*Por Javier Silva

Se dice que el rey Pirro, tras ganar una batalla que lo dejó al borde del colapso, pronunció una frase inmortal: “Otra victoria como ésta y estaremos perdidos”.Desde entonces, una victoria pírrica es ese triunfo que, por su costo, destruye al propio vencedor. 

La analogía no es casual. El proyecto de ordenanza que busca prohibir al Municipio de San Pedro incorporar personal durante cuatro años, bajo cualquier modalidad, impulsado por concejales opositores al Departamento Ejecutivo, pretende mostrarse como un gesto de austeridad y responsabilidad fiscal.

Sin embargo, su efecto real podría convertirse en una de esas victorias que no conviene celebrar: una medida que, en nombre del “orden”, deja al Estado sin capacidad de funcionar y al borde de la ilegalidad.

Porque detrás del eslogan aparece el problema de fondo: la iniciativa choca con la legislación vigente, altera el equilibrio institucional, afecta servicios esenciales y abre la puerta a nulidades y conflictos jurídicos inevitables.

La redacción del proyecto, además, deja entrever cierta inmadurez normativa, producto quizá de un entusiasmo que no siempre va acompañado de una comprensión acabada del marco legal.

Es el tipo de iniciativa que suele surgir cuando el ímpetu político llega más rápido que la experiencia en la administración pública. El resultado es una ordenanza que pretende ordenar lo que todavía no se ha terminado de entender.

Y aquí es donde aparece la verdadera dimensión política del asunto: la oposición podría “ganar” la votación, pero el costo institucional, jurídico y operativo sería tan alto que esa victoria terminaría volviéndose en su contra.

La Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley 6769/58) define con claridad las funciones dentro del Estado municipal.

El artículo 107 establece que:

“La administración general y la ejecución de las ordenanzas corresponde exclusivamente al Departamento Ejecutivo.”

Y el artículo 108 inciso 9 agrega:

“Corresponde al Departamento Ejecutivo nombrar, aplicar medidas disciplinarias y disponer la cesantía de los empleados del Departamento Ejecutivo, con arreglo a las leyes y ordenanzas sobre estabilidad del personal.”

Esto significa que:

✔ El Concejo Deliberante puede dictar normas generales: concursos, límites presupuestarios, estatutos, requisitos.✘ Pero no puede anular la facultad misma del intendente de designar personal.

Una prohibición absoluta de contratar —durante cuatro años y sin excepción más que algunos profesionales de la salud— invade directamente una competencia exclusiva del Ejecutivo, violando el reparto institucional que fija la Ley Orgánica.

El marco provincial del empleo municipal refuerza esa interpretación.

La Ley 14.656 y su Decreto Reglamentario 784/16 son claros:el acto de designación de personal solo puede ser emitido por el Departamento Ejecutivo (o por el mismo Concejo respecto de su propia planta).

Por eso, una ordenanza que prohiba contratar durante cuatro años no regula:invade, anula y altera una función ejecutiva reconocida por ley.

El artículo 1 del proyecto establece:

“Se prohíbe la incorporación de nuevos trabajadores al Municipio de San Pedro (…) por el plazo de cuatro (4) años.”

En ese período, el Municipio no podría:

La excepción prevista —solo para algunos profesionales de la salud y bajo estrictas condiciones— es a todas luces insuficiente.

El resultado sería una parálisis operativa y una sobrecarga estructural para los trabajadores actuales.

La prohibición absoluta plantea, además, problemas legales serios:

1. Nulidad por invasión de competencias

Al impedir al Ejecutivo ejercer una función propia, la ordenanza sería prima facie nula, violando el art. 108 inc. 9 de la LOM.

2. Incompatibilidad con la Ley 14.656

El decreto 784/16 exige que la designación de personal sea un acto del Ejecutivo.La ordenanza impide ese acto: contradicción plena.

3. Judicialización

Sindicatos, empleados municipales o el propio Ejecutivo podrían impugnar la norma, generando litigios y medidas cautelares que afectarían la gestión.

4. Conflicto institucional

El Concejo asumiría un rol operativo que la normativa no le reconoce, condicionando a esta y a la próxima gestión.

