La tarea de la fiscal María del Valle Viviani llegará a su fin si la defensa de los imputados finalmente accede a la fijación de la audiencia previa al juicio oral y público que juzgará las conductas de Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola por extorsión y turbación de la propiedad y de otros seis imputados del gremio Camioneros que participaron del bloqueo a la empresa Rey Distribución.

Actas de inspección ocular, desgrabaciones de audios de WhatsApp, informes de videos del diario La Opinión de San Pedro, y registros de transferencias y cheques forman parte de la documentación recolectada durante los últimos años por el Ministerio Públicao Fiscal.

Todos recuerdan el “no vaya a ser cosa…" de los audios que Sin Galera difundió como apertura de un programa de sábado con las amenazas que el sindicalista profirió al abogado Daniel Spirópulos. Ese fue el principio y probablemente el fin de la impunidad para el gremio que ponía condiciones a todas las empresas para “dejarlas trabajar sin inconvenientes”. 

Entre las pruebas y documentos que se ventilarán en el juicio hay 16 CDs con intervenciones telefónicas, un disco duro con filmaciones de cámaras de seguridad y varios pendrives con archivos de audio.

Cabe recordar que tanto Espíndola como Cabaleyro lograron cumplir arresto domiciliario con monitoreo electrónico aunque antes ambos estuvieron privados de su libertad en el penal de San Nicolás. Una medida inédita en el marco de la impunidad de la que gozaron hasta entonces.

Las partes tienen un plazo de 10 días para ofrecer sus pruebas y, si lo consideran, recusar al tribunal antes de la audiencia que tiene fecha para el 16 de abril desde las once de la mañana en la sede del Tribunal en lo Criminal N° 2 de San Nicolás.

La nómina de acusados que enfrentarán el debate oral incluye a dirigentes de peso y manifestantes que fueron identificados por orden de la fiscal Viviani, quien se presentó en las puertas de la planta para ordenar las medidas que permitieron que esta causa llegue a plasmar un antecedente hasta entonces inédito en la región.

Sobre todo porque el líder sindical Cabaleyro se desempeñaba como concejal en ejercicio en San Nicolás y Espíndola -también acusado por el delito de abuso sexual con acceso carnal de menores- fue concejal suplente en la ciudad de San Pedro.

Maximiliano Emanuel Cabaleyro (Secretario General del Sindicato de Camioneros de San Nicolás), Fernando José Espíndola (titular del mismo gremio en San Pedro), Edgardo Di Mayo. Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez deberán comparecer por los delitos de turbación de la posesión, coacción en grado de tentativa y extorsión tanto consumada como en grado de tentativa, todos en calidad de coautores y en concurso real.

Los hechos que originaron la casa cobraron repercusión el 15 de enero de 2021 y se agravaron el 22 de febrero del mismo año cuando manifestantes del Sindicato de Camioneros bloquearon el acceso a la planta de la familia Rey, impidiendo la salida y entrada de mercadería bajo el reclamo de una supuesta deuda sindical. 

Una casilla rodante estaba estacionada en el acceso y desde allí Cabaleyro impartía órdenes que los afiliados al gremio debían cumplir pese a prestar funciones en otras empresas de la zona. La presencia incluía vehículos y uniformes de varias firmas que operan como distribuidoras en la ciudad. 

La presencia de La Opinión & Sin Galera fue repudiada por los dirigentes ya que los videos y coberturas periodísticas permitieron la identificación de los participantes y el registro de las agresiones. 

Cabe recordar que, en el marco de esas coberturas, la periodista y directora de este medio Lilí Berardi sufrió agresiones físicas y verbales tanto en el lugar del bloqueo como el día en el que fueron citados a declarar los acusados. 

Para ese entonces, la Dra. María Florencia Arietto, junto a la Dra. Cyntia Soledad Liwski habían comenzado a actuar como patrocinantes de la familia Rey en el marco de las acciones que emprendían a favor del MEAB (Movimiento Antibloqueo) con el que varias empresas comenzaron a resistir embates sindicales de la misma naturaleza.

Ahora, la resolución que se conoció este miércoles,  firmada por el Juez Alejandro Gabriel López, establece que la audiencia preliminar será la última instancia para acordar salidas alternativas; de lo contrario, se procederá directamente al juicio oral para determinar la responsabilidad de los ocho acusados.

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El intendente municipal Cecilio Salazar mantuvo un encuentro con la fiscal general de los Tribunales de San Nicolás, Sandra Biscetti, y distintas autoridades judiciales y de las fuerzas de seguridad, con la finalidad abordar la problemática de la inseguridad en el distrito.

El propósito fue analizar la situación para posteriormente “coordinar acciones y fortalecer las políticas de prevención del delito en el distrito”.

De la reunión participaron el Superintendente Regional, Rodrigo Ledesma; el subsecretario de Fiscalización y Control Policial, Andrés Escudero; el director provincial de Investigaciones, Christian Martínez; el director de Fiscalización Interior Norte, Ignacio Lorente; el jefe de la DDI San Nicolás, Miguel Quintana; el comisario inspector de la UTOI, Dámaso Villalba López; las fiscales Viviana Ramos y María del Valle Viviani; el jefe de la Subdelegación DDI San Pedro-Baradero; el comisario jefe de la Policía Comunal, Daniel Cano y la comisario, María José Acevedo.

Dentro de lo estipulado se planteó la necesidad de reforzar los recursos destinados a la prevención del delito, así como profundizar el trabajo conjunto entre las partes.

Salazar adelantó que “se continuarán realizando reuniones periódicas para evaluar avances y definir nuevas estrategias de acción”.

Efectivos de la Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de San Nicolás llevaron adelante, en la noche del viernes, dos allanamientos simultáneos en nuestra ciudad.

En los domicilios residían personas oriundas de Paraguay, que eran objeto de una investigación por presunta comercialización de drogas.

La causa fue tramitada en la Unidad Fiscal de Investigaciones Nº 7, a cargo de María del Valle Viviani, quien tras reunir elementos de prueba contundentes, solicitó las órdenes de allanamiento al juez Luis Pratti, titular del Juzgado de Garantías Nº 2 de San Nicolás.

