En el tramo final del histórico juicio oral que se sustancia en los Tribunales de San Nicolás por el conflicto entre el Sindicato de Camioneros y la empresa Rey Distribución, la defensa a cargo de Gabriel Rogelio Ruiz, de los seis exempleados imputados y uno de los choferes de habló con Lili Berardi en Sin Galera.

Durante la entrevista, analizaron los alegatos, cuestionaron el pedido de penas formulado por la fiscalía y expusieron el calvario personal que atraviesan los trabajadores desde hace más de tres años.

El proceso judicial, que investiga los sucesos ocurridos en 2021 frente a las instalaciones de la distribuidora local, tiene en el banquillo al dirigente Maximiliano Cabaleyro, para quienes el fiscal solicitó diez años de prisión efectiva, pero también a seis extrabajadores de la firma: Edgardo Di Mayo, Carlos Ojeda, Enzo Ojeda, Maximiliano Pérez, Lucas Torrez y Matías Torrez. Para estos últimos, la fiscalía pidió una condena de tres años de prisión en suspenso bajo la carátula de turbación de la posesión.

“El pedido del fiscal nos parece un despropósito absoluto. Mis seis asistidos no cometieron ningún delito; estaban ejerciendo un derecho constitucional de huelga y reclamando lo que legalmente les correspondía por convenio”, sentenció Gabriel Ruiz al fundamentar por qué solicitará la absolución total de los choferes.

El letrado puso el acento en la división que, a su criterio, debió haberse hecho desde el primer día entre el reclamo de los asalariados y las imputaciones hacia la cúpula sindical. “Acá se mezcló todo de manera maliciosa. Una cosa son las denuncias de coacción o extorsión que la empresa le imputa a la conducción gremial por presuntos pagos indebidos, y otra muy distinta la situación de empleados que no percibían los salarios de convenio y estaban en la puerta de la fábrica esperando una solución”, sostuvo Ruiz.

En esa misma línea, el abogado profundizó sobre los peritajes que se incorporaron durante el debate: “Las pericias contables y laborales determinaron que la empresa mantenía deudas salariales y diferencias de encuadramiento con los choferes. ¿Cómo se puede calificar de delincuente a un trabajador que está protestando pacíficamente porque no le pagan lo que marca la ley laboral? Si avalamos eso, estamos penalizando cualquier reclamo obrero en la Argentina”.

Uno de los exempleados, Edgardo Di Mayo, imputados tomó la palabra para dar cuenta del costo humano que significó haber participado de aquella medida de fuerza. “Nosotros éramos choferes de reparto, gente humilde de San Pedro que se levantaba a las cuatro de la mañana para trabajar. Lo único que pretendíamos era que la empresa nos reconociera los derechos que marcaba el convenio de Camioneros. De un día para el otro nos echaron, nos inventaron una causa penal y nos arruinaron la vida”, testimonió el extrabajador.

El testimonio dio cuenta de la “marca social que arrastran” desde 2021 a la hora de buscar trabajo en la ciudad: “En San Pedro nos conocemos todos. Vas a tirar un currículum a cualquier empresa, miran tu apellido o salta que estás procesado por el caso Rey y automáticamente te descartan. Nadie te toma. Fueron años durísimos de hacer changas, de tener que pedir ayuda a la familia para pagar el alquiler o darle de comer a nuestros hijos”.

Al ser consultado sobre el supuesto bloqueo que denunció la patronal, el chofer rechazó de plano que hayan existido agresiones físicas o amenazas directas por parte de los dependientes de la distribuidora.

“Nosotros nunca rompimos un vidrio, nunca le pegamos a nadie ni entramos a la fuerza al lugar. Estábamos en la calle, parados, esperando que la empresa y el sindicato se pusieran de acuerdo para que pudiéramos volver a trabajar con los sueldos en regla. La empresa nos dejó tirados y después nos denunció”, remarcó.

Hacia el final de la charla, el trabajador expresó el peso que significa afrontar la posibilidad de una condena penal: “Tener encima una acusación que pide tres años de prisión es una pesadilla constante. No dormís tranquilo, tus hijos te ven mal y la gente te juzga sin saber. Lo único que le pedimos a los jueces del Tribunal es que miren las pruebas con objetividad: no somos una patota ni delincuentes, somos choferes que nos quedamos sin laburo por reclamar lo que nos correspondía”.

En el marco de la investigación judicial que terminó con la detención y procesamiento del titular del gremio de Camioneros y ex concejal de San Nicolás, Maximiliano Cabaleyro, una escucha telefónica que contó con la aprobacion para su reproducción en la sala de audiencias compromete seriamente el rol activo que cumplió Cecilio Salazar, interviniendo con llamados a distintos funcionarios policiales, políticos e incluso al abogado de la empresa para simular que no hubo bloqueo en la planta de la Distribuidora Rey.

La reproducción del audio fue motivo de discusión puesto que los abogados intentaron restringirlo por haber sido obtenido de una conversación que era privada pero el tribunal entendió que “estando presentes” ambos, uno como imputado y el otro como testigo podía escucharse en la sala. Se sabe que el lunes, hubo otra discusión y otros audios que la defensa de Rey quería que se hagan públicos pero eso no sucedió. El relato quedó en boca de un efectivo policial que tuvo que apelar a su memoria para poder revelar que durante el bloqueo hubo llamados y amenazas a varios proveedores de la empresa para que no le entreguen mercadería. Esas escuchas también constituían una prueba importante para demostrar que la misión del sindicato era cercenar las posibilidades de todo tipo de actividad comercial. 

En la conversación, Cabaleyro y Salazar se tratan de "compañeros" y exhiben una estrecha sintonía gremial. Hablaban de la orden de desalojo dispuesta por la fiscala María del Valle Viviani ante el impedimento de entrada y salida de camiones en la distribuidora.

 El audio circuló el lunes por la noche en grupos de whatsapp y llegó a todos los medios de comunicación abriendo el dilema de la oportunidad de su publicación en coincidencia con la noche previa a la jornada de alegatos. Allí se escucha al intendente proporcionarle seguridad a Cabaleyro informándole que intervino en persona y a través de sus funcionarios más cercanos en ese momento: el secretario de Seguridad, Eduardo Roleri, el Comisario Juan Ramón Catalano y su amigo, el Dr. Daniel Spirópulos que por entonces era abogado de la familia Rey.

“Lo mandé a Roleri hace un rato y a que hablaran con ustedes, ahora lo mandé a hablar con la empresa, también hablaron con la fiscal. Lo único que va a hacer ahí el comisario (...) va a hacer un acta como que ustedes no están obstruyendo nada y ya está”, le detalla el jefe comunal al gremialista.

 En el mismo diálogo se menciona al comisario Juan Catalano, a quien acordaron encargarle la confección del acta policial que dejara asentado que la protesta era "amistosa" y sin conflicto. 

Durante la llamada, Salazar le relata a Cabaleyro la conversación que mantuvo con el abogado de Distribuidora Rey, Daniel Spiropulos. Lejos de garantizar la libre circulación y el amparo a la empresa local, el mandatario admitió haberle recriminado al letrado que la firma hubiera filmado y grabado a los sindicalistas para denunciar penalmente la extorsión.

