Comenzó la etapa de ofrecimiento de pruebas camino al juicio oral y público por la causa Rainbowex, la plataforma de inversiones en criptomonedas que resultó una estafa piramidal tipo esquema ponzi, en la que las partes involucradas propondrán testigos, pericias, etc.

En ese marco, la defensa de uno de los imputados por el delito de estafas reiteradas hizo un planteo de recusación para apartar de la causa a la fiscala María del Valle Viviani, titular de la UFI 7, quien instruye la causa desde que decidió iniciarla de oficio ante las publicaciones de La Opinión sobre el caso.

La abogada Sofía Sanjurjo, defensora particular de Andrés Desanzo, planteó al juez en lo Correccional Sebastián Zubirí que hay una "situación de antagonismo e incompatibilidad que hace imposible la actuación imparcial" de Viviani "en cualquier causa en la que intervenga" ella como abogada.

En primer lugar, Sanjurjo señaló que en el marco de la causa por el caso Marcel ella denunció formalmente a Viviani ante la Procuración, lo que le valió un llamado de atención a la titular de la Fiscalía n.° 7 “por falta de diligencia y adecuado control en el manejo de efectos”, tras lo que se excusó de continuar.

"La existencia de este sumario administrativo, su tramitación y la sanción disciplinaria resultante, constituyen por sí solos un antecedente objetivo e incontrovertible", sostuvo la abogada.

Además, indicó que Viviani "ha adoptado una conducta sistemática y reiterada de excusarse en todas y cada una de las causas" en las que Sanjurjo interviene como defensora, lo que, consideró, constituye "un patrón de comportamiento" que "evidencia la existencia de un vínculo de hostilidad personal".

Por otra parte, en el escrito presentado ante el juez las abogadas Sanjurjo y Croizet, que representan a Desanzo, adhirieron a la prueba ofrecida por Fiscalía y ofrecieron testigos para que declaren en el juicio.

Desanzo había sido detenido en el marco de los allanamientos ordenados por la Justicia para el 19 de diciembre de 2024. En ese momento fueron apresados siete de los 14 sampedrinos imputados en la causa.

Estuvo alojado en la cárcel de San Nicolás hasta que a fines de enero de 2025 el juez de Garantías dictó la falta de mérito para él y otros acusados, por lo que sólo quedaron tras las rejas Maximilano Braga, Luis Pardo y Alexis Pan.

Desanzo es empleado de Papel Prensa y miembro del sindicato que conduce Gerardo Gelabert, quien forma parte del grupo de acusados que irá a juicio por el caso Rainbowex. En su defensa sostuvo que él también fue estafado al participar de la plataforma de "la China".

Un hombre de 46 años fue detenido este viernes por la tarde durante un allanamiento llevado a cabo en una vivienda ubicada en calle Nieto de Torres al 900, en el marco de una causa por abuso sexual agravado.

El procedimiento fue concretado por personal del Gabinete Criminológico y del Grupo de Tareas Operativas de la Estación de Policía Comunal, tras una investigación que se inició a partir de una denuncia radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia.

A partir de las tareas investigativas, los efectivos lograron establecer la identidad y el domicilio del imputado, lo que permitió solicitar una orden de allanamiento a la Unidad Funcional de Instrucción Nº 7, a cargo de la fiscal María del Valle Viviani. La medida fue autorizada por el Juzgado de Garantías Nº 3 del Departamento Judicial San Nicolás, a cargo de María Eugenia Maiztegui.

Con la orden judicial en mano, los uniformados se presentaron en el domicilio señalado, donde procedieron a la detención del sujeto, quien quedó imputado por el delito de “abuso sexual con acceso carnal”, triplemente agravado por haber provocado un grave daño psicológico, en un contexto de guarda y convivencia con la víctima.

Tras su aprehensión, la Fiscalía interviniente dispuso la notificación de la causa y su alojamiento en el sector de calabozos, mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes en torno a un caso de extrema gravedad.

Desde la semana pasada rige alerta internacional de Interpol para detener a los dos ciudadanos oriundos de Malasia que están involucrados en la causa de la estafa piramidal de la plataforma Rainbowex y el denominado Knight Consortium, conocida popularmente en San Pedro como "la China".

Pang Siew Li y Delian Chong, de 34 y 30 años, respectivamente, tienen orden de captura vigente. La alerta de Interpol implica que la policía de todos los países miembros están al tanto y pueden proceder a su detención.

Los malayos habían sido identificados como los responsables de la contratación del hotel Emperador y de la parafernalia dispuesta alrededor del evento de gala que tuvo lugar el 21 de septiembre del año pasado.

La exposición que implicó esa cena fue lo que despertó la alerta entre quienes analizaban la plataforma Rainbowex en busca de confirmar lo que finalmente se reveló: que se trataba de una estafa piramidal tipo esquema Ponzi.

El informe de la Secretaría Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital que coordina Julio Pérez Carreto estableció a través de los e-mails que efectivamente esos ciudadanos de Malasia son los que estuvieron a cargo de la organización del evento.

