En junio pasado, en una entrevista brindada a Sin Galera, el intendente de San Nicolás Santiago Passaglia detalló el plan que ejecuta en su distrito, donde rodado que es detectado con caño de escape libre o adulterado no sólo se secuestra, sino que entra directamente a un proceso de compactación total de la motocicleta, sin derecho a reclamo ni retiro. Passaglia, quien llegó a exhibir los bloques de chatarra comprimida en eventos públicos como muestra de “tolerancia cero” y ofreció el esquema a otros municipios, sostiene que la única forma de desarticular el problema de raíz es la eliminación del rodado.

El 24 de septiembre el Concejo Deliberante de San Pedro tomó nota y sancionó la Ordenanza n.º 6.739, una herramienta que intenta frenar la proliferación de motos y otros vehículos que circulan con escape libre, adulterado o con dispositivos de “corte” y contraexplosiones. Sólo falta que el intendente Cecilio Salazar firme y publique la promulgación y reglamentación para la que cuenta con un plazo de 90 días corridos.

Si bien existe una ordenanza que sanciona los ruidos molestos esta nueva norma indica que queda prohibida en todo el partido de San Pedro la circulación de rodados que no cuenten con sistema de escape original homologado o certificado por RTV; aquellos con caños modificados, adulterados, perforados o sin silenciador; y los que emitan ruidos de impacto, aceleración brusca deliberada o incorporen dispositivos colocados para provocar explosiones o amplificar el sonido.

Para quienes infrinjan la ley habrá multas que pueden superar el millón de pesos. Esas infracciones serán penadas con multas que oscilan entre 100 y 500 Unidades Fijas (UF), cada una de ellas al día de la fecha es de 2231 pesos. La Dirección de Tránsito y Nocturnidad será la encargada de retener el vehículo y la licencia de conducir en el acto. Además, el Juzgado de Faltas podrá disponer la inhabilitación preventiva del infractor o aplicar cursos obligatorios.

Quien quiera  retirar la unidad retenida además de pagar la multa, el acarreo y la estadía deberá acreditar titularidad, presentar seguro al día, concurrir con casco reglamentario y dar cumplimiento a las medidas de seguridad correspondientes.

Respecto a la destrucción concreta de los caños de escape y elementos antirreglamentarios decomisados serán destruidos de forma definitiva mediante compactación, corte o inutilización una vez firme la sanción, sin posibilidad de ser restituidos al infractor. Pese a que este año La Opinión documentó que vehículos que tenían orden de compactación se vendían en una chatarrería esta nueva disposición obliga a un registro fotográfico y acta administrativa que documenten la situación del rodado.

Por otra parte los comercios de venta de repuestos y accesorios de motos deberán exhibir de forma obligatoria y visible una cartelería formato A3 advirtiendo que la instalación de caños de escape no homologados constituye infracción grave y acarrea secuestro y multas.

La sanción de la ordenanza intenta poner fin a la queja constante que los vecinos reportan a diario a través de La Opinión y Sin Galera. 

En sus propios considerandos, la ordenanza advierte sobre la degradación ambiental que implica la contaminación acústica y subraya el impacto directo que estos estruendos provocan  afectando con especial severidad a personas con hipersensibilidad auditiva, personas con condición del espectro autista (TEA), adultos mayores y niños pequeños.

Si bien no será con consecuencias tan extremas como en San Nicolás, el Concejo ayuda a endurecer las penas económicas, habilita la retención inmediata y manda al desguace y corte definitivo a los escapes irregulares.

Las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires se calculan en función de la denominada Unidad Fija (UF), cuyo valor actual es de $ 2.281. Esta referencia rige para los 135 municipios bonaerenses y es la que utiliza el Juzgado de Faltas de San Pedro para determinar las sanciones económicas previstas por la Ley de Tránsito.

El valor de la Unidad Fija se establece tomando como referencia el precio del litro de nafta de mayor octanaje —nafta premium— informado en la estación de servicio del Automóvil Club Argentino ubicada en el centro de la ciudad de La Plata.

La normativa provincial determina para cada infracción una cantidad de Unidades Fijas, por lo que el monto final de la multa surge de multiplicar esa cantidad por el valor vigente de la UF.

Con el valor actual de $ 2.281, algunas de las infracciones pueden representar montos significativos.

De acuerdo al nuevo monto de la Unidad Fija, las infracciones pasaron a tener estos valores:

*Exceso de alcohol en sangre o por consumir estupefacientes, de 200 a 1.000 UF: $ 501.820 a $ 2.281.000.

*Cruzar el semáforo en rojo, de 100 a 500 UF: $ 228.100 a $ 1.140.500.

*No usar el cinturón de seguridad, de 100 a 500 UF: $ 228.100 a $ 1.140.500.

*Auto mal estacionado, de 50 a 100 UF: $ 114.050 a $ 228.100.

*Circular sin patente, de 50 a 100 UF: $ 114.050 a $ 228.100.

*Conducir sin seguro, de 50 a 100 UF: $ 114.050 a $ 228.100.

*Conducir sin tarjeta verde, de 50 a 100 UF: $ 114.050 a $ 228.100.

*Circular en contramano o por banquina, de 200 a 1.000 UF: $ 456.200 a $ 2.281.000.

*Manejar con la licencia de conducir vencida, de 50 a 100 UF: $ 114.050 a $ 228.100.

