Los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola más otros seis afiliados a ese gremio que eran empleados de la firma Rey Distribución irán a juicio oral y público desde el próximo 28 de septiembre.

Así lo dispuso el Tribunal Oral en lo Criminal n.° 2 tras las audiencias preliminares. Está previsto que el debate se extienda al menos hasta el 6 de octubre.

Además de los dos sindicalistas, van a juicio Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez.

El juicio ventilará los hechos relacionados con el presunto pedido de coimas por parte del Sindicato de Camioneros a la empresa Rey Distribución a cambio de "dejarlos trabajar tranquilos".

Además de los delitos de extorsión y extorsión en grado de tentativa, están imputados por turbación de la posesión a raíz del bloqueo a la planta durante los días de protesta posterior a la denuncia inicial de la empresa.

Cabaleyro y Espíndola llegarán al juicio detenidos con prisión preventiva, aunque ambos están alojados en sus casas con el beneficio de arresto domiciliario otorgado oportunamente por la Justicia. Llevan cuatro años presos.

El resto de los imputados llegará en libertad al debate oral y público que se desarrollará en la sala de audiencias del Palacio de Tribunales de San Nicolás.

El abogado sampedrino Patricio Serjal Benincasa, exfuncionario de la Fiscalía local y ex fiscal general de Rosario, fue condenado a 9 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el Tribunal que lo juzgó en un resonante caso de corrupción judicial vinculado al juego clandestino en la provincia de Santa Fe.

Serjal fue hallado penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita, cohecho, falsedad ideológica, omisión de persecución y peculado por haber protegido organizaciones criminales desde su importante cargo como jefe de todos los fiscales de Rosario y la región.

Los magistrados Nicolás Foppiani, Faucndo Becerra y Hebe Marcogliese dictaron sentencia para Serjal y para Nelson Rodolfo Ugolini, exempleado judicial que también fue acusado de cobrar en dólares de una red de juego ilegal para brindar protección en la Justicia, a quien le dieron cinco años de cárcel.

Desde el comienzo de la causa, los abogados de Serjal —primero Hugo Lima y luego Ignacio Carbone, defensor de barrabravas y sicarios de "Los Monos"— habían planteado que como el sampedrino había accedido al cargo sin vínculos políticos, habían tejido debajo de él una red de corrupción que lo involucró por el lugar que ocupaba.

 El intento por desvincularlo no alcanzóy la Justicia consideró que Patricio Serjal Benincasa cobró coimas para "retardar u omitir dictámenes propios de su competencia" en procura de que "no prosperen" causas penales contra Leonardo Peiti, empresario del juego clandestino a quien también se lo vinculó alguna vez con la banda narco Los Monos.

Peiti brindó información como "arrepentido", fue condenado a tres años y a pagar 47 millones de pesos de multa en un juicio de trámite abreviado. 

Los datos que aportó involucraron a Serjal y a Ugolini, así como al exfiscal Gustavo Ponce Asahad, quien también fue condenado, en su caso a seis ños, y como "arrepentido" ofreció detalles de la operatoria ilegal.

Serjal tiene 48 años. Tras recibirse como abogado, trabajó como auxiliar de la primera Fiscalía descentralizada que hubo en San Pedro e hizo carrera en el Poder Judicial hasta convertirse en la máxima autoridad regional del Ministerio Público Fiscal en Rosario.

Durante la instrucción de la causa fue detenido y cumplió varios meses en prisión preventiva hasta que le otorgaron primero arresto domiciliario y luego la libertad, tras lo que volvió a San Pedro a esperar el juicio, que comenzó el 15 de septiembre y terminó con su condena a 9 años de prisión.

Pasaron 25 años desde que sufrió abusos sexuales reiterados, 14 desde que se animó a contar lo ocurrido y denunciar, ocho desde que el abusador estaba prófugo porque no lo habían detenido antes del juicio: el lunes, Cintia, una víctima  que desde hace años comparte su experiencia para que otras den el paso y denuncien, al fin podrá ver a su abusador sentado en el banquillo ante el Tribunal.

Omar Corvalán, alias "Papelito", tiene 64 años y el lunes será sometido a juicio oral y público acusado de abuso sexual con acceso carnal reiterado, agravado por la condición de guarda y corrupción de menores.

Tenía 39 cuando la pequeña Cintia, de 3, quedaba bajo su cuidado en la casa de la abuela de ella, pareja de él, y empezó a abusar sexualmente de la nena.

Lo hizo durante alrededor de cinco años, hasta que un episodio trágico familiar lo desalentó, aunque mantuvo siempre las amenazas para que ella no contara nada.

El 13 de junio pasado, Omar Corvalán fue detenido en Puerto Vilelas, una localidad portuaria de 8 mil habitantes en la provincia de Chaco, ubicada sobre el río Barranqueras, a 10 kilómetros de Resistencia.

