El Consorcio de Gestión del Puerto San Pedro fue a la Justicia para reclamar la restitución del espacio público que le pertenece y que se encuentra ocupado por una guardería náutica desde el año 2012, tras un contrato firmado en 2019.

El predio forma parte de las instalaciones costeras propiedad del puerto que habían sido concesionadas en su momento a la Federación de Luz y Fuerza para el desarrollo del proyecto Mansa Lyfe.

Cuando ese sindicato restituyó el predio, la zona donde está emplazada la guardería náutica quedó en manos de la familia Asturi, titular del emprendimiento, que siguió trabajando.

El Consorcio envió cartas documento a Luz y Fuerza y al propio Asturi para recuperar el predio, pero como no lo logró por la vía administrativa recurrió a la Justicia, por lo que ahora es el Juzgado Civil y Comercial n.° 3 el que deberá resolver.

El predio formaba parte del espacio público concesionado a Luz y Fuerza, que a su vez subconcesionó —algo que no tenía permitido— a Asturi el sector donde construyó la guardería náutica.

Por eso el Consorcio fue a la Justicia contra ambos: contra Luz y Fuerza, porque debía restituir el predio concesionado libre de ocupantes; y contra la familia Asturi y Víctor Grabovieski como partes del emprendimiento de la guardería náutica.

El espacio público en disputa abarca entre 10 mil y 20 mil metros cuadrados que en su momento Luz y Fuerza reclamó ante la Justicia a Asturi por vencimiento de contrato, sin lograr la restitución.

En la causa que inició el Puerto hubo respuesta del sindicato, que sostiene que el Consorcio "siempre estuvo en pleno conocimiento" del proyecto de la guardería náutica y que, vencido el contrato y ante la negativa de restitución, Asturi quedó "en situación de tenencia precaria" sobre el predio.

Por su parte, Asturi respondió que el Puerto pretende reclamarle 20 mil metros cuadrados cuando el contrato de subconcesión habla de 10 mil, y en el mismo acto reconoce que lo restante es producto de "relleno" que hizo él mismo, por cierto sin los permisos ni los estudios de impacto ambiental correspondientes.

Asturi planteó además el tema de "las construcciones, instalaciones y mejoras realizadas sobre el inmueble", que contienen "un galpón de aproximadamente 22,40 metros por 50,60 metros, con una superficie cubierta superior a los 1.100 metros cuadrados".

El dueño de la guardería sostiene que "el valor actual de las construcciones e instalaciones existentes puede estimarse en una suma aproximada de 900 mil dólares" que invirtió y que, asegura, el Consorcio quiere quedarse en "un evidente abuso del derecho y enriquecimiento sin causa a su favor".

Este lunes no habrá atención en la cooperativa Coopser, puesto que será no laborable para el personal en el marco de la conmemoración del Día del Trabajador de la Electricidad.

La celebración del aniversario de la creación de la Federación Argentina de Luz y Fuerza es este domingo, por lo que la jornada no laborable se trasladó al lunes para beneficiar al personal con un fin de semana largo.

"No habrá atención en las oficinas centrales, pero se mantendrán las guardias habituales del servicio eléctrico. El resto de los servicios funcionará en forma normal", informaron desde Coopser.

El consejo de administración saludó a "a todos los trabajadores que forman parte o han formado parte" de la historia de la cooperativa.

“Asamblea Extraordinaria para ratificar la actuación del Consejo de Administración ante la presentación de listas para las elecciones de julio”, ese es el título del comunicado que el martes por la mañana remitió el Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica.

Desde fines de junio el debate había ganado lugar en la agenda política cuando se anunció que habría elecciones y que una lista opositora disputaría la conducción a los representantes de Luz y Fuerza. De allí en más, denuncias cruzadas, observaciones, impugnación y hasta una demanda penal formaron parte del reaseguro de la continuidad en la administración con la promesa de dar a conocer la presentación de la “lista roja oficialista”. Aunque eso nunca sucedió, la Asamblea General Extraordinaria contó con la presencia de unas cincuenta personas de las más de 248 que se necesitan para conformar una nómina.

“En el salón de Paraná Fútbol Club se realizó este lunes 5, la Asamblea General Extraordinaria a la que fueron convocados los Delegados de Distrito de la Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos, Públicos y Sociales de San Pedro Limitada, con el propósito de poner a consideración lo actuado por el Consejo de Administración, respecto a la convocatoria y resoluciones adoptadas en el proceso de las asambleas electorales que habían sido fijadas para el pasado 14 de julio de 2024”, indica la gacetilla de prensa.

