La Fiscalía Federal que conduce Matías di Lello confirmó a La Opinión el secuestro de documentación durante los allanamientos que Gendarmería Nacional encabezó en San Pedro el miércoles por la mañana en el marco de una causa por "contrabando".

Los gendarmes secuestraron diversa documentación y copiaron registros digitales. Todo será analizado en procura de establecer vinculaciones con los delitos investigados.

Di Lello tiene a su cargo una causa que investiga la presunta triangulación en exportaciones que habría derivado en mecanismos de evasión impositiva y que configurarían delitos relacionados con la introducción en operaciones clandestinas de comercio exterior.

En San Pedro los gendarmes allanaron un estudio contable, un estudio relacionado con despachantes de aduana y un establecimiento exportador, informaron fuentes del caso.

Además, llegaron por error a una vivienda de Gomendio y Obligado, donde reside una familia que adquirió recientemente la propiedad y nada tiene que ver con la investigación.

Persona de Gendarmería Nacional encabezaba un importante despliegue para cumplir con órdenes judiciales relacionadas con una causa penal por contrabando que tramita en el fuero Federal.

Los operativos se desarrollaban en la zona de Obligado y Gomendio, y en Litoral al 800, con personal que llegó para cumplir lo ordenado por el Juzgado Federal de San Nicolás que conduce Carlos Villafuerte Ruzo.

En Obligado y Gomendio, los efectivos a cargo “tiraron abajo ”la puerta de una casa ubicada en la esquina sur de la intersección de esas calles para proceder al allanamiento ordenado.

Ariete en mano, forzaron la abertura para ingresar y cumplir con la orden de requisa. Al momento de proceder, se escuchó un estruendo que sorprendió a los vecinos de la zona.

Además, había otra comisión en inmediaciones de Lavalle y Belgrano, próximo a donde están ubicados el Juzgado de Paz y el Conservatorio de Música; y otra en la zona de Litoral al 800, donde también allanaban un domicilio.

Las diligencias corresponden a órdenes emanadas desde la Justicia Federal en relación a una causa por contrabando que tramita en la Fiscalía federal que conduce Matías di Dello y del que estos procedimientos son las primeras medidas.

Móviles de Gendamería con personal uniformado y vehículos no identificados como de la fuerza con personal de civil trabajaban en varias cuadras a la redonda para custodiar el procedimiento.

El movimiento en las zonas donde se desarrollaba la tarea de la fuerza nacional comenzó temprano y al mediodía todavía estaba en marcha.

Efectivos de la Gendarmería nacional con asiento en San Pedro rescataron a una adolescente de 15 años que era llevada contra su voluntad hacia el norte del país por dos personas de nacionalidad peruana que están acusados del delito de trata de personas.

El hecho ocurrió el 18 de septiembre pasado, alrededor de la medianoche, cuando el personal de esa fuerza nacional interceptó a un micro en la zona del puente de acceso a San Pedro, en ruta 9, y detectó la situación.

La adolescente era trasladada contra su voluntad en un ómnibus que había partido desde Buenos Aires y se dirigía hacia el norte del país, donde, según la investigación en marcha, sería sometida a prostitución.

Por el caso están detenidos un hombre de nacionalidad peruana de 37 años y su madre, quienes estaban encargados del traslado de la joven, que fue asistida en el Hospital bajo custodia de Gendarmería.

En el nosocomio le practicaron una serie de estudios para descartar la posibilidad de que fuera utilizada como "mula" para el transporte de drogas, es decir la sospecha de que podría haber ingerido cápsulas con estupefacientes para el traslado por ruta.

La causa tramita en la Fiscalía federal que conduce Matías di Lello, bajo la carátula de trata de personas con fines de explotación sexual y los detenidos están a disposición del juez federal Carlos Villafuerte Ruzo.

Víctor Enrique, Sergio y Víctor Manuel Solmi fueron procesados por la Justicia junto a los contadores Pablo Geoghegan y Rodolfo Solimano —además de otras seis personas con domicilio en Buenos Aires— en el marco de una causa por lavado de activos que denunció Afip y que contó con la tarea de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Por esa causa, en abril del año pasado allanaron diversos domicilios vinculados a la familia Solmi junto a agentes de la Afip para secuestrar una gran cantidad de documentación vinculada a la investigación.