Estaba prófugo desde agosto de 2017, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal de San Nicolás lo había notificado para el juicio oral y público por los abusos.

Había llegado a esa instancia del proceso en libertad y al ser convocado al juicio, escapó. 

Pasaron ocho años hasta que la DDI logró establecer que se escondía en Chaco, a más de 850 kilómetros de San Pedro y en el medio del monte, en un establecimiento agropecuario del paraje El Soto.

Corvalán vivía  solo en Colonia Tacuarí, en la zona rural. Cuando estaba en Santa Lucía, también vivió en el campo, en Colegiales. Desde allí había trasladado, semanas antes de darse a la fuga, a su pareja de entonces, Nélida Delfina Marzán, al Hospital, con un escopetazo.

La mujer tenía una herida de arma de fuego en el muslo que primero le costó la pierna y luego la vida. Él dijo que se le "escapó" el tiro, que le estaba "enseñando la escopeta", que "fue sin querer".

Entre 1999 y 2004, fechas de los abusos reiterados que Cintia recién pudo empezar a contarle a terceros cuando cumplió 15 años, Omar Corvalán vivía con la abuela de la nena.

Los abusos fueron, como le contó ya adolescente a una tía, "totales". 

Le daba dinero y golosinas, y la amenazaba para que no contara. Le decía que jugaban "a mamá y papá" o a "la oveja y el corderito". Sucedió casi todos los días durante cinco años.

Cuando declaró, Corvalán dijo que era inocente, que nunca le había “faltado el respeto” y que todo estaba "armado" para que él "vaya preso" y se "quede sin nada". "Nunca la toqué", dijo. Pero cuando llegó la hora de la verdad, el juicio oral y público, se fugó.

La denuncia fue radicada en 2012, en el destacamento de Santa Lucía. Fue la madre la que denunció. A ella le contó de la situación una amiga que trabajaba en el Hospital, a quien la joven le había relatado lo ocurrido.

La denuncia llegó un año después de que Corvalán se separara de la abuela de la víctima. Su salida de esa casa permitió que Cintia se animara a contarlo todo. No sólo por ella: el abusador visitaba habitualmente a su prima de 8 años y temía que también le hiciera lo mismo.

La pericia psicológica sobre la joven no dejó lugar a dudas: su relato era coherente y verosímil, pero además con indicadores sintomatológicos de haber padecido abusos. 

De la misma manera, su declaración en cámara Gesell fue considerada absolutamente válida a los fines penales.

En 2018, Cintia decidió hablar en el pueblo. En la Semana de la Juventud, ese espacio de confluencia total entre todas las generaciones de Santa Lucía y que paraliza la localidad para celebrar el encuentro, encabezó una charla junto a organizaciones que trabajan para visibilizar las problemáticas de abuso.

Tenía 22 años y les dijo a todas las adolescentes que estaban frente a ella que no estaban solas, que si tenían que denunciar abusos que lo hicieran, que no duden, que siempre hay alguien que las va a acompañar, que al final del camino, aunque pase el tiempo, puede haber justicia.

Si no, lo que hay es impunidad y riesgo de que haya más víctimas.

En el expediente obra una declaración de una chica muy cercana al imputado que relató que alguna vez se lo tuvo que sacar de encima a los empujones. Además, ya están en marcha otras causas por otras denuncias por hechos similares a los que sufrió Cintia.

En la requisitoria de elevación a juicio, el fiscal Manso, que había instruido la causa, había estimado una pena de 15 años de prisión efectiva para solicitar en el debate.

La condición de prófugo de la Justicia que mantuvo durante ocho años va a jugar en contra de Omar "Papelito" Corvalán, que el lunes deberá enfrentar, por fin, al Tribunal, a la víctima, al peso de la Justicia. Más de 25 años después de que empezó todo.

Se desarrolló este miércoles en los Tribunales de San Nicolás la larga jornada de audiencia por el juicio contra Alejandro Mussing, el turista del conurbano que asesinó a su pareja, Guadalupe Estigarribia, de 21 años, en un complejo de Cabañas de Baradero.

El martes que viene, el Tribunal Oral en lo Criminal n.° 2 dará a conocer el veredicto, que todo indica será condenatorio contra el femicida, puesto que los elementos de prueba son suficientes para ello.

El juicio comenzó alrededor de las 8.30 de la mañana con el desfile de los testigos de Fiscalía y los peritos médicos y de Policía Científica que trabajaron en la violenta escena del crimen.

Luego de un receso al mediodía, retomaron el debate, que terminó pasadas las 16.30 con los alegatos del fiscal Hernán Granda, que pidió prisión perpetua por femicidio.

El defensor oficial Joaquín Castro  hizo un planteo de inimputabilidad en procura de que se contemplen circunstancias extraordinarias de atenuación y le apliquen una pena de 10 años de cárcel.

