El hombre acusado de abusar sexualmente de su hija de cinco años a quien la Justicia ordenó volver a llevar a juicio fue considerado prófugo de la Justicia tras no presentarse al nuevo debate oral y público.

El nuevo juicio estaba previsto para el martes 28 de abril. Ese día, el acusado no fue y dijo que había tenido un problema personal que le impidió llegar. Sin embargo, Fiscalía pidió su detención y el Tribunal lo ordenó.

Así, fue considerado prófugo de la Justicia. Desde entonces, nadie sabe nada de él. Ni siquiera su familia. Este miércoles es la nueva fecha para la audiencia, pero si no se presenta no podrá llevarse a cabo porque no se puede juzgar en ausencia.

Mientras tanto, la orden de captura fue cursada a todas las comisarías del país para que tengan presente que esa persona, cuya identidad no se revela para resguardar la de la víctima, que es su hija y es menor de edad.

La denuncia que inició la causa había sido radicada por la abuela materna de la nena en 2021. La niña le contó cosas que ocurrieron en el baño del padre de la casa de la otra abuela.

Ese relato fue ratificado en cámara Gesell, aunque según consta en las actuaciones "de manera algo confusa". En el juicio original, el acusado fue absuelto por el beneficio de la duda.

Sin embargo, Fiscalía apeló en Casación, donde los jueces consideraron que las dudas planteadas en el fallo de primera instancia no estaban debidamente explicadas y que había un “vacío” en la sentencia.

En una resolución poco habitual, Casación ordenó que "se dicte un nuevo pronunciamiento con la renovación de los actos procesales necesarios", lo que implicó repetir el juicio.

El 26 de noviembre el Tribunal Oral en lo Criminal n.° 2 de San Nicolás dará a conocer el veredicto de una controvertida causa penal por abuso sexual cuyo juicio tuvo lugar el martes pasado.

Durante el juicio, hubo planteos respecto de la necesidad de perspectiva de género en el Poder Judicial, un reclamo que forma parte de las demandas de los movimientos feministas en el país, y debate sobre el denominado "círculo de la violencia".

La fiscala Viviana Ramos pidió seis años de prisión —el mínimo previsto en el Código Penal para abusos sexuales con acceso carnal— y la defensa, la absolución.

La causa comenzó en abril de 2023 cuando la víctima denunció a su pareja de entonces por violencia de género. En su denuncia inicial, relató que él recibió una llamada telefónica de una persona desconocida y que discutieron porque no le quiso decir quién era, tras lo que fue amenazada y agredida físicamente.

El mismo día, pero más tarde, la víctima amplió su denuncia y acusó a su pareja de abusar sexualmente de ella durante la madrugada, cuando él regresó a la casa que compartían en estado de ebriedad.

Durante el juicio la Subsecretaría de Género que conduce Laura Monfasani acompañó a la víctima y la abogada Mónica Ortega, del equipo de atención a las víctimas de esa área municipal, declaró como testigo en relación al denominado "círculo de la violencia de género", porque la víctima durante el proceso intentó desdecirse de la acusación.

Ortega expuso sobre "los efectos dañinos para la mujer y las implicancias del perdón o retractación de la víctima" en el marco de esa modalidad cíclica de la violencia de género en las relaciones de pareja que va de la acumulación de tensión y el acto de agresión inicial a la "etapa de enamoramiento o luna de miel".

La víctima del caso cuyo juicio se desarrolló el martes dijo durante el proceso que el abuso sexual no había ocurrido y hasta evaluó la posibilidad de dejar sin efecto la causa. Había vuelto con el acusado. Luego aseguró que había intentado detener todo porque se sentía amenazada.

El acusado llegó al juicio en libertad porque nunca hubo pedido de detención por parte de Fiscalía. En su defensa dijo que esa noche tuvieron relaciones sexuales consentidas. Las pericias médicas no constataron lesiones genitales, paragenitales o de defensa.

El debate fue largo y controvertido. La fiscala Ramos sostuvo a lo largo de la jornada la necesidad de que prime la perspectiva de género en procura de garantizar la igualdad y evitar la revictimización a la hora de analizar el caso.

El Tribunal, integrado por los jueces Alejandro López, Elena Baquedano y Alejandro Ares, se expedirá la semana que viene para definir si el acusado es condenado y qué pena le corresponde en ese caso o si es absuelto. 

Pasaron 25 años desde que sufrió abusos sexuales reiterados, 14 desde que se animó a contar lo ocurrido y denunciar, ocho desde que el abusador estaba prófugo porque no lo habían detenido antes del juicio: el lunes, Cintia, una víctima  que desde hace años comparte su experiencia para que otras den el paso y denuncien, al fin podrá ver a su abusador sentado en el banquillo ante el Tribunal.