En ese marco, también allanaron el estudio contable de Pablo Geoghegan y Rodolfo Solimano, procedimiento que valió el repudio de sus colegas por el secuestro de "herramientas de trabajo" como computadoras y celulares, "en el marco de un allanamiento de un cliente".

La investigación comenzó en 2017, a cargo del fiscal federal de San Nicolás, Matías di Lello. Luego, quedó en manos del juez Sebastián Casanello, en Comodoro Py, quien ordenó imputar y tomar declaración indagatoria a los acusados, a quienes ahora procesó.

La causa investiga a las empresas Citepa SA y Varbeg SA en el marco de un entramado de "corrupción, lavado de activos y evasión fiscal" que implicaba la contratación de compañías "fantamsa" a través de adjudicaciones directas y con presuntos sobreprecios por parte del Gobierno porteño durante las gestiones de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, entre 2013 y 2018.

Se trata de las contrataciones para servicios de limpieza y antigrafiti que los Solmi efectivamente brindaron y hasta difundieron con orgullo empresarial a nivel nacional y local. La causa indica que los prestaron a través de esas "empresas fantasma", que facturaron más de 49 millones de pesos.

La investigación considera que ese dinero habría sido cobrado a través de "contratos irregulares" y luego fue a parar a "diversas transacciones financieras de inversión bursátil", constituyendo así la presunta puesta en circulación formal del "producto de la posible actividad ilícita".

En el expediente, además de la documentación secuestrada, hay escuchas telefónicas en las que Víctor Solmi mantenía contacto con funcionarios de Subterráneos de Buenos Aires y del Ministerio de Educación porteño en los que aparecerían diálogos vinculados al presunto direccionamiento de las adjudicaciones vía "urgencia" o "especialidad" como camino para sortear los procesos licitatorios.

Los procesados en la causa son, además de los tres Solmi y los contadores del estudio sampedrino: Andrés, Pablo y Alejandro Servente, José María Cambón, Jorge Alejandro Palacio y Mariana Peretti.

El juez Casanello dispuso embargos por alrededor de 18 mil millones de pesos sobre los bienes de los procesados, que en sus declaraciones indagatorias negaron los cargos de los que están acusados.

Todos apelaron la resolución judicial y ahora se espera que la Cámara analice el expediente y los elementos probatorios obrantes para decidir si confirma o revoca el procesamiento. 

Además de los procesados, la resolución de Casanello dictó falta de mérito para tres de los que inicialmente estaban involucrados en el caso.

Una de las dos investigaciones en curso por la estafa piramidal tipo esquema Ponzi de la plataforma Rainbowex y el denominado Knight Consortium fue archivada porque los acusados Luis Pardo, Maximiliano Braga y Alexis Pan no volcaron al mercado legal el dinero que ganaron gracias a "la China".

El fiscal federal Matías di Lello resolvió archivar la causa, decisión que fue ratificada por el fiscal revisor, Martín Suárez Faisal. La resolución implica que "no se ha podido establecer, al menos por ahora" que Pardo, Braga y Pan hayan cometido los delitos de "lavado de activos" o de "intermediación financiera no autorizada".

En el escrito, el fiscal advirtió que los casi 150 mil dólares que Pardo recibió en la billetera Lemon Cash, los más de 250 mil de Braga y los casi 213 mil de Pan "constituirían el producido de la maniobra defraudatoria" que investiga la Fiscalía de Viviani en el fuero Ordinario.

En ese sentido, señaló que su rol era investigar si hubo lavado de activos, es decir aplicación y puesta en circulación en el mercado de bienes provenientes de un ilícito, lo que no se pudo acreditar porque los activos virtuales que obtuvieron los imputados están "congelados por orden de la Justicia provincial", es decir no los "gastaron".

Pardo, Braga y Pan no hicieron operaciones inmobiliarias o de otros bienes que puedan resultar incompatibles con sus ingresos. 