La jornada de debate fue dura para los presentes. El testimonio de la familia de Guadalupe Estigarribia respecto de la violencia a la que sometía de manera constante Mussing a la joven en el marco de su relación fue respaldada por el personal profesional del área de Género de Tres de Febrero, distrito donde vivían.

La víctima había tenido acompañamiento durante las semanas previas al femicidio y su caso era considerado "de alto riesgo" por las diversas situaciones a las que había sometido, en un contexto de adicciones a las drogas por parte de Mussing.

Durante la audiencia los presentes tuvieron que ver fotografías de la escena del crimen y del hallazgo del cuerpo que dieron cuenta del grado de violencia con el que se produjo el asesinato.

Las pericias que le practicaron a Mussing en el Hospital de Baradero apenas lo trasladaron tras ser detenido sostuvieron que comprendía la criminalidad de sus actos.

La defensa oficial, que asumió el caso porque la defensora particular renunció en los días previos al juicio, señaló que debería tenerse en cuenta la problemática el consumo excesivo de estupefacientes.

Alejandro Mussing y Guadalupe Estigarribia habían llegado a Baradero el miércoles 17 de abril del año pasado para pasar el fin de semana en un complejo de cabañas de la zona de Colonia Suiza.

Esa misma noche, él fue a comprar drogas. La escena del crimen fue descubierta el sábado por la mañana, cuando el dueño del complejo de cabañas detectó que salía agua de la que había alquilado la pareja y no respondían a los llamados a la puerta.

Cuando la policía llegó, el lugar estaba destrozado. Mussing estaba en la cama, inconsciente, con el cuchillo con el que mató a la joven en la mano y diversas lesiones autoinfligidas.

El cuerpo de Guadalupe Estigarribia tenía signos de putrefacción, lo que reveló que habían pasado varias horas desde el asesinato. Tenía una gran cantidad de lesiones en la cabeza y el rostro como fracturas, cortes, hematomas.

El miércoles comenzará en San Nicolás el juicio oral y público contra Alejandro Mussing, un hombre de 34 años acusado de cometer femicidio contra su pareja, de 21, en Baradero.

Mussing está detenido tras haber sido hallado el sábado 20 de abril de 2024 en una cabaña de un complejo turístico de Colonia Suiza tendido en la cama con cortes en el cuerpo y un cuchillo en la mano.

En el piso yacía sin vida su pareja, Guadalupe Estigarribia, asesinada con el arma blanca que tenía en su poder Mussing. Adentro de la cabaña estaba todo destrozado, señal de que ella intentó defenderse.

Mussing y Estigarribia habían llegado en moto un miércoles por la noche a Baradero desde la localidad de Villa Bosch, partido de Tres de Febrero, donde vivían.

El sábado a la tarde, el propietario del complejo turístico que habían alquilado llamó a la policía porque del interior salía agua y nadie respondía. Al ingresar, hallaron la escena del crimen. La puerta estaba cerrada por dentro.

Las pericias psicológicas establecieron que Mussing comprendía la criminalidad de sus actos. Cargaba con serios problemas de adicción y apenas llegó a Baradero había ido a comprar drogas en Baradero.

El imputado tenía denuncias por violencia de género, lo que agravó su situación procesal. Al juicio llega asistido por la Defensoría Pública, porque la abogada particular que contrató renunció.

La defensora privada no logró revertir la prisión preventiva que le dictaron a Mussing, que nunca declaró en la causa porque siempre hizo uso de su derecho a no hacerlo, incluso en varias ocasiones en las que trasladado a Baradero desde el penal donde está alojado.

Aunque el delito prevé como pena posible la prisión perpetua, puesto que se trata de un femicidio, la abogada había planteado la posibilidad de un juicio abreviado, que denegaron porque no corresponde.

El cuerpo de la víctima presentaba más de 10 puñaladas, hundimiento y fractura del hueso frontal, pérdida de piezas dentales, entre otras lesiones.

Cuando la policía entró a la cabaña, todo indica que habían pasado varias horas desde el asesinato. Hasta el sábado no llegaban otros turistas, por eso nadie escuchó nada.

El abogado sampedrino Patricio Serjal Benincasa (48 años), ex fiscal general regional de Rosario, comenzó a ser juzgado por las presuntas maniobras de corrupción que lo ligaron a una asociación ilícita relacionada con el juego clandestino de la que está acusado de formar parte desde el importante cargo que tenía en la ciudad santafesina.

Serjal, que fue auxiliar en la Fiscalía de San Pedro, está acusado de cobrar coimas de organizaciones criminales para entorpecer investigaciones y llegó en libertad al juicio, que comenzó este lunes, luego de haber permanecido varios meses en prisión.

El sampedrino está imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, transmisión de datos reservados, falsedad ideológica, cohecho y peculado.

