Durante la mañana de este sábado, un individuo de 31 años quedó detenido en la Comisaría cuando fue a preguntar el motivo por el que la policía lo estaba buscando. Está acusado de delitos de abuso sexual agravado contra una menor de edad.

La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías n.º 3, a cargo de la jueza María Eugenia Maiztegui, en el marco de una causa caratulada como “abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal”.

Además, la acusación tiene el agravante de que el individuo era encargado de la guarda de la víctima, mediando una convivencia preexistente.

La causa comenzó en 2025 a partir de una denuncia radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia por parte de la madre de la víctima, que fue pareja del acusado.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que el avance de las actuaciones judiciales permitió reunir elementos considerados trascendentes para solicitar la detención del acusado, medida que finalmente fue otorgada por la Justicia de Garantías nicoleña.

La investigación es llevada adelante por la Unidad Fiscal de Investigaciones n.°11, a cargo de Viviana Ramos.

Tras cumplimentarse las diligencias de rigor, el detenido quedó alojado en el sector de calabozos de la dependencia policial, a la espera de directivas judiciales respecto de su traslado a sede judicial para prestar declaración indagatoria y definir posteriormente su lugar de alojamiento definitivo.

Un hombre de 46 años fue detenido este viernes por la tarde durante un allanamiento llevado a cabo en una vivienda ubicada en calle Nieto de Torres al 900, en el marco de una causa por abuso sexual agravado.

El procedimiento fue concretado por personal del Gabinete Criminológico y del Grupo de Tareas Operativas de la Estación de Policía Comunal, tras una investigación que se inició a partir de una denuncia radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia.

A partir de las tareas investigativas, los efectivos lograron establecer la identidad y el domicilio del imputado, lo que permitió solicitar una orden de allanamiento a la Unidad Funcional de Instrucción Nº 7, a cargo de la fiscal María del Valle Viviani. La medida fue autorizada por el Juzgado de Garantías Nº 3 del Departamento Judicial San Nicolás, a cargo de María Eugenia Maiztegui.

Con la orden judicial en mano, los uniformados se presentaron en el domicilio señalado, donde procedieron a la detención del sujeto, quien quedó imputado por el delito de “abuso sexual con acceso carnal”, triplemente agravado por haber provocado un grave daño psicológico, en un contexto de guarda y convivencia con la víctima.

Tras su aprehensión, la Fiscalía interviniente dispuso la notificación de la causa y su alojamiento en el sector de calabozos, mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes en torno a un caso de extrema gravedad.

La causa que investiga la estafa piramidal de la plataforma Rainbowex y el denominado Knight Consortium tuvo novedades judiciales porque se resolvió un planteo de competencia para establecer qué juez será el encargado del proceso.

La Cámara dispuso que la causa tramite en el Juzgado de Garantías N° 1 que conduce Román Parodi, por lo que ya no estará bajo la órbita de María Eugenia Maiztegui, titular de Garantías 3, quien tomó todas las medidas del caso hasta el momento.

La cuestión de competencia se resolvió con la fecha en la que ingresó a la plataforma el primero de los denunciantes que llegó a Fiscalía para exponer su caso. Su ingreso fue el 2 de febrero de 2024, cuando estaba en turno Parodi.

Maiztegui tomó la última decisión relevante de la causa hasta el momento: el rechazo de los pedidos de prisión preventiva de Maximiliano Braga, Luis Pardo y Alexis Pan, que habían solicitado los abogados Mauricio Gugger, defensor del primero, y Paulo Cordara, que asiste a los otros dos.

Braga, Pan y Pardo continúan detenidos con prisión preventiva. Son tres de los 18 imputados que tiene la causa, de los cuales 14 son sampedrinos, todos involucrados en la estafa piramidal con distinto grado de participación.

Los 11 sampedrinos que permanecen en libertad siguen procesados e investigados por el delito de estafas reiteradas que investiga la Justicia.

Lilí Berardi entrevistó para La Opinión & Sin Galera en exclusiva a las fiscalas María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, responsables de la instrucción de la causa, quienes revelaron detalles sobre el caso que serán publicados en este medio.

Desde que las víctimas de Fernando Espíndola rompieron el silencio para denunciar las vejaciones y abusos que sufieron cuando eran menores de edad, los tiempos, el escepticismo y la resignación solían ganar el escenario.

