El exministro de Transporte de Axel Kicillof, Jorge D'Onofrio, sumó un nuevo revés judicial en las causas relacionadas con el sistema de fotomultas y la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires.

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó su procesamiento en el expediente que investiga maniobras de corrupción vinculadas a ambos sistemas. El tribunal rechazó un recurso presentado por la defensa y confirmó el avance de la investigación por supuesto lavado de activos.

La causa se originó tras una denuncia presentada en 2024 y apunta a una estructura que habría operado dentro del sistema de infracciones de tránsito, particularmente en el Tribunal de Faltas provincial de General Pacheco, además de contratos vinculados a empresas concesionarias de la VTV e irregularidades en licitaciones y adjudicaciones.

En el caso de las fotomultas, parte de la investigación involucra a la empresa Cecaitra, adjudicataria del sistema en San Pedro.

Según la pesquisa judicial, parte de los fondos obtenidos de manera ilícita habrían sido utilizados para adquirir bienes mediante presuntos testaferros e inversiones en España, algunas relacionadas con emprendimientos gastronómicos. Por ese motivo, la Justicia investiga posibles maniobras de lavado de dinero, y fraude contra la administración pública y asociación ilícita.

Además de D'Onofrio, la Cámara confirmó el procesamiento del exdirector de Fiscalización y Control de la VTV, Facundo Asensio. También se mantuvieron los embargos millonarios sobre ambos imputados: 350 millones de pesos para el exministro y 300 millones para Asensio.

Usuarios de correo electrónico comenzaron a recibir mensajes que simulan provenir de organismos judiciales laborales y que advierten sobre supuestos procesos de ejecución o reclamos salariales inexistentes.

Así llegó a algunos sampedrinos, sorprendidos por la intimación mediante un e-mail, que a su vez causó estupor ante lo que representa una instancia de estas características.

La tranquilidad la ganaron cuando recapacitaron que ellos también eran empleados y que no había que temer. La excepción estaba en haber respondido, porque para ello surgía un link que debía accionar para interiorizarse sobre la supuesta intimación.

Eso era suficiente para que los ciberdelincuentes se apoderen de un sinfín de datos.

Especialistas recomiendan no abrir enlaces ni brindar datos personales, ya que se trataría de una modalidad de estafa virtual orientada al robo de información.

Los correos utilizan nombres genéricos como “Derecho Laboral” y contienen mensajes intimidatorios con frases como “Intimación Procesal – Carácter Perentorio” o “Proceso de ejecución iniciado”, acompañados de números de legajo apócrifos y referencias aparentes a juzgados nacionales del trabajo.

Los mensajes enviados mantienen una estética diseñada para aparentar formalidad judicial, incluyendo menciones a un supuesto “Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo”, advertencias sobre consecuencias procesales y pedidos de “acreditación de identidad”.

El mensaje busca provocar temor mediante advertencias sobre “reconocimiento tácito de los hechos imputados” y posibles agravantes procesales si no se responde de inmediato. Pero los organismos judiciales no acostumbran intimar mediante correos genéricos, ni solicitan validaciones personales a través de enlaces (links).

Por lo tanto, se recomienda:

*No hacer click en enlaces sospechosos.

*No descargar archivos adjuntos.

*No responder el correo.

*Verificar cualquier causa judicial en canales oficiales.

*Consultar directamente con un abogado o con el Poder Judicial correspondiente.

*Denunciar el hecho ante organismos especializados en ciberdelitos.

*Realizar y conservar capturas de pantalla y datos del remitente para facilitar eventuales investigaciones.

Un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás obligó al Municipio de Baradero a informar en detalle el destino de los fondos recaudados por la Tasa de Red Vial, que ascienden a unos $ 1.000 millones, tras un reclamo impulsado por productores rurales.

La decisión judicial se originó a partir de un pedido de acceso a la información pública presentado por la Sociedad Rural local, que no obtuvo respuesta por parte del Ejecutivo municipal.

La negativa oficial llevó a que la entidad recurra a la Justicia, que finalmente ordenó a la administración encabezada por Esteban Sanzio a brindar datos precisos sobre el manejo de esos recursos.

Según el fallo, el Municipio deberá entregar documentación clave como el listado de cheques emitidos, transferencias realizadas y la matriz de costos utilizada para determinar la Tasa.

Los jueces remarcaron que el acceso a la información pública es un derecho fundamental y que el Estado está obligado a garantizarlo de manera completa y verificable.

El reclamo de los productores se da en un contexto de fuerte deterioro de los caminos rurales, que afecta directamente la actividad agropecuaria. 

Denuncian que gran parte de la red vial se encuentra en condiciones críticas, lo que dificulta el transporte de la producción y el acceso a establecimientos educativos y servicios básicos.

Además, cuestionan que no es coincidente lo recaudado y con las obras realizadas. Y remarcan que la Tasa de Red Vial implica “una contraprestación directa en mantenimiento y mejora de caminos que -según la Rural- no se cumple”.

