos sectores electos por La Libertad Avanza —los de Rey y los de Corvino/Silva— se entienden y se desentienden más de una vez al día, por lo que todo indica que irán a bloques separados.

De Rosa y Negrete mantendrán su autonomía, al igual que Rivas y  Diego Lafalce, que podría hacer lo propio y evitaría así la posibilidad de reunirse con los LLA puros que se barajó.

Basso, Mosquera y Santos confluirán y habrá que ver si mantienen el nombre Nuevos Aires con el que el peronismo del exconcejal y los disidentes de la conducción actual de la UCR fueron a elecciones, lo que implicaría desdibujar la identidad radical.

El 10 de diciembre asumirán los concejales electos el 7 de septiembre y la composición del cuerpo deliberativo local cambiará de manera significativa. 

Por primera vez desde que es intendente, Cecilio Salazar perderá la mayoría, lo que implica que está en riesgo la continuidad del oficialismo al frente de la conducción del Concejo.

Fuerza Patria será la primera minoría, con siete ediles, y propondrá a Candelaria Cuscuela como presidenta para los próximos dos años. Martín Baraybar, que será el conductor del bloque, está a cargo de conseguir los votos.

Porque no alcanzan y deberán buscar aliados. Necesitan tres, ya que la presidencia de la asamblea legislativa inaugural la tendrá a su cargo Ariel Rey, concejal electo de mayor edad de la lista ganadora, es decir que un eventual desempate quedará en su poder.

En la oposición, la rosca está en marcha y es compleja. Hay al menos tres nombres que sonaron en diversas reuniones y conversaciones entre actores de la política local para ocupar el sillón que dejará vacante Pablo Vlaeminck, que en la rosca oficialista aparece como destinatario de alguno —el que sea— de los cargos disponibles. 

Salazar tendrá siete votos propios. Es la misma cantidad de concejales que lograron las boletas que encabezó Ariel Rey, aunque su conducción es firme y absoluta sobre apenas dos votos, el propio y el de Mariana Reynoso.  El resto es todo materia de negociación, debate y rosca, mucha rosca.

Los radicales en Nuevos Aires impulsan a Paola Basso para la presidencia del Concejo. En diciembre cumplirá cuatro años como concejala y le quedan otros dos porque obtuvo una banca  a mitad de mandato.

Es de las más experimentadas del cuerpo, tiene un perfil conciliador y cuenta con el respaldo de Alejandro Donatti y Martín Pando, que conocen muy bien el funcionamiento administrativo del HCD  y el modo en que las roscas políticas se ponen en marcha, como la que ocupa a esta nota.

Pero tiene apenas tres votos: ella, Damián Mosquera y Belén Santos. Hay quienes dicen que La Libertad Avanza y Ariel Rey, que podrían ya no ser lo mismo a esta altura, estarían dispuestos a acompañar, aunque todo está muy crudo: faltan más de dos meses.

En La Libertad Avanza de Luis Silva y Analía Corvino tienen un nombre para la negociación por la conducción del cuerpo legislativo local en manos de la oposición: Joaquín González. 

El joven abogado que resultó electo en el tercer lugar también podría ser propuesto como presidente del cuerpo mientras conversan, aunque el objetivo final sería que presida el bloque que representará a Milei en San Pedro desde diciembre.

En San Pedro Puede, la agrupación vecinalista proveniente del PRO con la que Ariel Rey confluyó en La Libertad Avanza, además de tener sobre la mesa el análisis de la posibilidad de que Basso conduzca el cuerpo, hay quienes retomaron el viejo plan de proponer a Mauro de Rosa, algo que alguna vez charlaron puertas adentro.

Pero el concejal electo por LLA en la lista de Ramón Salazar en 2023 abandonó el armado mileísta antes de las elecciones del 7 de septiembre y junto a Fernando Negrete conformó un bloque que se llama "Vecinos de San Pedro". 

Sin paraguas político ni laderos visibles, es difícil que De Rosa pueda conducir el HCD, aunque su nombre suena. Por las dudas en Pellegrini al 900 ya golpearon el escritorio para gritar que "Roma no paga traidores".

