Marisel "Pili" Solís continuará detenida en la cárcel de San Nicolás imputada por el homicidio del uruguayo Marcel Xavier González Jorge, camino al juicio por jurado ciudadano que se desarrollará en junio.

Así lo resolvió la Cámara de Apelaciones, cuyos jueces rechazaron la decisión que había tomado el Juzgado de Garantías de otorgarle el beneficio de arresto domiciliario.

El planteo de la nueva abogada de Solís, Antonela Travesaro, había tenido visto bueno en primera instancia, pero tanto el fiscal Vicente Gómez como la abogada de la familia de Marcel, Sofía Sanjurjo, se opusieron.

Esa apelación dejó en suspenso el beneficio y finalmente la Cámara accedió al planteo opositor, por lo que la acusada seguirá detenida en la Unidad Penal 3 hasta tanto se desarrolle el debate oral y público.

El juicio está previsto para los días 22, 23 y 24 de junio. Allí, el jurado ciudadano resolverá si Solís es culpable o no del delito de homicidio agravado por el vínculo, una calificación cuya única pena prevista es la de prisión perpetua.

Marcel Xavier González Jorge fue hallado en un verdadero baño de sangre en la finca Sonho Verde, ubciada en ruta 191 y propiedad de Solís, con quien tenía una relación de pareja.

En su defensa, ella dijo que habían tomado hongos alucinógenos y que salió a caminar en el marco del “viaje” psicodélico, y que al regresar halló muerto a Marcel. 

La hipótesis de la acusación es que ella lo asesinó. Su defensa sostiene que las lesiones fueron autoinfligidas. 

La Justicia ordenó una inspección ocular en el campo Sonho Verde, escenario donde el uruguayo Marcel Xavier González fue hallado en un verdadero baño de sangre el 9 de junio de 2024, camino al juicio oral y público con jurado ciudadano que afrontará la dueña de esa finca y en aquel entonces pareja de Marcel, Marisel "Pili" Solís.

La defensa de Solís había pedido una reconstrucción del hecho y acordó con Fiscalía esta inspección ocular, de la que participaron todas las partes, incluida la representación legal de la familia de Marcel, con la abogada Sofía Sanjurjo a cargo.

La medida contó con la presencia de un perito médico y criminalista ofrecido por parte de la defensa de Solís, que elevará un informe respecto de lo que se observó en el lugar, que además fue filmado para proyectar en el juicio y así evitar que el jurado ciudadano deba trasladarse a la escena del hecho.

Antonela Travesaro, abogada que encabeza la defensa de Solís, informó a La Opinión que aguardan con expectativa el informe del perito de parte y ratificó su convicción de que "no hubo homicidio".

Por su parte, Sofía Sanjurjo señaló a este medio que "hay contradicciones" entre lo que planteaba el perito, pero que todo se dirimirá en el juicio por jurados.

Pili Solís eligió esa modalidad para ser juzgada por homicidio agravado por el vínculo, una calificación que prevé como única pena, en caso de que sea condenada, la prisión perpetua.

En el juicio, Fiscalía y la querella deberán convencer a tods los integrantes del jurado respecto de la culpabilidad de Solís para que sea condenada. A la defensa le bastará con sembrar la duda en uno de ellos para evitar una sentencia desfavorable.

El Tribunal fijó el debate para los días 22, 23 y 24 de junio. El jurado deberá establecer si Marisel "Pili" Solís es culpable o no de la muerte de Marcel.

La abogada de Marisel "Pili" Solís, acusada del homicidio del uruguayo Marcel Xavier González Jorge, logró para su defendida el beneficio de arresto domiciliario hasta la fecha del juicio por jurados, que será en junio próximo.

Antonella Travesaro es la abogada que reemplazó al reconocido penalista Gustavo Moreno en la defensa de la imputada y logró el fallo favorable en la última audiencia, en la que se fijó para 22, 23 y 24 de junio el debate oral y público que ventilará el resonante caso.

De todas maneras, Solís permanece alojada en la Unidad Penal 3 de San Nicolás hasta tanto se resuelva la apelación, que la abogada Sofía Sanjurjo, representante de la querella, confirmó interpondrá ante la Cámara para oponerse al beneficio.

En primera instancia, la Justicia accedió a otorgarle el arresto domiciliario por cuestiones relacionadas con la maternidad de Solís, que tiene una hija adolescente que vivía con ella hasta que quedó detenida.

Travesaro planteó que en esta etapa previa al juicio no hay peligro procesal alguno para que la imputada llegue al debate detenida en su domicilio, aunque habrá que esperar la resolución de Cámara para saber si ese beneficio se hará efectivo.

Marisel "Pili" Solís será juzgada por un jurado ciudadano que deberá establecer si es culpable o no de la muerte de Marcel, que fue hallado en un verdadero baño de sangre en la finca propiedad de ella en ruta 191.

La carátula del caso es homicidio agravado, cuya única pena posible en caso de condena es la prisión perpetua.

En su defensa, Solís dijo que habían consumido hongos alucinógenos, que salió a caminar por el campo en medio del "viaje" y que al regresar encontró a Marcel muerto en el cuarto.

Aunque en principio la autopsia había establecido que las lesiones fueron autoinfligidas, una pericia posterior firmada por la reconocida perito Virginia Creimer y por el jefe de la Asesoría Pericial San Nicolás, Manuel Caro, dejó asentado que hubo participación de terceros.