En esa cena de gala del hotel Emperador participaron los principales referentes sampedrinos del Knight Consortium, entre ellos los detenidos Luis Pardo, Maximiliano Braga y Alexis Pan, quienes junto a otros "líderes" de diversos puntos del país fueron premiados.

Las distinciones fueron entregadas por dos actores polacos que fueron contratados especialmente para caracterizarse como ejecutivos de la empresa.

Los actores aseguraron al periodista Maximiliano Firtman que fueron "contratados por una agencia asiática para hacer una performance bajo otro nombre".

Los responsables de esa "agencia asiática" serían Pang Siew Li y Delian Chong, los malayos que ahora tienen orden de captura con alerta internacional de Interpol para ser indagados por las fiscalas María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, a cargo de la investigación del resonante caso.

Los detenidos por el caso de la estafa piramidal tipo esquema Ponzi de la plataforma Rainbowex y el Knight Consortium tuvieron un revés judicial que puede repercutir en la situación cada uno de los involucrados en “la China”.

La Cámara de Apelaciones resolvió revocar el beneficio de arresto domiciliario que el Juzgado de Garantías había otorgado para Alexis Pan, —hijastro del sindicalista papelero Gerardo Gelabert, también involucrado en la causa—lo que indica que podría hacer lo mismo, llegado el caso de análisis, para Maximiliano Braga y Luis Pardo.

Los jueces del Tribunal hicieron lugar al reclamo de la fiscala María del Valle Viviani y consideraron que el beneficio no encuadra en las posibilidades de Pan, y que no hay ninguna circunstancia excepcional que lo amerite.

Pan, que dejó de tener al estudio Lima como patrocinante, había obtenido la posibilidad de continuar la prisión preventiva que pesa sobre él en su casa "por cuestiones de salud". Sin embargo, para la Cámara de Apelaciones no estaba configurado debidamente.

Dejaron asentado que el planteo respecto de que es "un interno con personalidad con sensibilidad emocional alta, dependencia afectiva, introspección excesiva y perfeccionamiento ansioso" no necesariamente implica que deba estar en su domicilio.

El perito médico informó que "si no hay tratamiento o hay factores estresantes crónicos" podría "evolucionar a trastornos de ansiedad o depresión más severos", por lo que aconsejó "tratamiento psiquiátrico - psicológico en la UP3 o bien arresto extramuros".

El Juzgado de Garantías había considerado ese informe como suficiente para otorgar el beneficio, pero la Cámara de Apelaciones revocó la resolución al establecer que no hay inconvenientes para que Pan sea tratado como corresponde dentro de la Unidad Penal de San Nicolás.

La misma Cámara deberá expedirse sobre la situación de Maximiliano Braga, a quien también el Juzgado de Garantías le aprobó el arresto domiciliario, decisión que fue apelada por Viviani.

En el caso de Pardo, todavía el Juzgado de primera instancia no resolvió el planteo de su abogado para que le den la posibilidad de transitar la prisión preventiva en su casa, porque una situación familiar provocó demoras en los informes psicológicos.

Pardo, Pan y Braga, detenidos con prisión preventiva acusados de liderar las estafas reiteradas cometidas en el marco de la plataforma Rainbowex, son tres de los  14 sampedrinos imputados.

"La China" resultó ser una estafa piramidal tipo esquema Ponzi en cuyo marco no había trading ni criptomonedas sino una simulación virtual que mantuvo engañados a todos los que arriesgaron su dinero en la presunta inversión.

Este martes tuvo lugar en los Tribunales de San Nicolás la primera jornada del juicio oral y público contra Francisco Vlaeminck y Daiana Franco, acusados del asesinato de Naiara Durán.

Unos 22 testigos, entre ellos los médicos que practicaron la autopsia el cuerpo de Naiara, pasaron por la sala de audiencias durante la primera jornada del debate, que comenzó alrededor de las 9.00 de la mañana y terminó pasadas las 16.00, con un cuarto intermedio al mediodía.

La primera en prestar declaración fue Elsa Romero, la abuela de Naiara, quien fue convocada para contar cómo había sido la vida de su nieta hasta el momento del crimen, los pormenores que conocía de la relación que mantenía con su expareja Francisco Vlaeminck, entre otros aspectos.

La familia de Naiara concurrió con remeras que tenían el rostro de la joven estampado y la cantidad de personas que llegó a Tribunales fue tal que no todas pudieron pasar a la sala de audiencias. 

Entre los presentes estaba la subsecretaria de Género, Laura Monfasani, puesto que el caso está caratulado como femicidio.

Los acusados decidieron que el juicio no sea por jurados sino técnico, puesto que su abogado particular, Adolfo Suárez Erdaire, tiene como estrategia de defensa atacar desde el punto de vista formal las pruebas colectadas por la fiscala María del Valle Viviani durante la instrucción.