Candelaria Cuscuela, desde el oficialismo, tiene un camino cuesta arriba para reunir los votos. No sólo en la bancada de enfrente: de los siete con los que cuentan  en el oficialismo podría haber alguno en duda.

Así como los violetas puros no están dispuestos a votar a De Rosa como prenda de unidad, en Fuerza Patria habría quien tampoco quiere votar a Cuscuela. Ni por disciplina partidaria.

Si finalmente Basso reúne apoyo de Rey, Panatteri, González y Reynoso, empataría los siete de Cuscuela, entre los que inicialmente se cuenta ese voto en duda.

Aunque Diego Lafalce tiene el nombre La Libertad Avanza hasta diciembre, en Fuerza Patria confían en que su "tendencia a respetar la gobernabilidad" —así califican su acompañamiento habitual en las votaciones— lo incline a apoyar al oficialismo.

Martín Rivas tienen un voto valioso y escucha atento lo que la rosca enrosca a su alrededor. Su rol como principal opositor dentro del Concejo en los dos años que lleva como edil hacen pensar que no acompañaría al oficialismo. Habrá que ver si quiere respaldar a Basso.

En ese esquema, De Rosa y Negrete son los votos que importan. Si votan a Basso, será presidenta. Si votan a Cuscuela, será ella. 

Aunque si ellos y Lafalce acompañan a Fuerza Patria, pero aparece un voto díscolo en el oficialismo, otra vez el desempate favorecerá a la oposición, porque estará en manos de Rey.

La rosca es negociación y la negociación es, en principio, política. Alguien dirá que no hay que descartar de las otras. Además de la presidencia hay otros cargos políticos en juego en el Concejo.

El secretario legislativo, que cada presidente reclamará para sí; el subsecretario legislativo, que solía tener un rol más de "asesor" pago por el pueblo del bloque de la segunda minoría y que ahora será de aquellos cuyos votos garanticen la victoria a tirios o troyanos.

También hay un tercer cargo, el de director administrativo, que quedó vacante cuando Juan Rondán pasó de funcionario político a empleado municipal en el Concejo, por lo que también podría activarse esa silla en el reparto para las negociaciones.

Luego están las vicepresidencias primera y segunda, el cargo de concejal secretario del cuerpo y la distribución de las comisiones, todas figuras que en otros tiempos eran botines de guerra en las roscas políticas, pero que fueron perdiendo relevancia, al punto de que a muy pocos les preocupan.

La rosca está en marcha. Faltan dos meses y medio para el día la votación. Puede pasar cualquier cosa, pero el panorama de las negociaciones desde unos días a esta parte es este y puede cambiar. 

Después de todo, dicen que en política lo que ayer fue excremento mañana puede ser dulce de leche. Para casi todos. Ese “casi”, acaso, sea el que tenga la posibilidad de definir.

El Concejo Deliberante tiene en la comisión de Servicios Públicos un expediente relacionado con el contrato que el Municipio firmó con la Cámara de Empresas de Control y Administración de Tránsito de la República Argentina (Cecaitra) para el sistema de fotomultas.

Se trata de un pedido de informe que elevó el bloque La Libertad Avanza, que conforman Mauro de Rosa y Fernando Negrete, que ingresó y  no fue tratado en el recinto.

Aunque ese tipo de proyectos suele tratarse sobre tablas, acordaron pasarlo a comisión para que en lugar de que el intendente responda los puntos planteados en el articulado, primero los funcionarios del gabinete den algunas explicaciones.

En ese marco, este lunes el secretario de Gobierno, Martín Baraybar, participó de la comisión de Servicios Públicos que preside el oficialista Juan Cruz González para responder algunas consultas.

Además, tras esa reunión De Rosa solicitó que la semana que viene concurra a la comisión el subsecretario de Legal y Técnica, Daniel Porta, para hacerle preguntas relacionada con los aspectos jurídicos del contrato vigente.

Durante el encuentro en la comisión de Servicios Públicos Baraybar sostuvo que la situación judicial en la que está involucrada la compañía, un verdadero escándalo de alcance nacional, no tiene impacto directo ni genera perjuicio alguno en San Pedro.

El secretario de Gobierno señaló que todo lo que se viene llevando adelante para cumplir el acuerdo que el propio Concejo Deliberante aprobó está dentro de los carriles normales, con la instalación de los dispositivos y el proceso en marcha con arreglo a lo pactado.