"Le dije a Spiropulos: '¿Vos te creés que los vas a asustar con una denuncia a los muchachos? Vos estás loco, Daniel. Vos tenés que aconsejar a la empresa que eso es no tener códigos. ¿Cómo van a sentarse a negociar y van a estar grabando a los muchachos?'", afirmó Salazar en el diálogo telefónico.

Con la conclusión de los alegatos, La Opinión & Sin Galera decidieron darle difusión en el informativo Lo que Importa y transcribir textualmente la conversación entre ambos, incluídas las pausas que podrán escucharse en el archivo de audio completo una vez finalizada la audiencia de hoy y que abre el plazo de cinco días que ahora tiene el tribunal para expedirse.

Nota de la Editorial: La utilización política y partidaria de ese material correrá por cuenta de quienes ven en la justicia un instrumento de presión para satisfacer sus intereses. Los sótanos y los subsuelos del poder se alimentan de las injusticias que atormentan a la sociedad y empañan toda posibilidad de llegar a la verdad.

ESTO SE ESCUCHÓ EN EL TRIBUNAL Y EN PRESENCIA DE SALAZAR Y CABALEYRO

Cecilio Salazar: Hola.

Maximiliano Cabaleyro: ¿Hola, Cecilio?

Cecilio Salazar: Sí.

Maximiliano Cabaleyro: ¿Cómo anda? Maxi Cabaleiro le habla, Cecilio.

Cecilio Salazar: ¡Ah! Querido, ¿cómo anda, compañero?

Maximiliano Cabaleyro: Bien, ¿usted? Ahí me mandó el audio que le mandó Fernando.

Cecilio Salazar: Ah, bien, bien, bien. ¿Vos estás por San Pedro, estás por allá?

Maximiliano Cabaleyro: No, me vine a San Nicolás porque tuve dos despedidos en San Nicolás y tenía una reunión con la empresa y los trabajadores a las 4 de la tarde.

Cecilio Salazar: Ah, bueno.

Maximiliano Cabaleyro: Recién termino de cerrar el sindicato. Ahora voy a casa, me pego un baño y ya salgo para San Pedro de vuelta, porque me vino a ver el comisario de la Distrital también, que la fiscal dictó un desalojo.

Cecilio Salazar: No, ya acordamos ahí, viste ya... Yo lo mandé a Roleri hace un rato y a Bueno que hablaran con ustedes, ahora lo mandé a hablar con la empresa, también hablaron con la fiscal... Eh, lo único que va a hacer ahí el comisario, ya quedó hablado el comisario con Fernando, va a hacer un acta como que ustedes no están obstruyendo nada y ya está, ¿viste? Pero lo lo también hablé con el con el abogado. Hablé con el abogado, con Spiropulos, le dije que que lo que me dijo Fernando, ¿viste? Que en realidad se tiene que sentar la empresa con ustedes y acordar este tipo de cosas. Eh, lo que me dijo Spiropulos es lo siguiente: él estuvo hablando, me dice, con una abogada del gremio que le mandó eh a propuesta de ustedes eh no sé si son tres o cuatro puntos. Eh lo lo que recuerdo es que levanten la sanción de un delegado, ¿puede ser eso? O Ah, sí, está. Bueno, la empresa está de acuerdo con eso. Que en vez de nueve camioneros tengan 12, ¿algo así también?

Maximiliano Cabaleyro: Sí, porque habían despedido a tres y no le reincorporaron nunca al convenio.

Cecilio Salazar: Bueno, lo van a reincorporar.

Maximiliano Cabaleyro: Ajá.

Cecilio Salazar: Lo van a reincorporar. Y hay otro punto, Maxi, que no me acuerdo cuál es ahora, porque quedó Spiropulos de mandarme...

Maximiliano Cabaleyro: El de enero y febrero, la diferencia salarial de enero y febrero. Y el cuarto, que yo te dije, que sí o sí está en el reclamo, es la diferencia salarial de los últimos 24 meses que están en el expediente, Cecilio.

Cecilio Salazar: Debe ser seguramente ese, sí.

Maximiliano Cabaleyro: Yo vengo a ver, yo vengo vengo con esto, Cecilio, derecho de enero. Tratar sin llegar a estar en el conflicto, sin llegar a generar esto, pero bueno... Usted como como yo lo ha vivido que es sindicalista, en el sindicato lo que lo que uno como sindicalista hace. Esta gente se puso muy vigilante, todas las reuniones que tuvimos nos grabaron...

Cecilio Salazar: No...

Maximiliano Cabaleyro: Y ellos no no se dan cuenta... Usted lo habrá vivido como yo, no se habrá... no se dan cuenta que por ahí tiene tiene una relación con el doctor, no me interesa tampoco, ni mucho menos, pero acá el único beneficiario y que está cobrando guita es el el doctor, por lo que trabaja. Y genera genera un conflicto gigante penal que no no se... nunca termina en nada, porque la la verdad usted con muchos más años de sindicalismo como yo, como... Me lo ha hecho Siderar una denuncia penal, me lo ha hecho Loma Negra... Imagínese que no me voy a asustar por Rey. (Risas) ¿Me explico?

Cecilio Salazar: No, pero escuchá... Le acabo de decir a Spiropulos: "¿Vos te creés que los vas a asustar con una denuncia a los muchachos? Vos estás loco, Daniel. No no hagas esas cosas", digo, "vos tenés que aconsejar a la empresa que eso eh es no tener códigos. Sentar..."

Maximiliano Cabaleyro: Grabar no, Cecilio. Grabar no.

Cecilio Salazar: Claro, totalmente.

Maximiliano Cabaleyro: Grabar en una reunión y mandarlo a fiscalía lo que grabaron, ¡dejate de hinchar las bolas!

Cecilio Salazar: No, no va eso.

Maximiliano Cabaleyro: No te lo dice en junio... No le hice un reclamo de diferencia salarial en junio porque hablé con la empresa y le dije: "A ver, tenés que poner 3 millones de pesos si te reclamo 24 meses para atrás de los trabajadores. Convencionalo y pagale a partir de ahora lo que tenés que hacer", ¡y ahora me obliga a hacerlo!

Cecilio Salazar: Claro.

Maximiliano Cabaleyro: Porque haciéndome toda esta causa penal toda, yo me tengo que salir a cubrir el culo sindicalmente y con la con con los trabajadores más que nada, porque encima se me dicen los trabajadores, me vienen a picar la nuca a ustedes. "¿Te estás cagando, boludo?".

Cecilio Salazar: Ah, claro.

Maximiliano Cabaleyro: ¿Cómo cómo hago yo con el trabajador después para decirle que no? Le tengo que pedir todo. (Risas)

Cecilio Salazar: Totalmente. Totalmente. Tenés razón.

Maximiliano Cabaleyro: Me me me me deja sin herramientas.

Cecilio Salazar: No te deja margen para negociar. Claro, sí, sí, sí.

Maximiliano Cabaleyro: ¡Y no! Pero claro.