El juicio oral y público que tendrá lugar en junio pasará por ese debate: si Marcel se autolesionó o lo asesinaron y, en ese caso, si fue Marisel "Pili" Solís la responsable de darle muerte.

La primera parte del juicio contra los cinco sampedrinos acusados de integrar una banda que asaltó y asesinó al comerciante César Butara en Ramallo terminó con condena de 20 años de prisión para dos de los cinco acusados.

Facundo Gómez, de 28 años, y José "Toti" Pereyra Retamal, de 25, fueron hallados culpables de homicidio criminis causae, el tipo de asesinato que se comete para consumar otro delito, en este caso el robo a la familia en su vivienda.

Por su parte, Walter Díaz (34), sindicado como líder de la banda; Miguel Pereyra Retamal (24); y Ramiro Cáceres, que cuando ocurrió el hecho tenía 18 años recién cumplidos y fue señalado como quien disparó el arma homicidia, serán juzgados por jurado popular en julio próximo, puesto que así lo solicitaron junto a sus defensores.

En el caso de los condenados la semana pasada, habían elegido el juicio técnico y el Tribunal Oral en lo Criminal n.° 1 de San Nicolás hizo lugar al planteo de la fiscala María Verónica Marcantonio, que los acusó de formar parte de una banda que urdió un plan coordinado para cometer el asalto en cuyo marco mataron al comerciante.

César Butara fue asesinado el 20 de febrero de 2024 por la mañana en su casa ubicada en una zona de quintas de Ramallo. Los delincuentes irrumpieron en la vivienda.

La esposa de Butara, que tenía 57 años, abrió la puerta de su casa alrededor de las 8.00 de la mañana de ese lunes y fue sorprendida por los ladrones, que la amenazaron a punta de pistola.

Cuando entraron a la casa, la mujer gritó y su esposo, que estaba cambiándose para ir a trabajar, corrió hasta el living. Allí recibió un disparo por parte de uno de los delincuentes, que accionó el arma de fuego que portaba sin dudar. La bala dio en el pecho de Butara, que murió en el acto.

Los delincuentes, tras cometer el asesinato, redujeron al resto de la familia, revisaron toda la casa en busca de dinero y destruyeron algunos de los teléfonos celulares que había. 

Del lugar huyeron con una suma cercana al millón de pesos, entre moneda argentina y dólares, en una moto Honda XR 150 del hijo de la víctima.

Fueron apresados en un asentamiento precario de Villa Ramallo conocido como barrio La Laguna. La investigación llegó a ellos por el rastro de uno de los teléfonos celulares que no habían destruido. 

En un descampado cercano hallaron la moto, que habían intentado incendiar, más una cartera con ropa, documentación y otros efectos personales de Butara.

Durante el transcurso del proceso penal, allegados a uno de los ahora condenados a 20 años de prisión aseguraron que él no tenía por qué pagar por el crimen,

Consideraban que era "culpable hasta cierto punto", en la medida en que reconocían su participación en la banda pero señalaban que al no haber sido el que accionó el arma no deberían darle la misma cantidad de años de cárcel que a quien disparó.

Sin embargo, el Código Penal es claro al respecto: considera partícipe necesario a quien haya hecho un "aporte esencial" para la comisión del delito en cuestión y establece que la pena es la misma para quien, como en este caso, disparó el arma homicida como para los cómplices que integraron la banda, planificaron el robo y lo cometieron, cada uno con el rol asignado.

Comenzó el ofrecimiento de pruebas camino al juicio por la muerte de Marcel Xavier González Jorge, por la que está imputada por homicidio agravado por el vínculo y permanece detenida con prisión preventiva Maricel "Pili" Solís.

El Tribunal de Casación rechazó el recurso de queja interpuesto por la abogada Antonela Travesaro, nueva defensora particular de la acusada, y ratificó que habrá juicio oral y público por el caso, confirmó a La Opinión la abogada que representa a la familia de Marcel, Sofía Sanjurjo.

Travesaro había atacado el auto de elevación a juicio de la causa, pero el Tribunal decidió seguir adelante como hasta ahora, por lo que habrá debate y, de acuerdo a lo solicitado por la imputada, será con jurado ciudadano.

Marcel Xavier González Jorge fue hallado en una finca de ruta 191 en un verdadero baño de sangre el 9 de junio de 2024. Pili Solís dijo que habían consumido hongos alucinógenos, que salió a caminar y al regresar lo encontró muerto.

La Justicia caratuló la causa como homicidio agravado por el vínculo, una calificación penal que sólo prevé una pena posible en caso de condena: prisión perpetua.

Marisel "Pili" Solís aguarda la fecha del juicio por jurados en el que irá al banquillo de los acusados imputada por homicidio agravado por el vínculo en relación a la muerte de Marcel Xavier González Jorge, el uruguayo de 33 años hallado en un verdadero baño de sangre en una finca de ruta 191 el 9 de junio de 2024.

Mientras tanto, la dueña del campo Sonho Verde permanece detenida y cambió de abogados. El reconocido penalista nicoleño Gustavo Moreno dejó la causa y en su lugar fue designada Antonela Travesaro.