Se lo acusa de haber recibido dinero para "retardar u omitir dictámenes propios de su competencia" para que "no prosperen imputaciones" relacionadas con el empresario del juego clandestino Leonardo Peiti, a quien se lo vinculaba con la banda narco "Los Monos".

Peiti fue condenado en juicio abreviado a 3 años de prisión efectiva y al pago de 47 millones de pesos de multa tras brindar información en la causa en condición de "arrepentido", misma figura a la que se acogió el fiscal rosarino Gustavo Ponce Asahad, quien también fue condenado, en su caso a seis años.

Además del sampedrino Patricio Serjal Benincasa, llega a juicio el exempleado judicial Nelson Rodolfo Ugolini, también acusado de cobrar dinero en dólares por parte de Peiti y su red de juego ilegal, quien dependía directamente de Ponce Asahad y era, según la acusación, el contacto directo con el empresario.

Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edry, a cargo de la acusación inicial en la causa, sostuvieron que Serjal y Ugolini, junto al condenado Ponce Asahad y al también imputado exintendente de San Lorenzo y cuatro veces senador Armando "Pipi" Traferri, conformaban "una asociación ilícita".

El objetivo, señalaron en la causa los fiscales, era "permitir que Peiti pueda seguir operando de forma ilegal el negocio del juego y apuestas de azar". 

La acusación considera que los delitos cometidos, con el cobro de coimas de alrededor de 5 mil dólares mensuales de por medio, tenían como fin "dar continuidad a esa empresa criminal".

Ahora, los fiscales José Luis Caterina, Marisol Fabbro y María de los Ángeles Granato, solicitarán en el juicio una pena de 12 años para Serjal y 5 para Ugolini, con inhabilitación a perpetuidad.

Serjal Benincasa tuvo como abogado al reconocido penalista nicoleño Hugo Lima (h) y luego al prestigioso Ignacio Carbone, rosarino que supo asistir a Matías Messi, hermano del capitán de la Selección, al exbarra brava de Newell's Diego "el panadero" Ochoa" y a Andrés "el Gitano" Fernández, acusado de ser líder de sicarios de "Los Monos", entre otros casos resonantes.

Ambos abogados sostuvieron desde el comienzo de la causa la inocencia del sampedrino. Una de las hipótesis sobre las que trabajaron fue que Serjal no tuvo nunca vínculos políticos para llegar a ser máxima autoridad de los fiscales de Rosario, lo que podría haberle jugado en contra porque, consideraron, debajo de él se habrían tejido las redes de corrupción en las que quedó involucrado por su cargo.

El juicio que comenzó este lunes durará, estiman, entre tres y cuatro semanas y tendrá jornadas de alrededor de cinco horas cada una para ventilar los detalles de la acusación ante el Tribunal integrado por los jueces Nicolás Foppiani, Facundo Becerra y Hebe Marcogliese, que decidirá el futuro de los acusados.

Finalizó en la sala de audiencias de los Tribunales de San Nicolás el juicio oral y público por el femicidio de Naiara Durán, la joven de 25 años que fue asesinada hace exactamente dos años, el 13 de agosto de 2023, jornada de las elecciones Primarias.

La Fiscalía n.° 7 que conduce María del Valle Viviani pidió penas de prisión perpetua para Francisco Vlaeminck, acusado de femicidio; 20 años de cárcel para su pareja, Daiana Franco, por homicidio simple; y seis años para Mario Franco, padre de Daiana, acusado de encubrimiento agravado.

El veredicto del Tribunal Oral en lo Criminal nicoleño se conocerá la semana que viene, todo indica que el miércoles al mediodía, momento en el que los jueces informarán si son culpables o no y la pena que les corresponde en caso de fallo condenatorio.

El juicio técnico —no por jurado ciudadano, que era una posibilidad— se desarrolló durante martes y miércoles en el Palacio de Tribunales de San Nicolás, con decenas de testigos que declararon.

Este miércoles fue el turno de los acusados y en medio de la declaración de Francisco Vlaeminck los jueces desalojaron la sala luego de que en medio de su relato allegados a Naiara lo insultaran.

A la hora de los alegatos, Viviani puso de relieve que las pruebas reunidas en el expediente son suficientes para acreditar que a Naiara la mataron de siete puñaladas con un cuchillo y un destornillador dentro de la casa de Vlaeminck y Franco, donde agonizó por alrededor de siete horas.

El testimonio de los peritos de Policía Científica y de la Policía Federal que ratificaron que la presencia de rastros de sangre sólo podía ser humana y de varios días posteriores a la jornada del levantamiento de las pruebas también fue puesto de relieve por Viviani.

De la misma manera, fue relevante el relato de un testigo que contó que el día antes de que el cuerpo de Naiara aparezca flotando en el río en un tambor de 200 litros había cruzado a la isla a Francisco Vlaeminck y una hora más tarde hizo lo propio hacia el continente.