Cecilio Salazar: Pero bueno, mirá, lo que yo veo ahora que la empresa va a aflojar. Pues yo le dije: "Mirá, yo te digo una cosa: no quiero quilombos, dejen de joder". Le dije a Spiropulos. Digo: "Daniel, vos tenés que sentarte con la empresa, decirle que ellos se sienten con los muchachos, tratar de evitar, si no estás vos, mejor", digo. "Decirle que se dejen de joder con andar grabando", digo, "eso es no tener códigos. ¿Cómo van a hablar va a sentarse a negociar y van a estar grabando a los muchachos?", digo. "¿Qué clase de situación es esta?". Viste, bueno... Me dijo que...

Maximiliano Cabaleyro: La verdad no lo concibo, no me ha pasado jamás. Es la primera vez que me pasa.

Cecilio Salazar: Pero aparte vamos a ser reales, Maxi: estos son unos piojitos. Ustedes se han peleado con empresas mucho más poderosas...

Maximiliano Cabaleyro: Pero bien, Cecilio, la última causa penal me la hace Siderar por las vías...

Cecilio Salazar: Claro.

Maximiliano Cabaleyro: Y tuve delitos federales, no estamos hablando de la fiscal Viviani en San Pedro, ¿qué estamos hablando? (Risas)

Cecilio Salazar: Sí, no...

Maximiliano Cabaleyro: ¿Y no sucedió nada después?

Cecilio Salazar: La fiscal se fue a... ahora se fue a San Nicolás, está en San Nicolás, qué sé yo, porque yo quería hablar con ella. De todas maneras, habló Roleri con ella por teléfono. Le di... Le dijo que que era complicado hacer un un desalojo así por la fuerza y demás. Y bueno, lo que acordamos con Catarano que fuera a tomar la nota diciendo: "No, no hay ninguna obstrucción". Listo. Así que eso es lo que va a pasar ahora amistosamente, sin ningún tipo de de problemas.

Maximiliano Cabaleyro: Cecilio, yo mire lo que le digo: yo calculo que entre las 8:30 y las 9:00 de la noche voy a estar de vuelta en San Pedro. No sé si es horario para reunirnos o no. Si usted quiere que hagamos la reunión y tratar de trabar más esto lo más que se pueda, no tengo problema porque yo vine por otro conflicto que tengo acá en San Pedro... en San Nicolás. Y me baño, me cambio, dos minutos estoy en mi casa y vuelvo para allá. Yo estoy de una ya.

Cecilio Salazar: Yo le pedí... Ahora lo mandé a Roleri a hablar con la empresa. A decirles que se dejen de joder, que que se pongan de acuerdo con ustedes, que acuerden todo y que siga todo el trabajo normal.

Maximiliano Cabaleyro: Bueno, otra cosa que les quede bien claro: porque ahí hay un chico, sí, que nosotros lo sabíamos de ayer a esto, ahí hay un chico que la mamá o no sé está en el Consejo Escolar o en una escuela, en algo de esto de la comida que tienen ellos que tienen con ustedes, contrato con el Consejo Escolar, no sé bien cómo es, a mí no me interesa eso, la verdad...

Cecilio Salazar: No, no, no, el Consejo el Consejo... No, no, no.

Maximiliano Cabaleyro: O es directo con la Provincia...

Cecilio Salazar: Eso es con la Provincia.

Maximiliano Cabaleyro: Está bien, no tengo no no me interesa a mí, le digo la verdad, Cecilio, no tengo inconveniente ahí. Eh ayer ya sabíamos que se le había notificado a las escuelas que no iban a tener la mercadería hoy.

Cecilio Salazar: Sí, correcto. Mirá...

Maximiliano Cabaleyro: Y yo y yo no no no interrumpí la salida de ese camión ayer a hoy a la mañana.

Cecilio Salazar: El el servicio se hace de Provincia directamente con el Consejo Escolar, ellos le mandan la plata, el Consejo Escolar contrata, hace la licitación y licitan las empresas. El Municipio no tiene nada que ver. Pero bueno, eh...

Maximiliano Cabaleyro: Sí, sí, ya lo sé. Sí, sí, sí, sí.

Cecilio Salazar: Pero repercute en la ciudad, repercute en la ciudad importante, que no le llegue la comida a los chicos a la escuela, que le están dando lo que habían dado hoy en pandemia, ¿o no?

Maximiliano Cabaleyro: Sí, no, está bien.

Cecilio Salazar: ¿Y a quién le voy a hacer, Cecilio? Se lo pongo a usted ahí, por más que venga del Consejo, de donde sea...

Maximiliano Cabaleyro: No, totalmente, ya lo sé.

Cecilio Salazar: No lo tome a mal, pero el comisario el comisario de la ciudad y es usted. (Risas)

Maximiliano Cabaleyro: Maxi, yo tengo una excelente relación ahí con con Fernando, nosotros tenemos buena relación con ellos, así que no hay problema. Creo que la empresa va a aflojar, por lo que tengo entendido van a aflojar. Yo, la verdad que hablé recién con Spiropulos, le dije: "Dejá de joder, tratá de hacer entender a la empresa que tienen que acordar con el sindicato, no pueden estar grabándolos, no pueden... Se tienen que sentar ahí sin grabador por medio y van a acordar las cosas", le digo, "quedate tranquilo, yo conozco cómo piensan los muchachos, si yo también he estado en estas cosas".

Maximiliano Cabaleyro: ¿Cómo te van a venir a grabar?

Cecilio Salazar: Te van a venir a grabar...

Maximiliano Cabaleyro: Aparte ya una... Mire, lo último que pasó, creo que fue ayer, ayer martes: terminaron denunciando a la abogada también. Eh entre un colega que está denunciando a otro colega, en la causa penal lo involucró. Yo, la verdad, falta de códigos total, Cecilio. Porque que nos denuncien a nosotros como sindicato, a mí como persona, todo, pero ya entre colegas, abogado contra abogado... ¿Qué qué son? ¿Todos vírgenes? ¿Nunca se les va a caer... tienen que sacar plata son todos ellos?

Cecilio Salazar: No, no, quedate tranquilo...

Maximiliano Cabaleyro: Entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera, ¿me está cargando? ¿Cómo que yo le haga una denuncia a usted? ¡Hola! Somos colegas. O sea, cualquier dirigente sindical, ¿cómo le voy a pisar la manguera yo a un a un colega? ¿Estamos todos locos?

Cecilio Salazar: Está bien. Bueno, mirá, yo cualquier cosa que pase en estos próximos momentos yo te... ¿Este es tu celular?

Maximiliano Cabaleyro: Sí, sí, sí, el mismo de siempre tengo, Cecilio. Hace 14 años que lo tengo.

Cecilio Salazar: Perfecto.

Maximiliano Cabaleyro: Y no lo voy a cambiar por esta causa, imagínese. (Risas)

Cecilio Salazar: No, claro, seguro. Más vale.

Maximiliano Cabaleyro: Yo tengo hace 14 años que tengo el mismo número, Cecilio.

Cecilio Salazar: Dale, listo. Yo cualquier cosa te llamo, mi querido.

Maximiliano Cabaleyro: Yo calculo que entre las 8:30 y las 9:00 voy a estar en San Pedro de nuevo.

Cecilio Salazar: Listo.

