El 18 de diciembre de 2022 cerca de las siete de la mañaa, en la zona de Manuel Iglesias al 1900, Alejandro Luna fue apuñalado y su familia pasó varios días pidiendo testigos sobre lo ocurrido durante esa jornada.

Luna tenía 26 años y falleció horas después de haber sido herido por un sujeto que casi cuatro días más tarde se entregó y negó su participación en el hecho  ante el Fiscal Marcelo Manso. Como todas las causas que estaban en esa sede fiscal, quien continuó con los procesos fue la fiscala María del Valle Viviani.

Este miércoles se conoció la sentencia que de manera unánime otorgó la razón a la investigación que determinó que el responsable del asesinato era Agustín “Pampa” Arce y lo condenó a 10 años de prisión.

"Fue a traición, el puntazo está desde la espalda, fue de atrás, no fue de frente”, aseguraron familiares a La Opinión, tras el deceso que se produjo luego de una intervención quirúrgica en el Hospital.

La prueba reunida fue contundente y no hubo diferencias en las consideraciones del los integrantes del Tribunal que resolvió condenar como “autor penalmente responsable del delito de homicidio en los términos del artículo 79 del Código Penal, cometido en la localidad de San Pedro, en fecha 18 de diciembre de 2022, en perjuicio de Alejandro Luna a la pena de diez años de prisión, mas accesorias legales y costas del proceso”.

Los jueces María Elena Baquedano, Alejandro Gabriel López y Anselmo Ezquiel González evaluaron el alegato de Viviani en su pedido de 15 años de prisión por el crimen y el abogado defensor del Arce pidió su absolución por considerar que no se habían reunido los elementos suficientes y porque su defendido, de 22 años, no tiene antecedentes además de transitar su reclusión con buena conducta.

La Fiscalía consideró lo ocurrido en aquella jornada: “Alrededor de las 08,00 horas, Agustín Gustavo Arce dio muerte a Alejandro Luna, a quien agredió con un arma punzo cortante a la altura del torax, provocándole una herida sobre su flanco derecho que derivo en un hemoneumotorax derecho con laceración hepática y de la vena aorta, lesiones de tal entidad que provocaron su posterior óbito".

"Dicho suceso tuvo lugar en la vía pública, sobre la vereda de la calle Manuel Iglesias, frente a la finca que lleva el número catastral 1880”, planteó y presentó el cuchillo que fue secuestrado sobre una mesa del garage del domicilio del acusado al que sumó los resultados de las muestras que dieron con el perfil genético del asesino. 

También fueron presentadas las imágenes que daban cuentas de las manchas de sangre a lo largo de casi dos cuadras por las que se desplazó la víctima.

Además, se tomaron en cuenta los testimonios de amigos, familiares y vecinos que vieron lo que sucedió aquella mañana, cuando vieron correr a dos personas y más tarde “tambaléandose” a Alejandro Luna hasta que cayó y se pidió auxilio al servicio de emergencias. Así lo relató su hermana y el amigo que dio aviso sobre lo ocurrido.

Tanto el médico que lo asistió como el que practicó la operación de autopsia lograron explicar la gravedad de la herida que ocasionó el deceso. Tambíen fue clave la coincidencia sobre los últimos minutos en los que Luna estuvo conciente y pronunció las palabras “el Pampa”, señalando al agresor.

En cuanto a la reconstrucción del hecho, hubo dos declaraciones importantes que comienzan su relato y sitúan a todos los actores en los lugares en los que estaban la noche anterior.  

“Cuando terminó el baile salieron y fueron a la esquina de su casa, en ese momento Luna se fue a cambiar” porque se dirigia a la casa de su novia, cuando regresó fue interceptado por al menos dos personas y su propio hermano reveló que escuchó a unta tercera persona decir “al Ale le cabe”.

El 20 de enero de 2020, Ángel Luna, de 26 años, resultó abatido por un disparo que efectuó un agente policial en el marco de una intervención de esa fuerza de seguridad en el barrio San Miguel. Sobre el arma de la que salió esa bala no hubo dudas pero la reconstrucción del hecho agravó la situación de los agentes policiales porque cerca del cadáver apareció un arma que no era de la víctima.

Cuando la familia pudo sepultar el cuerpo del joven tras una operación de autopsia, ya se sabía que había dos hipótesis para un mismo hecho: la versión de la policía y la de los pocos testigos que aceptaron declarar que aquella noche el recorrido de Luna terminó en el patio de la casa de su madre, tras saltar el alambrado de la casa que en el fondo ocupaba otro miembro de su familia.