“El presidente de la Cooperativa Iván Groppo, acompañado por miembros del Consejo de Administración y asesores legales y contables, detalló ante los delegados que concurrieron, los sucesos ocurridos desde el llamado a la presentación de listas. Se explicó que dentro de los plazos establecidos se presentaron dos listas: Roja y Verde, a las que se les solicitaron observaciones verificadas por el personal administrativo. Se detectaron irregularidades graves en la lista «Verde», incluyendo firmas de socios fallecidos. A pesar de que se ofreció un plazo para corregir las observaciones, la lista «Verde» no cumplió con los requisitos necesarios, ni presentó candidatos en algunos distritos, y varios socios denunciaron que sus firmas habían sido falsificadas. En contraste, la lista «Roja» cumplió con todas las observaciones y requisitos”, consignaron.

“El Consejo de Administración decidió, por unanimidad, oficializar únicamente la lista «Roja», y no realizar el acto eleccionario previsto para el 14 de julio de 2024. Además, se presentó una denuncia penal sobre las irregularidades que sigue su curso y se ampliará de acuerdo a lo detallado en la asamblea. Puesto a consideración, este tema recibió la aprobación de los delegados presentes por unanimidad, y de tal modo la Lista Roja será presentada para la renovación de autoridades en la Asamblea Anual Ordinaria que se convocará en el mes de octubre”, tal vez para esa fecha se pueda conocer la composición.

.

“Me dirijo a usted en referencia a la nota recibida en el día de la fecha a las 13 49 hs, donde dan por “no presentada y no oficializada la denominada lista verde”, para  informar que apelaremos la decisión ante el INAES, debido a las irregularidades en los padrones que fueron provistos por ustedes oportunamente, surgiendo claramente en su nota que poseen uno oficial y otro que fue entregado maliciosamente a nosotros. En el día de hoy surgen nuevas observaciones que no estaban descriptas en la compulsa del 1 de julio del corriente , fecha en la cual teníamos tres días para subsanarlas,  lo que pone en evidencia que no han sido correctas sus observaciones anteriormente informadas para su subsanación”, dice el primer párrafo de la carta dirigida por la lista Verde al Consejo de Administración.

“Queremos dejar por escrito que no hemos tenido posibilidad de acceder a  la presentación de  la lista Roja,ni designar veedores a la compulsa, encontrándonos en clara desigualdad de condiciones, dejando sentado  que el Síndico Pablo Peralta en ningún momento nos recibió , no nos ha atendió para  evacuar dudas,  ni para solucionar nada referente a la presentación de nuestra lista y que por el contrario salió en conferencia de prensa a hacer acusaciones y difamar a los que integramos la misma, realizó una denuncia penal en contra de nuestro apoderado el Sr. Roberto Riva, hizo comentarios desafortunados sobre la compulsa,  expuso nombres y apellidos y dijo que se tomarían represalias contra todos los integrantes de  nuestra lista, por lo que venimos  a recordarle a Usted, que el  deber del síndico  es ser imparcial  al consejo de administración y   atender a los socios ante cualquier reclamo  aunque pertenezcan a una lista opositora (Verde)”, indicaron el viernes por la noche desde la nómina opositora que buscará también una manera de proteger a las personas que -según refieren- quedaron expuestas a esas amenazas.

“Desestimamos que el consejo de administración haya hecho un gran esfuerzo, como informan en su nota, para que nuestro grupo promotor concurriera a la sede de la cooperativa a ratificar sus candidaturas, puesto que públicamente se han encargado de difamarnos y acusarnos desde el primer día de presentada nuestra lista haciendo publica y popular la compulsa”.  

El texto finaliza con la siguiente advertencia: “Por lo expuesto  adjuntamos documentación a la denuncia radicada ante  INAES  , expediente que obra en nuestro poder, quedando  a la espera de los veedores pedidos al poder Ejecutivo para fiscalizar, clarificar y declarar la nulidad de la compulsa que llevó a ustedes a la determinación de “no dar por presentada y no oficializada la denominada lista verde”, como así también declarar nula la Asamblea donde se elijan las nuevas autoridades de la comisión directiva de COOPSER  por  el periodo 24/25. A partir de este momento continuaremos la denuncia correspondiente en forma junta con la dirección de supervisión y legales del INAES queda Usted debidamente informado”, concluye la misiva con la firma del Ingenieron Roberto Riva en su condición de apoderado de la lista Verde..

Este sábado a las 10.00 habrá conferencia de prensa en la sede adminintrativa de la empresa distribuidora de energía pero por lo pronto el 14 de julio no habrá elecciones, tal como lo adelantó La Opinión.