La pesquisa se había iniciado tras una denuncia anónima al 911, que alertaba sobre la venta de estupefacientes al menudeo en la zona. A partir de esto, la fiscal convocó al personal especializado, que mediante tareas de inteligencia identificó a un hombre y una mujer, ambos de nacionalidad paraguaya, que comercializaban drogas desde dos viviendas linderas ubicadas en una cortada de la calle Caseros.

Con la autorización judicial, los allanamientos se llevaron a cabo de manera simultánea. En los operativos se logró el secuestro de más de 30 envoltorios de cocaína fraccionada y lista para la venta, una balanza de precisión, más de $ 300.000 en efectivo, recortes de nylon utilizados para el armado de dosis y tres teléfonos celulares.

Con los elementos reunidos, considerados como elementos probatorios, se dispuso el secuestro de todo lo incautado y la aprehensión de los dos investigados.

La causa fue caratulada como “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.

“Había agua porque la canilla estaba arrancada”, reveló un testigo que de ese modo explicó la pérdida de agua que motivó el llamado de alerta al padre de Aquiles Castañarez.

Ese detalle que parecía menor para la investigación se transforma en clave para descartar la idea de que la propia víctima había intentando apagar el fuego. 

Esas claves quedaron sepultadas, pero pueden llevar a establecer quiénes llegaron primero al domicilio y si sabían de la existencia de una indemnización que esta mañana fue confirmada por fuentes judiciales y que no está registrada en Provincia de Buenos Aires.

Con la carátula de homicidio en ocasión de robo, la titular de la Fiscalía 7, María del Valle Viviani, indagará en las próximas horas al detenido por estar sindicado como la persona que estuvo con el joven de 33 años que murió por asfixia tras inahalar monóxido de carbono. Eso es lo que dice la autopsia y también lo que mostraba el escenario donde fue encontrada sin vida la víctima.

Se trata de Sebastián Biló, de 29 años y muy conocido en el ambiente delictivo. Sus antecedentes por delitos se remotan a sus tiempos de menor de edad, con graves problemas de adicciones. Entre los hechos más recientes se sabe que fue denunciado por abuso de armas a mediados de noviembre de 2023 y un año después por amenazas y lesiones agravadas. En esta denuncia su expareja lo denunció por comercialización y distribución de estupefacientes. Unos días después recuperó la libertad.

Los principales indicios e imágenes sobre el tiempo que pasó entre el momento en que se incedió el vehículo de Aquiles y el instante en que hallaron el cadáver, resultaron una clave importante. 

Ahora quieren saber si el deceso se produjo mucho antes o casi en simultáneo al hallazgo del rodado y si hubo algún elemento combustible para provocar ambos focos ígneos.

El peritaje médico concluyó en que Aquiles Castañarez murió por “asfixia por inhalacion de monóxido de carbono” en el marco del expediente que invesiga el “Homicidio en ocasión de robo” que podría verse agravado porque hallaron lesiones de tipo “defensivas” en miembros inferiores y en las manos.

Esas pericias médicas se efectuaron mientras la familia aguardaba novedades y declaraban testigos que aportaron datos certeros sobre quiénes podían ser el o las personas que ingresaron al domicilio en la fatídica madrugada del lunes 10 de febrero.

Un dato clave que aportó su pareja hablaba de una deuda de cien mil pesos, con un sujeto que lo visitaba ocasionalmente y con el que mantenía una relación afectiva. 

Para los investigadores resultó cierto, puesto que en principio apuntaban a otra persona; de hecho hubo requisas y procedimientos para dar con ella en la mañana del martes. 

Casi al mismo tiempo llegaron a nuevas conculusiones y así lograron reconocer a Biló por las imágenes y la vestimenta que más tarde fue secuestrada en el allanamiento. 

Del mismo modo fue clave el relato de la propia familia que reconoció los serios problemas de adicciones que padecía el fallecido y su pareja al reconocer que el ahora detenido era quien les proveía la cocaína que consumían.

En calle Frers 320, el escenario era dantesco: sobre un colchón de resortes calcinado yacía el cuerpo de Aquiles en el sector de acceso a la cocina comedor. Hasta allí llegaron su hermano y su padre, en medio de lo que en principio consideraron una “pérdida de agua” en la zona del garage que había quedado abierto de par en par cuando llegaron también los Bomberos Voluntarios. 

La primera salida del cuartel se reportó a las 06.24 minutos con la unidad N° 15 “por incendio de vehículo en Fonavi 2 sobre calle Ituzaingó”; allí encontraron el Etios blanco de propiedad de Aquiles que ardió desde el interior. Una vez sofocado, el personal regresó a su sede.

Cuarenta y cinco minutos después, a las 07.09 los bomberos fueron convocados nuevamente a calle Frers 320, la casa de Castañarez. En el lugar ya había vecinos y en el interior de la casa yacía la víctima cuyo cuerpo fue retirado tras las tareas de Policía Científica.

Hay expectativas por la marcha que esta noche encabezan los vecinos que ya estuvieron frente al palacio municipal el 29 de enero para reclamar seguridad. La única novedad es la adhesión del Centro de Comercio y las reuniones que las nuevas autoridades de la Secretaría de Seguridad mantuvieron con comerciantes y ruralistas.

*Pie de foto y aclaración: Se requiere tapar el rostro a las fuerzas de seguridad para no entorpecer en el proceso el reconocimiento del autor de un delito y descartar una prueba por el derecho que asiste a toda persona que hasta no ser acusada goza del principio de inocencia. (N.de la R.: Comparta este párrafo para los vecinos que no conocen el alcance de esta disposición)

“Hay muchas versiones y todas van a ser chequeadas”, indicaron este mediodía fuentes de la investigación que instruye la Fiscal María del Valle Viviani por “Homicidio en ocasión de robo”, así está caratulada mientras crecen otras líneas de investigación.

Esta mañana la policía cumplió con órdenes de allanamiento buscando a una persona que estaba estrechamente vinculada a la víctima; los resultados fueron negativos. Hubo otras requisas sin suerte hasta que cerca de las 15 horas una comitiva logró encontrar en el barrio 104 viviendas al sujeto que buscaban para trasladarlo a la sede de la DDI.

La autopsia reveló que Aquiles murió por asfixia por inhalación de monóxido de carbono, adelantaron desde la investigación a La Opinión.