La Opinión ingresó al lugar durante la mañana en la que el centro de la escena parecía ubicarse sobre una calle pero era en realidad otra, la que había utilizado el joven para escapar del accionar policial.

Una discusión, piedrazos y agresiones fue el principio para la actuación de los agentes que fueron convocados al lugar. Cuando llegaron Luna huyó, llegó hasta la esquina de calle Alvarado y fue a refugiarse a la casa donde vivía su madre y su padrastro. De allí en más se desató la tragedia, cuando un perdigón lo alcanzó a la altura del pecho y cayó en el terreno baldío ubicado en la parte trasera de la casa.

El 24 de enero el Fiscal Marcelo Manso imputó a un efectivo identificado como Facundo Gómez; desde entonces es el acusado por un homicidio agravado por su condición de miembro de la fuerza policial, mientras que el resto fue investigado por la forma en que minutos después del hecho, apareció un arma cerca del cadáver.

El fiscal Marcelo Manso confirmó que aceptó su designación como juez, anticipada por La Opinión en septiembre pasado, ya es un hecho y que dejará la Fiscalía Nº 5 de San Pedro para volver a vivir al conurbano, de donde es oriundo.

Manso informó que “la designación ya salió”, por lo que finalmente aceptó y será juez de Ejecución penal en el departamento judicial Avellaneda – Lanús, al sur del Gran Buenos aires, donde su radicación es inminente, puesto que los trámites ya están en marcha.

“Es definitivo”, dijo el fiscal en Sin Galera e informó que está “completando la parte administrativa” y que estaba con “la declaración de bienes”, por lo que cuando la Corte Suprema bonaerense autorice la jura asumirá como juez.

“Teníamos la necesidad personal y familiar de volver hacia el conurbano y se nos concretó”, dijo Manso, cuya esposa es empleada del Ministerio Público Fiscal y se desempeña en la UFI 11, quien también dejará el puesto vacante.

“Calculo que será en unos días”, dijo sobre su mudanza definitiva para trabajar en el juzgado de Ejecución penal que tiene asiento en la ciudad de Avellaneda. Su partida implica que Fiscalía General deba llamar a concurso para cubrir su cargo.

Mientras eso ocurre, San Pedro volverá a tener dos Fiscalías que se distribuirán todas las causas penales. Aunque con el personal de la UFI 5 que estaba bajo la coordinación de Manso, Viviana Ramos y María del Valle Viviani, responsables de las UFI 11 y 7, respectivamente, instruirán los expedientes.

Marcelo Manso había llegado a San Pedro desde el departamento judicial de San Martín cuando el Ministerio Público Fiscal autorizó la creación de una segunda Fiscalía descentralizada en San Pedro.

Su nombre es Karina Cariaga y desde que se conoció la intención de radicación de una empresa arenera en el predio de propiedad de Indalar, la firma con la que Arcor soñó alguna vez para invertir en la operatoria portuaria, no cesó en sus reclamos para que se cumplan las leyes que garantizan el acceso de los vecinos y las que rigen en materia ambiental para los humedales. Ella, junto a otros vecinos, fue protagonista de reclamos y de la entrega de un petitorio acompañado de más de 1600 firmas para que se impida la instalación de ese negocio y el predio se transforme en un espacio público.

Tras una reunión con el representante de San Marco Trading y la nota que Sin Galera obtuvo con Santiago Lawson se supo que, efectivamente, los dueños del predio celebraron un contrato de alquiler con esa firma que se dedica a la explotación minera en la provincia de Entre Ríos y que fue una de las principales proveedoras de arena para Vaca Muerta.

“Me denunció el dueño de San Marcos Trading por defender; solo salir a defender lo que es nuestro, la parte de la costa para que no pase el tractor, nada más que eso”, dijo Karina en Radio Cuarentena tras remitir el tenor de la notificación de la iniciación de una causa que lleva la firma del fiscal Marcelo Manso.

Pese a las promesas del municipio en torno a la falta de autorización para la instalación de ese emprendimiento, hace pocos días los vecinos lograron impedir que un arado tirado por un tractor cumpliera con su tarea. Esa situación permitió un encuadre diferente a la acción que ahora intentará poner en marcha la arrendataria de ese sector de costa y barranca que no cuenta con alambrados que delimiten la propiedad en la parte costera ni cuenta con cuidados a su cargo más que un cartel que dice “Propiedad privada”, que fue colocado por personal municipal.

“Tal cual, fue a partir de este hecho porque a nosotros el municipio nos dijo que esta empresa no tiene nada autorizado para hacer nada en la zona, cortar el pasto sí pero no pasar el tractor, lo que vendría a ser pasar el arado, eso es lo que dice el municipio”, refirió la mujer a pocos minutos de haber tomado conocimiento de que está imputada en esa denuncia.

