Finalmente, el sindicalista de Camioneros y exconcejal de San Pedro Fernando Espíndola será sometido a Juicio por la Verdad en el marco de la causa por abuso sexual infantil por la que fue denunciado por su sobrina y otras personas que lo acusaron de ser sus víctimas cuando eran menores de edad.

La Cámara de Apelaciones, que se había declarado incompetente pero volvió a recibir el expediente desde Casación para resolver, dispuso que es admisible un debate de esas características para los hechos denunciados.

Así lo reveló el diario El Norte, que indicó que los camaristas revocaron el fallo de primera instancia del Tribunal Oral en lo Criminal n.° 1, que había considerado que como no se trataba de delitos de lesa humanidad no correspondía encuadrar el caso en un Juicio por la Verdad.

La primera denuncia fue radicada por Cintia Espíndola. Luego sobrevinieron otras. En todas acusaron a Fernando Espíndola de cometer delitos de abuso sexual reiterado contra menores de edad cuando él mismo era menor y también cuando ya había cumplido la mayoría de edad.

La causa tramitó en la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil y la Justicia determinó que los delitos estaban prescriptos por el paso del tiempo, por lo que no podían ser juzgados.

Sin embargo, la propia jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui, primero, y la Cámara de Apelaciones, después, consideraron viable que el caso se ventile en un juicio por la verdad ante la aberración de los hechos relatados.

El juicio por la verdad no puede imponer penas de cárcel, pero sí atribuir responsabilidades en los hechos denunciados. Reparatorio y simbólico, no impone años de prisión pero sí puede establecer culpabilidades.

Ahora, el TOC n.° 1 está en condiciones de llevar adelante las audiencias de debate oral y público. El abogado de Cintia Espíndola, Agustín Tanús, había considerado la decisión de Casación como "una victoria para todas las víctimas" porque "abre las puertas a muchas situaciones parecidas".

Fernando Espíndola permanece detenido con prisión domiciliaria a la espera del juicio por la causa Camioneros, que tendrá lugar a fines de septiembre, y en la que está acusado junto a Maximiliano Cabaleyro de "pedir coimas" para dejar trabajar a la empresa Rey Distribución, entre otros delitos.

A casi seis años desde que el sindicalista de Camioneros Fernando Espíndola fuera denunciado por abusos sexuales cometidos contra sus sobrinos menores de edad cuando vivían juntos, el Tribunal de Casación Penal de La Plata tomó una decisión que permite inferir que, finalmente, habrá un "juicio por la verdad" en su contra.

Cintia Espíndola, la sobrina del exconcejal que radicó la primera de las tres denuncias, había pedido junto a su abogado, Agustín Tanús, un juicio por la verdad —que puede adjudicar culpabilidad, pero no condena de prisión— tras la recomendación de la Cámara de Apelaciones.

Es que la Justicia consideró prescriptos los delitos de los que fue acusado Espíndola por el fiscal de menores José María Guadagnoli —Espíndola era adolescente cuando ocurrieron los hechos denunciados por sus sobrinos—, por lo que no hay posibilidad de condena penal.

Pero ante la aberración de los hechos relatados, tanto la jueza María Eugenia Maiztegui como los integrantes de la Cámara de Apelaciones consideraron viable la figura del juicio por la verdad y Cintia Espíndola avanzó con ello.

Sin embargo, el Tribunal Oral en lo Criminal n.° 1 dijo que no: consideraron que como "no se trata de un delito de lesa humanidad", no correspondería la figura. 

El abogado de Cintia Espíndola apeló y la Cámara de Apelaciones se declaró incompetente, por lo que hubo que ir a Casación, que le devolvió la decisión a la propia Cámara.

El juicio por la verdad no tiene consecuencias punitivas, es decir que en caso de ser declarado culpable no implicará pena de prisión, pero sí permitirá que la Justicia establezca responsabilidades sobre los hechos denunciados.

"El juicio por la verdad es reparatorio y simbólico", dijo el sábado en Sin Galera el abogado de Cintia Espíndola, Agustín Tanús. 

"Es una herramienta que la jurisprudencia dio a lugar para que cuando hay delitos que no pueden tener sentencia dentro del plazo de prescripción, en el caso de abuso sexual es de 12 años, que no se puede aplicar pena, las víctimas puedan tener derecho a ser reparadas y que haya una resolución judicial", agregó.

Aseguró que plantearán ante la Cámara de Apelaciones "un debate oral y público, aunque las consecuencias para el acusado no puedan ser aplicados en términos de pena" por las tres denuncias contra Fernando Espíndola.