No es el primer fallo con características similare. Ya hubo uno en Daireaux, donde la Justicia de Trenque Lauquen determinó que “no se puede cobrar si los caminos rurales están en mal estado”.

Tras el hallazgo del cuerpo de Sergio Gilli en aguas del Paraná y luego de que culminaran días de intensa búsqueda, una de sus hijas compartió un mensaje de gratitud a todas las personas que apoyaron su familia en días de inmenso dolor.

Lara Gilli relató que fue ella misma quien divisó a su padre desde la embarcación de la Asociación de Pescadores Artesanales que colaboraba con el operativo.

Contó que atravesó esas horas sostenida por la fe y por una fortaleza que, asegura, encontró en Dios para poder afrontar cada momento, desde la espera en el río hasta la llegada al puerto y los trámites posteriores.

Agradeció especialmente a quienes participaron activamente en la búsqueda. Autoridades municipales, el intendente y funcionarios del área, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Prefectura y los pescadores que pusieron a disposición sus embarcaciones y acompañaron a los familiares en el agua.

También destacó el respaldo institucional recibido en las horas posteriores, tanto para la organización del velatorio como del sepelio, y valoró el acompañamiento constante de familiares, amigos, vecinos y conocidos que estuvieron presentes desde el primer minuto en su casa y en el puerto, brindando contención y apoyo.

"Agradecer al presidente de la Asociación de Pescadores, Eduardo Miño; a la Ferretería del Barrio por el apoyo y el respeto; a Coopser por resolver el servicio de velatorio en cuestión de minutos; a Jardín del Molino por su atención fuera de horario; a Remis Sol por el acompañamiento; a la doctora Micaela Scchiaffino y su familia por el respaldo constante; y a la familia Franco-Bertolini por el acompañamiento incondicional en todo momento", expresó la joven.

Conmovida por la masiva despedida, expresó que si bien se cierra un capítulo marcado por la búsqueda y la incertidumbre, ahora comienza otro, enfocado en que se esclarezcan las circunstancias del hecho.

"Cerramos un capítulo y abrimos otro para que mi papa, Sergio Jesús Gilli, tenga Justicia", sentenció.  

En lo que va del año, la Fiscalía de turno recibió un total de 281 causas penales de distintas índole.

Así lo confirmó la titular de la UFI 11, Viviana Ramos, quien el sábado, durante la transmisión en vivo de Sin Galera, brindó detalles sobre la situación delictiva y el accionar de la Justicia.

En ese marco, Ramos precisó que durante los primeros quince días de enero se registraron múltiples hechos, desde delitos menores a un homicidio, que derivaron en allanamientos.

Hizo hincapié en la reiteración con la que se cometen cierto tipo de delitos y explicó que los hechos delictivos se sostienen. 

“Me preocupa mucho no poder desarmar a las personas. Van descartando las armas de fuego y muchas veces los vecinos no aportan información por temor a las represalias”, expresó la fiscal, al referirse a una de las principales dificultades que enfrentan las investigaciones.

La titular de la UFI 11 explicó que se realizan entre tres y cuatro allanamientos por día, con secuestros de armas de fuego y avances en causas de mayor gravedad.

“En un turno normal se hacen dos o tres allanamientos diarios. Hay una gran cantidad de hechos que algunos llaman menores, pero que están tipificados por la ley como delitos”, subrayó.

Al igual que el secretario de Seguridad, Ramos destacó además el aporte del sistema de cámaras de seguridad.

“Gracias a las cámaras logramos la identificación de las personas. Es un trabajo de insistir, de mostrar antecedentes y de ir construyendo las pruebas necesarias hasta poder formalizar una detención ante el Juzgado”, indicó.

Finalmente, advirtió sobre la problemática que atraviesa gran parte de los hechos delictivos, el consumo de estupefacientes.

“En el último tiempo se observa con mucha preocupación que el consumo de drogas es parte del motor de quienes delinquen. Muchas personas cometen delitos para acceder a elementos que luego son intercambiados por estupefacientes”, concluyó.

En las primeras semanas de enero, se registraron alrededor de doce asaltos cometidos por motochorros, siete robos en viviendas, tres hechos contra comercios, ocho sustracciones de vehículos y un homicidio.

El exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D'Onofrio, fue procesado y embargado por 350 millones de pesos en el marco de una causa que investiga un presunto entramado de lavado de dinero derivado de maniobras fraudulentas vinculadas al sistema de multas de tránsito y la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

La decisión fue adoptada por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien también procesó al exdirector de Fiscalización y Control de la Dirección Provincial de VTV, Facundo Asensio, sobre quien dictó un embargo de 300 millones de pesos. Los acusados continuarán en libertad, aunque se mantienen medidas cautelares sobre sus bienes.