Incluso la compra de una Amarok y de un Gol por parte de Pardo podrían estar enmarcadas en las posibilidades de los recursos obtenidos por su comercio de ropa o su sueldo como empleado de Papel Prensa.

El archivo de las actuaciones no implica el cierre definitivo de la causa o el sobreseimiento de los imputados, pero sí indica que no hay elementos suficientes para considerar que el delito investigado esté configurado de manera tal que se pueda avanzar en el proceso penal. Eventualmente, si surgieran pruebas, la causa podría ser reactivada.

En el expediente que tramitaba en la Justicia Federal estuvo involucrada la financiera Overcash Consultoría Financiera S. A., que fue allanada oportunamente, al igual que su cara visible, Lucas Liberatti.

Tanto la empresa como sus responsables no están imputados en la causa provincial que investiga las maniobras defraudatorias, por lo que en el fuero Federal sólo remitieron al banco Central los antecedentes del caso para que ese organismo evalúe si acaso hubo algún tipo de infracción de tipo cambiario por parte de la financiera.

La causa provincial por estafas reiteradas sigue su curso, con Pardo, Braga y Pan detenidos con prisión preventiva.

A los tres la Justicia les denegó el beneficio de arresto domiciliario que habían solicitado sus abogados defensores, en febrero pasado.

Además de ellos, hay otros 11 sampedrinos imputados, algunos identificados como grandes beneficiarios de la estafa piramidal y otros señalados como promotores para la captación de inversores a través del Knight Consortium.

Cuatro estuvieron detenidos y recuperaron la libertad: el líder sindical de los papeleros, Gerardo Gelabert; Maximiliano Diez; Rodolfo Desanzo; y Facundo Villalba.

Siete de los allanados el 19 de diciembre no fueron apresados: Diego Ariel Churruarín, Paulo Ricardo Ribas, Roque Esteban Maneiro, Washington Elías Velo, Alexis Roberto Aguilar, María Salomé Monfasani y Braían Ezequiel Cáceres.

Una orden de allanamiento emitida por el juez federal Ernesto Kreplak —hermano del ministro de Salud de la Provincia, Nicolás—, reavivó la causa una de las estafas que se investiga por el presunto desvío de fondos entre algunos municipios bonaerenses y la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (Cecaitra), por el sistema de fotomultas.

En esta oportunidad el sitio apuntado fue la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de La Plata. La institución educativa está sospechada de ser intermediario entre los municipios y Cecaitra.

Aquí surgen vinculaciones sorprendentes. Empleados de Cecaitra también son funcionarios de la UTN y habrían suscripto distintos convenios participando de un lado y del otro.

También surgieron de la investigación cuentas bancarias, que en el momento de la distribución de los ingresos no cumplían con los pasos administrativos estipulados por la Universidad. El flujo de las grandes cifras iba directamente a Cecaitra.

El 16 de septiembre del año pasado el intendente Cecilio Salazar suscribió el contrato con la Cámara “para la incorporación de tecnología en el control de tránsito, buscando fortalecer la seguridad vial en el partido”, aprobado por el Concejo Deliberante.

Hace un mes el fiscal de la causa, Álvaro Garganta, allanó Cecaitra porque “habría facturado de modo irregular y sin la correspondiente autorización legal el importe producido por las infracciones de tránsito constatadas por 155 cinemómetros de su propiedad”.

A su vez, las multas de Cecaitra tenían una mayor celeridad en los Juzgados de Faltas provinciales y, ante esa fluidez, se anticipaba la cobranza.

Todo lo señalado, y algo más, hizo que el entonces ministro de Transporte de la Provincia, Jorge D’Onofrio, renunciara a su cargo. 

Quedó en medio de un escándalo que surgió a la opinión pública por la manera de facilitar el pago de las multas a través de gestores, que ofrecían descuentos, y que lo recaudado en su mayoría no llegaba al erario. Asimismo, la pareja de D'Onofrio, la concejala de Pilar Claudia Pombo, estaba involucrada en el caso.