El operativo que concluyó con el traslado del imputado a la sede policial ubicada en Honorio Pueyrredón y Pellegrini, es el punto de partida para el desarrollo de una hipótesis que fue sugerida desde un primer momento pero no es la única válida sobre lo ocurrido el lunes 10 de Febrero en el domicilio de calle Frers al 300.

De hecho, esta tarde también en la sede de la DDI se le recibió declaración a una mujer que mantuvo una relación sentimental con el fallecido. También se suman a la orden de detención las imágenes de cámaras en las que observaron detalles que permitieron reconstruir parte de lo sucedido con el rodado incendiado.

Cabe recordar que a ocho cuadras del lugar previamente se había incendiado el auto de propiedad de la víctima y que minutos después se supo de lo ocurrido en la vivienda a raíz de una pérdida de agua que alertó a familiares del fallecido que llegaron al lugar cuando arribaron también los bomberos.

La situación de Marisel “Pili” Solís, la mujer de 47 años acusada por el crimen de su pareja el 9 de junio de 2024, se complica cada día más. A medida que avanza la investigación surgen nuevos datos y la apertura de su celular habla de algo más que del consumo recreativo de hongos alucinógenos. Sin embargo y en línea con lo que ya había decidido el Juez Ricardo Prati, se consideró que las drogas secuestradas no calificaban como dispuestas para su “comercialización”, sino para “tenencia simple”.

El pedido de prisión preventiva elevado por la Fiscal María del Valle Viviani, en presencia de la imputada y su abogado defensor, no dejó dudas y ahora la familia de Marcel Xavier González Jorge procura que se conozcan más detalles de una investigación que, por muchos motivos, se vio demorada porque los resultados de la primera autopsia hablaban de un suicidio.

Aún así, la insistencia y la contratación de una perito de parte para discutir esos resultados, la abogada Sofía Sanjurjo, logró demostrar que aquel domingo en la finca Sonho Verde se había perpetrado un sangriento crimen. Un homicidio en el que cuesta creer que sólo haya participado una mujer por el modo en que se encontró el cadáver y el tipo de heridas que presentaba. El dato más llamativo reside en los signos de defensa -los peritos coincidieron en detallar- en los nudillos de una de las manos de Marcel. Hay otro detalle que la abogada presentó en la audiencia: un audio en el que la víctima relataba cómo Solís lo apuntó con una escopeta tras una discusión en el mes de marzo. 

Eso no es todo, en la decisión del Juez Prati también se vuelve sobre la tenencia de drogas y el expediente indica que en ese lugar encontraron: 14 bolsas con cogollos que pesaban 1.631 gramos, una caja de zapatos con cogollos con 321 gramos, 1 frasco con cogollos 33 gramos, otro frasco con 31 gramos y 3 plantines. También secuestraron una caja plástica azul con tres bandejas que contenían hongos, presumiblemente alucinógenos. Además, había elementos para el cultivo, pero la cantidad no fue suficiente para configurar la “Tenencia con fines de comercialización”.

Se sabe que resta un trabajo importante en la investigación porque la apertura del celular de Solís tiene conversaciones reveladoras, que van en línea con la hipótesis del asesinato del uruguayo de 33 años, al que había conocido en una ceremonia de Ayahuasca organizada en enero de 2024, en Uruguay. También fue clave el cruce de los testimonios del exmarido de la detenida, quien llegó aquella tarde tras recibir su llamado porque “su novio se había suicidado”.

Para Prati no surgieron dudas respecto del homicidio y aunque no fue concluyente, indicó que en esta etapa, y por las pruebas que ofreció la fiscalía, no se observa la participación de terceras personas.

La decisión judicial indica que Maricel “Pili” Solís deberá ser ingresada al pabellón femenino, “preferentemente de la Unidad Penal N° 3” de San Nicolás, y en caso de no contar con cupo suficiente ser derivada al establecimiento carcelario más cercano a su domicilio. 

“Nosotros estamos haciendo una entrevista en Crónica y se vinieron a tirotearme, cortamos el directo y mi hija salió a denunciar y le tiraron dos tiros cuando iba en moto, pero no está herida solo estaba en el Hospital por qué le agarro un ataque de nervios”, dijo Romina, la mamá del joven asesinado cuando se comunicó con La Opinión para reportar lo sucedido.

Sin embargo los hechos que precedieron su relato y pedido de justicia por el crimen de Lautaro fueron de extrema violencia, al punto en que hay un joven de 23 años herido en el glúteo por el impacto de una bala y otros dos heridos; uno de ellos policía.

La familia sostiene que quien está preso, un chico de 17 años, imputado por el homicidio, no es el principal ni el único responsable. Con la investigación en marcha, lo que ocurrió durante la noche del sábado pudo haber terminado en otra tragedia. De hecho, uno de los vecinos que intentó colaborar en la persecución a los violentos sufrió lesiones junto sargento Julio Alberto Fusi, quien presentaba una herida en el arco superciliar izquierdo.

“Hay capturas, hay pruebas de que el dice que se arrepiente de haberle disparado, que solo quería asustarlos y lo lastimó, y dice que se arrepiente, a la familia del que iba con mi hijo lo amenazaron que si decía la verdad lo iban a buscar para matarlo”, sostiene la madre de Lautaro desde que comenzó la investigación.

Los hechos se desencadenaron tras un alerta al 911 que requirió de la presencia de las fuerzas de seguridad en calle Boulevard Moreno y Manuel Iglesias. Al arribar al lugar en conjunto con personal de la UTOI encontraron a una primera víctima de 23 años que fue identificada como Emilio Simón Villarruel. El mismo presentaba una herida de arma de fuego en su glúteo izquierdo y pudo advertir a los agentes sobre lo que había acontecido en la balacera que se desató en el Barrio Hermano Indio, en la misma zona donde murió Lautaro Carlevaris.

Cuando los efectivos intentaron atrapar y perseguir a los violentos, los mismos que pedían la intervención policial ayudaron a facilitar la fuga de los presuntos autores de los disparos. A consecuencia de este accionar y en un claro enfrentamiento con la fuerza, el policía Fusi quedó lesionado por un golpe y otro vecino también sufrió el embate de los malvivientes. Producto de esa situación quedó arrestado un joven de 18 años, también domiciliado en Pasillo Balcarce Bis del Barrio Hermano Indio.