Así, la primera jornada tuvo muchas cuestiones técnicas que se ventilaron en el debate: desde los metros río adentro donde estaba el tambor, hasta los aspectos vinculados al mantel en el que estaba envuelto el cuerpo de Naiara o los pelos del perro que hallaron y que nunca pudieron cotejar porque el animal desapareció misteriosamente.

Los peritos de la Policía Federal ratificaron que los perros de esa fuerza detectaron sangre humana de más de 48 horas en la casa, ante los planteos del abogado defensor, que pretendía poner en duda esa prueba.

La segunda jornada será este miércoles, cuando se cumplen dos años desde aquel domingo de las elecciones Primarias 2023 en el que Naiara salió de su casa en moto y no se la vio más. 

Su cuerpo fue encontrado cuatro días después, dentro de un tambor de 200 litros que fue divisado por un pescador en la zona de Cantando en el Río, flotando en el riacho.

Pasarán, entre los testigos, personal de la Sub DDI San Pedro - Baradero, que tuvo a su cargo la investigación, y de Policía Científica, que practicaron las pericias durante la instrucción de la causa.

Además, se espera que declaren Francisco Vlaeminck, Daiana Franco y Mario Franco, padre de ella, acusado de encubrimiento.

Viviani llevó a Francisco Vlaeminck y a Daiana Franco a juicio detenidos, acusados de haber matado a Naiara a puñaladas con un cuchillo y un destornillador dentro de la casa de Primera Junta y Bottaro donde ambos convivían.

Las pericias hallaron restos de sangre bajo una pintura reciente en las paredes de la casa y el mantel en el que estaba envuelto el cuerpo sin vida de la joven víctima coincide con uno que se ve en muchas fotos de redes sociales de la pareja acusada.

El personal policial que practicó pericias en la casa también ratificó la limpieza del cuarto donde encontraron las manchas de sangre respecto del resto de la casa.

Para Viviani, las pruebas son suficientes para lograr una condena, que en ambos casos sería de prisión perpetua porque la acusación es por homicidio agravado, que incluye la figura de femicidio en el caso de Vlaeminck.

Para el abogado Suárez Erdaire, las pruebas no son contundentes para condenar a sus pupilos. La decisión final la tendrán los jueces cuando una vez que termine el juicio este miércoles deliberen respecto de los elementos probatorios y los alegatos de las partes.

La semana que viene, en los Tribunales de San Nicolás, tendrá lugar el juicio oral y público por el crimen de Naiara Durán, la joven de 25 años que fue asesinada el 13 de agosto de 2023 y cuyo cuerpo apareció varios días después dentro de un tambor de 200 litros que flotaba en el río.

Habrá alrededor de 50 testigos que fueron citados al juicio, entre ellos los profesionales que tomaron intervención en la autopsia y el levantamiento de pruebas.,

Los imputados, Francisco Vlaeminck, expareja de Naiara y padre de uno de sus hijos, y de Daiana Franco, pareja conviviente de Vlaeminck en ese momento, declararán ante los jueces durante el debate.

Él está acusado de femicidio y ella, de homicidio simple agravado. Para ambos, la única pena posible en caso de resultar declarados culpables es la prisión perpetua. Además, Mario Franco, padre de Daiana, será juzgado por encubrimiento.

El abogado defensor particular de los acusados, Adolfo Suárez Erdaire, adelantó en La Opinión & Sin Galera que buscará demostrar que las pruebas que obran en la causa “no son lo suficientemente contundentes” para condenar a Vlaeminck y Franco.

La fiscala María del Valle Viviani, por su parte, intentará convencer al Tribunal que los acusados son los responsables de asesinar a Naiara y de tirarla en el río dentro del tambor de 200 litros en el que hallaron su cuerpo, envuelto en un mantel y atado con cables.

Suárez Erdaire sostuvo que eligieron un juicio técnico en lugar de uno por jurado ciudadano porque la estrategia de defensa es atacar técnicamente la profundidad de la prueba colectada por Fiscalía.

Viviani, en tanto, consideró en la instrucción que los elementos probatorios reunidos son suficientes para establecer la culpabilidad y que el Tribunal condene a los acusados.

Elsa Romero, abuela de Naiara, dijo a La Opinión & Sin Galera que será la primera en testificar en el juicio el martes y que presenciará todo el debate, excepto cuando tengan que exponer las imágenes de cómo encontraron a su nieta asesinada.

Confirmó que familiares, amigos y allegados de la joven irán a San Nicolás con pancartas, banderas y carteles a la espera de que el resultado sea favorable y que el crimen no quede impune.

"Confío en la Justicia", dijo Elsa y aseguró que, al igual que Fiscalía, entiende que los elementos de prueba son suficientes para que haya condena contra Francisco Vlaeminck y Daiana Franco, los acusados de matar a Naiara.

La Fiscalía n. 7 que conduce María del Valle Viviani investiga la aparición de imágenes generadas con inteligencia artificial en las que se ven rostros de chicas de San Pedro sobre cuerpos desnudos en situaciones sexuales.

