Usuarios de correo electrónico comenzaron a recibir mensajes que simulan provenir de organismos judiciales laborales y que advierten sobre supuestos procesos de ejecución o reclamos salariales inexistentes.

Así llegó a algunos sampedrinos, sorprendidos por la intimación mediante un e-mail, que a su vez causó estupor ante lo que representa una instancia de estas características.

La tranquilidad la ganaron cuando recapacitaron que ellos también eran empleados y que no había que temer. La excepción estaba en haber respondido, porque para ello surgía un link que debía accionar para interiorizarse sobre la supuesta intimación.

Eso era suficiente para que los ciberdelincuentes se apoderen de un sinfín de datos.

Especialistas recomiendan no abrir enlaces ni brindar datos personales, ya que se trataría de una modalidad de estafa virtual orientada al robo de información.

Los correos utilizan nombres genéricos como “Derecho Laboral” y contienen mensajes intimidatorios con frases como “Intimación Procesal – Carácter Perentorio” o “Proceso de ejecución iniciado”, acompañados de números de legajo apócrifos y referencias aparentes a juzgados nacionales del trabajo.

Los mensajes enviados mantienen una estética diseñada para aparentar formalidad judicial, incluyendo menciones a un supuesto “Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo”, advertencias sobre consecuencias procesales y pedidos de “acreditación de identidad”.

El mensaje busca provocar temor mediante advertencias sobre “reconocimiento tácito de los hechos imputados” y posibles agravantes procesales si no se responde de inmediato. Pero los organismos judiciales no acostumbran intimar mediante correos genéricos, ni solicitan validaciones personales a través de enlaces (links).

Por lo tanto, se recomienda:

*No hacer click en enlaces sospechosos.

*No descargar archivos adjuntos.

*No responder el correo.

*Verificar cualquier causa judicial en canales oficiales.

*Consultar directamente con un abogado o con el Poder Judicial correspondiente.

*Denunciar el hecho ante organismos especializados en ciberdelitos.

*Realizar y conservar capturas de pantalla y datos del remitente para facilitar eventuales investigaciones.

La semana pasada La Opinión reveló que la Justicia ordenó retener el 20 % de la recaudación diaria del comercio de capitales chinos denominado Supermercado 18, ubicado en Lucio Mansilla al 600, tras no pagar la indemnización correspondiente a una empleada a la que despidieron tras su licencia por maternidad y sin previo aviso, en 2020. 

Pese a que pasaron cuatro años de la sentencia, dictada en abril de 2022,  el supermercado nunca cumplió con el pago, por lo que la medida de retener la recaudación se hizo efectiva con la presencia de un perito y del oficial de Justicia en el supermercado.

En ese marco, este sábado en Sin Galera hablamos con el abogado de la empleada, Alejandro Breitburg, quien contó cómo fue el proceso judicial, que se dificultó y demoró varios años debido a maniobras de parte de la empresa para evitar el pago. 

Al momento de ejecutar el fallo, descubrieron que la empresa no tenía cuentas bancarías, bienes ni propiedades registrados a su nombre e incluso cambiaron la razón social por otra.

“Cuando les notificamos la notificación, cambian la razón social de Supermercado 18 SRL por Super La Terminal”, contó Breitburg. 

Tras esto, debieron presentar la medida poco común de intervenir la caja del comercio y demostrar que se trataba del mismo supermercado, pese al cambio de nombre. 

Finalmente, a favor de la empleada la Justicia laboral designó a un interventor, que se presentó en lugar controló la recaudación diaria y retiró un 20 por ciento del dinero en efectivo para destinarlo al pago de la deuda. 

Gracias a esta medida, la trabajadora ya está en condiciones de cobrar la indemnización esta semana, que incluye un monto triplicado respecto del original, con arreglo a actualización, intereses y costas del proceso judicial. 

La Opinión reveló este lunes que la Justicia ordenó retener el 20 por ciento de la recaudación diaria al comercio de capitales chinos denominado Supermercado 18, ubicado en Lucio Mansilla al 600, tras incumplir con el pago de la indemnización correspondiente a un juicio laboral que le ganó una empleada a la que despidieron embarazada.

La medida, que se hizo efectiva el mismo lunes con la presencia de un perito y del oficial de Justicia en el supermercado, fue dictada por el Tribunal Laboral n.° 3 de San Nicolás porque, a pesar de que pasaron cuatro años de la sentencia definitiva, la empresa nunca pagó.