Se trata de una abogada rosarina que integra un estudio cuyos miembros forman parte de Inocente Colectivo, una ONG que defiende efectivos de las fuerzas de seguridad y que cuestiona, en general, la labor de la perito Virgina Creimer, contratada por la familia de Marcel. 

La defensa de la acusada sostiene su inocencia y llegará al juicio con una serie de planteos en ese sentido. Además, reúne elementos de las pericias practicadas desde que el cuerpo fue hallado sin vida para persuadir al jurado ciudadano y evitar una condena que, por el tipo de delito, sólo podría tener pena de prisión perpetua.

La última de las pericias disponibles sobre las que la defensa se apoya para sostener la inocencia de Solís está relacionada con el cuchillo que fue hallado en la escena del crimen cuando Policía Científica relevó el lugar bajo las órdenes de la fiscala María del Valle Viviani, que intervino inicialmente en la causa.

Para esa pericia se utilizaron muestras de sangre extraídas a Solís y tomadas de prendas de vestir; muestras de Marcel; y el arma, un cuchillo de  14 centímetros de longitud y dos centímetros de ancho, con mango de hueso.

De todo ello se extrajeron muestras de ADN que fueron cotejadas. En el cuchillo obtuvieron un perfil masculino coincidente con la muestra de Marcel Xavier González Jorge, según señala el informe del perito genetista César Guida, del laboratorio de genética forense, que tiene fecha de noviembre de 2025.

"Es aproximadamente 29 mil cuatrillones de veces más probable hallar estos resultados si el material biológico de la muestra" del cuchillo proviene de la de Marcel que "si proviniese de un individuo al azar no relacionado genéticamente" con él, dice el informe.

El juicio oral y público por el asesinato de Marcel Xavier González Jorge, el uruguayo que fue encontrado en un verdadero baño de sangre en una finca de ruta 191, será bajo la modalidad de jurado ciudadano y tendrá en el banquillo a la única imputada, su entonces pareja Marisel "Pili" Solís.

Antes de que el Tribunal disponga la fecha del debate, la acusada cambió de abogados. El reconocido penalista Gustavo Moreno ya no la representa y al juicio irá con el patrocinio legal de una abogada rosarina, inscripta en la matrícula del Colegio de San Nicolás.

Se llama Antonela Travesaro, es graduada de la UNR (2009) y diplomada en Criminalística. Forma parte de un estudio dedicado a casos penales junto a Rodrigo Mazzuchini y Yamile Abdul Al.

La elección de esta abogada no parece casual: Travesaro y Mazzuchini son directores jurídicos de Inocente Colectivo, una ONG rosarina que interviene en casos de personas "injustamente encarceladas", aunque en la mayoría son imputados relacionados a las fuerzas de seguridad.

Inocente Colectivo es punta de lanza de los cuestionamientos hacia Virginia Creimer, la reconocida especialista en medicina legal que intervino en múltiples casos de violencia institucional, entre ellos el de Luciano Arruga, y cuyo trabajo permitió condenar a muchísimos policías y otros miembros de las fuerzas de seguridad.

Virginia Creimer es la perito de parte que la familia de Marcel contrató para revisar la autopsia y echar por tierra la versión inicial que había instalado la sospecha de un suicidio. 

La pericia, firmada por Creimer y por el jefe de los peritos forenses del Departamento Judicial, concluyó que a Marcel lo mataron y permitió la detención de Solís para llevarla a juicio.

A Creimer la cuestionaron por "pericias militantes". Desde Inocente Colectivo la señalan por intervenir en "causas armadas contra policías". La perito es una de las primeras del país especializadas en análisis de torturas y tiene una larga trayectoria reconocida en el mundo.

La familia de Marcel contrató a Creimer para la pericia y la abogada Sofía Sanjurjo, que los representa en la causa, la llevará como testigo por esa pericia, pero además contará con otros peritos para analizar la autopsia y reforzar lo que todos consideran que está claro: Marcel no se provocó las lesiones que le causaron la muerte, sino que fue asesinado.

Griselda Fasce fue declarada "no culpable" por el jurado ciudadano del homicidio de su marido, Ángel Cañete, en el juicio que tuvo lugar la semana pasada en los Tribunales de San Nicolás.

Este sábado en Sin Galera, su abogado defensor, Sebastián Félix, aseguró que en todo el proceso judicial contra la mujer "no se pudo probar absolutamente nada" que la vinculara con el delito de homicidio y que Cañete "se autoinfligió" las lesiones que luego le provocaron la muerte.

"Es inexplicable cómo la causa fue elevada a juicio", consideró Félix, puesto que en enero de 2023, cuando la Cámara de Apelaciones revocó la prisión preventiva, "dejó claro que no había ningún elemento de prueba" contra ella.

Félix recordó que la Cámara cuestionó que no se haya practicado autopsia sobre el cuerpo de Cañete. "Lo que es inexplicable. Ni siquiera hicieron un examen externo del cadáver", señaló.

"La víctima le dijo a tres médicos de San Pedro que él se había causado las lesiones, eso lo declararon los médicos y después dijeron que les perecía raro, pero ellos no son médicos legistas como para determinar con certeza", repasó el abogado.

Griselda Fasce declaró en el juicio ante el jurado ciudadano y respondió todas las preguntas de Fiscalía. Tras los alegatos y la deliberación, el presidente del jurado anunció el veredicto: no culpable, por lo que quedó libre de culpa y cargo.