La investigación del hecho quedó en manos de la Unidad Fiscal N° 7, a cargo de la Dra. María del Valle Viviani.

El ultimo viernes del año, la Dra. María del Valle Viviani confirmó que durante la feria judicial —que fácticamente comienza hoy— estará de turno y dispuesta a convocar a todos las víctimas de Rainbowex y el Knight Consortium a sumar sus denuncias e inscribirse en el listado.

Tras la detención de los imputados —los integrantes de la cúspide de la pirámide— se prepara para sumar pruebas que permitan solicitar el dictado de  la prisión preventiva dentro de los plazos previstos.

El congelamiento de criptoactivos por valor de tres millones de dólares y 30 millones de pesos animó a otras quince víctimas a prestar testimonio con la esperanza de poder recuperar el dinero que invirtieron en la plataforma que prometía ganancias extraordinarias. 

De hecho, está prevista para el próximo martes la apertura de todos los celulares secuestrados en los allanamientos.

Viviani no ha formulado declaraciones públicas sobre el caso que investiga junto a la fiscal Verónica Marcantonio y a los especialistas en ciberdelitos, pero en la última consulta que le formuló La Opinión, insistió en una nueva convocatoria.

“Queremos que se animen a llegarse hasta la Fiscalía, a aquella gente que invirtió y le quedó dinero dentro de la plataforma y perdió, que se acerquen a denunciar a la Fiscalía, estaremos trabajando en la Feria, los primeros quince días estamos de turno, así que se les va a tomar testimonio”, indicó respecto al otorgamiento de turnos diarios para cumplir con el trámite.

Desde el día en que fueron detenidos los referentes del esquema Ponzi desbaratado en el mes de octubre y se allanaron sus domicilios, hay expectativas respecto a la suerte que correrán los imputados. 

Se sabe que no son quienes llevaron todas las ganancias y hay dos órdenes de captura internacional para dos personas de origen malayo. 

Aún así, con los activos congelados en una decisión sin precedentes dentro del ámbito de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, será una oportunidad para determinar si se toma como base el criterio internacional que ha regido en resonantes estafas en las que se considera víctima a todo aquel que perdió el dinero que confió y victimario a todos aquellos que lograron una ganancia producto de la multiplicación piramidal de nuevos “inversores”. 

Si los especialistas en ciberdelitos ingresaron en la plataforma, podrán comprobar quiénes son y cuánto dinero operaron aquellos que logararon extraer entre 100 mil y 500 dólares, puesto que son ellos los que tienen el dinero de los demás y no todos pueden justificar el origen de esos fondos.

Luis Pardo, Maximilano Braga, Alexis Pan, Gerardo Gelabert, Andrés Desanzo y Mariano Diez seguirán detenidos por orden judicial y no habrá novedades hasta que venza el plazo de un máximo de 30 días desde la detención.

Los detenidos están sospechados de haber sido parte esencial de la diseminación de la estafa de “la china” y son los principales beneficiarios visibles del funcionamiento de la plataforma que operaba con criptomonedas ficticias. 

La carátula del expediente los tiene privados de su libertad por “estafas reiteradas” y el abogado defensor de cuatro de los nombrados trabaja sobre la línea de considerarlos a ellos también como víctimas del engaño.

 Hay audios, conversaciones y cuentas de Telegram que los involucran como protagonistas. Si los investigaciones suman datos, podrían dar con bienes y dinero que quedó en poder de otros líderes que cuentan con una gran cantidad de “referidos”.

A casi seis meses del crimen de Marcel Xavier González Jorge en la “Estancia Sonho Verde”, la investigación escribe nuevos capítulos. La única detenida y sospechada por el asesinato es su pareja, Maricel “Pili” Solís, permanece detenida en la ciudad de Rojas a la espera de que se cumplan los plazos para el pedido de prisión preventiva.

La expareja de Marcel ahora cuenta con el patrocinio de un abogado particular. Se trata del reconocido penalista nicoleño Gustavo Moreno.

El letrado ya dio un primer paso en nombre de su defendida para solicitar al Juzgado de Garantías N° 2 que disponga informar a la familia sobre la salud de la mujer arrestada, ya que sufrió una descompensación que obligó a derivarla a un centro asistencial de Rojas en la que ahora cursa un tratamiento.

Solís fue detenida días después de la solicitud que elevó la abogada Sofía Sanjurjo en representación de la familia de la víctima y tras las conclusiones de los peritos que desestimaron la hipótesis de suicidio y confirmaron que Marcel murió asesinado.

El lunes por la mañana, desde Estados Unidos, declaró la madre del joven de 33 años y en los primeros días de enero también se tomará testimonio a uno de sus mejores amigos, que reside en San José, Uruguay.

Desde que la investigación confirmó las sospechas que tenía la familia, no hubo declaraciones públicas por parte de la Fiscalía, salvo la decisión de solicitar una tercera opinión de peritos en la ciudad de Junín, donde deberán analizar paso a paso la autopsia.

La trágica muerte de Marcel Xavier González Jorge, sigue envuelta en incógnitas por deficiencias serias en lo acontecido desde que llegó de su país en la noche del viernes 7 y el domingo 9.

Ese día fue hallado desangrado en el interior de la vivienda que compartía con su pareja. Allí encontraron restos de hongos alucinógenos que se supone, ambos habían consumido pero nunca se pudo determinar si hubo participación o presencia de otras personas.

Los allanamientos ordenados en San Pedro y San Antonio de Areco, producto de la investigación del departamento de ciberdelitos de la Procuración de la Provincia de Buenos Aires fueron encabezados en presencia de las Dras. María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio.

En San Pedro hay cinco detenidos en el marco de los 16 operativos de requisa que se cumpliron con personal de la DDI y la Policía Federal: 

Luis Pardo, Maximiliano Braga, Facundo Villalba, Andrés Desanzo y Mariano Diez; mientras que Alexis Pan tiene orden de detencióno pero no lo encontraron

En Segundo Sombra al 1040 se desarrollaba un procedimiento, el último reportado por el móvil de La Opinión & Sin Galera.

En calle Sarmiento al 1200, domicilio de Alexis Pan, no había moradores; en casa de Luis Pardo, del Barrio El Escorial secuestraron elementos y lo apresaron. Sobre calle 25 de Mayo al 2300 la policía detuvo a Maximiliano Braga y secuestró documentación.

