El Consorcio de Gestión del Puerto San Pedro fue a la Justicia para reclamar la restitución del espacio público que le pertenece y que se encuentra ocupado por una guardería náutica desde el año 2012, tras un contrato firmado en 2019.

El predio forma parte de las instalaciones costeras propiedad del puerto que habían sido concesionadas en su momento a la Federación de Luz y Fuerza para el desarrollo del proyecto Mansa Lyfe.

Cuando ese sindicato restituyó el predio, la zona donde está emplazada la guardería náutica quedó en manos de la familia Asturi, titular del emprendimiento, que siguió trabajando.

El Consorcio envió cartas documento a Luz y Fuerza y al propio Asturi para recuperar el predio, pero como no lo logró por la vía administrativa recurrió a la Justicia, por lo que ahora es el Juzgado Civil y Comercial n.° 3 el que deberá resolver.

El predio formaba parte del espacio público concesionado a Luz y Fuerza, que a su vez subconcesionó —algo que no tenía permitido— a Asturi el sector donde construyó la guardería náutica.

Por eso el Consorcio fue a la Justicia contra ambos: contra Luz y Fuerza, porque debía restituir el predio concesionado libre de ocupantes; y contra la familia Asturi y Víctor Grabovieski como partes del emprendimiento de la guardería náutica.

El espacio público en disputa abarca entre 10 mil y 20 mil metros cuadrados que en su momento Luz y Fuerza reclamó ante la Justicia a Asturi por vencimiento de contrato, sin lograr la restitución.

En la causa que inició el Puerto hubo respuesta del sindicato, que sostiene que el Consorcio "siempre estuvo en pleno conocimiento" del proyecto de la guardería náutica y que, vencido el contrato y ante la negativa de restitución, Asturi quedó "en situación de tenencia precaria" sobre el predio.

Por su parte, Asturi respondió que el Puerto pretende reclamarle 20 mil metros cuadrados cuando el contrato de subconcesión habla de 10 mil, y en el mismo acto reconoce que lo restante es producto de "relleno" que hizo él mismo, por cierto sin los permisos ni los estudios de impacto ambiental correspondientes.

Asturi planteó además el tema de "las construcciones, instalaciones y mejoras realizadas sobre el inmueble", que contienen "un galpón de aproximadamente 22,40 metros por 50,60 metros, con una superficie cubierta superior a los 1.100 metros cuadrados".

El dueño de la guardería sostiene que "el valor actual de las construcciones e instalaciones existentes puede estimarse en una suma aproximada de 900 mil dólares" que invirtió y que, asegura, el Consorcio quiere quedarse en "un evidente abuso del derecho y enriquecimiento sin causa a su favor".

El juez José Ricardo Eseverri, titular del Juzgado Civil 2 de San Nicolás, ordenó desalojar a un empleado municipal que mantenía una ocupación ilegal e ilegítima sobre un inmueble ubicado en Crucero General Belgrano, cerca del club Los Andes.

El dueño, que compró esa propiedad en 2016, interpuso la demanda en 2018 luego de que los intrusos no respondieran cartas documento ni accedieran a mantener un diálogo de acercamiento para la restitución.

Finalmente, declarado en rebeldía por no presentarse ante la Justicia, ordenaron el desalojo del empleado municipal, identificado como Santiago Banegas —hermano del recientemente detenido por abuso sexual, Miguel Ángel—, que se desempeña en la Secretaría de Desarrollo Humano.

La sentencia tiene fecha del 11 de diciembre de 2024 y notificación efectiva de febrero de 2025, pero hubo una apelación presentada por un abogado en representación de otra persona que tiene un ranchito en el mismo predio, a quien también alcanza la orden de desalojo.

El juez dispuso desalojar "a Banegas, Santiago y/o cualquier otro ocupante del inmueble ubicado en Camino Crucero General Belgrano 2250". Esta semana, el magistrado dejó firme la orden al rechazar la apelación y dispuso la ejecución.

El oficial de Justicia y el abogado del dueño del predio se presentaron para notificar la orden de desalojo y en el lugar se vio movimientos relacionados con el desmantelamiento de la casa, lo que indica que el demandado estaba dispuesto a hacer caso a la orden judicial.