Con los minutos contados y muchos integrantes de la lista objetados por el Consejo de Administración de Coopser, la lista Verde logró reunir la cantidad suficiente de avales, delegados titulares y suplentes para poder participar de las elecciones del domingo 14 de julio. Ahora se abre el compás de espera y también la intriga sobre la nómina de integrantes de la lista oficialista. 

Hay una denuncia penal por falsificación de firmas que debe analizar la fiscala María del Valle Viviani, aunque ello no modifica la posibilidad de participar en la jornada electoral siempre que todo esté en regla.

“Fue muy difícil pero lo logramos”, dijo Marcela Izaguirre tras certificar que solicitaron al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) la presencia de veedores para la jornada del comicio. 

En sede del organismo nacional también dejaron asentadas las irregularidades que encontraron en los padrones donde además de personas fallecidas, falta de actualización deudas de socios y anotaciones que no se correspondían con la dirección de los titulares de medidores, observaron dificultades que fueron en línea con “la falta de experiencia que tenemos”, explicó.

“También denunciamos difamación, ya que salieron a acusarnos que fuimos los que falsificamos firmas”, indicó Izaguirre con la presunción de que algunos de los firmantes fueron expresamente enviados para complicarles la presentación.

A la hora de brindar precisiones sólo refirió que muchos de los integrantes de la nómina fueron contactados por gente del propio Consejo de Administración para preguntar: “¿Vos firmarste? o ¿estás seguro que querés seguir con la lista?” y así “le metieron miedo o amenazaron a muchos o les gritaban por la calle”.

La Opinión consultó también a la escribana Cecilia Dubini quien cumplió con su rol de certificación de la presentación de dos listas y recibió el jueves la nómina corregida por los opositores. 

Alcaró que no es su rol revisar quiénes participan ni chequear la aptitud para hacerlo. Es decir que su tarea se limita a la recepción de la documentación y no a su análisis. La aclaración vale frente a las versiones que se esgrimían repecto al equipo profesional que verificaba qué socios estaban en condiciones de votar. 

 “La  denuncia ante el ente Regulador INAES es  por las irregularidades en los padrones, las intimidaciones y  amenazas tanto a los socios como tanbien a los integrantes de la lista, ya que es el ente regulador a partir de la denuncia el que deberá asegurar la transparencia de la próxima asamblea. En el mismo momento también se procedió al pedido de veedores ante el poder Judicial de la Nación”, informó Izaguirre..

Es larguísima la nómina de los observados por mantener deudas de todo tipo. Gente con “un medidor de una casa que tenía alquilada, los que pagan en el segundo vencimiento y no entraron en el corte del 23 de mayo, otros que firmaron en un domicilio y tenían otro medidor más antiguo en otro distrito, hubo uno que quería votar como accionista y todavía no sabemos si lo dejarán hacerlo, así y todo llegamos”. 

En síntesis cada asociado con un medidor a su nombre y sin deudas, podrá decidirse entre “la oficialista roja" o “la opositora verde”, siempre y cuando no surjan nuevos obstáculos para la participación de los más de 45 mil empadronados.

La última vez que se votó fue en Julio de 2018, cuando el oficialismo de Luz y Fuerza y el Intendente Salazar unieron fuerzas para derrotar a las dos nóminas opositoras. Entre 2006 y 2018 nunca ingresaron opositores al Consejo de Administración.

Referentes del sindicato Luz y Fuerza, que representa a trabajadores de la empresa Nucleoeléctrica Argentina, que tiene a su cargo la gestión de las centrales nucleares Atucha I y II, donde trabajan muchos sampedrinos, están movilizados contra la posibilidad de privatización de las plantas generadoras de energía nuclear.

En ese marco, concejales de Unión por la Patria, UCR y Juntos (Vanina Cappelletti) recibieron a representantes de trabajadores de Atucha, quienes expusieron sobre la situación en el Concejo Deliberante. Estaban todos los bloques invitados, menos La Libertad Avanza, que representan a Javier Milei. No estuvieron presentes, tampoco, los bloques de Rivas y Lafalce.

El grupo de trabajadores estuvo encabezado por el exconcejal de la Coalición Cívica Matías Velo, trabajador de Atucha y secretario gremial de la regional del Paraná del sindicato Luz y Fuerza, quien llegó al Concejo junto a Leonardo Galván (secretario general de la seccional Atucha), Bruno Morino (secretario de previsión), Pablo de Casas (secretario gremial de la seccional Atucha), Inés Cerrudo y Cristian Olisnik.

Los trabajadores de Atucha vienen exponiendo en diversos foros —lo hicieron en el Congreso de la Nación— contra la propuesta del Gobierno de Javier Milei de disponer "sujeta a privatización" la empresa que gestiona las plantas nucleares del país, incluida en la denominada "ley ómnibus" que Diputados comenzará a tratar en recinto este miércoles.