*Circular con una licencia que no corresponde a la categoría del vehículo, de 100 a 500 UF: $ 228.100 a $ 1.140.500.

*Circular sin VTV, de 100 a 500 UF: $ 228.100 a $ 1.140.500.

*Circular sin casco, de 50 a 100 UF: $ 114.050 a $ 228.100.

*No llevar luces bajas, 100 y 300 UF: $ 228.100 a $ 684.300.

*Caños de escape antirreglamentarios, de 100 y 500 UF: $ 228.100 a $ 1.140.500.

El doctor José Herbas, a cargo del servicio de Guardia del Hospital Emilio Ruffa, trazó una cruda radiografía sobre la accidentología vial en San Pedro y expresó su respaldo a la ordenanza recientemente aprobada por el Concejo Deliberante, que establece que los conductores que protagonicen siniestros bajo faltas graves o conductas temerarias deberán abonar los costos de su asistencia en el sistema de salud público.

En diálogo en Sin Galera, el médico especialista en emergentología le describió a Lili Berardi la rutina cotidiana a la que se enfrenta el personal de salud: guardias abarrotadas, camas de terapia y observación al límite, y recursos materiales y humanos destinados en su gran mayoría a atender episodios que, en rigor de verdad, son evitables.

Herbas subrayó que gran parte de los ingresos que se registran, especialmente durante los fines de semana y horarios nocturnos, involucran a conductores de motocicletas sin casco, con maniobras imprudentes, exceso de velocidad o bajo los efectos del alcohol y otras sustancias.

“La mayoría de las veces no estamos ante un accidente fortuito, sino ante hechos producto de la imprudencia pura. Llegan pacientes politraumatizados, con lesiones graves de cráneo por no llevar casco, fracturas expuestas o cuadros que demandan tomografías, cirugías de urgencia y días de internación en terapia intensiva”, explicó.

El facultativo remarcó el enorme costo económico y de insumos que implican estos cuadros para el erario, recursos que en muchas ocasiones se restan de la atención de otras patologías clínicas habituales.

Consultado sobre la flamante normativa sancionada por los concejales, que faculta al Municipio a cobrar los gastos de atención a aquellos pacientes involucrados en siniestros que hayan cometido infracciones como alcoholemia positiva, falta de documentación habilitante o maniobras peligrosas, Herbas consideró la medida como "un paso en la dirección correcta".

“El sistema de salud pública atiende a todos sin distinción y nadie va a dejar de recibir la asistencia que necesita al ingresar a la Guardia”, aclaró el médico.

Sin embargo, consideró indispensable que existan consecuencias concretas para quienes ponen en riesgo su vida y la de terceros: “Quien comete una imprudencia manifiesta debe entender que eso le cuesta al conjunto de la comunidad. Si no hay una sanción económica o una responsabilidad que duela en el bolsillo, muchas veces las conductas no cambian”.

Más allá de la recuperación económica para el sistema de salud local, Herbas hizo hincapié en que el objetivo de fondo debe ser la prevención y la baja en la tasa de siniestralidad.

“El Hospital está para dar respuesta, pero la solución real no está dentro del nosocomio, sino en la calle: en el control, en el uso del casco, en no manejar si se tomó alcohol y en el compromiso de las familias. Mientras eso no ocurra, seguiremos viendo camas ocupadas por jóvenes con secuelas graves que podrían haberse evitado”, concluyó.

La Ordenanza que propone que las personas involucradas en accidentes por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, sin licencia, sin casco o realizando maniobras peligrosas, cubran el costo de su tratamiento en el Hospital, generó gran interés entre los lectores de Sin Galera y La Opinión.

La nueva normativa establece que los costos derivados de conductas temerarias en el tránsito dentro del distrito deben ser cubiertos por los pacientes, sus aseguradoras u otras formas de cobertura. También establece que el Juzgado de Faltas determinará las sanciones.

Detrás de esto, históricamente es la Guardia del Hospital Emilio Ruffa la que soporta el costo de todos los accidentes de tránsito, único centro receptor de los lesionados.

Entre cientos de comentarios, la mayoría expresó su acuerdo, aunque también aparecieron interrogantes sobre cómo se cobrará y qué ocurrirá con las víctimas.  La misma ordenanza dice que nadie será privado de su atención de urgencia y que será el Juzgado de Faltas quien imparta la sanción a aplicar.

La iniciativa encontró respaldo entre quienes participaron del debate. Gran parte de los lectores consideraron que quienes incumplen deliberadamente las normas de tránsito deben asumir las consecuencias económicas de los accidentes que provocan.

"Es lo más justo, me parece", resumió Nilda, mientras que Marta expresó: "Me parece genial". En la misma línea, Juana sostuvo que se trata de una medida que "hace mucho tiempo que tendría que ser así".

El destino de los dineros también apareció como uno de los argumentos para acompañar la propuesta. Raquel destacó la necesidad de contar con elementos para la atención de los accidentados y mencionó particularmente el costo de las prótesis. Alejandro, en tanto, planteó que sería importante que los recursos recuperados permitan "comprar medicamentos para el Hospital".

El reclamo por una mayor responsabilidad individual también se repitió. Martín consideró que "era hora que el sentido común avise que está llegando", mientras que Bruno respaldó la iniciativa, pero reclamó que se profundicen las inspecciones: "Ojalá haya más controles en las esquinas y puedan evitar que las personas lleguen al Hospital".