El testimonio de la policía que analizó las cámaras de seguridad que detectaron la moto en la que circulaba Naiara cuando llega a la casa de Primera Junta y Bottaro sin que haya registros de que saliera, así como las grabaciones que muestran ese domingo ir y venir varias veces al auto de Mario Franco también fuerelevantes.

En su alegado de defensa, el abogado Adolfo Suárez Erdaire procuró, al igual que a lo largo de todo el juicio, atacar los elementos probatorios que reunió Viviani y llevar a los jueces hacia la duda respecto de la contundencia de las pruebas en contra de sus defendidos.

Ahora, los integrantes del Tribunal se tomarán el tiempo de ley que tienen previsto para analizar todo el material revelado durante el juicio para dar a conocer su veredicto y, en caso de fallo condenatorio, la pena que será impuesta a los acusados.

En medio de la segunda jornada del juicio por el asesinato de Naiara Durán, el Tribunal decidió desalojar la sala de audiencias mientras declaraba el acusado de femicidio Francisco Vlaeminck, a quien le gritaron de todo desde el público.

La segunda jornada del debate estaba tensa desde el comienzo, a dos años exactos del día en que Naiara fue asesinada. Tras la declaración de la hermana de Daiana Franco, la pareja de Vlaeminck también acusada del crimen, esa tensión creció.

Camila Franco vivía en la casa donde aparecieron los rastros de sangre que impulsaron la investigación hacia la acusación contra Francisco Vlaeminck y Daiana Franco. Se mudó tras el crimen y hasta en un principio estuvo involucrada en la causa.

Tras su declaración, fue el turno de la del imputado, que comenzó su relato desde el momento en que conoció a Naiara. La extensión de la narración y las palabras de Vlaeminck encendieron a los allegados de la víctima todo se desmadró.

Tamara Durán, madre de Naiara, pidió al Tribunal salir de la sala para dejar de escuchar lo que declaraba Vlaeminck. El juez que preside le advirtió que si se iba ya no podría volver y ella se quejó.

Detrás, allegados a Naiara comenzaron a gritarle a Francisco Vlaeminck. Lo insultaban y le decían cosas del tipo "mataste a la madre de tu hijo", entre otras, lo que provocó la decisión del Tribunal de desalojar la sala de audiencias.

Así, para el tramo final de la declaración de Vlaeminck y la de la acusada Daiana Franco, así como los alegatos de Fiscalía y Defensa, quienes fueron al juicio, tanto de la familia de Naiara como de los imputados, tuvieron que retirarse.

El Tribunal se tomará los cinco días que tiene prevista la ley para dar a conocer el veredicto, por lo que tras las dos jornadas de juicio habrá que esperar ese lapso para conocer si los acusados son declarados culpables, en cuyo caso les corresponderán penas de prisión perpetua.

Este martes tuvo lugar en los Tribunales de San Nicolás la primera jornada del juicio oral y público contra Francisco Vlaeminck y Daiana Franco, acusados del asesinato de Naiara Durán.

Unos 22 testigos, entre ellos los médicos que practicaron la autopsia el cuerpo de Naiara, pasaron por la sala de audiencias durante la primera jornada del debate, que comenzó alrededor de las 9.00 de la mañana y terminó pasadas las 16.00, con un cuarto intermedio al mediodía.

La primera en prestar declaración fue Elsa Romero, la abuela de Naiara, quien fue convocada para contar cómo había sido la vida de su nieta hasta el momento del crimen, los pormenores que conocía de la relación que mantenía con su expareja Francisco Vlaeminck, entre otros aspectos.

La familia de Naiara concurrió con remeras que tenían el rostro de la joven estampado y la cantidad de personas que llegó a Tribunales fue tal que no todas pudieron pasar a la sala de audiencias. 

Entre los presentes estaba la subsecretaria de Género, Laura Monfasani, puesto que el caso está caratulado como femicidio.

Los acusados decidieron que el juicio no sea por jurados sino técnico, puesto que su abogado particular, Adolfo Suárez Erdaire, tiene como estrategia de defensa atacar desde el punto de vista formal las pruebas colectadas por la fiscala María del Valle Viviani durante la instrucción.

Así, la primera jornada tuvo muchas cuestiones técnicas que se ventilaron en el debate: desde los metros río adentro donde estaba el tambor, hasta los aspectos vinculados al mantel en el que estaba envuelto el cuerpo de Naiara o los pelos del perro que hallaron y que nunca pudieron cotejar porque el animal desapareció misteriosamente.

Los peritos de la Policía Federal ratificaron que los perros de esa fuerza detectaron sangre humana de más de 48 horas en la casa, ante los planteos del abogado defensor, que pretendía poner en duda esa prueba.

