Este viernes al mediodía,  el Tribunal Oral en lo Criminal de San Nicolás dio a conocer las penas correspondientes al segundo juicio por el asesinato del abogado y comerciante de Ramallo César Butara.

Walter Díaz, sindicado como líder de la banda, y Ramiro Cáceres, señalado como el autor del disparo homicida, fueron condenados a prisión perpetua tras ser hallados culpables por el jurado ciudadano.

Miguel Pereyra Retamal, por su parte, recibió una pena de 28 años de prisión efectiva, luego de que Fiscalía y querella pidieran 37 años para él en la audiencia de cesura, que tuvo lugar la semana pasada. 

En marzo pasado habían sido condenados a 20 años de prisión José “Toti” Pereyra Retamal y Facundo Gómez, quienes eligieron un juicio técnico.

En la primera audiencia, el Tribunal rechazó el planteo de la Defensoría Oficial que pidió la suspensión del juicio por una pericia que estableció que Cáceres, que tenía 18 años al momento del hecho y es señalado como el ejecutor del disparo homicida, carece de entendimiento para enfrentar la causa.

Ramiro Cáceres tiene una disminución intelectual que le impide procesar pensamiento abstracto, establecieron en la entrevista a cargo de personal de Adajus, el programa de asistencia a las personas con discapacidad en conflicto con la Justicia.

Durante el debate pasaron testigos  y peritos que alimentaron la teoría de que si bien Cáceres no sabe leer ni escribir y posee algún grado de discapacidad intelectual, sí comprende la criminalidad de sus actos.

En su declaración, Walter Díaz reconoció el hecho y asumió responsabilidades como jefe de la banda, aunque aseguró que no habían  ido con la intención de matar a nadie. Dijo que ni siquiera habían hecho tareas de planificación previa y que entraron a la casa de Butara al azar, porque les llamó la atención.

César Butara fue asesinado el 20 de febrero de 2024 por la mañana en su casa ubicada en una zona de quintas de Ramallo. Los delincuentes irrumpieron en la vivienda.

La esposa de Butara, que tenía 57 años, abrió la puerta de su casa alrededor de las 8.00 de la mañana de ese lunes y fue sorprendida por los ladrones, que la amenazaron a punta de pistola.

Cuando entraron a la casa, la mujer gritó y su esposo, que estaba cambiándose para ir a trabajar, corrió hasta el living. Allí recibió un disparo por parte de uno de los delincuentes, que accionó el arma de fuego que portaba sin dudar. La bala dio en el pecho de Butara, que murió en el acto.

Los delincuentes, tras cometer el asesinato, redujeron al resto de la familia, revisaron toda la casa en busca de dinero y destruyeron algunos de los teléfonos celulares que había.

Del lugar huyeron con una suma cercana al millón de pesos, entre moneda argentina y dólares, en una moto Honda XR 150 del hijo de la víctima.

Fueron apresados en un asentamiento precario de Villa Ramallo conocido como barrio La Laguna. La investigación llegó a ellos por el rastro de uno de los teléfonos celulares que no habían destruido.

En un descampado cercano hallaron la moto, que habían intentado incendiar, más una cartera con ropa, documentación y otros efectos personales de Butara.

El jurado ciudadano halló culpables a los tres acusados del crimen de César Butara en Ramallo que eligieron esa modalidad, de una banda que tenía en tota cinco integrantes, todos condenados.

Walter Díaz y Ramiro Cáceres, señalado como el autor del disparo que mató al reconocido abogado y comerciante ramallense, fueron condenados a prisión perpetua por el delito de homicidio criminis causae, es decir un asesinato cometido para consumar otro delito, en este caso el robo.

Miguel Pereyra Retamal, por su parte, fue condenado con un calificación penal menor, por lo que no recibirá pena de perpetua, aunque todo indica que cuando el Tribunal dé a conocer la sentencia le tocará una condena relevante.

En marzo pasado habían sido condenados a 20 años de prisión José "Toti" Pereyra Retamal y Facundo Gómez, quienes eligieron un juicio técnico.

En la primera audiencia, el Tribunal rechazó el planteo de la Defensoría Oficial que pidió la suspensión del juicio por una pericia que estableció que Cáceres, que tenía 18 años al momento del hecho y es señalado como el ejecutor del disparo homicida, carece de entendimiento para enfrentar la causa.

Ramiro Cáceres tiene una disminución intelectual que le impide procesar pensamiento abstracto, establecieron en la entrevista a cargo de personal de Adajus, el programa de asistencia a las personas con discapacidad en conflicto con la Justicia.

Durante el debate pasaron testigos  y peritos que alimentaron la teoría de que si bien Cáceres no sabe leer ni escribir y posee algún grado de discapacidad intelectual, sí comprende la criminalidad de sus actos.

Durante su declaración, Walter Díaz reconoció el hecho y asumió responsabilidades como jefe de la banda, aunque aseguró que no habían  ido con la intención de matar a nadie. Dijo que ni siquiera habían hecho tareas de planificación previa y que entraron a la casa de Butara al azar, porque les llamó la atención.

César Butara fue asesinado el 20 de febrero de 2024 por la mañana en su casa ubicada en una zona de quintas de Ramallo. Los delincuentes irrumpieron en la vivienda.

La esposa de Butara, que tenía 57 años, abrió la puerta de su casa alrededor de las 8.00 de la mañana de ese lunes y fue sorprendida por los ladrones, que la amenazaron a punta de pistola.

Cuando entraron a la casa, la mujer gritó y su esposo, que estaba cambiándose para ir a trabajar, corrió hasta el living. Allí recibió un disparo por parte de uno de los delincuentes, que accionó el arma de fuego que portaba sin dudar. La bala dio en el pecho de Butara, que murió en el acto.

Los delincuentes, tras cometer el asesinato, redujeron al resto de la familia, revisaron toda la casa en busca de dinero y destruyeron algunos de los teléfonos celulares que había.

