BARRIO DEPIETRI, 84 VIVIENDASBueno, esta nota va dirigida a todas las personas que llevaron adelante la preadjudicación de las 84 viviendas. 

Sr. Intendete Interino, Sr. Intendente actual, Secretario de Gobierno, personal jurídico y muchas personas que conformaron la lista del sorteo de las 84 viviendas", así empieza la carta de la preadjudicataria que desde el último día de Carnaval se turna con sus hijos para cuidar una de las viviendas de “la fila más atrasada”. Va camino a los 60 años y es la primera vez que soñó con el techo propio. “El Sr. Salazar Hijo estaba tan feliz con la convocatoria porque todos sacaron provecho de la necesidad de las 84 familias”, concluye la redacción del primer párrafo que lleva encabezamiento en mayúsculas y aclaración, tal como se observa. 

“Supuestamente todo era legal y transparente, tanto para la sociedad como para las 84 familias pero les quiero comunicar que de todo lo que se prometió, y todas las cagadas que se mandaron, hoy por hoy quienes sufrinos las consecuencias somos las 84 familias”.

“Es muy triste, desolador, tener que estar expuesto a todo con tu familia sin el apoyo y respaldo de nadie. Tengan un poco de empatía con las familias señor Intendente. Yo le pregunto cuándo y cómo nos darán verdaderamente una solución. Por favor”, reflexiona la mujer que tiene unos cuantos nietos a los que contarles que podrá invitarlos a su hogar.

“Necesitamos las ventanas, usted y todos los mandatarios saben muy bien en qué situación están las casas.” 

"Por qué no dan la cara?, sólo lo vemos a Martín Baraybar que es una roca: todo lo que aguanta mientras que los responsables se tiran el fardo unos a otros. La verdad es que necesitamos soluciones inmediatas después de todo este desastre político, jurídico que ustedes pusieron en riesgo su capacidad de llevar con transparencia esta situación y nadie se hace cargo. Si ofendo a alguien pido perdón pero como hay libertad de expresión, mis sentimientos no tienen burocracia, son espontáneos, hay mucha bronca, angustia, dolor y abandono.  Nos apuñalaron por la espalda y nada de lo que diga les debería molestar", concluye la mujer que prefiere preservar su nombre porque no son pocos los que le advierten que “el que habla, puede sufrir demoras”. Necesita un horno para poder seguir cocinando y mantener su pequeño emprendimiento. Cocina en la casa que habita junto a su familia y pretende tener gas en su nuevo hogar. Un tema de que no se habla en el barrio Depietri porque ni siquiera tiene la conexión correcta a las cloacas.   

Este sábado, la fiscal María del Valle Viviani que tiene a su cargo la investigación sobre la situación que investiga la ocupación de las casas de los preadjudicatarios de las 84 Viviendas, habló con Lilí Berardi para informar cómo continúa la causa.

Caratulada como “Averiguación de ilícito”, la funcionaria admitió que la acción no puede ser catalogada como usurpación porque no hubo un medio comisivo violento, por lo que en un principio sólo ordenó que se identificara a todas las personas y además cursó un oficio a la Municipalidad para que le informe quienes eran los preadjudicatarios de las viviendas. 

“Esto es lo que hay por el momento”, afirmó y agregó: “Después si hay otras consecuencias derivadas de los pasos que se siguieron por parte de la Municipalidad que ha entregado o han adjudicado a estos preadjudicatarios. Eso se dilucidará en la cuestión civil si tiene o no consecuencias penales”. 

“Si hay algún delito que determine que tenga que intervenir la Justicia Penal, se tomarán las medidas correspondientes”. 

Esto último está relacionado con la información que solicitará al fuero Civil en el que se tramita la demanda de Arcor contra el Municipio por haber dispuesto de terrenos cuyo destino era la reubicación de familias que residen en el Bajo Puerto y cuyos datos están registrados en otro listado. Se trata de personas que quedaron al margen de la primer tanda del Barrio Arcor que se construyó durante el mandato de Mario Barbieri. 

En esa misma línea, Viviani tomará nota de la manda judicial que declaró la nulidad del sorteo que organizó la gestión de Ramón Salazar pese a las advertencias que se le habían notificado con anticipación.

Al momento de responder sobre si las familias están o no acusadas de algún delito, Viviani dijo que no se puede hablar de una usurpación ya que las personas que se encuentran en las casas no ingresaron utilizando la fuerza ni ningún medio violento.  

“Por eso a mi la Ley no me habilita a pedir un desalojo, no en este momento porque no se dan los elementos intrusivos del delito”, indicó. 

Por otro lado, debido a que las casas se encuentran en condiciones deplorables, ya que la obra a cargo de cooperativa Alfa quedó parada, muchos fueron los que con cortinas, aberturas y diversos muebles protegieron sus viviendas. Respecto a si eso agrava la situación, la fiscala aconsejó a las familias consultar con la Municipalidad. 

Si los preadjudicatarios deberán o no declarar, la fiscala expresó que debe aguardar a que se le informe la resolución de la justicia civil sobre el estado del conflicto entre Arcor y la Municipalidad por los terrenos. A partir de allí determinará qué hacer y qué medidas tomar.