La firma Dieciocho SRL fue condenada en sentencia definitiva del 12 de abril de 2022 y notificada fehacientemente seis días después. Sin embargo, hizo caso omiso al depósito de la indemnización y a los reclamos posteriores.

La sentencia indicaba que los dueños del supermercado 18 tenían que pagar $ 1.098.429,90 a la empleada despedida.

Ahora, a los efectos de la retención del 20 por ciento de la recaudación diaria para cubrir la deuda, el monto fue triplicado por la Justicia con arreglo a actualización, intereses y costas del proceso.  

La causa comenzó luego de que la joven fuera despedida de su trabajo cuando intentó retomar tareas tras su licencia por maternidad, a mediados de enero de 2020. Ese día le cerraron la caja, le quitaron la silla y le dijeron que no vuelva más.

Había empezado a trabajar como cajera en octubre de 2017, con un salario promedio de 13 mil pesos al mes por entre 8 y 10 horas diarias de lunes a lunes, registrada formalmente por media jornada, aunque el último recibo de sueldo aparece por jornada completa, con un sueldo de casi 38.500 pesos.

El Tribunal consideró debidamente probada la relación laboral. La empresa no compareció nunca a contestar la demanda. Ni siquiera se presentó a la audiencia citada por el Ministerio de Trabajo al mes de producido el despido "de palabra".

La Justicia ordenó retener el 20 por ciento de la recaudación diaria de  un supermercado de capitales chinos de San Pedro tras un reclamo laboral por despido que inició una trabajadora que estaba embarazada cuando la echaron.

La empleada reclamó la situación ante el fuero laboral, que falló a su favor y ordenó a los dueños del Supermercado 18, ubicado en Lucio Mansilla al 600, al lado de la Nueva Terminal, a pagarle la indemnización.

Sin embargo, la empresa no cumplió con la orden judicial, por lo que el abogado Alejandro Breitburg, representante legal de la empleada, solicitó una medida que tiene pocos precedentes: intervenirle la caja hasta que salden la deuda.

Así, el Juzgado Laboral n.° 3 de San Nicolás ordenó retener el 20 por ciento de toda la recaudación diaria del supermercado hasta tanto se cubra el monto de la indemnización adeudada.

La causa comenzó en 2020, cuando la joven trabajadora fue despedida mientras cursaba un embarazo, lo que entró en conflicto con la normativa laboral vigente.

La empleada reclamó en la Justicia y ganó el juicio laboral hace ya dos años, pero la empresa se negó a depositar los fondos correspondientes a la indemnización, por lo que el caso llegó a esta instancia, en la que el juzgado ordenó la retención del porcentaje de recaudación.

La subasta del edificio de la Clínica San Pedro sigue en debate judicial. La ganadora compradora fue al Juzgado Laboral interviniente para que revoque el sobreseimiento y mantenga el resultado del remate, porque los accionistas de la empresa no pagaron lo que había ordenado la Justicia.

Nanci Mirta Wottrich, una agente inmobiliaria de la ciudad de Hurlingham, fue la ganadora de la subasta. Con el patrocinio de la abogada Juliana Carbone, interpuso un recurso de revocatoria ante el Tribunal Laboral 3.

Solicita que aprueben la subasta en los términos en los que se produjo y otorgue un plazo de cinco días para pagar los más de $ 400 millones que restan para llegar al monto final del remate, 453 millones de pesos.

Wottrich, tras ganar la subasta, hizo efectivo el depósito del monto dispuesto como seña, un 10 por ciento que establece la ley para el proceso. Sin embargo, la intervención de la empresa para pagarle la indemnización a la empleada por cuyo caso el caso llegó a la instancia de remate detuvo todo.

Pero la Justicia, tras dejar sin efecto la subasta y sus consecuencias, impuso a los accionistas de la clínica San Pedro el pago de "una suma, a favor del comprador, equivalente a una vez y media del monto de la seña". Es decir casi 68 millones de pesos.

Sin embargo, la clínica no pagó. Lo que hizo fue depositar en la cuenta la suma de 6,4 millones de pesos, que es una vez y media el depósito de garantía, que era el 5 por ciento de la base del remate, poco más de 4 millones de pesos sobre los 84,5 iniciales.

"La parte demandada nunca cumplió con el depósito de las sumas equivalentes a una vez y media el monto de la seña", advirtió Wottrich en la presentación ante el Juzgado y recordó que la normativa establece que debe pagar "una vez y media del monto de la seña" y no del "depósito de garantía".