De Rosa le planteó las sospechas que pesan sobre Cecaitra y, según señaló el concejal a La Opinión, Baraybar destacó que eso "no le trae ningún perjuicio al municipio de San Pedro", porque tiene firme el contrato y lo puede cumplir.

En el pedido de informe, los concejales que representan a Javier Milei en San Pedro solicitan al Gobierno que informe cuál es la situación de la empresa, si está al tanto del allanamiento que sufrió en sus oficinas y cuáles son los alcances en relación al convenio vigente con San Pedro.

De Rosa cree que es necesario que el Ejecutivo tome alguna medida respecto de la continuidad del contrato tras aparecer involucrada en el escándalo judicial que investiga un entramado de recaudación paralela vinculado al sistema de fotomultas.

Hubo momentos difíciles de abordar para el Secretario de Gobierno que fue la cara visible de la gestión de Cecilio Salazar. Acompañado por el resto del gabinete intentó hablar con los manifestantes en varias oportunidades, pero no lo logró.

Los vecinos pedían la presencia del Intendente pero en ese marco no era posible. El resto de los funcionarios había participado de la reunión de gabinete en la que se comunicó la salida de los responsables del área de seguridad comunal.

Así respondió Martín Baraybar a las preguntas de La Opinión & Sin Galera.

Tras la aprobación de un aumento de tasas para el ejericicio 2024 que se aplicará en ABL (80 %) y Servicios Sanitarios (50 %) en el último tramo, el Gobierno convocó a una conferencia de prensa para anunciar que decidió dejar sin efecto el artículo que establecía que quienes hicieron pago anual adelantado debían abonar la diferencia.

El tema generó polémica y desde la oposición hubo planteos de “inconstitucionalidad” y el concejal de Juntos por el Cambio Martín Rivas elevó consulta el Tribunal de Cuentas para que el organismo auditor de las finanzas públicas municipales se expida al respecto.

En la conferencia de prensa, el secretario de Economía, Roberto Borgo, anunció que el Gobierno municipal decidió bonificar vía decreto del intendente el pago para quienes hayan abonado por adelantado todo el año de esas tasas, lo que anula la aplicación del famoso artículo 4.

Confimó que los contribuyentes que obtuvieron descuento por pago anual a principios de año no se verán, entonces, alcanzados por este incremento y no deberán hacer trámite alguno para obtener el beneficio.

El secretario de Gobierno, Martín Baraybar, aseguró que este proceso estaba previsto desde antes de que se aprobara el aumento —el expediente fue elevado al Concejo el 22 de octubre— y que aguardaron los pasos administrativos correspondientes para anunciarlo.

Borgo dijo que estaba contemplado que se aprobara la ordenanza preparatoria primero y la general con los Mayores Contribuyentes con esa redacción del ahora ya famoso artículo 4 del proyecto, para luego hacer las bonifiaciones que anunciaron vía decreto del intendente.

Consultada por La Opinión, Cuscuela confirmó que fue “una decisión política” hacer silencio durante el mes y medio que pasó desde que presentaron el proyecto.

Ello a pesar de que podrían haberles informado desde hace casi dos meses a los contribuyentes que habían hecho el pago anual que serían bonificados y que no tendrían de qué preocuparse.

El Partido Justicialista de San Pedro conmemoró el Día de la Lealtad con un acto en el club Defensores Unidos en el que hubo reconocimiento para militantes históricos del peronismo.

Como cada 17 de octubre, los peronistas se reunieron, aunque esta vez no en el busto que recuerda al expresidente, sino en la sede del club de calle San Martín.

El PJ entregó reconocimiento a familiares de los militantes y dirigentes peronistas fallecidos en los últimos años: Oscar "Ratón" Ferrández; Carlos Zagabria; Horacio Casco; Elisa Vivero; y Patricia Rocca.

También recibió un reconocimiento especial Nelson Vlaeminck, último presidente electo del Justicialismo local, quien renunció por cuestiones de salud para dejar al frente al actual titular, el sindicalista de Uocra Horacio Azzoni.