De lo contrario, la orden de desalojo dispuesta por la Justicia deberá cumplirse con la policía, tal como estableció el juez en su fallo, en el que autorizó “el auxilio  de la fuerza pública mínima, indispensable y con la debida moderación, y el allanamiento de domicilio”.

La jurisprudencia establece que quien tiene título de propiedad puede acceder al desalojo “aun cuando no probare la preexistencia de la propia posesión” como en este caso, en el que el comprador se encontró con los ocupantes.

“Debe presumirse que los antecesores del reivindicante tuvieron la posesión de la cosa desde la fecha de su título y ello basta para que como sucesor pueda ampararse en todos los derechos que hubiesen tenido aquellos para reivindicar”, consideró la Cámara de Apelaciones en un fallo citado en esta sentencia.

Falleció en las últimas horas Juan Carlos Arévalo, el jubilado de 92 años que tuvo que ir a la Justicia para desalojar a su propio hijo, a quien le había cedido su vivienda en "nuda propiedad", es decir con usufructo vitalicio, pero aún así había tenido conflictos que lo obligaron a irse.

Coopser informó que los restos de Arévalo serán velados en sus salas velatorias hasta las 10.00 de este viernes.

El caso de Juan Carlos fue modelo respecto de los conflictos que puedan aparecen cuando se produce la cesión con cláusula de usufructo vitalicio y una parte, en este caso su hijo, no la respeta.

La vivienda había sido cedida en esos términos con acuerdo familiar. Sin embargo, su hijo vino desde Córdoba en diciembre de 2023 a instalarse en la casa donde vivía Juan Carlos y comenzaron los problemas.

Al punto de que, en medio de conflictos, amenazas y episodios de violencia, Arévalo se fue a la casa de otro de sus hijos, por miedo a agresiones.

Allí comenzó la peregrinación judicial que logró, en octubre del año pasado y con el patrocinio del abogado Javier Silva, un fallo favorable que ordenó desalojar al hijo y restituir la casa a Juan Carlos.

Pasados los 30 días desde que a fines de febrero el Gobierno intimó al Sindicato de Trabajadores Municipales que conduce Juan Cruz “Mono” Acosta a restituir el edificio de San Martín 580, sede histórica del gremio, todo indica que la disputa se dirimirá en la Justicia.

El Sindicato respondió la carta documento y sostuvo que la sede es "la casa de los trabajadores" y que la construyeron" con sus "propias manos", por lo que la van a "defender" ante el embate del intendente.

Si el Gobierno insiste con que ese edificio es del Estado municipal y lo quiere utilizar para otra cosa, deberá avanzar en la Justicia con un juicio de desalojo, porque el gremio no está dispuesto a irse así como así.

"Ni con el Ejército me sacan de la sede que es de los y las trabajadoras", aseguró Acosta.

"No tienen nada, la sede le pertenece al sindicato", sostuvo Juan Cruz "Mono" Acosta ante La Opinión y aseguró que están preparados para, eventualmente afrontar la situación en sede judicial.

El plazo de la carta documento pasó. Ahora, si el Gobierno quiere recuperar el inmueble  para "destinos de interés público y necesidades de la gestión municipal", como dijo en la carta documento, deberá ir a la Justicia.

El desalojo de la usurpación de las 25 viviendas de Río Tala sólo podrá hacerse efectivo una vez que se haya puesto en marcha el protocolo que establece la Corte Suprema para este tipo de casos y que incluye un informe socioambiental de las familias que están en situación de toma.

Así lo dispuso la Cámara de Apelaciones, que hizo lugar al planteo de la Defensoría Oficial que conduce Joaquín Castro, quien había señalado que en el fallo que ordenaba desalojar el barrio la jueza Maiztegui había omitido cumplir con ese protocolo.

La Cámara advirtió que la magistrada no acató las medidas establecidas por esa normativa, que establece "pautas de actuación destinadas a garantizar el respeto de derechos fundamentales en contextos de especial conflictividad social".

Para ese protocolo es fundamental que ante casos de usurpación masiva de inmuebles haya un relevamiento de la situación socioambiental de los ocupantes e intervención de los organismos estatales competentes, como el Servicio Local de Niñez, puesto que hay una gran cantidad de menores de edad en la toma.

Además, señalaron que en la resolución inicial "no se pondera la existencia de alternativas menos lesivas, como tampoco se efectúa un juicio de proporcionalidad respecto del impacto del desalojo sobre las personas involucradas".