En otra casa de  Sargento Selada al 1400, donde residen familiares de Alexis Pan, el procediminto continuaba, al igual que en calle Garret al 200 del Barrio Los Aromos y hay movimientos en otros sectores de la ciudad.

En San Antonio de Areco, el objetivo eran “los malayos”, así se los conoce en el marco de la investigación. 

Uno está sindicado como responsanñe de Areco Cambios, aunque el domicilio allanado en esa ciudad era el de Francisco José Molina, la otra es una mujer: Daiana Soledad García, señalada como una de las líderes del grupo y pareja de uno de los dueños de la casa de cambios.  

Esos nombres que no surgieron de la investigacion de La Opinión y cuya identidad no había podido ser confirmada dentro de la plataforma que analizó el especialista en ciberseguridad Mauro Eldritch, aún son motivo de preguntas.

Las víctimas que se presentaron a denunciar en la fiscalía y que pretenden la devolución del dinero que invirtieron, aportaron datos sensibles y el resto de la pesquisa, transitó con la recolección de datos y pruebas que permitieron seguir la ruta del dinero. E

ran criptomonedas falsas las que compraban los “inversores invitados” que luego se transformaban en USDT para ser cambiadas por dólares o pesos en casas de cambio o a través de billeteras virtuales. 

Esa mecánica e incluso una plataforma de compraventa en criptomonendas fueron claves en el desarrollo de la causa y en la identificación de los siete primeros nombres de la pirámide en la causa que está caratulada como “Estafas Reiteradas”.

La escena era un río de sangre. Había un cuchillo casi en los pies de la víctima. En las puertas de un placard, señales de alguien que se aferró y arrastró hasta caer. Esa era la descripción que más de un mes y medio después, cuando la familia se enteró por La Opinión del deceso de Marcel Xavier González Jorge, recibió por primera vez cuando la abogada penalista Sofía Sanjurjo logró acceder al expediente que se había tramitado en la Fiscalía de la Dra. María del Valle Viviani.

La madre, la hermana y en especial su amigo Sebastián, sus vecinos de San José en el Uruguay tampoco podían creer la explicación oficial: Marcel se había quitado la vida tras consumir drogas en un campo de San Pedro, al que había llegado en la madrugada del 7 de junio junto a su pareja, Maricel “Pili” Solís.

Con ella estuvo hasta el domingo 9, cuando a media tarde llamó a un amigo para pedirle ayuda porque había encontrado muerto al uruguayo que había conocido en enero en una ceremonia de Ayahuasca y con quien compartía una fluctuante relación. 

Esa persona fue identificada como Christian Santi, presuntamente quien trabajaba la plantación de frutas de la finca de propiedad de Solís y su anterior pareja, sobre ruta 191 a la altura de Villa Sarita.

Según relató la familia, tras las primeras semanas de convivencia y entusiasmo, la pareja se había separado en marzo de 2024 en una situación bastante violenta. 

Dijeron que la mujer lo había dejado abandonado a su suerte y sin dinero por lo que su madre, residente en los Estados Unidos, tuvo que girarle el dinero para regresar a su hogar. Pusieron a disposición de la Fiscalía audios y testimonios que acreditaban que González Jorge había sufrido mucho por esa separación.

Marcel vivía del alquiler de las propiedades que tenía en Uruguay y mes a mes viajaba para cobrarlas. Allí también vive su hija de 9 años y otra de sus hermanas. Su ausencia abrió las sospechas.

Tras una primera entrevista con los periodistas uruguayos que habían inciado la búsqueda y pedían por su paradero, La Opinión pudo certificar que el cuerpo del joven de 33 años había sido trasladado al cementerio por la empresa fúnebre Secchi Hermamos, que es la que se ocupa de las sepulturas de quienes por su condición de indigentes no pueden pagar su sepelio. 

El nombre con el que fue entregado generó confusión y su certificado de defunción fue gestionado después de la que la noticia se hizo pública.

Desde que Sanjurjo tomó la representación de la familia, que procuraba recuperar el cadáver de su ser querido, comenzaron las dudas. 

Apenas pudo acceder al expediente tuvo que informarles que ese trámite no sería posible porque había una investigación que concluyó con una autopsia que determinó que Marcel se había autoinfligido las heridas en cuello, brazos y en la ingle.

Pasaron más de cuatro meses para que el cuerpo de Marcel hablara en las imágenes que la perito de parte contratada por Sanjurjo lograse corroborar que sus presunciones estaban en línea con la realidad. A Marcel lo asesinaron, una o más personas. 

En eso coincidió con el propio Jefe de la Asesoría Pericial, pese a los resultados anteriores y a la opinión de la fiscal que dijo que ella misma estuvo presente el día de la autopsia y no tenía dudas sobre la causa del deceso. 

Así, “Manuel Armando Caro, médico perito forense y la Magister María Virginia Creimer perito de parte”, coincidieron tras analizar todas las heridas que presentaba el cuerpo en que “por la multiplicidad de las lesiones y la gravedad de las ubicadas en cara lateral izquierda de cuello, abdomen y región femoral izquierda que resultan potencialmente mortales, estos peritos sostienen que hubo participación de terceros”. 

Resta saber ahora cómo se encaminará la investigación y las medidas a tomar para evitar que el crimen quede impune ya que la familia está decidida a insistir con toda la prueba que adjuntó y los trámites que realizó para ser escuchada en su reclamo.

Más allá de las pericias, las dudas, las demoras y las dilaciones, nunca pudieron asimilar que nadie les haya avisado que Marcel había muerto porque en sus documentos figuraba el domicilio, su pareja sabía de la existencia de familia y amigos, su celular tenía todos sus contactos y comunicaciones. 

Uno de los autores del asalto a la docente jubilada, ocurrido el pasado 14 de noviembre, en calle Mitre al 2700, resultó ser un avezado delincuente sobre quien pesaban cuatro pedidos de captura.

El nuevo capítulo que se incorpora a este episodio tiene como protagonista a quien se presentó con una identidad falsa, pero que con el correr de las horas se pudo establecer que se trataba de un peligroso delincuente, acostumbrado a incursionar en viviendas vecinas.