Del lugar huyeron con una suma cercana al millón de pesos, entre moneda argentina y dólares, en una moto Honda XR 150 del hijo de la víctima.

Fueron apresados en un asentamiento precario de Villa Ramallo conocido como barrio La Laguna. La investigación llegó a ellos por el rastro de uno de los teléfonos celulares que no habían destruido.

En un descampado cercano hallaron la moto, que habían intentado incendiar, más una cartera con ropa, documentación y otros efectos personales de Butara.

El jurado popular declaró "no culpable" a Maricel "Pili" Solís, quien permanecía detenida desde hacía un año y medio acusada del homicidio de Marcel Javier González Jorge, el uruguayo que fue hallado en un verdadero baño de sangre en una finca de ruta 191.

Tras conocerse el veredicto de no culpabilidad, la abogada defensora de Solís, Antonela Travesaro, consideró que del debate se desprende que Marcel no fue asesinado.

La abogada sostuvo la teoría planteada por la defensa desde el inicio de las actuaciones respecto de que no hubo participación de terceros sino que las lesiones que presentaba el cuerpo de Marcel fueron autoinfligidas.

Aunque eso no es lo que el jurado tenía que determinar —su rol se limitó a establecer si Solís era culpable o no de homicidio calificado—, para Travesaro quedó demostrado que no hubo asesinato en el caso.

Durante las cuatro jornadas de debate, los testimonios presentados por la propia fiscalía —entre ellos el del doctor Monacci, encargado de practicar la autopsia, y el del médico legista doctor Serra— coincidieron en dictaminar que las 32 heridas detectadas en el cuerpo presentaban características de haber sido autoinfligidas.

Además, un informe complementario elaborado por tres médicas peritos de la ciudad de Junín convalidó las conclusiones de la operación de autopsia original.

Travesaro cargó, una vez más, contra la perito de parte Virginia Creimer, que firmó una pericia sobre la autopsia junto al jefe de la Asesoría Pericial de San  Nicolás, Manuel Caro, en la que establecieron que sí había signos participación de terceros, puesto que Marcel tenía heridas en las arterias yugular y femoral, ambas lesiones que producen la muerte de inmediato.

Para Travesaro, el informe de Craimer carecía de sustento científico al haber sido practicado en base a las fotografías de la escena en la que fue hallado Marcel.

Travesaro enfatizó que la perito enfrenta procesos por presunto falso testimonio e implantación de pruebas en otros casos en diversas jurisdicciones y aseguró que esta causa, como otras, estaba “armada”.

La abogada destacó que para el veredicto fueron de relevancia las pericias que establecieron que Solís no tenía la fuerza suficiente como para cometer un crimen de estas características y el hecho de que en el cuchillo hallado en la escena no había rastros de ella.

Comenzó este miércoles en San Nicolás el segundo juicio por el asesinato del reconocido abogado y comerciante de Ramallo César Butara, a quien un grupo de delincuentes de San Pedro, conocidos como "la banda de Walter Díaz", mató en su casa cuando entraron a robar.

En marzo pasado fueron condenados Facundo Gómez y José Pereyra Retamal, quienes recibieron una pena de 20 años de prisión en un juicio técnico. Los otros acusados habían elegido un juicio por jurados, que es el que se desarrolla esta semana.

Tras una larga etapa de selección del jurado popular, que llevó casi toda la mañana, pasadas las 13.30 comenzó en la sala de audiencias del Palacio de Tribunales el debate oral y público que juzga a Walter Díaz, Miguel Pereyra Retamal y Ramiro Cáceres.

El Tribunal rechazó el planteo de la Defensoría Oficial que pidió la suspensión del juicio por una pericia que estableció que Cáceres, que tenía 18 años al momento del hecho y es señalado como el ejecutor del disparo homicida, carece de entendimiento para enfrentar la causa.

Ramiro Cáceres tiene una disminución intelectual que le impide procesar pensamiento abstracto, establecieron en la entrevista a cargo de personal de Adajus, el programa de asistencia a las personas con discapacidad en conflicto con la Justicia.

Durante el debate pasarán testigos que durante que alimentarán la teoría de que si bien Cáceres no sabe leer ni escribir y posee algún grado de discapacidad intelectual, sí comprende la criminalidad de sus actos.

Durante su declaración, Walter Díaz reconoció el hecho y asumió responsabilidades como jefe de la banda, aunque aseguró que no habían  ido con la intención de matar a nadie.

Díaz relató que ni siquiera habían hecho tareas de planificación previa y que entraron a la casa de Butara al azar, porque les llamó la atención.

En su declaración señaló a Cáceres como el autor del disparo y dijo que no entendía por qué lo había hecho. Además, aseguró que lo habían llevado a Ramallo diciéndole que iban "a pasear".

Por su parte, Pereyra Retamal sostuvo que él no estaba en el lugar del hecho y la defensa planteó que su participación es "secundaria" respecto del asesinato.

Los dos condenados en juicio técnico previo fueron hallados culpables del delito de homicidio criminis causae, el tipo de asesinato que se comete para consumar otro delito, en este caso el robo. 

La defensa busca en el debate modificar esa calificación para los tres imputados que eligieron ser juzgados por jurado popular ciudadano.

La declaración de los familiares de César Butara fue un momento duro y emotivo de la primera jornada del juicio, sobre todo la participación de su mamá, que se quebró ante el Tribunal, el jurado y los imputados, a quienes pidió explicaciones e insultó.

La esposa relató cómo fue el asalto, cómo entraron los delincuentes y la golpearon. Su relato fue crudo y tensionó la sala. Al igual que su suegra, lloró mucho durante la declaración.

También pasaron por ante el Tribunal dos de los tres hijos adolescentes del matrimonio, entre otros testigos relacionados con los movimientos que se vieron en la zona de la casa donde ocurrió el hecho.

Para este jueves está prevista una larga lista de testigos y todo indica que el debate podría extenderse hasta el viernes.