Los jueces consideraron que si bien no se puede permitir la "continuidad de una apropiación irregular", el Estado "debe tener una consideración primordial de los grupos en situación de vulnerabilidad social".

El denominado "protocolo de actuación judicial frente a ocupaciones de inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad" rige por mandato de la Corte Suprema bonaerense desde 2019.

Contiene directrices para garantizar la debida intervención ante usurpaciones masivas, que implique la restitución del bien pero también el respeto por las garantías constitucionales y los derechos humanos de los ocupantes.

De la misma manera, busca "reducir el impacto social" que pueda generar el desalojo, especialmente en mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores y otros grupos vulnerables.

El protocolo indica que antes de ordenar la restitución preventiva del inmueble, debe haber un completo informe de los hechos, con testimonios, croquis de Policía Científica y detalles planimétricos aportados por especialistas.

Además, dispone un "censo, encuesta o informe socioambiental" en el que consten los bienes personales de los ocupantes y la intervención de organismos como el Servicio Local de Niñez, la Subsecretaría Social de Tierras y acceso Justo al Hábitat provincial, la Defensoría del Pueblo, la Asesoría de Incapaces, entre otros.

Todo ello en procura de hallar soluciones alternativas al desalojo, como el retiro voluntario de los ocupantes. Si no ocurriera, a la hora de desalojar deben estar las oficinas municipales como Desarrollo Humano y Servicio Local; la Secretaría de Derechos Humanos provincial; y la Subsecretaría de Acceso Justo al Hábitat.

Como la Cámara de Apelaciones ordenó devolver al Juzgado de Garantías de origen el expediente, será la jueza Maiztegui la que deba poner en marcha todo lo que establece el protocolo, con la notificación correspondiente a cada organismo para que tome intervención.

Así, el desalojo que dictó la Justicia deberá esperar el cumplimiento de todas esas medidas previas para luego sí proceder, si corresponde, a desalojar a quienes el 5 de febrero pasado tomaron las 25 viviendas que la empresa Apco S. A. abandonó a medio construir tras el cambio de gobierno nacional en 2023.

El Gobierno municipal busca acordar un plan de pago para saldar la deuda de 114 millones de pesos que mantiene con el abogado Hugo Lima y que provocó una decisión judicial de embargo.

El subsecretario de Legal y Técnica, Daniel Porta, confirmó a La Opinión que hay un diálogo fluido y “avanzado” con el estudio jurídico del reconocido penalista nicoleño para alcanzar, cuando termine la feria judicial, un acuerdo que ponga fin al entuerto.

El abogado interpuso la demanda de cobro ejecutivo ante la falta de pago de los honorarios regulados en el juicio por desalojo que la Municipalidad perdió con Raúl Calonge y otros ocupantes de terrenos al pie de la barranca frente al club de Pescadores.

Los honorarios se fijaron en 64 millones de pesos por la representación legal que Lima ejerció del concejal Juan Cruz González y su madre, María Marta Hidalgo; de Amelia María Suárez, Natalia Andrea Morán; Graciela Calonge y su hija, Lucila Vellón.

En la causa interpuesta para cobrar la deuda, se calcularon los intereses y otros ítems en 50 millones de pesos más, por eso la suma de la deuda alcanza los $ 114 millones, un monto que el Municipio no tiene disponible y que no podría abonar de otra manera que no sea a través de un plan de pago.

La Justicia ordenó embargar cuentas bancarias de la Municipalidad para cubrir los más de 114 millones de pesos que el Estado local le debe al abogado Hugo Lima (h) en concepto de honorarios por la denominada causa Calonge.

Lima fue representante legal del concejal Juan Cruz González y otros litigantes en el juicio por usurpación de terrenos al pie de la barranca que el Municipio perdió y en cuyo marco, además, el Juzgado ordenó escriturar a favor de Raúl Calonge las tierras que ocupa frente al club de Pescadores.

El juez Hernán Prat, titular del juzgado Civil n.° 1 ordenó el embargo hasta cubrir la suma de 114 millones, que surge de sumar los 64 millones establecidos como honorarios más 50 millones de intereses, IVA, aportes y costas del proceso interpuesto pare reclamar la falta de pago.