Fue a través del sistema digital cómo se develó todo. El sujeto se hallaba declarando en la indagatoria, donde proporcionó un nombre y una edad falsa. Pero, en pocos minutos la tarea emprendida en la Fiscalía actuante, de María del Valle Viviani, posibilitó certificar que se trataba de un delincuente de 32 años, que poseía cuatro pedidos de captura desde la Justicia de Esteban Echeverría.

El parte indicó que su modalidad es el Robo Agravado, y que lo seduce la “entradera” para delinquir, el terreno donde mejor se siente.

En cambio, de aquí en más deberá acostumbrarse a pasar algún tiempo tras las rejas, porque entre sus antecedentes y lo ocurrido en San Pedro, su situación se ha agravado notablemente como para cumplir algunos años en un penal.

Este hecho no ha dejado de llamar la atención por sus connotaciones salientes. Con el paso de las horas, se fueron revelando detalles asombrosos, como la tenencia de una llave original de parte de los autores para ingresar a la casa desde el portón.

Posteriormente, se supo el conocimiento que tenían de vivienda, sabiendo que podían huir por la parte trasera, justo cuando arribaba la Policía al lugar.

Y luego el hallazgo de un teléfono celular, que los delincuentes olvidaron en la casa, cuya pericia podría revelar interrogantes sobre cómo planificaron el robo, quiénes intervinieron, cómo los sujetos oriundos del Conurbano se hicieron de datos de la familia y de qué manera llegó la llave del portón a sus manos.

Concretamente, los investigadores piensan que quién aportó datos fehacientes es alguien de nuestra ciudad, posiblemente quien también sirvió de apoyo en las inmediaciones, pero que fracasó en el rescate de los tres detenidos.

La mujer, una docente jubilada, fue privada de su libertad con precintos y amenazada para que entregue el dinero. Instantes después, un transeúnte notó movimientos extraños que lo animaron a dar parte al 911, que llevó a una pronta participación policial y cuyo resultado fue la detención de los tres individuos que ingresaron a la finca.

Por entonces, los autores lograron dejar la vivienda por la parte trasera y llegar hasta calle Pellegrini, para luego dispersarse y disimular su accionar en banda, mientras que el personal uniformado rodeaba la amplia manzana de calle Mitre, entre Italia y Juan B. Justo.

Un sospechoso fue interceptado en Laprida y Salta. Otro en Rivadavia e Italia, y el tercero en Rivadavia 2800.

A éstos se les secuestraron un bolso y una mochila, donde se les encontraron precintos, y el botín obtenido consistentes en pesos y moneda extranjera.

En un incidente ocurrido en la Estación de Servicio “La Serena”, ubicada en Ruta 9, km 162, se registró un intento de robo que involucró a individuos no identificados.

Estos sujetos, lograron sustraer una caja de herramientas de un camión marca Iveco, fueron sorprendidos por personal de la Gendarmería Nacional, que concluyó con una rápida huida de los autores.

El vehículo Iveco se encontraba estacionado en la parte trasera de la estación de servicio. Hasta allí llegaron los malhechores a caballo, quienes, tras barretear una puerta, lograron apoderarse de las herramientas.

Pero su acción fue detectada por los gendarmes, que observaron movimientos sospechosos en el área. Al acercarse al lugar, pudieron identificar a los delincuentes que se retiraban con rapidez.

Ante la orden de alto emitida por los uniformados, los delincuentes decidieron escapar corriendo, dejando atrás no solo la caja de herramientas sustraída, sino también tres caballos y sus mochilas.

Por lo tanto, la Gendarmería Nacional dio intervención inmediatamente a la Unidad Funcional de Investigaciones (UFI) Nº 7, a cargo de la fiscal María del Valle Viviani, quien ordenó el levantamiento de las actuaciones pertinentes y el secuestro de los elementos probatorios relacionados con el delito.

El sábado en el programa Sin Galera, el Dr. Juan Manuel García Blanco, coordinador de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos de la Procuración de la Corte de Buenos Aires, ofreció detalles claves sobre el desarrollo de la causa RainbowEx. 

Es la primera vez que desde el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires se ofrecen datos oficiales y explicaciones sobre mecanismos, alcances e instrucciones para que las víctimas puedan acceder a una denuncia sin necesidad de contar con un abogado que las patrocina.

Según explicó, el fraude que comenzó en San Pedro se ha extendido a ciudades como Baradero, Tigre, CABA, Santiago del Estero, Bahía Blanca y Junín.

“Hoy están trabajando tres equipos de la Procuración para investigar este esquema piramidal”, aseguró García Blanco, quien coordina el equipo de la Dirección General de Policía Judicial. 

“Es fundamental rastrear el recorrido que hizo el dinero de las víctimas hasta la plataforma”, recordó el abogado y funcionario judicial.

Hasta el momento, han reunido más de 58 denuncias, de las cuales ya están en camino 44, con una afectación cercana a los 180.000 dólares. Esta semana continuará recibiendo testimonios virtuales y presenciales en la sede de la Fiscalía de la Dra. María del Valle Viviani.

García Blanco explicó en detalle qué tipo de delito es el que se cometió, de qué manera los afectados pueden colaborar con la investigación y qué tipo de elementos probatorios son necesarios: capturas de pantalla, videos, imágenes, mensajes u otros indicios que logren determinar la conducta fraudulenta de quienes se hicieron del dinero en esta maniobra.

“Hemos generado cierto grado de confianza con las víctimas a través de videollamadas, para que no se expongan yendo a la Fiscalía”, aclaró García Blanco respecto a la privacidad o el miedo que impera en muchas de la víctimas.

En los casi treinta minutos que recorren las preguntas que le formuló la periodista Lilí Berardi, están las claves de una investigación que, en las próximas horas, escribe nuevos episodios, ya que una gran cantidad de los inversores fue arengada para “ganar la guerra” y colocar otros 88 USDT para poder acceder a una nueva cuenta en otra plataforma. Se estima que desde allí salieron unos 650 mil dólares extras al fraude inicial.

…"es un esquema, es una organización criminal y a eso hay que tenerlo claro. Esto no es que dos amigos se juntaron, acá hay una organización", dijo Juan Manuel García Blanco. 

