La abogada de Marisel "Pili" Solís, acusada del homicidio del uruguayo Marcel Xavier González Jorge, logró para su defendida el beneficio de arresto domiciliario hasta la fecha del juicio por jurados, que será en junio próximo.

Antonella Travesaro es la abogada que reemplazó al reconocido penalista Gustavo Moreno en la defensa de la imputada y logró el fallo favorable en la última audiencia, en la que se fijó para 22, 23 y 24 de junio el debate oral y público que ventilará el resonante caso.

De todas maneras, Solís permanece alojada en la Unidad Penal 3 de San Nicolás hasta tanto se resuelva la apelación, que la abogada Sofía Sanjurjo, representante de la querella, confirmó interpondrá ante la Cámara para oponerse al beneficio.

En primera instancia, la Justicia accedió a otorgarle el arresto domiciliario por cuestiones relacionadas con la maternidad de Solís, que tiene una hija adolescente que vivía con ella hasta que quedó detenida.

Travesaro planteó que en esta etapa previa al juicio no hay peligro procesal alguno para que la imputada llegue al debate detenida en su domicilio, aunque habrá que esperar la resolución de Cámara para saber si ese beneficio se hará efectivo.

Marisel "Pili" Solís será juzgada por un jurado ciudadano que deberá establecer si es culpable o no de la muerte de Marcel, que fue hallado en un verdadero baño de sangre en la finca propiedad de ella en ruta 191.

La carátula del caso es homicidio agravado, cuya única pena posible en caso de condena es la prisión perpetua.

En su defensa, Solís dijo que habían consumido hongos alucinógenos, que salió a caminar por el campo en medio del "viaje" y que al regresar encontró a Marcel muerto en el cuarto.

Aunque en principio la autopsia había establecido que las lesiones fueron autoinfligidas, una pericia posterior firmada por la reconocida perito Virginia Creimer y por el jefe de la Asesoría Pericial San Nicolás, Manuel Caro, dejó asentado que hubo participación de terceros.

El juicio oral y público que tendrá lugar en junio pasará por ese debate: si Marcel se autolesionó o lo asesinaron y, en ese caso, si fue Marisel "Pili" Solís la responsable de darle muerte.

La primera parte del juicio contra los cinco sampedrinos acusados de integrar una banda que asaltó y asesinó al comerciante César Butara en Ramallo terminó con condena de 20 años de prisión para dos de los cinco acusados.

Facundo Gómez, de 28 años, y José "Toti" Pereyra Retamal, de 25, fueron hallados culpables de homicidio criminis causae, el tipo de asesinato que se comete para consumar otro delito, en este caso el robo a la familia en su vivienda.

Por su parte, Walter Díaz (34), sindicado como líder de la banda; Miguel Pereyra Retamal (24); y Ramiro Cáceres, que cuando ocurrió el hecho tenía 18 años recién cumplidos y fue señalado como quien disparó el arma homicidia, serán juzgados por jurado popular en julio próximo, puesto que así lo solicitaron junto a sus defensores.

En el caso de los condenados la semana pasada, habían elegido el juicio técnico y el Tribunal Oral en lo Criminal n.° 1 de San Nicolás hizo lugar al planteo de la fiscala María Verónica Marcantonio, que los acusó de formar parte de una banda que urdió un plan coordinado para cometer el asalto en cuyo marco mataron al comerciante.

César Butara fue asesinado el 20 de febrero de 2024 por la mañana en su casa ubicada en una zona de quintas de Ramallo. Los delincuentes irrumpieron en la vivienda.

La esposa de Butara, que tenía 57 años, abrió la puerta de su casa alrededor de las 8.00 de la mañana de ese lunes y fue sorprendida por los ladrones, que la amenazaron a punta de pistola.

Cuando entraron a la casa, la mujer gritó y su esposo, que estaba cambiándose para ir a trabajar, corrió hasta el living. Allí recibió un disparo por parte de uno de los delincuentes, que accionó el arma de fuego que portaba sin dudar. La bala dio en el pecho de Butara, que murió en el acto.

Los delincuentes, tras cometer el asesinato, redujeron al resto de la familia, revisaron toda la casa en busca de dinero y destruyeron algunos de los teléfonos celulares que había. 

Del lugar huyeron con una suma cercana al millón de pesos, entre moneda argentina y dólares, en una moto Honda XR 150 del hijo de la víctima.

Fueron apresados en un asentamiento precario de Villa Ramallo conocido como barrio La Laguna. La investigación llegó a ellos por el rastro de uno de los teléfonos celulares que no habían destruido. 

En un descampado cercano hallaron la moto, que habían intentado incendiar, más una cartera con ropa, documentación y otros efectos personales de Butara.

Durante el transcurso del proceso penal, allegados a uno de los ahora condenados a 20 años de prisión aseguraron que él no tenía por qué pagar por el crimen,

Consideraban que era "culpable hasta cierto punto", en la medida en que reconocían su participación en la banda pero señalaban que al no haber sido el que accionó el arma no deberían darle la misma cantidad de años de cárcel que a quien disparó.

