La Cámara Federal confirmó el procesamiento y trabó embargos a los imputados en la causa que tiene a integrantes de la familia Solmi y a sus contadores como acusados en una investigación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que comenzó con una denuncia de la entonces AFIP.

Víctor Enrique, Sergio y Víctor Manuel Solmi, y los contadores Pablo Geoeghegan y Rodolfo Solimano están involucrados junto a otras seis personas con domicilio en Buenos Aires en el marco de lo que denominan "la banda de los grafitis".

La Cámara Federal confirmó el procesamiento por corrupción, lavado de activos y evasión fiscal en el marco de una investigación que procura establecer responsabilidades en la presunta conformación de empresas "fantasma" para direccionar licitaciones del Gobierno porteño.

Los hechos investigados ocurrieron durante las gestiones de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

La causa investiga a las empresas Citepa SA y Varbeg SA, beneficiadas en licitaciones y adjudicaciones directas con presuntos sobreprecios y creadas especialmente para ser contratadas para los servicios de limpieza antigraffiti que los Solmi no sólo efectivamente brindaron sino que hasta difundieron con orgullo a nivel nacional y local.

Los organismos de control detectaron sobreprecios que van del 150 al 570 por ciento respecto de los valores de mercado, al tiempo que constataron el depósito de fondos en la empresa Servente y Cía SA, en una cuenta comitente a nombre de Jorge Palacio, Víctor Enrique Solmi, Sergio Gustavo Solmi, Víctor Manuel Solmi y María Nerea Solmi.

En la denuncia inicial, AFIP detectó la presencia de testaferros: la empresa Citepa SA, contratada para limpiar grafitis, tenía como presidente a Jorge Palacio, que vive en Florencio Varela, pero que había declarado ante AFIP un domicilio en San Pedro.

Ese domicilio que declaró Palacio era nada menos que la casa particular de Sergio Solmi.

En las órdenes de compra secuestradas en las oficinas de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) hallaron el nombre de Víctor Solmi y su casilla de e-mail personal como contacto.

El juez Sebastián Casanello, en cuya órbita tramita la causa, destacó en el escrito en el que dispuso el procesamiento de los imputados que los Solmi nunca figuraron formalmente en los actos societarios de la empresa Citepa ni en los registros de AFIP ni en las cuentas bancarias de esa compañía, pero se presentaron como "apoderados" para "inyectar los fondos y operar en la cuenta comitente que abrieron en la sociedad de bolsa".

La empresa Citepa tenía todos los condimentos para ser considerada "fantasma": no declaraba domicilio ni bienes y sólo contaba con tres empleados que fueron dados de alta ante el riesgo de inspecciones.

Así lo revela un intercambio de mails cuyo detalle publicó el diario La Nación. "Pablito, esta noche quizás 'aparezcan' y la idea es que estén estos 3 de alta. Si podés, mandámelas esta tarde y las envío, así las tienen para esta noche, x las dudas. Gracias", escribió Víctor Solmi al contador.

En los chats analizados aparecen conversaciones asiduas entre los Solmi y funcionarios del Gobierno porteño para las contrataciones, prestaciones de servicios y otras modalidades.

Tras la decisión de Casanello de procesar a todos los involucrados, los contadores Pablo Geoghegan y Rodolfo Solimano difundieron un comunicado en el que informaron que habían solicitado el sobreseimiento en la causa y negaaron cualquier participación en el caso.

En diálogo con La Opinión, Geoghegan señaló que la situación le producía "mucho dolor e incomodidad" y aseguró: "Sólo hicimos nuestro trabajo como estudio contable".

Tras la decisión del juez Casanello de procesar a 11 personas vinculadas a presuntas contrataciones de empresas fantasma por parte del Gobierno porteño,  causa en la que aparecen como imputados los sampedrinos Víctor Enrique, Víctor Manuel y Sergio Solmi junto a los contadores Pablo Geoghegan y Rodolfo Solimano, desde el estudio contable aseguraron que no tienen nada que ver con los delitos investigados.

En un comunicado que difundieron entre sus clientes, los contadores señalaron que el proceso judicial es "un disgusto" y aseguraron que no fueron "partícipes", no tienen intervención en los hechos ni facilitaron delito alguno.

"Estamos ejerciendo nuestro derecho de defensa y solicitando el sobreseimiento", indicaron y agregaron: "Seguimos trabajando con el compromiso y la seriedad desde hace más de 35 años, con nuestros clientes".

"Me produce mucho dolor e incomodidad", dijo Pablo Geoghegan sobre la situación.

En diálogo con La Opinión, Pablo Geoghegan, dijo que la situación "provoca gran disgusto" y que desconocen los hechos. "No hemos participado ni, por supuesto, obtenido ningún beneficio", aseguró el contador.