La decisión es irrecurrible, por lo que el jueves, tras el anunció del jurado ciudadano, la causa quedó sellada. Sin elementos suficientes de prueba para considerar que ella mató a Ángel Cañete, Griselda Fasce quedó absuelta.

Tras dos intensas jornadas de debate oral y público, Griselda Fasce fue declarada "no culpable" del homicidio de Ángel Cañete, su expareja, del que estaba acusada.

El jurado ciudadano no halló suficientes los elementos probatorios presentados por la fiscala Viviana Ramos y se inclinó por la inocencia de la acusada, que llegó al juicio en libertad.

Así, Fasce resultó absuelta y sin responsabilidad penal alguna sobre la muerte de su expareja, quien falleció casi un mes después del confuso episodio en el que resultó herido en una pierna por un arma blanca cuyos cortes dañaron la arteria femoral.

El beneficio de la duda favoreció a Fasce, puesto que no se pudo establecer con precisión qué ocurrió aquel sábado 6 de noviembre de 2021, luego de que ambos regresaran de un cumpleaños de 15 tras una discusión.

Ángel Cañete fue socorrido por vecinos de la zona de Yirigoyen al 600, donde convivía con Fasce. Había salido a la vereda con un torniquete practicado con un cinturón para detener una hemorragia producida por un corte en la arteria femoral.

Cañete nunca pudo declarar. Trasladado a de urgencia al Hospital, fue internado en terapia intensiva y luego derivado a San Nicolás. Alrededor de 20 días después del hecho, murió.

Este martes al mediodía comienza en San Nicolás el juicio por jurados contra Griselda Fasce, acusada de homicidio por la muerte de su pareja, Ángel Cañete.

Fasce pidió, a través de la defensa particular que la asiste, someterse a jurado ciudadano. Así, serán los 12 vecinos de la región convocados para la fecha quienes definan si es culpable o inocente.

Si la declaran culpable, algo que sólo podría suceder con el voto unánime del jurado, la única pena posible es la prisión perpetua, puesto que está acusada de homicidio agravado por el vínculo.

La fiscala Viviana Ramos adelantó a La Opinión semanas atrás que será un juicio complicado, puesto que con los elementos de prueba obrantes en la causa deberá persuadir al jurado acerca de la culpabilidad de Fasce.

Por su parte, la defensa procurará sembrar la duda en el jurado. Si sólo uno de ellos no está convencido de que Fasce mató a Cañete, será declarada inocente, de acuerdo a la normativa que rige este tipo de juicios.

Griselda Fasce y Ángel Cañete eran pareja. Vivían juntos en una casa que alquilaban en Hipólito Yirigoyen al 600. En la vereda de esa vivienda lo vieron vecinos pidiendo auxilio, con un cinturón atado a una pierna y con el que intentaba detener una hemorragia producida por un corte con un arma blanca.

Una ambulancia lo trasladó de urgencia al Hospital. Había sufrido una lesión en la arteria femoral de la pierna derecha y otras dos heridas cortantes, en tobillo y rodilla. Murió casi 20 días después en el sanatorio de la UOM, en San Nicolás.

La investigación de Fiscalía, a cargo de Viviana Ramos, logró reunir elementos de prueba suficientes como para acusar a Griselda Fasce, su pareja, de homicidio. En septiembre de 2022, a casi un año del hecho, la Justicia ordenó detenerla.

Vecinos habían asegurado que escucharon gritos y que las discusiones en la pareja eran habituales. Ese día habían compartido un cumpleaños de 15 de una sobrina en un campo, de donde se fueron a su casa tras discutir.

El abogado de Fasce logró que en enero de 2023 ella recupere la libertad, puesto que la Cámara de Apelaciones de Trenque Lauquen, que subrogaba a la de San Nicolás por la feria judicial, revocó la resolución que le había dictado la prisión preventiva.

La defensa sostiene que Griselda Fasce es inocente y que Fiscalía no podrá probar siquiera que ella estuviera presente en la vivienda al momento en que Cañete resultó herido con un cuchillo.

Para Ramos, los elementos de prueba serían suficientes como condenarla por homicidio agravado por el vínculo, es decir a prisión perpetua. 

La decisión la tomará el jurado ciudadano. “Va a quedar en ellos ver qué resuelven. Esto se da en un dormitorio, con una versión y otra. La víctima nunca pudo hablar, nunca pudo dar testimonio de lo que sucedió”, señaló la titular de UFI 11.

La fiscal Viviana Ramos anunció en Sin Galera que después de Semana Santa se realizará el juicio por jurado de Griselda Fasce, imputada del homicidio de Ángel Cañete, ocurrido el 6 de noviembre de 2022.

Ramos indicó que durante la etapa se probará si la muerte de Cañete se produjo por autolesiones o si fue Fasce quien las produjo.

Aquel día Cañete y Fasce habían compartido un almuerzo familiar, motivado por el cumpleaños de 15 de una sobrina. Allí la pareja discutió por unas bromas que hizo él y se retiraron a su casa.