La causa inició en septiembre de 2024, cuando una denuncia señaló que D'Onofrio y la expresidenta del Concejo Deliberante de Pilar, Claudia Pombo, una mujer muy allegada al funcionario, lideraban una estructura destinada a desviar fondos del sistema de cobro de fotomultas en la provincia y distintos municipios.

Dentro de la causa quedaron involucradas autoridades de Cecaitra, pues las cámaras cuestionadas en su momento eran las instaladas por esta empresa, la misma que desde el 14 de noviembre último comenzó a prestar funciones en San Pedro.

Según la investigación judicial, no solo se obtuvieron pruebas contundentes con el manejo de las multas y el cobro del 50 % del valor, mediante un grupo de gestores falsos, sino que lo que este grupo recaudaba era blanqueado a través de una red de prestanombres que adquiría bienes muebles e inmuebles.

Pero, hubo un punto determinante en la investigación: la compra de una camioneta Audi Q8, registrada a nombre de Asensio y de la empresa familiar Los Altos de Don Carlos Emprendimiento Inmobiliario S.A. Se supo que esta sociedad no tenía actividad económica, por lo tanto, no había manera de justificar la tenencia de un rodado de un valor elevado.

El vehículo fue declarado por 30 millones de pesos, mientras que el seguro alcanzaba los $ 173.800.000. Si bien D’Onofrio dijo que no era propietario del vehículo y pese a que estaba a nombre de Asensio, el juez consideró que los dichos de ambos imputados no resultan verosímiles y concluyó que Asensio actuó como testaferro en una operación típica de lavado de activos.

En los últimos meses la causa sumó allanamientos en CECAITRA, una Universidad Tecnológica y domicilios particulares, también derivaciones asombrosas como inversiones gastronómicas en España por parte de los involucrados. Y entre los avatares, la contratación de CECAITRA por el Municipio de San Pedro.

Todo fue un escándalo que aún no tiene final. Sin embargo, fue suficiente para que D'Onofrio quede involucrado en serios delitos económicos y de corrupción, que llevaron a su renuncia al cargo de ministro el 30 de diciembre de 2024.

La investigación que surgió tras el allanamiento a las oficinas de Cecaitra, empresa adjudicataria del sistema de las fotomultas y que tiene como como principal sospechoso al exministro de Transporte, Jorge D’Onofrio, y a las empresas proveedoras del sistema, continúa como una “megacausa”, describió el diario Clarín.

El escándalo surgió cuando se descubrió que una red de gestores ofrecía descuentos “ilegales” en multas de tráfico en la provincia de Buenos Aires, con la posible complicidad de funcionarios.

Las infracciones surgían del sistema de fotomultas (existen más de 200 cámaras en el territorio), cuyo equipamiento fue cuestionado por no tener la homologación correspondiente.

También surgió el vínculo de las adjudicatarias del sistema de fotomultas en diferentes distritos, que son Secutrans y Cecaitra, operadora en San Pedro. También se apunta a las irregularidades en la adjudicación de la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

Por el momento, la Justicia investiga a D'Onofrio, quien renunció al cargo el 30 de diciembre de 2024, y a su entorno por un presunto lavado de activos, con conexiones en España. Y aquí la justicia federal y provincial se disputan la competencia de la causa.

Corrupción con las fotomultas en la Provincia: la justicia federal seguirá investigando posible lavado de dinero de parte del ex ministro de Transporte bonaerense Jorge D'Onofrio y su entorno. https://t.co/VVCt4geCfl

Recordemos que D'Onofrio fue relevado de su cargo ante este caso y reemplazado por otro dirigente del Frente Renovador: Martín Marinucci.

En el Juzgado de La Plata, que conduce Juan Pablo Massi y cuyo fiscal es Álvaro Garganta, se analiza la red de gestores que se encargaban de “facilitar” el pago de las multas. 

Intermediaban ofreciendo saldar la deuda con el 50 % de descuento. Alguien hacía desaparecer la infracción, pero el dinero no llegaba al Juzgado de Faltas. 

“Se menciona que Claudia Pombo, quien sería pareja de D’Onofrio, había creado una sociedad en España junto al exjuez de Faltas, Mario Quattrochi (uno de los apuntados como ‘saca multas’), para explotar restaurantes y otras sociedades que se disolvieron después de que se conocieron las denuncias”, indicó Clarín. Pombo era, por entonces, la presidente del Concejo Deliberante de Pilar y está sospechada de manejar a los gestores. 

En cuanto a la VTV, la investigación pasa por la contratación de las concesionarias. Estas recurrieron a la firma Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A., responsable de conceder los turnos. 

La causa restante se encuentra en el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, donde se tratará de establecer si se cometió el delito de lavado de activos, con intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF).