Entre los comentarios favorables también apareció una expectativa concreta respecto de que la medida pueda aplicarse efectivamente. Osvaldo preguntó: "Excelente propuesta, ¿se cumplirá?", y Mabel resumió esa preocupación con una expresión que se repitió entre los lectores: "¡Por fin! Espero que se cumpla".

Stella Maris también señaló que “el desafío estará en hacer efectivo el cobro” y advirtió que la atención médica no debería quedar condicionada por la falta de recursos del accidentado.

La discusión, a su vez, alcanzó a los casos en los que los protagonistas son menores de edad. Susana consideró que, en esas situaciones, "la familia debería hacerse cargo".

Los comentarios dejaron un panorama que puede considerarse como un fuerte respaldo a la idea, de que quienes generan situaciones de riesgo en la vía pública asuman los costos. “Por fin algo coherente. Me parece una medida muy justa. Si alguien decide manejar alcoholizado, sin registro, sin casco o haciendo willy, debería hacerse cargo de las consecuencias de sus actos. No es justo que los costos de esas irresponsabilidades terminen saliendo del bolsillo de todos los ciudadanos a través de nuestros impuestos”, enfatizó Graciela.

Además, resulta evidente que para los lectores refleja una expectativa concreta: que la medida pueda cumplirse y que su aplicación contemple tanto la recuperación de recursos para el Hospital.

“Por fin una buena noticia. ¿Están despertando?", ironizó Silvina, frase que a su vez ilustra la percepción que se tiene sobre el Cuerpo Deliberativo.

Durante este jueves la dirección de Tránsito de la Secretaría de Seguridad llevó a cabo los habituales operativos de control vehicular, que se dispersaron por diferentes puntos de San Pedro

Junto al personal municipal se apreció a la presencia de efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD).

Los procedimientos se desarrollaron en las intersecciones de la Avenida 3 de Febrero y Chivilcoy, Boulevard Moreno y Mateo Sbert, y Crucero General Belgrano y Avenida 3 de Febrero.

De acuerdo al informe oficial, como resultado de los controles fueron retenidas cinco motocicletas por distintas infracciones, vinculadas principalmente con la falta de documentación obligatoria y el incumplimiento de las normas de tránsito como el uso del casco.

Las actuaciones se encuentran en el Tribunal de Faltas, que determinará las sanciones. La falta de casco tiene una multa máxima de 50 a 100 Unidades Fijas, que van desde $ 114.050 a $ 228.100. Y por falta de seguro una cifra similar.

Asimismo, los sancionados deben presentar toda la documentación para retirar los rodados: seguro, tarjeta verde, licencia de conducir y DNI.

La directora de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), Sabrina Utreras Montes, confirmó que el Municipio logró el embargo de una cuenta de la empresa Open Sports como consecuencia del incumplimiento de una resolución dictada en un expediente iniciado por una consumidora de San Pedro.

El reclamo se originó en julio de 2023, cuando una vecina compró un par de zapatillas por $ 33.999 para regalar. Antes de concretar la compra consultó si podrían cambiarse en caso de que el talle no fuera el correcto y recibió una respuesta afirmativa. Sin embargo, cuando regresó al local para realizar el cambio, le informaron que el calzado había sido usado y rechazaron el pedido.

Ante esa situación, la consumidora recurrió a la OMIC, que inició el procedimiento previsto por la Ley de Defensa del Consumidor. Según explicó Utreras Montes, la empresa fue notificada en cuatro oportunidades mediante carta documento: primero para participar de una instancia conciliatoria, luego mediante una segunda intimación y, finalmente, durante el procedimiento sancionatorio. En ninguna de esas instancias presentó respuesta alguna.

Concluido el trámite administrativo, el Juzgado Municipal de Faltas impuso a la firma una multa de $ 10 millones, equivalente a 30 salarios mínimos vigentes al momento de la resolución, además de ordenar el pago de $ 400.000 en concepto de daño directo para la denunciante, monto que representaba el valor actualizado del mismo modelo de zapatillas.

Como la empresa tampoco abonó la multa, el Municipio inició su ejecución por vía de apremio a través de la Asesoría Letrada. Ese proceso derivó en el embargo de una de las cuentas bancarias de la firma, medida que se conoció en las últimas horas.

Durante la entrevista en el programa Sin Galera, Utreras Montes destacó que el caso constituye un ejemplo. Resaltó la importancia de sostener los reclamos hasta el final, que en definitiva es un consejo reiterado que se señala a todo cliente disconforme por una compra en comercios.

También remarcó que muchas veces las empresas no responden las notificaciones administrativas y recién toman dimensión del conflicto cuando se inicia la ejecución judicial.

La funcionaria recordó, además, que la resolución administrativa podía ser cuestionada únicamente mediante una demanda ante la Justicia Contencioso Administrativa, pero la empresa nunca utilizó esa vía, dejando firme la sanción impuesta por el Juzgado de Faltas.

La Secretaría de Obras Públicas que conduce el arquitecto Mariano Brañas tiene la responsabilidad de hacer cumplir la medida de clausura de la obra del edificio en construcción en Salta al 400.

El edificio está pasado en metros, tal como reconoció el propio Brañas, y había sido clausurado en el cuarto piso cuando todavía tenía apenas las columnas. Como no cumplieron la medida y construyeron las paredes, clausuraron el total de la obra.

Aun así, en varias ocasiones, desde entonces, se vio movimiento en el lugar. Esta semana, el Juzgado de Faltas tomó medidas respecto de la situación y emplazó a Brañas y a su equipo a hacer cumplirlas.