La Opinión consignó, por entonces, que los vecinos contaron que escucharon gritos desde adentro de la casa, provenientes de una discusión entre ambos. “A él lo vieron en la calle pidiendo auxilio, con un cinturón en la pierna, intentando detener una hemorragia producida por un corte con un arma blanca. Un vecino lo ayudó y convocaron a una ambulancia del SAME, que lo trasladó al Hospital”.

La lesión de Cañete fue letal por un corte que recibió en la pierna derecha, además de otras dos heridas cortantes en el tobillo y la rodilla que le produjeron una importante pérdida de sangre.

Casi un año después de la muerte de Cañete, en septiembre de 2022 fue detenida Griselda Fasce, sospechada de haber tenido responsabilidad en las lesiones de su pareja, que le provocaron la muerte, que finalmente ocurrió 20 días después en el Sanatorio de la Unión Obra Metalúrgica (UOM), de San Nicolás.

Luego, en enero de 2023, Fasce recuperó la libertad, a la espera del juicio que se cumplirá en los próximos días.

El profesor de la escuela Agraria Nicolás Pérez, declarado culpable de abuso sexual contra alumnas de la escuela Agraria, fue detenido este miércoles en el marco de la audiencia de cesura citada para definir la pena de cárcel que le tocará cumplir.

La fiscala Viviana Ramos y el representante de las familias de las víctimas, Fernando Nouet, pidieron 25 años de prisión para Pérez, mientras que la defensa solicitó que le retiren los cargos por abuso sexual con acceso carnal.

El Tribunal dará a conocer la sentencia el lunes.

Los jueces consideraron que el estado de inocencia que planteó la defensa y que le permitió llegar al juicio —y retirarse de él— en libertad está "notablemente comprometido" por la declaración de culpabilidad por parte del jurado.

Además, teniendo en cuenta que la pena mínima que se podría imponer es de 8 años, ordenaron detenerlo de inmediato para que aguarde en esa condición la decisión respecto de qué pena le impondrán por los delitos que le endilgan.

Por unanimidad de sus 12 integrantes, el jurado lo halló culpable de un caso de abuso sexual con acceso carnal, tres de abuso sexual simple y uno de intento de abuso, todos agravados por su condición de docente y por haber sido cometidos dentro del establecimiento educativo.

Independientemente de la eventual solicitud de atenuación que pueda presentar la defensa, la Justicia ordenó detener a Pérez y alojarlo en una unidad penal del Servicio Penitenciario Bonaerense.

El miércoles a las 12.00 del mediodía se conocerá la condena que deberá cumplir el profesor de la escuela Agraria Nicolás Pérez, que el viernes fue declarado culpable de abusar sexualmente de cuatro alumnas.

Esste lunes la Justicia dispuso para esa fecha la denominada audiencia de cesura, en la que los jueces determinarán qué pena le toca al condenado por abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple, ambos delitos agravados por la condición de guarda que implica la docencia.

El abogado que acompañó a las familias de las víctimas, Fernando Nouet, explicó a La Opinión que Nicolás Pérez llegó al juicio en libertad por decisión del Juzgado de Garantías interviniente.

Por eso, al finalizar el juicio por jurados que lo declaró culpable, Pérez no quedó detenido, puesto que resta la decisión del Tribunal respecto de la condena que puede cumplir.

Esa condena, además, podrá ser apelada por la Defensa del docente, aunque en principio todo indica que, por la pena en expectativa que implican delitos como el abuso sexual con acceso carnal agravado, Pérez quedaría detenido tras la audiencia de cesura.

Nouet señaló que se espera una condena relevante, teniendo en cuenta que los juicios por jurados sólo tienen lugar cuando la pena en expectativa por los delitos que se juzgan superan los 15 años de prisión.

Desde que el viernes fue declarado culpable de abusar sexualmente de cuatro alumnas de la escuela Agraria, el profesor Nicolás Pérez permanece en libertad a la espera de que el Tribunal establezca la condena que deberá cumplir.

Se espera que este lunes la Justicia disponga la fecha de la denominada audiencia de cesura, en la que los jueces determinarán qué pena le toca al condenado por abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple, ambos delitos agravados por la condición de guarda que implica la docencia.

El abogado que acompañó a las familias de las víctimas, Fernando Nouet, explicó a La Opinión que Nicolás Pérez llegó al juicio en libertad por decisión del Juzgado de Garantías interviniente.

Por eso, al finalizar el juicio por jurados que lo declaró culpable, Pérez no quedó detenido, puesto que resta la decisión del Tribunal respecto de la condena que puede cumplir.

Esa condena, además, podrá ser apelada por la Defensa del docente, aunque en principio todo indica que, por la pena en expectativa que implican delitos como el abuso sexual con acceso carnal agravado, Pérez quedaría detenido tras la audiencia de cesura.

Nouet señaló que se espera una condena relevante, teniendo en cuenta que los juicios por jurados sólo tienen lugar cuando la pena en expectativa por los delitos que se juzgan superan los 15 años de prisión.

El profesor de la escuela Agraria Nicolás Pérez fue declarado culpable de abuso sexual con acceso carnal y de abuso sexual simple contra alumnas de ese establecimiento educativo en un juicio por jurado que se desarrolló durante jueves y viernes.

Las familias de las víctimas contaron con el acompañamiento del abogado Fernando Nouet, que las representó como particulares damnificadas durante el proceso penal que desembocó en la condena de la que pronto se sabrá la pena de cárcel que deberá cumplir el docente abusador.