La puja de estos días se da entre los jueces. Massi le solicitó a González Charvay que se inhibiera de seguir investigando la causa de lavado de dinero porque lo que se indaga en La Plata es más grave (incluye asociación ilícita, entre otros) y que por ese motivo debía unificarse en los tribunales provinciales. 

El juez de Campana lo quiso hacer al principio, pero la Cámara Federal de San Martín se negó porque consideró que debía continuar con la investigación para obtener más elementos.

Cecaitra continúa en la mira de la Justicia. Fue allanada, y también la casa de su presidente. Para el fiscal no hay dudas del vínculo. Existen elementos que demuestran que la pareja de D’Onofrio, la exconcejal Pombo, se conocía con el presidente de la empresa Bernardino García.

Mientras tanto, en la ciudad y los accesos a San Pedro las cámaras están, pero aún no fueron habilitadas.

José María Vellani, abogado representante de 30 trabajadoras del centro asistencial, comentó detalles de lo que será el remate del edificio de lo que otrora fue la Clínica Privada San Pedro.

El mismo comenzará este lunes 29 y se extenderá hasta el 13 de octubre, fecha en la que se definirá el futuro del edificio.

Hasta el momento, hay 11 oferentes interesados en participar, pudiendo hacerlo cualquier persona, inclusive los antiguos dueños de la propiedad.

Este remate forma parte de uno de los pasos legales que se sucedieron a lo largo de una extensa causa, generada a partir de la falta de respuesta por parte de la sociedad anónima que administraba la clínica para cumplir con sus obligaciones judiciales.

Vellani explicó que, antes de llegar a esta instancia, se intentó que los dueños de la empresa cumplieran con las sentencias y obligaciones impuestas por los jueces. Sin embargo, ante la falta de comparecencia se determinó la rebeldía, que finalmente concluyó con la decisión de rematar un patrimonio histórico y emblemático, como es el edificio de Belgrano y Facundo Quiroga.

“En todas las causas judiciales la clínica no se presentó en ninguna y eso hizo que llegue hasta este estado, que no es un común en el derecho llegar a ejecutar a alguien y rematar un bien. Para llegar a eso se tiene que cumplimentar un montón de pasos, de procedimientos. El juez intenta buscar a la persona para que pague o que cumpla la obligación que se demanda. Pero, ante esta rebeldía, se llega a este estado, que justamente es el patrimonio que tiene la sociedad Clínica Privada San Pedro”, le dijo el letrado a Lilia Berardi en Sin Galera.

Un perito rematador estuvo la semana pasada mostrando las instalaciones a los interesados. En la oficina de subastas de San Nicolás se realizará el proceso, siendo confidencial la identidad de los oferentes hasta el día del cierre del remate.

En la charla se recordó lo traumático que resultó el cierre. La clínica dejó de funcionar en medio de la pandemia, un momento crítico en el que los pacientes internados en terapia intensiva fueron trasladados al hospital.

Luego, el personal no recibió la indemnización correspondiente, lo que llevó a un litigio en el que finalmente éstos ganaron el juicio.

En su momento, Vellani le dijo a Sin Galera y La Opinión que se trataba de un hecho histórico haber logrado esta sentencia. “La misma se facilitó al no ingresar en un concurso de acreedores y una posterior quiebra, que hubiese sido perjudicial para quienes reclaman una indemnización, porque en las leyes los principales perjudicados son los obreros. Esto debido a que, aunque son acreedores privilegiados en el orden de prioridades, suelen ser quienes menos tienen de esperar los tiempos judiciales, al momento del reparto por lo recaudado de la venta de los inmuebles”.

Después de una sentencia favorable para las empleadas, en febrero de este año el Tribunal Nº 3, de San Nicolás, dispuso la subasta del inmueble.

Una victoria judicial de la provincia de Entre Ríos que permitió recuperar para la propiedad estatal unas 5450 hectéras en la zona de islas trajo a la memoria la situación de decenas de familias sampedrinas que sufrieron, en su momento, el embate de quienes pretendían quedarse con la propiedad insular frente a las costas de San Pedro.

Periodistas de La Opinión recordaron la investigación llevada a cabo en los primeros años del nuevo milenio, respecto al caso que involucró a la empresa Deltagro, que por entonces explotaba las Islas Las Lechiguanas, contra la población, que durante décadas estaba afincada en la zona.

Se trataba de la firma vinculada a Victorio Gualtieri -el Lázaro Báez de Eduardo Duhalde de los 90-, que por entonces logró hacerse de decenas de miles de hectáreas para diferentes emprendimientos, y que utilizaba el puerto de San Pedro como muelle de cabecera para trasladar maquinarias hacia la zona insular.

Gualtieri intentó la apropiación de las tierras, haciéndole firmar a los pobladores un reconocimiento de su permanencia ilegal, lo cual significaba un elemento sustancial para ser despojados de su terruño en los años siguientes.