Omar Corvalán, alias "Papelito", tiene 64 años y el lunes será sometido a juicio oral y público acusado de abuso sexual con acceso carnal reiterado, agravado por la condición de guarda y corrupción de menores.

Tenía 39 cuando la pequeña Cintia, de 3, quedaba bajo su cuidado en la casa de la abuela de ella, pareja de él, y empezó a abusar sexualmente de la nena.

Lo hizo durante alrededor de cinco años, hasta que un episodio trágico familiar lo desalentó, aunque mantuvo siempre las amenazas para que ella no contara nada.

El 13 de junio pasado, Omar Corvalán fue detenido en Puerto Vilelas, una localidad portuaria de 8 mil habitantes en la provincia de Chaco, ubicada sobre el río Barranqueras, a 10 kilómetros de Resistencia.

Estaba prófugo desde agosto de 2017, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal de San Nicolás lo había notificado para el juicio oral y público por los abusos.

Había llegado a esa instancia del proceso en libertad y al ser convocado al juicio, escapó. 

Pasaron ocho años hasta que la DDI logró establecer que se escondía en Chaco, a más de 850 kilómetros de San Pedro y en el medio del monte, en un establecimiento agropecuario del paraje El Soto.

Corvalán vivía  solo en Colonia Tacuarí, en la zona rural. Cuando estaba en Santa Lucía, también vivió en el campo, en Colegiales. Desde allí había trasladado, semanas antes de darse a la fuga, a su pareja de entonces, Nélida Delfina Marzán, al Hospital, con un escopetazo.

La mujer tenía una herida de arma de fuego en el muslo que primero le costó la pierna y luego la vida. Él dijo que se le "escapó" el tiro, que le estaba "enseñando la escopeta", que "fue sin querer".

Entre 1999 y 2004, fechas de los abusos reiterados que Cintia recién pudo empezar a contarle a terceros cuando cumplió 15 años, Omar Corvalán vivía con la abuela de la nena.

Los abusos fueron, como le contó ya adolescente a una tía, "totales". 

Le daba dinero y golosinas, y la amenazaba para que no contara. Le decía que jugaban "a mamá y papá" o a "la oveja y el corderito". Sucedió casi todos los días durante cinco años.

Cuando declaró, Corvalán dijo que era inocente, que nunca le había “faltado el respeto” y que todo estaba "armado" para que él "vaya preso" y se "quede sin nada". "Nunca la toqué", dijo. Pero cuando llegó la hora de la verdad, el juicio oral y público, se fugó.

La denuncia fue radicada en 2012, en el destacamento de Santa Lucía. Fue la madre la que denunció. A ella le contó de la situación una amiga que trabajaba en el Hospital, a quien la joven le había relatado lo ocurrido.

La denuncia llegó un año después de que Corvalán se separara de la abuela de la víctima. Su salida de esa casa permitió que Cintia se animara a contarlo todo. No sólo por ella: el abusador visitaba habitualmente a su prima de 8 años y temía que también le hiciera lo mismo.

La pericia psicológica sobre la joven no dejó lugar a dudas: su relato era coherente y verosímil, pero además con indicadores sintomatológicos de haber padecido abusos. 

De la misma manera, su declaración en cámara Gesell fue considerada absolutamente válida a los fines penales.

En 2018, Cintia decidió hablar en el pueblo. En la Semana de la Juventud, ese espacio de confluencia total entre todas las generaciones de Santa Lucía y que paraliza la localidad para celebrar el encuentro, encabezó una charla junto a organizaciones que trabajan para visibilizar las problemáticas de abuso.

Tenía 22 años y les dijo a todas las adolescentes que estaban frente a ella que no estaban solas, que si tenían que denunciar abusos que lo hicieran, que no duden, que siempre hay alguien que las va a acompañar, que al final del camino, aunque pase el tiempo, puede haber justicia.

Si no, lo que hay es impunidad y riesgo de que haya más víctimas.

En el expediente obra una declaración de una chica muy cercana al imputado que relató que alguna vez se lo tuvo que sacar de encima a los empujones. Además, ya están en marcha otras causas por otras denuncias por hechos similares a los que sufrió Cintia.

En la requisitoria de elevación a juicio, el fiscal Manso, que había instruido la causa, había estimado una pena de 15 años de prisión efectiva para solicitar en el debate.

La condición de prófugo de la Justicia que mantuvo durante ocho años va a jugar en contra de Omar "Papelito" Corvalán, que el lunes deberá enfrentar, por fin, al Tribunal, a la víctima, al peso de la Justicia. Más de 25 años después de que empezó todo.

La Opinión reveló la condena a seis años y medio de cárcel para un joven de 29 años acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado. Tras el fallo, la víctima del hecho remitió una carta con pedido de publicación, que se transcribe completa a continuación:

Al fin se hizo justicia. Después de cuatro años de sufrimiento y dolor. Hoy no tengo a mi mamá, y nadie me la va a devolver. Hoy empiezan a pagar en carne propia lo que yo viví.