Este sábado, en Sin Galera, Nouet analizó el proceso, destacó la tarea de la fiscala Viviana Ramos y la valentía de las chicas para radicar la denuncia, sostener la acusación y atravesar los tres años que demoró el trámite de la causa.

En ese marco, el abogado cuestionó al sistema educativo por el caso, aunque destacó que la inspectora a cargo le aseguró que en 22 años de carrera nunca  había vivido una situación similar.

"Un solo perverso en el  medio del plantel puede provocar lo que provocó", señaló Nouet y analizó: "Hubo un descuido del parte del sistema educativo".

"El perverso no te demuestra que malo, tiene imagen de bueno. Entonces, en el deber de cuidado que tienen los directivos, se deben extremar las medidas hasta el final", señaló y ejemplificó: "Si se aconseja que un baño que está destinado a adultos no es para los chicos y que esté cerrado con llave, hay que cumplirlo".

Además de los casos denunciados por familiares de la escuela Agraria hubo uno en la escuela Industrial, cuya denuncia fue radicada por la vicedirectora al conocer los hechos del otro colegio.

Había un acta labrada sobre una situación extraña y la vicedirectora convocó a la madre de la chica, a quien la situación no le había parecido de gravedad en un principio. La docente le advirtió que haría la denuncia y así lo hizo.

Ahora se espera que la Justicia fije la fecha para la audiencia en la que se establecerá qué condena le cabe al profesor Nicolás Pérez por abuso sexual agravado, un delito que establece penas importantes.

Tan es así, que el ahora condenado eligió ir a juicio con jurado ciudadano, una opción que sólo es posible cuando la pena en expectativa es superior a los 15 años de prisión.

El profesor de la escuela Agraria Nicolás Pérez fue declarado culpable de abuso sexual por voto unánime del jurado ciudadano que tuvo a su cargo el juicio al que fue sometido tras ser denunciado por cinco alumnas de ese establecimiento escolar.

Durante el proceso que lo llevó al banquillo de los acusados, la Justicia decidió sobreseerlo en dos del total de siete denuncias radicadas en su contra y proseguir con las otras cinco.

Los vecinos de la región que oficiaron de jurado consideraron en su veredicto que el docente es responsable penalmente de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y daño psicológico contra una de las chicas, y de abuso sexual simple por las otras cuatro.

Las calificaciones penales fueron agravadas por las responsabilidades de guarda que tenía sobre las adolescentes, puesto que los hechos denunciados ocurrieron dentro de la institución ubicada en la colectora de ruta 9, en inmediaciones de Río Tala. 

También lo denunciaron por un hecho que ocurrió en la escuela Industrial, por lo que en el debate estuvieron citados a declarar docentes y directivos de ese colegio.

El juicio comenzó el jueves y terminó este viernes, con una importante ronda de testigos a los que el jurado escuchó con atención durante ambas jornadas. 

Tras los alegatos, se reunieron para deliberar durante casi dos horas y resolvieron, por unanimidad, declarar culpable a Pérez.

Ahora, el Tribunal deberá analizar qué condena le impone. El juicio por jurados es un derecho que tiene el imputado cuando la pena en expectativa es superior a los 15 años, por lo que se espera que la sentencia implique una severa condena de prisión efectiva para el acusado.

Se desarrolla este viernes en San Nicolás la segunda jornada del juicio contra el profesor de la escuela Agraria Nicolás Pérez, acusado de abuso sexual contra cinco alumnas de ese establecimiento educativo, en uno de los casos con acceso carnal.

Durante la primera jornada declararon docentes —personal de la escuela Industrial y de la Agraria—, efectivos policiales y otros testigos relacionados con el proceso judicial y durante este viernes se espera la ronda más importante de testimonios.

Está previsto que se lean las declaraciones en cámara Gesell de las víctimas, pero además prestarán testimonio al menos dos de ellas que ya son mayores de 16 años y pueden hacerlo ante el jurado.

De la misma manera, declararán familiares y el personal profesional que participó de las declaraciones en cámara Gesell.

Tras los alegatos de Fiscalía y la Defensa —a quienes los jueces llamaron la atención por la manera en la que preguntaban a los testigos— el jurado ciudadano deliberará para dar su veredicto respecto de si Nicolás Pérez es culpable o inocente.

Llegó a juicio en libertad e imputado por un caso de abuso sexual con acceso carnal agravado por su condición de docente y daño psicológico, y cuatro de abuso sexual simple agravado.

El profesor de la escuela Agraria acusado de abusar sexualmente de alumnas de esa institución y de la escuela Industrial será sometido a juicio oral y público desde este jueves en San Nicolás.

Identificado como Nicolás Pérez, de 34 años cumplidos el 10 de marzo pasado, eligió el juicio por jurados, modalidad posible cuando la pena en expectativa, es decir la eventual condena en caso de ser hallado culpable, supera los 15 años de prisión.

De las siete denuncias iniciales, fue sobreseído en dos y enfrentará al Tribunal y al jurado ciudadano por cinco casos: cuatro por abuso sexual simple agravado por su condición de docente y el restante por abuso sexual con acceso carnal cometido dentro de la institución educativa y agravado por haber causado daño psíquico en la víctima.