"Sólo hicimos nuestro trabajo como estudio contable", sostuvo respecto de la vinculación con las empresas de los Solmi. "No entendemos por qué podemos estar imputados", señaló.

Agregó que la causa por lavado de activos indaga en "una contratación entre nuestro cliente y municipio con un montón de auditorías y a kilómetros de distancia, como para ser partícipe de un presunto ilícito".

El año pasado, cuando la Policía Federal y AFIP allanaron domicilios vinculados a los Solmi por la causa, también hubo secuestro de elementos en el estudio contable, lo que provocó un repudio del Colegio de profesionales.

Víctor Enrique, Sergio y Víctor Manuel Solmi fueron procesados por la Justicia junto a los contadores Pablo Geoghegan y Rodolfo Solimano —además de otras seis personas con domicilio en Buenos Aires— en el marco de una causa por lavado de activos que denunció Afip y que contó con la tarea de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Por esa causa, en abril del año pasado allanaron diversos domicilios vinculados a la familia Solmi junto a agentes de la Afip para secuestrar una gran cantidad de documentación vinculada a la investigación.

En ese marco, también allanaron el estudio contable de Pablo Geoghegan y Rodolfo Solimano, procedimiento que valió el repudio de sus colegas por el secuestro de "herramientas de trabajo" como computadoras y celulares, "en el marco de un allanamiento de un cliente".

La investigación comenzó en 2017, a cargo del fiscal federal de San Nicolás, Matías di Lello. Luego, quedó en manos del juez Sebastián Casanello, en Comodoro Py, quien ordenó imputar y tomar declaración indagatoria a los acusados, a quienes ahora procesó.

La causa investiga a las empresas Citepa SA y Varbeg SA en el marco de un entramado de "corrupción, lavado de activos y evasión fiscal" que implicaba la contratación de compañías "fantamsa" a través de adjudicaciones directas y con presuntos sobreprecios por parte del Gobierno porteño durante las gestiones de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, entre 2013 y 2018.

Se trata de las contrataciones para servicios de limpieza y antigrafiti que los Solmi efectivamente brindaron y hasta difundieron con orgullo empresarial a nivel nacional y local. La causa indica que los prestaron a través de esas "empresas fantasma", que facturaron más de 49 millones de pesos.

La investigación considera que ese dinero habría sido cobrado a través de "contratos irregulares" y luego fue a parar a "diversas transacciones financieras de inversión bursátil", constituyendo así la presunta puesta en circulación formal del "producto de la posible actividad ilícita".

En el expediente, además de la documentación secuestrada, hay escuchas telefónicas en las que Víctor Solmi mantenía contacto con funcionarios de Subterráneos de Buenos Aires y del Ministerio de Educación porteño en los que aparecerían diálogos vinculados al presunto direccionamiento de las adjudicaciones vía "urgencia" o "especialidad" como camino para sortear los procesos licitatorios.

Los procesados en la causa son, además de los tres Solmi y los contadores del estudio sampedrino: Andrés, Pablo y Alejandro Servente, José María Cambón, Jorge Alejandro Palacio y Mariana Peretti.

El juez Casanello dispuso embargos por alrededor de 18 mil millones de pesos sobre los bienes de los procesados, que en sus declaraciones indagatorias negaron los cargos de los que están acusados.

Todos apelaron la resolución judicial y ahora se espera que la Cámara analice el expediente y los elementos probatorios obrantes para decidir si confirma o revoca el procesamiento. 

Además de los procesados, la resolución de Casanello dictó falta de mérito para tres de los que inicialmente estaban involucrados en el caso.

Una de las dos investigaciones en curso por la estafa piramidal tipo esquema Ponzi de la plataforma Rainbowex y el denominado Knight Consortium fue archivada porque los acusados Luis Pardo, Maximiliano Braga y Alexis Pan no volcaron al mercado legal el dinero que ganaron gracias a "la China".

El fiscal federal Matías di Lello resolvió archivar la causa, decisión que fue ratificada por el fiscal revisor, Martín Suárez Faisal. La resolución implica que "no se ha podido establecer, al menos por ahora" que Pardo, Braga y Pan hayan cometido los delitos de "lavado de activos" o de "intermediación financiera no autorizada".

En el escrito, el fiscal advirtió que los casi 150 mil dólares que Pardo recibió en la billetera Lemon Cash, los más de 250 mil de Braga y los casi 213 mil de Pan "constituirían el producido de la maniobra defraudatoria" que investiga la Fiscalía de Viviani en el fuero Ordinario.

En ese sentido, señaló que su rol era investigar si hubo lavado de activos, es decir aplicación y puesta en circulación en el mercado de bienes provenientes de un ilícito, lo que no se pudo acreditar porque los activos virtuales que obtuvieron los imputados están "congelados por orden de la Justicia provincial", es decir no los "gastaron".