Otra causa y con los mismos actores tramita en los Tribunales de Campana. El juez federal Adrián González Charvay investiga el patrimonio de D’Onofrio y sus compañeros, algunos con posibles inversiones en la Costa del Sol, España.

La causa penal en trámite que investiga la comisión de posibles delitos financieros por parte de la plataforma de captación de inversiones en criptomonedas con promesa de ganancias Rainbowex, de la que participan más de 12 mil sampedrinos, avanza en la Justicia Federal.

Este martes, el Ministerio Público Fiscal dio a conocer la primera novedad relevante para el caso: la Comisión Nacional de Valores (CNV) confirmó que la plataforma de "la China" no está registrada.

"A la fecha del presente, 'RainbowEX', 'Rainbow Exchange' y/o 'Knight Consortium' no se encuentran registradas en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales —Personas Jurídicas— y tampoco han presentado una solicitud de inscripción en el mismo", dicie el reporte del organismo que controla el mercado de capitales.

Esto significa que para la ley argentina, Rainbowex no existe formalmente como plataforma para la actividad que lleva adelante lo que, advirtió la agencia de noticias del Ministerio Público Fiscal, "refuerza la hipótesis de la posible configuración del delito de intermediación financiera no autorizada".

El fiscal Di Lello investiga, además, la posible comisión del delito de lavado de activos por parte de la plataforma Rainbowex y los referentes del denominado Knight Consortium, encargados de la captación de "inversores" con la promesa de una ganancia de entre el 1 y el 2 por ciento diario en dólares.

El registro en la Comisión Nacional de Valores es uno de los requisitos para operar en la actividad de intermediación financiera, por lo que la confirmación de ese incumplimiento es un paso relevante para la causa penal en trámite.

Di Lello solicitó colaboración a la Procelac (Procuraduría de criminalidad económica y lavado de activos), a la Ufeci (Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia), que se ocupa de los ciberdelitos, y dio intervención al área antifraudes de la Policía Federal, que también llevará adelante una investigación por el tema.

Además, remitió oficios a la fiscala María del Valle Viviani y solicitó a la Municipalidad que informe si Rainbowex o el Knight Consortium tiene locales habilitados o con trámite de habilitación.

Tras conocerse la noticia de que la Justicia Federal investiga el caso, la plataforma y sus referentes informaron a quienes colocaron dinero que no podrán hacer retiros por al menos tres semanas.

La plataforma Rainbowex y el Knight Consortium están sospechados de llevar adelante una “estafa piramidal” tipo “esquema Ponzi” que se sostiene sólo con el ingreso de nuevos “inversores”.

Especialistas en trading aseguran que la plataforma es “una simulación" de inversiones que nada tiene que ver con la actividad de traders profesionales.

Además, un experto en seguridad informática advirtió que su sistema es vulnerable y que ya hubo hackeo de datos, que se pusieron a la venta en foros e incluyen documentos y fotografías de sampedrinos.

“Hay más de dos extensos informes que ahora analizará el fiscal”, indicaron fuentes judiciales esta noche a La Opinión. En esos textos, peritos informáticos y colaboradores hilvanaron los datos que habían relevado el jueves y que terminaron el viernes con la llegada de la División Unidad Operativa Federal San Nicolás a un domicilio que ya habían allanado en el mes de abril, tras una ola de amenazas de bomba que inlcuyeron colegios, bancos y otras instituciones.

El personal policial “coordinó con autoridades educativas, un relevamiento informático, de la cual participó personal División Unidad Investigativa antiterrorismo, con integrantes de Delitos Tecnológicos en otras partes de la ciudad”, informaron en un parte remitido desde Policia Federal respecto a la tarea desplegada en San Pedro. 

El jueves la Jefa Distrital Lorena López se reunió con el Fiscal Matías Di Lello en San Nicolás; el viernes el municipio informó que se había presentado como “particular damnificado” ante la justicia y esta noche, se supo que el nuevo procedimiento está directamente vinculado a la situación que se desató el lunes 6 de mayo en la Escuela Normal. Al igual que en las anteriores falsas advertencias, un correo electrónico anónimo indicaba la presencia de explosivos en varias escuelas. Con eso solo bastó para que nuevamente se dispararan los protocolos de evacuación y se recuerra a todas las fuerzas de seguridad y personal especial de la brigada antiexplosivos para revisar los establecimientos.