La nota más llamativa de la jornada del lunes en el Tribunal fue la presencia de la senadora provincial y abogada de la empresa Rey Distribución, Dra. Florencia Arietto. Llegó para ultimar los detalles de su alegato el martes cuando todas las partes hagan uso de la hora que el juez concedió para exponer los argumentos que determinarán la situación de Maximiliano Cabaleyro y de los seis ex empleados.

La causa  por el bloqueo y extorsión a la empresa de la familia Rey terminó esta mañana con la presentación de los últimos tres testigos citados en el debate: el perito de parte, la psicóloga y un oficial de policía.

Durante el análisis testimonial de la profesional de salud mental, los cuestionamientos giraron en torno a las manifestaciones expresadas oportunamente en sede prejudicial y pericial respecto de las entregas de dinero y los aportes. La defensa buscó centrar su argumentación técnica en que los pagos o acuerdos económicos entre un empleador y la representación sindical constituyen infracciones de índole laboral o desleal bajo la Ley de Asociaciones Sindicales, pero no configuran por sí mismos el tipo penal de extorsión o coacción, eje sobre el cual basarán su planteo de inocencia. Así lo consideró el Dr. Gabriel Rogelio Ruíz quien patrocina a los ex trabajadores de la empresa.

Para este martes, el Tribunal dispuso el inicio de los alegatos de clausura a partir de las 10, con un tiempo estipulado de una hora de exposición para cada parte.

Abrirá la parte acusadora con la fiscal que instruyó la causa, Dra. María del Valle Viviani; continuará el particular damnificado y la querella de la familia Rey, con la alocución de la abogada Florencia Arietto, y luego será el turno de las defensas: el Dr. Mauricio Gugger e Ignacio Baldarenas en representación del sindicalista Maximiliano Cabaleyro, y el Dr. Gabriel Ruiz por los exempleados de la distribuidora.

Tras los alegatos de mañana, el Tribunal pasará a deliberar y quedará a la espera del veredicto final, que por los plazos procesales se dará a conocer dentro de los cinco días hábiles posteriores.

«Me preguntaron si yo había intercedido en algún momento por la causa, cuál había sido mi intervención y demás, y le dije la verdad, lo que había hecho yo: tratar de llamar a la empresa, llamar al sindicato para que se sentaran a dialogar y que no hubiera problemas», sostuvo tras brindar su testimonio ante la Justicia", ese fue el resumen de los casi 20 minutos que Salazar dijo haber estado en la sala de audiencias en la quinta jornada del juicio que tiene como imputados a Maximiliano Cabaleyro y a seis exempleados de la Distribuidora Rey.

La Opinión se comunicó con el Jefe Comunal para obtener declaraciones de primera mano y pese a que en febrero de 2022 el  bloqueo a la planta de la familia Rey en calle Bonorino cobró repercusión pública local y nacional, sostuvo que no tenía constancia de que la firma estuviese impedida de operar. Por entonces, Rey Distribución era proveedora de los alimentos de los comedores escolares y mantenía contratos de provisión en plena pandemia con acopio de mercadería en un galpón alternativo sobre el Camino Lucio Mansilla.

Desde la sala del Tribunal las conclusiones fueron diferentes, puesto que se reprodujeron audios que mantuvo Salazar con Cabaleyro.

 «Acordamos con Catalano que vaya a tomar nota y diga que no hubo obstrucción», se escuchó en uno de esos registros respecto de la orden que impartió al Comisario Juan Ramón Catalano cuando nadie imaginaba que la Fiscal María del Valle Viviani se iba a hacer presente en el lugar para liberar la entrada.

Lo cierto es que en los registros quedó claro que el intendente de San Pedro estuvo casi una hora declarando y cuando la defensa de Rey y la fiscalía pudieron interrogarlo se vivieron momentos de tensión porque no pudo explicar el motivo por el que le pedía al comisario que no deje constancia de un bloqueo porque era una protesta. 

Por la mañana, el Tribunal tomó declaración a la titular de la Secretaría de Trabajo, Dra. Sofía Rotundo. Su intervención en ese momento se limitó a dejar constancia de los reclamos que efectuaban los trabajadores: el cuerpo de baños que en un plazo determinado la empresa construyó en un terreno frente al depósito.

La quinta jornada culminó minutos antes de las 16.30 y la tarea continuará al menos hasta el 8 de octubre.

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El intendente municipal de San Pedro, Cecilio Salazar será uno de los testigos que más interés despierta desde la perspectiva que implica para la política local sentarse y declarar en cualquier sentido sobre los hechos en los que se juzga el accionar de un dirigente gremial de peso en el bloqueo y extorsión a la empresa de su principal adversario para las elecciones de 2027. Aunque no es materia de análisis para la justicia es uno de los citados por la postura que adoptó durante los días en los que se extendió el conflicto. 

Este viernes en los Tribunales de San Nicolás, donde se desarrolla el juicio contra Maximiliano Cabaleyro, se preguntan si definitivamente la dra. Florencia Arietto acompañará a las abogadas que la secundan en su estudio cuando llegue el momento de las preguntas. Hasta el momento, solo participó en la jornada inicial y compartió en sus redes las fotos con sus defendidos.

Desde que se conoció la decisión de Fernando Espíndola de aceptar el ofrecimiento del juicio abreviado, el Dr. Mauricio Gugger, quien actúa en defensa de Cabaleyro logró allanar el camino y centrar la discusión en la refutación de las pruebas documentales y la defensa del derecho a reclamo que asiste a los trabajadores que cuentan con el patrocinio del Dr. Gabriel Ruiz. Este último puso en aprietos en su declaración a uno de los familiares de Rey al hacerle comprender que si “coima” es un delito, lo comete tanto quien la paga como quien la recibe.

Desde el lunes y hasta el jueves, declararon peritos, contadores, los dueños de la empresa y sus esposas, la madre de los hermanos Rey y otros testigos entre los que se incluyó a vecinos que observaron lo acontecido en las puertas de la planta durante el bloqueo. También se tomaron las reservas para someter a careo a quienes se contradijeron con los trabajadores imputados por las condiciones laborales en las que se desempeñaban y ocasionaron los despidos que quedaron firmes tras el conflicto.

Este jueves, la declaración que más interés despertó fue la de un proveedor de servicios de mantenimiento que había indicado que presenció ocasionalmente la entrega de sobres que se llevaban representantes del gremio aunque al ser repreguntado no pudo ratificar que hubiese dinero en esas entregas. 

Sin embargo la defensa comenzó a indagarlo minuciosamente para apuntar a que ofrezca entre otras cosas detalles edilicios ya que es de público conocimiento que el reclamo inicial era por la falta de un cuerpo de baños más amplio y cuando todo se complicó comenzaron a sostener irregularidades en los pagos. Según los empresarios las coimas les fueron exigidas desde el año 2017. 

Hay que recordar que los debates se extenderán hasta el 8 de octubre próximo y que por el momento no se sabe si desistirán de la presencia de algunos de los 80 convocados. 