Las audiencias serán largas. El jurado fue citado y deberán estar, al igual que el acusado, los testigos, las familias de las víctimas junto a las que decidieron estar presentes y que, además, pidieron que el imputado también lo haga.

Al comenzar la primera jornada, deberán explicarles al jurado las particularidades de la escuela Agraria —también hay un caso del Industrial—, sobre todo porque en ese establecimiento ubicado en la colectora de ruta 9 ocurrió el hecho con acceso carnal del que el docente está acusado.

Además, entre las declaraciones que se escucharán en el juicio figuran las del personal profesional de la Asesoría Pericial que tuvo a su cargo tomar los testimonios bajo sistema de cámara Gesell de las adolescentes, que eran menores de edad al momento de la denuncia.

En la instrucción de la causa, la perito oficial psicóloga que asistió a la víctima del abuso con acceso carnal consideró que había evidencias compatibles con una situación de esas características tales como autolesiones, ideas suicidas, angustia, cambios de ánimo, aislamiento y trastornos alimenticios.

En general, las víctimas señalaron que el docente las acosaba sexualmente de manera verbal y a todas llegó a tocarlas por encima de la ropa en sus zonas íntimas. Varias dejaron asentado que las “apoyaba” cuando les enseñaba a usar la carretilla, “de manera libidinosa, con sus genitales”, según obra en el expediente.

El hecho más grave ocurrió cuando una de las chicas pidió ir al baño y le dijo que fuera al de docentes, para meterse detrás de ella, cerrar la puerta e impedirle la salida. 

La joven denunció que la tocó, le desprendió el pantalón y se lo bajó junto con la ropa interior. La hizo apoyar con ambas manos sobre la pileta, le tapó la boca con las manos e intentó accederla, aunque sin éxito.

Al no poder lograr su cometido, hizo que le practique sexo oral, tomando la cabeza de ella y empujándola hacia abajo. Alguna vez le había dicho, mientras ella tomaba mates, si no quería ir un día a su casa a “tomar de otra bombilla”.

Ella logró escapar del baño sin llamar la atención sobre lo ocurrido. Eso ocurrió en mayo de 2022. La joven comenzó a ser víctima de bullying, lo que derivó en crisis de angustia, ataques de pánico y hasta autolesiones, lo que implicó atención psiquiátrica y medicación.

Insinuaciones inapropiadas, abrazos, manoseo de sus partes, miradas libidinosas de sus cuerpos, apoyo de los genitales por detrás, pellizcos al pasar forman parte de los relatos de las chicas.

Además, hay al menos dos adolescentes que denuncian que las acosó por WhatsApp y que las invitó a verse fuera de la escuela. A una de ellas le ofreció llevarla a su casa en el auto y aunque ella se negó, dio la vuelta manzana para insistir.

Otra contó que le envió tareas por WhatsApp y luego la invitó a salir los fines de semana, de manera insistente. Aunque la chica lo bloqueó, el profesor intentó contactarla por otra red social. 

En una oportunidad, dentro de la escuela, cuando ella fue a lavarse las manos a la cocina él intentó besarla. La chica lo empujó y le pidió que no la molestara más.

Denuncias, declaraciones testimoniales, pericias psicológicas, informes victimológicos, declaraciones en cámara Gesell e informes del Servicio Local de menores obran en el expediente judicial.

Al momento de prestar declaración indagatoria, Nicolás Pérez se declaró inocente. “No conozco esos sucesos”, dijo. Aseguró que siempre siguió “los protocolos” docentes establecidos en cada institución y que implican la “ética personal”.

Sostuvo que en ningún momento estuvo a solas con ningún alumno, porque sus materias de taller o en el campo son en ámbitos laborales donde se necesitan herramientas y con grupos de 15 alumnos. 

Respecto del uso de la carrretilla, dijo que siempre se muestra la tarea una sola vez frente a todos los estudiantes y que “correcciones personales no hay”.

Sobre la víctima de abuso sexual con acceso carnal, dijo que hay cuatro actas en la escuela que ella llevó en su cuaderno de comunicaciones relacionadas con “actitudes sexuales” de la propia estudiante que “se manoseaba” con los compañeros. Aseguró que en esas actas aparecen no sólo esa alumna sino otra chica y al menos tres varones, y que sospecha que lo denunciaron “en venganza” por esos informes.

Negó la acusación sobre acoso e insinuaciones libidinosas por WhatsApp y dijo que sólo mantenía comunicaciones por ese medio en pandemia.

Dijo que durante ocho años trabajó con adolescentes y que no entiende por qué lo acusan de hechos de estas caractérísticas. Señaló que podría ser por “la frustración que sienten por algo que quieren o que desean” y que él ha llegado a ser “condfidente de muchos e idolatrado por otros”, por lo que algunos podrían querer “volcar su enojo contra él”.

Para la sociedad resulta incomprensible: una persona desangrada y golpeada con una maza, cinco personas acusadas —dos de ellas con las armas letales— y todos liberados por un jurado popular. 

Ese fue el resultado del juicio por el crimen de Adolfo Vallejos, ocurrido en mayo del año pasado. Todos absueltos. Todos “no culpables”. Un homicidio impune.

La única voz que reclamó y sin recursos económicos para hacerlo fue la de la hermana de Adolfo. 