El fallo ordenó depositar esa suma en una cuenta judicial que deberá abrirse a nombre de la causa y a la orden del Juzgado interviniente. El embargo opera sobre el "superávit efectivo" establecido al cierre de cada ejercicio y tiene fecha de  noviembre de 2025.

Hugo Lima (h) fue abogado del concejal Juan Cruz González y su madre, María Marta Hidalgo; de Amelia María Suárez, Natalia Andrea Morán; Graciela Calonge y su hija, Lucila Vellón, todos actores del juicio que la Municipalidad perdió.

El Municipio ya había tenido cuentas embargadas cuando el abogado Adrián Bengolea representante legal de Raúl Calonge en el juicio, fue a la Justicia para cobrar sus honorarios, que eran de 18 millones. El Estado local tuvo que pagarle en total casi 30 millones por el caso.

La Justicia le dio la razón a un hombre de 91 años que tuvo que recurrir al Poder Judicial para quedesalojar a su propio hijo de la casa que logró comprar con el fruto del esfuerzo de su trabajo.

Aunque suene descabellado, Juan Carlos Arévalo denunció primero penalmente y luego en el fuero Civil a uno de sus hijos. 

Había cedido la propiedad a su hijo mayor, con acuerdo del resto de los hermanos, y él se la vendió a otro hermano, quien no respetó la cláusula de usufructo vitalicio.

Juan Carlos tenía y tiene derecho de goce y uso sobre el inmueble hasta el último de sus días, pero su hijo hizo todo lo posible para expulsarlo y hasta le trabó las puertas para que no vuelva a entrar.

Por eso, el hombre, que terminó durmiendo en el living de la casa de otro hijo, recurrió al abogado Javier Silva, quien logró un fallo favorable que obligó al intruso, considerado usurpador, a retirarse y restituir el bien.

El hijo entró en la casa en diciembre de 2023, con su familia, para las fiestas. Había venido de Córdoda y se supone que iban a estar unos días, pero se quedaron y comenzaron los conflictos, las amenazas y los episodios de violencia que provocaron que Juan Carlos se fuera a lo de otro hijo, que vive casa de por medio, por miedo a agresiones.

Cuando trabaron las puertas e impusieron una medida de restricción perimetral contra la mujer que lo cuidaba, Juan Carlos entendió todo: no lo querían más en lo que era nada menos que su propia casa.

El juez en lo Civil y Comercial José Ricardo Eseverri consideró que Juan Carlos tiene derecho real por usufructo de goce y uso de la propiedad, por lo que el "nudo propietario" —en este caso el hijo que resulta titular de la casa— no puede ejercer su condición de dueño mientras su padre esté vivo.

Así, dispuso la inmediata entrega del bien, con un plazo de diez días desde el fallo, que el hijo de Arévalo comenzó a hacer efectiva la semana pasada, cuando se vieron movimientos de mudanza en la vivienda, puesto que de lo contrario serían desalojados con la fuerza pública.

El sábado, en Sin Galera, Marcos Arévalo, hijo de Juan Carlos que lo acogió en su casa mientras duraba el conflicto, reveló detalles de la disputa familiar que terminó resolviéndose en la Justicia.

Con la presencia del oficial de Justicia, este lunes se formalizó el traspaso del predio de Pesca y Casting al Consorcio de Gestión del Puerto tras el juicio por desalojo que ese organismo interpuso contra la comisión directiva del club en 2008.

Así, tras mas de 15 años de litigio, con los socios del club dentro del lugar, ese espacio público volvió a manos del Estado, que todavía no tiene decidido qué destino le dará.

“Tomamos posesión. No hay un proyecto inmediato. Vamos a acondicionarlo  y anexarlo al Puerto”, dijo el presidente del Consorcio, Carlos Casini, a La Opinión.

La comisión directiva terminó de retirar las pertenencias que tenía en el predio, lo que incluyó casillas, casas rodantes y hasta los juegos de la plaza que había en el interior.

El portón de acceso tiene un nuevo candado que dispusieron las autoridades del Consorcio y se aguardan definiciones del Directorio respecto del futuro de ese lugar, donde el Municipio, bajo la gestión Salazar, planificó alguna vez una playa pública.