El Concejo Deliberante cuenta con herramientas legales para ordenar el gasto en personal:

Estas técnicas son válidas, razonables y constitucionalmente aceptables.Pero ninguna de ellas implica prohibir al Intendente designar personal.

Un congelamiento puede discutirse; una prohibición absoluta es, lisa y llanamente, inconstitucional a nivel municipal.

La duración —cuatro años— agrava el problema. La ordenanza condicionaría no solo a la gestión actual, sino a la próxima, restringiendo su capacidad mínima de gobernabilidad y violando la lógica democrática de alternancia.

Un Estado que no puede reemplazar a sus trabajadores esenciales deja de ser eficiente: se vuelve vulnerable.

El debate sobre el empleo público es legítimo y necesario. Pero una ordenanza que prohíbe por completo contratar personal:

Ordenar el Estado es indispensable. Pero ningún Estado se ordena paralizándolo.

Como diría el rey Pirro, una victoria así —aunque se proclame con entusiasmo— terminaría costándonos demasiado.

*El autor es abogado, exsecretario de Gobierno y exsecretario de Obras Públicas de la Municpalidad de San Pedro.

Diego Armando Albacete, conocido como “el Bombero” o “Nutrio”, fue declarado “no culpable” por el jurado ciudadano que presenció las audiencias del debate oral y público en el marco de la causa por asalto a mano armada a un camionero en ruta 9 por la que estaba acusado.

Albacete llegó al juicio con el beneficio de arresto domiciliario, es decir en calidad de detenido en un proceso que duró más de tres años desde cometido el hecho por el que resultó inocente para la Justicia en un juicio en el que su abogado defensor, Paulo Cordara, logró convencer al jurado de que no era culpable del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego.

Apenas fue apresado, la Municipalidad decidió despedirlo. Dieron de baja el contrato que tenía como “empleado temporario”, una condición en la que estaba desde que entró a trabajar en el Estado municipal, en 2015. Por ello, reclamó en el fuero Contencioso Administrativo.

El de julio de 2020, alrededor de las 18.45, a la altura del puente de La Buena Moza, en sentido Buenos Aires – Rosario, dos delincuentes llegaron en una moto y apuntaron con un arma de fuego a un camionero, para asaltarlo.

La Fiscalía acusó a Diego Armando Albacete y a Sebastián León de ser los asaltantes. Al primero, además, lo señaló como qu9ien portaba el arma Bersa Thunder 22 milímetros con numeración suprimida con la que la víctima fue amedrentada.

La policía encontró el arma en la zona de Lucio Mansilla y Benefactoras Sampedrinas, en medio de una persecución. León fue detenido y su cómplice huyó. Diego Albacete fue apresado luego, acusado de ser el otro delincuente que protagonizó el robo.

Sin embargo, los elementos probatorios reunidos por Fiscalía y el relato de los testigos ofrecidos por cada parte no alcanzaron para que el jurado ciudadano encontrara responsable a Albacete de los delitos por los que fue enjuiciado, por lo que el veredicto fue “no culpable”.

Diego Armando Albacete se quedó sin trabajo el 23 de diciembre de 2020 mediante un decreteo que le dio de baja el contrato “por razones de servicio”. Aunque no lo escribieron, todos sabían que lo despedían por haber sido detenido en el marco de la causa penal en trámite en su contra.

“El bombero” cumplía tareas en el área de Parques y Jardines que depende de la Secretaría de Servicios Públicos. Cumplía horario de 6.00 a 14.00, de lunes a viernes. Había empezado a trabajar en febrero de 2015, como “decreto”, y en agosto de 2016 pasó a formar parte de la planta temporaria.

En su reclamo ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo, su patrocinio letrado recordó que la ley de empleo municipal vigente defiende a rajatablas la estabilidad del agente y que un trabajador temporario es aquel que es contgratado para trabajos eventuales y con un tiempo establecido, especificado en el contrato.

“Cualquier infracción a lo establecido en materia de planta temporaria convertirá al trabajo transitorio en definitivo y al trabajador se lo considerara ingresado a la planta permanente a partir de la fecha en que inicio su prestación de servicio”, dice esa ley.

Por eso, Albacete exigió a la Justicia que le devuelvan el puesto de empleado municipal y que le paguen los salarios caídos desde enero de 2021 hasta el momento de dictar sentencia en el caso, algo que todavía no ocurrió.