La indignación por la injusticia se apoderó del grupo de La Opinión, que emprendió una cruzada que Lilí Berardi, Quique Pareta y Matías San Hilario recordaron orgullosamente en Sin Galera, porque en definitiva estaban ilustrando la ocupación indebida en un predio tan enorme como la impunidad de aquellos poderosos que se creyeron ser dueños de lo que nunca les perteneció.

“Para nosotros, Las Lechiguanas son nuestras más allá de que sean territorio entrerriano, porque son el paraíso natural y productivo que los sampedrinos tenemos”, sostuvo Lilí, contundente definición de lo que sentimos los sampedrinos.

En medio de los incendios de 2008, junto a su equipo realizó un trabajo de campo, con viajes en lancha y equipos de comunicación que estaban lejos de la tecnología de esta época, pero que, en definitiva, igualmente conformó un gran despliegue.

Allí lograron recopilar testimonios de los isleños que habían sido engañados para firmar contratos de comodato, que les quitaban sus derechos sobre la tierra. Estos contratos eran obtenidos con artimañas de los abogados de Gualtieri.

Tras las anécdotas surgieron las reflexiones sobre el rol del periodismo comprometido, en momentos en que muchos se hacen eco de los dichos del presidente Javier Milei: “No hablamos lo suficientemente mal de los periodistas”.

Si buscaban justicia, casi 17 años después lograron parte del cometido -pese a la resolución judicial, aún existe más camino por desandar- con el fallo judicial reciente que declara la restitución de aproximadamente 5.450 hectáreas a la provincia de Entre Ríos. 

Si bien la sentencia no recupera la totalidad de las tierras apropiadas, representa una victoria parcial tras años de lucha. 

Lili, Quique, Matías y también Rafael Flaiman, aludieron al significado de este fallo, no solo como un triunfo legal, sino como una confirmación de la importancia de lo logrado, de lo que puede alcanzar el periodismo al momento de desplegar su arsenal más poderoso: la búsqueda de la verdad. 

Este sábado primero de marzo, Lautaro Carlevaris, el joven que fue víctima de un balazo en el pecho que lo llevó a perder la vida, estaría cumpliendo veinte años.

En honor al joven, familiares, amigos y allegados lo recordaron en su día realizando una suelta de globos en el cementerio local. Sumado a esto, su madre, Romina le dedicó un sentido mensaje.

"Dejaron mi familia y mi corazón destrozado, sólo quiero que mi hijo pueda descansar en paz", refirió la mujer que además expresó que "solamente" quiere "justicia" y que la investigación "no quede en la nada".

Finalmente, Romina explicó que "todavía no" tuvieron “novedades y que, el ”fiscal de San Nicolás", le indicó que el "proceso del juicio" puede tardar, alrededor, de "seis meses". 

El principal acusado de ser el autor del hecho es un joven de 17 años, que es el único imputado por la causa y está privado de su libertad en un instituto para menores aunque la familia de Carlevaris asegura que hay más involucrados. 

"Si no pagan las indemnizaciones, va a subasta. La excepción sería que aparezca el dueño y pague todo. Pero, quién es el dueño", expresó en el programa Sin Galera, José María Vellani, abogado representante de 30 trabajadoras de la Clínica Privada San Pedro que dejó de funcionar durante la pandemia, el 8 de julio de 2021.

En el diálogo que mantuvo con Lili Berardi, Vellani consideró que “es un hecho histórico haber logrado esta sentencia”. La misma se facilitó al no ingresar en un concurso de acreedores y una posterior quiebra, que hubiese sido perjudicial para quienes reclaman una indemnización, porque en las leyes los principales perjudicados son los obreros. Esto debido a que aunque son acreedores privilegiados en el orden de prioridades suelen ser quienes menos tiempo tienen de esperar los tiempor judiciales, al momento del reparto por lo recaudado de la venta de los inmuebles.

“Las trabajadoras se consideraron despedidas por injuria laboral. Durante la causa los dueños de la empresa nunca contestaron los telegramas. Hoy están en rebeldía porque nadie respondió. Además, se trata de una sociedad (Clínica Privada San Pedro S.A.) con acciones viejas, donde figuran médicos del año 2005 y no existen presentaciones posteriores”, explicó el representante de las trabajadoras. 

Previamente hubo sentencia favorable para las empleadas. Luego vino la determinación del Tribunal Nº 3, de San Nicolás, que fue la de rematar el antiguo y valioso edificio de Belgrano y Facundo Quiroga. Para ello la Justicia hizo tasar la propiedad y con lo recaudado hacer frente a las sentencias favorables para las trabajadoras -tendrán prioridad-, como así también a otros acreedores.

“Base sería las dos terceras partes de la valuación fiscal. Para ello interviene un perito martillero. La oficina de la subasta está en San Nicolás y la misma se realizará electrónicamente al mejor postor”, explicó Vellani.

Consultado sobre posibles impedimentos para que esto se suspenda, fue categórico cuando indicó que “por más que se presenten darán por tierra todo, porque nunca se lo hicieron en la causa”.