La jueza de Faltas, Jimena Gómez, ratificó la clausura cuya acta fue firmada por los inspectores de Obras Públicas y remitió un oficio a Brañas en el que lo responsabilizó por la custodia del cumplimiento.

Sin embargo, la obra, que está a metros de las oficinas de la Secretaría, no muestra signos de haberse detenido. Los movimientos de personal y materiales son constantes.

Las fajas de clausura no sólo no fueron dispuestas sobre las puertas de acceso, lo que permite el libre ingreso y salida del lugar, sino que además en los últimos días se vieron intervenidas: estaban dadas vueltas y no eran legibles desde la calle.

Cuando Brañas fue al Concejo Deliberante para responder a un pedido de informe presentado por el bloque Nuevos Aires, dijo que la obra estaba "pasada de metros" y que había clausurado el cuarto piso porque en esa zona está prohibida esa altura, cuyo límite se agota en el tercero.

Además, reconoció que en su área hay dos planos correspondientes al proyecto: uno aprobado y firmado en 2025 por la arquitecta responsable de las autorizaciones, con tres pisos; y otro, el de cuatro, que tiene sello de "aprobado" y número de expediente, pero no tiene firma ni fecha.

La situación despertó sospechas de toda índole y se transformó en un verdadero escándalo en al ámbito de la construcción. Los concejales que presentaron el pedido de informe pidieron “demolición” del cuarto piso.

En Obras Públicas, la cara visible del proyecto fue la arquitecta Liliana Morresi, quien había presentado excepciones en el Concejo para construir torres de departamentos en edificios históricos. 

En la puerta de la obra hay un cartel de la empresa Quing estudio, dedicada a arquitectura e ingeniería civil, responsable de varios proyectos similares en la ciudad.

La empresa propietaria del camión que fue secuestrado porque el chofer dio positivo en el test de alcoholemia retiró el vehículo este viernes, tras pagar la multa correspondiente.

Representantes de la distribuidora Ario SRL, con domicilio en San Nicolás, se presentaron en el Juzgado de Faltas para regularizar la situación y recuperar el transporte de cargas que había sido incautado.

Tras abonar 2,4 millones de pesos de infracción, acarreo y estadía, pudieron retirar el Iveco Eurocargo, que forma parte de la flota de camiones de esta importante distribuidora nicoleña.

El chofer, que tenía 1,7 g/l de alcohol en sangre, no podrá volver a conducir por el tiempo que establezca la sanción del Juzgado de Faltas, que le retuvo la licencia.

Había llegado a San Pedro para hacer entrega de mercadería del módulo alimentario del programa Mesa en la escuela Normal. Como había estacionado mal, los inspectores de Tránsito se acercaron para pedirle que mueva el camión.

Cuando le hablaron, notaron un fuerte aliento etílico y sospecharon que estaba borracho. Al practicarle el test de alcoholemia lo confirmaron. 

El camionero, al bajarse del rodado, trastabilló producto del estado de ebriedad en el que se encontraba y cayó al piso. En la cabina había una botella de Amargo Obrero.

Una ambulancia del Servicio de Emergencias Same 107 lo trasladó a la Guardia porque se había golpeado la cabeza. En el Hospital le brindaron la asistencia médica correspondiente.

La mercadería que traía correspondía a una entrega pendiente de abril del programa Mesa, última luego de que el Gobierno provincial decidiera suspender los módulos alimentarios para reforzar los comedores escolares.

El Municipio ganó otro juicio por apremio contra infractores de tránsito que no pagaron la multa por conducir bajo los efectos del alcohol impuesta por el Juzgado de Faltas.

Al caso que reveló La Opinión sobre un joven de 31 años que tenía que pagar 191 mil pesos y ahora debe una suma millonaria por los intereses y costas, se sumó otro de una infractora en situación similar.

El caso ocurrió a fines de mayo de 2022, cuando la infractora tenía 22 años. El acta de los inspectores que practicaron el control de alcoholemia reveló que tenía 1,49 gramos por litro de alcohol en sangre.

La joven no hizo objeción alguna a la falta imputada ni hizo efectivo el pago voluntario, por lo que la jueza de Faltas dictó sentencia. 

La sanción impuesta fue el pago de mil unidades fijas, lo que en ese momento sumaba 172 mil pesos, además de inhabilitación para conducir por un año.

El plazo para el pago de la multa venció en noviembre de 2022. El Tribunal de Faltas emitió el título ejecutivo y la Subsecretaría Legal y Técnica llevó el caso al Juzgado Civil y Comercial n.° 1. El juez Hernán Prat dictó sentencia favorable al Municipio.

La infractora fue condenada a pagar el costo actualizado de la multa. Con la última actualización de la unidad fija, el monto quedó en 2.215.000 pesos más gastos administrativas, intereses y costas del proceso.

Un infractor de tránsito fue condenado por el Juzgado de Faltas, pero como no pagó la multa impuesta la Municipalidad fue a la Justicia Civil para reclamarle por la vía de apremio y ganó el juicio, por lo que ahora deberá pagar una suma millonaria.

Al infractor, que ahora tiene 31 años, le labraron un acta el 1 de agosto de 2023 por circular sin cédula verde, sin seguro y con 0,8 mg/l de alcohol en sangre. En todo el territorio provincial rige la "tolerancia cero".

