El abogado sampedrino Patricio Serjal Benincasa, exfuncionario de la Fiscalía local y ex fiscal general de Rosario, fue condenado a 9 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el Tribunal que lo juzgó en un resonante caso de corrupción judicial vinculado al juego clandestino en la provincia de Santa Fe.

Serjal fue hallado penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita, cohecho, falsedad ideológica, omisión de persecución y peculado por haber protegido organizaciones criminales desde su importante cargo como jefe de todos los fiscales de Rosario y la región.

Los magistrados Nicolás Foppiani, Faucndo Becerra y Hebe Marcogliese dictaron sentencia para Serjal y para Nelson Rodolfo Ugolini, exempleado judicial que también fue acusado de cobrar en dólares de una red de juego ilegal para brindar protección en la Justicia, a quien le dieron cinco años de cárcel.

Desde el comienzo de la causa, los abogados de Serjal —primero Hugo Lima y luego Ignacio Carbone, defensor de barrabravas y sicarios de "Los Monos"— habían planteado que como el sampedrino había accedido al cargo sin vínculos políticos, habían tejido debajo de él una red de corrupción que lo involucró por el lugar que ocupaba.

 El intento por desvincularlo no alcanzóy la Justicia consideró que Patricio Serjal Benincasa cobró coimas para "retardar u omitir dictámenes propios de su competencia" en procura de que "no prosperen" causas penales contra Leonardo Peiti, empresario del juego clandestino a quien también se lo vinculó alguna vez con la banda narco Los Monos.

Peiti brindó información como "arrepentido", fue condenado a tres años y a pagar 47 millones de pesos de multa en un juicio de trámite abreviado. 

Los datos que aportó involucraron a Serjal y a Ugolini, así como al exfiscal Gustavo Ponce Asahad, quien también fue condenado, en su caso a seis ños, y como "arrepentido" ofreció detalles de la operatoria ilegal.

Serjal tiene 48 años. Tras recibirse como abogado, trabajó como auxiliar de la primera Fiscalía descentralizada que hubo en San Pedro e hizo carrera en el Poder Judicial hasta convertirse en la máxima autoridad regional del Ministerio Público Fiscal en Rosario.

Durante la instrucción de la causa fue detenido y cumplió varios meses en prisión preventiva hasta que le otorgaron primero arresto domiciliario y luego la libertad, tras lo que volvió a San Pedro a esperar el juicio, que comenzó el 15 de septiembre y terminó con su condena a 9 años de prisión.

El abogado sampedrino Patricio Serjal Benincasa (48 años), ex fiscal general regional de Rosario, comenzó a ser juzgado por las presuntas maniobras de corrupción que lo ligaron a una asociación ilícita relacionada con el juego clandestino de la que está acusado de formar parte desde el importante cargo que tenía en la ciudad santafesina.

Serjal, que fue auxiliar en la Fiscalía de San Pedro, está acusado de cobrar coimas de organizaciones criminales para entorpecer investigaciones y llegó en libertad al juicio, que comenzó este lunes, luego de haber permanecido varios meses en prisión.

El sampedrino está imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, transmisión de datos reservados, falsedad ideológica, cohecho y peculado.

Se lo acusa de haber recibido dinero para "retardar u omitir dictámenes propios de su competencia" para que "no prosperen imputaciones" relacionadas con el empresario del juego clandestino Leonardo Peiti, a quien se lo vinculaba con la banda narco "Los Monos".

Peiti fue condenado en juicio abreviado a 3 años de prisión efectiva y al pago de 47 millones de pesos de multa tras brindar información en la causa en condición de "arrepentido", misma figura a la que se acogió el fiscal rosarino Gustavo Ponce Asahad, quien también fue condenado, en su caso a seis años.

Además del sampedrino Patricio Serjal Benincasa, llega a juicio el exempleado judicial Nelson Rodolfo Ugolini, también acusado de cobrar dinero en dólares por parte de Peiti y su red de juego ilegal, quien dependía directamente de Ponce Asahad y era, según la acusación, el contacto directo con el empresario.

Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edry, a cargo de la acusación inicial en la causa, sostuvieron que Serjal y Ugolini, junto al condenado Ponce Asahad y al también imputado exintendente de San Lorenzo y cuatro veces senador Armando "Pipi" Traferri, conformaban "una asociación ilícita".

El objetivo, señalaron en la causa los fiscales, era "permitir que Peiti pueda seguir operando de forma ilegal el negocio del juego y apuestas de azar". 

La acusación considera que los delitos cometidos, con el cobro de coimas de alrededor de 5 mil dólares mensuales de por medio, tenían como fin "dar continuidad a esa empresa criminal".

Ahora, los fiscales José Luis Caterina, Marisol Fabbro y María de los Ángeles Granato, solicitarán en el juicio una pena de 12 años para Serjal y 5 para Ugolini, con inhabilitación a perpetuidad.

Serjal Benincasa tuvo como abogado al reconocido penalista nicoleño Hugo Lima (h) y luego al prestigioso Ignacio Carbone, rosarino que supo asistir a Matías Messi, hermano del capitán de la Selección, al exbarra brava de Newell's Diego "el panadero" Ochoa" y a Andrés "el Gitano" Fernández, acusado de ser líder de sicarios de "Los Monos", entre otros casos resonantes.