La segunda jornada será este miércoles, cuando se cumplen dos años desde aquel domingo de las elecciones Primarias 2023 en el que Naiara salió de su casa en moto y no se la vio más. 

Su cuerpo fue encontrado cuatro días después, dentro de un tambor de 200 litros que fue divisado por un pescador en la zona de Cantando en el Río, flotando en el riacho.

Pasarán, entre los testigos, personal de la Sub DDI San Pedro - Baradero, que tuvo a su cargo la investigación, y de Policía Científica, que practicaron las pericias durante la instrucción de la causa.

Además, se espera que declaren Francisco Vlaeminck, Daiana Franco y Mario Franco, padre de ella, acusado de encubrimiento.

Viviani llevó a Francisco Vlaeminck y a Daiana Franco a juicio detenidos, acusados de haber matado a Naiara a puñaladas con un cuchillo y un destornillador dentro de la casa de Primera Junta y Bottaro donde ambos convivían.

Las pericias hallaron restos de sangre bajo una pintura reciente en las paredes de la casa y el mantel en el que estaba envuelto el cuerpo sin vida de la joven víctima coincide con uno que se ve en muchas fotos de redes sociales de la pareja acusada.

El personal policial que practicó pericias en la casa también ratificó la limpieza del cuarto donde encontraron las manchas de sangre respecto del resto de la casa.

Para Viviani, las pruebas son suficientes para lograr una condena, que en ambos casos sería de prisión perpetua porque la acusación es por homicidio agravado, que incluye la figura de femicidio en el caso de Vlaeminck.

Para el abogado Suárez Erdaire, las pruebas no son contundentes para condenar a sus pupilos. La decisión final la tendrán los jueces cuando una vez que termine el juicio este miércoles deliberen respecto de los elementos probatorios y los alegatos de las partes.

La semana que viene, en los Tribunales de San Nicolás, tendrá lugar el juicio oral y público por el crimen de Naiara Durán, la joven de 25 años que fue asesinada el 13 de agosto de 2023 y cuyo cuerpo apareció varios días después dentro de un tambor de 200 litros que flotaba en el río.

Habrá alrededor de 50 testigos que fueron citados al juicio, entre ellos los profesionales que tomaron intervención en la autopsia y el levantamiento de pruebas.,

Los imputados, Francisco Vlaeminck, expareja de Naiara y padre de uno de sus hijos, y de Daiana Franco, pareja conviviente de Vlaeminck en ese momento, declararán ante los jueces durante el debate.

Él está acusado de femicidio y ella, de homicidio simple agravado. Para ambos, la única pena posible en caso de resultar declarados culpables es la prisión perpetua. Además, Mario Franco, padre de Daiana, será juzgado por encubrimiento.

El abogado defensor particular de los acusados, Adolfo Suárez Erdaire, adelantó en La Opinión & Sin Galera que buscará demostrar que las pruebas que obran en la causa “no son lo suficientemente contundentes” para condenar a Vlaeminck y Franco.

La fiscala María del Valle Viviani, por su parte, intentará convencer al Tribunal que los acusados son los responsables de asesinar a Naiara y de tirarla en el río dentro del tambor de 200 litros en el que hallaron su cuerpo, envuelto en un mantel y atado con cables.

Suárez Erdaire sostuvo que eligieron un juicio técnico en lugar de uno por jurado ciudadano porque la estrategia de defensa es atacar técnicamente la profundidad de la prueba colectada por Fiscalía.

Viviani, en tanto, consideró en la instrucción que los elementos probatorios reunidos son suficientes para establecer la culpabilidad y que el Tribunal condene a los acusados.

Elsa Romero, abuela de Naiara, dijo a La Opinión & Sin Galera que será la primera en testificar en el juicio el martes y que presenciará todo el debate, excepto cuando tengan que exponer las imágenes de cómo encontraron a su nieta asesinada.

Confirmó que familiares, amigos y allegados de la joven irán a San Nicolás con pancartas, banderas y carteles a la espera de que el resultado sea favorable y que el crimen no quede impune.

"Confío en la Justicia", dijo Elsa y aseguró que, al igual que Fiscalía, entiende que los elementos de prueba son suficientes para que haya condena contra Francisco Vlaeminck y Daiana Franco, los acusados de matar a Naiara.

La semana que viene habrá un desfile de testigos por Fiscalía camino al juicio oral y público por el femicidio de Naiara Durán, que ya tiene fecha para el debate en Tribunales.

Será bajo la modalidad de juicio técnico y no por jurados, es decir que el Tribunal ponderará los elementos de prueba para establecer si los imputados son condenados o absueltos.

Está previsto que el juicio se desarrolle durante dos jornadas: martes 12 y miércoles 13 de agosto próximos.