Si bien aún no hay fecha para la subasta, por el momento se desconoce en cuánto ha sido valuado el edificio. Al menos algo sí es certero: la deuda total de Clínica Privada San Pedro S.A. asciende a más de 100 millones de pesos, y dentro de este monto están contempladas las indemnizaciones.

El joven de 19 años fue víctima de un balazo en el pecho que lo llevo a perder la vida en el Hospital Municipal. Tras su muerte, que fue a consecuencia de constantes disputas, enfrentamientos y amenazas , la tensión siguió creciendo en el barrio del fallecido, cuya familia denunció que sufrió ataques contra su vivienda. 

El principal acusado de ser el autor del hecho es un joven de 17 años, que es el único imputado por la causa y está privado de su libertad en un instituto para menores aunque la familia de Carlevaris asegura que hay más involucrados. 

Cumplido un mes del deceso de "Lauti", su madre le dedicó un sentido mensaje donde pide que ‘’no quede impune'' lo que le hicieron a su hijo. 

‘’Me destrozaron la vida, me sacaron un pedazo de mi corazón'', dice la madre de el joven de 19 años. 

En su dedicatoria, Romina recuerda a su hijo pidiendole fuerzas para seguir adelante aunque se alegra de que ahora este en un lugar ‘’hermoso donde existe la paz y la alegría ‘’.

 ‘’Te prometo que voy a cumplir todos tus sueños pero ya no vas a estar para verme coronar, como vos siempre me lo dijiste'', concluye Romina 

La familia Carlevaris estuvo presente en la marcha contra la inseguridad el pasado miércoles 29 de enero, mostrando pancartas pidiendo justicia y reclamando porque hay custodia policial en la casa de quienes ellos creen podría ser el autor intelectual de la balacera. 

Este lunes, el Gobierno de Javier Milei anunció que cerrará 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) tras una auditoría interna iniciada al comienzo de la gestión, en diciembre, cuyo resultado, según informaron, detectó que "brindaban de manera ineficiente servicios propios del Poder Judicial y otras dependencias".

En el país hay más de 100 CAJ, de los cuales uno está en San Pedro y funciona en el edificio del CIC, con la abogada Guadalupe Fraga como responsable. 

Consultada por La Opinión, la funcionaria sampedrina informó que todavía no recibieron comunicación formal alguna por parte del Ministerio de Justicia, del que dependen esos organismos, respecto de su futuro.

Un comunicado difundido por el Gobierno nacional este lunes señala que la auditoría determinó que esas oficinas "acumulaban empleados de distintas gestiones anteriores en dependencias alrededor de todo el país, sin demostrar resultados y duplicando funciones".

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Tras anunciar el cierre de 81 de esos centros, aseguraron que la decisión implicará un ahorro de "más de 8 mil millones de pesos por año". El Ministerio que conduce Mariano Cúneo Libarona sostuvo que "es injustificable la financiación de más oficinas, más empleados y más recursos dedicados a la misma función".

En San Pedro, el Centro de Atención a la Justicia (CAJ) fue anunciado en abril de 2015, durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y con el actual intendente de La Plata, Julio Alak, como ministro de Justicia, momento en el que, con acuerdo con el entonces concejal a cargo del Poder Ejecutivo, Fabio Giovanettoni, se designaron tres profesionales, sin titular a cargo.

Un año más tarde, ya con Mauricio Macri en Nación y Cecilio Salazar en el Municipio, electos por la alianza Cambiemos, se designó a la abogada Guadalupe Fraga, esposa del entonces consejero escolar Fernando Cajide, fallecido luego en medio de la pandemia de COVID-19, como responsable del organismo.

Desde el 1 de abril de 2016, Guadalupe Fraga está al frente del CAJ San Pedro.

 un organismo del Ministerio de Justicia que tiene como objetivo la asistencia jurídica para personas de bajos recursos económicos y desconocimiento de las leyes para que sepan adónde deben acudir ante una problemática de tipo legal, así como la resolución de conflictos por la vía extrajudicial.

La resolución del Ministerio de Justicia de la Nación instruye a la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, de la que dependen los CAJ, a "iniciar el plan de ordenamiento y mejoramiento" de esos centros.

También a "implementar  un sistema eficiente que dé una respuesta a la comunidad, reforzando aquellos canales de atención no presenciales actualmente disponible" para evitar "erogación presupuestaria alguna".

En ese marco, dispone adoptar las medidas necesarias "en lo que respecta a los recursos humanos y materiales afectados, e inmuebles correspondientes", lo que podría implicar la cesantía del personal que se desempeña en esos organismos.

Tanto en el CAJ San Pedro como en el resto de los 58 que existen en la provincia de Buenos Aires, muchos de ellos en el interior, desde que asumió Milei no hubo comunicación alguna por parte del Ministerio de Justicia y la Dirección de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia respecto de los lineamientos de trabajo de la nueva gestión.