Por alcoholemia positiva, le secuestraron el automóvil y la infracción pasó al Juzgado de Faltas, que el 22 de enero de 2024 dictó sentencia firme.

El infractor fue condenado a pagar 650 unidades funcionales, que a la fecha de la sentencia inicial ascendía a alrededor de 191 mil pesos. La multa venció en febrero y nunca la pagó. Antes tampoco se había presentado para el pago voluntario o para efectuar descargo.

En marzo pasado, a dos años de la multa impuesta sin cobrar, la Subsecretaría Legal y Técnica que conduce Daniel Porta fue a la Justicia Civil y Comercial por la vía de apremio a reclamar la deuda y el juez Hernán Prat le dio la razón.

El magistrado consideró debidamente probado el reclamo del Municipio y condenó al infractor a pagar las 650 unidades fijas, que ahora cuestan 1896 pesos cada una, lo que implica que el monto a abonar asciende a más de 1.200.000 pesos, a lo que debe sumarse intereses y costas.

El demandado nunca respondió ni fijó domicilio procesal. El Municipio había pedido, como medida cautelar, que le embargaran bienes para hasta que pague la deuda.

Una vecina de San Pedro denunció una irregular situación luego de que el Municipio secuestrara su caballo hace algo más de un mes y, al momento de intentar recuperarlo, se encontró con que el animal ya no estaba.

Según relató Nieves a La Opinión, este jueves por la mañana se presentó junto a su hermano para retirar el equino, cumpliendo con los requisitos exigidos, entre ellos el el análisis de anemia. 

Sin embargo, al llegar al lugar donde debía estar alojado, les informaron que el caballo no se encontraba allí.

“Fuimos a retirarlo y nos encontramos con que el caballo no estaba”, explicó. Ante esta situación, acudieron al Juzgado de Faltas. “La jueza no nos quiso atender y nos derivaron a Asesoría Letrada. Desde ahí llamaron al secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez, quien finalmente nos recibió después de dos horas de espera”, detalló.

De acuerdo a su testimonio, en ese encuentro surgieron versiones contradictorias. “Al principio nos dijeron que al caballo se le había hecho la anemia correspondiente, pero cuando preguntamos con qué veterinario, se alteró y nos dijo que él lo había donado”, afirmó. 

La molestia del funcionario fue más por haber desconocido que el análisis de  anemia sólo la realiza un veterinario en San Pedro, por lo tanto su respuesta pudo haber sido incorrecta.

Nieves también cuestionó la falta de notificación previa. “Si iban a donar el caballo, tendrían que habernos avisado. Nunca nos dijeron que, si no lo retirábamos en determinado plazo, lo iban a entregar”, remarcó.

El principal reclamo es conocer el destino del animal. “No está en ninguna parte y nadie nos da respuesta”, insistió.

En San Pedro rige una ordenanza que prohíbe la presencia de caballos en la vía pública o en terrenos municipales sin supervisión de sus propietarios. 

En esos casos, los animales pueden ser secuestrados y sus dueños deben abonar una multa, además de un canon diario por su manutención.

Para 2026, la ordenanza impositiva establece un costo de 16.521 pesos por día en concepto de “racionamiento para animales secuestrados”, monto que se suma a la infracción correspondiente.

La ordenanza establece que si en un plazo de siete días el animal no es reclamado, será declarado mostenco y puede pasar al patrimonio municipal, lo que habilita a su donación a organizaciones sin fines de lucro o a la subasta.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires aumentó nuevamente las multas de tránsito para lo que será el bimestre marzo-abril.

La resolución del Ministerio de Transporte establece que desde el 1 de marzo el valor de la Unidad Fija pasó a tener un costo de $ 1.896.

Esto rige para los 135 municipios bonaerenses. La Unidad Fija equivale al precio del litro de nafta Premium de los surtidores de la estación de servicio del Automóvil Club Argentino (ACA), ubicada en la esquina de calles 9 y 51, en la ciudad de La Plata.

De esta manera, por ejemplo, atravesar un tótem del sistema de fotomultas a más de 60 km/h tendrá una sanción máxima de $ 1.896.000 y por la falta de uso de casco protector es de $ 189.600.

En el caso alcoholemia (en la provincia la tolerancia es “0”), el monto máximo de la sanción es de 1.000 Unidades Fijas: $ 1.896.000, y contar con un caño de escape deficiente hasta $ 948.000.

Respecto al resto de las infracciones, las mismas cuentan con estos valores:

*Cruzar el semáforo en rojo, de 100 a 500 UF: $ 189.600 a $ 948.000.

*No usar el cinturón de seguridad, de 100 a 500 UF: $ 189.600 a $ 903.500.

*Dejar el auto mal estacionado, de 50 a 100 UF: $ 94.800 a $ 189.600.

*Circular sin patente, de 50 a 100 UF: $ 94.800 a $ 189.600.

*Conducir sin seguro, de 50 a 100 UF: $ 94.800 a $ 189.600.

*Conducir sin tarjeta verde, de 50 a 100 UF: $ 94.800 a $ 189.600.

*Circular en contramano o por banquina, de 200 a 1.000 UF: $ 379.200 a $ 1.896.000.

*Manejar con la licencia vencida, de 50 a 100 UF: $ 94.800 a $ 189.600.

*Circular con una licencia que no corresponde a la categoría del vehículo, de 100 a 500 UF: $ 189.600 a $ 948.000.