"Al no cumplir, se debe aprobar la subasta sin más trámite", sostuvo la compradora y pidió la revocatoria del sobreseimiento por no haber cumplido la clínica San Pedro en tiempo y forma con la intimación dispuesta.

Es decir que la ganadora de la subasta exige que se deje sin efecto la cancelación de las consecuencias del remate y se le permita pagar el monto que resta para hacerse del edificio ubicado en Belgrano y Quiroga.

Una presentación de los accionistas de la clínica San Pedro para hacer frente al reclamo indemnizatorio de la empleada cuyo caso derivó en el remate del edificio podría dejar sin efecto la subasta que comenzó el 29 de septiembre y que tiene fecha de finalización para este lunes.

Los dueños de la empresa se presentaron la semana pasada ante el Tribunal Laboral 3 para ofrecer pagar la deuda por indemnización de la trabajadora que logró, con el estudio jurídico Casini & Asociados, llevar su caso a la instancia de remate judicial de bienes para cobrar.

El Juzgado podría expedirse en el transcurso de esta semana, informó a La Opinión el abogado José María Vellani, que lleva adelante el expediente. En caso de que acepte que los accionistas paguen, la subasta devendrá abstracta y quedará sin efecto.

Aun así, tanto en todos los tribunales laborales de San Nicolás tramitan una gran cantidad de causas contra la clínica San Pedro por reclamos indemnizatorios que podrían derivar en nuevos planteos de remate, a menos que la empresa decida pagar los montos de todas esas indemnizaciones.

Por otro lado, la clínica enfrenta demandas civiles de proveedores de insumos y de profesionales por falta de pago, lo que complejiza aún más la situación de la empresa.

La subasta terminaba este lunes a las 10.00 de la mañana, pero se extendió porque seguían las ofertas. La última fue la número 69, por 372.415.058,40 pesos y habilitaba el tramo siguiente, por más de 376,5 millones. Finalmente, cerró en 452.822.855,10 pesos.

"Hasta el momento los jueces no resolvieron si suspenderla o no", dijo Vellani a La Opinión y agregó que luego del mediodía, cuando vencía un plazo de traslado que hizo el Tribunal, podrían intimar a l clínica a que pague.

Hasta ahora, en los más de tres años que lleva en trámite la causa que derivó en el remate, los accionistas nunca habían respondido las intimaciones y la Justicia los declaró en rebeldía, tal como ocurrió en otros expedientes en distintos juzgados.

El lunes por la mañana cerrará la subasta del edificio de la clínica San Pedro, que fue a remate en el marco de una causa que tramita en el fuero Laboral y que está relacionada con la pérdida de las fuentes de trabajo del personal, que nunca fue indemnizado cuando cerró el sanatorio.

El remate, que tiene carácter virtual, comenzó el lunes 29 de septiembre y terminará el 13, tras el fin de semana largo. Empezó con una base de 84,5 millones de pesos y al momento ya alcanzó 17 tramos, y superó los 152 millones.

En la web de la subasta están previstos hasta 26 tramos, con un monto de 190,4 millones de pesos. El último postor se anotó con 148,12 millones.

Desde que comenzó la subasta, hay cuatro de los 11 postores inscriptos que protagonizan el remate, y que suben la apuesta generalmente a los pocos minutos que sus competidores hacen su propuesta.

Identificados con los números 43341, 83987, 47713 y 23341, desde las primeras instancias del remate son los que mantienen viva la disputa y los que proponen montos superiores para avanzar en busca de quedarse con el edificio.

Distribuida en tres plantas, la edificación tiene una circulación interna adaptada a normativa sanitaria, con habitaciones de internación, consultorios, espacios adecuados para especializados, quirófanos sin equipamiento, entre otros sectores.

Con una base de 84,5 millones de pesos, el edificio de la ex Clínica San Pedro será rematada por orden judicial para hacer frente a los fallos indemnizatorios a favor de empleadas que fueron a la Justicia Laboral y obtuvieron sentencias que responden a sus reclamos.

Como adelantó La Opinión, la fecha original, prevista para el 8 de septiembre, fue prorrogada y finalmente la Justicia dispuso que la subasta virtual comience el 29 de septiembre a las 10.00 de la mañana y hasta el 10 de octubre a la misma hora.

La inscripción para interesados comenzó este martes a las 10.00 de la mañana y se extenderá hasta el 23 de septiembre. Los oferentes deberán depositar un 5 por ciento como garantía, poco más de 4 millones de pesos.

Con las nuevas fechas publicadas, se dispuso que los interesados inscriptos podrán recorrer el edificio los días 18, 19 y 20 de septiembre, de 9.00 a 12.00.