Entre las declaraciones para la segunda jornada se encuentran la de personas que contribuyeron al secuestro del arma y a los allanamientos, vecinos de Pereyra Retamal, que es quien vivía en Ramallo, y personal de la Asesoría Pericial de Necochea convocado para este juicio.

César Butara fue asesinado el 20 de febrero de 2024 por la mañana en su casa ubicada en una zona de quintas de Ramallo. Los delincuentes irrumpieron en la vivienda.

La esposa de Butara, que tenía 57 años, abrió la puerta de su casa alrededor de las 8.00 de la mañana de ese lunes y fue sorprendida por los ladrones, que la amenazaron a punta de pistola.

Cuando entraron a la casa, la mujer gritó y su esposo, que estaba cambiándose para ir a trabajar, corrió hasta el living. Allí recibió un disparo por parte de uno de los delincuentes, que accionó el arma de fuego que portaba sin dudar. La bala dio en el pecho de Butara, que murió en el acto.

Los delincuentes, tras cometer el asesinato, redujeron al resto de la familia, revisaron toda la casa en busca de dinero y destruyeron algunos de los teléfonos celulares que había.

Del lugar huyeron con una suma cercana al millón de pesos, entre moneda argentina y dólares, en una moto Honda XR 150 del hijo de la víctima.

Fueron apresados en un asentamiento precario de Villa Ramallo conocido como barrio La Laguna. La investigación llegó a ellos por el rastro de uno de los teléfonos celulares que no habían destruido.

En un descampado cercano hallaron la moto, que habían intentado incendiar, más una cartera con ropa, documentación y otros efectos personales de Butara.

El jurado ciudadano del juicio por el caso Marcel declaró no culpable a Marisel “Pili” Solís, por lo que la acusada, que llegó al debate detenida con prisión preventiva desde diciembre de 2024, seis meses después de la muerte del joven uruguayo, recuperaba la libertad.

Los vecinos integrantes del jurado popular dieron su veredicto este jueves en la sala de audiencias del Palacio de Tribunales, luego de tres días de un debate que comenzó el martes, tras la selección que tuvo lugar el lunes.

La defensa de Pili Solís logró sembrar la duda entre el jurado respecto del homicidio y la presunta participación de la imputada que señaló en su acusación la Fiscalía.

“Mucha emoción. Se hizo justicia”, dijo a La Opinión la abogada de Pili Solís, Antonela Travesaro, tras el veredicto.

Los elementos de prueba y los alegatos del fiscal Vicente Gómez y de las abogadas Sofía Sanjurjo y Daiana Croizet, representantes de la familia de Marcel, no alcanzaron para persuadirlos respecto de la culpabilidad.

La abogada Antonela Travesaro, defensora particular de la imputada, sostuvo desde que asumió ese rol que la causa estaba “armada” y que todo lo que había en el expediente favorecía a su defendida.

Entre esos puntos destacó una pericia que indicaba que Solís no tenía la fuerza suficiente para cometer un crimen de esas características y la falta de huellas en el cuchillo hallado en la escena.

Solís, que llegó al juicio detenida, recuperaba su libertad luego del veredicto emitido por el jurado ciudadano que tuvo a su cargo ponderar las pruebas, testimonios y alegatos durante el juicio.

Marcel Xavier González Jorge, uruguayo de 33 años, fue hallado por la policía en un verdadero baño de sangre el 9 de junio de 204 en una de las habitaciones de la casa de la finca Sonho Verde, ubicada en inmediaciones del kilómetro 20 de la ruta 191.

Los efectivos habían llegado alertados por Marisel “Pili” Solís, que era su pareja. En su declaración, ella dijo que habían consumido hongos alucinógenos, que salió a caminar por el campo y que a su regreso del “viaje” de cucumelo, halló a Marcel sin vida.

En el lugar había gran cantidad de drogas y Solís fue aprehendida, acusada inicialmente de presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

A los pocos días fue liberada. El informe de la autopsia había señalado que todo indicaba que las lesiones que le causaron la muerte a Marcel habrían sido autoinfligidas.

Sin embargo, una pericia posterior firmada por la perito de parte Virginia Creimer y el jefe de la Asesoría Pericial de San Nicolás, el médico forense Manuel Caro, estableció que tuvo que haber participación de terceros.

Tras el debate del juicio oral y público, el jurado deliberó y consideró no culpable a Solís. Para condenarla era necesario unanimidad, puesto que la única pena posible en ese caso era la de prisión perpetua.

Se desarrolla en San Nicolás este martes la segunda jornada del juicio por jurados contra Marisel "Pili" Solís, acusada del asesinato de Marcel Xavier González Jorge, el uruguayo hallado en un verdadero baño de sangre en una fina ubicada en ruta 191.

El lunes tuvo lugar la selección de los jurados, 12 titulares y seis suplentes, que tendrán la responsabilidad de establecer si Solís es culpable o no del delito de homicidio agravado por el vínculo, una calificación que tiene como única pena posible la prisión perpetua.

Este martes, cuando comenzó el debate propiamente dicho, hubo incidentes tras los que solicitaron la intervención del Tribunal. Fue luego de los alegatos de apertura, en la que las partes expusieron sus planteos.

Las abogadas de la familia de Marcel, Sofía Sanjurjo y Daiana Croizet, acusaron al hermano de Solís, Javier, de amenazarlas dentro del Palacio de Tribunales cuando se les acercó en el momento en que bajaban una escalera en el edificio.

Sanjurjo dijo a La Opinión que informaron al Tribunal sobre lo ocurrido y que el juez que lo preside hizo una “advertencia” al público para que no haya situaciones que molesten a las partes.

Las abogadas representan a la familia como particulares damnificados en la causa cuyo trámite comenzó en la Fiscalía 7 y llegó a juicio bajo la órbita de la 9, que conduce Vicente Gómez, fiscal de Baradero.

"Pili" Solís había transitado prácticamente toda la instrucción de la causa con el abogado Gustavo Moreno como defensor particular, quien antes de la etapa final fue reemplazado por Antonela Travesaro.