Que paguen todo el daño psicológico y físico que causaron Diego Guilmen y toda su familia. Culpa de esta familia perdí a mi mamá y por miedo hable tres días después.

Hubo acoso y denuncias falsas de parte de esta familia. Llegaron al punto de que me quisieron atropellar con su camión.

Esto es sólo una pequeña parte del daño que me causaron. Tenia terror de caminar sola por la calle. Porque esta familia no tiene limites.

Al fin se hizo justicia. Aunque nadie me va a sacar el dolor y el  daño psicológico que me causaron. Y a mi nadie me va a devolver a mi mamá.

Qué tranquilidad y paz saber que esté pagando todo el daño causado y el dolor, que jamás se va a borrar de mí.

La acusación contra el sindicalista de Camioneros Fernando Espíndola sobre abusos sexuales cometidos contra sus sobrinos menores de edad cuando convivían juntos hace varias décadas todavía sigue en pie: el Tribunal de Casación admitió la revisión del fallo que había desestimado que vaya a Juicio por la Verdad.

El diario El Norte reveló esta semana que Casación será responsable de emitir dictamen respecto de si corresponde o no someter a Espíndola a ese tipo de proceso, que si bien no tiene consecuencias punitivas —no podría ir preso en caso de ser hallado culpable— sí implica conocer la verdad y endilgar responsabilidades respecto de los hechos ocurridos.

El delito prescribió por haber sido cometido hace más de tres décadas, cuando Cintia Espíndola —una de las denunciantes y quien lleva la voz cantante de la causa, cosa que asumió públicamente— y otros sobrinos del sindicalista de Camioneros habrían sido abusados.

Fernando Espíndola también era menor de edad para la fecha en que las denuncias sindican como momentos en que comenzaron los sometimientos, que además habrían seguido cuando él ya había cumplido la mayoría de edad.

Ante la prescripción, la jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui consideró en su fallo que estaban dadas las condiciones para llevarlo a Juicio de la Verdad. Sin embargo, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 dijo que no.

Los jueces Belén Ocariz, Cristian Ramos y Laura Fernández consideraron que "no obstante lo aberrante de los hechos referidos ni las secuelas que dejaran en las personas afectadas, no se trata de un delito de lesa humanidad".

Ello, a pesar de que la jurisprudencia indica que este tipo de delitos, aun prescriptos, constituyen graves violaciones a los derechos humanos y a los derechos de niños y niñas consagrados por la Constitución.

Lo extraño de la novedad judicial es que la Cámara de Apelaciones que sugirió a las víctimas iniciar el trámite para el Juicio por la Verdad declaró ahora su incompetencia. Al menos Casación admitió el recurso y lo analizará.

Fernando Espíndola permanece detenido con arresto domiciliario por la causa en la que está acusado de cobrar coimas a la empresa Rey Distribución para permitirles trabajar, caso en el que también está detenido con domiciliaria el líder de Camioneros en la región y concejal de San Nicolás en uso de licencia, Maximiliano Cabaleyro.

El Tribunal de Casación Penal provincial ordenó reiterar el juicio contra un hombre acusado de abusar sexualmente de su pequeña hija, luego de considerar que en primera instancia, cuando resultó absuelto por el beneficio de la duda, no se ponderaron debidamente los elementos probatorios existentes.

La defensa oficial del acusado había logrado la absolución en el juicio oral por "la falta de pruebas certeras sobre el hecho", pero los jueces del Tribunal de Casación consideraron que la prueba del caso no fue analizada en su totalidad como corresponde.

Casación entiende que aunque puede haber algunas imprecisiones, los elementos de prueba deberían haber sido valorados en su conjunto porque, así vistos, cobran una "fuerza significativa" para la hipótesis de culpabilidad.

Si bien el estado de incertidumbre benefició ante la mirada de los jueces de primera instancia al imputado, el Tribunal superior entiende que no hay una "explicación consecuente" y que se aprecia un "vacío" en ese sentido en la sentencia absolutoria original.

Señalaron que el pronunciamiento absolutorio de los jueces que intervinieron en el juicio oral que derivó en la absolución del imputado "carece de análisis y comentarios acerca de la toalidad de la prueba cargosa, ausencia que impide conocer debidamente la motivación de la incertidumbre".

Así, hicieron lugar al recurso de casación elevado por la fiscala María del Valle Viviani y ordenaron "se dicte un nuevo pronunciamiento con la renovación de los actos procesales necesarios", lo que implica practicar nuevamente el juicio.