Cuando el acusado estuvo en prisión en el marco del delito perpetrado por representantes del gremio Camioneros se abrió la esperanza de ganarle a la impunidad. Tras décadas de silencio se conocieron las denuncias y la Justicia comenzó a tramitar la causa.

“Después de tantos años de silencio  y de oprimir el pecho de las angustia y de todos los abusos, ¡el día llega para que podamos manifestar toda la verdad  a los daños causados! Cuánta infelicidad hemos recibido por parte de todo la familia que no supieron cuidarnos y amarnos. Eso no debesuceder con ningún infante en el mundo”, dijo Cintia con expreso pedido de que su voz se escuche públicamente.

En abril de 2024, por primera vez, la Justicia nicoleña la aceptó como particular damnificada. Ella es una de las sobrinas del exconcejal y sindicalista que fue acusado por abuso sexual. 

Su testimonio no era el único, en ese hogar se vivió un verdadero infierno y hasta hoy penan la ausencia de un hermano que se quitó la vida.

Fernando Espíndola fue acusado de abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal reiterado y agravado por el vínculo. Habían pasado 30 años y ya no podían, condenarlo pero sí acceder a un Juicio por la Verdad, que la Cámara de Apelaciones recomendó.

Los niños tenían entre 6 y 10 años cuando fueron ultrajados y, según el expediente y las declaraciones, reiteró sus abusos cuando ya habían llegado a la mayoría de edad. 

Hay que recordar que Espíndola cumple arresto domiciliario por la causa que investiga su responsabilidad en el bloqueo a la planta de Rey Distribución en la que también se investigó el pago de coimas que él mismo recibía tras extorsionar a la empresa.

 “Mi nombre presente es mi lucha y yo no tengo que avergonzarme de nada”, dijo Cintia el martes 14 cuando tuvo en sus manos el expediente que tramitó su abogado, Agustín Tanús.

Este Juicio por la Verdad que, con fecha 13 de mayo, dispuso elevar el Juzgado de Garantías N° 3 a cargo de la Dra. María Eugenia Maiztegui no tendrá como consecuencia la fijación de una pena de privación de la libertad.

Pero su desarrollo otorga el derechoa la víctima para que se conozcan los hechos, a ser resarcidos pública y moralmente. 

La detención del sujeto se produjo por un hecho ocurrido a principios de agosto. Por sus graves características, el Juzgado de Garantías dispuso la orden de arresto y traslado para el hombre de 38 años acusado de la comisión de este delito.

Así, durante la jornada del miércoles, personal de Grupo Táctico Operativo de la Policía de San Pedro, logró dar con el imputado y alertar a quienes investigaban la causa. De inmediato se extendió una orden de allanamiento para le domicilio de calle Goycochea al 800 donde lograron soRprender al individuo para ponerlo a disposición de la fiscalía de la Dra. Viviana Ramos.

El hombre está alojado en la dependencia policial a la espera de prestar declaración.

La Unidad Penal 3 de San Nicolás, cárcel dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense, está en alerta por la confirmación de al menos un caso de Fiebre Hemorrágica Argentina y la sospecha respecto de un interno fallecido a quien sometían a autopsia para establecer si también estaba contagiado.

Convictos del pabellón 8 informaron a La Opinión que este lunes estuvo en el lugar una comitiva de médicos y profesionales para analizar la situación, luego de que internaran a un detenido nicoleño y de que otro, que sería oriundo del Conurbano, falleciera.

El paciente internado permanece alojado en el Hospital. El fallecido murió alrededor las 10.00 de la mañana de un paro cardiorrespiratorio y luego de que le practicaran RCP durante varios minutos sin lograr salvarle la vida.

En el caso del detenido que murió, las autoridades ordenaron practicar la operación de autopsia correspondiente, lo que permitirá establecer si también estaba contagiado con el virus.

La Fiebre Hemorrágica Argentina o Mal de los Rastrojos es endémica en diversos puntos del país, especialmente en la región, aunque desde hace décadas se considera una enfermedad controlada.

Considerada una “enfermedad profesional de los trabajadores rurales”, su vector es un roedor conocido como laucha o ratón del maíz. El virus produce síntomas fuertes que sin el tratamiento correspondiente pueden causar la muerte.