Sin embargo, el Código Penal es claro al respecto: considera partícipe necesario a quien haya hecho un "aporte esencial" para la comisión del delito en cuestión y establece que la pena es la misma para quien, como en este caso, disparó el arma homicida como para los cómplices que integraron la banda, planificaron el robo y lo cometieron, cada uno con el rol asignado.

La madre de Marcel Xavier González Jorge, el joven uruguayo que fue asesinado y encontrado en un baño de sangre en una finca de la ruta 191, brindó su testimonio por primera vez en Sin Galera.

Entrevistada por Lilí Berardi, Myriam Elizabeth Jorge Rossati, relató con dolor la situación que atraviesa su familia, de cara al pedido del fiscal Vicente Gómez de elevar la causa a juicio.

"Ella declaró que consumieron hongos el siete, el ocho y el nueve, cosa que es ridícula. El que entiende de hongos sabe que eso no se toma todos los días", indicó la mujer.

Refirió que la familia contrató un médico forense y que los resultados de esa autopsia arrojaron que Marcel tenía "tres heridas mortales incompatibles con la vida".

"Tenía perforado el cuello, la pierna, el estómago y el hígado", detalló Myriam.

La mujer expresó su descontento con el manejo de la causa por parte de la Fiscalía que conduce María del Valle Viviani —quien finalmente fue apartada— y apuntó: "No quería que moviéramos nada, quería que quedara todo como estaba en un principio y no es así".

"El trabajo de la fiscal fue espantoso, no nos avisó, no notificó a nadie, lo mandó a sepultar en seguida", explicó.

La madre de Marcel contó que estaba en permanente contacto con su hijo y que le sorprendió que la acusada, Marisel "Pili" Solís, declarara lo contrario.

"Ella (Solís) declaró que yo lo abandoné a Marcel cuando era chico, todas mentiras, hablaba casi todos los días con él y ella estaba presente", sentenció Myriam.

A esperas de la elevación a juicio de la causa, la familia de Marcel aguarda por la fecha que dispondrá la Justicia para llegar a nuestro país y presenciar el debate.

Solís está acusada de homicidio agravado por el vínculo, cuya única pena posible en caso de condena es la de presión perpetua y llegará a la fecha con prisión domiciliaria. 

Su declaración inicial fue descartada, luego de que los análisis toxicológicos revelaran que ni ella, ni la víctima consumieron hongos alucinógenos durante esa jornada. 

A cuatro meses de la muerte de Lautaro Carlevaris, el joven de 19 años que falleció tras recibir un balazo en el pecho, su madre lo recordó a través de un sentido mensaje.

"Hoy hace cuatro meses que me mataron a mi hijo. Sólo quiero recordarlo, que no sea olvidado y que no miren para otro lado", expresó Romina.

Refirió que "no va a dejar" que el caso "quede impune" y que va a "luchar hasta el último instante" sin importar "lo que ocurra”.

"Voy a pelear hasta que todos caigan presos, el que planea es tan asesino como el que mata. Siempre estarás en mi corazón, hijo. Te amaré toda mi vida", concluyó la mujer.

El único imputado por el crimen es un joven de 17 años a quien le negaron la excarcelación, por lo que continúa alojado en un centro de contención juvenil en La Plata.

La semana que viene habrá una importante audiencia en la que se resolverá el futuro procesal del acusado. Su abogada, la penalista Sofía Sanjurjo, pidió revisar la medida de prisión preventiva impuesta en su momento.

Para Sanjurjo, los elementos de prueba no son suficientes para manter detenido al adolescente, que es el único imputado a pesar de que la familia de Carlevaris señaló a varios jóvenes, todos menores de edad, como presuntos responsables. 

La Justicia había dispuesto una audiencia virtual, pero la defensa del imputado se opuso, por lo que el encuentro para definir la continuidad de la prisión preventiva será presencial.

“Él no mató a Milcíades, lo sabe todo San Pedro, y los asesinos están sueltos por las calles”, aseguraron familiares de Lucas Fernández, el detenido que será juzgado en juicio por jurado ciudadano en audiencias que se celebrarán los días 15 y 16 de agosto en los Tribunales de San Nicolás.

Fernández, de 35 años, está imputado junto a Adrián “Cachaca” Guzmán, de 30, que llega al juicio en libertad, por el asesinato del reconocido joven que fue ultimado a balazos en la zona de los barrios Hermano Indio y Malvinas Argentinas, donde residía y se extendía su liderazgo delictivo.

“Lucas es inocente. Él, cuando tuvo alguna otra causa, anterior lo pagó. Pero él no mató a Milcíades”, aseguraron sus familiares en diálogo con La Opinión y agregaron: “Todo el mundo sabe quién mató a ese chico”.

Fernández fue detenido el mismo día que mataron a Lencina. “El se entregó a los 15 minutos del fallecimiento del chico y él estba con su hijo en brazos en la puerta de su casa”, señalaron sus allegados.

La fiscala Viviana Ramos buscará que el jurado ciudadano que tiene a su cargo la decisión de resolver si Fernández y Guzmán son culpables o inocentes los condenen. Los defensores oficiales que los asisten, sostendrán que las pruebas no alcanzan para que les endilguen el asesinato.