Antes de que se desarrolle la audiencia por la prisión preventiva para los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, el diputado nacional Leopoldo Moreau, presidente de la la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso, le pidió a la fiscala Viviani las actuaciones de la causa. La titular de la UFI 7 rechazó la solicitud.

Moreau pidió “una copia del “legajo fiscal que tendrá carácter de reservado” y Viviani le respondió que su Fiscalía “no puede dar cumplimiento a lo requerido” y le explicó las razones, relacionadas con que la ley impide “la injerencia de otros poderes del Estado” en la tarea de la Justicia.

En el texto, y de manera didáctica, la titular de la UFI 7 explica al diputado Moreau, un dirigente político con más de cuatro décadas de trayectoria, algo tan simple como que la investigación penal corre por canales que implican la parte acusatoria, a su cargo, y la defensa que representa al imputado, todo bajo el control de un tercero imparcia que es el Juzgado.

Le explicó que de la ley invocada por él para elevar su requerimiento “no surge ninguna facultad expresa ni implícita” que lo autorice como legislador a “intervenir de modo que permita vulnerar el mecanismo procesal” ni “controlar el desempeño de los fiscales”.