El hecho ocurrió en 2021, cuando la víctima tenía cinco años. La denuncia la radicó la abuela de la niña luego de que ella le contara que estuvo con el padre en el baño de la casa de la otra abuela, en las 104 Viviendas, y que él "le raspaba la cola" y que "era malo", relato ratificado en cámara Gesell, aunque de manera "algo confusa".

El Tribunal de Casación consideró muy relevante el informe de la pericia médica forense, que constató "desgarro himeneal" y "eritema perianal por fricción". La pericia fue practicada cinco días después del hecho.

La defensa oficial, en el juicio original, planteó que si no se advertía "proceso de cicatrización" el desgarro citado no podría haberse producido en la fecha señalada como del abuso por parte del padre, lo que sembró dudas en los jueces.

Ahora, el Tribunal de Casación consideró que esas dudas no fueron lo suficientemente explicadas y que las imprecisiones señaladas no son suficientes para dudar del comportamiento del acusado.

La Justicia nicoleña aceptó como particular damnificada a Cintia Espíndola, una de las sobrinas del exconcejal y sindicalista de Camioneros Fernando Espíndola, en la solicitud de que sea sometido a un juicio por la verdad en el caso de abuso sexual por el que fue denunciado por ella y otros familiares.

En diciembre la Cámara de Apelaciones consideró que, como sostenía su defensa, el paso del tiempo había favorecido a Espíndola ya que los alrededor de 30 años que pasaron desde los hechos denunciados implicaban la prescripción 

Pero también consideró que sería importante que lo sometieran a un juicio por la verdad, que es igual a un proceso común pero sin cumplimiento de pena en el caso de ser hallado culpable.

Para que esa posibilidad avanzara era necesaria la aceptación de las víctimas y Cintia, una de las que desde el primer día hizo pública la situación, decidió instruir al abogado Agustín Tanús para que, en su representación, solicite al Juzgado el inicio del proceso. La Jueza de Garantías, María Eugenia Maiztegui, aceptó la presentación, reveló el diario El Norte.

Está acusado de abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal reiterado y agravado por el vínculo.

Fernando Espíndola fue denunciado por tres sobrinos que convivían con él cuando eran niños y él adolescente. Los denunciantes tenían entre 6 y 10 años cuando habrían comenzado las vejaciones de las que lo acusan; él, algunos más. Aseguraron que incluso siguió abusando de ellos cuando ya había cumplido la mayoría de edad, por eso la causa se dividió en dos, una en el fuero juvenil y otro en la Justicia ordinaria.

El exconcejal y sindicalista de Camioneros cumple arresto domiciliario en la causa por pedido de coimas a la empresa Rey Distribución, expediente penal por el que también tendrá que rendir cuentas en un juicio.

Si bien los denominados "juicios por la verdad" no tienen consecuencias penales —un veredicto de culpabilidad no implica cárcel— permiten atravesar un proceso judicial similar a cualquier otro de manera tal que la víctima pueda acceder a justicia, reparación civil, moral y pública o bien el acusado a limpiar su buen nombre y honor mancillado por la sospecha.

Este martes el Tribunal Oral en lo Criminal de San Nicolás dará a conocer la sentencia del jucio que la semana pasada tuvo lugar contra un hombre de 40 años acusado de abusar sexualmente de la hija de su expareja.

Diego G. fue detenido en abril del año pasado, 11 meses después de que su pareja de entonces lo denunciara en la Comisaría de la Mujer porque su hija, de 10 años, le contó que la sometía a prácticas sexuales desde que tenía cinco.

La fiscala Viviana Ramos logró entonces, tras las pericias psicológicas y la declaración bajo el sistema de cámara Gesell, detener al imputado aunque llegó a juicio en libertad porque no le dictaron prisión preventiva.

En junio de 2020, en plena pandemia, Diego G. estaba bebiendo con un vecino, “como era habitual todos los fines de semana”, cuando la nena “se puso muy nerviosa porque sabía lo que venía después”, según contó la madre.

“Tengo algo malo para decirte, algo mío y del Diego, de hace mucho tiempo”, le dijo la niña a su mamá. La mujer la llevó en moto hasta la casa de su hija mayor y allí le preguntó qué pasaba. “Empezó a llorar, no te puedo explicar las cosas horribles que le hacía hacer desde los 5 años”, contó.

La denunciante había denunciado en varias oportunidades a Diego G. por violencia de género, lo que incluyó en su momento aprehensiones y exclusiones perimetrales. No era la única mujer que lo había denunciado por ese tipo de hechos.

Tampoco es este el único caso en el que aparece denunciado por abuso sexual. El relato de la madre de la nena cuyo caso se debatió en el juicio la semana pasada hizo en 2020 que una mujer que entonces tenía 29 años decidiera denunciarlo en la Justicia por un hecho que ocurrió cuando ella tenía 16 años, en 2007, y él era pareja de una familiar.