Nelson Vlaeminck recibió la distinción junto a su nieta, la concejala y líder de La Cámpora local, Tamara Vlaeminck, quien lo representó —es congresal del PJ— en el reciente encuentro de Monte Hermoso, donde fue la última oradora antes de que cierre Máximo Kirchner, que preside el partido en la provincia de Buenos Aires.

Nelson Vlaeminck repasó el momento histórico del 17 de octubre y llamó a los peronistas a trabajar para la unidad, en un contexto en el que a nivel nacional les toca se oposición al Gobierno de Javier Milei. "Hoy, la tristeza que está viviendo nuestro pueblo es lamentable", señaló.

El secretario de Gobierno, Martín Baraybar, fue el representante del Ejecutivo local que ofició discurso durante la actividad por el Día de la Lealtad en San Pedro.

"Esta lealtad se sostuvo a lo largo de todos estos años porque es sincera y porque el pueblo no olvida", dijo Baraybar. "La lealtad pasó del líder a una visión de país", señaló.

El intendente Cecilio Salazar estuvo con una delegación que integraron Alfredo Carrasco, Ariel Álvarez, Mariano Arnal y Luciano Arias en Berisso, para el acto del gobernador Axel Kicillof.

“Estamos en el camino correcto, la unidad del peronismo es fundamental para enfrentar las políticas que buscan dividirnos y afectar a los que menos tienen”, difundió Salazar en sus redes.

Juan Cruz Acosta, secretario general del Sindicato de Municipales  fue otro de los oradores y habló en nombre del movimiento obrero organizado.

"Los convoco a participar, a estar en la calle, como aquel 17 de octubre, que hoy nos llama para defender nuestros derechos", dijo.

El presidente del PJ, Horacio Azzoni, cerró la jornada. Destacó el trabajo de Nelson Vlaeminck para “salir a hablar de unidad en 2021” y pidió esa misma tarea camino a 2025.

“Salgamos a trabajar por los estudiantes, los abuelos y los trabajadores, no por los cargos políticos, por la gente que la está pasando mal. Necesitamos unidad y salir a trabajar por los sampedrinos”, señaló.

La situación del país, la problemática económica y social ante las medidas de Milei y la militancia necesaria para reencontrarse con los vecinos camino a las elecciones del año que viene estuvieron en las palabras de los oradores.

La llegada de Daniel Porta al gabinete de Cecilio Salazar tuvo, como primera reacción, la sorpresa que certifica que el Gobierno no se detiene en el incremento del número de designaciones políticas. 

En el caso del abogado y exintegrante del gabinete en la gestión de Pablo Guacone, el área pedía gritos por la presencia de un funcionario capaz de estar a la altura de responder las miles de cuestiones administrativas y los juicios pendientes que tiene el Estado local. 

Desde hace más de un año “vienen haciendo agua” por falta de asesoramiento adecuado y eso se traduce en más complicaciones. 

“¿Otro más para mantener?”, fue una de las primeras expresiones en las redes al conocerse la noticia.

Para darle trascendencia a su inserción en el equipo de Salazar, para Porta hay una Subsecretaría Legal y Técnica, un punto intermedio entre la Secretaría de Gobierno de Martín Baraybar —dependerá de él— y la Dirección de Asesoría Letrada, a cargo de Viviana Costa a quien no desplazaron para no generar otro conflicto.

Esto también significa que Baraybar tendrá que abarcar un poco más. Desde comienzo de año, la Secretaría de Gobierno absorbió el área de Seguridad y todo lo que depende de esta cartera: Coordinación Policial, Tránsito, Defensa Civil y Licencias de Conducir. 

También la Subsecretaría de Género, Mujeres y Diversidad, y todas las delegaciones y subdelegaciones de las localidades. 

Martín Baraybar en Gobierno, Roberto Borgo en Hacienda, Daniel Porta en la Subsecretaría Legal y Técnica, son nombres que se repiten de la era Pablo Guacone y de los que por entonces prefieriron apoyar a Fabio Giovanettoni, quien hoy también ocupa cargo en la gestión Salazar como director de Defensa Civil.

En cuanto al gabinete, nada más lejos de la realidad que se percibe en el país. Aquí el Estado se infla sin importar la flaqueza del erario. El staff salazarista supera los 50 funcionarios jerárquicos.