*Circular sin VTV, de 100 a 500 UF: $ 189.600 a $ 948.000.

*Circular sin casco, de 50 a 100 UF: $ 94.800 a $ 189.600.

*Conducir con exceso de alcohol en sangre o por consumir estupefacientes, de 200 a 1.000 UF: $ 379.200 a $ 1.896.000.

*No llevar luces bajas, 100 y 300 UF: $ 189.600 a $ 568.800.

*Caños de escape antirreglamentarios, de 100 y 500 UF: $ 189.600 a $ 948.000.

Después del anuncio de intensificar los controles sobre los autos estacionados en las calles durante varios días, o semanas, la dirección de Tránsito se prepara para las recorridas por la ciudad.

También estará expectante de los casos denunciados por los vecinos, que llegarán a la Secretaría de Seguridad.

El método a aplicarse es simple: con el dato sobre la ubicación del vehículo, se acude al lugar, se levanta con la grúa y se trasladada hasta el Polo de Seguridad.

A partir de allí interviene el Juzgado de Faltas, porque esto implica una sanción.

¿Qué costo tiene que la grúa levante un rodado?

*Acarreo: $ 23.204.

*Multa por abandono: $ 102.116. Por pago voluntario, $ 54.716.

*Estadía: $ 2.900 por cada día.

La Municipalidad anunció la medida indicando que solicitaba la colaboración de los vecinos para “optimizar la circulación en los distintos barrios”, y que para lograrlo “pondrá el foco en vehículos estacionados durante períodos prolongados en la vía pública”.

De acuerdo al criterio oficial, esto implica que un rodado inmovilizado durante varios días “reduce la disponibilidad de estacionamiento, dificulta las tareas de limpieza y mantenimiento urbano, y puede generar situaciones de riesgo”.

Detrás del anuncio, se recomendó a los propietarios reubicar el vehículo, guardarlo en un espacio privado o regularizar su situación para evitar inconvenientes.

La medida se enmarca en lo establecido por la Ley Nacional de Tránsito n.º 24.449. En su artículo 49, referido al estacionamiento en zona urbana, la normativa prohíbe dejar un vehículo estacionado “por un período mayor de cinco días o del lapso que fije la autoridad local”.

La saturación del depósito de motocicletas ubicado en la calle Saavedra al 700 ha llevado a la Municipalidad a disponer de un nuevo espacio para el almacenamiento de vehículos incautados. Esta situación es el resultado de los operativos diarios, donde se reiteran la circulación de rodados por falta de documentación, escapes antirreglamentarios o maniobras peligrosas.

Para aliviar la acumulación actual, la Municipalidad ha iniciado un nuevo proceso de compactación de 230 vehículos. No obstante, esta medida no resolverá el problema de espacio de forma definitiva: una vez finalizado el procedimiento, aún permanecerán en el depósito cerca de 200 motocicletas, todas correspondientes a infracciones del año 2025.

La permanencia de los rodados no siempre se debe a limitaciones económicas de los infractores. El principal obstáculo es la irregularidad registral:

*Muchos propietarios adquieren motos sin realizar la transferencia.

*En diversos casos, el titular registral ha fallecido, imposibilitando acreditar la tenencia legal.

*Existen unidades adquiridas de manera indebida o que cuentan con pedidos de secuestro previos.

Ante la urgencia de resolver la logística diaria —especialmente tras los operativos de cada fin de semana, donde las motos suelen quedar alojadas provisoriamente en oficinas administrativas—, se ha habilitado un nuevo depósito junto al Centro de Salud de Los Aromos. Este predio cuenta con la capacidad para 200 unidades, aproximadamente, y pertenece al Municipio.

El panorama no visualiza un cambio. Los controles de la Dirección Tránsito continuarán existiendo, las incautaciones también y la ilegalidad respecto a la documentación se mantendrá mientras no se comprenda que cada vez que se circula los motociclistas deben ajustarse a la ley de tránsito.

Un operativo de tránsito llevado a cabo durante la madrugada de este sábado incluyó la identificación de personas y vehículos en distintos puntos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de reforzar los controles y prevenir infracciones.

La tarea fue encabezada por el jefe de la Policía Comunal, comisario inspector Rodrigo Pereyra, junto a personal policial a su cargo, en forma conjunta con efectivos de la UTOI y agentes de la Dirección de Tránsito.

Como resultado del procedimiento, se logró el secuestro de nueve motocicletas por falta de documentación obligatoria y por presentar escapes antirreglamentarios.

Asimismo, se retuvieron tres automóviles cuyos conductores arrojaron resultado positivo en los controles de alcoholemia y, además, carecían de la documentación correspondiente.

Las actuaciones labradas fueron remitidas al Juzgado de Faltas, donde continuarán los trámites administrativos correspondientes.

La Municipalidad tiene prevista una nueva compactación de vehículos secuestrados, aunque la medida no alcanzará a la totalidad de los rodados que permanecen bajo incautación por disposición del Juzgado de Faltas.

En los últimos meses, la acumulación de vehículos colmó la capacidad del galpón alquilado para tal fin, una situación que dificulta la tarea diaria de la Dirección de Tránsito, cuyo trabajo no se limita únicamente a la sanción de infractores, sino también a la gestión y resguardo de los rodados retenidos.

En muchos casos, especialmente en lo que respecta a motocicletas, los vehículos deben ser trasladados y resguardados en otras dependencias del área hasta que se logre descomprimir el depósito ubicado sobre la calle Saavedra.