“Es el municipio el que lo tiene que frenar”, reflexionó y agregó: “Tenemos que salir nosotros a frenarlos hasta que el municipio se presente porque si no es así, ya está todo arado”. Como justamente el lugar donde pretendían arar está catastrado la acción de la vecina quedó en el marco de una causa por “amenazas, daño y turbación de la propiedad”.

“Lo que pasa acá es que al arar rompen todo Lilí, rompen árboles, rompen el pasto donde los animales pastan, nosotros, la gente que pasa para el otro lado de la costa no se puede pasar. Acá parece que falta una comunicación entre Arcor, el municipio y la empresa, porque son ellos los que tienen que poner, no nosotros porque éramos varios vecinos ese día, como 20 poniéndonos enfrente y decir bueno esto se puede y esto no se puede, porque el municipio nos va avalar, pero necesitamos que el municipio hable con San Marcos Trading y Arcor y que ellos les digan esto sí se puede y esto no se puede”, dijo Cariaga al exponer los límites que como vecinos esperan que ordene, disponga y controle el estado municipal y provincial.

El terreno por ahora sigue sin alambrados ni murallas y el expediente de pedido de habilitación reposa en las oficinas de Obras Públicas. El próximo capítulo será en la justicia cuando esta vecina y tal vez algunos otros sean citados a declarar.

El fiscal de San Pedro Marcelo Manso fue propuesto como juez de Ejecución en el departamento judicial de Avellaneda – Lanús, aunque analiza si, una vez designado, aceptará el cargo.

El Senado bonaerense recibió del gobernador Axel Kicillof 24 pliegos para la cobertura de cargos en ese departamento judicial, que deben pasar por la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos.

Manso aparece entre los propuestos para cubrir un cargo de juez de Ejecución con asiento en la ciudad de Avellaneda, en el sur del conurbano, aunque no es seguro que acepte el cargo cuando se cumplan los pasos previstos se cumplan y sea designado para asumir en ese juzgado.

Marcelo Manso es titular de la Fiscalía 5 desde años en San Pedro y antes estuvo en el departamento judicial San Martín. Aquí tuvo a su cargo casos muy resonantes, el más reciente el del crimen de Nelson Lillo, cuyo homicida fue declarado culpable y esta semana se conocerá la condena.

El año pasado Manso analizó la posibilidad de hacer un enroque con el fiscal Granda en Baradero y desde hace tiempo se sabía en el ámbito judicial que esperaba esta designación como juez.

Los hechos que reporta el parte policial de este miércoles abarcan episodios que van desde infracciones por tenencia ínfima de marihuana a la captura de una mujer que cumple arresto domiciliario en el marco de una causa por “Comercialización de estupefacientes agravada” y fue encontrada por la policía mientras transitaba en inmediaciones de Belgrano y Lavalle. La joven de 29 años fue trasladada a sede policial, notificada de su situación ante la justicia y liberada con orden de regresar a su domicilio.

En Santa Lucía, el lunes cerca de la medianoche se produjo un hecho que fue denunciado por la mañana del día siguiente. En una casa ubicada en O’Farrell y 9 de Julio se produjo una discusión. Un hombre de 41 años reportó que estaba en ese lugar cuando dos personas comenzaron a golpearlo tanto a él como a su hermano que intervino para actuar en su defensa. Ambos presentaban lesiones y heridas de carácter leves y por ello la Fiscalía del Dr. Marcelo Manso solicitó medidas que terminaron en un allanamiento en esa dirección sin resultados positivos.

Otra requisa ordenada por la justicia y que estuvo a cargo del Grupo Táctivo Operativo (GTO) de Policía se efectuó en un domicilio de calle Ansaloni al 600. Allí buscaban al autor de un hurto que había sido esclarecido con testimonios que habían permitido acreditar la autoría. Aunque no se recuperaron los elementos, el imputado fue notificado de la causa cuya investigación está a cargo de la Unidad Fiscal N° 5.

Por la tarde el personal del destacamento de La Tosquera, Río Tala e Inspección General lograron secuestrar un automóvil Chevrolet Corsa que circulaba por la ex Ruta 9 en su intersección con 1001. Allí el conductor de 30 años no pudo demostrar con documentación su relación con el vehículo. El rodado fue trasladado al depósito municipal y quedó a cargo del Juzgado de Faltas.

Poco antes de la medianoche del martes, la ambulancia del 107 fue requerida para el traslado de un joven que sufrió heridas tras recibir el impacto de una bala en su muslo derecho. Tras la evaluación médica y la declaración de la víctima de 27 años quedó sindicado otro hombre que fue notificado tras un allanamiento que se concretó hoy miércoles en un domicilio de calle Hermano Indio al 1600. La requisa permitió el secuestro de tres proyectiles que serán adjuntados a la causa como prueba.