Para Daniel "Canito" Porta es un retorno a la función pública, aunque no solamente en San Pedro. También hizo una incursión en la Municipalidad de Neuquén hace pocos años, siempre en temas judiciales.

Aquí se lo recuerda por el acompañamiento a Pablo Guacone, aunque autocrítico de aquella gestión. En su momento lo expresó en la red X: “Culmina el peor gobierno municipal de la historia de San Pedro, y los funcionarios hacen ‘un balance positivo’. ¿Raro no? Hagámonos cargo”.

Luego, revistó como asesor letrado del sindicato de los médicos hospitalarios, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia (CICOP). Desde allí es de donde surgieron los mayores señalamientos. Sienten que su repersentante los abandona a su suerte.

No fue la única designación, desde el 1 de octubre Adrián De Vito también tiene un ascenso como subsecretario pero en el área de Servicios Públicos.

El Gobierno de Cecilio Salazar decidió sumar a otro exintegrante de la era Guacone: Daniel "Canito" Porta asume en la Subsecretaría Legal y Técnica.

El abogado vuelve al cargo que tuvo durante su segunda participación en el gabinete del exintendente Pablo Guacone —primero fue director de Asesoría Letrada— para conducir el área de legales.

Porta fue el primer subsecretario de Legal y Técnica y Recursos Humanos, un cargo que se mantuvo en el organigrama y que ocupó durante los primeros mandatos de Salazar la concejala radical Paola Basso.

Al igual que Basso, Porta llega al gabinete de Cecilio tras ser asesor letrado del sindicato de los médicos, Cicop, con el que el Gobierno mantuvo un conflicto durante este año por el pago de una importante deuda relacionada con los aumentos otorgados por Provincia.

Daniel Porta conducirá el área de Legales, que depende de la Secretaría de Gobierno que conduce Martín Baraybar, y será superior de la directora Viviana Costa, que había ingresado al Gobierno como secretaria pero para el tercer mandato la desjerarquizaron.

La Dirección de Personal, a cargo de la empleada de carrera Sofía Fucci, depende ahora de la Jefatura de Gabinete de Alfredo Carrasco, por lo que todo indica que Porta no tendría injerencia allí.

El área de Legales tiene una serie de conflictos relevantes que atender, entre ellos el de las 84 viviendas, con un litigio con Arcor que tiene vigente una medida cautelar que el Gobierno no cumplió tal como estableció la jueza en lo Contencioso Administrativo, Isabel Fulgheri.

Además, hay litigios en el Contencioso que están paralizados, como el de Ashira por una deuda, el de la Cámara Argentina de Fuegos Artificiales por la ordenanza de pirotecnia cero o el de la exconcesionaria del camping de Vuelta de Obligado.

También hay causas iniciadas por empresas nacionales y multinacionales que buscan evitar el pago del derecho de publicidad y propaganda por los carteles de su marca que están exhibidos en territorio sampedrino.

El derecho a la información pública que en varias ocasiones reclamó La Opinión con distintas gestiones de gobierno, requirió muchas veces del sustento de organizaciones de medios de comunicación y aún así fue denegado. Durante dos años consecutivos y frente a un Concejo Deliberante que desconoce el derecho de la población a recibir explicaciones, este medio elevó pedidos respecto a temas sensibles. Jamás respondiero, ni Ramón ni Cecilio Salazar pero tampoco el cuerpo deliberativo o los secretarios a los que se les cursaron las mismas preguntas.

Lo que hasta ahora parecía olvidado es que un edil hiciera valer su cargo y representación pública para recordarle al poder ejecutivo que debe cumplir con su obligación e incluso prestar atención a fallos que sentaron ya jurisprudencia respecto del derecho que tienen los concejales de acceder al sistema RAFAM. 

Hay una resolución del Tribunal de cuentas que data de 2016 que indica que se debe abrir el acceso a consultas a los concejales en ejercicio. Con ese argumento en mano, el hoy Secretario de Gobierno Martín Baraybar y ex presidente del bloque del Frente para la Victoria, le exigió a Cecilio Salazar lo mismo que hoy pide Martín Rivas. 