"Siguiendo la agenda en favor del plan nuclear y contra el intento privatizador de las centrales, nos reunimos con los distintos bloques del Honorable Concejo Deliberante de San Pedro", informaron desde el sindicato.

El encuentro, señalaron, fue "para explicar, desde nuestra visión como trabajadores, los pormenores de la afectación frente a la venta del paquete accionario de la empresa, la continuidad de los puestos de trabajo y la calidad del servicio de generación, acentuando particularmente sobre la seguridad ante un eventual desfinanciamiento del plan nuclear".

En la última modificación introducida al proyecto quedó habilitada la “privatización parcial” de la compañía, lo que implicaría la posibilidad de mantener poder de veto por parte del Estado en algunas decisiones de la empresa, con participación mayoritaria del capital.

El sampedrino Matías Velo es uno de los voceros en todo el país de la defensa de Atucha como parte de la soberanía energética y de la importancia que tiene para la Argentina mantener dentro de la órbita del Estado la generación de energía nuclear.

"Se la quieren regalar a los amigos del poder", sostuvo el exconcejal, quien aseguró que Nucleoléctrica "no es una fábrica de galletitas" y que "privatizar centrales nucleares es una locura" porque "el principal insumo es la gente, personal altamente calificado" que es lo que garantiza "la seguridad operacional".

El pasado sábado uno de los móviles de La Opinión & Sin Galera recorrió el predio de Mansa Lyfe y se encontró con pocas sorpresas respecto de su apertura a turistas y locales. 

"El lugar está espectacular", comentó el notero al arribar al lugar "lástima que no te dejan entrar", indicó con tristeza. 

Y es que la presunta playa municipal se encuentra cerrada desde agosto del año pasado luego del vencimiento de la concesión que había sido aprobada en 1993 y que pretendía la explotación de ese espacio para el desarrollo de un proyecto turístico que favoreciera a la ciudad y aportara atractivo en pos de atraer visitantes.

Pero la realidad es muy distinta a lo que había sido propuesto en el proyecto impulsado por Luz y Fuerza en el que se proponía, entre otras cosas, transformar el viejo balneario en un complejo moderno que pudiese ser utilizado durante las diferentes épocas del año por sus afiliados y explotado en verano por turistas. 

A pesar de que al vencer el contrato con el sindicato, el Gobierno fijara tasas para la explotación de la pequeña porción de terreno que le corresponde, el acceso al lugar se encuentra restringido y vigilado por un guardia de seguridad que indica que "no se puede pasar". 

De esta forma, los turistas que llegan a nuestra ciudad se encuentran con que no se puede ni acampar, ni a tomar mates en el único lugar costero que ofrece el Municipio como atractivo. El otro, es el Tiro Federal pero su estado es deplorable.

Con la apertura del lugar sin fechas definidas, la incertidumbre por parte de los diversos prestadores turísticos en plena “temporada alta” llevó a que se autoconvocaran a una reunión para debatir qué podemos ofrecerles a las personas que deseen venir a conocer nuestra ciudad. 

Sin respuestas claras, la realidad indica en que en plena temporada de vacaciones aún se desconoce la fecha de apertura para Mansa Lyfe y todavía se espera por una reunión con la nueva directora del área conducida por  Estefanía Bona. 

Ariel Rey expuso el lunes sobre un texto en el que explicó de qué modo la ahora senadora Florencia Arieto actuó para defender a su empresa de los bloqueos y extorsiones a las que era sometida por representantes del gremio Camioneros que terminaron presos por la comisión del delito y que ahora cursan otras instancias judiciales. El ex candidato a Intendente integra el MEAB, un movimiento que resiste los bloqueos, entre los que se encuentran casos emblemáticos como el de Lácteos Vidal y la distribuidora de materiales de Verónica Razzini -hoy también diputada nacional- que fuera una de las pioneras de esa resistencia.

Rey también forma parte de los más de 3000 emprendores y comerciantes que se están congregando para resistir el día del paro convocado por la CGT exhibiendo banderas argentinas. Para apoyar la reforma laboral que propone el gobierno, dedicó varios párrafos entre los que se destacan las grandes dificultades que se presentan a diario para poder mantener operativas las pequeñas y medianas empresas.

Una publicación compartida por MEAB (@meabargentina)

Por su parte, el ex concejal de la Coalición Cívica y representante del Sindicato de Luz y Fuerza, Matías Velo, les dijo a los legisladores que deberían visitar Atucha, conocerla y evaluar de qué se habla cuando se toman medidas. Tras ser presentado en nombre de Nucleoeléctrica, Velo detallo la importancia estratégica de la energía nuclear y destacó que no sólo es eficiente sino también sustentable.