"Cintia es una guerrera", dijo Tanús, quien también destacó la actitud del fiscal de Responsabilidad Penal Juvenil, José María Guadagnoli, y de la titular de la Fiscalía general, Sandra Bicetti.

"Pudimos lograr que nos escuchen y que nos den lugar, esto tiene que resolverse", dijo el abogado.

“Esperamos que la Cámara dé su resolución y que ordene a los tribunales que hagan el juicio por la verdad”, agregó Tanús.

"Nosotros solicitamos debate oral y público, lo que va a ser novedoso. Esto es un derecho y es una victoria para todas las víctimas, porque abre las puertas a muchas situaciones parecidas. El Estado argentino asumió esta responsabilidad y se tiene que hacer valer", reflexionó.

A la espera de la resolución para este caso, Fernando Espíndola permanece detenido en prisión domiciliaria, al igual que el líder de Camioneros de la región y exconcejal peronista Maximiliano Cabaleyro, involucrados en una causa por pedido de coimas.

Ambos están acusados de pedir dinero a la empresa Rey Distribución a cambio de permitirles trabajar. Tras la denuncia, hubo un bloqueo de la planta de esa firma, que derivó en causas por turbación de la posesión que, al igual que las de extorsión y coacción, los llevará a juicio.

La acusación contra el sindicalista de Camioneros Fernando Espíndola sobre abusos sexuales cometidos contra sus sobrinos menores de edad cuando convivían juntos hace varias décadas todavía sigue en pie: el Tribunal de Casación admitió la revisión del fallo que había desestimado que vaya a Juicio por la Verdad.

El diario El Norte reveló esta semana que Casación será responsable de emitir dictamen respecto de si corresponde o no someter a Espíndola a ese tipo de proceso, que si bien no tiene consecuencias punitivas —no podría ir preso en caso de ser hallado culpable— sí implica conocer la verdad y endilgar responsabilidades respecto de los hechos ocurridos.

El delito prescribió por haber sido cometido hace más de tres décadas, cuando Cintia Espíndola —una de las denunciantes y quien lleva la voz cantante de la causa, cosa que asumió públicamente— y otros sobrinos del sindicalista de Camioneros habrían sido abusados.

Fernando Espíndola también era menor de edad para la fecha en que las denuncias sindican como momentos en que comenzaron los sometimientos, que además habrían seguido cuando él ya había cumplido la mayoría de edad.

Ante la prescripción, la jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui consideró en su fallo que estaban dadas las condiciones para llevarlo a Juicio de la Verdad. Sin embargo, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 dijo que no.

Los jueces Belén Ocariz, Cristian Ramos y Laura Fernández consideraron que "no obstante lo aberrante de los hechos referidos ni las secuelas que dejaran en las personas afectadas, no se trata de un delito de lesa humanidad".

Ello, a pesar de que la jurisprudencia indica que este tipo de delitos, aun prescriptos, constituyen graves violaciones a los derechos humanos y a los derechos de niños y niñas consagrados por la Constitución.

Lo extraño de la novedad judicial es que la Cámara de Apelaciones que sugirió a las víctimas iniciar el trámite para el Juicio por la Verdad declaró ahora su incompetencia. Al menos Casación admitió el recurso y lo analizará.

Fernando Espíndola permanece detenido con arresto domiciliario por la causa en la que está acusado de cobrar coimas a la empresa Rey Distribución para permitirles trabajar, caso en el que también está detenido con domiciliaria el líder de Camioneros en la región y concejal de San Nicolás en uso de licencia, Maximiliano Cabaleyro.

La Cámara de Apelaciones de San Nicolás deberá decidir si el sindicalista de Camioneros Fernando Espíndola, detenido con prisión domiciliaria por pedir coimas a una empresa, es sometido a un juicio por la verdad tras ser denunciado por abusar sexualmente de sus sobrinos cuando convivían juntos, hace más de tres décadas.

Como el delito prescribió, la jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui consideró que estaban dadas las condiciones para un juicio de esas características, que si bien no contempla sanciones punitivas en términos de condenas a prisión sí permite echar luz sobre los hechos y considerar si ocurrieron o no y si el acusado es responsable de ellos.

El caso fue a Cámara porque el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de San Nicolás que integran los jueces Belén Ocariz, Cristian Ramos y Laura Fernández consideraron que no están dados los extremos para habilitar un juicio por la verdad.

"No obstante lo aberrante de los hechos referidos ni las secuelas que dejaran en las personas afectadas, no se trata de un delito de lesa humanidad", dijeron en sus argumentos los jueces.

A pesar de que la jurisprudencia indica que este tipo de delitos, aun prescriptos, constituyen graves violaciones a los derechos humanos y a los derechos de niños y niñas consagrados por la Constitución.