Todos los detalles en el video que acompaña esta nota y la plataforma diseñada por Guido Marlowe para que cada vecino pueda buscar si su documento o su número de inversor figura con depósitos, retiros, ganancias o pérdidas.

Durante la madrugada de este martes, cerca de las cuatro de la mañana la policía logró apresar a un sujeto de 27 años que momentos antes había ingresado a una propiedad tras violentar el acceso. 

De allí se llevó elementos de construcción que tenía en su poder y que le fueron restituidos a la víctima. La investigación quedó a cargo de la Dra. María del Valle Viviani.

El ladrón quedó alojado en la Comisaría tras ser trasladado por la patrulla que actuó en la zona donde se perpetró el delito: una vivienda ubicada en Brennan 1100.

Maricel “Pili” Solís le dijo a la justicia que no recordaba lo sucedido desde que salió a caminar por el campo, el domingo 9 de Junio de 2024 por la tarde, hasta que encontró el cadáver de Marcel en un baño de sangre, producto de las profundas heridas que le provocaron la muerte.

El joven uruguayo de 33 años había llegado nuevamente al país para reencontrarse con la mujer que conoció durante el verano en una ceremonia de Ayahuasca. Convivían en la finca frutícola de porpiedad de Solís y su ex marido, con una adolescente que durante esa jornada no estaba en el lugar.

Aquella tarde terminó con un pedido de ayuda a un amigo de la mujer y único testigo que declaró en sede policial: Christian Santi. Fue la primer personas que, según el expediente, supo que “Marcel se habiá quitado la vida”. 

De allí en mas, la policía, el médico de la ambulancia del Hospital y la Fiscal María del Valle Viviani comenzaron a trabajar en principio, sobre una causa caratulada como homicidio y en paralelo por la comisión de delitos vinculados a los estupefacientes que encontraron el la casa de campo.

Terminadas las diligencias, concluyeron en que se había tratado de heridas autoinflingidas y se procedió a entregar el cuerpo a una empresa funeraria que trabaja para el municipio en casos en los que las personas no poseen dinero o no hay familiares que se hagan cargo del cadáver.

Transcurrieron 45 días hasta que periodistas de Uruguay se contactaron con La Opinión para pedir colaboración en la búsqueda de una persona que había desaparecido. Así apareció un amigo, parte de la familia que vive en Uruguay y la madre y la hermana que residen en los Estados Unidos.

“No es un indigente”, dijeron a este medio sorprendidos poque nadie les avisó del deceso y porque la pareja jamás se comunicó con nadie para relatar la tragedia.

De allí en más, contrataron a una abogada penalista y le encomendaron desentrañar lo ocurrido. Hubo pedido para una nueva autopsia que fue denegado y una denuncia en la Procuración con serias acusaciones a la Fiscal. La única medida que la justicia admitió fue la apertura de toda la prueba a una perito de parte que representa a la familia. Se trata de Virgina Creimer, una reconocida profesional en la materia.

La fecha se había fijado para la última semana de septiembre en la Asesoría Pericial de San Nicolás pero cuando la perito arribó a San Nicolás se firmó un acta para postergar el encuentro entre quienes debían contrastar sus informes. “Faltaban las fotos impresas”, respondieron cuando este medio consultó los motivos por los cuales, la familia de Marcel tiene que seguir esperando las conclusiones porque desde el primer momento sospechan que Marcel no se quitó la vida de la manera en que se cerró la investigación.

Este sábado, Mikaela González Jorge, brindó declaraciones en el programa Sin Galera. Volvió a clamar por información, afirmó que pese a las promesas nunca pudo hablar con la fiscal y que la denunció por deficiencias en la investigación. También relató que desde la casilla de mails a la que envió su acusación le respondieron que le brindaban contactos para que recurra al departamento de “asistencia a la víctima”. La nota completa.

La perito que la abogada Sofía Sanjurgo presentó para objetar la conculusiones de la autopsia de Marcel Xavier González Jorge no es una desconocida ni alguien que carezca de experiencia. 

Virginia Creimer fue médica forense del Ministerio Público Fiscal pero su carrera ganó gran exposición pública por su participación en la pericias de la investigación del crimen de Luciano Arruga. 

Fue ella, precisamente la responsable de la segunda autopsia realizada sobre los restos de Luciano y sobre las fotos que muestran cómo se encontraba al momento de “ser atropellado”  frente a un destacamento policial, que resultaron reveladores en la causa. 

Nunca se supo si fue ese u otros casos resonantes como su participación de juicios resontantes como los casos de Osvaldo Cambiaso y Pereyra Rossi o el caso de Luis Abelardo Patti los que derivaron en las amenazas y hechos —como el descuartizamiento de su mascota o un cuchillo clavado en la puerta de su casa— los que la llevaron a alejarse de su trabajo en el sector público para dedicarse al ámbito privado. 

Aunque por el momento no ha hecho declaraciones se sabe que su primera opinión sobre la autopsia que ordenó María del Valle Viviani, tras hallar el cuerpo del uruguayo de 33 años en la casa donde compartió sus últimas horas con Maricel “Pili” Solís —y en la que por los dichos de la mujer habían consumido hongos alucinógenos— fue concluyente.

Observó el informe, accedió a las fotografías del lugar donde fue hallado, cotejó los testimonios y le dijo a la abogada de la familia que con urgencia solicitara un nuevo peritaje sobre el cuerpo. 

Un cadáver que está en depósito en el cementerio municipal de San Pedro y que no podrá ser recueprado por sus allegados que en pricipio “lo único que querían era velarlo y sepultarlo”.

El 19 de septiembre la doctora Virginia Creimer podrá cotejar su impresión con el médico forense que practicó la operacion de autopsia, en presencia del titular de la Asesoría Pericial, Manuel Caro.

Las dilaciones, la feria judicial, la falta de búsqueda y el aviso del deceso, que llegó un mes y medio después a la madre de Marcel por el pedido de paradero que emprendieron en los medios de comunicación uruguayos y el contacto con La Opinión, en la que los datos filiatorios habían sido confundidos porque el informe hablaba de “Xavier Jorge González”, un jornalero de 33 años “que estaba en pareja con la dueña de un campo en San Pedro” y cuyos restos como los de otros indigentes fueron trasladados por la cochería Secchi y pagados por la Municipalidad.