“Estoy acompañado por los compañeros de la seccional Atucha, de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, donde existen, en ese lugar, dos centrales nucleares en funcionamiento, totalmente operativas, al 100%”, comenzó diciendo Velo para explicar dónde están emplazadas las centrales nucleares.

Luego reflexionó ante el plenario de comisiones que analiza la suerte de la vida productiva del país: “tiene pormenores que, necesariamente, deberían conocer, todos los legisladores, al momento de tratar un tema tan delicado como este”. 

“Obviamente todos queremos una economía sana, pero eso no se logra limitando o modificando el orden público laboral, y tampoco aniquilando la clase media”, Matías Velo. 

Y continuó “como empleados de Nucleoeléctrica tenemos un grado de profesionalismo muy grande, al punto de poder competir con empresas dedicadas en el mundo a las reparaciones y la construcción de las centrales nucleares”, luego se refirió al valor que tiene para ellos poder resolver -muchas veces con escasos recursos y mucha destreza- problemas que en otros países hubiesen demandado grandes inversiones. “Como argentinos deberíamos sentirnos orgullosos, pero para eso hay que informarse, meterse en este mundo”.

Luego refirió “estamos dentro de una empresa pública, una sociedad anónima en su momento por los 90, pero que sigue siendo del Estado, que no es deficitaria. Esto no es poco, es un montón, y que también así lo entendemos los trabajadores, y trabajamos junto a la empresa, es decir, no tenemos mayores complicaciones más que lo doméstico para poder seguir adelante con el plan nuclear argentino. En este momento en el país hay tres centrales operativas al 100%, una en Córdoba y dos en Lima, Zarate”. 

Los minutos restantes ilustraron una realidad que pocos conocen y difunden que apuntan a la soberanía energética y las ventajas en materia ambiental que ofrece la energía nuclear. 

“Entonces lo que venimos a decir hoy es que no entendemos cuál sería la razón por la cual el Estado Nacional, este gobierno, pretenda de cierta forma llevar a una empresa que es eficiente en cuanto a lo económico, que no tiene problemas de ese tipo, donde se ha desarrollado tecnológicamente y ha logrado una capacitación, un capital humano impresionante, donde no se van al exterior, se quedan acá, en Argentina, y promueven el desarrollo, no emite gases de efecto invernadero”, sea parte de un proyecto que pueda ponerla en manos privadas cuando se trata de un recurso estratégico.

Las inversiones que concretó la Federación de Luz y Fuerza —sólo unas pocas de las previstas en la ordenanza de concesión que duró 30 años—, quedaron en el sector costero que pertenece al puerto y por ende a la Provincia de Buenos Aires.

Allí están el restaurante, la proveeduría, los cuerpos de baños y una guardería náutica cuya subconcesión se destinó, por lo que se sabe a un privado aunque se desconoce como se gestionó su habilitación.

Parrillas, iluminación y sector de camping cuentan con una buena superficie y por ello desde hace varios días, especialmente el pasado fin de semana se han visto acampantes.

El territorio que le fue devuelto a la Municipalidad es el que tiene algunas parrillas, el piletón y un complejo de cabañas cuyo dueño —también subconcesionario sin autorización— ha iniciado un proceso litigioso para reclamar a la comuna los elementos que son de su propiedad.

Aunque no hay anuncio oficial y los rumores sobre el destino que tendrá la parte pública no están confirmados, la gente ya comenzó a disfrutar de la costa y algunos se atreven a meterse en el agua. Todavía no hay seguridad y el mantenimiento está a cargo de personal municipal.

Hay proyectos que estimulan el retiro del alambrado y un anexo al paseo público que es reserva natural y que separa este lugar del Hotel Howard Jhonson.

La Opinión reveló este martes el cierre del complejo turístico Mansa Lyfe tras el fin de la concesión de 30 años sobre el predio municipal, el vencimiento que ya operaba en el sector que pertenece al Puerto y la falta de proyecto de ordenanza para la prórroga, que debía enviar el Ejecutivo al Concejo Deliberante.

En diálogo con La Opinión, el intendente Cecilio Salazar aseguró que fue “una decisión de la Federación” de Luz y Fuerza no continuar con la concesión, es decir no solicitar la posibilidad de prórroga por, en principio, 10 años.

Así, el Gobierno está en condiciones de recuperar ese inmueble para el dominio municipal, un traspaso que ya está en marcha y que se hará efectivo una vez que la Federación y los subconcesionarios retiren sus elementos de los predios.