La Cámara fue la que había recomendado el juicio por la verdad, al confirmar que el paso del tiempo favoreció a Espíndola y dejar firme la prescripción, y ahora deberá decidir sobre el rechazo del Tribunal.

La causa entró en un compás de espera y la resolución para llegar a juicio está en manos de la Cámara de Apelaciones que debe resolver el pedido de la defensa que promovió su intención de objetar la llegada a esta instancia.

Los hechos que se juzgan ocurrieron entre los meses de enero y febrero de 2021. Comenzaron como un reclamo por falta de baños y terminaron con una investigación por "coimas, aprietes y amenazas". 

Viviani estuvo desde el primer día a cargo de la investigación, de hecho, era la primera vez que una fiscal se hacía presente en el bloqueo de una empresa. No sólo soprendió a los dirigentes sino a los dueños de la firma que no esperaban la dimensión que cobró el caso tras una comprobación directa por parte de la justicia. 

Literalmente el paso a la planta estaba obstruído y los sindicalistas subestimaron el curso que más tarde tendría la investigación.

Ahora, con Fernando Espíndola y Maximiliano Cabaleyro privados de la libertad en sus domicilios, la Fiscalía consideró que "hay elementos de convicción suficientes e indicios vehementes de co autoría por los delitos de Turbación de la Posesión, dos hechos: Coacción en grado de tentativa, dos hehos; Extorsión, dos hecho y Extorsión en grado de Tentativa, todo en concurso real, respecto de ambos. Para los imputados Carlos Julián Ojeda, Marías Agustín Torees, Edgardo Dimayo, Enzo Ojeda, Macilimiano Pérez y Lucas Torres, los delitos que serán llevados a juicio son de "Turbación de la Posesión, dos hechos y Coacción en grado de Tentativa, dos hechos".

En el caso de Espíndola además de cumplir arresto domiciliario hay otro caso pendiente. Será un “Juicio por la Verdad” al que por primera vez accedió la justicia nicoleña por una causa de abuso sexual con acceso carnal agravada por el vínculo. Una causa que promovieron sus sobrinas y que llegó a una instancia en la que por el paso del tiempo no podía prosperar.

Desde que las víctimas de Fernando Espíndola rompieron el silencio para denunciar las vejaciones y abusos que sufieron cuando eran menores de edad, los tiempos, el escepticismo y la resignación solían ganar el escenario.

Cuando el acusado estuvo en prisión en el marco del delito perpetrado por representantes del gremio Camioneros se abrió la esperanza de ganarle a la impunidad. Tras décadas de silencio se conocieron las denuncias y la Justicia comenzó a tramitar la causa.

“Después de tantos años de silencio  y de oprimir el pecho de las angustia y de todos los abusos, ¡el día llega para que podamos manifestar toda la verdad  a los daños causados! Cuánta infelicidad hemos recibido por parte de todo la familia que no supieron cuidarnos y amarnos. Eso no debesuceder con ningún infante en el mundo”, dijo Cintia con expreso pedido de que su voz se escuche públicamente.

En abril de 2024, por primera vez, la Justicia nicoleña la aceptó como particular damnificada. Ella es una de las sobrinas del exconcejal y sindicalista que fue acusado por abuso sexual. 

Su testimonio no era el único, en ese hogar se vivió un verdadero infierno y hasta hoy penan la ausencia de un hermano que se quitó la vida.

Fernando Espíndola fue acusado de abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal reiterado y agravado por el vínculo. Habían pasado 30 años y ya no podían, condenarlo pero sí acceder a un Juicio por la Verdad, que la Cámara de Apelaciones recomendó.

Los niños tenían entre 6 y 10 años cuando fueron ultrajados y, según el expediente y las declaraciones, reiteró sus abusos cuando ya habían llegado a la mayoría de edad. 

Hay que recordar que Espíndola cumple arresto domiciliario por la causa que investiga su responsabilidad en el bloqueo a la planta de Rey Distribución en la que también se investigó el pago de coimas que él mismo recibía tras extorsionar a la empresa.

 “Mi nombre presente es mi lucha y yo no tengo que avergonzarme de nada”, dijo Cintia el martes 14 cuando tuvo en sus manos el expediente que tramitó su abogado, Agustín Tanús.

Este Juicio por la Verdad que, con fecha 13 de mayo, dispuso elevar el Juzgado de Garantías N° 3 a cargo de la Dra. María Eugenia Maiztegui no tendrá como consecuencia la fijación de una pena de privación de la libertad.

Pero su desarrollo otorga el derechoa la víctima para que se conozcan los hechos, a ser resarcidos pública y moralmente.