Tal como publicó La Opinión tras la sesión en la que se denegó utulizando el “doble voto” del presidente del cuerpo, la aprobación de una ordenanza presentada por la oposición en la que se dispone otorgar usuario y clave a los concejales -en Morón, 25 de Mayo, General Madariaga, Olavarría y Coronel Rosales entre otras comunas ya tienen resuelto el tema por esa vía-, aquí en San Pedro, la pertistente negativa parece obedecer a un capricho o tal vez, algo más grave: el ocultamiento o la impunidad.

Ahora Martín Rivas fue con un petitorio directo a mesa de entradas. Dirigido al propio Cecilio Salazar solicita que “se asigne a los integrantes del Honorable Concejo Deliberante de San Pedro usuarios y claves respectivas, que permitan el  acceso al sistema informático RAFAM en cumplimiento  de la Resolución AG Nº 15/2016, de fecha 25 de agosto de 2016, del Honorable Tribunal de Cuentas” y  luego le recuerda que la Reforma de la Administración Financiera en el Ámbito Municipal su #proyecto fue remitido a la Comisión de Peticiones, Asuntos Legales y Técnicos, obteniendo dictamen favorable de comisión, firmado por la Cjal. Paola Basso, el Cjal. Hugo Binimellis" y aún así el oficialismo la votó en contra.

…"el rechazo manifestado por los Señores Concejales, Pablo Osvaldo Vlaeminck; Candelaria Cuscuela; Cristian Leguizamon; Daniel Walter Creus; Juan Cruz Gonzalez; Rita Karina Leguizamon; Maria Soledad Llul; Tamara Vlaeminck; Lucia Rosa Celie, se ha requerido mediante nota al Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Don Pablo Osvaldo Vlaeminck, una copia certificada del acta correspondiente, generando el Expediente HCD Nº 5259/24", dice la carta en su texto con todo de advertencia sobre las responsabilidades que se ciernen sobre los ediles mencionados.

Luego indica que lo sucedido “es un claro ejemplo de la preocupante tendencia de algunos integrantes de cuerpo deliberativo, ávidos de ignorar la Ley Orgánica de los Municipios 6769/58 y las resoluciones del Honorable Tribunal de Cuentas”.

Por último concluye en que “Es evidente que el respeto por las normas que nos rigen está siendo relegado en favor de intereses particulares, lo cual no solo debilita la institucionalidad, sino que también erosiona la confianza de la ciudadanía en sus representantes. Este tipo de comportamientos no pueden ser tolerados en una democracia que se precie de ser transparente y comprometida con el bienestar colectivo” y por ende le pide directamente al Intedente que cumpla con su obligación. 

Si es esta la antesala de una interpelación se sabrá con el tiempo, sobre todo si se buscan los archivos y antecedentes de lo acontecido durante la gestión del intendente Pablo Guacone que se vio obligado a renunciar tras el embate de ediles de la bancada oficialista en acuerdo con el bloque de la Unión Cívica Radical.                          

[...] el problema principal del esclavo no son en sí mismas las distintas calamidades que tiene que soportar día tras día por su condición de esclavo (...) sino que es, más bien, la matriz de pensamiento que no le permite cuestionar su esclavitud. [...]

El síndrome del esclavo satisfecho no es un término recogido por el DSM (Diagnostic and Statistical Manual) ni por ningún otro manual de diagnóstico psiquiátrico pero bien puede formar parte de las actitudes “de manual" de la construcción del poder en Argentina. Nada peor que un ser humano resignado a depender de la voluntad ajena, a su creencia de sumisión y a la constante reverencia agradecida.

Es sólo una introducción para el nuevo capítulo que el miércoles escribieron los dueños del futuro de las 84 familias sorteadas para habitar una vivienda en el Barrio Depietri. 

Un funcionario de gobierno, confirmó a una de sus referentes e informantes en el barrio sobre la llegada a las 10 de la mañana de materiales para terminar las casas y que podían demorarse “porque no tienen todo ahí y tienen que pasar por otro depósito”. 

Así es la comunicación entre vecinos, informal, sin dejar más huellas que las necesarias y con el propósito de que se vea que elementos que ya deberían estar colocados por la empresa constructora llegaron a manos de los preadjudicatarios. 