La nueva abogada tiene como estrategia intentar persuadir al jurado de que Marcel no fue asesinado sino que, como había establecido al principio la autopsia, las lesiones que presentaba fueron autoinfligidas.

Una pericia posterior, firmada por la perito de parte Virginia Creimer y el jefe de la Asesoría Pericial de San Nicolás, Manuel Caro, consideró que él no podría haberse provocado a sí mismo ese tipo de heridas.

Por eso la causa llegó a juicio con la carátula de homicidio calificado. El jurado ciudadano deberá ponderar las pruebas y los testimonios para establecer si Marisel "Pili" Solís es culpable o no.

Este lunes, desde las 8.00 de la mañana, se desarrolla en San Nicolás la primera audiencia del juicio por jurados contra Marisel "Pili" Solís por la muerte de Marcel Xavier González Jorge, el uruguayo de 33 años que fue hallado en un verdadero baño de sangre en una finca de ruta 191.

La primera jornada es de selección del jurado, 12 vecinos de la región que tendrán la responsabilidad de establecer si la acusada es culpable o no de un asesinato.

El martes, ya con el jurado elegido, habrá alegatos de apertura y comenzarán a pasar los testigos que declararán en el juicio, lo que incluye peritos, profesionales de la salud y efectivos policiales. Se espera que las audiencias se extiendan al menos hasta el jueves.

Solís llegó al debate oral y público detenida con prisión preventiva desde que una pericia sobre la autopsia estableció que Marcel no podría haberse autoinfligido las heridas que le causaron la muerte.

La acusación es por homicidio agravado por el vínculo, cuya única pena posible, en caso de culpabilidad, es la prisión perpetua. Para que la imputada sea declarada culpable debe haber unanimidad en el jurado.

Por eso la tarea del fiscal Vicente Gómez y de las abogadas Sofía Sanjurjo y Daiana Croizet, que representan a la familia de Marcel, será la de exponer un cuadro de situación que no deje dudas en los 12 vecinos de la región seleccionados para el juicio.

Por su parte, la abogada de Solís, Antonela Travesaro, llega con el plan de persuadir al jurado acerca de la inocencia de Solís o al menos con la intención de sembrar la duda respecto de la acusación de homicidio.

Cuando la policía llegó a la finca Sonho Verde, alertada por la propia Solís, Marcel estaba en una de las dependencias desnudo y en un charco de sangre, con un cuchillo cerca de él.

En el lugar había una gran cantidad de drogas y ella fue detenida bajo la acusación relacionada con la presunta comercialización de estupefacientes. Cinco días después, la liberaron.

La autopsia había señalado, inicialmente, que se trataría de una muerte producida por lesiones autoinfligidas, pero luego una pericia firmada por la perito de parte Virginia Creimer y el jefe de la Asesoría Pericial San Nicolás, el médico forense Manuel Caro, estableció la participación de terceros.

Pili Solís dijo que habían consumido cucumelo y que ella salió a caminar durante horas mientras duraba el "viaje" de los hongos alucinógenos y que al regresar encontró muerto a Marcel.

Aunque luego el informe toxicológico no reveló la presencia de psilocibina, la abogada de Solís sostiene su relato porque "no tenían las técnicas ni los reactivos específicos para buscar esa droga".

Hay pericias que Travesaro pondrá de relieve en defensa de su asistida, como la falta de huellas de Solís en el cuchillo hallado en la escena o el hecho de que no tendría la fuerza necesaria para cometer un crimen de estas características.

Fiscalía y la querella procurarán sostener que si Marcel murió por acción de terceros la victimaria no podría ser otra que su pareja, porque era los únicos que estaban en el campo.

El jurado ciudadano deberá ponderar cada una de las pruebas que aparezcan, más los testimonios y alegatos que se expongan durante el debate, para decidir si en la muerte de Marcel hubo un homicidio y si la responsable es o no Marisel "Pili" Solís.

Seguirá detenida camino al juicio Marisel "Pili" Solís, acusada de homicidio agravado por la muerte de Marcel Xavier González Jorge, el joven uruguayo que fue encontrado en un verdadero baño de sangre en una finca de ruta 191 en junio de 2024.

Así lo resolvieron los jueces de la sala I del Tribunal de Casación Penal en La Plata, donde la defensa de la acusada había presentado un recurso en procura de lograr el beneficio de arresto domiciliario.

Solís está detenida con prisión preventiva desde que la pericia médica sobre la autopsia señalara que Marcel no podría haberse autoinfligido las lesiones que le provocaron la muerte.

Su abogada defensora, Antonela Travesaro, había solicitado que la imputada fuera alojada en su casa a la espera del juicio por jurados en la que se resolverá si es culpable o inocente de la muerte del joven uruguayo, que era su pareja.

El juez de Garantías había accedido al beneficio, pero el fiscal Vicente Gómez y la abogada de la familia de Marcel, Sofía Sanjurjo, apelaron esa decisión y lograron revocarla.

Tras la resolución de la Cámara de Apelaciones de mantener presa a Solís, su defensa fue a Casación, donde también mantuvieron la decisión de que permanezca detenida en la Unidad Penal 3 de San Nicolás.

Los jueces Ricardo Maidana y Daniel Carral consideraron que es necesario mantener presa a Pili Solís ante "la persistencia de los peligros procesales" que derivaron en el dictado de prisión preventiva.

Los argumentos esgrimidos por su defensa en relación al cuidado de su hija de 14 años no alcanzaron. Por el contrario, el Tribunal de Casación ponderó los planteos de Gómez y Sanjurjo.

La querella había señalado que la hija de Solís podía permanecer bajo el cuidado de otros familiares y que su traslado a la finca Sonho Verde, donde ocurrieron los hechos, implicaba un "peligro de fuga" inminente, teniendo en cuenta la proximidad del debate oral y los recursos económicos con los que cuenta la acusada.