Fue la fiscal María del Valle Viviani, a cargo de la UFI N.º 7 de San Pedro, quien se hizo presente en la planta de Rey Distribución cuando el motor home en el que estaba Cabaleyro estaba estacionado en el acceso a la empresa y por ende inició la causa con elementos que incluyeron las amenazas de las que fue víctima el por entonces abogado de la familia Rey, Daniel Spirópulos. 

Para impulsar la causa meses más tarde recurrieron a la abogada y por entonces dirigente de Juntos por el Cambio, se encuentra la hoy senadora bonaerense e impulsora del Movimiento Anti Bloqueo Florencia Arietto. En defensa de los imputados actúan los abogados Mauricio Gugger por los gremialistas y Gabriel Ruiz por los seis exempleados.

Los Tribunales de San Nicolás fueron sede este martes de la segunda jornada del juicio oral que se le sigue al dirigente del Sindicato de Camioneros, Maximiliano Cabaleyro, por los delitos de turbación de la posesión, coacción y extorsión.

En el inicio de la audiencia, la contadora de la firma Rey Distribución brindó un detallado informe sobre el perjuicio económico sufrido por la compañía durante el piquete y medida de fuerza llevado adelante por la organización gremial a la vez que según indicó el abogado de los trabajadores, Gabriel Ruiz reconoció que los empleados estaban declarados dentro del marco de empleados de comercio y que sus recibos de sueldo eran por media jornada ya que no eran literalmente choferes. De allí surgen las diferencias que se reclaman en favor de los seis trabajadores.

La contadora Patricia Butti sostuvo que se constató una pérdida de unos $ 13.500.000, a valores de febrero de 2021, que traducidos al valor dólar de entonces, significaron más de 140 mil dólares. Todo motivado por el bloqueo que paralizó las actividades de la firma sampedrina a lo largo de cinco días consecutivos, entre el 22 y el 26 de ese mes.

Después del testimonio que posibilitó darle relevancia a las implicancias de la medida adoptada por el gremio, llegó el turno de la declaración de la perita de la Asesoría Pericial, cuyo rol en la audiencia fue la examinar “la validez de los montos exigidos por el gremio y posteriormente abonados por los titulares de la distribuidora”. Tal como informó La Opinión, la pericia es concluyente si se toma como base lo que estipula el convenio del gremio Camioneros y no el de Comercio.

En este caso, lo actuado por la profesional tuvo como finalidad precisar si la deuda reclamada por los representantes sindicales se encuadraba dentro de las normativas existentes o si fue una extorsión contra los empresarios, que sustenta las bases de este juicio.

En la primera jornada, durante más de cinco horas, se pudo escuchar a Gustavo Rey, quien aparece a cargo de la empresa local. En la segunda, además de los contadores comenzó la declaración de Ariel Rey que continuó en la mañana de hoy. Para las próximas jornadas se esperan los testimonios de las partes citadas por los abogados y estiman que no habrá conclusiones hasta la semana próxima.

La Justicia dio con familiares de la persona que murió tras el despiste e incendio de una Ford EcoSport en ruta 1001 el miércoles por la madrugada.

La Fiscalía n.° 7 que conduce María del Valle Viviani había obtenido elementos para avanzar en la investigación hacia la identificación del fallecido, cuyo cuerpo calcinado impidió tener certezas al respecto.

Ahora aguardan el cotejo de las muestras de ADN tomadas a uno de los familiares con las que se conservaron tras la autopsia practicada en morgue judicial.

Los datos que habían obtenido del automóvil tras las pericias de Policía Científica permitieron establecer la titularidad del vehículo, por lo que resta confirmar si corresponde a la persona que murió dentro del coche.

El accidente se produjo el miércoles, alrededor de las 3.00 de la madrugada, cuando el conductor de la camioneta perdió el control mientras circulaba en sentido Río Tala.

Cámaras de seguridad lo registraron al salir de la ciudad en esa dirección. Cuando despistó, terminó más allá de la banquina, en el acceso a un vivero ubicado en el kilómetro 7 de la ruta 1001.

El coche tomó fuego de inmediato. Personal de Bomberos arribó alertado del incendio y sofocó las llamas. Cuando terminaron y se disipó el humo, notaron que en el habitáculo había un cuerpo sin vida.

Policía Científica relevó pruebas en el lugar y el cadáver calcinado fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia. Las pericias determinaron que no hubo participación de terceros y que la muerte se produjo en el marco del accidente.

Comenzó la etapa de ofrecimiento de pruebas camino al juicio oral y público por la causa Rainbowex, la plataforma de inversiones en criptomonedas que resultó una estafa piramidal tipo esquema ponzi, en la que las partes involucradas propondrán testigos, pericias, etc.

En ese marco, la defensa de uno de los imputados por el delito de estafas reiteradas hizo un planteo de recusación para apartar de la causa a la fiscala María del Valle Viviani, titular de la UFI 7, quien instruye la causa desde que decidió iniciarla de oficio ante las publicaciones de La Opinión sobre el caso.

La abogada Sofía Sanjurjo, defensora particular de Andrés Desanzo, planteó al juez en lo Correccional Sebastián Zubirí que hay una "situación de antagonismo e incompatibilidad que hace imposible la actuación imparcial" de Viviani "en cualquier causa en la que intervenga" ella como abogada.

En primer lugar, Sanjurjo señaló que en el marco de la causa por el caso Marcel ella denunció formalmente a Viviani ante la Procuración, lo que le valió un llamado de atención a la titular de la Fiscalía n.° 7 “por falta de diligencia y adecuado control en el manejo de efectos”, tras lo que se excusó de continuar.

"La existencia de este sumario administrativo, su tramitación y la sanción disciplinaria resultante, constituyen por sí solos un antecedente objetivo e incontrovertible", sostuvo la abogada.

Además, indicó que Viviani "ha adoptado una conducta sistemática y reiterada de excusarse en todas y cada una de las causas" en las que Sanjurjo interviene como defensora, lo que, consideró, constituye "un patrón de comportamiento" que "evidencia la existencia de un vínculo de hostilidad personal".

Por otra parte, en el escrito presentado ante el juez las abogadas Sanjurjo y Croizet, que representan a Desanzo, adhirieron a la prueba ofrecida por Fiscalía y ofrecieron testigos para que declaren en el juicio.

Desanzo había sido detenido en el marco de los allanamientos ordenados por la Justicia para el 19 de diciembre de 2024. En ese momento fueron apresados siete de los 14 sampedrinos imputados en la causa.

Estuvo alojado en la cárcel de San Nicolás hasta que a fines de enero de 2025 el juez de Garantías dictó la falta de mérito para él y otros acusados, por lo que sólo quedaron tras las rejas Maximilano Braga, Luis Pardo y Alexis Pan.

Desanzo es empleado de Papel Prensa y miembro del sindicato que conduce Gerardo Gelabert, quien forma parte del grupo de acusados que irá a juicio por el caso Rainbowex. En su defensa sostuvo que él también fue estafado al participar de la plataforma de "la China".

Un hombre de 46 años fue detenido este viernes por la tarde durante un allanamiento llevado a cabo en una vivienda ubicada en calle Nieto de Torres al 900, en el marco de una causa por abuso sexual agravado.

El procedimiento fue concretado por personal del Gabinete Criminológico y del Grupo de Tareas Operativas de la Estación de Policía Comunal, tras una investigación que se inició a partir de una denuncia radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia.