Ambos abogados sostuvieron desde el comienzo de la causa la inocencia del sampedrino. Una de las hipótesis sobre las que trabajaron fue que Serjal no tuvo nunca vínculos políticos para llegar a ser máxima autoridad de los fiscales de Rosario, lo que podría haberle jugado en contra porque, consideraron, debajo de él se habrían tejido las redes de corrupción en las que quedó involucrado por su cargo.

El juicio que comenzó este lunes durará, estiman, entre tres y cuatro semanas y tendrá jornadas de alrededor de cinco horas cada una para ventilar los detalles de la acusación ante el Tribunal integrado por los jueces Nicolás Foppiani, Facundo Becerra y Hebe Marcogliese, que decidirá el futuro de los acusados.

La Justicia santafesina avanzó en la imputación de Armando Traferri, uno de los máximos referentes del peronismo de la provincia de Santa Fe. Se lo acusa de ser jefe de una asociación ilícita, organización y explotación de juegos de azar ilegales, tráfico de influencias agravado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, cohecho pasivo —es decir, recibir coimas— y peculado.

Traferri fue imputado como jefe de una organización dedicada a proteger y gestionar el juego clandestino en Santa Fe. La noticia cobra especial relevancia para San Pedro debido a la implicación del exfiscal Patricio Serjal Benincasa, oriundo de la ciudad y detenido en 2020.

 La Opinión Semanario siguió el caso desde entonces. Serjal, junto con otros actores judiciales y políticos, fue acusado de brindar protección a Leonardo Peiti, ligado al juego clandestino y con vínculos a la banda narco Los Monos, a cambio de sobornos.

Es precisamente Peiti, que se acogió a la figura de "arrepentido", quien señaló a Serjal y Traferri como piezas clave en la estructura que permitió expandir su negocio clandestino. 

Serjal espera en libertad el proceso judicial por su rol en la red de protección. Peiti también implicó a Traferri alegando que utilizó su influencia política para asegurar el control del juego en la provincia y buscar una licencia para el juego online.

La imputación a Traferri generó un fuerte impacto en Santa Fe, dado su peso político. El legislador fue intendente de San Lorenzo y elegido cuatro veces como senador provincial.

La detención de quien había sido identificado en la investigación del crimen del chofer del dirigente de la Uatre, Pablo Ansaloni, se produjo en Rosario en el marco de la investigación por el crimen del agente de policía César Carmona quien fue ultimado con ocho balazos frente a la sede de la Agencia de Investigación Criminal de Rosario. Tras el crimen y de manera preventiva por la creciente escalada de violencia se dispuso el viernes el vallado de todos los edificios judiciales mientras ordenaban los 17 allanamientos sin saber que uno de los detenidos coincidía con el crimen perpetrado el 18 de Noviembre de 2022 en la ciudad de Colón.

Mauricio Cordara fue abatido cuando descendía del vehículo en el que transportaba a los hijos del dirigente gremial y ex diputado a plena luz del día. La Fiscal Magdalena Brandt encabezó la investigación que permitió seguir la pista del auto en el que habían ingresado a la ciudad los encargados del crimen y tiempo después logró establecer que la banda contratada tenía residencia en Rosario. Así fue desandando el historial de cada uno de ellos y logró establecer que quien apuntó el arma que terminó con la vida del sampedrino era ni más ni menos que “Calamar”, Agustín Alfredo Almirón. El mismo que habría disparado 10 tiros al policía el jueves 14 de septiembre.

Este domingo Brandt pudo confirmar que una vez que la Agencia de Investigación Criminal de Rosario culmine con sus pericias e investigación, el detenido podrá ser derivado a territorio bonaerense para rendir cuentas sobre su actuación en el delito del que se lo acusa y en el que se presume que se equivocó de víctima ya que el crimen había “sido encargado para ultimar a Pablo Ansaloni” quien justamente ese día no viajó desde Buenos Aires a su ciudad natal porque no había podido regresar de la provincia de Misiones.

“Calamar” no es un desconocido. Pese a su contextura física ya carga con varios crímenes de acuerdo a la tarea que le encomiendan. Es hijo del policía Germán Almirón condenado en 2017 por colaborar en la fuga de un sicario que pertenecía a la banda de Los Monos.

Resta ahora saber si cuando tenga la oportunidad de declarar y ante la contundencia de las pruebas en su contra colabora para determinar quién o quiénes fueron los autores intelectuales del crimen, cómo lo contrataron y qué indicaciones le dieron.

Sergio “Mangacho” Campodónico fue detenido el pasado 3 de febrero en el marco de las investigaciones por el robo a la familia Lorido, un mes antes. Durante el ilícito, otros tres delincuentes habían sido detenidos entre ellos el bombero Alves. 

Testigos aseguraban que Capodónico estaba relacionado con este asalto por lo que tras recabar la información necesaria y reunir las pruebas suficientes, la Fiscala Viviana Ramos obtuvo la autorización para detenerlo. 