La idea del Consorcio es “ofrecerlo a inversores privados, operadores portuarios, que necesiten algún espacio al lado del puerto para su operatoria”, aunque “por el momento no hay nada en particular”, informaron.

El Juzgado Civil y Comercial n.° 2 dispuso el desalojo con la fuerza pública tras los 90 días que pasaron desde que el fallo a favor del Puerto quedó firme.

No fue necesaria la intervención policial, porque la Comisión Directiva, ante la notificación, procedió al retiro de todos los elementos del interior del camping.

En medio de las tareas para desalojar el predio de Pesca y Casting, las autoridades del club aseguraron que temen por la seguridad del lugar puesto que "hay gente que viene a llevarse cosas".

Así lo dijo a La Opinión la presidenta de la comisión directiva, Lorena Milesi, que encabeza la tarea emprendida para retirar casillas, casas rodantes y otros elementos para entregar el predio al Consorcio de Gestión del Puerto, como ordenó la Justicia.

"Se meten por atrás y se llevan cosas", dijo Milesi y advirtió: "Nos están saqueando". Los responsables de Pesca y Casting informaron que la Justicia les dio "hasta el miércoles" para retirar todo.

"Hablé con el  intendente para pedirle seguridad y no vino nadie", aseguró Milesi, preocupada porque, según relató, se acercan personas que llegan al predio por otro terreno lindero y "se llevan" cosas.

El juez José Ricardo Eseverri ordenó el desalojo compulsivo del club Pesca y Casting para la devolución del predio al Consorcio de Gestión del Puerto y la comisión directiva comenzó a retirar los elementos que había dentro del camping.

La medida dictada por el magistrado a solicitud del Consorcio luego de que se venciera el plazo otorgado para sacar las cosas implicaba el uso de la fuerza pública, que no fue necesario porque finalmente las autoridades del club accedieron a retirarse.

El movimiento en Pesca y Casting implica quitar las casillas que fueron montadas por los socios del club, las casas rodantes que estaban ubicadas en el predio y otros objetos que pertenecen a la comisión directiva.

Lorena Milesi, presidenta de la entidad, estaba presente y atendió este viernes al responsable de las notificaciones del Juzgado, mientras continuaban las tareas para sacar todo lo que había en el predio.

Vecinos de la zona informaron que el movimiento comenzó el jueves al mediodía y que desde entonces se ve gente que entra y sale, sacando cosas de adentro del club, que dejaban en la calle.

Las casas rodantes que quedaron estacionadas en avenida España en la zona de Bajada al Puerto será retiradas por sus propietarios, informaron desde el club. Un camión y una camioneta se ocupaban, por su parte, de llevarse las cosas que serían propiedad de la comisión directiva.

Así, tras más de 15 años de litigio, el Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro recupera el predio de Pesca y Casting que ese club utilizó desde los años 70 y cuyo último contrato de uso precario se formalizó en el año 2000 y venció en 2005.

Desde entonces, el Consorcio pidió la restitución de ese espacio público a la órbita de la provincia de Buenos Aires, adonde pertenece, pero la comisión directiva hizo caso omiso y resistió.

Ello obligó a recurrir a la Justicia. La causa tramitó en el Juzgado Civil y Comercial n.° 2 de San Nicolás, que el año pasado dictó una sentencia que fue ratificada por la Cámara. 

En marzo venció el plazo de 90 días que tenía el club para desalojar sin intervención de la fuerza pública.

Desde entonces, el Consorcio pidió al juez que dictara la orden urgente de desalojo, ante el temor de que la situación derivara en una nueva intrusión, lo que finalmente el juez hizo con fecha 16 de mayo, notificada esta semana a las partes.

En 2017, el Gobierno municipal ordenó la clausura del camping por carecer de habilitación comercial y dispuso cortar el servicio de agua medida que pagaba el club.

En ese marco, la Dirección de Turismo anunció los planes del Municipio de abrir una playa pública en ese espacio cuando el Puerto lo recuperara.

La comisión directiva resistió, una vez más, y no cedió. Decidieron quedarse, siguieron cobrando la cuota social y el alquiler a quienes tenían casillas de fin de semana o casas rodantes. 

En junio del año pasado, un hombre sindicado como presunto cuidador del predio falleció y sfue hallado por turistas dentro de una camioneta. La autopsia reveló “muerte natural”.