La causa por la que la Justicia ordenó el remate tramita en el Tribunal Laboral 3. El año pasado, ordenaron tasar la propiedad para iniciar el proceso de subasta, sin que los dueños de las acciones de la empresa se dieran por aludidos.

Tras ordenar la subasta del edificio de la Clínica San Pedro para hacer frente a las indemnizaciones del personal despedido, el Tribunal Laboral 3 de San Nicolás ordenó que se disponga fecha para que los oferentes puedan visitar las instalaciones y para el proceso de remate propiamente dicho.

La Justicia ordenó la publicación del edicto en el Boletín Judicial, que señala que la subasta tendrá una base de 84.639.786 pesos. Los postulantes deberán depositar un 5 por ciento como garantía, poco más de 4 millones, que les serán restituidos al final del proceso, excepto al adjudicatario.

Los interesados podrán visitar el inmueble los días lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de agosto, entre las 9.00 y las 12.00. La subasta, en tanto, será virtual y comenzará el 8 de septiembre a las 10.00 y finalizará el 19 de septiembre a la misma hora, según el edicto.

Sin embargo, el abogado José María Vellani, del estudio Estudio Casini & Asociados, que  representa a las empleadas sobre cuyos casos surgió la decisión judicial, informó a La Opinión que las fechas "van a ser ajustadas para dos semanas más adelante" y que "de todos modos, es inminente la subasta".

En febrero, cuando La Opinión reveló el fallo histórico que disponía el remate, el abogado había señalado que "la excepción sería que aparezca el dueño y pague todo", lo que no ocurrió.

Durante la causa que tramita en el Tribunal Laboral 3, desde la sociedad anónima Clínica Privada San Pedro nadie respondió las notificaciones, por lo que fueron declarados en rebeldía.

El año pasado, la Justicia ordenó tasar la propiedad para iniciar el proceso de remate en procura de hacer frente a las sentencias favorables al personal que se quedó sin trabajo cuando la clínica cerró, en julio de 2021, en plena pandemia.

“Tengan paciencia, magia no podemos hacer”, les había dicho el nuevo dueño, Gabriel Hanna, a los empleados que todavía esperaban la posibilidad de reapertura hace un año, cuando ya habían pasado dos años desde los “45 días” que anunció como plazo para abrir en 2022.

La Justicia cumplió este jueves con la diligencia prevista en la cerrada clínica San Pedro para tasar el edificio en el marco del proceso de subasta pública solicitado por los abogados de exmpleados que fueron a los Tribunales laborales a reclamar su indemnización.

El juez Nicolás Aparisi había ordenado esta pericia, a cargo de peritos martilleros, por segunda vez y con autorización al ingreso compulsivo con la fuerza pública y con un cerrajero, si era necesario.

No hubo que requerir esos servicios: estuvo presente y abrió las puertas Gabriel Hanna, el titular del grupo inversor que compró el sanatorio y prometió en mayo de 2022 que abriría "en 90 días", plazo del que ya pasaron casi dos años.

El perito martillero, junto a los abogados y exempleados que interpusieron sus demandas en el fuero laboral, recorrió las instalaciones del edificio, rincón por rincón, para la pericia que permitirá tasar el inmueble.

"El proceso de subasta se va a llevar adelante cuando la Justicia lo ordene y previo a eso tiene que dictaminar el perito el valor de la tasación que hizo hoy", informaron desde el estudio jurídico Casini-Martín y asociados, que representa a los demandantes.

Los abogados habían anunciado a exempleados que el perito martillero se presentaría este jueves para "revisar las instalaciones para hacer la tasación y posterior inicio del proceso de subasta pública" en el marco de la demanda laboral en trámite.

"Quédense tranquilos, la Dirección va a estar presente para saber de qué se trata y desarticular cualquier situación", les dijo Hanna a los extrabajadores de la clínica San Pedro que todavía aguardan esperanzados la posibilidad de reapertura del sanatorio que cerró hace tres años.

Tras la recorrida del perito martillero, Hanna les informó que fue "una constatación" en el marco del juicio laboral. Dijo que los abogados "desmintieron categóricamente la versión maliciosa de que al edificio se le iba a poner bandera de remate", versión que se desconoce de dónde surgió.

Este miércoles 1 de mayo, La Opinión publicó la novedad judicial que indicaba que el edificio iba a ser tasado para su posterior subasta a pedido de un estudio jurídico que representa a varios empleados, que fue, efectivamente, lo que sucedió.