El juicio oral y público con jurado ciudadano contra Pili Solís comenzará el lunes 22 de junio en el Palacio de Tribunales de San Nicolás y todo indica que se extenderá al menos por cuatro jornadas.

El jurado deberá decidir si es culpable o no del delito de homicidio agravado, un delito cuya única pena posible, en caso de condena, es la prisión perpetua.

Marisel "Pili" Solís continuará detenida en la cárcel de San Nicolás imputada por el homicidio del uruguayo Marcel Xavier González Jorge, camino al juicio por jurado ciudadano que se desarrollará en junio.

Así lo resolvió la Cámara de Apelaciones, cuyos jueces rechazaron la decisión que había tomado el Juzgado de Garantías de otorgarle el beneficio de arresto domiciliario.

El planteo de la nueva abogada de Solís, Antonela Travesaro, había tenido visto bueno en primera instancia, pero tanto el fiscal Vicente Gómez como la abogada de la familia de Marcel, Sofía Sanjurjo, se opusieron.

Esa apelación dejó en suspenso el beneficio y finalmente la Cámara accedió al planteo opositor, por lo que la acusada seguirá detenida en la Unidad Penal 3 hasta tanto se desarrolle el debate oral y público.

El juicio está previsto para los días 22, 23 y 24 de junio. Allí, el jurado ciudadano resolverá si Solís es culpable o no del delito de homicidio agravado por el vínculo, una calificación cuya única pena prevista es la de prisión perpetua.

Marcel Xavier González Jorge fue hallado en un verdadero baño de sangre en la finca Sonho Verde, ubciada en ruta 191 y propiedad de Solís, con quien tenía una relación de pareja.

En su defensa, ella dijo que habían tomado hongos alucinógenos y que salió a caminar en el marco del “viaje” psicodélico, y que al regresar halló muerto a Marcel. 

La hipótesis de la acusación es que ella lo asesinó. Su defensa sostiene que las lesiones fueron autoinfligidas. 

La Justicia ordenó una inspección ocular en el campo Sonho Verde, escenario donde el uruguayo Marcel Xavier González fue hallado en un verdadero baño de sangre el 9 de junio de 2024, camino al juicio oral y público con jurado ciudadano que afrontará la dueña de esa finca y en aquel entonces pareja de Marcel, Marisel "Pili" Solís.

La defensa de Solís había pedido una reconstrucción del hecho y acordó con Fiscalía esta inspección ocular, de la que participaron todas las partes, incluida la representación legal de la familia de Marcel, con la abogada Sofía Sanjurjo a cargo.

La medida contó con la presencia de un perito médico y criminalista ofrecido por parte de la defensa de Solís, que elevará un informe respecto de lo que se observó en el lugar, que además fue filmado para proyectar en el juicio y así evitar que el jurado ciudadano deba trasladarse a la escena del hecho.

Antonela Travesaro, abogada que encabeza la defensa de Solís, informó a La Opinión que aguardan con expectativa el informe del perito de parte y ratificó su convicción de que "no hubo homicidio".

Por su parte, Sofía Sanjurjo señaló a este medio que "hay contradicciones" entre lo que planteaba el perito, pero que todo se dirimirá en el juicio por jurados.

Pili Solís eligió esa modalidad para ser juzgada por homicidio agravado por el vínculo, una calificación que prevé como única pena, en caso de que sea condenada, la prisión perpetua.

En el juicio, Fiscalía y la querella deberán convencer a tods los integrantes del jurado respecto de la culpabilidad de Solís para que sea condenada. A la defensa le bastará con sembrar la duda en uno de ellos para evitar una sentencia desfavorable.

El Tribunal fijó el debate para los días 22, 23 y 24 de junio. El jurado deberá establecer si Marisel "Pili" Solís es culpable o no de la muerte de Marcel.

La abogada de Marisel "Pili" Solís, acusada del homicidio del uruguayo Marcel Xavier González Jorge, logró para su defendida el beneficio de arresto domiciliario hasta la fecha del juicio por jurados, que será en junio próximo.

Antonella Travesaro es la abogada que reemplazó al reconocido penalista Gustavo Moreno en la defensa de la imputada y logró el fallo favorable en la última audiencia, en la que se fijó para 22, 23 y 24 de junio el debate oral y público que ventilará el resonante caso.

De todas maneras, Solís permanece alojada en la Unidad Penal 3 de San Nicolás hasta tanto se resuelva la apelación, que la abogada Sofía Sanjurjo, representante de la querella, confirmó interpondrá ante la Cámara para oponerse al beneficio.

En primera instancia, la Justicia accedió a otorgarle el arresto domiciliario por cuestiones relacionadas con la maternidad de Solís, que tiene una hija adolescente que vivía con ella hasta que quedó detenida.

Travesaro planteó que en esta etapa previa al juicio no hay peligro procesal alguno para que la imputada llegue al debate detenida en su domicilio, aunque habrá que esperar la resolución de Cámara para saber si ese beneficio se hará efectivo.

Marisel "Pili" Solís será juzgada por un jurado ciudadano que deberá establecer si es culpable o no de la muerte de Marcel, que fue hallado en un verdadero baño de sangre en la finca propiedad de ella en ruta 191.

La carátula del caso es homicidio agravado, cuya única pena posible en caso de condena es la prisión perpetua.

En su defensa, Solís dijo que habían consumido hongos alucinógenos, que salió a caminar por el campo en medio del "viaje" y que al regresar encontró a Marcel muerto en el cuarto.

Aunque en principio la autopsia había establecido que las lesiones fueron autoinfligidas, una pericia posterior firmada por la reconocida perito Virginia Creimer y por el jefe de la Asesoría Pericial San Nicolás, Manuel Caro, dejó asentado que hubo participación de terceros.

El juicio oral y público que tendrá lugar en junio pasará por ese debate: si Marcel se autolesionó o lo asesinaron y, en ese caso, si fue Marisel "Pili" Solís la responsable de darle muerte.