Mientras avanza la investigación, “Mangacho” cambió de abogados. Ya no lo representa el Dr. Bogado de Baradero sino un estudio jurídico de la ciudad de Rosario. “Tiene a los mismos abogados que Los Monos”, informó Ramos al tiempo que detalló que a ellos los defienden por la última imputación que tienen “por haber disparado contra la fiscalía”. 

“Es un detalle”, dijo Ramos y completó: “Pero hay que tener para pagarle a esos abogados que tiene todos clientes de esa estirpe”.

Sobre la causa dijo que no tiene pruebas como para inculpar a una quinta persona por lo que “en principio” cerrarán la investigación con “cuatro personas como autoras de este hecho específico”.

“Se está haciendo un trabajo para la vinculación con otros hechos”, reconoció y apuntó a que, pese a que no lo tiene identificado, trabajan en determinar de dónde provenía la información de que las víctimas tenían dinero.

“Creemos que había un entregador que sabía que habían hecho cambio de divisas o extracciones de dinero”, dijo y detalló: “Estamos haciendo el análisis de aparatos telefónicos”.

Un hombre de 47 años oriundo de la ciudad de Rosario, identificado como Hernán Diego Dorronzoro, permanece detenido en la Comisaría local a disposición del Juzgado Federal de San Nicolás tras haber sido detenido por el personal de la Policía Vial San Pedro en la ruta 9 cuando transportaba 19 kilos y medio de marihuana.

El personal al mando del oficial principal Diego Guzmán lo interceptó en el kilómetro 152,5 de la autopista cuando conducía un Audi A3 azul en sentido Rosario – Buenos Aires. En el baúl llevaba 32 ladrillos de marihuana.

El juez Carlos Villafuerte Ruzo avaló las actuaciones de la Policía Vial San Pedro y ordenó allanamientos. El detenido fue indagado y permanece alojado en la dependencia local a disposición de ese Juzgado.

La Justicia continúa la investigación en procura de desbaratar la red de narcotraficantes que distribuye drogas a través de la ruta 9 desde Rosario.

La semana pasada la Justica santafesina amplió por 90 días la prisión preventiva del abogado sampedrino Patricio Serjal, exfiscal regional de Rosario acusado de recibir coimas provenientes del juego clandestino. A la vez, el doctor Hugo Lima adelantó a La Opinión que dejó la defensa del profesional por distintos motivos aunque remarcó “que estará para lo que necesite porque está seguro de su inocencia”.

La defensa de Serjal la asumió el doctor Ignacio Carbone, un prestigioso abogado de Rosario reconocido por patrocinar a clientes vinculados a causas resonantes con repercusiones en todo el mundo. Pertenece a una tradicional familia de la ciudad santafesina con una importante trayectoria en el ámbito judicial: es hijo del experimentado camarista penal Carlos Alberto Carbone.  

Entre los casos más resonantes en los que ha intervenido el nuevo abogado defensor de Serjal sobresale el patrocinio de Matías Messi, el segundo de los tres hermanos de Lionel Messi, la estrella del fútbol mundial, quien se vio involucrado en un confuso episodio acontecido hace unos años atrás cuando fue detenido y, luego, condenado con un largo historial que incluye la utilización de armas, favores judiciales y un entorno complicado.

La figura de Carbone sobresalió cuando logró que Messi recupere la libertad bajo fianza mientras cumplía con arresto domiciliario por un caso en el que apareció sobre una lancha herido y con un arma de fuego.

Pero no solo fue Messi el cliente famoso de Carbone sino que también defendió a varios personajes de frondosos antecedentes y vinculados a los episodios más resonantes que convulsionaron a “la Chicago Argentina”.

Patrocinó al exbarra brava de Newell’s, Diego el “Panadero” Ochoa, quien fue condenado a 11 años de prisión por instigar el crimen de Roberto “Pimpi” Camino, otro barra brava “Leproso”.

A la vez, el mismo Ochoa fue condenado por otro caso en el que también instigó un homicidio, en este caso el de Sergio “Quemadito” Rodríguez, quien integraba la barra de los “Quemados” y manejaban los búnkers de drogas en Villa Moreno en Rosario.

Andrés “el Gitano” Fernández, acusado de ser el líder de los sicarios de “Los Monos” en Rosario, fue defendido por Carbone

También defendió a Jonathan Zárate, acusado de estar vinculado a un millonario fraude inmobiliario caratulado como asociación ilícita, fraude y lavado de activo.

Otra de las defensas más polémicas que asumió Ignacio Carbone en su activa función penalista fue la de Andrés “el Gitano” Fernández, quien estaba acusado de ser el líder de los sicarios que integraba la temible banda de “Los Monos” en Rosario, un grupo vinculado al narcotráfico con conexiones internacionales.

El debut como abogado de Patricio Serjal arrojó resultados positivos de inmediato ya que, si bien la Justicia amplió por 90 días más su prisión preventiva, logró que se hiciera lugar a lo solicitado y el sampedrino goza con dos salidas recreativas por semanas, otra salida para consultar en forma personalizada a su médico de cabecera y se le extendió el monitoreo de la pulsera electrónica hasta el ingreso al edificio donde vive.