Así, los imputados Francisco Vlaeminck y Daiana Franco conocerán el veredicto sobre su culpabilidad cuando el Tribunal disponga darlo a conocer tras el debate.

Si todo marcha como está previsto, el último día del juicio será el del aniversario del crimen, cuando se cumplan dos años de aquel domingo de elecciones en que Naiara fue asesinada.

Homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido en contexto de violencia de género es la acusación que afronta Francisco Vlaeminck y homicidio simple, Daiana Franco. En el caso de Mario Franco, padre de Daiana, está acusado de encubrimiento.

El cuerpo de Naiara fue hallado el 17 de agosto por un pescador que divisó un tambor de 200 litros que flotaba en el río. Adentro estaba el cadáver de la joven de 25 años, envuelto en un mantel y con varias puñaladas.

La investigación de la fiscala María del Valle Viviani permitió establecer que el domingo de las elecciones primarias de 2023 Naiara salió en su moto —que no fue encontrada, por cierto— de su casa y nunca volvió.

Las cámaras de seguridad reconstruyeron el trayecto hasta la casa de su expareja, Francisco Vlaeminck, quien convivía con su novia de entonces, Daiana Franco, y el bebé de ambos, en Primera Junta y Bottaro.

De ese domicilio, Naiara salió sin vida. Viviani estableció que la trasladaron en el auto del padre de Daiana Franco hasta el río, donde arrojaron el tambor que contenía su cuerpo.

Tres apicultores de la zona de islas fueron condenados a más de tres años de prisión tras ser hallados culpables de originar un incendio que arrasó con alrededor de 6 mil hectáreas en Lechiguanas en el año 2022, en medio de las quemas que provocaron un verdadero ecocidio en todo el delta del Paraná.

Oscar y Jesús Magallanes, padre e hijo, y Miguel Ramón Morales fueron condenados por la jueza Noemí Berros, del Tribunal Oral Federal de Paraná, Entre Ríos, por "incendio" y "estrago doloso".

Las penas impuestas en la sentencia son de cumplimiento efectivo: tres años y medio para los Magallanes; tres años y dos meses para Morales. El 5 de agosto se darán a conocer los fundamentos. Si no hay apelación y la condena queda firme, deberán cumplirla en la cárcel.

Durante el juicio oral y público en el que se debatió el caso, hubo testimonios de especialistas ambientales y médicos. El fiscal general federal de Paraná, José Ignacio Candioti Puyol, destacó la relevancia del caso para "preservar la zona de humedales, cuidar el delta".

"Fueron más de dos meses de juicio, que comenzó en Victoria, donde había comenzado la causa, y luego los alegatos fueron en el Tribunal Oral Federal", en Paraná, informó Candioti a Canal 9 Litoral.

"Nos parecía que la pena no merecía que fuera condicional en este tipo de delitos ambientales", destacó el fiscal respecto de la condena de cumplimiento efectivo que solicitó y logró ante el Tribunal.

"Se comprobó que actuaron con pleno conocimiento de la antijuridicidad de su conducta. Hay mensajes de texto que lo comprueban. Ellos sabían lo que podía suceder, que ese incendio se iba a propagar y a causar el daño que causó", aseguró.

"Ojalá esto sirva para la prevención. Que estos graves hechos, que por suerte no quedaron impunes, la población tome conciencia de que los incendios causaron una grave afectación a la salud y al ambiente", destacó el fiscal.

Los Magallanes y Morales fueron detenidos en la zona del arroyo del Tigre, a la altura del kilómetro 310 del río Paraná, en la zona de Islas Lechiguanas, por personal de Prefectura de Ramallo.

En ese momento aseguraron que habían quemado pastizales para hacer un cortafuego que impidiera el avance de focos ígneos que ardían en inmediaciones de su rancho y de las colmenas de su propiedad. 

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de San Nicolás resolvió absolver a Pedro Lineros en un juicio por venta de drogas que tuvo lugar este martes en los Tribunales nicoleños.

Acusado de comercialización de estupefacientes en el marco de una causa que investigó una presunta red de la que formaban parte su hija Natalia Coronel y otro imputado, identificado como Daniel Lacuadra, ambos condenados en juicio abreviado, con defensa particular.

Lineros, que fue asistido por la Defensoría Oficial N° 2 que conduce Joaquín Castro, decidió no aceptar el trámite abreviado y someterse al debate oral y público en el que, finalmente, no quedó probada su participación en el grupo que vendía drogas.

La causa comenzó cuando entre marzo y octubre de 2022 una investigación de la División Drogas Ilícitas estableció domicilios en los que se vendían estupefacientes. 

Lineros ya había cumplído condena, primero en arresto domiciliario y luego en una Unidad Penal, por el asesinato de Gastón "Chizito" Cabrera. 