Las imágenes trucadas fueron captadas por las víctimas en plataformas que se utilizan para subir contenido erótico y la mayoría fueron posteadas por un usuario cuya identidad la Justicia procura establecer.

Una gran cantidad de publicaciones refieren a San Pedro en esas plataformas de contenido erótico no profesional. Muchas de ellas, de acuerdo a lo que obra en la causa, son falsas.

En los casos denunciados, las víctimas indicaron que las fotos originales corresponden a publicaciones que hicieron en redes sociales, sobre todo en Instagram.

Esas fotos fueron intervenidas con IA para reemplazar los cuerpos por imágenes de desnudez que las convierten en contenido sexual explícito.

La producción y difusión de esas imágenes bajo la modalidad deepfake, es decir manipuladas con inteligencia artificial vía face swapping (la disposición de rostros en cuerpos ajenos) implica un delito relacionado con la denominada Ley Olimpia, que regula la violencia digital con perspectiva de género.

Así, actos como la difusión de imágenes sexuales sin consentimiento se encuadran en lesiones graves, en este caso a la integridad psicológica y sexual de las víctimas, agravadas por ser cometidas en contexto de violencia de género.

La investigación del caso es incipiente y está orientada a la identificación de las direcciones IP desde las que fueron subidas a la Internet, en procura de dar con los autores del delito cometido.

La Justicia ordenó el desalojo en Gobernador Castro de la casa de dos hermanos internados en Sadiv, propiedad que había sido usurpada el sábado 31 de mayo por una pareja con cuatro niños.

El juez de Garantías Ricardo Prati ordenó el alzamiento y la policía llegó por la tarde, tras la notificación correspondiente, para hacer cumplir el mandamiento, pero los ocupantes ya se habían retirado por sus propios medios.

A los pocos días de la usurpación, se vio a un grupo de personas que hicieron fuego y llegaron con colchones, hilos y palos para demarcar el lugar, con intenciones de "lotear" y distribuirse las parcelas, tras limpiar el terreno.

A las dos semanas, la policía impidió que otro grupo hiciera efectiva la usurpación del predio en el que está emplazada la vivienda tomada originalmente.

Los dueños de la casa y el terreno son dos hermanos que están alojados en Sadiv y bajo tutela judicial. La causa había recaído en la Fiscalía de Viviana Ramos y luego pasó a la de María del Valle Viviani, tematizada en usurpación de inmuebles.

La DDI detuvo en la ciudad de Florencio Varela a un hombre de 36 años acusado de abusar sexualmente de la hija de quien era su pareja años atrás, cuando los tres convivían en San Pedro.

La causa comenzó en enero pasado, momento en que la niña, que hoy tiene 13 años, le contó a su mamá las prácticas sexuales a las que fue sometida cuando tenía entre 5 y 6 por parte de quien entonces era pareja de ella.

La investigación logró establecer que el denunciado, oriundo de la provincia de Misiones, ya no vivía en San Pedro y que estaba en el conurbano. Así, lograron dar con su paradero en Florencio Varela.

La Fiscalía que conduce María del Valle Viviani pidió al Juzgado de Garantías interviniente el allanamiento para detenerlo. El juez Parodi autorizó y la DDI procedió este lunes.

El detenido fue trasladado a San Pedro para quedar a disposición de la Justicia. Fiscalía le tomaba declaración indagatoria en el transcurso de este martes, imputado por abuso sexual agravado.

Tras declarar, será alojado en la comisaría de la ciudad de Colón, sitio donde el Centro de Operaciones Policiales dispuso sea trasladado, de acuerdo al cupo disponible.

El fiscal de Baradero Vicente Gómez, titular de la UFI 9 de la vecina ciudad, quedó a cargo de la instrucción de la causa que investiga el homicidio de Marcel Xavier González Jorge, el uruguayo de 33 años que murió en medio de un verdadero baño de sangre en una finca de ruta 191.

Tras la decisión de Fiscalía general de apartar a Viviani del caso, Gómez ordenó una serie de medidas de prueba y tomó declaraciones testimoniales la semana pasada, camino al último tramo de la instrucción rumbo al juicio.

Gómez llamó a declarar a los policías que tomaron intervención apenas se tuvo conocimiento de lo ocurrido, puesto que la familia de Marcel, que tiene a la abogada Sofía Sanjurjo como representante, quiere profundizar la investigación.

Sobre todo luego de que, como había anticipado Sanjurjo a La Opinión, las pericias sobre los teléfonos secuestrados abonaran las sospechas de que además de la imputada, Maricel "Pili" Solís, podría haber participación de terceros.

Las pruebas contra Solís son cada vez más contundentes: a la pericia que estableció que Marcel murió asesinado se sumó la que informó que ninguno de los dos habían consumido drogas alucinógenas, tal como ella había declarado al principio.

La Fiscalía n.° 7 que conduce María del Valle Viviani aguarda los resultados de la pericia practicada sobre el teléfono celular secuestrado a Luis Pardo, uno de los 14 sampedrinos imputados por la estafa piramidal de la plataforma Rainbowex.