Ahora, tras el desalojo, el Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro queda librado a decidir qué hacer con ese predio donde alguna vez funcionó una playa que disfrutaban sampedrinos y turistas.

Las autoridades de la comisión directiva del club Pesca y Casting no hicieron efectiva la entrega del predio al Consorcio de Gestión del Puerto San Pedro, por lo que serán desalojados con la fuerza pública.

El 26 de marzo pasado se cumplió el plazo establecido por el fallo que dejó firme la decisión judicial de restituir el espacio al Estado provincial, tras el juicio por ocupación irregular iniciado por el Puerto en 2009.

Pesca y Casting tenía que entregar el predio libre de ocupantes, pero la comisión directiva que preside Lorena Milesi hizo caso omiso a la notificación judicial y desconocieron la orden.

El Consorcio de Gestión pidió al Juzgado en lo Civil y Comercial N° 2 que libre el oficio para el desalojo, de manera tal que puedan concurrir con la fuerza pública para tomar posesión del terreno.

El permiso de uso precario para la explotación del camping Pesca y Casting venció en enero del año 2000. Desde entonces, la situación es irregular. 

Cuando se creó el Consorcio de Gestión, en 2005, el contrato se extendió de hecho hasta que en 2008 el entonces presidente Mariano Veiga pidió la restitución.

Como la comisión directiva no respondió a la solicitud, el Puerto fue a la Justicia. Finalmente, tras el fallo en primera instancia, la Cámara de Apelaciones confirmó la decisión de devolver al uso público el predio y ordenó proceder a la entrega por parte del club, que debería haberse hecho efectiva el 26 de marzo pasado.

El revés judicial del Municipio de San Pedro en la causa por desalojo contra Raúl Calonge y otros ocupantes de terrenos del Estado al pie de barranca frente al club de Pescadores salió muy caro a los sampedrinos: además de perder los derechos sobre la tierra y pagarle 30 millones de pesos al abogado de Calonge, ahora hay que abonarle 64 millones de pesos al representate legal de los otros litigantes.

El juez interviniente fijó los honorarios para el abogado Hugo Lima (h), que asistió en la causa al concejal Juan Cruz González y su madre, María Marta Hidalgo; a Amelia María Suárez; Natalia Andrea Morán; a Graciela Calonge y su hija, Lucila Vellón, todos actores del juicio que la Municipalidad perdió en el fuero Civil y Comercial.

"Regulo los honorarios profesionales del Dr. Hugo Enrique Lima (patrocinante) en la suma de pesos sesenta y cuatro millones, sesenta mil novecientos ($ 64.060.900)", dice el fallo del juez Hernán Prats.

Además, la Municipalidad, como actora derrotada en el litigio, deberá abonar 4.313.865 pesos al martillero designado para intervenir en el caso y tasar los inmuebles objeto del juicio,  Daniel Benjamín Menéndez.

Así, además de perder la tierra, en total a los sampedrinos el juicio en el que el Municipio resultó vencido implica casi 100 millones de pesos en honorarios de los profesionales intervinientes, puesto que las costas corren por cuenta de la parte derrotada.

El litigio comenzó en 2004, cuando Raúl Calonge pidió el reconocimiento de su derecho de usucapión. La Municipalidad lo rechazó y comenzó un juicio por desalojo contra él y el resto de los ocupantes ubicados entre la ahora sede de Agrupación Mallorca y el ex Tiro Federal.

La Justicia consideró que la pretensión restitutiva del Estado local no corresponde y falló contra el desalojo.

 Además, Calonge ganó un juicio por usucapión para escriturar a su nombre, lo que abrió la puerta para que el resto de los litigantes haga lo mismo.

Uno de los puntos fundamentales para  la derrota del Municipio es la consideración de esa tierra como un bien de "dominio privado del Estado". 

Aunque los sucesivos asesores letrados oficiales desde el principio plantearon que esos eran terrenos aluvionales de "dominio público", inalienables e imprescriptibles. cuando en 2017 el Gobierno de Cecilio Salazar inscribió toda esa zona a nombre de la Municipalidad lo hizo como "dominio privado".

Así, como los ocupantes pudieron acreditar "seria y real posesión", la Justicia no hizo lugar al pedido de restitución vía desalojo y falló contra los intereses de los sampedrinos, que perdieron la tierra y son obligados a pagar las costas.

