El sumario administrativo contra la enfermera de la Guardia que estaba de licencia médica y fue descubierta trabajando en el hospital privado Sadiv tiene como destino el despido de la empleada municipal, aunque por ahora no pueden proceder.

Es que la enfermera tiene fueros gremiales, puesto que forma parte de la comisión directiva de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), uno de los sindicatos que representan a los trabajadores municipales en San Pedro.

Aunque el dictamen aconseja su despido por haber solicitado licencia médica para cumplir reposo por una fascitis plantar y estar al mismo tiempo trabajando en otro lado, el Gobierno no puede dejarla cesante, porque lo impide la ley al proteger a quienes tienen fueros gremiales.

Ahora, el Municipio debe solicitar formalmente a ATE el desafuero de la empleada para así, una vez quitada la inmunidad sindical por parte del propio gremio, proceder al despido.

Esa es la medida disciplinaria a la que arribó el sumario, que consideró lo ocurrido como una falta grave que causó perjuicio a la administración pública.

La empleada había entrado de licencia médica el 18 de diciembre pasado. El 20, la vieron en el otro efector de salud cumpliendo tareas profesionales y la denunciaron. En febrero, la Subsecretaría Legal y Técnica aconsejó el inicio del sumario administrativo con suspensión preventiva sin goce de haberes.

El Gobierno suspendió por 30 días sin goce de haberes mientras se sustancia el sumario en su contra a una empleada municipal que tenía licencia médica pero estaba trabajando en otro lugar.

La trabajadora es enfermera del Hospital y se desempeña en el Servicio de Emergencias Médicas de la Guardia general. Estaba con certificado médico, pero la vieron desempeñándose en otro lado.

A raíz de una fascitis plantar, le habían otorgado licencia por enfermedad por 10 días. Sin embargo, mientras tenía que estar de reposo porque no podía trabajar, se la vio atendiendo en el Hospital privado Sadiv, trabajando como enfermera.

La licencia había entrado el 18 de diciembre pasado. El 20, la vieron en el otro efector de salud cumpliendo tareas profesionales y la denunciaron. Rápidamente, se instruyó el presumario, se citaron testigos y comenzó el proceso.

Ahora, a principios de febrero, la Secretaría de Salud firmó el decreto tras el dictamen de la Subsecretaría Legal y Técnica que aconseja el inicio del sumario con suspensión preventiva.

Así, la empleada municipal fue suspendida por 30 días sin goce de haberes y todo indica que al final de ese período, cuando haya que establecer la sanción que le corresponda, sea despedida por considerarse lo ocurrido como una falta grave.

La imputación es por "inconducta notoria" y por perjudicar materialmente a la Administración Pública municipal, puesto que los trabajadores "deben cumplir estricta e ineludiblemente" las obligaciones de "prestar los servicios en forma regular y continua dentro del horario general especial o extraordinario que se determine, con toda su capacidad, dedicación y contracción al trabajo".

A veces suena exagerada la concepción que obedece a un prejuicio instalado: quién es empleado del estado cuenta con todos los privilegios para ausentarse de su tarea. Por convenios laborales favorables, normativa interna que restringe el doble turno o los horarios en los que un servidor público debe cumplir para satisfacer la demanda del ciudadano una gran parte de la población entiende que la “doble vara” es posible. Cuando se está de un lado se es trabajador a destajo y cuando se está del otro son derechos adquiridos. Los ejemplos abundan sobre todo en el ámbito de quienes deben cumplir tareas que comprendan a los adultos mayores. Casi todas las reparticiones públicas cierran sus oficinas por la tarde y ni hablar de los bancos sean públicos o privados.

Hoy La Opinión entrega un informe de una de las áreas que más reclamos y más escándalos por situaciones delictivas deparó en los últimos tiempos: el cementerio municipal.

Quienes acuden al lugar no saben ni comprenden cómo un grupo de personas que en su mayoría pertenecen al grupo de los excluídos o “castigados” por las distintas gestiones pueden actuar con tanta impunidad. No hay control, no hay autoridad, no hay reglas.

Durante 2022 un debate de proporciones se desató con denuncias al municipio y en distintas fiscalías por estafas, robos, negociados y hasta malversación en la reducción de cadáveres dentro de la necrópolis. Algunos de los denunciantes que fueron víctimas de estas estafas ni se animan a volver a las sepulturas de sus seres queridos porque se encuentran allí con quienes perpetraron la estafa o los timaron con “tareas de mantenimiento y cuidado”.

Anunciaron sumarios administrativos cuyos resultados se deconocen, pero aquí mismo, en la redacción de La Opinión dejaron testimonio los propios acusados: “Si me echan hablo y cuento qué cadáveres están en tumba equivocada y los que entregamos en bolsas sin saber de quien son los huesos”. Ese es solo un ejemplo; hay otros.

Lo que verán a continuación es qué sucede entre los que trabajan y los que se burlan. Los que cumplen y los que eluden su obligación. Los que pasan parte de enfermo y los que van a trabajar con achaques. Para empezar solo basta mencionar que quien tiene a su cargo el control, mantenimiento y decisiones, “se retira una hora antes” de su horario laboral porque la municipalidad no le paga el remisse y le queda lejos.

Luego tenemos a un agente acusado por las estafas ya citadas muchas veces en nuestro medio: Tomando un período de poco más de 8 meses, este trabajador tendría que haber cumplido su tarea de 48 horas semanales durante 231 días. De esos, entre feriados y domingos restan 27. Por ende quedan 204; de esos 204 solo asitió al cementerio 30 jornadas. No es el único, el premio por presentismo es sólo de 1000 pesos, a nadie le importa mucho perderlo.

“El presentismo rige solo para la mañana porque a la tarde no hay nada para hacer” indicó la fuente consultada y agregó “entonces no van”. Allí también reside la situación de quienes no se explican la falta de limpieza y otros detalles que es mejor no mencionar.

En total debería haber 12 personas contando al director y por efecto de las quejas ahora se han sumado dos nuevos agentes a los que se los ha instruido para que no se sumen “a la banda del desgano”.

Luego aparecen los agentes que presentan certificados por enfermedad que si bien en muchos casos pueden responder a una dolencia no explican como todo el plantel tiene una salud tan frágil. El empleado que pusimos como ejemplo faltó 132 días, tomó 36 de vacaciones.

Otro ejemplo de agente con problemas de salud: Asistió a su trabajo 119 días y se enfermó 108; uno más, en este caso con 64 días trabajados en el período seleccionado y 150 jornadas de enfermedad. Sólo le adjudicaron 9 días de vacaciones y cobró por los 8 que entraron como no laborables dentro del período en que no regía el certificado.

Encontramos a un trabajador bastante sano, cumplió con su trabajo 195 días, se enfermó 22. Su compañero en cambio tenía 53 días de vacaciones y trabajó 167 días.

Agregamos un úlimo caso, un poco más equilibrado: 79 días de trabajo, 99 de enfermedad, 29 no laborables, 19 de vacaciones. Hay algunos muy cumplidores pero no son los que perciben recompensa alguna por su experiencia y responsabilidad. Sienten que los poco más de 100 mil pesos que puedan llegar a percibir valen lo mismo que los de quienes no van y se ríen de la suerte de los demás.

Así no: así no es posible que algo funcione porque a la falta de controles se suma la prestación deplorable de un servicio que los dolientes contribuyentes deben pagar para que los restos de sus seres queridos sean preservados.