La primera parte del juicio contra los cinco sampedrinos acusados de integrar una banda que asaltó y asesinó al comerciante César Butara en Ramallo terminó con condena de 20 años de prisión para dos de los cinco acusados.

Facundo Gómez, de 28 años, y José "Toti" Pereyra Retamal, de 25, fueron hallados culpables de homicidio criminis causae, el tipo de asesinato que se comete para consumar otro delito, en este caso el robo a la familia en su vivienda.

Por su parte, Walter Díaz (34), sindicado como líder de la banda; Miguel Pereyra Retamal (24); y Ramiro Cáceres, que cuando ocurrió el hecho tenía 18 años recién cumplidos y fue señalado como quien disparó el arma homicidia, serán juzgados por jurado popular en julio próximo, puesto que así lo solicitaron junto a sus defensores.

En el caso de los condenados la semana pasada, habían elegido el juicio técnico y el Tribunal Oral en lo Criminal n.° 1 de San Nicolás hizo lugar al planteo de la fiscala María Verónica Marcantonio, que los acusó de formar parte de una banda que urdió un plan coordinado para cometer el asalto en cuyo marco mataron al comerciante.

César Butara fue asesinado el 20 de febrero de 2024 por la mañana en su casa ubicada en una zona de quintas de Ramallo. Los delincuentes irrumpieron en la vivienda.

La esposa de Butara, que tenía 57 años, abrió la puerta de su casa alrededor de las 8.00 de la mañana de ese lunes y fue sorprendida por los ladrones, que la amenazaron a punta de pistola.

Cuando entraron a la casa, la mujer gritó y su esposo, que estaba cambiándose para ir a trabajar, corrió hasta el living. Allí recibió un disparo por parte de uno de los delincuentes, que accionó el arma de fuego que portaba sin dudar. La bala dio en el pecho de Butara, que murió en el acto.

Los delincuentes, tras cometer el asesinato, redujeron al resto de la familia, revisaron toda la casa en busca de dinero y destruyeron algunos de los teléfonos celulares que había. 

Del lugar huyeron con una suma cercana al millón de pesos, entre moneda argentina y dólares, en una moto Honda XR 150 del hijo de la víctima.

Fueron apresados en un asentamiento precario de Villa Ramallo conocido como barrio La Laguna. La investigación llegó a ellos por el rastro de uno de los teléfonos celulares que no habían destruido. 

En un descampado cercano hallaron la moto, que habían intentado incendiar, más una cartera con ropa, documentación y otros efectos personales de Butara.

Durante el transcurso del proceso penal, allegados a uno de los ahora condenados a 20 años de prisión aseguraron que él no tenía por qué pagar por el crimen,

Consideraban que era "culpable hasta cierto punto", en la medida en que reconocían su participación en la banda pero señalaban que al no haber sido el que accionó el arma no deberían darle la misma cantidad de años de cárcel que a quien disparó.

Sin embargo, el Código Penal es claro al respecto: considera partícipe necesario a quien haya hecho un "aporte esencial" para la comisión del delito en cuestión y establece que la pena es la misma para quien, como en este caso, disparó el arma homicida como para los cómplices que integraron la banda, planificaron el robo y lo cometieron, cada uno con el rol asignado.

Comenzó el ofrecimiento de pruebas camino al juicio por la muerte de Marcel Xavier González Jorge, por la que está imputada por homicidio agravado por el vínculo y permanece detenida con prisión preventiva Maricel "Pili" Solís.

El Tribunal de Casación rechazó el recurso de queja interpuesto por la abogada Antonela Travesaro, nueva defensora particular de la acusada, y ratificó que habrá juicio oral y público por el caso, confirmó a La Opinión la abogada que representa a la familia de Marcel, Sofía Sanjurjo.

Travesaro había atacado el auto de elevación a juicio de la causa, pero el Tribunal decidió seguir adelante como hasta ahora, por lo que habrá debate y, de acuerdo a lo solicitado por la imputada, será con jurado ciudadano.

Marcel Xavier González Jorge fue hallado en una finca de ruta 191 en un verdadero baño de sangre el 9 de junio de 2024. Pili Solís dijo que habían consumido hongos alucinógenos, que salió a caminar y al regresar lo encontró muerto.

La Justicia caratuló la causa como homicidio agravado por el vínculo, una calificación penal que sólo prevé una pena posible en caso de condena: prisión perpetua.

Marisel "Pili" Solís aguarda la fecha del juicio por jurados en el que irá al banquillo de los acusados imputada por homicidio agravado por el vínculo en relación a la muerte de Marcel Xavier González Jorge, el uruguayo de 33 años hallado en un verdadero baño de sangre en una finca de ruta 191 el 9 de junio de 2024.

Mientras tanto, la dueña del campo Sonho Verde permanece detenida y cambió de abogados. El reconocido penalista nicoleño Gustavo Moreno dejó la causa y en su lugar fue designada Antonela Travesaro.

Se trata de una abogada rosarina que integra un estudio cuyos miembros forman parte de Inocente Colectivo, una ONG que defiende efectivos de las fuerzas de seguridad y que cuestiona, en general, la labor de la perito Virgina Creimer, contratada por la familia de Marcel. 

La defensa de la acusada sostiene su inocencia y llegará al juicio con una serie de planteos en ese sentido. Además, reúne elementos de las pericias practicadas desde que el cuerpo fue hallado sin vida para persuadir al jurado ciudadano y evitar una condena que, por el tipo de delito, sólo podría tener pena de prisión perpetua.

La última de las pericias disponibles sobre las que la defensa se apoya para sostener la inocencia de Solís está relacionada con el cuchillo que fue hallado en la escena del crimen cuando Policía Científica relevó el lugar bajo las órdenes de la fiscala María del Valle Viviani, que intervino inicialmente en la causa.

