El caso del faltante de 40 millones de pesos del Banco Nación que investiga la Justicia Federal fue difundido en los últimos días por la agencia oficial de noticias del Ministerio Público Fiscal.

Entre las novedades que aparecen allí, además de la imputación y los elementos de prueba que La Opinión reveló en los últimos días, está la confirmación de una medida preventiva sobre los bienes de la tesorera acusada.

El juez Carlos Villafuerte Ruzo dispuso el embargo de su vivienda y la inhibición general de bienes mientras se sustancia el proceso penal en contra de la imputada por el delito de peculado.

El Ministerio Público Fiscal informó que el fiscal federal Matías di Lello analiza "posibles responsabilidades por fallas de control", como las que señalaron las abogadas defensoras de la tesorera, Sofía Sanjurjo y Daiana Croizet.

Aun así, indicaron que "la imputación, por el momento, se dirige exclusivamente contra la tesorera, que actualmente se encuentra con licencia médica". Además de la causa penal, está en marcha un sumario administrativo en el Banco Nación.

La Fiscalía federal de San Nicolás que conduce Matías di Lello tiene a su cargo la investigación penal relacionada con el presunta sustracción de alrededor de 40 millones de pesos de la sucursal del Banco Nación San Pedro y que tiene a la entonces tesorera interina como principal imputada.

La causa penal, paralela a un sumario administrativo que también alcanza a quienes al momento de los hechos denunciados eran gerente y contador, tramita en el juzgado federal de Carlos Villafuerte Ruzo y la semana pasada tuvo movimientos importantes.

El fiscal Di Lello tiene 90 días para reunir pruebas, profundizar hipótesis y sumar evidencias a las que ya obran en el expediente para sostener la acusación de presuntas maniobras defraudatorias que configuran el delito de peculado y, eventualmente, ampliarla a quienes hoy aparecen con presuntas responsabilidades de omisión.

Los elementos más relevantes sobre los que trabaja el fiscal están relacionados con videofilmaciones internas de la sucursal San Pedro del Banco Nación en los que aparece la tesorera en situaciones que alimentarían las sospechas que pesan sobre ella.

En el expediente está asentado que un registro de cámaras de seguridad la muestran "dirigiéndose sola al recinto del tesoro" para retirar "una suma de dinero" con la que se dirigió a la zona de carga de los cajeros automáticos, según.

"Luego de buscar una bolsa de nylon, ingresó el dinero en la misma y se retiró de la entidad por la puerta de acceso de personal", dice el expediente, según reveló Infobae, y agrega que "ocultó debajo de su campera la bolsa en la que había colocado los fajos de billetes".

En otra filmación se la ve "ingresando dinero a una bolsa de nylon en su escritorio" el mismo día en que hubo un movimiento de 10 millones de pesos en el tesoro "que no se correspondía con el movimiento físico del dinero".

Además, hay otras videovilmaciones que deberán ser analizadas en profundidad,—puesto que muchas implican gente manipulando fajos de billetes, algo habitual dentro de un banco—,  cotejadas con los movimientos del tesoro y con los testimonios recogidos en la causa.

El sábado, en Sin Galera, las abogadas de la tesorera imputada, Sofía Sanjurjo y Daiana Croizet, aseguraron que "las declaraciones" de otros empleados del banco "presentan grandes contradicciones entre sí" y que podrían ser acusados de "falso testomionio".

Sostuvieron que el día del fallo de caja por 40 millones que provocó el sumario administrativo y la causa penal en trámite, "los compañeros la obligaron a firmar" el documento que registraba el faltante, “pero no estaba constadao”, y que "le dijeron que se haga cargo, que salga a buscar la plata que faltaba".

Además, señalaron una serie de presuntas irregularidades en el funcionamiento interno, que implican "un montón de fallas en los controles", como el uso compartido de las claves personales dentro de la entidad. 

El exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D'Onofrio, fue procesado y embargado por 350 millones de pesos en el marco de una causa que investiga un presunto entramado de lavado de dinero derivado de maniobras fraudulentas vinculadas al sistema de multas de tránsito y la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

La decisión fue adoptada por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien también procesó al exdirector de Fiscalización y Control de la Dirección Provincial de VTV, Facundo Asensio, sobre quien dictó un embargo de 300 millones de pesos. Los acusados continuarán en libertad, aunque se mantienen medidas cautelares sobre sus bienes.

La causa inició en septiembre de 2024, cuando una denuncia señaló que D'Onofrio y la expresidenta del Concejo Deliberante de Pilar, Claudia Pombo, una mujer muy allegada al funcionario, lideraban una estructura destinada a desviar fondos del sistema de cobro de fotomultas en la provincia y distintos municipios.