Ante este escenario, se determinó avanzar con la compactación de 230 vehículos. Sin embargo, aun después de concretarse el procedimiento, permanecerán en el depósito alrededor de 200 motocicletas, todas correspondientes al año 2025.

Desde el Juzgado de Faltas recuerdan que existe un procedimiento vigente que permite a los infractores recuperar sus vehículos secuestrados, siempre y cuando se abonen las multas correspondientes y se presente la documentación obligatoria para circular. No obstante, el ingreso de motos al depósito continúa de manera sostenida, con una estimación de dos nuevas motocicletas cada tres días.

Según se explicó, esta situación se produce, en la mayoría de los casos, por la imposibilidad de reunir la documentación exigida, especialmente la acreditación de la titularidad del rodado. Las motocicletas solo pueden ser restituidas a quien figure como titular registral o, en su defecto, a quien presente el formulario de transferencia “08” firmado por el dueño. Sin esa documentación, no existe la posibilidad legal de recuperar el vehículo.

En términos generales, las infracciones de tránsito más frecuentes están vinculadas a la falta de licencia de conducir, la ausencia de seguro obligatorio y el casco. 

Al respecto, se recordó que este debe colocarse y ajustarse correctamente, ya que llevarlo en otro lugar carece de utilidad. Así quedó demostrado recientemente en un accidente protagonizado por un joven que circulaba con el casco en el manubrio.

La Municipalidad se prepara para llevar adelante una nueva compactación de vehículos incautados por infracciones de tránsito, que llevan más de seis meses en depósito.

Ante la decisión tomada de ir por una nueva compactación desde 2016, año en que se sancionó la Ordenanza Nº 6.175, el Departamento Ejecutivo solicitó que los propietarios de motos, cuatriciclos y automóviles los retiren.

Para ello, deben pagar la multa establecida por el Juzgado de Faltas y antes de ser alcanzados por la reglamentación vigente. Entre multa y estadía, en algunos casos-,el valor es inferior a la cotización que tienen en el mercado. Por lo tanto, resulta conveniente recuperarlos.

Sin embargo, existe un lote mayor que irá a compactación. Es el que está ubicado en el Corralón Municipal, cuya antigüedad supera los seis meses de estadía, que también puede retornar a sus dueños siempre que abonen las multas.

¿Cómo se llega a la decisión de compactar? En su momento se tomó el ejemplo de otras comunas. Algunas remataban. Otras compactaban. Rematar implicaba retornar al tránsito a cientos de motos, por ejemplo, y a su vez habilitar el “mercado negro” de los repuestos. Por eso se adoptó el criterio de la compactación.

Para que un vehículo llegue a su destrucción total el Departamento Ejecutivo realiza el trámite administrativo, como elaborar el listado a través del Juzgado de Faltas.

Una vez confeccionado el inventario, se notifica al propietario de lo que sucederá publicando un edicto judicial, teniendo cinco días para regularizar la situación. Allí se lo intima al pago de la multa y la estadía, bajo apercibimiento de que el Municipio queda facultado para proceder a la compactación.

Una empresa, ganadora de una licitación privada, se encarga de que los tanques de combustibles estén vacíos (para evitar incendios y/o explosiones) y que todo lo que sea metal se lo someta a la destrucción (chatarra), por separado de lo que serían otros elementos como asientos y cubiertas.

Puede ocurrir que el titular no se presente y esto significará que ha desistido de recuperar el rodado.

También existe la instancia de que el Municipio pueda acceder a algún vehículo que esté en buenas condiciones y sea incorporado al patrimonio. Esto ya ocurrió en dos ocasiones. En la primera compactación se recuperaron tres motos y en la segunda un automóvil.

A su vez, existe la alternativa de que puedan llegar a manos de entidades de bien público.

Una vez más, el Municipio llevará adelante el proceso de compactación de vehículos incautados por infracciones de tránsito, que permanecieron más de seis meses en el depósito, tal como establece la ordenanza vigente.

En esta oportunidad, se trata de motos retenidas durante 2024 y parte de las que ingresaron en 2025. En total serán 230 rodados los que dejarán de estar en resguardo, lo que representará una importante descompresión para la Dirección de Tránsito, que enfrenta una seria falta de espacio para almacenar los vehículos secuestrados en los operativos de control.

El listado con las unidades a compactar ya fue elaborado en el Juzgado de Faltas y, en los próximos días, se iniciará el proceso de notificación a sus propietarios, quienes tendrán una última oportunidad para recuperarlas. La comunicación se realizará mediante un decreto del Departamento Ejecutivo, a partir del cual los dueños dispondrán de 15 días corridos para regularizar la situación.

Vencido ese plazo, las motos quedarán a disposición del Municipio para su destrucción. Cabe recordar que el Ejecutivo puede incorporar alguno de estos vehículos a su patrimonio, siempre que se encuentre en condiciones adecuadas.

Si bien la cifra de 230 motos resulta significativa, no es la más alta registrada: en anteriores etapas se compactaron alrededor de 1.000 unidades —incluyendo automóviles— y otro lote de 750 rodados.

Entre las infracciones más frecuentes que motivaron las retenciones se destacan la falta de licencia de conducir, falta de seguro y, especialmente, la ausencia de casco.

