Este miércoles, los vecinos de Bajo Puerto y Bajo Cementerio se reunieron a las 15.00 en el despacho del intendente Cecilio Salazar y tras dos horas, en las que una parte de las familias que acompañaron esperaban en el pasillo de la municipalidad, llegaron a un acuerdo.

“Nos dijo que lo va a declarar de utilidad pública. Entre esta semana y la otra se le presenta el proyecto al Concejo Deliberante para que se apruebe y se le de a provincia para que sea expropiados y pagarle al privado lo que corresponde, y así nadie pierde y gana todo San Pedro”, contó luego de la audiencia Karina Cariaga, presidente de la comisión de fomento de los mencionados barrios.

“Queremos la utilidad pública del terreno. Es la única manera de que no vuelva a suceder esto, porque hoy fue la policía a favor de Arcor, vecinos de un lado y la policía de otro”, dijo al móvil de La Opinión previo a la reunión, en las puertas del municipio.

Hizo hincapié en el conflicto que tuvo lugar este miércoles al mediodía luego de llegaran empleados de la empresa multinacional para alambrar el predio.

“Hay tanta discordia que necesitamos que se dictamine la utilidad pública, para que se termine esto. Vamos a pedir la utilidad pública que se de antes de las elecciones, no vamos a esperar más. No puede volver a ocurrir lo que ocurrió hoy. El municipio tiene que poner un hasta aquí”, sentenció Cariaga antes de la respuesta del jefe comunal.

Luego de la reunión con Javier Silva, Walter Sánchez y Jimena Mariño, los vecinos de Bajo Puerto y Bajo Cementerio fueron convocados para un encuentro con representantes de la emprea Arcor.

La semana pasada, los funcionarios del Gobierno fueron al barrio donde los vecinos se oponen a la instalación de una arenera en los terrenos costeros de la empresa y les dijero que Arcor tenía intenciones de dialogar con ellos.

El ecuentro será a las 10.00 de la mañana en la Secretaría de Gobierno, en Palacio, informó a La Opinión Karina Cariaga, presidenta de la comisión de fomento Barrios Unidos, que representa a Bajo Cementerio y Bajo Puerto.

“Quedaron en que Arcor quería reunirse con nosotros para acceder a algún acuerdo”, dijo Cariaga y advirtió: “Nuestra postura sigue siendo la misma, no va cambiar. Pero bueno, vamos a escuchar lo que tienen para decirnos”.

La semana pasada, durante la reunión con funcionarios, dialogaron sobre los beneficios que le corresponden a la zona por estar incluida en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) y sobre el conflicto por la instalación de una arenera, proyecto anunciado por el empresario Santiago Lawson.

“No queremos la arenera que Arcor quiere poner”, dijo Cariaga la semana pasada y agrego: “Lo único que vamos a aceptar es que haga mejoras, que haga un paseo público”.

Los vecinos solicitaron, a través de la comisión de fomento, utilizar la Banca Abierta del Concejo Deliberante para exponer sobre la problemática relacionada con las areneras, no sólo por la que planifica Lawson en los terrenos de Arcor sino también por la ubicada en el extremo del barrio, San Pedro Arenas.

Su nombre es Karina Cariaga y desde que se conoció la intención de radicación de una empresa arenera en el predio de propiedad de Indalar, la firma con la que Arcor soñó alguna vez para invertir en la operatoria portuaria, no cesó en sus reclamos para que se cumplan las leyes que garantizan el acceso de los vecinos y las que rigen en materia ambiental para los humedales. Ella, junto a otros vecinos, fue protagonista de reclamos y de la entrega de un petitorio acompañado de más de 1600 firmas para que se impida la instalación de ese negocio y el predio se transforme en un espacio público.

Tras una reunión con el representante de San Marco Trading y la nota que Sin Galera obtuvo con Santiago Lawson se supo que, efectivamente, los dueños del predio celebraron un contrato de alquiler con esa firma que se dedica a la explotación minera en la provincia de Entre Ríos y que fue una de las principales proveedoras de arena para Vaca Muerta.

“Me denunció el dueño de San Marcos Trading por defender; solo salir a defender lo que es nuestro, la parte de la costa para que no pase el tractor, nada más que eso”, dijo Karina en Radio Cuarentena tras remitir el tenor de la notificación de la iniciación de una causa que lleva la firma del fiscal Marcelo Manso.

Pese a las promesas del municipio en torno a la falta de autorización para la instalación de ese emprendimiento, hace pocos días los vecinos lograron impedir que un arado tirado por un tractor cumpliera con su tarea. Esa situación permitió un encuadre diferente a la acción que ahora intentará poner en marcha la arrendataria de ese sector de costa y barranca que no cuenta con alambrados que delimiten la propiedad en la parte costera ni cuenta con cuidados a su cargo más que un cartel que dice “Propiedad privada”, que fue colocado por personal municipal.

“Tal cual, fue a partir de este hecho porque a nosotros el municipio nos dijo que esta empresa no tiene nada autorizado para hacer nada en la zona, cortar el pasto sí pero no pasar el tractor, lo que vendría a ser pasar el arado, eso es lo que dice el municipio”, refirió la mujer a pocos minutos de haber tomado conocimiento de que está imputada en esa denuncia.

“Es el municipio el que lo tiene que frenar”, reflexionó y agregó: “Tenemos que salir nosotros a frenarlos hasta que el municipio se presente porque si no es así, ya está todo arado”. Como justamente el lugar donde pretendían arar está catastrado la acción de la vecina quedó en el marco de una causa por “amenazas, daño y turbación de la propiedad”.

“Lo que pasa acá es que al arar rompen todo Lilí, rompen árboles, rompen el pasto donde los animales pastan, nosotros, la gente que pasa para el otro lado de la costa no se puede pasar. Acá parece que falta una comunicación entre Arcor, el municipio y la empresa, porque son ellos los que tienen que poner, no nosotros porque éramos varios vecinos ese día, como 20 poniéndonos enfrente y decir bueno esto se puede y esto no se puede, porque el municipio nos va avalar, pero necesitamos que el municipio hable con San Marcos Trading y Arcor y que ellos les digan esto sí se puede y esto no se puede”, dijo Cariaga al exponer los límites que como vecinos esperan que ordene, disponga y controle el estado municipal y provincial.

El terreno por ahora sigue sin alambrados ni murallas y el expediente de pedido de habilitación reposa en las oficinas de Obras Públicas. El próximo capítulo será en la justicia cuando esta vecina y tal vez algunos otros sean citados a declarar.