El máximo referente del denominado Knight Consortium, cara visible de la captación de "inversores" para "la China", permanece detenido por el caso, al igual que Alexis Pan y Maximiliano Braga.

Su teléfono celular había sido secuestrado por la Justicia Federal en el marco del primer allanamiento que tuvo lugar en la casa que alquilaba en el barrio El Escorial, cuando el fiscal Di Lello lo imputó por lavado de activos.

Esa causa fue archivada porque la Justicia consideró que Pardo y sus cómplices no gastaron el dinero que obtuvieron a través de la estafa piramidal, por lo que el caso sigue su curso en el fuero ordinario, bajo la órbita de la fiscala Viviani.

La titular de la UFI 7 aguarda los resultados del análisis del teléfono de Pardo, que fue abierto en la asesoría pericial para obtener de él datos de interés para la investigación.

Los detenidos Pardo, Braga y Pan, y otros 11 sampedrinos que están en libertad, están imputados como miembros de una organización que captaba "inversores" para la plataforma Rainbowex con la falsa promesa de ganancias extraordinarias que los denunciantes nunca obtuvieron.

La causa que investiga el homicidio de Marcel Xavier González Jorge, uruguayo de 33 años que fue hallado en un verdadero baño de sangre en una finca de ruta 191, ya no está a cargo de la fiscala María del Valle Viviani, a quien la Fiscalía General resolvió apartar para que el expediente pase  a la órbita de la fiscala Viviana Ramos.

Sandra Bicetti tomó la decisión luego de diversos planteos de la familia de Marcel, a través de la abogada que los representa como particulares damnificados, Sofía Sanjurjo, y tras el pedido de excusación de la propia Viviani.

En la última audiencia de prisión preventiva, la titular de la UFI 7 había solicitado al juez de Garantías Ricardo Prati que la excuse de continuar con la causa, puesto que había, a su entender, un "encono personal" y una "enemistad pública" por parte de Sanjurjo.

El juez denegó la excusación, por lo que la familia instruyó a la abogada para que, una vez más, solicite el apartamiento de Viviani. Sanjurjo ya lo había hecho en otras oportunidades, incluso por la vía de la recusación, sin éxito.

Ahora, tras una nueva solicitud de apartamiento en la que la abogada de la familia consideró que la titular de UFI 7 tenía una "notoria falta de objetividad" en la causa, la Fiscalía General resolvió apartarla.

Ante esa solicitud y teniendo en cuenta la propia presentación de Viviani para que se la excuse de continuar con la instrucción del caso, la fiscala general Sandra Bicetti resolvió apartarla "a los fines de evitar dilatar" el proceso y que haya "una más pronta y eficaz tutela judicial".

Además, dispuso que la investigación del caso Marcel quede en manos de la Fiscalía 11 que conduce Viviana Ramos, quien deberá ponerse al tanto del expediente en medio de planteos de la defensa, con la imputada Marisel Solís con prisión preventiva confirmada y una serie de elementos de prueba que permitirían cerrar la instrucción para solicitar la elevación a juicio.

Las fiscalas María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio son las responsables de la investigación penal del caso Rainbowex, la estafa piramidal del denominado Knigt Consortium que se transformó, desde San Pedro, en un escándalo nacional.

Ambas agentes judiciales fueron entrevistadas en exclusiva por Lilí Berardi en los estudios de La Opinión & Sin Galera para brindar detalles de una causa sin precedentes que logró, por primera vez en Latinoamérica, incautar criptoactivos en el marco de un caso de estas características. 

Viviani y Marcantonio destacaron el trabajo de la Procuración bonaerense, que puso a pesonal especializado en ciberdelitos a trabajar para la investigación, lo que permitió arribar no sólo a la incautación de 3,5 millones de dólares en USDT sino al conocimiento cabal de cómo operaba la estafa.

La causa tiene 18 imputados, de los cuales dos son oriundos de Malasia; otros dos, de San Antonio de Areco; y 14 son sampedrinos, todos involucrados en la estafa piramidal de “La China”.

De los sampedrinos, siete fueron detenidos. Cuatro recuperaron la libertad por falta de mérito —uno primero y luego los otros tres—, aunque siguen procesados en el marco de la causa. 

Maximiliano Braga, Luis Pardo y Alexis Pan, máximos referentes del Knight Consortium en San Pedro y primeros en la pirámide, es decir beneficiarios mayores de la estafa, permanecen detenidos con prisión preventiva.

La Justicia, además de mantenerlos tras las rejas, resolvió denegarles la solicitud de arresto domiciliario porque considera que no están dadas las condiciones para que gocen de ese benficio.

La Justicia halló culpable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por la condición de responsable de guarda y corrupción de menores a un hombre de 31 años que abusó de manera reiterada de la hija de su pareja, con quien convivía.

El condenado vivió con la niña y su madre como una familia durante alrededor de 10 años. En ese marco, tratado como un padre por la víctima, cometió los aberrantes hechos por los que los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 lo sentenció a cumplir 15 años de prisión efectiva.