Norma confió en que el sistema judicial lograría finalmente condenar a quien o quienes asesinaron de manera salvaje al hombre que hasta aquella trágica noche, habitaba una vivienda que Ricardo Ontivero reclamaba como propia.

Hubo amenazas previas, situaciones confusas y discusión por la propiedad, pero nadie imaginaba el desenlace. 

Desde el minuto uno la fiscalía a cargo de Viviana Ramos caratuló el hecho como “un homicidio agravado por promesa remuneratoria”. 

El fiscal que la reemplazó camino al juicio, Vicente Gómez, continuó con la misma imputación y con todos los acusados detenidos terminó acordando un jucio abreviado que no fue aceptado por la familia y así derivó en la resolución del veredicto ante un jurado popular.

Ricardo Ontivero, Jesús Montaldi, Matías Tesey, Carlos Martínez y Juan Juárez fueron absueltos, tres de ellos festejaron la liberación frente al escenario del crimen.

El defensor oficial Joaquín Castro asistió a dos de los acusados por el homicidio de Adolfo y el sábado respondió a las preguntas en el programa Sin Galera. Lejos de mostrarse victorioso con la liberación de sus representados, invitó a la reflexión.

Explicó que el sistema de jurados en la provincia de Buenos Aires tiene ciertas particularidades que pueden llevar a la absolución si la acusación no es sólida. 

Este es el caso: la Fiscalía no pudo probar el homicidio agravado por promesa remuneratoria y esa es la clave para generar dudas en el jurado sobre la quien había sido finalmente el autor del crimen.

"Ahí hubo un exabrupto de una de las persona que fue que estaba en ese lugar y ese exabrupto se llevó la vida de una persona". 

Hay que recordar que durante el juicio hubo confrontación entre dos de los presuntos ejecutores: el que tenía la maza y el que empuñaba el arma blanca con la que le perforaron el cuello. 

Tampoco se pudo probar que haya habido dinero de por medio, aunque tres de los cinco acusados contaban con patrocinio letrado particular y una estrategia que incluso les permitió cercar el terreno que estaba en disputa y que contaba con documentación respaldatoria que el mismo Ontivero le mostró a la policía la noche del crimen, con pretensión de recuperarlo en ese mismo momento.

“Evidentemente acá tiene un caso impune y eso no es lo que se buscaba”, expresó Castro para reconocer que el o los autores materiales no pagarán por ese delito.

Castro destacó que tampoco se pudo demostrar que había intención de matar, que fue "un exabrupto", un exceso en manos de sus defendidos, aunque al mismo tiempo reconoció que el mensaje del fallo es "difícil de interpretar" y deja a la población con la sensación de que hubo impunidad.

El jurado ciudadano que tuvo la responsabilidad de definir el destino de los acusados por el asesinato de Adolfo Vallejos, ocurrido en mayo del año pasado en Villa Igoilló, dudó de las acusaciones y las pruebas, por lo que declaró “no culpable” a los cinco imputados.

Marta Vallejos, hermana del hombre que murió desangrado en la casa que habitaba en Molina y Gardel, habló el sábado en Sin Galera. Es jubilada y se le dificultaba viajar hasta San Nicolás para escuchar el veredicto. Se enteró al otro día.

“Quedaron todos sueltos. No mataron un animal, mataron una persona”, se quejó Marta Vallejos.

"Estos asesinos lo sacaron de adentro de la casa, le pegaron mazazos en la cabeza y lo degollaron", dijo la hermana sobre lo ocurrido aquel sábado 13 de mayo del año pasado.

Así como relató la mujer fue la secuencia de los hechos que se pueden leer en el expediente de la causa por la que durante un año y medio estuvieron detenidos los acusados, que festejaron la decisión del jurado popular.

La mujer deslizó sospechas de posible influencia del poder económico del principal acusado, Ricardo Ontivero, que no es ni más ni menos que la persona que la misma noche del crimen se presentó, con unos papeles en mano, para reclamar la propiedad en la que Vallejos tenía su vivienda.

Tanto Ontivero como Jesús Montaldi, Matías Tesey, Carlos Martínez y Juan Juárez fueron absueltos y quedaron en libertad.

“Ese señor debe haber pagado a todo el mundo para poder salir suelto él y los cómplices. Y como yo soy una persona jubilada, estoy enferma y estoy sola, no puedo hacer absolutamente nada”, se quejó la hermana de la víctima

Marta también advirtió por el funcionamiento de la Justicia, que puso en libertad a quienes participaron de un hecho cuyo resultado fue una persona muerta. Hay cadáver, hay criminales, pero son “no culpables”.

Durante el juicio, los abogados defensores sembraron la duda en el jurado ciudadano, que tenía que decidir entre condenar a todos por “homicidio por encargo”, a Tesey o a Martínez por “homicidio simple” o no condenar a nadie, que fue lo que finalmente hicieron.

"Salen ahora y después van a matar a otra persona y van a usurpar otras casas y así, y así todo continuamente. No hay justicia en San Pedro ni en San Nicolás, no hay justicia", se quejó Marta.

La hermana de Vallejos se había opuesto al juicio abreviado que el fiscal Vicente Gómez —que subrogó a Viviana Ramos, quien instruyó la causa— había acordado con la defensa. Por eso, el caso llegó al juicio por jurados, donde finalmente todos fueron absueltos.