Para esa pericia se utilizaron muestras de sangre extraídas a Solís y tomadas de prendas de vestir; muestras de Marcel; y el arma, un cuchillo de  14 centímetros de longitud y dos centímetros de ancho, con mango de hueso.

De todo ello se extrajeron muestras de ADN que fueron cotejadas. En el cuchillo obtuvieron un perfil masculino coincidente con la muestra de Marcel Xavier González Jorge, según señala el informe del perito genetista César Guida, del laboratorio de genética forense, que tiene fecha de noviembre de 2025.

"Es aproximadamente 29 mil cuatrillones de veces más probable hallar estos resultados si el material biológico de la muestra" del cuchillo proviene de la de Marcel que "si proviniese de un individuo al azar no relacionado genéticamente" con él, dice el informe.

El juicio oral y público por el asesinato de Marcel Xavier González Jorge, el uruguayo que fue encontrado en un verdadero baño de sangre en una finca de ruta 191, será bajo la modalidad de jurado ciudadano y tendrá en el banquillo a la única imputada, su entonces pareja Marisel "Pili" Solís.

Antes de que el Tribunal disponga la fecha del debate, la acusada cambió de abogados. El reconocido penalista Gustavo Moreno ya no la representa y al juicio irá con el patrocinio legal de una abogada rosarina, inscripta en la matrícula del Colegio de San Nicolás.

Se llama Antonela Travesaro, es graduada de la UNR (2009) y diplomada en Criminalística. Forma parte de un estudio dedicado a casos penales junto a Rodrigo Mazzuchini y Yamile Abdul Al.

La elección de esta abogada no parece casual: Travesaro y Mazzuchini son directores jurídicos de Inocente Colectivo, una ONG rosarina que interviene en casos de personas "injustamente encarceladas", aunque en la mayoría son imputados relacionados a las fuerzas de seguridad.

Inocente Colectivo es punta de lanza de los cuestionamientos hacia Virginia Creimer, la reconocida especialista en medicina legal que intervino en múltiples casos de violencia institucional, entre ellos el de Luciano Arruga, y cuyo trabajo permitió condenar a muchísimos policías y otros miembros de las fuerzas de seguridad.

Virginia Creimer es la perito de parte que la familia de Marcel contrató para revisar la autopsia y echar por tierra la versión inicial que había instalado la sospecha de un suicidio. 

La pericia, firmada por Creimer y por el jefe de los peritos forenses del Departamento Judicial, concluyó que a Marcel lo mataron y permitió la detención de Solís para llevarla a juicio.

A Creimer la cuestionaron por "pericias militantes". Desde Inocente Colectivo la señalan por intervenir en "causas armadas contra policías". La perito es una de las primeras del país especializadas en análisis de torturas y tiene una larga trayectoria reconocida en el mundo.

La familia de Marcel contrató a Creimer para la pericia y la abogada Sofía Sanjurjo, que los representa en la causa, la llevará como testigo por esa pericia, pero además contará con otros peritos para analizar la autopsia y reforzar lo que todos consideran que está claro: Marcel no se provocó las lesiones que le causaron la muerte, sino que fue asesinado.

Griselda Fasce fue declarada "no culpable" por el jurado ciudadano del homicidio de su marido, Ángel Cañete, en el juicio que tuvo lugar la semana pasada en los Tribunales de San Nicolás.

Este sábado en Sin Galera, su abogado defensor, Sebastián Félix, aseguró que en todo el proceso judicial contra la mujer "no se pudo probar absolutamente nada" que la vinculara con el delito de homicidio y que Cañete "se autoinfligió" las lesiones que luego le provocaron la muerte.

"Es inexplicable cómo la causa fue elevada a juicio", consideró Félix, puesto que en enero de 2023, cuando la Cámara de Apelaciones revocó la prisión preventiva, "dejó claro que no había ningún elemento de prueba" contra ella.

Félix recordó que la Cámara cuestionó que no se haya practicado autopsia sobre el cuerpo de Cañete. "Lo que es inexplicable. Ni siquiera hicieron un examen externo del cadáver", señaló.

"La víctima le dijo a tres médicos de San Pedro que él se había causado las lesiones, eso lo declararon los médicos y después dijeron que les perecía raro, pero ellos no son médicos legistas como para determinar con certeza", repasó el abogado.

Griselda Fasce declaró en el juicio ante el jurado ciudadano y respondió todas las preguntas de Fiscalía. Tras los alegatos y la deliberación, el presidente del jurado anunció el veredicto: no culpable, por lo que quedó libre de culpa y cargo.

La decisión es irrecurrible, por lo que el jueves, tras el anunció del jurado ciudadano, la causa quedó sellada. Sin elementos suficientes de prueba para considerar que ella mató a Ángel Cañete, Griselda Fasce quedó absuelta.

Tras dos intensas jornadas de debate oral y público, Griselda Fasce fue declarada "no culpable" del homicidio de Ángel Cañete, su expareja, del que estaba acusada.

El jurado ciudadano no halló suficientes los elementos probatorios presentados por la fiscala Viviana Ramos y se inclinó por la inocencia de la acusada, que llegó al juicio en libertad.

Así, Fasce resultó absuelta y sin responsabilidad penal alguna sobre la muerte de su expareja, quien falleció casi un mes después del confuso episodio en el que resultó herido en una pierna por un arma blanca cuyos cortes dañaron la arteria femoral.

El beneficio de la duda favoreció a Fasce, puesto que no se pudo establecer con precisión qué ocurrió aquel sábado 6 de noviembre de 2021, luego de que ambos regresaran de un cumpleaños de 15 tras una discusión.

Ángel Cañete fue socorrido por vecinos de la zona de Yirigoyen al 600, donde convivía con Fasce. Había salido a la vereda con un torniquete practicado con un cinturón para detener una hemorragia producida por un corte en la arteria femoral.

Cañete nunca pudo declarar. Trasladado a de urgencia al Hospital, fue internado en terapia intensiva y luego derivado a San Nicolás. Alrededor de 20 días después del hecho, murió.