Consultado sobre el futuro, el intendente afirmó que todavía el Gobierno no resolvió si va a llamar a una nueva licitación para concesionarlo o si lo explotará bajo administración municipal, como hace con el ex Tiro Federal.

“Se verá, todavía no nos han restituido el inmueble y no me he puesto a pensar qué es lo mejor, ya lo analizaremos con el equipo, está en veremos”, dijo el jefe comunal a La Opinión.

Salazar recordó que a fines de abril habían enviado una carta documento a Fatlyf para recordar que se vencía la concesión aprobada en 1992 y que luego mantuvo una reunión con referentes nacionales de ese sindicato.

“No significaba que los sacábamos, ellos tenían la posibilidad de seguir o no, era una decisión de ellos”, sostuvo le intendente. “Mantuvimos una reunión de dos horas en buenos términos pero empecé a intuir que no querían seguir con la concesión”, señaló.

Reveló que dos semanas después de esa reunión, el titular de la Fatlyf, Guillemo Moser, se comunicó por teléfono con él para informarle “que era decisión no continuar con la concesión, no sólo con la parte municipal sino también con el predio provincial”.

“Es un decisión de la Fatlyf de retirarse, me hubiera gustado que siguieran, pero no desean eso y decidieron dejar los predios”, dijo Salazar y aseguró que le había expresado a la Federación su preocupación por los 17 trabajadores.

A un mes y medio del vencimiento de la concesión de Mansa Lyfe, el Gobierno municipal tomó la decisión de hacerse cargo del predio. La semana pasada envió una carta documento a la Federación de Luz y Fuerza para exigir la restitución del espacio público concesionado en 1992 y comenzó el proceso de traspaso.

En el lugar quedan unos cinco trabajadores que están abocados a la seguridad y a las tareas de remoción de todo aquello que no sea infraestructura —que debe quedar en el lugar— para hacer entrega al Municipio del complejo turístico. Otros 12 empleados fueron despedidos.

Con salarios de entre 250 mil y 400 mil pesos, la Federación acordó la desvinculación y con intervención del Ministerio de Trabajo dispuso el pago de las indemnizaciones correspondientes, previo diálogo con el sindicato Utedyc, que representa al sector.

El espacio que corresponde a la Municipalidad es el que va desde la bajada de Rómulo Naón hacia el Paseo Público II, es decir que la restitución incluye, con todo lo instalado, las cabañas que explotaba hasta ahora el empresario hotelero Alberto Peyrot, que comenzó a retirar todo lo que hay dentro de esos bungalows.

Este martes estaba previsto el arribo de egresados que llegan en el marco del programa de viajes que impulsa el Gobierno provincial. Eran 120 adolescentes que tuvieron que ser reubicados. De la misma manera, las reservas para este fin de semana, el fin de semana largo y hasta para los días del Country Music Festival quedarán sin efecto.

El predio está cerrado y no puede abrir ni recibir a nadie. Lo único que se ve es personal abocado al retiro de los elementos que no quedarán para el Municipio cuando se haga el traspaso formal, luego de que funcionarios del Ejecutivo se presentaran para hacer efectiva la toma de posesión tras la carta documento.

Desde el restaurante hacia el puerto, el predio es propiedad de la Provincia de Buenos Aires y la Federación tenía un contrato con el Consorcio de Gestión que también venció pero estaba prorrogado de hecho. Por el sector municipal no había canon alguno; por el del Puerto, pagaban alrededor de 1500 dólares al mes.

En la Federación desconocen qué posición adotpará el Puerto respecto del contrato prorrogado de hecho, pero todo indica que primará la decisión del intendente Cecilio Salazar de que todo el complejo turístico pase a manos del Estado local y que lo explote la Municipalidad, como hace con el ex Tiro Federal.

La concesión municipal, que aprobó el Concejo Deliberante en 1992, era por 30 años y venció el 22 de junio pasado. Aunque el contrato preveía la posibilidad de al menos tres prórrogas sucesivas de 10 años cada uno, el Gobierno decidió no prorrogar y hacerse cargo de la explotación del lugar.

Así como en el espacio municipal hubo una subconcesión para las cabañas, en el predio que pertenece al Puerto subconcesionaron un sector para la construcción de una guardería náutica. En ambos casos, no había autorización contractual para ello.

Del proyecto original aprobado en 1992, la Federación de Luz y Fuerza cumplió con diversas etapas y objetivos planteados, aunque hubo muchos aspectos que figuran en la ordeanza aprobada que no se cumplieron, como la construcción de una piscina.

La concesión municipal a Mansa Lyfe por el predio costero vence este jueves 22 junio, a 30 años de la sanción de la ordenanza que le otorgó el uso de ese espacio para el desarrollo de un proyecto turístico que no fue cumplido del todo.