La orden de allanamiento no tardó en llegar y esta tarde, pasadas las 17.30 los efectivos ingresaron al domicilio del principal investigado: un menor que cursa en un establecimiento sampedrino sus estudios. 

“Durante el allanamiento, avalado por el Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás, se secuestraron importantes elementos de interés para la causa”, dice la gacetilla de prensa remitida desde el Departamento de Prensa de la Policía Federal.

Aunque la identidad se mantiene en reserva por la edad del joven sospechado de participar en estas maniobras, se supo que en esta ocasión se llevaron un segundo celular y hay que esperar el resultado de las pericias anteriores y de las actuales. 

Hay mucha preocupación en las familias por la cantidad de días de clase que se han perdido y por la situación a la que están sometidos sin que haya sanciones para el o los responsables.

El Municipio se presentó ante la Justicia Federal para solicitar ser considerado como "particular damnificado" en la causa que lleva adelante el fiscal Matías di Lello por las amenazas de bomba en escuelas y otras instituciones.

La directora de Asesoría Letrada, Viviana Costa, instruida por el intendente Cecilio Salazar, solicitó formalmente la condición de particular damnificado del Estado local "para conocer el avance de la investigación y solicitar su resolución urgente".

Este viernes hubo nuevas advertencias, por lo que se activaron los protocolos correspondientes y fue convocada la Brigada Antiexplosivos de San Nicolás.

La Municipalidad informó que el objetivo es "acceder a los detalles de la causa" por intimidación pública que tramita en la Fiscalía Federal desde que el 8 de abril comenzaron las amenazas de bomba.

En alusión a los allanamientos, "se pretende conocer el alcance de los resultados obtenidos y agilizar la investigación", indicaron desde el Gobierno local, a la espera de "hacer justicia y garantizar la normalidad de las actividades".

El miércoles, autoridades educativas mantuvieron una reunión con funcionarios del Ministerio Público Fiscal federal para coordinar acciones ante la situación.

“Hoy la profesión ha sido golpeada por el abuso de la justicia en un procedimiento que llevó a cabo en nuestra ciudad, avasallando los derechos de un profesional, violando principios y garantías constitucionales, además del secreto profesional y hasta diría el 14 de nuestra Constitución Nacional”, dijo una de las profesionales que integra el grupo de contadores que desde hace tiempo trabaja en San Pedro. 

“En el marco de un allanamiento (de un cliente) la justicia despojó a este colega de cuatro computadoras y celulares, imposibilitando su normal ejercicio profesional en adelante a pesar de toda la colaboración prestada”, agregan el mensaje a La Opinión. 

“Me solidarizo con nuestra profesión, la Delegación no sólo está al tanto sino que además, aprovechando este exceso, abuso y descalabro buscará la manera de lograr algún avance para que esto NO VUELVA A OCURRIR en nuestra profesión”, refirió la profesional que busca un pronunciamiento del colegio que los agrupa. 

No es la primera vez que se produce un allanamiento que tienen como factor común la operatoria de las empresas que maneja la familia Solmi en la ciudad. Aún no trascendieron detalles sobre los elementos secuestrados en al menos otros dos domicilios requisados.

Desde que la Justicia Federal tomó la causa que comenzó a tramitarse el lunes 8 de abril por amenazas de bomba reiteradas a varios establecimientos escolares que dejaron sin clases a los alumnos durante tres días consecutivos, la tarea de investigación quedó en manos de especialistas en informática entrenados para investigaciones más complejas. 

Así, durante la noche del jueves y hasta las seis de la mañana de este viernes, hubo procedimientos encabezados por fuerzas federales en dos domicilios. 

Allí secuestraron elementos que la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFICI) entiende que pueden estar vinculados a la proliferación de distintos mails con mensajes que llegaban al correo de un adolescente que preside el centro de estudiantes de una escuela secundaria.