Ese es el otro punto: “Por qué la pareja de Marcel no avisó a la familia o le dio al cuerpo la sepultura que merecía si se trataba de su actual pareja”, una respuesta que no está en el expediente y que también apunta a determinar “por qué ”Pili" no le dijo a Fiscalía que Marcel tenía una hija y que en su celular "estaban todos los contactos" o “por qué esta mujer en vez de llamar a la policía o a la ambulancia, llamó a un amigo”. 

Esta última pregunta es la única que tiene respuesta puesto que ese amigo declaró como testigo en sede policial y refirió que él era el encargado de la cosecha del monte de naranjas.

El domingo 9 de junio Marcel Xavier Gónzalez Jorge fue hallado sin vida en una finca rural en la zona de Villa Sarita. Murió desangrado producto de las heridas que tenía en la zona de la ingle, los brazos y el cuello. 

Estaba sobre el piso, en un rincón en el que se observan las manchas de sangre sobre las puertas de un placard, en una especie de pasillo de la casa a la que dicen que sólo había ingresado la mujer que salió a caminar después de desayunra y dijo que regresó a media tarde, cuando se encontró con el macabro escenario.

Camino al juicio oral por el asesinato de Naiara Durán, la Justicia dictó un sobreseimiento parcial que beneficia a Mario Franco, uno de los involucrados, quien fue acusado primero como partícipe necesario y luego por encubrimiento agravado.

"Mi defendido queda desvinculado de la causa", confirmó a La Opinión el abogado Adolfo Suárez Erdaire, defensor de los imputados por el crimen.

Mario Franco "queda afuera" del juicio oral y público por el homicidio —deberá responder por el encubrimiento— sobre el que el Juzgado de Garantías debe resolver su elevación al Tribunal tras la solicitud de la fiscala María del Valle Viviani, que cerró la instrucción con los elementos probatorios reunidos.

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La falta de mérito para Mario Franco rige "en tanto y en cuanto no surgieran elementos probatorios contrarios, que al momento no se encuentran", explicó Suárez Erdaire.

Además, la Justicia decidió archivar la causa para Camila Franco, hija de Mario y hermana de Daiana, quien también había sido acusada por encubrimiento.

"Estamos trabajando con la requisitoria de elevación a juicio para Daiana y Francisco, a nuestro entender los elementos de prueba no son suficientes", sostuvo el abogado defensor.

Francisco Vlaeminck y Daiana Franco continúan detenidos acusados por el homicidio y a la espera de los resultados de los planteos que su abogado hizo ante la Justicia para intentar evitar que lleguen al juicio oral. Mario Franco, por su parte, cumplía prisión preventiva con arresto domiciliario.

Suárez Erdaire sostiene que "es imposible materialmente" probar la hipótesis de la fiscala Viviani.

Fiscalía acusó a Vlaeminck y Franco de matar a Naiara con un cuchillo y un destornillador, envolver el cuerpo en un mantel, meterlo en un tambor de 20 litros y trasladarlo en el auto de Mario Franco para tirarlo al riacho.

Por lo pronto, el abogado logró que la Justicia se incline por su planteo respecto de Mario Franco y su expectativa es que ocurra lo mismo en relación a Daiana y Francisco, sindicados como autores materiales del asesinato.

"Hay que tener en cuenta que en un shock hipovolémico se pierden tres cuartas partes de sangre del cuerpo. No puede ser que en una habitación el Luminol determine tres manchitas, que pueden ser de una persona que se lastimó", señaló.

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Este lunes 29 de julio familiares de Marcel Xavier González Javier informaron a los periodistas del portal uruguayo San José Ahora que “denunciaron el hecho ante Interpol Uruguay, quienes ahora se pondrán en contacto con sus pares de Argentina para tener más detalles del hecho”.

La Opinión se comunicó con uno de los amigos del hombre de 33 años que fue encontrado en un baño de sangre, con un cuchillo y las heridas que le provocaron el deceso y confirmó que hay otros audios que le serán entregados a la Justicia argentina. 

Por otra parte comentó que en el contacto que mantuvieron con la Fiscalía les aseguraron que el cuerpo estaba en la morgue judicial, un dato que es poco fiable ya que desde la cochería que se hizo cargo del cuerpo confirmaron que entregaron una caja metálica en el cementerio local el día 14 de junio y desde esa fecha permanece en depósito.

El funcionario que efectuó los trámites indicó que, como no habían podido contactarse con allegados, se le daba tratamiento como indigente al igual que con todas las personas cuyos restos nadie reclama. }

Todos recuerdan el caso de Verónica del Valle Romero, fallecida en un geriátrico y sepultada de manera casi inmediata sin que se haya presentado nadie a reclamar por ella. 

En el caso de Marcel, había orden de no sepultarlo por 30 días, un plazo que ya se cumplió, pero se sabe que aún permanece en el depósito.

De acuerdo a lo que trascendió, la hermana de Marcel que vive en los Estados Unidos quiere que en la investigación se trabaje también con la hipótesis de un homicidio, una alternativa que Viviani no descartó cuando cartatuló la causa como “Averiguación de causales de muerte”.

En su declaración, la mujer que fue pareja de Marcel, había apuntado que “no recordaba” lo que sucedió en las horas en las que salió a caminar tras consumir hongos alucinógenos y que cuendo retornó a la vivienda del campo ubicado unos 500 metros adentro, sobre el kilómetro 17.5 de la ruta 191, lo encontró desangrado. 

En la autopsia encontraron heridas cortantes en el cuello, el hígado, la ingle con perforación en una arteria.

Maricel “Pili” Solís, fue vista el pasado sábado guiando su camioneta en la zona céntrica de San Pedro y según se pudo constatar con los pasajes de la empresa Buquebús, viajó en ese vehículo a buscar a Marcel el día 7 de junio por la noche.

Estuvieron juntos durante el día 8 y entre esa noche y la madrugada del 9, el hombre murió. Se habían conocido en una ceremonia de Ayahuasca, en Colonia, Uruguay. 

Además de Interpol, también se contactaron con la Fiscalía argentina que lleva el caso. La profesional les informó que el cadáver de Marcel tenía heridas en el hígado, el cuello, una pierna y una mano, pero descartó heridas en los genitales como se había señalado en un primer momento.