La fiscala María del Valle Viviani, a cargo de la causa, había solicitado 20 años de cárcel y los jueces lo condenaron a 15.

Los abusos comenzaron cuando la niña era muy pequeña, con manoseos en sus partes íntimas. A medida que crecía, se agravaron hasta llegar al acceso carnal hacia 2019, cuando la víctima tenía entre 11 y 12 años. 

Todo quedó probado durante el proceso de instrucción y acreditado en el juicio, por lo que los jueces Laura Fernández, Cristian Ramos y María Belén Ocariz dictaron sentencia condenatoria.

El juicio tuvo lugar el 17 de febrero y la audiencia fue larga y compleja. Este lunes 24, el Tribunal dio a conocer la sentencia de 15 años de prisión.

Los magistrados intervinientes consideraron que las conductas del acusado interfirieron en el libre desarrollo sexual de la niña, lo que implicó una introducción abrupta a la sexualidad a una menor de edad.

Ello configuró el delito de corrupción de menores que se agregó al de abuso sexual con acceso carnal agravado por la condición de responsable de la guarda que implicaba ser padrastro conviviente.

El condenado llegó a juicio con prisión preventiva y seguirá detenido tras la sentencia del Tribunal, que la Defensoría Oficial deberá apelar en Casación, de acuerdo a las obligaciones formales de su rol. 

La investigación por la muerte de Aquiles Castañarez, caratulada como homicidio criminis causa, avanza en la Justicia y la Fiscalía que conduce María del Valle Viviani ordenó una serie de medidas de prueba.

En diálogo con Lilí Berardi en el estudio de La Opinión & Sin Galera, la titular de UFI 7 informó que continúan investigando y que no considera el hecho esclarecido con la detención de Nicolás Biló, hasta el momento único imputado, quien se negó a declarar ante la Justicia.

"Estamos investigando, en plena etapa de investigación", dijo Viviani y agregó: "Estamos tomando declaraciones testimoniales, hay diferentes pruebas que hay que hacer, hay que abrir los teléfonos secuestrados para ver qué es lo que podemos encontrar".

"La investigación está avanzada, tenemos un detenido, pero se sigue investigando", señaló la fiscala, que este lunes instruyó a personal de Policía Científica para tareas de relevamiento en la vivienda de Fres 420, donde fue asesinado Aquiles.

Allí llegó el móvil de esa fuerza y en el lugar estuvieron también el padre de Aquiles, Luis Castañarez, y su hermano, Ulises, quien el día de la marcha por inseguridad encabezó un grupo de familiares y allegados para pedir justicia por el caso.

Este viernes, la titular de la Fiscalía General, Sandra Bicetti, junto a las dos fiscalas de San Pedro, María del Valle Viviani y Viviana Ramos, mantuvo una reunión con funcionarios del Gobierno municipal, de la que también participó la responsable de la Fiscalía especializada en comercialización de drogas, Verónica Marcantonio.

Tras esa reunión, Marcantonio y Viviani fueron entrevistadas por Lilí Berardi en el estudio de La Opinión & Sin Galera para abordar diversos temas —entre ellos, datos exclusivos sobre el avance de la causa Rainbowex— cuyos detalles serán publicados en sucesivas notas.

Sobre la reunión con el intendente interino, Alfredo Carrasco, y la nueva cúpula de la Secretaría de Seguridad, las fiscalas informaron que entregaron al Ejecutivo "un plan" de seguridad relacionado con lo que puede aportar la Justicia desde su mirada.

"Entregamos un plan de seguridad de las cosas que nosotros vemos, a nivel de Fiscalía, que actúa cuando el delito ya se cometió, para que se pueda mejorar para la comunidad y obtener una buena respuesta frente a los hechos", dijo Viviani.

La titular de la UFI señaló que presentaron "distintos puntos" para mejorar y que "la Municipalidad lo tomó muy bien". 

Marcantonio, por su parte, destacó que "lo importante es el trabajo en conjunto" y aseguró: "Nosotros somos servidores de la sociedad y tenemos que trabajar todos juntos, cada uno desde su lugar".

En ese marco, destacaron que los operativos por venta de drogas que se desarrollaron en la última semana surgieron por denuncias previas que permitieron la investigación.

"Es importante que nos digan los barrios conflictivos para que podamos hacer los operativos".

"Nos da mucho resultado hablar con los referentes vecinales, que nos brindan datos", dijo Marcantonio. "Entendemos que en San Pedro hay un alto nivel de conflictividad y todos o la mayoría de los delitos son transversales a la droga, al consumo", aseguró.

Marcantonio señaló que "lo importante es que se detecte" y pidió participación comunitaria: "Que la gente nos diga si en tal barrio están armando bunkers. El contacto con la gente, de manera anónima, es muy importante".

En el caso de Maximiliano "Pillo" Troche, informó Viviani, la causa comenzó a fines de 2024 con un llamado al 911 que permitió desarrollar la investigación, allanar los domicilios, secuestrar drogas y detener al acusado.