Por último en la mañana del miércoles una mujer denunció el hurto de dos teléfonos celulares. la joven de 20 años indicó que hace casi una semana atrás al despertar observó que en su casa de calle Brenan 1035 pudo constatar el ingreso de delincuentes que se llevaron un Motorola 5 Play negro y un Samsung J2 del mismo color.

La policía busca a un joven identificado como Franco Ríos, sindicado como el autor material de las puñaladas que recibió el sábado por la madrugada Rosendo Cruz Machado, de 33 años, afuera del boliche Fabro, ubicado en 25 de Mayo al 600.

El fiscal Marcelo Manso informó en Radio Cuarentena que el agresor está identificado, que hubo allanamiento en su casa y que como no lo encontraron lo consideraron prófugo de la Justicia, puesto que hay orden de captura en su contra.

Además, el fiscal precisó que Franco Ríos es una persona que “tiene antecedentes penales, estaba cumpliendo prisión domiciliaria en una causa por robo” y que el viernes “concurrió a un local bailable y produjo este hecho” de agresión que está caratulado como “homicidio en grado de tentativa”.

Manso informó a la Fiscalía en la que tramita la causa por robo en la que está involucrado Ríos para que solicite al Juzgado interviniente la revocación del beneficio de arresto domiciliario a partir del incumplimiento de la obligación de permanecer en su casa y la situación delictiva en la que participó el sábado por la madrugada.

“El incidente tuvo lugar dentro del local bailable y se extendió afuera cuando el personal de seguridad saca a los dos involucrados, uno de ellos intentó volver a ingresar luego de recibir varias puñaladas en el tórax, por suerte su estado de salud evolucionó bien y ya está en condiciones de declarar”, dijo Manso.

Respecto de la reconstrucción del hecho, señaló que está comprobado que el agresor tenía un arma blanca dentro del local, donde comenzó la discusión, que continúo fuera del bar y derivó en las heridas graves con las que fue trasladado al Hospital el joven víctima.

“El agresor aborda a la víctima dentro del local, intervienen otras personal, el personal de seguridad los saca del local, afuera siguen los inicidentes, cuando el agresor se aleja la víctima quiere ingresar al local y es abordado desde atrás y le aplica varias puñaladas en el tórax”, reconstruyó Manso.

Para el fiscal hay “tentativa de homicidio porque las heridas fueron dirigidas a una vital del cuerpo, el herido fue trasladado en estado crítico y sabemos, por el parte médico, que mejoró”.

La investigación procura recoger otros testimonios y hasta el momento lograron establecer que tenían “una cuestión personal de larga data”. Manso explicó que es “no es un hecho complejo en cuanto a técnica de investigación” y que espera que en las próximas horas la policía detenga al prófugo.

El lunes de esta semana culminó en el Tribunal Criminal N° 1 de San Nicolás el juicio oral y público en el que se ventiló un aberrante delito cometido en el año 2019 y caratulado como abuso sexual con acceso carnal.

Durante el debate se evaluó lo acontecido durante la madrugada del domingo 7 de julio cuando un joven identificado como Aníbal Guntre, que en ese momento tenía 31 años, fue acusado de abusar de una mujer menor de edad que había concurrido a presenciar la actuación de Karina “La Princesita” en el club La Esperanza.

Durante el juicio cada parte expuso su postura y mientras el acusado se defendió asegurando que fue un acto consentido, la víctima marcó ciertas dudas en sus expresiones lo que podría favorecer al acusado a la hora de conocer el veredicto.

El fiscal Marcelo Manso estuvo a cargo de la instrucción y solicitó para el acusado 10 años de prisión efectiva renovable a 5 años si es que el Tribunal así lo considera teniendo en cuenta que Guntre cuenta con frondosos antecedentes donde sobresale el cumplimiento de una condena de 4 años por un hecho de robo.

El imputado no es oriundo de San Pedro pero por esos días se encontraba en la ciudad desempeñándose como vendedor ambulante y esa noche también se encontraba en el baile siendo allí donde tomó contacto con la joven que en ese momento tenía 16 años.

Según se denunció la víctima en su momento, el hombre obligó a la mujer a trasladarse a las afueras del baile, la llevó hacia un terreno baldío cercano al lugar y la sometió sexualmente.

Ahora será el Tribunal quien resuelva lo acontecido durante el juicio y evalúe el futuro judicial del procesado situación que se definirá en los próximos días.