Aunque a los que les encontraron indicios claros de que comercializaban drogas fue a Coronel y Lacuadra, la acusación contra Lineros se sostuvo porque la investigación policial lo ubicaba en la calle en actividades que podrían ser compatibles con la venta de estupefacientes.

En el juicio, la defensa logró que el Tribunal ponderara la falta de elementos probatorios suficientes para condenar a Lineros, por lo que fue absuelto y recuperó de inmediato su libertad, puesto que había llegado al juicio detenido con prisión preventiva, teniendo en cuenta sus antecedentes penales.

Quedaba por resolver la causa por tenencia de estupefacientes, que todo indica quedará sin efecto por imperio de la jurisprudencia sentada por el denominado “fallo Arriola”.

Ese fallo de la Corte Suprema de la Nación establece que no debe ser penado el consumo que no implique daños a terceros, por imperio del artículo 19 de la Constitución Nacional, que indica que las acciones privadas que no perjudiquen a terceros están "exentas de la autoridad de los magistrados".

Pedro Lineros, Natalia Coronel y Daniel Lacuadra fueron acusados de comercializar estupefacientes en la zona de Rafael Obligado al 3100 (donde vivía Lineros); Las Provincias al 1800 (domicilio de Coronel) y Manuel Iglesias al 1700 (Lacuadra).

La Justicia autorizó allanamientos que cumplió la División Drogas Ilícitas de la policía el 26 de octubre de 2022. Esa tarde secuestraron elementos para la causa, aunque en lo de Lineros no había mucho: un recorte de nylon blanco y una bolsa del mismo material y color con varios agujeros debajo de la cama, en un mueble de madera.

Además le secuestraron un teléfono celular y en el bolsillo del pantalón tenía un envoltorio de nylon amarillo con 3,4 gramos de marihuana y otro negro con 0,5 gramos de cocaína. En un depósito de la vivienda había una planta de cannabis. Eso era todo.

Sí habían hallado elementos de mayor relevancia para la causa en las viviendas  de Coronel y Lacuadra, que permitieron alcanzar la condena de cuatro años en juicio abreviado, que ella, por ejemplo, cumple con el beneficio de arresto domiciliario.

En la casa de la hija de Lineros incautaron 11 envoltorios con cocaína, una balanza con vestigios de polvo blanco, dinero en efectivo, dos celulares y un plantín de marihuana.

En lo de Lacuadra hallaron 12 envoltorios de nylon celeste con marihuana y otro con la misma droga semidesmenuzada, más cigarrillos armados tipo porros. 

Además, en una mochila encontraron dos trozos compactos de marihuana, que pesaron 156,7 gramos. En el patio había cuatro plantas de cannabis y tenía dinero en efectivo distribuido en varias billeteras. Tenía tres celulares.

Tal como adelantó La Opinión, durante lunes y martes se desarrolla en San Nicolás el juicio oral y público contra el hermano de la reconocida influencer La Chabona, Fernando Palacio, acusado de tentativa de femicidio.

El joven fue detenido en marzo de 2020 tras haber participado de un episodio que ocurrió en su vivienda en el que una mujer de 29 años terminó internada con buena parte de su cuerpo quemado.

El hecho ocurrió el lunes 9 de marzo en horas del mediodía en un domicilio de Benefactoras Sampedrinas 2870. En el primer testimonio ante médicos, asistentes sociales y personal de Fiscalía, la víctima acusó a Palacio de haberla agredido de esa manera.

Luego se contradijo, pero la fiscala Viviana Ramos mantuvo la acusación, logró que le dicten la prisión preventiva y ahora lo lleva a juicio por homicidio en grado de tentativa agravado por violencia de género, es decir intento de femicidio.

Uno de los casos más graves que se recuerden en la historia criminal de la ciudad tendrá su definición en los próximos meses cuando la Justicia dicte sentencia al responsable del femicidio de María Esperanza Fernández.

Roberto Ramón Romero es el único acusado de asesinar a la mujer con quién convivía desde hacía años. El caso tendrá su definición durante los días 21, 22 y 23 de febrero, cuando se desarrolle el debate oral y público en el Tribunal Criminal N° 1 de San Nicolás.

Romero podría recibir la pena máxima, de reclusión perpetua.

María Esperanza Fernández fue hallada asesinada después del mediodía del domingo 3 de mayo de 2019 en la casa de la calle San Lorenzo 3080, la misma que compartía desde hacía muchos años con su pareja.

La encontró su hija, a quien el día anterior la víctima le había llevado sus hijos pequeños para que los cuidara, tras la discusión que había mantenido con su pareja.

Romero huyó de la escena del crimen y permaneció prófugo durante seis días durante los que se mantuvo escondido en diversos puntos de la zona rural hasta que, cercado por la búsqueda, se presentó en la casa de un familiar para entregarse.

Ramón Romero afronta además otra instancia judicial en la que está acusado de abusar sexualmente de la hija mayor de la víctima.