El jueves en horas del mediodía el Dr. Ricardo Pratti recibió a los abogados defensores y a la Fiscal María del Valle Viviani en la audiencia pactada para decidir la suerte de Maricel “Pili” Solís.

Está señalada como la autora material del homicidio de Marcel Xavier González Jorge, en una finca rural de su propiedad en la zona de Villa Sarita, el domingo 9 de junio de 2024. Aunque en principio y tras la primera autopsia la Fiscal había abonado a la hipótesis de un suicidio, la familia de la víctima -que se enteró de su muerte un mes y medio después- siempre sospechó y exigió una investigación más profunda.

Así, el 28 de noviembre de 2024, en una reunión entre la perito de parte designada por la Dra. Sofía Sanjurjo en representación de la familia del uruguayo y el Jefe de la Asesoría Pericial de San Nicolás, arribaron a la conclusión de que se trataba de un asesinato.

En diciembre, Maricel “Pili” Solís fue detenida y trasladada desde la “Estancia Sonho Verde” en Villa Sarita a la Comisaría de San Pedro y luego a otra dependencia en la ciudad de Rojas. Días después contrató como abogado defensor al Dr. Gustavo Moreno para que se le permita transcurrir en su domicilio el trámite del juicio.

La audiencia que se citó para el jueves 16 de enero en la OGA (oficina de Gestión y Audiencias), marca el punto de partida para esa decisión. La fiscalía solicitó la prisión preventiva y un nuevo peritaje sobre el cuerpo. Ese segundo pedido le valió el reproche del abogado de Solís, puesto que le resultaba contradictorio que reclame la privación de la libertad de su defendida cuando aún alberga alguna duda sobre la conclusión de los peritos que descartaron de plano el suicidio.

Todo lo dicho y actuado fue en presencia de la madre y el hermano de la acusada, de los abogados defensores, el juez y de manera virtual, la madre de Marcel desde su domicilio en los Estados Unidos.

La defensa de Marcel, por su parte, mostró las circunstancias en las que se desarrolló la investigación y la batalla de la familia para reabrir la causa y demostrar que la víctima de 33 años había vivido episodios complicados en su relación de pareja. También desechó que la droga encontrada en el campo perteneciera a Marcel, como intentó sugerir la acusada tras intentar justificar que no dio aviso a la familia del fallecido porque entendió que de esa tarea se ocuparía la policía.

Los detenidos por la estafa piramidal de la plataforma Rainbowex prestarán declaración indagatoria ante la fiscala María del Valle Viviani durante el transcurso de este viernes.

Imputados por estafas reiteradas, están acusados de captar inversores desde el denominado Knight Consortium con promesas de ganancias extraordinarias.

Durante el jueves hubo 14 allanamientos en San Pedro que derivaron en la detención de siete personas, todos sindicados como cabecillas de la organización criminal.

Maximiliano Braga y Andrés Desanzo pasaron la noche alojados en una celda del sector de calabozos de la Comisaría local, mientras que Luis Pardo, Mariano Diez y Facundo Villalba quedaron en la sede de la DDI, al igual que Alexis Pan y el sindicalista de Papel Prensa Gerardo Gelabert.

Ante Viviani, serán informados de los delitos que se les imputan y podrán, con asistencia de sus abogados —todo indica que van con defensa particular—, relatar su versión de los hechos, aunque también pueden hacer uso del derecho a no prestar declaración.

Además de los 14 allanamientos en San Pedro hubo al menos dos en San Antonio de Areco, a personas vinculadas a la financiera Areco Cambios, y otros en Bahía Blanca, donde también secuestraron elementos de interés para la causa que tramita en esa ciudad.

La Justicia informó que dispusieron la captura internacional de dos ciudadanos de Malasia, sindicados como parte de la cúpula de la organización cuyas caras visibles en San Pedro eran Pardo, Braga y compañía.

Como parte del proceso judicial, ordenaron incautar alrededor de 3,5 millones de dólares en USDT que fueron congelados en las cuentas de los imputados y quedaron bajo custodia de Fiscalía.

A casi una semana del asalto que sufrió una familia en su casa de Mitre al 2700 y que derivó en la detención de tres delincuentes tras una persecución, las víctimas esperan novedades sobre la investigación que lleva adelante Fiscalía.

Una de las pericias más relevantes que se aguardan es la apertura del teléfono celular que los ladrones olvidaron dentro de la casa cuando huyeron, antes de ser detenidos algunas cuadras después, en plena fuga.

La familia víctima del robo informó a La Opinión que en el bolso que descartaron los delincuentes y que vecinos de la zona de calle Rivadavia al 2800 entregaron a efectivos policiales de la Comisaría no estaba todo el botín del asalto.

"Sólo recuperamos el 10 por ciento de los pesos robados, moneda extranjera uruguaya y reales fuera de circulación. La moneda estadounidense no se recuperó y alhajas tampoco", indicaron.