Dentro de la causa quedaron involucradas autoridades de Cecaitra, pues las cámaras cuestionadas en su momento eran las instaladas por esta empresa, la misma que desde el 14 de noviembre último comenzó a prestar funciones en San Pedro.

Según la investigación judicial, no solo se obtuvieron pruebas contundentes con el manejo de las multas y el cobro del 50 % del valor, mediante un grupo de gestores falsos, sino que lo que este grupo recaudaba era blanqueado a través de una red de prestanombres que adquiría bienes muebles e inmuebles.

Pero, hubo un punto determinante en la investigación: la compra de una camioneta Audi Q8, registrada a nombre de Asensio y de la empresa familiar Los Altos de Don Carlos Emprendimiento Inmobiliario S.A. Se supo que esta sociedad no tenía actividad económica, por lo tanto, no había manera de justificar la tenencia de un rodado de un valor elevado.

El vehículo fue declarado por 30 millones de pesos, mientras que el seguro alcanzaba los $ 173.800.000. Si bien D’Onofrio dijo que no era propietario del vehículo y pese a que estaba a nombre de Asensio, el juez consideró que los dichos de ambos imputados no resultan verosímiles y concluyó que Asensio actuó como testaferro en una operación típica de lavado de activos.

En los últimos meses la causa sumó allanamientos en CECAITRA, una Universidad Tecnológica y domicilios particulares, también derivaciones asombrosas como inversiones gastronómicas en España por parte de los involucrados. Y entre los avatares, la contratación de CECAITRA por el Municipio de San Pedro.

Todo fue un escándalo que aún no tiene final. Sin embargo, fue suficiente para que D'Onofrio quede involucrado en serios delitos económicos y de corrupción, que llevaron a su renuncia al cargo de ministro el 30 de diciembre de 2024.

La investigación que surgió tras el allanamiento a las oficinas de Cecaitra, empresa adjudicataria del sistema de las fotomultas y que tiene como como principal sospechoso al exministro de Transporte, Jorge D’Onofrio, y a las empresas proveedoras del sistema, continúa como una “megacausa”, describió el diario Clarín.

El escándalo surgió cuando se descubrió que una red de gestores ofrecía descuentos “ilegales” en multas de tráfico en la provincia de Buenos Aires, con la posible complicidad de funcionarios.

Las infracciones surgían del sistema de fotomultas (existen más de 200 cámaras en el territorio), cuyo equipamiento fue cuestionado por no tener la homologación correspondiente.

También surgió el vínculo de las adjudicatarias del sistema de fotomultas en diferentes distritos, que son Secutrans y Cecaitra, operadora en San Pedro. También se apunta a las irregularidades en la adjudicación de la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

Por el momento, la Justicia investiga a D'Onofrio, quien renunció al cargo el 30 de diciembre de 2024, y a su entorno por un presunto lavado de activos, con conexiones en España. Y aquí la justicia federal y provincial se disputan la competencia de la causa.

Corrupción con las fotomultas en la Provincia: la justicia federal seguirá investigando posible lavado de dinero de parte del ex ministro de Transporte bonaerense Jorge D'Onofrio y su entorno. https://t.co/VVCt4geCfl

Recordemos que D'Onofrio fue relevado de su cargo ante este caso y reemplazado por otro dirigente del Frente Renovador: Martín Marinucci.

En el Juzgado de La Plata, que conduce Juan Pablo Massi y cuyo fiscal es Álvaro Garganta, se analiza la red de gestores que se encargaban de “facilitar” el pago de las multas. 

Intermediaban ofreciendo saldar la deuda con el 50 % de descuento. Alguien hacía desaparecer la infracción, pero el dinero no llegaba al Juzgado de Faltas. 

“Se menciona que Claudia Pombo, quien sería pareja de D’Onofrio, había creado una sociedad en España junto al exjuez de Faltas, Mario Quattrochi (uno de los apuntados como ‘saca multas’), para explotar restaurantes y otras sociedades que se disolvieron después de que se conocieron las denuncias”, indicó Clarín. Pombo era, por entonces, la presidente del Concejo Deliberante de Pilar y está sospechada de manejar a los gestores. 

En cuanto a la VTV, la investigación pasa por la contratación de las concesionarias. Estas recurrieron a la firma Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A., responsable de conceder los turnos. 

La causa restante se encuentra en el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, donde se tratará de establecer si se cometió el delito de lavado de activos, con intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF).