Este martes al mediodía comienza en San Nicolás el juicio por jurados contra Griselda Fasce, acusada de homicidio por la muerte de su pareja, Ángel Cañete.

Fasce pidió, a través de la defensa particular que la asiste, someterse a jurado ciudadano. Así, serán los 12 vecinos de la región convocados para la fecha quienes definan si es culpable o inocente.

Si la declaran culpable, algo que sólo podría suceder con el voto unánime del jurado, la única pena posible es la prisión perpetua, puesto que está acusada de homicidio agravado por el vínculo.

La fiscala Viviana Ramos adelantó a La Opinión semanas atrás que será un juicio complicado, puesto que con los elementos de prueba obrantes en la causa deberá persuadir al jurado acerca de la culpabilidad de Fasce.

Por su parte, la defensa procurará sembrar la duda en el jurado. Si sólo uno de ellos no está convencido de que Fasce mató a Cañete, será declarada inocente, de acuerdo a la normativa que rige este tipo de juicios.

Griselda Fasce y Ángel Cañete eran pareja. Vivían juntos en una casa que alquilaban en Hipólito Yirigoyen al 600. En la vereda de esa vivienda lo vieron vecinos pidiendo auxilio, con un cinturón atado a una pierna y con el que intentaba detener una hemorragia producida por un corte con un arma blanca.

Una ambulancia lo trasladó de urgencia al Hospital. Había sufrido una lesión en la arteria femoral de la pierna derecha y otras dos heridas cortantes, en tobillo y rodilla. Murió casi 20 días después en el sanatorio de la UOM, en San Nicolás.

La investigación de Fiscalía, a cargo de Viviana Ramos, logró reunir elementos de prueba suficientes como para acusar a Griselda Fasce, su pareja, de homicidio. En septiembre de 2022, a casi un año del hecho, la Justicia ordenó detenerla.

Vecinos habían asegurado que escucharon gritos y que las discusiones en la pareja eran habituales. Ese día habían compartido un cumpleaños de 15 de una sobrina en un campo, de donde se fueron a su casa tras discutir.

El abogado de Fasce logró que en enero de 2023 ella recupere la libertad, puesto que la Cámara de Apelaciones de Trenque Lauquen, que subrogaba a la de San Nicolás por la feria judicial, revocó la resolución que le había dictado la prisión preventiva.

La defensa sostiene que Griselda Fasce es inocente y que Fiscalía no podrá probar siquiera que ella estuviera presente en la vivienda al momento en que Cañete resultó herido con un cuchillo.

Para Ramos, los elementos de prueba serían suficientes como condenarla por homicidio agravado por el vínculo, es decir a prisión perpetua. 

La decisión la tomará el jurado ciudadano. “Va a quedar en ellos ver qué resuelven. Esto se da en un dormitorio, con una versión y otra. La víctima nunca pudo hablar, nunca pudo dar testimonio de lo que sucedió”, señaló la titular de UFI 11.

La fiscal Viviana Ramos anunció en Sin Galera que después de Semana Santa se realizará el juicio por jurado de Griselda Fasce, imputada del homicidio de Ángel Cañete, ocurrido el 6 de noviembre de 2022.

Ramos indicó que durante la etapa se probará si la muerte de Cañete se produjo por autolesiones o si fue Fasce quien las produjo.

Aquel día Cañete y Fasce habían compartido un almuerzo familiar, motivado por el cumpleaños de 15 de una sobrina. Allí la pareja discutió por unas bromas que hizo él y se retiraron a su casa.

La Opinión consignó, por entonces, que los vecinos contaron que escucharon gritos desde adentro de la casa, provenientes de una discusión entre ambos. “A él lo vieron en la calle pidiendo auxilio, con un cinturón en la pierna, intentando detener una hemorragia producida por un corte con un arma blanca. Un vecino lo ayudó y convocaron a una ambulancia del SAME, que lo trasladó al Hospital”.

La lesión de Cañete fue letal por un corte que recibió en la pierna derecha, además de otras dos heridas cortantes en el tobillo y la rodilla que le produjeron una importante pérdida de sangre.

Casi un año después de la muerte de Cañete, en septiembre de 2022 fue detenida Griselda Fasce, sospechada de haber tenido responsabilidad en las lesiones de su pareja, que le provocaron la muerte, que finalmente ocurrió 20 días después en el Sanatorio de la Unión Obra Metalúrgica (UOM), de San Nicolás.

Luego, en enero de 2023, Fasce recuperó la libertad, a la espera del juicio que se cumplirá en los próximos días.

El profesor de la escuela Agraria Nicolás Pérez, declarado culpable de abuso sexual contra alumnas de la escuela Agraria, fue detenido este miércoles en el marco de la audiencia de cesura citada para definir la pena de cárcel que le tocará cumplir.

La fiscala Viviana Ramos y el representante de las familias de las víctimas, Fernando Nouet, pidieron 25 años de prisión para Pérez, mientras que la defensa solicitó que le retiren los cargos por abuso sexual con acceso carnal.

El Tribunal dará a conocer la sentencia el lunes.

Los jueces consideraron que el estado de inocencia que planteó la defensa y que le permitió llegar al juicio —y retirarse de él— en libertad está "notablemente comprometido" por la declaración de culpabilidad por parte del jurado.

Además, teniendo en cuenta que la pena mínima que se podría imponer es de 8 años, ordenaron detenerlo de inmediato para que aguarde en esa condición la decisión respecto de qué pena le impondrán por los delitos que le endilgan.

Por unanimidad de sus 12 integrantes, el jurado lo halló culpable de un caso de abuso sexual con acceso carnal, tres de abuso sexual simple y uno de intento de abuso, todos agravados por su condición de docente y por haber sido cometidos dentro del establecimiento educativo.

Independientemente de la eventual solicitud de atenuación que pueda presentar la defensa, la Justicia ordenó detener a Pérez y alojarlo en una unidad penal del Servicio Penitenciario Bonaerense.