La policía en función judicial o División Departamental de Investigaciones (DDI) San Nicolás tiene prohibido detener personas por orden de la Justicia tras un habeas corpus presentado para revisar las malas condiciones en las que son alojados los detenidos en la sede central nicoleña.

La decisión judicial, que es preventiva hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo mediante una serie de pericias ordenadas, no sólo impide que ingresen nuevos detenidos a esa sede sino que además obturó el desarrollo  de la tarea cotidiana de todas las dependencias zonales, incluida la de San Pedro.

Tanto la DDI San  Nicolás como las Sub DDI Ramallo, Arrecifes y San Pedro-Baradero no pueden encabezar allanamientos o detener personas ni se les asignará procedimientos propios de su tarea de auxiliar de la Justicia hasta tanto no se resuelva la cuestión de fondo.

La orden judicial llegó a la Superintendencia de Investigaciones, que remitió las directivas a la Departamental para que se haga cumplir la medida preventiva, mientras se desarrolla el proceso correspondiente que inició el habeas corpus.

Así, el personal de la DDI en todo el departamento judicial San Nicolás sólo está para trabajos de inteligencia de campo, identificar personas o para acompañar como apoyo los procedimientos que encabece el personal de las comisarías, sobre las que ahora recayeron esas tareas de la policía de investigación que están momentáneamente suspendidas.

La medida preventiva la tomó el juez Román Parodi mientras subrogaba a su par María Eugenia Maiztegui, titular del Juzgado de Garantías 3, donde tramita la causa.

El habeas corpus fue presentado por el secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, Roberto Cipriano García, en favor de las personas alojadas en sede San Nicolás de la DDI.

El oficio librado por el juez Parodi a la Jefatura policial indica que "no podrán ingresar detenidos" 

Indica que "deberán remitir en carácter de urgente a este Juzgado la nómina de personas alojadas, especificando a disposición de qué organismo se encuentran detenidas y el estado del trámite de alojamiento bajo la órbita del Servicio Penitenciario"

Además, "deberá informar" la notificación de "las órdenes de clausura judicial o administrativa, y en su caso informe los motivos del incumplimiento", según consta en la resolución judicial a la que tuvo acceso La Opinión.

La presentación de Cipriano García derivó en la decisión del Juzgado de solicitar, además de la medida preventiva, una gran cantidad de pericias probatorias para establecer las condiciones de detención denunciadas en el habeas corpus.

La DDI San Nicolás debe informar el listado de alojados en la dependencia, a los que además deberá trasladar de inmediato a unidades penales. Tendrá que elevar al Juzgado, también, cuáles y cómo son los planes de evacuación de la dependencia, y la infraestructura antisiniestral.

La Dirección General de Asesorías Periciales, por su parte, fue notificada para que designe un perito arquitecto o ingeniero civil para constatar el estado del edificio respecto de filtraciones, humedad, red cloacal, agua caliente y fría, grifería, vidrios, calefacción, ventilación, etc.

Esa pericia deberá además determinar qué refacciones hacen falta, cuánto tiempo llevarán y si es viable que mientras tanto quienes están alojados sin haber sido asignados a una unidad penal permanezcan allí.

Un perito en seguridad e higiene deberá expedirse sobre la existencia de red hidrante, mangueras y provisión de agua, matafuegos, salidas de emergencia y plan de evacuación para hacer frente a un eventual siniestro.

En ese sentido, deberá analizar el estado general de puertas, colchones, cuchetas, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, mobiliario, estado general de las celdas, paredes y techos, iluminación, ventilación y calefacción disponible.

Un perito nutricionista tendrá a su cargo la responsabilidad de auditar la calidad y cantidad de alimentos que se sirven a los detenidos y deberá dejar constancia si los entregan "en tiempos acordes a las necesidades de las personas detenidas, si se conservan en buen estado y si responden a los parámetros de calidad establecidos".

La Asesoría Pericial Departamental, por su parte, deberá designar un perito trabajador social para que eleve un "amplio informe socio sanitario que dé cuenta de las condiciones de vida de las personas alojadas en el dependencia policial".

Deberá consignar cuáles son las condiciones de "habitabilidad, higiene, espacio y horarios para ejercicios físicos, actividades educativas, acceso a talleres y recreación", y expedirse sobre "qué posibilidades de relación mantienen con su familia o referentes afectivos"

Peritos psicólogo, médico y psiquiatra se expedirán sobre "las consecuencias que ese régimen provoca o puede provocar sobre la integridad psicológica de las personas, determinando tratamiento y modificaciones que debieran hacerse al régimen actual". 

Ante la ola de calor imperante, y en medio de la polémica por la falta de ventilación en las escuelas del distrito, la Unión de Educadores Bonaerenses de San Pedro, adherida a FEB, pidió a la Jefatura Distrital la suspensión total de clases en el distrito.

En una nota con carácter de denuncia, la titular de ese gremio en la ciudad, María Fernanda Sendón, advirtió la “falta de previsibilidad” en las condiciones edilicias para hacer frente a las temperaturas extremas.

Por ello solicitaron “la inmediata suspensión de clases en todos los establecimientos que no reúnan las condiciones tanto para alumnos como para el personal docente”.

Señalaron que hay “deficiencias edilicias que implican la ausenca adecuada de refrigeración (ventiladores, aires acondicionados, etc.” y que en ee marco “resulta imposible el dictado de clases en muchos establecimientos”.

Feb, que la semana pasada recordó que los directivos tienen potestad para suspender las clases cuando consideren que es necesario, consideró que “resulta imperiosa una medida de alcance general que impida una situación de discriminación y entorpecimieto de derechos” por lo que solicitaron “disponer la unificación de criterios para evitar situaciones de desigualdad”.

Aseguraron que hay “un riesgo latente y real de provocar descompensaciones en docentes y alumnos”, por lo que “corresponde la suspensión” de actividades escolares, lo que, afirmaron, “no puede ni debe relacionarse con no querer cumplir con el trabajo que corresponde, sino con la protección a la salud de los trabajadores”.

Este lunes, La Opinión recibió relatos de familias que decidieron ir a buscar a sus hijos e hijas antes del horario estipulado, luego de que se descompensaran o les informaran que la situación era insostenible dentro el aula.

De la misma manera, hubo colegios que decidieron poner en conocimiento a los padres respecto de la posibilidad de que los estudiantes no concurran a clases sin que ello implique falta, puesto que las condiciones imperantes eran complejas.

Hubo establecimientos que no pudieron dictar clases por falta de agua, otros en los que los cursos rotaron porque no funcionaban los ventiladores, algunos cuyos directivos decidieron suspender actividades y muchos en los que la jornada fue complicada por las altas tempreaturas.