De esos dos domicilios, que oportunamente serán informados pero que según trascendió están uno sobre calle Gomendio y el otro sobre Cucit, se llevaron computadoras, celulares, televisores y otros dispositivos que tienen conexión vía wi fi o física con las direcciones de IP (Internet Protocol) desde donde se dispararon las amenazas. 

Los procedimientos apuntaron a todo lo sucedido desde el lunes y hasta el jueves al mediodía para los blancos señalados: escuelas, jardines de infantes, bancos, Municipalidad, edificio del ex correo, Hospital, cuartel de Bomberos, Centro de Comercio, Biblioteca Popular yotros entre los que llegaron a ser mencionados medios de comunicación.

“El llamado al 911 del jueves, no tiene nada que ver con las amenazas anteriores”, dijeron fuentes de la policía que constataron que la suspensión de clases en los edificios de la manzana de la escuela N° 6 habían sido ejecutados por un sujeto que sólo entorpeció el devenir de la investigación. 

El jueves las tareas de la brigada antiexplosivos había terminado cerca de la una de la madrugada. Fue la última advertencia ya que al mediodía, desde la manzana de la escuela N° 6 hubo una nueva evacuación junto al jardín y el colegio Industrial. 

Esa situación fue descartada por los investigadores porque dieron de inmediato con el origen que, con seguridad, se conocerá en las próximas horas.

Para el fiscal Federal Matías di Lello, ya hay elementos suficientes como para presumir que las acciones de quien utilizba la firma del grupo terrorista Al Qaeda desde un correo electrónico denominado “Anonymus” deberían cesar. 

En los procedimientos hubo colaboración  de la Policía Federal de la Delegación San Nicolás.

En toda la investigación fue decisiva la presencia en San Pedro del fiscal coadyuvante de la Fiscalía Federal, Wenceslao Hernando Insúa, quien ahora reúne toda la documentación para que el caso se esclarezca.

Se espera que los responsables sean sancionados con las penalidades que están previstas en la legislación dentro del marco de acciones que atentan contra el orden público y promueven acciones terroristas.

Hospital, Bomberos y Centro de Comercio, esos fueron los blancos elegidos esta vez en el mail que recibió el mismo adolescente que desde durante tres jornadas derivó su contenido a las autoridades.

“Anoche entre las 22:00  a 01.00  trabajaron los peritos con el jefe de explosivos que bajó a San Pedro y no hubo necesidad de evacuar”, dijo el Director de Defensa Civil esta mañana a La Opinión.

Agotados por una situación que podría ser más ágil con protección al adolescente y compañía permanente para que pueda salir de la constante de verse envuelto en este conflicto, las autoridades esperan alguna conclusión por parte de la Justicia.

Fiscalía decidió elevar al fuero Federal una denuncia por lo que ocurre en la ciudad. La situación ya dejó sin clases a casi todas las escuelas y jardines, sacó de servicio a los bancos el martes y perjudicó todo tipo de actividades en el partido de San Pedro.

Ell secuestro de al menos una computadora de la escuela Normal desde la que accedieron a los e-mails recibidos por el presidente del Centro de Estudiantes fue la primer medida.

En grupos de whapp esta mañana se viralizaban posteos en redes sociales en los presuponían que hoy tampoco habría jornada escolar. También trascendió que los dispositivos del adolescente que recibe en su casilla de correo electrónico serán peritados con consentimiento de los adultos responsables.

El mail llegó pasadas las 21.00 horas y de inmediato se disparó el protocolo que convocó a la Secretaria de Salud, María Vargas, al Jefe de Bomberos Voluntarios y al Presidente del Centro de Comercio e Industria, Raúl Cheyllada.

“No hubo necesidad de evacuar. Trabajó la brigada de explosivos de San Nicolás, más policía y de parte de la Municipalidad estuve junto a Martin Baraybar”, detalló esta mañana Fabio Giovanettoni.

Mientras la Brigada Antiexplosivos continuaba su tarea en San Pedro, en la segunda jornada de amenazas de bomba en escuelas y otras instituciones públicas como la Municipalidad, la Justicia Federal se hizo cargo de la causa y ya tomó medidas para avanzar en la investigación que procura dar con el o los autores.