La puja de estos días se da entre los jueces. Massi le solicitó a González Charvay que se inhibiera de seguir investigando la causa de lavado de dinero porque lo que se indaga en La Plata es más grave (incluye asociación ilícita, entre otros) y que por ese motivo debía unificarse en los tribunales provinciales. 

El juez de Campana lo quiso hacer al principio, pero la Cámara Federal de San Martín se negó porque consideró que debía continuar con la investigación para obtener más elementos.

Cecaitra continúa en la mira de la Justicia. Fue allanada, y también la casa de su presidente. Para el fiscal no hay dudas del vínculo. Existen elementos que demuestran que la pareja de D’Onofrio, la exconcejal Pombo, se conocía con el presidente de la empresa Bernardino García.

Mientras tanto, en la ciudad y los accesos a San Pedro las cámaras están, pero aún no fueron habilitadas.

La causa penal que investiga la disposición final de residuos peligrosos en el río Paraná tiene a San Pedro entre los municipios que arrojan desechos cloacales sin tratamiento, por falta de planta depuradora.

El expediente judicial tramita en la Fiscalía Federal de Matías Di Lello y tuvo varias diligencias procesales, entre ellas una orden de presentación —una especie de "allanamiento"— en la Municipalidad en busca de información sobre la planta depuradora.

Además, el año pasado la entonces presidenta del Concejo, Mónica Otero, tuvo que ir al Juzgado Federal a llevar una gran cantidad de documentación en papel que había solicitado el fiscal, que ahora pidió los nombres de los responsabes de Obras y Servicios Públicos.

El requerimiento fue hecho al Concejo Deliberante, que ahora preside Pablo Vlaeminck, quien tuvo que hacer lo propio al Ejecutivo para responderle a Di Lello.

La directora de Asesoría Letrada remitió lo solicitado, con los decretos de designación y cese correspondientes, puesto que los funcionarios a cargo cambiaron respecto del año pasado.

En 2023, San Pedro tenía a Javier Silva como secretario de Obras Públicas y a Ariel Álvarez como secretario de Servicios Públicos, mientras que en Obras Sanitarias, como "director de Redes" estaba Jorge Ponzio.

Para el nuevo mandato, Cecilio Salazar hizo diversos cambios y enroques en el gabinete. Silva dejó de ser secretario y volvieron a unificar las áreas de Obras y Servicios Públicos, bajo la conducción de Mariano Brañas. Ariel Álvarez, por su parte, pasó a Desarrollo Económico.

Respecto de Obras Sanitarias, la Dirección que tuvo a su cargo Jorge Ponzio hasta diciembre permanece vacante y ahora hay una Subsecretaría de Servicios Públicos que conduce el expresidente del Consorcio de Gestión del Puerto, Eliseo Almada.

La causa penal tramita en el fuero federal porque es en el marco de la ley 24051, que regula el tratamiento y disposición final de residuos considerados "peligrosos", es decir todo aquel que "pueda causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general".

La Justicia Federal interviene en el caso denunciado por un hombre que aseguró haber sido estafado con la entrega de dólares falsos tras vender un automóvil.

El denunciante, de 28 años, dejó asentado el domingo por la noche en la Comisaría local que el comprador del vehículo que había puesto a la venta le entregó billetes de la moneda estadounidense que serían de dudosa procedencia.

La víctima denunció que puso a la venta un automóvil marca Fiat modelo 1994 y que la persona que se lo compró le entregó 500 dólares que finalmente, por lo que pudo establecer, resultaron falsos.

Por el tipo de causa, la Justicia interviene a través del Juzgdo Federal Nº 2 de San Nicolás que conduce el juez Carlos Villafuerte Ruzo.

Un hombre de 47 años oriundo de la ciudad de Rosario, identificado como Hernán Diego Dorronzoro, permanece detenido en la Comisaría local a disposición del Juzgado Federal de San Nicolás tras haber sido detenido por el personal de la Policía Vial San Pedro en la ruta 9 cuando transportaba 19 kilos y medio de marihuana.

El personal al mando del oficial principal Diego Guzmán lo interceptó en el kilómetro 152,5 de la autopista cuando conducía un Audi A3 azul en sentido Rosario – Buenos Aires. En el baúl llevaba 32 ladrillos de marihuana.

El juez Carlos Villafuerte Ruzo avaló las actuaciones de la Policía Vial San Pedro y ordenó allanamientos. El detenido fue indagado y permanece alojado en la dependencia local a disposición de ese Juzgado.

La Justicia continúa la investigación en procura de desbaratar la red de narcotraficantes que distribuye drogas a través de la ruta 9 desde Rosario.