A partir de las tareas investigativas, los efectivos lograron establecer la identidad y el domicilio del imputado, lo que permitió solicitar una orden de allanamiento a la Unidad Funcional de Instrucción Nº 7, a cargo de la fiscal María del Valle Viviani. La medida fue autorizada por el Juzgado de Garantías Nº 3 del Departamento Judicial San Nicolás, a cargo de María Eugenia Maiztegui.

Con la orden judicial en mano, los uniformados se presentaron en el domicilio señalado, donde procedieron a la detención del sujeto, quien quedó imputado por el delito de “abuso sexual con acceso carnal”, triplemente agravado por haber provocado un grave daño psicológico, en un contexto de guarda y convivencia con la víctima.

Tras su aprehensión, la Fiscalía interviniente dispuso la notificación de la causa y su alojamiento en el sector de calabozos, mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes en torno a un caso de extrema gravedad.

Desde la semana pasada rige alerta internacional de Interpol para detener a los dos ciudadanos oriundos de Malasia que están involucrados en la causa de la estafa piramidal de la plataforma Rainbowex y el denominado Knight Consortium, conocida popularmente en San Pedro como "la China".

Pang Siew Li y Delian Chong, de 34 y 30 años, respectivamente, tienen orden de captura vigente. La alerta de Interpol implica que la policía de todos los países miembros están al tanto y pueden proceder a su detención.

Los malayos habían sido identificados como los responsables de la contratación del hotel Emperador y de la parafernalia dispuesta alrededor del evento de gala que tuvo lugar el 21 de septiembre del año pasado.

La exposición que implicó esa cena fue lo que despertó la alerta entre quienes analizaban la plataforma Rainbowex en busca de confirmar lo que finalmente se reveló: que se trataba de una estafa piramidal tipo esquema Ponzi.

El informe de la Secretaría Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital que coordina Julio Pérez Carreto estableció a través de los e-mails que efectivamente esos ciudadanos de Malasia son los que estuvieron a cargo de la organización del evento.

En esa cena de gala del hotel Emperador participaron los principales referentes sampedrinos del Knight Consortium, entre ellos los detenidos Luis Pardo, Maximiliano Braga y Alexis Pan, quienes junto a otros "líderes" de diversos puntos del país fueron premiados.

Las distinciones fueron entregadas por dos actores polacos que fueron contratados especialmente para caracterizarse como ejecutivos de la empresa.

Los actores aseguraron al periodista Maximiliano Firtman que fueron "contratados por una agencia asiática para hacer una performance bajo otro nombre".

Los responsables de esa "agencia asiática" serían Pang Siew Li y Delian Chong, los malayos que ahora tienen orden de captura con alerta internacional de Interpol para ser indagados por las fiscalas María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, a cargo de la investigación del resonante caso.

Los detenidos por el caso de la estafa piramidal tipo esquema Ponzi de la plataforma Rainbowex y el Knight Consortium tuvieron un revés judicial que puede repercutir en la situación cada uno de los involucrados en “la China”.

La Cámara de Apelaciones resolvió revocar el beneficio de arresto domiciliario que el Juzgado de Garantías había otorgado para Alexis Pan, —hijastro del sindicalista papelero Gerardo Gelabert, también involucrado en la causa—lo que indica que podría hacer lo mismo, llegado el caso de análisis, para Maximiliano Braga y Luis Pardo.

Los jueces del Tribunal hicieron lugar al reclamo de la fiscala María del Valle Viviani y consideraron que el beneficio no encuadra en las posibilidades de Pan, y que no hay ninguna circunstancia excepcional que lo amerite.

Pan, que dejó de tener al estudio Lima como patrocinante, había obtenido la posibilidad de continuar la prisión preventiva que pesa sobre él en su casa "por cuestiones de salud". Sin embargo, para la Cámara de Apelaciones no estaba configurado debidamente.

Dejaron asentado que el planteo respecto de que es "un interno con personalidad con sensibilidad emocional alta, dependencia afectiva, introspección excesiva y perfeccionamiento ansioso" no necesariamente implica que deba estar en su domicilio.

El perito médico informó que "si no hay tratamiento o hay factores estresantes crónicos" podría "evolucionar a trastornos de ansiedad o depresión más severos", por lo que aconsejó "tratamiento psiquiátrico - psicológico en la UP3 o bien arresto extramuros".

El Juzgado de Garantías había considerado ese informe como suficiente para otorgar el beneficio, pero la Cámara de Apelaciones revocó la resolución al establecer que no hay inconvenientes para que Pan sea tratado como corresponde dentro de la Unidad Penal de San Nicolás.

La misma Cámara deberá expedirse sobre la situación de Maximiliano Braga, a quien también el Juzgado de Garantías le aprobó el arresto domiciliario, decisión que fue apelada por Viviani.

En el caso de Pardo, todavía el Juzgado de primera instancia no resolvió el planteo de su abogado para que le den la posibilidad de transitar la prisión preventiva en su casa, porque una situación familiar provocó demoras en los informes psicológicos.

Pardo, Pan y Braga, detenidos con prisión preventiva acusados de liderar las estafas reiteradas cometidas en el marco de la plataforma Rainbowex, son tres de los  14 sampedrinos imputados.

"La China" resultó ser una estafa piramidal tipo esquema Ponzi en cuyo marco no había trading ni criptomonedas sino una simulación virtual que mantuvo engañados a todos los que arriesgaron su dinero en la presunta inversión.

Este martes tuvo lugar en los Tribunales de San Nicolás la primera jornada del juicio oral y público contra Francisco Vlaeminck y Daiana Franco, acusados del asesinato de Naiara Durán.

Unos 22 testigos, entre ellos los médicos que practicaron la autopsia el cuerpo de Naiara, pasaron por la sala de audiencias durante la primera jornada del debate, que comenzó alrededor de las 9.00 de la mañana y terminó pasadas las 16.00, con un cuarto intermedio al mediodía.

La primera en prestar declaración fue Elsa Romero, la abuela de Naiara, quien fue convocada para contar cómo había sido la vida de su nieta hasta el momento del crimen, los pormenores que conocía de la relación que mantenía con su expareja Francisco Vlaeminck, entre otros aspectos.

La familia de Naiara concurrió con remeras que tenían el rostro de la joven estampado y la cantidad de personas que llegó a Tribunales fue tal que no todas pudieron pasar a la sala de audiencias. 

Entre los presentes estaba la subsecretaria de Género, Laura Monfasani, puesto que el caso está caratulado como femicidio.

Los acusados decidieron que el juicio no sea por jurados sino técnico, puesto que su abogado particular, Adolfo Suárez Erdaire, tiene como estrategia de defensa atacar desde el punto de vista formal las pruebas colectadas por la fiscala María del Valle Viviani durante la instrucción.

Así, la primera jornada tuvo muchas cuestiones técnicas que se ventilaron en el debate: desde los metros río adentro donde estaba el tambor, hasta los aspectos vinculados al mantel en el que estaba envuelto el cuerpo de Naiara o los pelos del perro que hallaron y que nunca pudieron cotejar porque el animal desapareció misteriosamente.