Este martes, la tarea del escuadrón antibombas será más ardua que la del lunes, cuando estuvieron más de ocho horas de recorrida por cada edificio que aparecía en las amenazas que llegaron vía e-mail a la casilla de correos del presidente del Centro de Estudiantes del Normal.

La causa la instruyó inicialmente la fiscala María del Valle Viviani, quien ya elevó todas sus actuaciones al fiscal Federal Matías di Lello, puesto que el delito de intimidación pública corresponde a la competencia de ese fuero.

El fiscal coadyuvante de la Fiscalía Federal de San Nicolás,  Wenceslao Hernando Insúa, informó a La Opinión que recibieron las actuaciones labradas y comenzaron las consultas con las áreas especializadas en delitos informáticos que los asistirán en la investigación.

El personal especializado en ciberdelitos orientará los pasos a seguir para la Justicia Federal en procura de establecer desde dónde fueron enviados los e-mails que recibió el joven presidente del Centro de Estudiantes.

La investigación implica una compleja recopilación y análisis de elementos probatorios, pero existen casos que, en mayor o menor plazo, pudieron resolverse favorablemente.

“La liberación del mercado de las prepagas requiere ley, no hay necesidad y urgencia de que salga por decreto”, dijo el Dr. Daniel Horacio Porta pese a que no fue contra la disposición que por DNU quiso imponer el gobierno cuando liberó las tarifas de las empresas de medicina prepaga.

El abogado sampedirno, eligió plantear la situación particular de su representado y logró que la justicia federal nicoleña emplace a OSDE a responder sobre una solicitud de revocación del aumento aplicado en las cuotas que paga uno de sus afiliados.

No es el único caso que se tramita en los tribunales de la zona norte de la Provincia de Buenos Aires, pero sí el primero en el que antes de hacer lugar al amparo solicitado se conmina a brindar una respuesta que el afiliado ya había solicitado por sus propios medios y no había sido respondida. 

En la misma resolución se observa que mientras se tramitan estas medidas, quien solicita el recurso de urgencia deberá pagar el monto que corresponde y que es el que estaba fijado en diciembre de 2022 de acuerdo a la Resolución 2577. 

“En realidad es la primera providencia, nos mandan a correrle traslado de orden de la demanda y en cuanto a la medida cautelar nos mandan a librarle oficio a OSDE para que en el término de tres días informen respecto al trámite administrativo que hizo mi cliente reclamando que no le apliquen el aumento”, explicó el abogado que entiende como “sumarísima” la decisión del juez que recibió su expediente. 

También explicó que “ya le están diciendo que se limite a aplicar los incrementos autorizados por la autoridad competente, el Ministerio de Salud, con lo cual le están ordenando que el aumento de enero y de febrero que ya aplicaron, no lo pueden cobrar”.

Se sabe que hay otras medidas cautelares en trámite en la misma región judicial, de hecho el Estudio Jurídico del Dr. Daniel Spirópulos ya presentó una cautelar para proteger los derechos de un paciente oncológico afiliado a Swiss Medical. Hasta el momento la única disposición firme surgió de un juzgado del partido de San Martín.

Personal del Grupo de Tareas Operativas de la Comisaría local secuestro este domingo un automóvil Peugeot 307 a solicitud de la Justicia Federal, que investiga una causa por adulteración de documentación.

El auto “mellizo” fue incautado en un domicilio ubicado en Rivadavia 2965, donde trasladaron además a un hombre de 43 años para notificarle la imputación, tras lo qu recuperó la libertad.

El procedimiento fue ordenado por el juez Federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, que elevó el oficio a la Comisaría para que allane el domicilio e incaute el vehículo.

La Justicia Federal dispuso además que sobre el coche “mellizo” se practiquen pericias para analizar chasis y motor en el marco de la causa por uso de documento adulterado o falso, un delito que tiene prevé la misma pena para quien utiliza la documentación apórcrifa como para quien la falsifique.