Pardo, Braga y Pan no hicieron operaciones inmobiliarias o de otros bienes que puedan resultar incompatibles con sus ingresos. 

Incluso la compra de una Amarok y de un Gol por parte de Pardo podrían estar enmarcadas en las posibilidades de los recursos obtenidos por su comercio de ropa o su sueldo como empleado de Papel Prensa.

El archivo de las actuaciones no implica el cierre definitivo de la causa o el sobreseimiento de los imputados, pero sí indica que no hay elementos suficientes para considerar que el delito investigado esté configurado de manera tal que se pueda avanzar en el proceso penal. Eventualmente, si surgieran pruebas, la causa podría ser reactivada.

En el expediente que tramitaba en la Justicia Federal estuvo involucrada la financiera Overcash Consultoría Financiera S. A., que fue allanada oportunamente, al igual que su cara visible, Lucas Liberatti.

Tanto la empresa como sus responsables no están imputados en la causa provincial que investiga las maniobras defraudatorias, por lo que en el fuero Federal sólo remitieron al banco Central los antecedentes del caso para que ese organismo evalúe si acaso hubo algún tipo de infracción de tipo cambiario por parte de la financiera.

La causa provincial por estafas reiteradas sigue su curso, con Pardo, Braga y Pan detenidos con prisión preventiva.

A los tres la Justicia les denegó el beneficio de arresto domiciliario que habían solicitado sus abogados defensores, en febrero pasado.

Además de ellos, hay otros 11 sampedrinos imputados, algunos identificados como grandes beneficiarios de la estafa piramidal y otros señalados como promotores para la captación de inversores a través del Knight Consortium.

Cuatro estuvieron detenidos y recuperaron la libertad: el líder sindical de los papeleros, Gerardo Gelabert; Maximiliano Diez; Rodolfo Desanzo; y Facundo Villalba.

Siete de los allanados el 19 de diciembre no fueron apresados: Diego Ariel Churruarín, Paulo Ricardo Ribas, Roque Esteban Maneiro, Washington Elías Velo, Alexis Roberto Aguilar, María Salomé Monfasani y Braían Ezequiel Cáceres.

En el marco de un control vehicular de rutina, el domingo pasado efectivos de Gendarmería Nacional secuestraron 20 millones de pesos en moneda argentina que eran transportados en valijas por dos ciudadanas chinas que viajaban en un micro pero en forma separada.

El ómnibus había salido desde Resistencia, capital de la provincia de Chaco, con destino a la terminal de Retiro, en la Ciudad de Buenos Aires, y fue interceptado a la altura del km 152 de la Ruta 9.

Mientras registraban el vehículo, los uniformados utilizaron el escáner de la fuerza y advirtieron anomalías en dos valijas que estaban en la baulera, por lo que procedieron a su requisa. Al abrir el equipaje, se encontraron con una sorpresa: hallaron una gran suma de dinero que contabilizó un total de 20.099.000 pesos argentinos que no pudieron ser justificados por las personas que los trasladaban.

El caso recayó en el Juzgado Federal Nº2 de San Nicolás que conduce Carlos Villafuerte Ruzo. Fuentes de esa dependencia judicial precisaron que el dinero quedó secuestrado debido a que las ciudadanas chinas carecían de documentación alguna que permitiera avalar la posesión de ese dinero.

“Nosotros intervenimos en el secuestro del dinero y se tramitó el depósito del mismo en el Banco Nación, para que quede a resguardo”, señaló a La Opinión un vocero del Juzgado Federal N° 2. La fuente consultada precisó que las ciudadanas chinas viajaban en el mismo micro pero separadas. Cada una transportaba aproximadamente 14 y 6 millones de pesos, respectivamente.

De acuerdo a los datos que pudo recabar este medio, las pasajeras de nacionalidad china en ningún momento manifestaron conocerse entre sí. “Ambas viajaban separadas, contaban con residencia permanente y no tenían restricción para circular”, detallaron desde el organismo judicial, donde ahora investigan la existencia de algún punto de conectividad entre las dos ciudadanas de origen oriental.

Frente a este caso de marginalidad tributaria, desde la Justicia iniciaron actuaciones por el supuesto delito de lavado de activos. En tanto, las ciudadanas chinas estuvieron demoradas y pocas horas después del procedimiento recuperaron su libertad. El expediente ahora se encuentra, sin secreto de sumario, bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal de San Nicolás, a cargo del Dr. Matías Felipe Di Lello.

El caso es similar al que ocurrió en mayo de 2020, cuando un joven fue interceptado por Policía Vial en la ruta 9 y una ciudadana de nacionalidad china se presentó para asumir la propiedad del dinero, que aseguraba era para una operación inmobiliaria en Nordelta.