Los peritos de la Policía Federal ratificaron que los perros de esa fuerza detectaron sangre humana de más de 48 horas en la casa, ante los planteos del abogado defensor, que pretendía poner en duda esa prueba.

La segunda jornada será este miércoles, cuando se cumplen dos años desde aquel domingo de las elecciones Primarias 2023 en el que Naiara salió de su casa en moto y no se la vio más. 

Su cuerpo fue encontrado cuatro días después, dentro de un tambor de 200 litros que fue divisado por un pescador en la zona de Cantando en el Río, flotando en el riacho.

Pasarán, entre los testigos, personal de la Sub DDI San Pedro - Baradero, que tuvo a su cargo la investigación, y de Policía Científica, que practicaron las pericias durante la instrucción de la causa.

Además, se espera que declaren Francisco Vlaeminck, Daiana Franco y Mario Franco, padre de ella, acusado de encubrimiento.

Viviani llevó a Francisco Vlaeminck y a Daiana Franco a juicio detenidos, acusados de haber matado a Naiara a puñaladas con un cuchillo y un destornillador dentro de la casa de Primera Junta y Bottaro donde ambos convivían.

Las pericias hallaron restos de sangre bajo una pintura reciente en las paredes de la casa y el mantel en el que estaba envuelto el cuerpo sin vida de la joven víctima coincide con uno que se ve en muchas fotos de redes sociales de la pareja acusada.

El personal policial que practicó pericias en la casa también ratificó la limpieza del cuarto donde encontraron las manchas de sangre respecto del resto de la casa.

Para Viviani, las pruebas son suficientes para lograr una condena, que en ambos casos sería de prisión perpetua porque la acusación es por homicidio agravado, que incluye la figura de femicidio en el caso de Vlaeminck.

Para el abogado Suárez Erdaire, las pruebas no son contundentes para condenar a sus pupilos. La decisión final la tendrán los jueces cuando una vez que termine el juicio este miércoles deliberen respecto de los elementos probatorios y los alegatos de las partes.

La semana que viene, en los Tribunales de San Nicolás, tendrá lugar el juicio oral y público por el crimen de Naiara Durán, la joven de 25 años que fue asesinada el 13 de agosto de 2023 y cuyo cuerpo apareció varios días después dentro de un tambor de 200 litros que flotaba en el río.

Habrá alrededor de 50 testigos que fueron citados al juicio, entre ellos los profesionales que tomaron intervención en la autopsia y el levantamiento de pruebas.,

Los imputados, Francisco Vlaeminck, expareja de Naiara y padre de uno de sus hijos, y de Daiana Franco, pareja conviviente de Vlaeminck en ese momento, declararán ante los jueces durante el debate.

Él está acusado de femicidio y ella, de homicidio simple agravado. Para ambos, la única pena posible en caso de resultar declarados culpables es la prisión perpetua. Además, Mario Franco, padre de Daiana, será juzgado por encubrimiento.

El abogado defensor particular de los acusados, Adolfo Suárez Erdaire, adelantó en La Opinión & Sin Galera que buscará demostrar que las pruebas que obran en la causa “no son lo suficientemente contundentes” para condenar a Vlaeminck y Franco.

La fiscala María del Valle Viviani, por su parte, intentará convencer al Tribunal que los acusados son los responsables de asesinar a Naiara y de tirarla en el río dentro del tambor de 200 litros en el que hallaron su cuerpo, envuelto en un mantel y atado con cables.

Suárez Erdaire sostuvo que eligieron un juicio técnico en lugar de uno por jurado ciudadano porque la estrategia de defensa es atacar técnicamente la profundidad de la prueba colectada por Fiscalía.

Viviani, en tanto, consideró en la instrucción que los elementos probatorios reunidos son suficientes para establecer la culpabilidad y que el Tribunal condene a los acusados.

Elsa Romero, abuela de Naiara, dijo a La Opinión & Sin Galera que será la primera en testificar en el juicio el martes y que presenciará todo el debate, excepto cuando tengan que exponer las imágenes de cómo encontraron a su nieta asesinada.

Confirmó que familiares, amigos y allegados de la joven irán a San Nicolás con pancartas, banderas y carteles a la espera de que el resultado sea favorable y que el crimen no quede impune.

"Confío en la Justicia", dijo Elsa y aseguró que, al igual que Fiscalía, entiende que los elementos de prueba son suficientes para que haya condena contra Francisco Vlaeminck y Daiana Franco, los acusados de matar a Naiara.

La Fiscalía n. 7 que conduce María del Valle Viviani investiga la aparición de imágenes generadas con inteligencia artificial en las que se ven rostros de chicas de San Pedro sobre cuerpos desnudos en situaciones sexuales.

Las imágenes trucadas fueron captadas por las víctimas en plataformas que se utilizan para subir contenido erótico y la mayoría fueron posteadas por un usuario cuya identidad la Justicia procura establecer.

Una gran cantidad de publicaciones refieren a San Pedro en esas plataformas de contenido erótico no profesional. Muchas de ellas, de acuerdo a lo que obra en la causa, son falsas.

En los casos denunciados, las víctimas indicaron que las fotos originales corresponden a publicaciones que hicieron en redes sociales, sobre todo en Instagram.

Esas fotos fueron intervenidas con IA para reemplazar los cuerpos por imágenes de desnudez que las convierten en contenido sexual explícito.

La producción y difusión de esas imágenes bajo la modalidad deepfake, es decir manipuladas con inteligencia artificial vía face swapping (la disposición de rostros en cuerpos ajenos) implica un delito relacionado con la denominada Ley Olimpia, que regula la violencia digital con perspectiva de género.

Así, actos como la difusión de imágenes sexuales sin consentimiento se encuadran en lesiones graves, en este caso a la integridad psicológica y sexual de las víctimas, agravadas por ser cometidas en contexto de violencia de género.

La investigación del caso es incipiente y está orientada a la identificación de las direcciones IP desde las que fueron subidas a la Internet, en procura de dar con los autores del delito cometido.

La Justicia ordenó el desalojo en Gobernador Castro de la casa de dos hermanos internados en Sadiv, propiedad que había sido usurpada el sábado 31 de mayo por una pareja con cuatro niños.

El juez de Garantías Ricardo Prati ordenó el alzamiento y la policía llegó por la tarde, tras la notificación correspondiente, para hacer cumplir el mandamiento, pero los ocupantes ya se habían retirado por sus propios medios.

A los pocos días de la usurpación, se vio a un grupo de personas que hicieron fuego y llegaron con colchones, hilos y palos para demarcar el lugar, con intenciones de "lotear" y distribuirse las parcelas, tras limpiar el terreno.

A las dos semanas, la policía impidió que otro grupo hiciera efectiva la usurpación del predio en el que está emplazada la vivienda tomada originalmente.

Los dueños de la casa y el terreno son dos hermanos que están alojados en Sadiv y bajo tutela judicial. La causa había recaído en la Fiscalía de Viviana Ramos y luego pasó a la de María del Valle Viviani, tematizada en usurpación de inmuebles.