El asalto ocurrió el jueves 14 de noviembre por la mañana. Los delincuentes ingresaron a la casa de las víctimas con una copia de la llave del portón. En la vivienda estaba una docente jubilada, que fue privada de su libertad.

Atada con precintos y amenazada, fue obligada a entregar dinero y objetos de valor a los ladrones. Pesos argentinos y uruguayos, dólares, moneda brasileña fuera de circulación y joyas.

Un transeúnte notó movimientos extraños y llamó al 911. La policía arribó y los delincuentes huyeron por la parte de atrás de la casa, situación que también revela que conocían detalles del inmueble.

La persecución permitió detener a uno de los ladrones en Salta y Laprida, a otro en Rivadavia e Italia y a un tercero en Rivadavia al 2800. En esa zona, vecinos detectaron que los delincuentes habían escondido una mochila y se la entregaron a la policía.

"Esperamos la rápida apertura del teléfono para saber quien aportó datos de nuestra familia y cómo los delincuentes tenían llave del portón", señalaron las víctimas a La Opinión.

Además de los tres delincuentes detenidos, todos oriundos del Gran Buenos Aires, hay un prófugo que huyó en un vehículo y que la investigación procura individualizar para capturarlo.

Entre los apresados hay uno, de 32 años, sobre quien pesaban cuatro órdenes de captura por parte de la Justicia de Esteban Echeverría, en el conurbano bonaerense, por hechos similares, tipo entraderas, que había proporcionado una identidad falsa a la Fiscalía local.

La titular de Fiscalía 7, María del Valle Viviani, ofreció una conferencia de prensa para brindar detalles sobre la investigación que lleva adelante junto a la Procuración General bonaerense en relación a la plataforma Rainbowex y el Knight Consortium.

Desde este miércoles está en San Pedro personal de la Unidad de Delitos Económicos y del área de Cibercrimen de la Procuración, con quienes Viviani trabaja para tomar las denuncias de quienes se consideren víctimas de "maniobras defraudatorias".

Además de esta causa, el caso Rainbowex tiene otra en el fuero Federal, en el que el fiscal Matías di Lello investiga los delitos de intermediación financiera no autorizada y lavado de activos.

Viviani confirmó en conferencia de prensa que hasta el momento tomó declaración a 13 víctimas y desmintió el número de "más de 60" que difundió el abogado Adolfo Suárez Erdaire ayer por la tarde. 

"Lo único oficial es lo que yo comunico y lo que hay en la causa", dijo, con firmeza.

Explicó que "las declaraciones demoran bastante" y que hay casos en los que estuvieron hasta dos horas para brindar detalles de cómo ingresaron a la plataforma, quién los invitó, cuánto dinero invirtieron y otras cuestiones relacionadas con el caso.

"Se ha hecho un cuestionario de manera conjunto con el departamento de Cibercrimen", explicó y destacó:  "Son delitos que llevan medios tecnológicos a través de distintas plataformas y lo que es la maniobra defraudatoria".

“Estamos investigando las maniobras defraudatorias y se verá si se configura otro delito”, dijo Viviani.

También desmintió las afirmaciones de Suárez Erdaire respecto de que la Fiscalía había "colapsado" e informó que el abogado fue citado en su momento en la causa para que preste declaración testimonial, tras aparecer en medios nacionales, pero que no representa formalmente a ninguna víctima en el expediente en trámite.

"En caso de que la víctima no pueda llegar hoy, se quedarán mañana para seguir tomando declaraciones", informó Viviani.

La fiscala consideró "prudente" resguardar a las víctimas y solicitó a los medios de comunicación que no los enfoque ni los grabe en Fiscalía, a menos que las propias personas accedan a prestar su testimonio público, como ya ocurrió en las propias puertas de las oficinas.

"Hay quienes han tenido  miedo de acercarse, pero sepan que se pueden presentar sin ningún intermediario y que Fiscalía les va a tomar la declaración", convocó Viviani. Quienes se consideren damnificados o víctimas, puenden presentase en la UFI 7, en calle Saavedra al 200.

"La gente que se presentó se considera damnificados, que fueron estafados", dijo Viviani.

La Procuración General bonaerense, que conduce Julio Conte Grand, ordenó las mismas medidas en distintos departamentos judiciales, de manera tal que quienes hayan ingresado a Rainbowex o a plataformas similares y se consideren víctimas de alguna acción defraudatoria puedan denunciar en la Fiscalía más cercana a su domicilio.

"Cada uno va a investigar las denuncias que se hagan con respecto a esta estafa relacionada con esta plataforma o cualquier otra, pero por departamento judicial", detalló Viviani, quien recibió mensajes de personas oriundas de otras zonas de la provincia con intención de denunciar.

"Esto es la directiva de la Procuración bonaerense, no sé qué organización tendrán las otras provincias respecto a esto", dijo respecto de las consultas que al menos este medio recibió de domiciliados en otras zonas del país, fuera de la provincia de Buenos Aires.