“Si falta algo es problema de cada familia”, es la respuesta que se prepara para la batalla legal que se librará a futuro y que irá en detrimento de quienes esperan cada día que mágicamente llegue una solución. 

Hay vecinos que vendieron todo lo que tenían y ya están viviendo con sus familias en el lugar, otros que sólo tiene lo que cobran por día y no llegan y una buena porción que ha puesto al cuidado de terceros la construcción que tienen destinada.

¿Qué entregaron?: caño y codo para la futura instalación del pilar de la luz (hoy todo el barrio está enganchado de manera ilegal y peligrosa), un kit de baño con porta rollo de papel higiénico, jabonera y toallero más un balde de pintura. 

Para quien no tiene nada es mucho, para el que tuvo suerte no significa nada y con eso ya es un barrio que nació dividido. Basta observar las diferencias para entender la crueldad con la que se ha dinamitado la conviviencia y el espíritu de luchar en común por un objetivo compartido.

La Justicia nada dice porque debe acompañar los tiempos de la política, demorar resoluciones antipáticas y mantener la incertidumbre sobre la legalidad de todos los actos. 

En síntesis: sentar todos los precedentes para que los ocupantes no sean usurpadores pero tampoco legítimos dueños de la casa por la que están dispuestos a pagar una cuota porque hasta febrero muchos pagaban alquiler o vivían en casas de familia.

Entre camión y camión se naturaliza la situación y ya no hay quien comprenda que el preadjudicatario que no ocupó su casa tiene tanto o más derechos que quien decidió instalarse. 

Le pasó a David Castañares, el discapacitado que recibió una vivienda; la entregó a cambio de materiales y un rodado para devolverla en menos de 72 horas tras firmar un acta en la que renuncia a su derecho sin necesidad de hacerlo. 

Ya no es querido en el barrio, no le perdonan esa conducta y por más que la ley esté de su lado, cree que no tiene autoridad para exigir a la empresa que cumpla con las condiciones, termine la construcción y le entregue la casa equipada para personas con movilidad reducida.

En medio de la espera interminable por parte de los preadjudicatarios de las 84 viviendas respecto del futuro de la obra, los vecinos comenzaron a revelar algunos aspectos del vínculo que mantuvieron durante el último año, desde el sorteo en adelante, con la empresa cooperativa Grupo Alfa y el Municipio.

Así, comenzaron a aparecer videos y audios de reuniones y recorridas por las viviendas, con promesas que funcionarios del Gobierno y responsables de la empresa constructora les hicieron en diversas oportunidades.

En la primera entrega, La Opinión reveló las promesas de Fabián Veneziano, de la empresa cooperativa Grupo Alfa. Ahora, las de Martín Baraybar, secretario de Gobierno de la Municipalidad.

El video corresponde a una recorrida que tuvo lugar a fines de agosto, luego de las PASO y antes de las elecciones Generales.

Todavía no habían sido confirmados los 84 sorteados como preadjudicatarios y estaban en proceso de revisión de sus legajos.

Baraybar les dijo que faltaban "detalles, algunos más, otros menos" pero que la obra venía "avanzando bastante bien, dentro de los plazos establecidos" que "a veces no son tan exactos por cuestiones climatológicas y de entrega de materiales".

La primera vez dijeron que entregarían las casas en julio; luego, en octubre; después, en diciembre.

"En la Secretaría Legal y Técnica está el expediente, se hizo el control de informes de dominio, informe social de Desarrollo Humano, hay algunos inconvenientes entre los sorteados, que deben presentar sus descargos", dijo. Había errores en números de DNI, un homónimo con propiedades, cuestiones menores.

"Estamos viendo cómo destrabar la situación con Arcor, creemos que la vamos a terminar destrabando", les dijo Baraybar. Todavía no habían asignado la vivienda que le correspondía a cada uno. "Hay un expediente, está todo, hay un montón de documentación que acredita paso a paso", les aseguró.

Cuando le preguntaron si se podía hacer sin resolver lo de Arcor, Baraybar dijo: "Lo estamos haciendo. Todo se puede hacer. Tenemos una medida cautelar, entendemos que eso se va a resolver, no nos impide avanzar con lo que tenemos que avanzar. La medida cautelar me dice que no puedo adjudicar, pero todo lo de más lo puedo hacer". 