La DDI detuvo en la ciudad de Florencio Varela a un hombre de 36 años acusado de abusar sexualmente de la hija de quien era su pareja años atrás, cuando los tres convivían en San Pedro.

La causa comenzó en enero pasado, momento en que la niña, que hoy tiene 13 años, le contó a su mamá las prácticas sexuales a las que fue sometida cuando tenía entre 5 y 6 por parte de quien entonces era pareja de ella.

La investigación logró establecer que el denunciado, oriundo de la provincia de Misiones, ya no vivía en San Pedro y que estaba en el conurbano. Así, lograron dar con su paradero en Florencio Varela.

La Fiscalía que conduce María del Valle Viviani pidió al Juzgado de Garantías interviniente el allanamiento para detenerlo. El juez Parodi autorizó y la DDI procedió este lunes.

El detenido fue trasladado a San Pedro para quedar a disposición de la Justicia. Fiscalía le tomaba declaración indagatoria en el transcurso de este martes, imputado por abuso sexual agravado.

Tras declarar, será alojado en la comisaría de la ciudad de Colón, sitio donde el Centro de Operaciones Policiales dispuso sea trasladado, de acuerdo al cupo disponible.

El fiscal de Baradero Vicente Gómez, titular de la UFI 9 de la vecina ciudad, quedó a cargo de la instrucción de la causa que investiga el homicidio de Marcel Xavier González Jorge, el uruguayo de 33 años que murió en medio de un verdadero baño de sangre en una finca de ruta 191.

Tras la decisión de Fiscalía general de apartar a Viviani del caso, Gómez ordenó una serie de medidas de prueba y tomó declaraciones testimoniales la semana pasada, camino al último tramo de la instrucción rumbo al juicio.

Gómez llamó a declarar a los policías que tomaron intervención apenas se tuvo conocimiento de lo ocurrido, puesto que la familia de Marcel, que tiene a la abogada Sofía Sanjurjo como representante, quiere profundizar la investigación.

Sobre todo luego de que, como había anticipado Sanjurjo a La Opinión, las pericias sobre los teléfonos secuestrados abonaran las sospechas de que además de la imputada, Maricel "Pili" Solís, podría haber participación de terceros.

Las pruebas contra Solís son cada vez más contundentes: a la pericia que estableció que Marcel murió asesinado se sumó la que informó que ninguno de los dos habían consumido drogas alucinógenas, tal como ella había declarado al principio.

La Fiscalía n.° 7 que conduce María del Valle Viviani aguarda los resultados de la pericia practicada sobre el teléfono celular secuestrado a Luis Pardo, uno de los 14 sampedrinos imputados por la estafa piramidal de la plataforma Rainbowex.

El máximo referente del denominado Knight Consortium, cara visible de la captación de "inversores" para "la China", permanece detenido por el caso, al igual que Alexis Pan y Maximiliano Braga.

Su teléfono celular había sido secuestrado por la Justicia Federal en el marco del primer allanamiento que tuvo lugar en la casa que alquilaba en el barrio El Escorial, cuando el fiscal Di Lello lo imputó por lavado de activos.

Esa causa fue archivada porque la Justicia consideró que Pardo y sus cómplices no gastaron el dinero que obtuvieron a través de la estafa piramidal, por lo que el caso sigue su curso en el fuero ordinario, bajo la órbita de la fiscala Viviani.

La titular de la UFI 7 aguarda los resultados del análisis del teléfono de Pardo, que fue abierto en la asesoría pericial para obtener de él datos de interés para la investigación.

Los detenidos Pardo, Braga y Pan, y otros 11 sampedrinos que están en libertad, están imputados como miembros de una organización que captaba "inversores" para la plataforma Rainbowex con la falsa promesa de ganancias extraordinarias que los denunciantes nunca obtuvieron.

La causa que investiga el homicidio de Marcel Xavier González Jorge, uruguayo de 33 años que fue hallado en un verdadero baño de sangre en una finca de ruta 191, ya no está a cargo de la fiscala María del Valle Viviani, a quien la Fiscalía General resolvió apartar para que el expediente pase  a la órbita de la fiscala Viviana Ramos.

Sandra Bicetti tomó la decisión luego de diversos planteos de la familia de Marcel, a través de la abogada que los representa como particulares damnificados, Sofía Sanjurjo, y tras el pedido de excusación de la propia Viviani.

En la última audiencia de prisión preventiva, la titular de la UFI 7 había solicitado al juez de Garantías Ricardo Prati que la excuse de continuar con la causa, puesto que había, a su entender, un "encono personal" y una "enemistad pública" por parte de Sanjurjo.

El juez denegó la excusación, por lo que la familia instruyó a la abogada para que, una vez más, solicite el apartamiento de Viviani. Sanjurjo ya lo había hecho en otras oportunidades, incluso por la vía de la recusación, sin éxito.

Ahora, tras una nueva solicitud de apartamiento en la que la abogada de la familia consideró que la titular de UFI 7 tenía una "notoria falta de objetividad" en la causa, la Fiscalía General resolvió apartarla.

Ante esa solicitud y teniendo en cuenta la propia presentación de Viviani para que se la excuse de continuar con la instrucción del caso, la fiscala general Sandra Bicetti resolvió apartarla "a los fines de evitar dilatar" el proceso y que haya "una más pronta y eficaz tutela judicial".

Además, dispuso que la investigación del caso Marcel quede en manos de la Fiscalía 11 que conduce Viviana Ramos, quien deberá ponerse al tanto del expediente en medio de planteos de la defensa, con la imputada Marisel Solís con prisión preventiva confirmada y una serie de elementos de prueba que permitirían cerrar la instrucción para solicitar la elevación a juicio.

Las fiscalas María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio son las responsables de la investigación penal del caso Rainbowex, la estafa piramidal del denominado Knigt Consortium que se transformó, desde San Pedro, en un escándalo nacional.

Ambas agentes judiciales fueron entrevistadas en exclusiva por Lilí Berardi en los estudios de La Opinión & Sin Galera para brindar detalles de una causa sin precedentes que logró, por primera vez en Latinoamérica, incautar criptoactivos en el marco de un caso de estas características. 

Viviani y Marcantonio destacaron el trabajo de la Procuración bonaerense, que puso a pesonal especializado en ciberdelitos a trabajar para la investigación, lo que permitió arribar no sólo a la incautación de 3,5 millones de dólares en USDT sino al conocimiento cabal de cómo operaba la estafa.

La causa tiene 18 imputados, de los cuales dos son oriundos de Malasia; otros dos, de San Antonio de Areco; y 14 son sampedrinos, todos involucrados en la estafa piramidal de “La China”.

De los sampedrinos, siete fueron detenidos. Cuatro recuperaron la libertad por falta de mérito —uno primero y luego los otros tres—, aunque siguen procesados en el marco de la causa. 

Maximiliano Braga, Luis Pardo y Alexis Pan, máximos referentes del Knight Consortium en San Pedro y primeros en la pirámide, es decir beneficiarios mayores de la estafa, permanecen detenidos con prisión preventiva.

La Justicia, además de mantenerlos tras las rejas, resolvió denegarles la solicitud de arresto domiciliario porque considera que no están dadas las condiciones para que gocen de ese benficio.