Aunque la propia ordenanza prevé la posibilidad de prorrogar la concesión por tres etapas de 10 años cada una, al Concejo Deliberante no ingresó ningún proyecto que lo proponga. Pero tampoco hubo anuncio alguno acerca de la decisión de recuperar ese espacio para el uso municipal.

Ambas alternativas fueron barajadas por el Gobierno. Al menos así lo reveló en febrero el intendente Cecilio Salazar, que todavía estaba de licencia y conducía el Ejecutivo su hijo Ramón, cuando este medio lo consultó al respecto. En ese momento dijo que todo dependería de las “negociaciones” con la Federación de Luz y Fuerza, concesionaria del lugar

Ese día dijo que si fuera por él le “gustaría recuperar toda la costa” y advirtió que Luz y Fuerza no cumplió con lo comprometido en el proyecto y hasta subconcesionó “de manera absolutamente ilegal” la parte del predio que corresponde a territorio provincial, perteneciente al Consorcio de Gestión del Puerto, donde funciona una guardería náutica.

En Mansa trabajan normalmente y aunque la proximidad de la fecha implica cierta incertidumbre, entienden que la Federación y el Gobierno local alcanzarán en el corto plazo un acuerdo para la continuidad de la concesión, tal como está previsto en el contrato original.

Un sueño de desarrollo turísticoEn 1993 San Pedro no era el destino turístico que es hoy y que comenzó a ser cuando a comienzos de la década del 2000 se confeccionó el Plan Estratégico. Todavía se hablaba de “miniturismo”.

El proyecto de Luz y Fuerza proponía transformar el viejo balneario en un moderno complejo, fundamentalmente para el disfrute de sus afiliados pero también para el resto de los turistas y para los sampedrinos “en todas las épocas el año”.

El Concejo Deliberante entendió que era importante otorgarle el permiso de uso a la FATLyF sin cobrarle canon alguno, es decir de manera gratuita, puesto que el plan de instalación en San Pedro de un complejo turístico social implicaría no sólo el desarrollo del turismo sino además una inversión que al final de la concesión dejaría todo lo emplazado al patrimonio municipal.

De 30 a 60 años pero con condicionesLa concesión se aprobó por el máximo plazo posible que estabelce la Ley Orgánica, 30 años. La ordenanza dejó asentado que podría prorrogarse de acuerdo a esa misma norma, que prevé la posibilidad de extensión por otros 30 años pero en etapas de máximo 10.

Por supuesto, cada prórroga debe ser aprobada por el Concejo Deliberante, con el voto de la mayoría absoluta del cuerpo, es decir la mitad más uno de todos los integrantes, que son 18. Para aprobarla, entonces, hacen falta 10 votos.

El Estado municipal tuvo, durante los últimos 30 años, la potestad de ejercer el control sobre el uso del predio, que no podía tener otro destino que el señalado en la concesión. Ese proyecto tenía cuatro etapas, con plazos fijados, cuya falta de cumplimiento, dice el texto, pondrían a Luz y Fuerza en riesgo de perder el derecho “sin necesidad de interpelación previa”.

En febrero, cuando La Opinión le preguntó a Cecilio Salazar sobre el futuro de Mansa Lyfe, el entonces intendente en uso de licencia advirtió que el sindicato no había cumplido con “muchas cosas” que figuraban en el proyecto original.

Cuatro etapas para un complejo modeloEl desarrollo del proyecto Playa Mansa comprendía cuatro etapas que, desde el movimiento de suelo inicial a la construcción de mediana escala prevista, se irían cumpliendo con plazos previstos, con excepción de la última.

La primera tenía como objetivo que para diciembre de 1993 estuviera habilitado el uso de la playa. Había que rellenar zonas bajas; instalar la red de agua y de disposición de efluentes; trazar la calle central y remodelar las instalaciones que existían, apenas un quincho y un cuerpo de baños; forestar; construir parrillas; e instlar juegos infantiles.

Esa obras garantizaban “un blaneario adecuado”. En esa, como en todas las etapas subsiguientes, la pregunta sobre los estudios de impacto ambiental correspondientes aparecieron.

La segunda etapa, para el transcurso de 1994, implicaba la traza de una calle que llevaría a la marina que estaba prevista; la construcción de tres canchas de pádel; la incorporación de 30 cabañas de madera sobre pilotes; la disposición de equipamiento para la playa.

En 1995, según el proyecto aprobado, estaba previsto que llevaran adalente “dos obras de gran significado para el complejo”: la marina o embarcadero con servicio de puerto y el restaurante. También preveían la nivelación del sector asignado para camping y continuar con la forestación.

