El intendente Cecilio Salazar participará de la movilización que diferentes intendentes de la provincia de Buenos Aires encabezan este martes hacia las puertas del Ministerio de Economía, el marco del reclamo por el desfinanciamiento de la Federación Argentina de Municipios (FAM).

Los jefes comunales reclamarán al ministro Luis Caputo por los recortes y por la paralización de obras públicas en los distintos Municipios, entre otros aspectos.

El sábado en Sin Galera, el secretario de Economía Roberto Borgo, confirmó la participación de ben la movilización y aseguró que el intendente irá a "golpearle la puerta al señor Caputo".

El planteo se da en un clima de creciente tensión, donde también se pone en discusión la distribución de los fondos provenientes de los impuestos nacionales.

A esto se suma la crítica al discurso económico del Gobierno nacional, al que acusan de desconocer la realidad cotidiana.

En ese marco, Borgo remarcó las dificultades que enfrentan las administraciones locales para sostener servicios, otorgar aumentos salariales o incluso mantener el funcionamiento básico, en un escenario de ingresos que consideran insuficientes.

Entre las medidas anunciadas por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, en el segundo día hábil desde que Javier Milei asumió la presidencia, aparece la anticipada suspensión de la obra pública financiada por el Estado nacional.

“No hay plata para pagar más obra pública que, como todos sabemos, muchas veces terminan en los bolsillos de los políticos y los empresarios”, dijo el ministro en su mensaje difundido el martes.

El anuncio fue que el Estado nacional “no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado”, lo que impacta en proyectos que estaban en carpeta en San Pedro.

Con incertidumbre sobre el final de algunos proyectos en marcha, como las 84 Viviendas de Villa Depietri, las 89 viviendas de Nuestro Sueño y las 25 viviendas de Río Tala —todas con certificaciones a la espera de pago y con debates sobre redeterminación de precios—, hay otras cuyo futuro parece sellado tras el anuncio del Gobierno nacional.

La construcción de una escuela Técnica en un terreno ubicado detrás del Corralón municipal es una de ellas. Antes de las elecciones, Nación envió recursos para el anticipio financiero para la empresa Indhal SRL —una firma concursada que participa de licitaciones con autorización del síndico— y comenzaron, apenas, los movimientos de suelo.

La misma empresa ganó la licitación para la construcción de una nueva sede para el jardín 914 que funciona en la escuela Normal, que iba a ser trasladado a un terreno ubicado en La Laguna y Güemes, con el objetivo de descomprimir el histórico edificio de calle Bottaro.

Desde el Gobierno local informaron que la empresa adquirió materiales y que en el Municipio, de quien depende la obra aunque los fondos son nacionales, esperan que comiencen de un momento a otro.

En La Tosquera hay incertidumbre respecto de cómo seguirá el proyecto integral de urbanización financiado por el desaparecido Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que preveía una inversión milmillonaria en el barrio que este año se convirtió en Delegación municipal.

La mayoría de las etapas quedarán en espera, entre ellas la relocalización de 26 familias en nuevas viviendas. La primera, que corresponde a desagües pluviales, debería comenzar la semana que viene, señalaron desde Palacio.

El Presupuesto 2023 del Municipio de San Pedro tenía previstos 2300 millones de pesos del Gobierno nacional para obras, lo que representó casi el 25 por ciento del total de recursos.

Allí estaban incluidos proyectos que no llegaron a licitación como una escuela primaria en la cancha de Banfield; un edificio nuevo para la secundaria 17; 80 viviendas en Santa Lucía. Ninguno de ellos, de acuerdo al anuncio de Caputo, será puesto en marcha, al menos este año.

Misma suerte correrá el proyecto para el agua para el paraje La Buena Moza, que tenía el visto bueno de Obras Públicas de Nación, tanto desde el punto de vista técnico como financiero, pero no llegaron a firmar el convenio y ya no lo harán.

Aunque en Palacio aguardan definiciones de Nación, puesto que todavía no hubo contacto el nuevo ministro de Infraestructura de la Nación, Guillermo Ferraro, ya hay cierta alarma porque con la fecha límite para presentar el Presupuesto 2024 no hay datos disponibles sobre los recursos con los que se contará para la continuidad de esas obras.

El nuevo secretario de Obras y Servicios Públicos, Mariano Brañas, dijo a La Opinión el día de la jura que hay obras que están “neutralizadas” hasta tanto se conozcan definiciones del Gobierno nacional.

“Neutralizar” las obras es un concepto compartido en muchos municipios que temen que la paralización de las tareas derive en rescisión, lo que implicaría perder lo invertido y dejar a mitad de camino los proyectos en marcha.

“Las obras de infraestructura en Argentina serán realizadas por el sector privado, ya que el Estado, no tiene plata ni financiamiento para llevarlas a cabo”, dijo el ministro de Economía en el mensaje en el que informó una devaluación de más del 50 por ciento que llevó la cotización oficial del dólar a 800 pesos y anunció que “vamos a estar un par de meses peor de lo que estuvimos antes”.