“No está resuelto, pero entendemos que se va a resolver. Y si no se resuelve, veremos”, les dijo sobre el conflicto con Arcor.

"Pero nosotros estamos convencidos de que a los 84 que les corresponde la vivienda, se las vamos a entregar", sostuvo y aseguró: "Se está trabajando para terminar la obra y lo que nosotros queremos es entregar las viviendas".

Veneziano les había dicho que si no había dificultad climática, podrían terminar las casa a fines de octubre. 

"Cuando venimos a hacer las inspecciones les hacemos los reclamos para que corrijan", aseguró Baraybar. Para la gente, lo que informaba el secretario de Gobierno era similar a lo que les decían en reuniones anteriores. "Hay una fecha que nos corre, no nos podemos hacer los distraídos", le dijeron.

"Entendemos la incertidumbre, es lógica. Hay cuestiones que estamos trabajando que ameritan que las trabajemos de la man

ra en que lo estamos haciendo. Hemos avanzado en los expedientes", sostuvo Baraybar.

Este martes, un grupo de preadjudicatarios de las 84 viviendas de Villa Depietri se presentaron en la Municipalidad para exigir que los atiendan funcionarios del Gobierno en procura de respuestas a las necesidades del barrio, a dos meses desde que les permitieron ocupar las casas sin terminar.

El secretario de Gobierno, Martín Baraybar, no estaba en Palacio pero les fijó una audiencia para este miércoles a las 9.00 de la mañana. "Así que esperemos que no nos tengan a las vueltas y que sea algo positivo, dentro de todo lo que estamos viviendo", dijo una de las vecinas presentes.

"Necesitamos las calles, la luz, las cloacas", señaló otra de las preadjudicatarias. Tras el anuncio de la audiencia del miércoles, informaron a quienes llegaban y se retiraron.

"Yo me tengo que ir de donde estoy, necesito que aunque sea me entreguen las ventanas, porque las cosas están, no sé por qué tanta burocracia", se quejó Adriana, preadjudicataria de la última fila, la de personas con discapacidad, cuyas viviendas son las menos avanzadas de la obra.

La mujer reveló que para la colocación de los caños de agua y cloacas, obra por la que la Municipalidad contrató de manera directa a la misma cooperativa Grupo Alfa pero con fondos provinciales, tuvo que pagar de su bolsillo.

"Yo tuve que pagar para que me hagan el zanjeo de las cloacas y el agua, particular, 45 mil pesos tuve que pagar por las cloacas y 12 mil por el agua. A mí nadie me lo devuelve y yo estoy sola. Que se hagan cargo", señaló.

Muchos de los preadjudicatarios que alquilaban, ante el vencimiento de los contratos, decidieron instalarse, a pesar de la precariedad, la conexión clandestina de la electricidad y las dificultades que se presentan en el barrio los días de lluvia.

"Así está la calle principal", dijo un vecino que envió fotos. "Hace más de una semana que no podemos salir porque el encargado no sé qué quiso hacer aparte del pozo que hizo rompió el pozo ciego, lo que se ve no es agua, son residuos cloacales", informó.

"Espero poder irme, yo me quedo en la casa, pero tengo que dormir en el piso sin ventana, con chapas, no es lógico ni digno, y no es culpa de nosotros", dijo Adriana y agregó: "Yo creí y sigo creyendo en la buena voluntad, pero es necesario que nos den una mano y no nos dejen abandonados".

El sábado se cumplieron dos meses desde que las familias ocuparon, con la venia del Municipio, las 84 viviendas cuyo sorteo que se las preadjudicó fue suspendido por la Justicia en el marco del conflicto legal con Arcor.

"Esperé 30 años para esto y esperar 30 años con la ilusión es triste y doloroso para uno, que está pasando necesidades. Yo laburo todo el día y no es que no quiero pagar, pero qué me van a cobrar, si me dieron la llave y yo entré por la ventana", graficó una de las preadjudicatarias.

La reunión será a las 9.00 de la mañana y esperan que la mayoría pueda sumarse para hacer los planteos al secretario de Gobierno, Martín Baraybar, de quien esperan respuestas de corto plazo para la resolución de las problemáticas urgentes.