La inoperatividad de un alcoholímetro en el Municipio obedece a que el equipo existente ha superado los seis meses de vigencia legal, plazo que impone la Ley 19511 y la Resolución 145/21. Esto significa que después de este período deben ser homologados para su utilización y que las multas aplicables tengan validez.

En el programa Sin Galera se abordó el tema, indicándose que en San Pedro no se están realizando los controles de alcoholemia por carecer el equipo de la legalidad necesaria.

Esto implica contar con el aval del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la posterior calibración a cargo de una empresa privada.

La homologación consiste en revisar el dispositivo para garantizar su correcto funcionamiento, en momentos que se realiza un control.

En el caso del que utiliza la Dirección de Tránsito y Nocturnidad, que en meses anteriores ha sido muy aplicado y con resultados sorprendentes durante algunos fines de semana, pertenece al Ministerio de Transporte de la Provincia. Y ahora se aguarda que cumpla con los requisitos legales para volver a ser utilizado. La calibración tiene un costo de $ 390.000, una cifra considerablemente menor respecto a lo que es el valor de una multa por alcoholemia, que en la provincia de Buenos Aires tiene tolerancia “cero”.

La sanción pecuniaria para un infractor que conduce con exceso de alcohol en sangre es de 200 a 1.000 Unidades Fijas: $ 321.000 a $ 1.606.000.

Estos valores están establecidos por ley y el valor rige para los 135 municipios bonaerenses. Cada Unidad Fija es de $ 1.606, que equivale al precio del litro de nafta Premium de los surtidores de la estación de servicio del Automóvil Club Argentino (ACA), ubicada en la esquina de calles 9 y 51, en la ciudad de La Plata.

¿Qué pasa si un conductor es sancionado, pero con un equipo no homologado? El procedimiento se explica paso a paso en la página https://tramitesadistancia.gob.ar/#/inicio, "Trámites a Distancia" (TAD).

Técnicamente, lo que se consulta es si el alcoholímetro cuenta con la legalidad para ser utilizado. Para ello se recurre a la “metrología legal”, adjuntándose los documentos necesarios por parte del infractor:

*Nota solicitando información sobre la vigencia del instrumento.

*Imagen legible del ticket emitido por el alcoholímetro durante la prueba.

La firma en el ticket es elemental para la validez de la prueba.

Si la verificación del alcoholímetro no está vigente, la prueba de alcoholemia puede ser cuestionada e impugnada ante el Juzgado de Faltas local.

De igual manera, sucede con los dinamómetros, que miden la velocidad de los vehículos. Este fue un tema álgido cuando comenzaron a proliferar las cámaras para las fotomultas. Por un lado, el caso de corrupción de los gestores que ofrecían reducir las multas al 50 % y el dinero no ingresaba en las arcas de la Provincia, y por otro la falta de homologación de los equipos, en su mayoría colocados por CECAITRA, la empresa adjudicataria del sistema en nuestro distrito.

Los casos de alcoholemia han tomado un protagonismo significativo en las estadísticas de los controles de tránsito en la provincia de Buenos Aires, especialmente desde la implementación de la ley de “tolerancia cero”, que rige desde el 1º de enero de 2023.

Cada fin de semana, los operativos de control revelan que un número considerable de conductores presenta distintos niveles de alcohol en sangre, algunos de los cuales superan los límites establecidos de manera asombrosa.

En los últimos dos meses se han suscitado más cuatro decenas de infracciones, a un promedio aproximado de cinco por semana. La Dirección de Tránsito, junto a personal policial, establecen los sitios para operar, los cuales mayormente se suceden en la zona céntrica. 

En cada operativo los vehículos son incautados y ubicados en el Polo de Seguridad, de Mitre al 1900, además de retenerse la licencia de conducir a los infractores. Después llega el momento de la sanción.

Los números están, pero también es inimaginable cuántos más podrían registrarse cada día, especialmente entre los viernes y domingos, momento en que las cifras se acrecientan.

El segundo capítulo tiene como escenario el Juzgado de Paz. Los lunes arriban los infractores a buscar sus rodados, que solo se recuperan previo pago de la multa y la presentación de la documentación correspondiente.

Para rescatar el vehículo un infractor debe presentar la documentación legal: tarjeta verde, seguro, título a nombre del titular o Formulario 08 firmado por el propietario anterior que habilite su próxima transferencia, y licencia de conducir.

Respecto a la sanción, el Decreto 532/09, de la Ley Nº 13.927, indica que los valores son estipulados por el Gobierno de la Provincia para los 135 municipios, basándose en unidades, que cada una de esta cuenta con un monto equivalente al litro de nafta premium, tomado del surtidor de la estación de servicio YPF, del centro de la ciudad de La Plata.

El valor de la unidad, desde el 1º de julio, es de $ 1.435. Después, seguramente se incrementará.

En estos casos, el juez de Faltas Municipal sanciona: hasta 0,49mg/l el valor de 400 unidades: $ 574.000; de 0,50 a 0,99 mg/l, 500 unidades: $ 717.500; y a partir de 1 mg/l, 1.000 unidades: $ 1.435.000. El único atenuante es el “pago voluntario”, que reducen estos montos.

En cuanto a la licencia de conducir, la misma se retiene en el momento del operativo. En este caso, hasta 0,49 mg/l por tres meses; de 0,50 a 0,99 mg/l, seis meses; de 1 a 1,50 mg/l, 12 meses; y más de 1,50 mg/l, 18 meses. De igual manera para quien se niega al control: 18 meses sin licencia.