“Soy una vecina amiga del chico Braian Sosa que falleció”, dijo la mujer que envió las fotos y acompaña a la mamá del joven cuyo deceso se produjo el domingo a consecuencia de las graves lesiones que sufrió dentro el establecimiento rural “El Independiente”, campo adentro a la altura de la Ruta 191, Km. 10.5.

Hoy se conocerán los resultados de la autopsia que se practica en Mercedes, Será a las once de la mañana y corresponde esa ciudad porque Braian murió tras ser sometido a una operación. Lo habían derivado desde San Pedro el viernes por la noche tras permanecer en la Unidad de Terapia Intensiva.

“Ella necesita justicia por su hijo, que por favor se haga justicia”

Durante las primeras horas se habló de “un accidente de motos”, pero el viernes la mamá de Braian llamó a La Opinión para pedir por un urgente traslado para su hijo. Estaba con respiración asistida y empeoraba.

“Mi hijo despertó y me contó que él tuvo el accidente en el tractor, le dieron un tractor, él no sabía manejar.  Todo el mundo está diciendo que él tuvo un accidente en moto. Mi hijo no tuvo accidente en moto”, dijo la mamá el viernes.

La mujer rompió el silencio y relató que el joven había sido convocado para una “changa de cuatro o cinco días” en el establecimiento rural y que le habían “dado un tractor” que él no sabía manejar. Dijo que una mujer, de nombre Roxana Peralta era quien lo había trasladado al Hospital en su auto particular y que “tanía miedo de que la echen” porque se desempeña como casera de ese lugar desde hace varios años.

“Por qué lo trajo en el auto y no llamó a una ambilancia o a la policía”, es la pregunta que queda en el caso que le costó la vida a Braian.

Roxana Peralta pidió el sábado aclarar la situación y en el programa Sin Galera sostuvo que el chico iba por ruta 191 con la intención de “pedir nafta” y que ella misma le recomendó ingresar para que le dieran el combustible. Luego relató que su propio hijo manejaba el tractor cuando Braian se cayó y sufrió las múltiples fracturas que más tarde se constataron; una en el cráneo y la otra en el maxilar.

Ahora todo está en manos de la Dra. Viviana Ramos que el viernes ordenó el secuestro de la moto de Braian Sosa que había quedado en el campo y las pericias sobre las circunstancias en las que se produjo el accidente. La causa ahora implica otra gravedad.

Jorge escribió: “Buenas tardes. Veo por televisión la condena a los asesinos de Fernando Báez Sosa. Días atrás la condena a las asesinas del niño Dupuy. Tal vez la justicia de argentina se ponga definitivamente los pantalones largos y comience a actuar como corresponde. No soy especialista en el tema, pero estimo, cualquier persona normal está de acuerdo con los veredictos. Tal vez haya algún resquicio judicial que ver, pero en general estoy conforme. Ahora la justicia de Argentina debe avanzar sobre los corruptos políticos y empresarios que lucran con el hambre, la indigencia y la muerte de muchos argentinos”.

Las organizaciones de vecinos que desde hace tiempo vienen haciendo planteos relacionados con el abordaje de la problemática de inseguridad pidieron reunirse con los jueces de Garantías que intervienen en la causas de San Pedro.

Par ello, elevaron una nota al intendente interino Ramón Salazar en el que solicitan que gestione el encuentro con los tres magistrados que actúan en la órbita del Departamento Judicial de San Nicolás, de la que depende el distrito.

La idea es reunirse con Ramón Salazar y con los jueces Román Parodi, Ricardo Prati y María Eugenia Maiztegui para “expresarles las realidades que impactan en nuestra sociedad”, señalaron en la nota que ingresó este viernes por Mesa de Entradas de la Municipalidad.

“Entendemos que el trabajo mancomunado y comprometido del Municipio, las fuerzas de seguridad, la Justicia, los organismos encargados de atender y conetner las problemáticas sociales y las insituciones sampedrinas es fundamental revertir esta problemática que transversaliza a toda nuestra ciudadanía en su conjunto”, señañaron en el texto.

La nota está firmada por vecinos autoconvocados, el Centro de Comercio, la Sociedad Rural, la Cámara de Viveristas, Caproem y el Foro de Seguridad local, todas organizaciones que tienen representantes en las reuniones convocados por el Gobierno por la ola de inseguridad desde enero.

El 27 de diciembre de 2019, la empleada municipal Carolina Moré, responsable de trasladar la recaudación de la balanza de pesaje de camiones areneros ubicada en el predio de Coplac en camino Crucero General Belgrano, denunció que esa madrugada un motochorro le había robado un bolsín donde llevaba parte de la recaudación de varios días de la tasa que se cobra a cada transporte de cargas que sale de San Pedro.