Para el 26 de marzo, el club Pesca y Casting deberá haber sacado todo lo que hay dentro del predio para entregarlo libre de ocupantes al Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro.

Así lo establece el fallo de la Justicia que quedó firme cuando se agotaron las instancias de apelación por parte de la comisión directiva que preside Lorena Milesi y que perdió el juicio de desalojo.

Si el 26 de marzo Pesca y Casting no entregó las llaves de manera voluntaria y se retiró del lugar, la fuerza pública deberá tomar intervención para hacer cumplir la sentencia, que no tiene vuelta atrás.

El juicio comenzó en 2008 cuando el entonces presidente del Consorcio Mariano Veiga interpuso ante el Juzgado en lo Civil y Comercial N° la solicitud de intervención ante la negativa del club a restituir el predio, que tenía el contrato de concesión vencido desde el año 2000.

Desde entonces, el largo camino judicial tuvo a una comisión directiva que intentó por todos los medios evitar lo que finalmente resultó inevitable: la restitución de ese espacio público al pueblo de la provincia de Buenos Aires, su legítimo propietario.

El 26 de diciembre pasado quedó firme la sentencia de Cámara que ratificó el fallo de primera instancia y ordenó el desalojo. Las autoridades del club tenían la posibilidad de recurrir a la Corte, pero no cumplieron con el depósito establecido por ley y perdieron la oportunidad.

El fallo de Cámara ordenaba el desalojo y establecía como plazo de entrega 90 días. Al quedar firme el 26 de diciembre, el vencimiento es el 26 de marzo. Para esa fecha, si no entregaron el predio la fuerza pública irá a recuperarlo compulsivamente.

El fallo de primera instancia fue dictado el 23 de febrero del año pasado, casi 15 años desde que el Consorcio se presentó ante la Justicia para reclamar la restitución. Ante la apelación, la Cámara lo dejó firme el 10 de septiembre. 

Para ir a la Corte, aceptado que fue el recurso, Pesca y Casting debía depositar casi 10 millones de pesos en una cuenta judicial aberta para tal fin, cosa que no hizo y provocó el fin de las posibilidades de recurrir la sentencia.

El convenio firmado entre Pesca y Casting y la entonces Dirección de Puertos establecía un permiso de uso precario y revocable por cinco años entre el 22 de enero de 1995 y el 21 de enero de 2000. Ese acuerdo le puso legitimidad al uso que el club hacía del lugar desde 1973.

Luego, desde el día del vencimiento del permiso de uso, todo fue ocupación de hecho por parte del club. Cuando en 2005 se creó el Consorcio de Gestión, la extensión de hecho del contrato existió y el Puerto siguió cobrando el canon correspondiente.

En agosto de 2008, Mariano Veiga inició los trámites administrativos de recuperación del predio. Como no se presentaron ni respondieron las cartas documento, el Puerto fue a la Justicia.

En 2017, el Gobierno municipal ordenó la clausura del camping por carecer de habilitación comercial y dispuso cortar el servicio de agua medida que pagaba el club.

En ese marco, la Dirección de Turismo anunció los planes del Municipio de abrir una playa pública en ese espacio cuando el Puerto lo recuperara.

La comisión directiva resistió, una vez más, y no cedió. Decidieron quedarse, siguieron cobrando la cuota social y el alquiler a quienes tenían casillas de fin de semana o casas rodantes. 

En junio del año pasado, un hombre sindicado como presunto cuidador del predio falleció y sfue hallado por turistas dentro de una camioneta. La autopsia reveló “muerte natural”.

Ahora el fallo de desalojo quedó firme y el plazo máximo de cumplimiento para evitar el alzamiento por parte de la fuerza pública es el 26 de marzo próximo. 

La Justicia ordenó transferir más de 30 millones de pesos al abogado Adrián Bengolea, con quien la Municipalidad de San Pedro tenía una deuda por la regulación de honorarios por su rol como representante legal de Raúl Calonge en el juicio que ese particular le ganó al Estado local para escriturar a su nombre una propiedad al pie de barranca.

El juez había regulado honorarios por 18 millones de pesos para Bengolea, pero la Municipalidad no le pagó. Eso provocó que el abogado pidiera la ejecución de honorarios, lo que derivó en el embargo de cuentas municipales.