La última etapa, ya sin fecha en el expediente, señalaba la construcción de una piscina con vestuarios y bar, terraza con solarium, un anfiteatro para espectáculos al aire libre, habitaciones con baño y kitchenette, un muelle “que penetrará sobre el río” para separar la playa del camping.

Hasta ahora, todo sigue igualEn Mansa Lyfe la actividad sigue normal. Quienes trabajan en el predio esperan novedades respecto de negociaciones entre la Federación a nivel nacional y el Gobierno municipal.

En el Concejo Deliberante no hay nada y desde el Ejecutivo no hicieron pública ninguna decisión respecto de si habrá prórroga —para lo que están obligados a enviar proyecto de ordenanza— o si acaso van a recuperar el perdio para darle otro destino.

En febrero, el día que Axel Kicillof encabezó en San Pedro una de sus “conferencias de verano”, La Opinión le preguntó al intendente Cecilio Salazar, en ese entonces de licencia, respecto del tema.

El jefe comunal dijo que todo dependería “de la negociación” posible con Fatlyf. “Yo charlé varias veces con esta gente, vino incluso el secretario general de la federación de luz y fuerza, estuvimos hablando, le dijimos que se pongan las pilas porque hay muchas cosas con las cuales no han cumplido”, advirtió en ese momento.

Señaló entonces que la zona que pertenece a Provincia a través del Consorcio de Gestión del Puerto ya tenía la concesión vencida y cuestionó el emplazamiento de una guardería náutica en esa zona.

“Tenemos un problema ahí en la parte que es del Consorcio de Gestión, que hay una subconcesión total y absolutamente ilegal que hizo Luz y Fuerza, lo he charlado con el secretario general, que es la guardería. Hicieron una subconcesión, que es totalmente ilegal, hicieron un contrato y esa es una de las dificultades que tenemos para dsalojar eso”, indicó.

“Si es por mí, me gustaría recuperar toda la costa, pero hay cuestiones que se van a tener que charlar y negociar”, dijo Salazar en febrero. En ese marco, respecto del diálogo posible, dijo que habría que ver si en Luz y Fuerza “están dispuestos a cumplir porque ya no cumplieron con un montón de cosas”.

“Estaríamos en condiciones de recuperar ese que es un muy buen espacio, ojalá lo podamos concretar. Nosotros lo primero que hicimos cuando llegamos fue hacer los trámites para recuperar el Tiro Federal, que estaba intrusado. También Pesca y Casting, que no depende de nosotros porque hay un juicio entre la provincia y la gente que está usurpando ahí”, repasó.

La audiencia celebrada hoy en la Delegación de la Secretaría de Trabajo trajo aparejada una tregua tras el dictado de la medida de “Conciliación Obligatoria” que retrotrae a la situación anterior a los ocho trabajadores que fueron notificados para que cesen en su relación laboral y cobren a través de la libreta de desempleo que por ser afiliados a la Uocra les corresponde.

El debate en torno al déficit en el sector de obras públicas tendrá que esperar la intervención y el monitoreo de quienes se preguntan cómo se llegó a esta situación en una ciudad que reclama obras de todo tipo y tiene en su empresa cooperativa la posibilidad de concretarlas.

Lo urgente indica que el próximo lunes los operarios que desde el martes reclaman su reincorporación podrán ingresar al obrador a cumplir con sus tareas habituales.

“Se dictó la conciliación obligatoria y que se retrotraiga todo a treinta días y empezar un diálogo con la Cooperativa”, dijo Horacio Azzoni al finalizar la reunión de la que no participó personalmente pero con la que mantuvo permanente contacto.

“Si la cooperativa está dispuesta a charlar para que continúen los compañeros trabajando”, sostuvo y agregó “lo único que queremos es que los trabajadores sigan trabajando”.

Culminado el encuentro los representantes del gremio llegaron al lugar donde se focalizó la protesta para informar los pasos a seguir.

Este miércoles es el Día del Trabajador de la Electricidad, en conmemoración de la creación de la Federación Argentina de Luz y Fuerza, por lo que no habrá atención al público en Coopser.

Desde el Consejo de Administración de la cooperativa informaron que las oficinas estarán cerradas y que “se mantendrán las guardias y el funcionamiento del sector de Servicios Sociales”.

El Día del Trabajadores de la Electricidad se conmemora cada 13 de julio, en recuerdo de la fecha de creación de la Federación que nuclea a los sindicatos de Luz y Fuerza, en 1948.

La fecha se instituyó al año siguiente, tras el primer congreso de la Federación, en Rosario, en ocasión de la firma del primer convenio colectivo de trabajo del sector eléctrico.