El Concejo Deliberante aprobó en sesión la ordenanza de adhesión local a la ley provincial que adhirió en su momento a la denominada Ley Lucio, una normativa que establece capacitaciones obligatorias en materia de promoción del buen trato hacia niños, niñas y adolescentes.

La iniciativa fue impulsada por el oficialismo para que en San Pedro también rija la obligatoriedad de esas capacitaciones para todo el personal que se desempeñe en el ámbito municipal, tanto en el Ejecutivo como en el Concejo Deliberante.

En el recinto, el concejal Cristian Leguizamón leyó una serie de consideraciones relacionadas con la importancia de adherir a esta ley, sancionada a nivel nacional tras el resonante caso de Lucio Dupuy, el niño que murió en contexto de violencia familiar.

"La adhesión a esta ley es un compromiso social y político para erradicar la violencia y proteger a los más vulnerables", dijo Leguizamón cuando pidió el acompañamiento del cuerpo para el proyecto, que fue aprobado por unanimidad.

La denuncia quedó radicada en la tarde del martes cuando una mujer se acercó a la comisaría para dejar testimonio del grado de lesiones que sufrió su hijo el pasado 31 de diciembre. Con independencia de un contexto en el que se discuten situaciones anteriores en las que la pareja ha actuado violentamente, el maltrato hacia los hijos merece un abordaje que por ahora no ha tenido más resultados que una restricción perimetral que deberá imponerse en el régimen de visitas del menor a su progenitor.

Las fotos son elocuentes y el método utilizado para agredirlo dejó marcas en brazos, piernas y glúteos que en el campo judicial de las lesiones se determinan como “leves” ya que no implican riesgo de vida.

En los detalles que ahora analizará la justicia refiere que en ocasión de compartir la mesa familiar con sus hijos “al levantar la mano para comer” la madre observa y advierte que “posee muchos moretones en su brazo” y tras preguntarle qué le había pasado, el chico respondió: “Mi papá me pegó y no es la única marca que tengo”. En ese momento levantó su ropa y exhibió “hematomas en todo su cuerpo”.

Según se pudo reconstruir aquel sábado 31 de diciembre el menor había acompañado a su padre a trabajar en un domicilio particular y luego de ser increpado por haber guardado “una cadenita que encontró entre el pasto” el padre tomó un cable y arremetió con sus azotes lesionando distintas partes del cuerpo. Ya golpeado lo obligó a presentarse a devolver lo encontrado donde quedó claro que ese pequeño objeto no pertenecía a nadie y que simplemente estaba ahí tirado. El calvario para el menor no terminó puesto que al regresar fue amenazado “si decía algo lo iba a matar a palos y a su madre también si se metía”.

Ahora el Servicio del Menor y la Familia debe ocuparse de la contención, asistencia y tratamiento mientras se resuelve una medida de restricción perimetral para el progenitor y la justicia comience a tomar medidas de protección para la víctima.