Confirmado el embargo por 28,7 millones, la Justicia dispuso que se deposite esa suma embargada en una cuenta judicial y ahora, vencido el plazo fijo y a solicitud de Bengolea para que no lo renueven, ordenó que esa suma sea transferida al abogado para saldar la deuda.

Son, en total, $ 30.146.104,54, en concepto de honorarios ejecutados, adicional de ley, intereses, IVA y honorarios convenidos en la ejecución, con las deducciones correspondientes por aportes e ingresos brutos, señala la resolución del Juzgado Civil y Comercial N° 1.

El Gobierno fue notificado este lunes sobre la confirmación del embargo de cuentas bancarias del Estado local para cubrir los 28,7 millones de pesos que no se le pagaron al abogado Adrián Bengolea por los juicios que Raúl Calonge le ganó a la Municipalidad.

"En autos se trabó embargo sobre las sumas que la demandada tenía depositada en el Banco de la Nación Argentina por la sumas de pesos $ 28.700.000", dice la cédula de notificación electrónica, firmada este lunes al mediodía.

El 5 de junio pasado, el juez en lo Civil y Comercial N° 1 Hernán Prat informó el número de cuenta judicial en el que debía hacerse efectivo el depósito de las sumas embargadas, cuenta abierta en la sucursal Tribunales de San Nicolás del Banco Provincia, que confirmó su apertura una semana antes.

La Municipalidad le debe al abogado nicoleño Adrián Bengolea los honorarios regulados en el fallo mediante el que el Estado de San Pedro perdió el juicio por desalojo contra Raúl Calonge, quien además ganó su planteo de usucapión por los terrenos costeros que ocupa al pie de barranca frente al club de Pescadores.

Los 28,7 millones surgen de sumar los 18,7 millones de honorarios más 10 millones de intereses, aportes, IVA y otras costas del proceso que consideró el juez Prat cuando Bengolea pidió el embargo ante la falta de pago.

La semana pasada, los votos del oficialismo obturaron la posibilidad de aprobar un pedido de informe presentado por el opositor Martín Rivas para que el intendente explicara a los ediles la situación de esa derrota judicial.

“El domingo pasé por Pesca y Casting y estaba lleno”, comentó, sorprendido, un vecino. Luego, muchos respondieron a una consigna sobre recuperar espacios en la costa señalando ese predio. El móvil de Radio Cuarentena llegó y se encontró con socios haciendo uso recreativo del lugar, que está clausurado, por lo que no podría funcionar, y además es objeto de un juicio por usurpación que inició el Consorcio de Gestión del Puerto, titular de esas tierras.

El club Pesca y Casting tiene una comisión directiva que resiste en el predio desde que venció la concesión, en el año 2000. Nueve años después, el Consorcio de Gestión fue a la Justicia para lograr la restitución y todavía está en litigio.

La semana pasada, el abogado del Consorcio de Gestión del Puerto, Carlos Casini, informó que el juicio que comenzó en tiempos de Mariano Veiga todavía sigue en proceso. “Nunca vimos que se haya concluido o los demandados han entregado la posesión, es decir eso nunca se movió”.

“Hasta el día de hoy se sigue dando batalla, tienen la posesión de la propiedad, sé que la están usando y el juicio está avanzado porque estamos tratando de concluir la etapa de prueba”, detalló Casini.

El abogado informó que “hay una pericia contable que estamos a la espera de que se concluya y después de eso pasaría a sentencia”, por lo que el Consorcio espera que durante el transcurso de este año haya novedades relevantes en el expediente.

El Gobierno de Cecilio Salazar planificó en 2016 una playa pública en esos terrenos que pertenecen al patrimonio público provincial y para que la comisión directiva se fuera clausuró el club.

Como Pesca y Casting no podía acreditar la posesión del terreno, puesto que el contrato de concesión estaba vencido, no tenía manera de lograr la habilitación comercial. Así, el Juzgado de Faltas dictaminó la clasura definitiva y hasta les retiraron el medidor de agua.

Sin embargo, los socios no sólo no se retiraron del predio sino que continuaron con las actividades, puesto que dentro del lugar hay casas rodantes, prefabricadas, depósito de lanchas y amarradero que utilizan en su mayoría personas del conurbano que pagan su membresía a una comisión directiva