El episodio, conocido como “el escándalo de la balanza”, provocó intensos debates porque reveló una manejo que el Gobierno reconoció al menos “desprolijo” en la modalidad de cobro de una tasa creada a medida de los camiones areneros luego de que se repavimentaran la ruta 1001 y el camino Crucero General Belgrano.

En materia judicial, dos novedades relevantes ocurrieron en las últimas semanas, de acuerdo a lo informado por la fiscala Viviana Ramos a La Opinión.

Por un lado, ante la falta de elementos probatorios para avanzar en la causa por el robo, decidió archivarla. Por el otro, las “desprolijidades” del manejo de esos recursos provocaron que la titular de la UFI 11 ordenara la conformación de una nueva causa para investigar si el Gobierno cometió algún tipo de delito respecto de esos fondos.

El robo es imposible esclarecerlo, al menos con los elementos obrantes hasta el momento.

Carolina Moré dijo que el 26 de diciembre de 2019, alrededor de las 22.00, fue a retirar el dinero con la recaudación de los últimos días, que eran varios porque hubo feriados de Navidad en el medio. Colocó los billetes en una mochila y se fue.

Pero no se fue a hacer el depósito, porque ya había pasado el horario bancario. Fue a un cumpleaños y luego a su casa, donde, relató, fue sorprendida por una pareja de motochorros armados que la apuntaron y le arrebataron el bolso. Habían pasado alrededor de tres horas desde que se fue de la balanza.

No hay pruebas que permitan imputar a nadie. Nada alcanzó para establecer sospechas respecto de quiénes le robarn el dinero a la empleada a la que la Secretaría de Seguridad que conduce Eduardo Roleri le confió el retiro de los billetes para su posterior depósito.

Ese aspecto del famoso “escándalo de la balanza” pasó a archivo en la Justicia y sólo volverá a abrirse el expediente si aparece algo o alguien que pueda aportar elementos contundentes para sostener una acusación.

La otra causa, la que Ramos ordenó abrir y que deberá tramitarse en una Fiscalía de Baradero porque allí van los expedientes en los que hay funcionarios públicos locales involucrados, trasciende el asalto a Moré y pone el ojo en otros puntos.

La modalidad de recuadación, los procesos para depositar el dinero en el banco y la rendición de los tickets, cuyo talonario desordenado fue reconocido como “desprolijo” por el Gobierno en más de una oportunidad tras el hecho están ahora en la mira de la Justicia.

Para Ramos, esa forma de manejar esos recursos públicos podría ser pasible de calificar como delito.

Por ello lo que ordenó que se abra una investigación en procura de establecer si caben responsabilidades penales al intendente Cecilio Salazar, al secretario de Seguridad, Eduardo Roleri, y a quienes ellos hayan delegado tareas relacionadas con la recaudación de la tasa por pesaje de camiones.

Lo que Ramos sospecha es lo que los concejales del Frente de Todos expusieron en la sesión extraordinaria de febrero de 2020 en la que discutieron con el oficialismo por el tema. Gastón Casco dijo que hubo en el tema “una tremendo irregularidad” y una “improvisación” que provocó “un hecho demasiado grave”.

Sin cortapisas, acusó: “Estamos hablando del manejo imprudente y delictivo de los fondos municipales”.

Para el presidente del bloque Juntos por el Cambio, Iván Paz, las palabras de Casco habían sido “imprudentes”. En ese momento, el concejal opositor reveló que la fiscala Ramos había informado acerca de una “demora posiblemente deliberada en presentar la denuncia”. En efecto, la Fiscalía tardó seis días en tomar conocimiento de uno de los hechos delictivos más graves que involucran el Estado municipal.

Tras el episodio, la Municipalidad aseguró que dispondía modalidades distintas para la recaudación y posterior depósito del dinero, aunque el mecanismo vigente que implicaba que cada empleado tuviera un talonario y que los números entre turno y turno no sean correaltivos persistió.

En noviembre del año pasado, La Opinión reveló en exclusiva que el Gobierno de Cecilio Salazar había tomado la decisión de privatizar el servicio de pesaje de camiones.

Así, en lugar de alquilar la balanza a un privado y poner personal propio para la cobranza, recaudación y depósito del dinero, habrá una empresa administradora que se ocupará de todo el proceso. Buscan, aseguraron en ese momento a este medio, “veri si un privado puede hacerlo mejor, más eficiente, más seguro”.

El jueves pasado ingresó formalmente al Concejo Deliberante el pedido del Ejecutivo para ser autorizado a llamar a la licitación. El plan es que la empresa transfiera todo lo recaudado —en 2019, último dato disponible, fueron casi 9 millones de pesos— y a cambio reciba una remuneración mensual.

La firma adjudicataria también deberá ocuparse de la custodia de vehículos incautados, compactación y disposición final una vez vencidos los plazos vigentes para el reclamo por parte de los propietarios.